En México hay más de 15.000 conflictos sociales ligados a la industria minera, documenta la no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
El activista Miguel Ángel Mijangos Leal asegura que es en el contexto del trabajo de Rema como han estimado ese número, pues en 31 de las 32 entidades federativas han conocido conflictividades en distintos grados de tensión.
Estas, indica, van desde el rechazo comunitario a las concesiones que otorga sin consulta previa el gobierno federal, hasta movilizaciones por daños a la salud o el medio ambiente causados por minas activas.
Pero también se incluye el tema laboral, con represiones, protestas y huelgas en varios estados; e incluso de familiares de víctimas, como ocurre en Pasta de Conchos, en el norteño Coahuila.
Ese caso –cuya mina operada por Grupo México explotó el 19 de febrero de 2006 causando la muerte de 65 trabajadores– es tan vigente que el pasado 18 de febrero las familias instalaron un “antimonumento” en la Ciudad de México y nuevamente exigieron al gobierno que rescate los cuerpos.
Entre los más de 15.000 conflictos, Rema destaca los más tensos. Uno de ellos es el laboral en la mina de oro Media Luna, de la transnacional canadiense Torex Gold, en el estado de Guerrero.
En demanda de una modificación sindical, se inició un paro en noviembre de 2017. Desde entonces, tres mineros fueron asesinados, incluido Quintín Salgado, uno de los líderes.
Fueron 60 comunidades y 36 organizaciones sociales de la entidad oaxaqueña que se pronunciaron ayer contra la que denominaron «invasión minera», en manos de empresas canadienses, australianas, peruanas, estadounideneses, y en menor cantidad, empresas registradas en México.
El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios asegura que en Oaxaca están vigentes hasta el día de hoy 322 concesiones mineras.
Anteriormente, en 2016 se contaban en Oaxaca 417.
A inicios del 2017 se tenía el registro de 299 concesiones mineras activas, según Neftalí Reyes Méndez del área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).
Así pues, el año pasado se reactivaron en Oaxaca al menos 23 concesiones. Lo que significa, de acuerdo con el Colectivo, el 5 por ciento del territorio oaxaqueño en manos de empresas mineras.
– Alzamos la voz para detener y denunciar estos proyectos extractivos que, con el falso discurso del progreso, desarrollo o generación de empleo están minando la vida- refirieron los actívictas en el marco de su conferencia de prensa sobre la Declaratoria del Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones «Aquí decimos si a la vida no a la minería.»
Los mismos detallaron que actualmente se registran 41 proyectos mineros, de estos 2 se encuentran en etapa de desarrollo: Proyecto El Telón y Proyector Trinidad norte, 2 en etapa de producción: Proyecto San José y Proyecto El Aguila y 1 en etapa de Postergación: Proyecto Ventosa.
La Dirección de Protección (PC) del Estado de Zacatecas documentó ayer nueve casas, de muchas más, ubicadas en la cabecera municipal de Chalchihuites que presentan grietas derivadas de vibraciones que pobladores atribuyen a la actividad de la empresa canadiense First Majestic, quien explota en la demarcación las minas Perseverancia, Dolores y San Juan, las tres que conforman la Unidad del Toro.
Este jueves se celebró en la Escuela Primaria Justo Sierra de la demarcación una sesión de cabildo abierta a la población convocada por el ayuntamiento para tratar el tema, se expuso en el citatorio, porque teme por la integridad física de las personas, pero que no concluyó en acuerdos luego de que fuera abandonada por los representantes de la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Minas del estado y de la empresa extractiva, en tanto que el presidente municipal solicitó tiempo para que su departamento jurídico revise la petición por escrito hecha por habitantes integrados al Movimiento Civil Chalchihuites a la que dijo, dará respuesta el próximo sábado.
El documento solicita al gerente general de Firt Majestic Silver Corp, Rosalío Sánchez Bonilla, el cierre precautorio de su Unidad del Toro sin afectar el salario de los trabajadores, en tanto pueda realizarse un estudio técnico independiente que determine el origen de las afectaciones, que sugirieron los solicitantes haga el Instituto de Geofísica de la UNAM.
