Un estudio reveló que agricultores hidalguenses cosechan maíz contaminado con metales tóxicos como cadmio y plomo, por encima de los límites permitidos por las normas nacionales e internacionales.El estudio publicado en Environmental Gepchemistry and Health menciona que Hidalgo, junto con otros estados de México, fue un lugar minero durante varios siglos por lo que los desechos y productos químicos se encuentran aún en su suelo, agua y tierra. Algunos análisis han sugerido que el maíz, el alimento básico de los mexicanos, puede asimilar metales tóxicos presentes en el suelo donde se cultivan e incorporarlos a distintas partes de la planta. Pero esa cantidad varía según el suelo, clima del lugar y el tipo de contaminante, dice María Aurora Armienta, geoquímica ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad de México. Para saber si esa contaminación afectaba al maíz mexicano, Armienta y sus colegas decidieron enfocarse en Zimapán, una de las zonas mineras más antiguas de Hidalgo que ha sostenido una explotación durante casi 400 años. El equipo obtuvo y analizó muestras del suelo de parcelas de maíz ubicadas a 20 y 30 metros de un depósito de desechos mineros, llamado relave. También recolectaron suelo de otro campo más lejano y menos contaminado. Todas las muestras contenían rastros de arsénico, plomo, cadmio, hierro y zinc, con concentraciones más altas en los sitios más cercanos al relave. Cabe recordar que en 2012 en otro estudio, la misma investigadora junto con Esther Aurora Ruíz Huerta, también de la UNAM, comprobaron la acumulación de arsénico y metales pesados en el maíz en el municipio minero de Taxco, Guerrero.
«Oaxaca es el estado de la República con mayor potencial minero, en su mayor parte desaprovechada», aseguró Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía (SE). Aunque reconoció que muchas comunidades del estado no están de acuerdo con la minería. «No es algo que tomemos como un hecho fatal» porque se busca “desmitificar” todo lo malo que se ha dicho de la industria, dijo.
En particular comentó que trabaja con el gobierno de Oaxaca «para llevar argumentos sólidos, que realmente sean convincentes” para cambiar la percepción de los oaxaqueños sobre la minería y exponerles que puede resolver todas las necesidades de infraestructura, como caminos, escuelas u hospitales pueden resolverse con la minería.
El subsecretario aseveró que no se tienen nuevos proyectos mineros en el estado pero existen otros muy importantes que no se han concretado pero el subsuelo oaxaqueño es rico en oro y petróleo y también en material de construcción como las tierras raras, arenas, gravas, grafito, barito o silicio.
También, apoyó la idea de consultas en cada etapa de proyectos mineras para informar la comunidad pero también porque darán certidumbre y seguridad a inversionistas. La minería se puede hacer de manera ambientalmente sostenible, socialmente incluyente y fiscalmente responsable generando recursos para la región, manifestó Quiroga.
Cuestionado sobre la oposición al Proyecto Transístimico Quiroga respondió: «es la riqueza de los mexicanos y de los pobladores. Son los que tienen que beneficiarse de esa riqueza. Es la única manera en que nuestro gobierno prevé el desarrollo el desarrollo participativo que genera el bienestar social en, para y por las comunidades».
El gobierno de Alejandro Murat Hinojosa está metido en el proveimiento de la minería en Oaxaca. El secretario de Economía Juan Pablo Guzmán Cobián está colaborando con los gerentes de Don David Gold y Minera Cuzcatlán, Andrés González y Luis Camargo, respectivamente para promover las actividades extractivas.
Presume que en el estado, la actividad minera genera una derrama económica anual de 8 mil 440 millones de pesos y genera nueve mil empleos, aunque no está clara en que se aplique este dinero.
En un comunicado del Gobierno del Estado destacó que “México es un país de vocación minera” y es el principal productor de plata en el mundo y Oaxaca es el quinto productor nacional de este metal. En Oaxaca existe una capacidad para obtener 3 mil 750 toneladas de plata al día con un volumen anual de producción superior a los 10 millones de onzas troy.
“No entendemos por qué en su discurso el Presidente dice que está con los pobres y los indígenas , pero en su administración regatea los derechos de los pueblos y favoreces a las empresas “ , argumentaron.
