Cerca de las ocho de la noche de este martes 20 de mayo agentes de seguridad privada al servicio de la minera canadiense Fortuna Silver, intentaron detener al ex diputado federal y ex diputado local Flavio Sosa Villavicencio porque el activista tomó fotografías de un convoy de tres tráileres que iban escoltados por patrullas de seguridad privada de la empresa GIA Seguridad Privada Armada e inmediatamente uno de los tráileres se le “cerró” al vehículo donde viajaba el ex legislador, obligándolo a detenerse. Flavio Sosa explicó que cerca de diez agentes de seguridad privada, armados con pistolas y ametralladoras, se acercaron al vehículo y les exigieron mostrar identificaciones bajo el pretexto de parecer “sospechosos”. Los policías privados, que llegaron en cerca de cinco patrullas, retuvieron al ex legislador y a sus acompañantes por cerca de 20 minutos. Los vehículos estaban rotulados como de la empresa GIA Seguridad Privada Armada, con el registro federal DGSP/229-11/1841.
La empresa Fortuna Silver Mines a través de su Presidente Ejecutivo Jorge Ganoza anunció que planea concluir a fin de este año los estudios de ingeniería para una expansión de la mina de oro y plata San José, y que podría invertir US$20mn-24mn en una expansión de las instalaciones de tratamiento en San José de 2000 toneladas diarias a 3 toneladas diarias. Fortuna entregará afines de julio los resultados de exploración de su depósito Trinidad Norte adyacente a San José donde la empresa planea perforar 2 barrenos. Trinidad alberga recursos inferidos de 1.9 millones de toneladas con 269g/t de plata y 1.67 g/t de oro con un contenido de 16.3 Moz de plata y 10,800 oz de oro y que el depósito incrementará la producción de San José de aquí al primer trimestre del 2015. La minera asignó US$ 2.5. millones para anexar Trinidad Norte a la infraestructura existente en San José.
El martes 6 de mayo la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán realizó una actividad cultural donde participaron 250 personas de la comunidad de San José del Progreso en el marco de la conmemoración del aniversario del desalojo forzoso ocurrido 5 años atrás cuando esta organización mantenía bloqueados los accesos al proyecto minero para pedir información a los gobiernos municipal, estatal y federal sobre las afectaciones que produciría el proyecto de la empresa minera Fortuna Silver Mines, quien había manifestado su intención de expandir su proyecto hacia el municipio vecino de Magdalena Ocotlán.
Ante este panorama el informe “Justicia para San José del Progreso” concluye que “el Estado no ha garantizado el ejercicio del derecho de asociación, reunión y libre manifestación. Las instancias responsables de la vigencia de los derechos humanos, como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se han mantenido distantes y no cuentan hasta el momento con recomendación alguna por los diversos derechos violados a la población de San José del Progreso durante los siete años de resistencia frente a la minera Fortuna Silver Mines”.
El defensor comunitario Eloy Cruz Gregorio denuncia que desde 2009 la CFE ha insistido en construir una presa hidroeléctrica en su territorio, este proyecto tiene sus antecedentes desde los años sesenta época en que iniciaron los estudios de aforación, la gente ignoraba sus derechos y las repercusiones que pudiera tener incluso pensaban que nunca se iba a construir. En 1994 la paraestatal retomó el proyecto y envió a sus técnicos a la comunidad para realizar estudios geológicos. El también comisariado dijo «aunque se fueron diciendo que el lugar no era bueno,de aquí llegaron a Santiago Ixtayutla y de ahí los corrieron, por lo que volvieron a bajar en el 2000 aquí; cuatro años después vinieron a hacer un estudio socio-económico en el 2006 se anuncio públicamente el proyecto». Se denuncia también que hubo engaños a la población porque cuando entraron a hacer los estudios de factibilidad les dijeron «si los estudios salen bien la presa se hace, si no, no se hace. Pero si salen positivos y el pueblo dice no, no se hacen».
La gente les creyó nosotros sabíamos que la cortina iba a estar a 1 km de la población que no corríamos ningún peligro, pero después resulta que eran dos cortinas y que el pueblo iba a quedar en medio. Se manifiesta que otro engaño que sufrieron fue el rastreo del camino a la comunidad por parte de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) que envío una motoconformadora, pero la comunidad tenía que pagar el salario y comida del operador así como el diésel, después la CFE para quedar bien se ofreció a pagar esos gastos, pero el pueblo los corrió. En el año 2006 los habitantes de Santigo Ixtayutla formaron el COPUDEVER y dos años después se unió la comunidad de Paso de la Reina, que desde esa fecha ha trabajado con las organizaciones no gubernamentales recibiendo talleres de educación alternativa para dar a conocer los derechos que tenemos los habitantes de las comunidades, en el 2008 han participado en foros locales, nacionales e internacionales para denunciar la pretensión de la CFE y las afectaciones que sufriría la comunidad, a nivel nacional forman parte del MAPDER lo que les permite estar en contacto con otras comunidades del país que viven una situación similar. En el 2009 los ejidatarios decidieron controlar el acceso a la comunidad porque la CFE metió a 5 de sus trabajadores originarios de este pueblo para realizar encuestas. El argumento de la construcción es que van a generar electricidad y van a ampliar la zona de riego, pero en realidad ellos van a tener el control del agua y van a cuidar sus intereses, no los de los ejidatarios.El gobierno del Estado de Oaxaca se ha mantenido al margen del conflicto por la obra Cruz dijo «nosotros hemos solicitado infinidad de veces al gobernador Gabino Cué una audiencia para plantearle el problema, pero nunca nos respondió, incluso interpusimos un recurso legal por violar nuestro derecho de petición, pero nos dijo que había turnado el asunto a la CFE y a la CONAGUA porque no es de su competencia»