La petición del cierre precautorio refrenda lo planteado en una ya signada el pasado 19 de febrero por el presidente municipal, Manuel Rosales Pérez, y en representación de la Movimiento Civil Chalchihuites, Manuel Miranda Guadarrama, está dirigida al titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, Idelfonso Guajardo Villarreal.
Según diversos testimonios, desde hace un mes se han registrado estruendos y movimientos de tierra en la cabecera municipal que siguen un patrón, es decir, ocurren en periodos regulares, el más fuerte ocurrido el viernes 9 de febrero alrededor de las 17:30 horas, las vibraciones han logrado dañar casas e inmuebles de carácter público como el auditorio municipal.
“Reunidos en la comunidad de Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, lugar donde llevamos el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí decimos Si a la Vida, No a la Minería”, en el Encuentro participamos 60 comunidades del estado de Oaxaca, 33 autoridades comunitarias, y 36 organizaciones quienes nos encontramos luchando por la defensa de la tierra y el territorio y la imposición del Modelo Extractivo de diferentes megaproyectos que violentan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas bajo el amparo de las leyes mexicanas. (…) Nos pronunciamos por la vida, en ese sentido denunciamos el hostigamiento, la persecución y el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, así como las estrategias de violencia que las empresas y el gobierno han utilizado para generar un clima de terror y miedo para mermar la lucha de las comunidades. (…) Nos sumamos a la exigencia para la cancelación inmediata de los proyectos mineros (…) otorgados por el Gobierno Federal, sin la consulta ni el consentimiento de los pueblos. Exigimos el respeto irrestricto del derecho a la libre determinación y autonomía para que respeten nuestra forma de vida y nuestras aspiraciones que mejor nos convenga como pueblos y comunidades”.
La representante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) calificó de “lamentable que a todas estas gentes que se les criticó por corrupción y abusos, ahora les den impunidad para seguir cometiendo delitos” a través de candidaturas.
“Estamos tan mal que los hermanos Humberto y Rubén Moreira gozan de total impunidad en su partido político, y ahora al líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia lo postula Morena como candidato plurinominal al Senado de la República”, deploró.
Antes de participar en el Segundo Encuentro Estatal: Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería, luego de que el gobierno federal ha entregado más de 300 concesiones mineras en el estado de Oaxaca, la activista advirtió que “es infame que la minería esté en territorios como Oaxaca, que cuenta con reservas naturales y gran riqueza de la biodiversidad”.
Luego recordó que ya pasaron “dos sexenios, tres presidentes (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) y varios secretarios de Gobernación y aún no se atienden las condiciones en Pasta de Conchos.
Es lamentable que “robarse una vaca (en Coahuila) es un grave delito, pero matar mineros no. Matar mineros no es delito en ningún lado porque no hay sanción para las empresas que gozan de absoluta impunidad”, sostuvo.
En un informe que presentaron recientemente, dijo, consta que de 1900 a octubre de 2017 murieron 3 mil 130 mineros de carbón, y los únicos que no han sido rescatados en México son un inglés y los 63 mineros de Pasta de Conchos, que siguen bajo tierra, por lo que los deudos insisten en sus demandas de rescate de los restos, verdad y justicia, sanción a los responsables y reparación del daño.
En el marco del quinto aniversario de la lucha contra la minería, el pueblo zapoteco de Magdalena Teitipac realizará los días 23 y 24 de febrero el segundo encuentro estatal “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”.
En dicho encuentro participarán con sus experiencias el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña de Guerrero, así como de Sombrerete, Zacatecas; Pasta de Conchos, Coahuila, y Chicomuselo, Chiapas.
En el evento se tiene programado un ritual de agradecimiento a la madre tierra, y el abordaje de temas como el Territorio Prohibido para la Minería, un Foro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones para Fortalecer Estrategias de Defensa, además de la proyección de videos y un panel nacional de análisis.
También se presentarán las experiencias en el estado de Oaxaca, donde la resistencia contra la minería ha cobrado varias vidas, además del encarcelamiento de activistas.
De acuerdo con una investigación de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), la empresa canadiense Fortuna Silver Mines (FSM) acapara 26 concesiones mineras, de las 300 que ha entregado el gobierno federal en el estado.