Autoridades municipales agrarias de distintos municipios y comunidades de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca se pronunciaron ante el proyecto de presa hidroeléctrica promovido por el gobierno de Andrés López Obrador
Miguel Quiroz cruz edil de Santiago Ixtayutla ; Regino Ruiz Cortés, agente de San Lucas Atoyaquillo, Jaime Jimenez agente de Paso de la Reyna , Jamiltepec , entre otros, informaron en Julio de este año recibieron el oficio número SGPA/DGIRA/DG/04734 fechado el 20 de Junio en la Ciudad de México , de la Subsecretaria de Gestión para la protección Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y recursos naturales (Semarnat)
De acuerdo con su explicación , en ese documento les fue comunicado que la empresa Generación Enersi S.A de C.V presento para análisis y evaluación el proyecto denominado “Proyecto Hidroelectrico para la generación de Energía Renovable PH Río Verde.
Este proyecto advirtieron afectara a los municipios de Santa Cruz Zenzontepec , Santiago Ixtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec , Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional.
Como si las consultas indígenas fueran parte del pasado, ayer durante su arribo a Aguascalientes, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que «Ahora vamos a licitar todos los parques industriales del (proyecto del) Istmo de Tehuantepec, se van a licitar», de gira por Aguascalientes.
Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, acudió a recibir al aeropuerto al presidente junto con Lorenzo Manuel Berho Corona, co-fundador de la empresa que ayer inauguró el parque Vesta Park Aguascalientes con una inversión de 150 millones de dólares. Durante el breve encuentro que Berho tuvo con el mandatario, le hizo saber que será él quien asuma la presidencia de la Asociación Mexicana de Parques Industriales a partir de enero de 2020. Cabe destacar que la empresa Vesta, mantiene una lista de 24 parques ubicados en Querétaro, San Miguel de Allende, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Tijuana, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Puebla y Estado de México, en su portafolio de inversiones. Mientras que en Oaxaca, una empresa parecida en nombre (la danesa Vestas), ya opera pese a que pobladores zapotecos han librado una larga batalla de vicios procesales y violaciones graves a los derechos humanos a causa del parque industrial de Eólica del Sur (antes Mareña Renovables) que se instaló en tierras ilegalmente privatizadas sobre los Bienes Comunales de Juchitán. Cabe mencionar que ante la nueva ofensiva de megaproyectos el presidente municipal de la Villa de San Blas Atempa, Antonino Morales Toledo, y Fredy Ayala González, edil de Sayula de Alemán Veracruz, suscribieron una alianza estratégica para luchar por causas comunes y que el proyecto del Corredor Transístmico sea en beneficio de los que menos tienen.
El pasado cinco y seis de octubre, se llevaron a cabo reuniones de seguimiento de la llamada Consulta Indígena, que pretende legitimar, vía autoridades comunitarias, la imposición de los megaproyectos incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, informa la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM) en un pronunciamiento. Se reporta que en las reuniones que tuvieron lugar en Jaltepec de Candayoc y Salina Cruz, se enfatizó que el proyecto de desarrollo del Istmo ya está ejecutándose y no hubo espacio para debatir. “Constatamos de la falta de seriedad por parte de personal de las diferentes secretarías de gobierno, ya que cada sesión envía a personal diferente para coberturar las reuniones, que la mayoría de las veces, desconocen los compromisos entablados con las comunidades en reuniones pasadas (…) la prioridad del gobierno federal no está en resolver las necesidades básicas de las comunidades, ya que éstas no han sido atendidas, a pesar de la petición expresa de las comunidades respecto a salud, educación, reconstrucción, empleo, los funcionarios sólo informan que no fue posible resolver la solicitud, no retoman las propuestas, ni tampoco dan opciones a las personas”. En fin, las propuestas de desarrollo del gobierno federal no responden a las necesidades de las comunidades, “no hay impulso a su pequeña industria, porque ésta no genera explotación y ganancia, no hay propuestas sustentables, no hay perspectiva de género ni ruptura con los antiguos sistemas de explotación que vulneran a las comunidades originarias”.