Según el estudio, pese a la política de opacidad de la empresa, se pudo conocer que sus cuatro filiales (Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., Minerales de Oaxaca S.A de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.) monopolizan 80 mil hectáreas de 35 municipios de los Valles Centrales, que equivalen a diez veces el tamaño de esta capital.
Cada vez más empresas en México y en el mundo necesitan cumplir o por lo menos aparentar que cumplen con estándares de buenas prácticas ambientales y sociales para poder dar brillo a su marca o para evitar pérdidas financieras millonarias cuando cometen errores o negligencias que dejan severas consecuencias.
El mundo corporativo y financiero ha fomentado la creación de mecanismos que permiten a las grandes corporaciones “comprar” una máscara que les permite publicitarse como empresas “socialmente responsables” o “sustentables”, pese a que en sus operaciones del día a día no tienen un comportamiento ejemplar.
LA “SUSTENTABILIDAD” EN LA BMV
Al interior de la Bolsa Mexicana de Valores existe un Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) Sustentable, en donde las emisoras son reconocidas o no, por sus prácticas de responsabilidad social y a favor del medio ambiente, aunque en la práctica no lo reflejen.
El número de emisoras que integran el IPC Sustentable ha crecido un 247 por ciento desde su creación en 2012. Al inicio contaba con 23 emisoras participantes y hoy, seis años después, son ya 80 las compañías que lo integran.
En entrevista para EconomíaHoy.mx, Eugenia López, directora de Vinculación del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), detalló que las empresas en México que participan de este índice asumen ciertos compromisos iniciales para cumplir con los requisitos de entrada, pero estos no se sostienen en el largo plazo.
Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por la situación que vive la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, donde la Comisión Reguladora de Energía (CRE), otorgó un permiso para la generación de energía eléctrica a la empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., filial de la transnacional Électricité de France (EDF) Energies Nouvelle, sin haber realizado una consulta libre, previa e informada.
En un manifiesto, expusieron que diferentes organismos y actores internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos y el Relator para la situación de las personas defensoras de la ONU, se han pronunciado a través de recomendaciones al Estado mexicano, sobre cómo debería realizarse una consulta en ese pueblo indígena zapoteca y cuáles son los criterios a tomar en cuenta para que el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado se realice bajo los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Además, subrayaron que según los más altos estándares de derechos humanos, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado se debe garantizar en las etapas preliminares de los proyectos.
Esto incluye actos administrativos y cada una de las fases que impliquen la implementación de los mismos, ya que su propósito es garantizar que los pueblos indígenas participen de forma activa en las decisiones y acciones que afecten su vida, su tierra, territorio y bienes naturales, señalaron.
El año pasado 116 personas murieron en países latinoamericanos por defender sus tierras y enfrentar prácticas que afectan el medio ambiente. Brasil encabeza la lista en Latinoamérica con 46 asesinatos, seguido de Colombia con 32, México con 15 y Perú con 8.
Los ambientalistas viven amenazados en todo el planeta y en América Latina esta situación es muy preocupante. De acuerdo con el informe que acaba de ser publicado por Global Witness y el diario británico The Guardian, hubo un total de 197 ambientalistas asesinados en todo el mundo durante el año 2017. De ese número, 116 personas murieron en países de América Latina, “por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron el medio ambiente, y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron”, señala la publicación.
Brasil ocupa el primer lugar no solo en la región sino también en todo el mundo, con 46 asesinatos de defensores del medio ambiente. Le sigue Colombia con 32, México con 15 y Perú con 8 fallecidos durante el año 2017. Completan esta lista Honduras con cinco asesinatos, Nicaragua con cuatro, Guatemala con tres, República Dominicana con dos y Venezuela con una persona.
Ante las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía (SE) sin el consentimiento de los propietarios, la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines (FSM), a través de cuatro filiales mexicanas, ha acaparado más de 80 mil hectáreas del territorio de pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, equivalente a diez veces más al tamaño de la ciudad capital.
De acuerdo con una investigación de la organización no gubernamental Servicios para una Educación Alternativa (Educa), la compañía se ha hecho propietaria del 100 por ciento de 26 concesiones, ubicadas en los distritos de Ocotlán de Morelos, Ejutla de Crespo y Tlacolula de Matamoros, región de los Valles Centrales, bajo un esquema de compra-venta a sus filiales, que está permitida por la Ley Minera.
El traspaso fue conocido mediante un comunicado publicado por FSM en agosto pasado, donde reporta la compra a la empresa Radius Gold, el 100 por ciento del proyecto “Tlacolula”, que abarca 82 mil 630 hectáreas.
Sin embargo la información publicada no menciona que dichas hectáreas no corresponden únicamente al citado proyecto, porque también en esa área están involucrados al menos dos concesiones mineras más, identificadas con los nombres “San José”, en etapa de explotación comercial, y “Trinidad Norte”, en etapa de desarrollo.
La demanda contra la embajada canadiense en México por abrió el debate sobre la protección sistemática que ha dado la diplomacia de ese país a empresas que poseen concesiones mineras en México, a pesar de las denuncias por contaminación y violación a los derechos de los pueblos que son dueños de la tierra donde se encuentran los yacimientos.
No se trata de protección o encubrimiento ocasional, sino acciones continuas que demuestran que “la embajada ha hecho suyos los intereses de las empresas”, sostienen las organizaciones sociales demandantes, académicos y activistas de México y Canadá.
Desde el 3 de febrero, José Luis Abarca, hijo del ambientalista chiapaneco Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009 por oponerse a la minera Blackfire, recorre varias ciudades de Canadá para presentar ante ciudadanos de este país y sus autoridades los argumentos que sostienen la primer demanda formal que se presenta contra la diplomacia canadiense en México. El joven es acompañado por integrantes de las organizaciones Mining Watch, la Red de Méxicanos Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, y el Proyecto Justicia para la Integridad Corporativa de la Universidad de York, que son también partes demandantes.
La primera parada fue en las oficinas del Comisionado para Integridad de la Administración Pública de Canadá, donde se presentó la demanda. Esa institución tiene la función de investigar casos de conductas deshonestas de los servidores públicos canadienses.
En esa oficina, los familiares de Roblero y organizaciones demandantes presentaron argumentos y evidencias documentales que muestran que la diplomacia canadiense violentó las políticas del gobierno de Canadá al apoyar a la empresa Blackfire Exploration para imponer la operación de una mina en la comunidad de Chicomuselo, en Chiapas y que esas acciones desembocaron en el homicidio de Abarca Roblero, quien tres meses antes de su muerte había solicitado directamente la atención de la embajada en su sede en la Ciudad de México, pero fue ignorado.
Representantes del Comisionado recibieron la demanda, e informaron que tienen 90 días para analizarla y decidir si investigarán el hecho.
En los días consecutivos a la entrega de la demanda, la delegación mexicana y organizaciones canadienses que acompañan a Abarca tuvieron reuniones con estudiantes de diversas universidades, que organizaron foros a donde también acudieron otros ciudadanos canadienses. También se reunieron con representantes del Poder Legislativo, y directivos de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá
En todas estas reuniones expusieron cómo las empresas mineras canadienses que operan en México han seguido un mismo patrón de conducta para imponer la extracción a pueblos y comunidades que rechazan estas acciones. Estas conductas han dejado una secuela de homicidios, desplazamiento de personas, contaminación medioambiental, enfermedades y muertes por el envenenamiento.
Un caso sobresaliente, señaló Miguel Mijangos, representante de la REMA, es el que enfrenta la comunidad de Carrizalillo, en Guerrero. Ahí le fue concesionado a la empresa Gold Corp la mina de oro más grande que posee México. Gold Corp, detalló Mijangos, “ha violado sistemáticamente los derechos ambientales, a la salud y la vida de las personas. Hoy la mitad de la población de Carrizalillo ha tenido que huir de la región. Lo mismo ha ocurrido en 81 poblados que componen lo que se llama El Cinturón Dorado de Guerrero”, conocido así por sus minas de extracción de oro.