Decenas de ciudadanas y organizaciones civiles, entre ellas EDUCA, denunciamos la deplorable alianza que se ha formado entre la décima edición del Oaxaca FilmFest (del 4 a 10 de octubre) y la Compañía Minera Cuzcatlán. Mientras ignoramos los alcances, profundidad, términos y condiciones de dicha alianza, decidimos no ignorar el hecho de que la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines Inc., es responsable de múltiples violaciones a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, así como de violaciones a tratados internacionales de derechos humanos, ya que se impuso de manera violenta e irresponsable con el Proyecto Minero “San José” en los Valles Centrales. De ahí que se desatara una serie de conflictos que llegaron al extremo de cobrar la vida de opositores a la mina y defensores de la tierra y el territorio, como fue el caso (en 2012) de los asesinatos de Bernardo Vázquez Sánchez y Bernardo Méndez Vázquez, miembros de La Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán (CPUVO). Por si fuera poco, la comunidad de Magdalena Ocotlán ha señalado la responsabilidad de Fortuna Silver Mines en la contaminación del río Coyote con residuos y desechos tóxicos, ocurrido hace un año. Es por todo lo anterior que condenamos la engañosa maniobra de Minera Cuzcatlán que pretende lavarse las manos, pues al financiar iniciativas como Oaxaca FilmFest no sólo intenta ocultar los efectos destructivos de su lucro (y tal vez deducir impuestos de paso), sino que pretende justificarse (y tal vez burlarse) sobre la ridícula cantidad de dinero que seguramente le dan a sus “aliados”, como las migajas que dejan en el pueblo de San José del Progreso, y en general en la República Mexicana, a cambio de envenenar tierras, ríos y vientos.
“Los megaproyectos en el gobierno de la 4T (Cuarta Transformación) representan una grave amenaza para el ejercicio y respeto pleno de los derechos de los pueblos indígenas en el estado de Oaxaca“, afirmaron organizaciones y comunidades de pueblos originarios en defensa de sus territorios.
Más de 25 colectivos, redes y frentes contra megaproyectos convocaron a participar en la jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de sus Territorios al que autonombraron “Samir Flores Vive” para exigir el respeto pleno del derecho a su libre determinación ante los megaproyectos que violentan gravemente los derechos de los Pueblos Indígenas.
Y es que “los grupos de poder económico han iniciado una cuarta embestida contra la vida y territorios de nuestros Pueblos en México (y) tienen como su aliado al gobierno que sirve a sus intereses”.
“Ante esta realidad, nuestros Pueblos tienen la claridad de que esta nueva forma que ellos llaman ‘desarrollo’ ha representado la muerte de nuestra cultura, la implantación del capital sobre nuestros derechos y la destrucción de nuestro tejido social de nuestras comunidades”, puntualizaron.
En el marco del Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular y la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y de Nuestros Territorios a conmemorarse el próximo 12 de octubre, pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos de Oaxaca convocaron a la Jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de Nuestros Territorios ¡Samir Flores Vive! para denunciar las violaciones a los Derechos Humanos y Derechos Indígenas y reivindicar su derecho de libre determinación como pueblos y comunidades indígenas.
Oaxaca y Chiapas son los dos estados más mortíferos para ambientalistas y defensores de los derechos humanos. En lo que va del año, al menos 12 activistas fueron asesinados, según datos recogidos por Amnistía Internacional (AI). Cinco de estas víctimas fueron atacadas en Oaxaca y otras cuatro en Chiapas. La organización de defensa de los derechos humanos inició recientemente la campaña “No Más Asesinatos: Alza la Voz por las y los Ambientalistas en México” para denunciar estos ataques. Según los informes publicados por Global Witness, la cantidad de personas asesinadas cada año por su activismo ambiental está en aumento. En 2017, Global Witness registró un incremento de 3 a 15 muertes con respecto al año anterior en el país. En 2018, la misma organización señaló que 14 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas ese año en México, manteniéndose cifras similares a las del 2017. En lo que va de 2019, Amnistía Internacional ha registrado el asesinato de 12 personas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente. “El Estado mexicano, debe reconocer públicamente la situación de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente y el gobierno actual debe tomar acción contundente para garantizar que ellas puedan trabajar de manera segura”, reitera Amnistía.
Padres de familia de la escuela primaria Adolfo López Mateos de la comunidad El Cuajilote protestaron en la entrada de la minera Cuzcatlán, en San José del Progreso. Protestaron el incumplimiento a promesas hechas por la empresa minería y por eso cerraron los accesos a la mina. La protesta impidió la entrada y salida de trabajadores, maquinaria, y vehículos a la mina.
Consideraron que fueron engañados porque, a cambio de permitir que la empresa minera se estableciera en la zona, acordaron que les construirían caminos, obras y la escuela, mismas que a la fecha no han cumplido. Los padres quieren comunicar con los directivos de la empresa para llegar a algunos acuerdos y obtener los beneficios sociales que se les prometieron.
La minera Cuzcatlán asegura que en San José del Progreso han hecho inversiones por 177.2 millones de pesos en programas sociales y pecuarios.