En cada una de las reuniones y foros, la delegación que acompaña la demanda de justicia para Mariano Abarca explicó que uno de los factores que permiten y propician estas violaciones es el apoyo que abiertamente han tenido las empresas mineras por parte de la embajada de Canadá en México.
asi 200 defensores de la Tierra y del medio ambiente fueron asesinados en 2017 por enfrentarse contra gobiernos y empresas alrededor del mundo, con América Latina en el primer lugar de esta represión, y México como el cuarto país más peligroso para estos activistas.
El nuevo informe de Global Witness, proyecto realizado en alianza con The Guardian, registra que 197 activistas fueron ultimados el año pasado en el mundo por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron el medio ambiente, y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron
Eso es un promedio de casi cuatro crímenes de activistas cada semana. El saldo de 2017 es cuatro veces superior al registrado en 2002, el primer año en que se publicó.
El informe señala que los defensores del medio ambiente se encuentran en las primeras líneas de un campo de batalla global
, enfrentando en diversos lugares del planeta las mismas amenazas en sus luchas contra minas, plantaciones, proyectos de infraestructura y comerciantes ilegales.
Reporta que ahora México es mucho más peligroso para quienes luchan por proteger su tierra, situándose en el cuarto lugar en la lista mundial de las naciones con mayores riesgos para ser un defensor del medio ambiente
–anteriormente ocupaba el lugar 14–, con un saldo de 15 asesinatos (cifra cuatro veces superior a la de 2016).
La Ley General de Biodiversidad ya está en la Cámara de Diputados a pesar de las múltiples críticas de organismos civiles, quienes han señalado que da manga ancha a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas por su importancia ambiental en México.
El pasado 15 de diciembre, de manera apresurada, 88 senadores aprobaron la Ley General de Biodiversidad, en medio de otra polémica discusión: la de la Ley de Seguridad Interior.
En entrevista para SinEmbargo, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, señaló la existencia de un potencial conflicto de interés, ya que, afirmó, la promovente de la iniciativa fue la Senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que impulsa actividades mineras en el país.
Como parte de su gira de trabajo en el Istmo, el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, reactivó el ferrocarril que había estado sin operar durante dos décadas.
En el Puerto de Salina Cruz, el mandatario oaxaqueño dio el banderazo de salida en ferrocarril de la primera importación de trigo procedente de Canadá, a través de la empresa MV Rigi Venture, con destino a Puebla, se informó en un comunicado.
«Hoy damos un paso importante en la ruta del desarrollo del sur sureste de México. Este es el inicio de lo que tenemos que reconstruir, porque está región se tiene que convertir en el centro logístico de América, toda vez que tenemos ventajas comparativas y competitivas contra otras regiones importantes», dijo.
El mandatario oaxaqueño señaló que con la puesta en marcha de esta vía férrea, el Gobierno de Oaxaca está relanzando un proyecto estratégico para el fortalecimiento del Istmo de Tehuantepec como ruta interoceánica y punto nodal para el desarrollo económico de la entidad.
Con la minería México apuesta a un proyecto que le resta soberanía sobre su territorio y sus recursos, genera conflictos comunitarios, contaminación y deja ínfimos ingresos a la Federación debido a una de las legislaciones más laxas en cuanto a cobro de impuestos y regalías para las empresas extractivas.
Como los presenta la Secretaria de Economía, México tiene diversos motivos para estar orgulloso de esta actividad: Es también el principal productor de plata del mundo y el tercer lugar de América Latina y el séptimo a nivel mundial con mayor atracción de gasto de empresas para exploración, con una participación de 5.8 por ciento del total global de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2016.
En este año, aunque el Producto Interno Bruto del sector registró un decremento de 1.6 por ciento respecto a 2015, las ganancias generadas alcanzaron los 473.8 mil millones de pesos, que superan 419.5mil millones del año anterior.
La producción de minerales metálicos se incrementó 21.4 por ciento con relación a 2015 y generó 270.5 mil millones de pesos. La minería en general avanzó 12.9 por ciento en su valor de producción. En el país operan dos de los cinco grupos mineros más importantes de America Latina sin embargo, a diferencia de Chile y Perú, los impuestos que les cobra están entre los más bajos de la región. Para Chile, por ejemplo, entre 2010 y 2014 el 13.8 por ciento de la recaudación fiscal nacional provino de impuestos a mineras; 5.4 por ciento lo aportaron empresas del sector privado; en Perú, en el mismo periodo, 6.4 por ciento del PIB provino de impuestos de estas empresas. A México, las mineras solo aportan el 1 por ciento de su PIB de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Francisco López Bárcenas ha investigado la forma en la que operan las mineras en México y resalta que el paso inicial lo dio el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993, cuando se concreto la reforma que propuso al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), la Ley Minera y la Ley de Inversión Extranjera en el país.
Texto retomado de http://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/120900/el-oro-no-brilla-para-oaxaca/
Oaxaca necesita de diálogo para enfrentar sus retos y atraer desarrollo a la entidad, afirmó el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña.
Ante militantes priistas, el precandidato dijo que, además de la presencia permanente y el apoyo de los tres niveles de gobierno, la entidad requiere de consensos, unidad y proyectos productivos que permitan potenciar los atractivos culturales, turísticos y agrarios que caracterizan al estado.
Meade dijo que se deben impulsar las Zonas Económicas Especiales en Oaxaca y hacer realidad un proyecto histórico que conecte Salina Cruz con Coatzacoalcos, para que la economía local también encuentre sustento y fortaleza en la industria.
En el Centro Cultural y de Convenciones de la capital del estado, Meade Kuribreña afirmó que conoce los pendientes en materia de infraestructura carretera, por lo que se comprometió a resolver esos problemas y ponerlos al día para que Oaxaca esté bien comunicada.
El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, solicitó a la 63 legislatura otorgue el consentimiento para que los bienes inmuebles que formarán parte de la Zona Económica Especial (ZEE) de Salina Cruz sean considerados jurisdicción exclusiva de los poderes federales, por lo que su seguridad, resguardo y protección serían exclusividad del ejército y policías de la Federación.
El documento, de fecha 25 de enero del 2018, número CIGEO70016/2018, está suscrito por el consejero jurídico del gobierno estatal, José Octavio Tinajero Zenil, y fue turnado a comisiones en la sesión ordinaria del 30 de enero del año en curso.
Los bienes inmuebles de la zona económica de Salina Cruz están integrados por dos fracciones de terreno que miden en su totalidad 57 hectáreas, 31 áreas y 22 centiáreas, mismos que se propone sean ahora de jurisdicción exclusiva federal.
De acuerdo al proyecto de dictamen, la zona económica especial debe entenderse como un área delimitada geográficamente, ubicada en lugares con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva que contribuya a la disminución de las brechas de desigualdad que dividen a las tres grandes áreas del territorio nacional.
Detonarán nuevos polos de desarrollo en regiones rezagadas económicamente y potencialmente productivas, a través de herramientas como un enfoque integral, ubicación estratégica, proyectos de infraestructura, incentivos fiscales, atractivos a la inversión y ventanilla única.
El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, solicitó a la 63 legislatura otorgue el consentimiento para que los bienes inmuebles que formarán parte de la Zona Económica Especial (ZEE) de Salina Cruz sean considerados jurisdicción exclusiva de los poderes federales, por lo que su seguridad, resguardo y protección serían exclusividad del ejército y policías de la Federación.
El documento, de fecha 25 de enero del 2018, número CIGEO70016/2018, está suscrito por el consejero jurídico del gobierno estatal, José Octavio Tinajero Zenil, y fue turnado a comisiones en la sesión ordinaria del 30 de enero del año en curso.
Los bienes inmuebles de la zona económica de Salina Cruz están integrados por dos fracciones de terreno que miden en su totalidad 57 hectáreas, 31 áreas y 22 centiáreas, mismos que se propone sean ahora de jurisdicción exclusiva federal.
De acuerdo al proyecto de dictamen, la zona económica especial debe entenderse como un área delimitada geográficamente, ubicada en lugares con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva que contribuya a la disminución de las brechas de desigualdad que dividen a las tres grandes áreas del territorio nacional.
Detonarán nuevos polos de desarrollo en regiones rezagadas económicamente y potencialmente productivas, a través de herramientas como un enfoque integral, ubicación estratégica, proyectos de infraestructura, incentivos fiscales, atractivos a la inversión y ventanilla única.
¿Sabías que México es el cuarto país más peligroso para los activistas del medio ambiente? En 2017 se registraron 15 asesinatos de defensores de la Tierra en ese país, de acuerdo al nuevo informe de Global Witness.
A escala global 197 activistas fueron asesinados el año pasado tras defender sus tierras de empresas que buscan apropiarse de ellas, por denunciar proyectos que han dañado el medio ambiente o prácticas corruptas.
En promedio, cada semana se cometieron al menos cuatro crímenes de activistas. La cifra de asesinatos registrados el año pasado fue cuatro veces más alto que en 2002.
¿Por qué los defensores del ambiente están en la mira?
De acuerdo al informe, los líderes ambientalistas son blanco debido a que ellos luchan contra empresas y proyectos relacionados con infraestructuras, actividades, plantaciones y minas ilegales que dañan el ambiente y afecta a sus habitantes.
Brasil ocupa el primer puesto (46 asesinatos) y le sigue Colombia con 32 crímenes. En Asia, Filipinas fue el país más mortal, con 41 muertes, mientras que en África, la República Democrática del Congo registró los peores casos.
La minería extractiva sigue siendo la actividad más vinculada al asesinato de activistas, con 60 por ciento de los casos públicos, es decir, 36 homicidios –incluyendo los Andes en India y Turquía.
Casi 200 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2017 por enfrentarse contra gobiernos y empresas alrededor del mundo, con América Latina en el primer lugar de esta represión, y México es el cuarto país más peligroso para los defensores de medio ambiente.
En el nuevo informe de Global Wtiness, en un proyecto en alianza con The Guardian, se registró que 197 activistas fueron asesinados e a lo largo de 2017 alrededor del mundo “por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron el medio ambiente, y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron”.
Eso es un promedio de casi cuatro asesinatos de defensores de tierras y del medio ambiente cada semana. El saldo de 2017 es cuatro veces más que el registrado en el primer año de este proyecto en 2002.
El informe señala que los activistas se encuentran en las primeras líneas de “un campo de batalla global”, enfrentando en diversos lugares del planeta las mismas amenazas en sus luchas contra minas, plantaciones, proyectos de infraestructura y comerciantes ilegales.
En su informe, Global Witness reporta que en 2017, América Latina mantiene el primer lugar en asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente.
“México ahora es un lugar mucho más peligroso para quienes luchan por proteger su tierra, situándose en el cuarto lugar en la lista mundial de países más peligrosos para ser un defensor del medio ambiente” -México ocupaba anteriormente el 14 lugar- con un saldo de 15 asesinatos (un total cuatro veces superior a 2016).
Brasil se mantiene como el país más mortal para defensores, con 46 asesinatos. Colombia lo sigue con 32 muertes.
A nivel mundial, la agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas -ambos sectores en conjunto representan el 60 por ciento de los casos conocidos. La mayoría de los asesinatos ocurrió en bosques y selvas en países en desarrollo, con la minería y otras industrias extractivas entre los más mortíferos. Conflictos sobre mineras fueron responsables de 36 asesinatos -incluyendo en India y Turquía a los Andes.
Filipinas fue el país más letal de Asia, con 41 asesinatos. En África, la República Democrática del Congo fue el peor caso.
Son 9.8 millones de pesos los que deberá pagar de multa la empresa Industria Metalúrgica de oro y plata Don David Gold en México, instalada en San Pedro Totolápam, Oaxaca por operar sin licencia ambiental, sanción impuesta por la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa).
La Licencia Ambiental Única (LAU) o Licencia de Funcionamiento debe expedirla la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La minera con sede en Totolápam no cuenta con dispositivos de conducción y control de emisiones a la atmósfera en los equipos generadores de partículas ubicados a la intemperie en el área de trituración; carece de bitácoras de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso y de los generadores de energía eléctrica.
Los referidos hechos y omisiones fueron constatados desde el siete de octubre del 2016 durante una visita de inspección realizada por la PROFEPA con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera.