La mina San José está operando actualmente bajo la protección de los tribunales mexicanos; lo que permite la operación continua de la mina San José más allá de la fecha de vencimiento. De acuerdo con la minera canadiense, Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver, interpondrá una apelación en los tribunales mexicanos. La minera está trabajando con sus asesores legales para presentar una apelación a la Orden de Denegación que argumenta que la Minera Cuzcatlán cumple plenamente con todas las leyes ambientales materiales y; por lo tanto, tiene derecho a una extensión del EIA según la ley aplicable.
El 10 de noviembre recibió una orden de denegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; con respecto a la solicitud de prórroga de la autorización de impacto ambiental en la Mina San José. El 23 de octubre expiró su principal autorización ambiental.
Es importante señalar que la compañía debe obtener una orden judicial permanente o protección equivalente; en forma y sustancia aceptables para los prestamistas que actúen de manera razonable, antes del 20 de noviembre de 2021.
Los prestamistas bajo la línea de crédito han acordado renunciar a ese requisito hasta el 18 de febrero de 2022; siempre que dicha orden judicial permanente o protección equivalente no se haya levantado o suspendido antes de la misma. Inversionistas dieron una prórroga de tres meses a la empresa FSM para conseguir nueva MIA, en caso contrario se retirarán.
La empresa canadiense Álamos Gold pretende impulsar en más de 15 mil hectáreas de Temixco, Xochitepec y Miacatlán en Morelos mineras a cielo abierto, lo que rechaza Unificación de Pueblos y Colonias Contra la Minería en Morelos.
Se define entonces minería a cielo abierto como aquella que busca la obtención de recursos naturales en la superficie del terreno y no de forma subterránea, aplicando sustancias químicas que remueven grandes cantidades de sedimento para la extracción de minerales, como oro, cobre o uranio. Las actividades mineras, de entre todas las actividades industriales, se caracterizan por tener un alto potencial destructivo de los ecosistemas y poblaciones humanas cercanas a los sitios donde estas empresas se instalan.En México, así como en todo el mundo existen pueblos organizados que se oponen a la megaminería y llevan adelante acciones para garantizar la vida y los derechos humanos frente a esta industria que extrae todo sin dejar nada.
Es por ello que la Unificación reafirma su rechazo al proyecto minero y señala que «su progreso es barbarie, ecocidio, es devastación», y recuerda que el proyecto que se pretende realizar en la región es una amenaza no sólo para el medio ambiente, sino también para el patrimonio histórico y cultural de Xochicalco.
La industria minera deja un basurero tóxico por todo el país. El primer inventario elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revela el rastro contaminante de 585 presas de jales. El recién publicado Inventario homologado preliminar de presas de jales en el país marca la ubicación de las 585 existentes; sin embargo, la digitalización de la base de datos sólo refiere 243 registros. A éstos, la Semarnat los identifica con el nombre de la mina, la compañía a la que pertenece, el estatus en el que se encuentra, el mineral que explota, así como los datos de la entidad y municipio donde se aloja. Para Julieta Lamberti, directora de Investigación en la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), el riesgo de que existan las presas de jales radica en la falta de control que ha habido en administraciones anteriores, pues no hay seguridad de que cumplan con la normatividad y los requisitos técnicos para ser seguras. La investigadora de PODER expone que el riesgo principal es que se rompan o que se rebalsen y se derramen en las localidades cercanas. Algunas están cerca de ríos y sus contaminantes pueden llegar a los afluentes, a la tierra, filtrarse en el agua subterránea. Otras, muy antiguas, ni siquiera tenían la obligación de tener geomembranas; entonces “eso está filtrando todo el tiempo hacia el subsuelo y lo que llega a las presas de jales de pronto los residuos de los procesos para obtener minerales”, informa Contralínea.
Empezando en la mañana del 12, el día siguiente del bloqueo del Frente, trabajadores de la Compañía Minera Cuzcatlán se manifestaron en la carretera Oaxaca-Puerto Escondido a la altura del crucero de San José del Progreso. Se estima una concentración de 50 volteos estacionados a lado de la carretera. Señalaron al Frente y “los hostigamientos de pequeños grupos de personas opositoras a la minería y pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se garantice su derecho a un empleo digno y permanente.” Los trabajadores tenían pancartas en apoyo de la mina con mensajes como “La Mina Cuzcatlán no contamina”, “No más bloqueos, si a la mina,” y “Trabajando con orgullo.”
Después el 25 de octubre, transportistas bloquearon la oficina de SEMARNAT en la ciudad de Oaxaca para mostrar su apoyo para que siga operando la mina San José. Saúl Molina (Secretario General del Sindicato de la Industria Minera) dijo “No vamos a dejar que lleguen a clausurar… así corra sangre la vamos a defender” en referencia al proyecto minero.
El 11 de octubre de 2021 autoridades agrarias y municipales de Valles Centrales (Y integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todxs) recibieron amenazas durante la movilización efectuada para exigir la cancelación del proyecto minero San José, operado por Fortuna Silver Mines.
En la primera ocasión, personas dijeron que «iban a venir personas para quitar el bloqueo, que a ellos no les gustaba esa «chingadera» » señalaron que la gente que estaba en el bloqueo no era de Magdalena», dijeron «que ellos traerían armas para sacar a los de la movilización» las autoridades integrantes del Frente también han recibido mensajes diciendo que: «ya sabemos quiénes son, que los tenemos ubicados».
Quienes suscribimos somos autoridades municipales constitucionales y órganos de representación agraria de 10 comunidades que en ejercicio de nuestra libre determinación mantenemos una oposición rotunda a la empresa minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines. Por parte del Frente la movilización fue pacífica. En la movilización también estuvo presente la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
En los últimos meses, se ha documentado un cambio en la respuesta de la minera Cuzcatlán hacia los que están en contra de la minería. Durante y después del último bloqueo el 11 de octubre 2021, hubo incidentes de amenazas, intimidación y señalamiento hacia las y los defensores.Estas tácticas incluyen una fuerte campaña mediática en favor del proyecto “San José” en los periódicos, la radio y las redes sociales que omite mucho de la realidad de las operaciones y afectaciones de la mina “San José” para ganar favor.
Por tercera ocasión la empresa canadiense Fortuna Silver Mines a través de su filial “Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.” presentó un permiso ambiental para justificar 75 obras irregulares en territorios de Valles Centrales y pedir autorización para explotar plata y oro hasta el año 2031.
Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos exige a la SEMARNAT negar permiso ambiental “actualización de obras y actividades” y sancionar a la empresa minera por violentar la legislación vigente.
Las comunidades que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos lograron comprobar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) las afectaciones socioambientales producidas por el proyecto minero “San José”, por lo que la autoridad encargada del cuidado y protección del medio ambiente ha negado dicho permiso ambiental en dos ocasiones (enero de 2020 y julio de 2021). Por lo que en este tercer intento la empresa minera omite información relacionada al impacto total de las obras construidas, minimiza los daños en los territorios de Valles Centrales y argumenta que las irregularidades e ilegalidad del proyecto se tratan simplemente de una “actualización de obras y actividades”.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso ambiental solicitado por Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, con el cual se pretendía regularizar la situación de 75 obras del complejo San José II, que fueron construidas sin observar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que se autorizó en 2009. Dicha información se dio a conocer el pasado 22 de julio de 2021, cuando fue publicada en la Gaceta Oficial de la dependencia.
La solicitud de una nueva MIA por parte de la minera canadiense que opera en Oaxaca se dio el pasado 7 de julio de 2020, luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección al complejo y detectó edificaciones que no respetaban la autorización ambiental original, por lo que le impuso una sanción administrativa. De acuerdo con el fallo de Semarnat a la solicitud de la nueva autorización ambiental, el documento entregado por la compañía minera “carece de soporte técnico suficiente que brinde certeza y confiabilidad… la promovente no cumple con la información mínima requerida para garantizar el cumplimiento de la normatividad”.
Ante ello la Semarnat resolvió negar el permiso ambiental ya que “el carácter preventivo de las medidas ambientales fue rebasado, vulnerando el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades involucradas”.
El “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas”, dió a conocer que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), negó un segundo permiso ambiental que solicitó la empresa Fortuna Silver Mines para su proyecto “San José II”. El pasado 22 de julio de 2021, fue publicada en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la negación del permiso ambiental solicitado por Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines-FSM). “Desde septiembre de 2020 el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos exigió a la dependencia federal negar dicho permiso, ya que, desde hace diez años, FSM ha violentado sistemáticamente el derecho humano a un medio ambiente sano de las comunidades de Valles Centrales en el estado de Oaxaca. 75 obras del proyecto minero son irregulares y fueron construidas desacatando el permiso ambiental aprobado por SEMARNAT en 2009, por lo que la empresa fue sujeta a una sanción administrativa por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Pese a la campaña mediática impulsada por FSM para limpiar su imagen, la SEMARNAT resolvió que la empresa incumplió con lo establecido en el permiso original entregado en 2009, al construir 75 obras irregulares sin autorización”, precisa el Frente en su boletín de prensa.
Comuneros de la comunidades del El Rebollero y Río Minas, pertenecientes al municipio de Cuatro Venados, a menos de una hora de la ciudad de Oaxaca, alertaron a mediodía de ayer que fueron “atacados nuevamente este 6 de julio, con armas exclusivas del ejercito”. Alrededor de 15 vehículos provenientes de la comunidad vecina de Cuilápam de Guerrero “fueron a dejar personas que se han internado en la vegetación de la comunidad. Desde este punto han disparado hacia las personas que nos encontramos labrando nuestros cultivos y cuidando nuestros animales”, denuncian. Ademas, señalan que día anterior al ataque, 5 de julio, “un helicóptero de color rojo sobrevoló la zona que hoy, 6 de julio, están atacando”. Esta aeronave AGUSTA-109 POWER, con matrícula XA-HUX, según registros hemerográficos propiedad del gobierno de Oaxaca, peinó la zona “con el objetivo de saber cuanta gente había para, después, atacar”. “No es coincidencia, ya que por fuentes extraoficiales nos hemos enterado desde hace días que, políticos y autoridades de Cuilápam de Guerrero y de nuestro municipio, San Pablo Cuatro Venados, se han reunido y han planeado un ataque hacia nuestra comunidad.
Los comuneros acusan a políticos y autoridades locales planear este ataque con el objetivo de “tomar el control de la zona para dar paso a las tres concesiones mineras que se han expedido en nuestro territorio, sin nuestro consentimiento”. Cabe recordar que el 31 de mayo del 2019, las mismas comunidades sufrieron un intento de desalojo de mas de 500 personas pagadas “por políticos de la región”, y el febrero de este año hubo otro ataque armado.
Por acuerdo de la asamblea comunitaria, alrededor de tres mil 500 comuneros zapotecos de San Pedro Quiatoni realizaron este lunes 5 de julio una marcha y mitin frente al Poder Judicial Federal, en rechazo a las mineras. Fue para demostrarle al gobierno que no es la autoridad sino toda la comunidad agraria está en contra de las empresas mineras subsidiarias de la compañía estadounidense Gold Resource Corp (GRC) que están saqueando sus recursos minerales y naturales. El comunero y abogado de la comunidad, Simitrio Ruiz Martínez, manifestó que esta marcha es para “exigirle al gobierno federal que deje de entorpecer el desarrollo del proceso. Y que el Tribunal Colegiado emita a la brevedad posible las resoluciones correspondientes en cuanto a esas quejas y se dicte un sentencia conforme a Derecho que ampare los intereses de la comunidad agraria e indígena de San Pedro Quiatoni”. El 12 de febrero de 2020, la comunidad zapoteca interpuso un amparo en contra de las concesiones que otorgó el gobierno federal a 3 empresas mineras Don David Gold México S. A. de C.V., Minerales del Prado y Desarrollos Mineros San Luis, subsidiarias de la Gold Resource Corp (GRC). La comunidad advirtió que no permitirá que sigan saqueando sus recursos minerales y naturales. Cabe recordar que GRC tiene seis proyectos mineros en Oaxaca, de las cuales dos están en fase de producción comercial.
La presa de jales mineros de la sociedad minera Real de Cosalá se rompió y derramó una gran cantidad de material sobre el río San Lorenzo, a las afueras de Cosalá, Sinaloa el 25 de abril aunque los pobladores de San José de las Bocas se enteraron cinco días después. Este derrame de químicos altamente peligrosos no se informó a las autoridades, pese a la gran cantidad de lodo y otros líquidos esparcidos en laderas y el cauce del río, informa Revista Espejo. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil de Sinaloa conocieron de este desastre un mes y medio después del derrame, que ocurrió en mayo, cuando el río San Lorenzo presentaba un problema grave de sequía, por lo que no alcanzó a llegar hasta la presa José López Portillo. El derrame no ha sido cuantificado, pero esta presa retenía hasta 865 kilos de jales por día, de acuerdo al estudio de impacto ambiental de la empresa. “Ya nomás llueve y toda esa mierda se va a ir a la presa”, señaló Don Miguel, uno de los pobladores de la región que perdió animales que bebieron agua envenenada. La minera Real de Cosalá está registrada en Culiacán, y se dedica a la exploración y extracción de cobre, oro y plata. Como empresarios y concesionarios mineros, “los narcotraficantes mantienen intereses en la minería”, afirma el reportaje de Noroeste y Connectas, que investigó el “yugo narco-minero” en el triángulo del norte, donde la industria extractiva ha prosperado sobre los territorios de los desterrados por la violencia.
Antes habló de los beneficios de la “minería responsable” y luego les soltó una propuesta. “El dueño de la mina vino y nos dijo que bebería agua de los derrames para mostrar que no hacía daño”, contó Yuridia, una de las mujeres pobladoras de San José de las Bocas, que está a un lado del río San Lorenzo. Ese cauce lleva a la presa José López Portillo, la cuarta con más capacidad en Sinaloa para almacenar agua, recuerda la Revista Espejo en su reportaje. Aquí viven de la pesca y el ganado, pero este último ha estado muriendo por beber agua de los pozos que mandó a hacer la minera en el cauce, con la idea de que los residuos caigan y se depositen para luego ser retirados o sepultados. En el pueblo se dicen preocupados, porque aunque tratan de creer que los jales no los dañarán, ven la muerte de las vacas como una señal de desconsuelo. A una de las mujeres de este pueblo ya se le murieron cinco vacas y por el cauce del arroyo Calleros hay más bestias muertas. La responsabilidad de este derrame es de una sociedad minera registrada en Sinaloa compuesta por Minera Real de Cosalá, Minera Cosalá y Minera Tapacoya, un grupo de empresas mexicanas que se dedican a la extracción de oro, plata, plomo, cobre, zinc y hierro.
La Compañía Minera Cuzcatlán llegó hace 15 años a los Valles Centrales de Oaxaca. Diversos estudios muestran que los ríos cercanos a sus instalaciones presentan altos niveles de aluminio, bario, cromo, hierro, manganeso y plomo. Expertos consideran que la contaminación del agua por metales podría relacionarse con algunas enfermedades en personas y animales en al menos seis municipios de la región. En tres de ellos hubo brotes de hepatitis y enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Un comunero narra que siente resequedad en las manos cuando lava los platos y que su esposo no deja de toser. Viven en el municipio Magdalena Ocotlán en México. A una pobladora le da comezón en la piel después de usar el agua en San Juan Chilateca. Padres de varios niños de San José del Progreso y Santa Lucía cuentan que sus hijos se enferman de hepatitis. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica confirma que estos padecimientos aumentaron desde que la minera comenzó su funcionamiento, releva el reportaje de Mongabay Latam. También se presentaron brotes de hepatitis en los municipios de San José y Magdalena, casos que coincidieron con el derrame en la presa de jales secos y acuosos de la Minera Cuzcatlán en 2018. El médico Ezequiel Díaz Cruz, responsable del Sistema Automatizado de Vigilancia Epidemiológica en Oaxaca, señala que en 2019 se registraron 15 casos de hepatitis tipo A en San José y 11 en Magdalena. El 90 % de los enfermos eran niños. Diversos estudios de las autoridades, a lo largo de los años, han confirmado que el arroyo Coyote en Magdalena Ocotlán tiene niveles altos de metales en diferentes tramos.
Empresas de Francia, Alemania, China, y Canadá tienen concesiones para explorar, extraer y aprovechar los recursos minerales y metales dentro los bosques de niebla de la reserva el Triunfo en Chiapas. Los bosques de niebla, como muchos otros ecosistemas y tipos de vegetación en Chiapas, están siendo amenazados por múltiples factores, pero uno dañino son los megaproyectos extractivos, dentro de ellos se encuentra la minería a cielo abierto, advirtió el biólogo Daniel Pineda Vera. El especialista señaló que cerca del municipio de Acacoyagua, instituciones como el Servicio Geológico Mexicano y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abrieron las puertas a muchas concesiones extranjeras de países como Francia, Alemania, China, y Canadá para que puedan explorar, extraer y aprovechar los recursos minerales y metales dentro de esta Reserva. Puntualizó que, dicha situación no solo devasta de tajo la vegetación, sino que están dejando estéril el suelo, debido al uso de una diversidad de productos químicos para purificar los minerales y metales, el cual produce una gran cantidad de lixiviados (residuos líquidos) resultado de estos procesos industriales que llegan a parar a los cuerpos de agua, provocando así una grave contaminación. El biólogo explicó que la selva húmeda de montaña hoy es considerada como “el bosque más mágico del mundo” y se encuentran especies emblemáticas para la conservación y preservación de los ecosistemas naturales como el pavón, quetzal, tapir, jaguar, y por su belleza paisajista.
La muerte de los siete mineros en Coahuila “es resultado de la omisión de las autoridades y la ilegalidad de empresarios carboníferos”, denunciaron organizaciones tras el rescate del cuerpo del último trabajador que quedó atrapado el 4 de junio en el derrumbe de la mina de carbón Micarán del ejido Rancherías, municipio de Múzquiz, Coahuila. La mina se inundó luego de que las paredes de un tajo anegado por las lluvias se derrumbó y el agua cubrió la zona donde se encontraban nueve trabajadores, de los cuales sólo dos lograron salir. Después de que las brigadas de búsqueda rescataran el séptimo y último cuerpo de los mineros.
La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) declararon en un comunicado que desde hace quince años han advertido la posibilidad de nuevas víctimas mortales si se mantienen las condiciones que dieron lugar a la explosión en Pasta de Conchos. Indicaron la nula respuesta de las autoridades y exigieron una vez más la prohibición del modelo minero de “pocitos de carbón” y “minitas de arrastre”, ya que están basados en condiciones “peligrosas, insalubres e inhumanas para los trabajadores”, así como el compromiso público de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de no comprar carbón extraído de este tipo de minería y la elaboración de un Protocolo Nacional de Salvamiento Minero.
En octubre de 2020, integrantes de la Organización Familia de Pasta de Conchos le entregaron a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad una carta en mano con fotografías sobre las condiciones de inseguridad en la carbonera colapsada. Nunca hubo respuesta. La Organización Familia de Pasta de Conchos se pronuncian en su cuenta de twitter: “¿Cómo se atreven a decir las autoridades: “aquí estamos” o “estamos atendiendo a las familias” si ni si quiera les proporcionaron carroza fúnebre para que las familias lleven a los mineros al panteón? No hablaron con ellas y dejaron solas a las familias”.
El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos informó que están en contra de cualquier proceso de consulta pública en las comunidades del Valle de Ocotlán, Oaxaca, respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) denominada San José II presentada por la compañía minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines: “Las comunidades organizadas en el Frente no a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, después de realizar un análisis de dicha manifestación determinamos exigir a la SEMARNAT no autorizar la MIA San José II y cancelar el proyecto minero”, afirman en su boletín. “Esta decisión está fundamentada en la toma de decisiones asamblearias de nuestras comunidades, quienes han mandatado la defensa y el cuidado del territorio de los Valles Centrales frente a cualquier proyecto que vulnere la integridad y seguridad de nuestros territorios y sus habitantes”, reiteran. Por eso, informaron, rechazan “categóricamente” cualquier proceso de consulta implementado por las instancias de gobierno federal o estatal en sus territorios: implementar un proceso de consulta en sus territorios “representa una traición a la voluntad del pueblo zapoteco de los Valles Centrales de Oaxaca y de nuestras comunidades expresada en reuniones anteriores con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que nuevamente pedimos un diálogo con la Secretaria para ratificar nuestra posición”, concluyen las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, así como la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán
El pasado 15 de abril de 2021, diez comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, articuladas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, se reunieron con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González para exponer las afectaciones producidas por el proyecto minero “San José” y exigir a esta dependencia la negación de la Manifestación de Impacto Ambiental “San José II” que solicitó la empresa minera Cuzcatlán, parte de la canadiense Fortuna Silver Mines (FSM). Cabe destacar que El Frente No a la Minería ha exigido este diálogo desde diciembre de 2020, momento en el que decidió movilizarse bloqueando la carretera federal 175 hasta tener una respuesta de la autoridad encargada de la protección del medio ambiente en el país. Las comunidades participantes mencionaron que realizaron sus asambleas comunitarias desde 2009, por lo que cuentan con sus declaratorias de Territorio Prohibido para la Minería, las cuales prohíben cualquier actividad de prospección, exploración o explotación minera en los Valles Centrales de Oaxaca. Por su parte la SEMARNAT se comprometió a retomar el planteamiento y argumentos de las comunidades participantes para garantizar el respeto de su derecho a la libre determinación y autonomía durante el proceso de resolución de la MIA San José II. Cabe recordar que en est Frente participan las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, La Noria de Ortiz, así como la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.
En un webinar internacional sobre el impacto de la minería en comunidades indígenas de Oaxaca y Chihuahua, las autoridades de Magdalena Ocotlán denunciaron las graves afectaciones por parte de la minera Cuzcatlán, propiedad de la canadiense Fortuna Silver Mines (FSM). Los representantes de la comunidad ubicada a solo unos metros del proyecto minero San José, propiedad de la empresa FSM, reiteraron que “la minera nos está afectando mucho” con la contaminación del agua, los desechos de la mina, ruidos constantes y la escasez de agua. También señalaron “el abuso que se comete por parte de nuestros propios autoridades [estatales] que solapan y coordinan con las empresas internacionales por el gran capital que traen. Dicen que estas empresas “impulsa el desarrollo” pero es una falacia total para nosotros.” Pedro Máximo Aquino, presidente municipal de Magdalena Ocotlán, afirman que “otra vez se repite la historia de los tiempos de la colonia y la conquista con el saqueo de la riqueza del país (…) pero somos gente del campo y la gente de Magdalena Ocotlán es consciente de lo que está pasando. Defendemos nuestro pequeño patrimonio, defendemos nuestra fuente de ingresos, defendemos nuestra economía.” En el evento, organizado por Brigadas Internacionales de Paz PBI Canadá y visto por cientos de personas en Facebook, también participaron defensoras y defensores de Chihuahua que alertaron a la sociedad civil canadiense sobre las afectaciones de minería a los pueblos originarios en México y que también pone en riesgo la diversidad biológica impresionante del país. Las y los méxicanos en el webinar también pidieron frenar los asesinatos de defensores de derechos humanos y del medio ambiente en México.
El pasado 3 de marzo fue aprobada en la Cámara de Diputados la iniciativa para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales en las Áreas Naturales Protegidas (ANP). La propuesta contó con un respaldo casi unánime de más de 400 votos, y busca modificar el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente sobre preservación de las ANP. Ahora pasa por el Senado para que voten en la propuesta. De esta forma, se busca evitar que continúe la proliferación indiscriminada de megaproyectos extractivos en estas reservas naturales generando efectos nocivos para el medio ambiente y la salud de las poblaciones que lo habitan.
Más de 100 organizaciones académicas y sociales de México piden al Senado de la República aprobar el cese de actividades extractivas en las áreas naturales protegidas (ANP). En un pronunciamiento dirigido a la cámara alta, señalan que en México “existen 73 proyectos mineros en territorios de resguardo, en oposición al objetivo prioritario de preservarlos”; entre ellos destacan los del parque nacional Los Mármoles, la reserva de la biosfera Mariposa Monarca y la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato. En las dos décadas recientes “la Secretaría de Economía ha otorgado concesiones mineras en 2.39 millones de hectáreas supuestamente ‘protegidas’, una superficie que equivale a la del estado de México”. Los demandantes pidieron a los legisladores ratificar la iniciativa que en ese sentido aprobó la Cámara de Diputados el 3 de marzo. Firman la petición las organizaciones Carto-Crítica, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, Centro de Análisis e Investigación Fundar, Agua para Todos, entre otras. Finalmente, las organizaciones plantearon al Senado “abrir la discusión sobre cambios profundos a la Ley Minera, con el fin de contar con normas que pongan en el centro el bienestar colectivo y los derechos humanos y no los intereses del sector privado”.
Han pasado más de tres semanas – desde el 23 de enero – cuando Fidel Heras Cruz, defensor comunitario y ambientalista fue asesinado en el municipio Santiago Jamiltepec en la Costa de Oaxaca y hasta el momento ninguna autoridad ha emitido medidas cautelares para sus familiares y tampoco para los 300 habitantes de Paso de Reyna que defienden el río verde de dos hidroeléctricas, denunciaron integrantes de la organización civil Servicios para una Educación Alternativa, Educa A.C.. Las defensoras de Educa aseguran que tras el asesinato de Fidel , han sostenido platicas y reuniones con las autoridades, y el 9 de febrero la defensoría informó a Educa que continúa el procedimiento de las medidas cautelares. Sin embargo, hasta ahora no hay un solo avance en la investigación y tampoco medidas cautelares a pesar de que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo) lo solicitó.
“A Fidel le tocaba vigilar que se cumplieran los acuerdos, que el río se cuidará, pero mira ahora lo mataron y su comunidad quedó en el desamparo, ellos requieren de estos beneficios, contar con medidas cautelares para poder seguir en la defensa de su territorio”, indicaron. Luego del asesinato, Educa notificó a la Defensoria de Oaxaca del asesinato así como las demás instancias como la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) para que garanticen la seguridad, sin embargo, solo se han hecho “rondines policiacos” y ya, no hay las medidas cautelares.
“Paso de la reyna y de río verde son dos proyectos hidroeléctricos que quieren imponerse en la zona, pero la comunidad vive una resistencia de más de una década, todo organizado, entonces para continuar después de este asesinato se requiere de seguridad, por eso es que estamos alertando que no lo tienen en estos momentos para seguir con su lucha”, resaltaron Educa.
Este sábado 23 de enero de 2021, fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, de donde era originario, además de ser miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).
El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego.
Las autoridades de la agencia de Paso de la Reyna, mencionaron que el pasado 21 de enero, Fidel Heras recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado. En esos mismos días el propio agente, Filogonio Martínez Merino, fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, el agente dio parte a la policía municipal y pidió le acompañaran y escoltaran hasta llegar a la comunidad.
En este contexto, desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.
La crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río.
En diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras.
El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y que también se mencionó que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.
Debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde. Además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.
Por lo anteriormente expuesto, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta el esclarecimiento de los hechos y brindar atención a quienes hacemos esta denuncia. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que abra la carpeta de investigación correspondiente, sin descartar ninguna de las causas mencionadas en el presente escrito. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina.
“Ríos para la vida, No para la muerte”
Atentamente
Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 24 de enero de 2021.
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER.
Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna; Santiago Jamiltepec.
Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca –REDECOM
Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA
Ecosta Yutu Cuii
La mina San José produjo 1,648,816 onzas de plata y 10,095 onzas de oro en el cuatro trimestre de 2020 con leyes promedio de cabeza para plata y oro de 206 g/ t y 1.26 g /t respectivamente. La producción de plata y oro para todo el año ascendió a 6,165,606 onzas y 37,805 onzas, respectivamente. Las leyes de cabeza promedio para plata y oro para el año fueron 224 g/t y 1,38 g / t respectivamente. La producción de todo el año se vio afectada por una suspensión ordenada por el gobierno de 54 días en el segundo trimestre de 2020 relacionada con la pandemia Covid-19. En total, FSM produjo 7,133,717 onzas de plata y 55,349 onzas de oro o 11.3 million millones de onzas de plata equivalente en 2020.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo al pueblo Maseual, de la Sierra Norte de Puebla, contra la Ley Minera y avaló por unanimidad su constitucionalidad, pese a los llamados que hicieron la Semarnat y el INPI. El abogado Xavier Martínez del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) dijo que al negar la inconstitucionalidad de la Ley Minera, la Segunda Sala de la Suprema Corte dejó pasar “una oportunidad histórica” para poner fin a un modelo de desarrollo extractivista de “violencia estructural” contra comunidades indígenas y sus derechos al territorio, agua, medio ambiente e identidad cultural. Negar la inconstitucionalidad de esta Ley, “significa validar un sistema de violación, que históricamente ha despojado del territorio a los pueblos indígenas y comunidades equiparables”, sentencia CEMDA. Los pueblos originarios demandaban la inconstitucionalidad de dicha norma, argumentando que en su texto no incluye ninguna previsión que garantice el derecho de consulta previa para los pueblos indígenas afectados por la autorización de concesiones de explotación minera que afecten sus territorios.
Pero los ministros de la Segunda Sala resolvieron en sesión remota que “la Ley Minera no es inconstitucional por no prever dicha consulta, ya que la obligación de hacerlo está prevista en la Norma Suprema y en un Convenio Internacional y, por eso, aplica para todas las materias, incluida sin duda alguna la minería, sin que sea necesario que cada ley lo tenga que prever o regular. Sujetar la obligatoriedad de la consulta a su reconocimiento en una ley secundaria sería reducirla a un texto normativo de menor jerarquía”.
La sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley Minera no tiene marcha atrás. Pero el pueblo maseual logró desde 2018 un amparo contra tres concesiones mineras en etapa de exploración en Cuetzalan, Puebla, otorgadas en 2007, 2008 y 2011 a la compañía mexicana Minera Autlán, de José Antonio Rivero Larrea. Están en espera que en los próximos meses un Tribunal Colegiado confirme o revoque este amparo otorgado por una Jueza de Distrito en Puebla, quien pidió suspender las concesiones hasta que se realice una consulta indígena.
Una comisión de funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se comprometió ayer con el Frente No a la Minería a revisar sus observaciones antes de autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) a la empresa minera Cuzcatlán para el proyecto San José II, y atender y responder a las observaciones del Frente No a la Minería en un plazo de 120 días. Las autoridades y pobladores de ocho comunidades del Frente participaron en la reunión en Magdalena Ocotlán con funcionarios de la dependencia. Manifestaron su inconformidad por la información presentada por la empresa minera Cuzcatlán en la MIA-R, por contener información falsa y minimiza o no declara los impactos acumulativos y residuales por el proyecto minero durante 10 años, en especial la contaminación del agua, la emisión de polvos, el ruido, la dispersión de la fauna silvestre y el impacto en el paisaje. Independientemente de esto, detalló que la MIA-R pretende justificar la construcción de 75 obras edificadas previamente sin autorización ambiental.
En respuesta al bloqueo del Frente, la Compañía Minera Cuzcatlán (“CMC”) acusa que hay una campaña de desinformación y ataques mediáticos en contra de ellos. Publicaron su respuesta con lo siguiente, “Como es costumbre, actores ajenos a San José del Progreso de diferentes organizaciones, han montado una campaña de desinformación en torno al proceso de autorización y al contenido publicado en la MIA-R (regional) San José II, acusando a CMC de proveer información falsa a las autoridades, así como desvirtuar el proceso en favor de sus propios intereses.” Niega que la MIA-R San José II implique la expansión de la Mina San José y que solo es “una regularización de edificaciones.” Además se defienden que “su unidad minera San José no genera impactos negativos en la calidad del agua superficial y subterránea. Asimismo, cuenta con un ciclo eficiente en el que se recicla o recupera hasta el 90% de agua que entra al proceso de beneficio minero.” Finalmente, se defiende que “en todo momento, CMC ha seguido el proceso bajo un estricto apego a las leyes y normativas dictaminadas por la autoridad competente.”
Comunidades que integran el Frente No a la Minería en Valles Centrales, Oaxaca, bloquaron ayer la Carretera Federal 175, a la altura de Magdalena Ocotlán, en rechazo del proyecto minero “San José”, y en exigencia de una audiencia sobre la ampliación de este proyecto con la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, a quien han emplazado por la vía oficial desde noviembre sin recibir respuesta. A las tres de la tarde, luego de siete horas de bloqueo, se llegó al compromiso de Semarnat para sostener una mesa de trabajo con las comunidades para el día 16 de diciembre en Magdalena Ocotlán. El titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semanart, Daniel Quezada Daniel, se comunicó con miembros del Frente, una exigencia de las comunidades es que la reunión sea con la titular de Semanart, María Luisa Albores.
Entrevistados para radiodifusoras comunitarias, autoridades agrarias y municipales de San Martín de los Cansecos, afirmaron que con la minería en la región los pozos de agua se han secado y contaminado. “Pedimos que no les den permisos, no son ni de México”, dijo el comisariado Efraín Santiago. Así mismo, el integrante del cabildo de Magdalena Ocotlán, Rubén Sánchez, recordó la contaminación del Río Coyote y un colector pluvial provocada por la presa de jales, que además les generó afectación económica pues debieron consumir agua embotellada. Las personas representantes de comunidades como Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, desmintieron la versión del presidente López Obrador quien dijo en conferencia de prensa en septiembre, que este conflicto minero estaba atendido.
La Coordinadora Nacional Agua para Todxs Agua para la Vida alerta sobre el peligro de la inclusión del agua en el mercado de futuros de Wall Street y de sus efectos en México, así como de la vulnerabilidad en que nos sitúa la Ley de Aguas Nacionales vigente. El 7 de diciembre el CME Group de Chicago, que controla el mercado a futuro más grande del mundo, lanzó el índice del Agua de Nasdaq, en la bolsa de Nueva York. Estas dinámicas de especulación son resultado de una creciente escasez a causa de su contaminación y de sequías asociadas con el cambio climático. La posibilidad de mercantilizar el agua distorsiona su acopio y distribución y propicia su acaparamiento, paulatinamente “jala” los precios hacia arriba en nuestro territorio y genera especulación. La actual Ley de Aguas Nacionales fomenta la compra, venta y especulación con aguas del país por medio de concesiones. Bajo esta ley, la Conagua ha sobreconcesionado el agua en las cuencas y acuíferos en donde habitan el 66% de la población. El 70% de las aguas concesionadas están en manos del 2% de los concesionarios. Agua para Todos, subraya por último, la alternativa: aprobar la Ley General de Aguas basada en derechos humanos, instancias de aguas y cuenca democratizadas y planeación consensada. La Ley General de Aguas, va a estar lista para preparar el proceso en el legislativo y ser presentada en el 2º periodo de sesiones en la Cámara de Diputados en febrero de 2021.
El “Frente No a la Minería Por un Futuro de Todas y Todos” advierte que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) siga favoreciendo intereses privados por encima de los derechos colectivos de los pueblos: “El pasado 09 de septiembre de 2020, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador argumentó que había atendido la problemática producida por el proyecto minero “San José” en los Valles Centrales de Oaxaca. Desde esta fecha, las diez comunidades que integramos el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, hemos buscado un canal de diálogo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el cual ha sido negado porque “no han podido encontrar un espacio en la agenda”. No obstante, y pese a las declaraciones del presidente de la república, la SEMARNAT organizó una consulta pública exprés del proyecto “San José II”, la cual fue publicada en una Gaceta Oficial Extraordinaria el pasado 13 de noviembre, dando como fecha máxima para recibir observaciones el 23 de noviembre, es decir únicamente 10 días; dichos plazos resultan limitados, máxime cuando nos encontramos en un periodo de contingencia sanitaria, por lo que dicha acción violenta nuestros derechos a la información pública y participación ciudadana. Por otro lado, la información presentada por la Compañía Minera Cuzcatlán en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) “San José II” contiene información falsa, ya que no declara los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales por 10 años más de explotación de plata y oro en los Valles Centrales de Oaxaca”.
Autoridades municipales y comunitarias de Calpulálpam de Méndez, en la Sierra Juárez, Oaxaca denunciaron discriminación de Semarnat, Profepa y Conagua, así como incumplimiento de la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, al compromiso de una mesa de trabajo para resolver la problemática generada por la minería. Además, sostuvieron que Minera la Natividad opera desde hace años sin contar con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y no ha detenido operaciones ni siquiera durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Solamente de 2007 a 2011 frenó sus actividades por una orden judicial, señalaron. En su boletín denuncia que:
Por varios años la comunidad indígena de Capulálpam de Méndez ha denunciado el grave impacto social y ambiental causado por el saqueo de minerales en sus tierras comunales llevado a cabo por la compañía minera La Natividad y anexas. Capulálpam ha denunciado ante Semarnat, Conagua, Profepa y Gobierno del Estado de Oaxaca el derrumbe de tres presas de jales con desechos contaminados al Río Capulálpam; la contaminación con plomo y arsénico de fuentes de agua; la desaparición de trece acuíferos debido a las obras mineras; contaminación del Río Grande que cruza la Sierra Juárez y afecta a varias comunidades indígenas en la región. Capulálpam ha denunciado que un nuevo programa de saqueo de minerales pone en grave riesgo de desaparición la última área de acuíferos de donde la comunidad se abastece de agua potable.
Hemos solicitado hablar con la Secretaría de Semarnat María Luisa Albores González para que nos informe por qué Minera Natividad opera a pesar de que Capulálpam ha denunciado las consecuencias mencionadas. Como comunidad indígena con personalidad jurídica agraria no hemos autorizado manifestaciones de impacto ambiental a Minera Natividad permisos para que dicha minera opere en nuestro territorio comunal. No hemos tenido respuesta de la Secretaria Albores González a pesar de que le reiteramos la urgencia de dicha reunión. Hacemos un llamado a la Secretaria para que nos reciba.
El 11 de octubre, El Frente No a la Minería por un Futuro de Todxs decidio movilizarse bloqueando la carretera federal 175 a la altura de Magdalena Ocotlán y Monte del Toro para exigir. Eso fue despues que la compañía minera Cuzcatlán ingreso por tercera vez su permiso ambiental para operar 10 años más en los Valles Centrales. En su bloqueo, el Frente exige:
1. Cancelación del proyecto minero «San José» operado por minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines por afectar el ambiente de las comunidades de Valles Centrales al construir 75 obras irregulares.
2. Negación del «nuevo» permiso ambiental: «actualización de obras y actividades» solicitado por compañía minera Cuzcatlán ante la SEMARNAT. En dos ocasiones anteriores minera Cuzcatlán ha querido justificar mediante este permiso 75 obras irregulares y explotar por 10 años más el territorio de Valles Centrales. Exigimos a la autoridad ambiental audiencia con la Secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores.
3. Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, garantizar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, minera Cuzcatlán ha violentado la legislación ambiental vigente y nuestros derechos como pueblo indígenas. Ningún proyecto minero debe estar por encima de la ley.
Exigimos al gobierno federal respetar los acuerdos de nuestras asambleas.
El gobierno federal inauguró la primera generación de 118 policías de Servicio de Protección Federal (SPF), equipados con fusiles de asalto, especializados en garantizar la seguridad de las instalaciones mineras. Esto es un “símbolo de falta de respeto al pueblo de México”, acusa la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) en un comunicado. Enfatizaron en que una policía de élite para proteger los intereses de las grandes corporaciones mineras no solo es un insulto para el país, sino para los pueblos que se ven despojados de sus territorios, con comunidades enfermas y contaminados sus ríos. Comunidades con desplazamiento forzado ya sea por las mineras o por el crimen organizado producto de esta. En el documento emitido por REMA fue publicado el día 1° de octubre, destacan que la minería despoja, deforesta, no paga impuestos, incumple contratos con los campesinos e indígenas, además, está involucrada en la violencia y crímenes como el de los defensores Mariano Abarca (Chicomuselo, Chiapas) o Bernardo Vázquez (San José del Progreso, Oaxaca), por lo que es considerada como crimen organizado de parte de las empresas extranjeras. Señalaron que un pueblo que paga impuestos, genera economía y es víctima de actividad minera que depreda territorios e incumple contratos también merece tener un equipo especializado para protegerse de las empresas mineras trasnacionales.
El Congreso local exhortó a los delegados estatales de diversas dependencias federales, así como a los titulares de las secretarías estatales del medio ambiente, energías y desarrollo sustentable (Semaedeso), Samuel Gurrión Matías, y de salud, Donato Casas Escamilla, para que analicen las afectaciones realizadas al suelo, agua superficial y manto freático del municipio de San José del Progreso y municipios aledaños, con motivo de las actividades mineras de la empresa Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines. El dictamen aprobado señala que los trabajos de explotación minera están generando impactos en el ambiente; en los ecosistemas, están poniendo en riesgo la salud y la vida de los habitantes, violentando el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la población de San José del Progreso, así como de los municipios vecinos a través de emisiones de ruido y polvo, afectaciones en el agua y en las viviendas. Recuerda que el pasado 14 de junio el frente ¡No a la minería!, integrado por 12 comunidades de la región, insistieron en rechazar los extracción de minerales en su territorio; y que en julio las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán presentaron un oficio donde denuncian la contaminación de un colector de aguas pluviales cercano a la empresa Cuzcatlán.
Los ejidatarios de Carrizalillo, municipio Eduardo Neri, Guerrero, y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunciaron un “intimidante despliegue militar en apoyo a la minera canadiense Equinox Gold” en contra de la comunidad de Carrizalillo luego de que ejidatarios anunciaran la anulación del convenio con la empresa tras denunciar incumplimiento y tratos racistas y discriminatorios, por lo que alertaron de una posible confrontación violenta del Ejército contra pobladores. Denuncian que este 7 de septiembre a las 17:40 horas, alrededor de 50 elementos del Ejército mexicano se presentaron, en un camión y una camioneta en la entrada de la mina Los Filos, lugar en el que se ubica el campamento que mantienen las y los ejidatarios de Carrizalillo, para intimidarlos por su exigencia de respeto hacia la minera canadiense Equinox Gold. Los soldados “se bajaron del camión en una acción clara de operativo que, por supuesto nos alertó y, de manera inmediata dimos la alerta para movilizar a toda la población”, y en consecuencia, empezaron a subir a sus militares y el ejército, “sin dejar aviso de nada, se dio la vuelta dejando su operativo fallido”. La REMA detalló que representantes de dicha empresa, faltando a la verdad, arguyen que las y los ejidatarios han ocupado las vías de comunicación obstruyéndolas ilegalmente, cuando ha sido la empresa quien ha pasado por alto los acuerdos con la comunidad, ignorando los derechos de una población que ha sido afectada irreversiblemente en términos ambientales, sociales y de salud por la explotación minera. Las negociaciones entre campesinos y Equinox Gold se iniciaron ayer a las 10 de la mañana y concluyeron una hora después sin que hubiera arreglos. El representante de Equinox Gold, Peter Burger, “estuvo muy cerrado, muy racista, y nos ignoró; no trajo ninguna propuesta, al contrario, dijo que si no levantábamos el plantón no habría diálogo”, afirma un representante ejidal que pidió anonimato.
Ejidatarios de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, anunciaron que dieron por terminado el convenio que firmaron en 2019 con la empresa Equinox Gold, filial de Leagold Mining Corporation, debido al incumplimiento de las cláusulas del documento con base en el cual la compañía canadiense explotaría la mina Los Filos hasta 2025. En conferencia de prensa, los ejidatarios dijeron que quedan cerradas las operaciones de la mina Los Filos en mil 500 hectáreas, de las cuales 700 son de uso común y 800 propiedad de 173 ejidatarios. Los inconformes aseguran que la compañía ha tenido una actitud “racista” y discriminatoria contra los pobladores y ha violado cláusulas del contrato relacionadas con la protección de la salud y del medio ambiente. “Del año pasado a la fecha fallecieron ocho pobladores, aparentemente por cáncer y algunos bebés nacieron con malformaciones a causa de la contaminación”. Además, “con la pandemia de Covid-19 se han contagiado 21 trabajadores. En la mina laboran 300 campesinos de Carrizalillo, algunos de los cuales han fallecido a causa del coronavirus”. En el boletín, la comunidad recuerda que a raíz de la actividad minera, iniciada en 2007, desde 2010 ya no disponen de agua limpia. Además, tanto los ejidatarios como los propietarios de la mina tienen que pagar una cuota a los grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona. La suspensión de operaciones de la mina canadiense, ubicada en la rivera del Río Balsas, ocurre a dos días de que un grupo armado secuestró a trabajadores y quemó una camioneta –propiedad de la empresa canadiense Equinox Gold– en Iguala, donde bandas crimínales disputan el control del cinturón de oro del río Balsas, informó la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE).
Entre las causas de la renuncia de Víctor Manuel Toledo Manzur a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales están que hace unos días desconocidos irrumpieron en su casa en Morelia, Michoacán, se llevaron documentos y vaciaron en la azotea costales del herbicida glifosato. Es la sustancia que el ex funcionario buscó que se dejara de utilizar y ha sido motivo de confrontación con otros miembros del gabinete y agroindustriales. Fuentes oficiales de la dependencia consultadas por La Jornada revelaron que Toledo reunió hace una semana a su equipo de colaboradores para contarles lo ocurrido e ir anticipando sus razones para salir de la dependencia federal. No quiso que se supiera, pero dijo que él y toda su familia estaban muy asustados, que su esposa le dijo que no valía la pena arriesgar la vida o deteriorar más su salud, mencionó una de las fuentes. El glifosato es la sustancia activa de agroquímicos de amplio uso para eliminar maleza en los cultivos en el país, sobre la cual Toledo Manzur planteó eliminar su uso, por lo que desde 2019 la Semarnat suspendió las importaciones y previo su eliminación gradual para 2024, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es un probable cancerígeno. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal no prohibirá que la iniciativa privada utilice el herbicida tóxico conocido como glifosato, pero en todo lo que tiene que ver con la administración federal no se usará. En su lugar entrará María Luisa Albores, quien a su vez dejará la Secretaría del Bienestar.
Cabe de recordar que en agosto Toledo, en un audio que circula en redes sociales, señaló que el gobierno está lleno de contradicciones, no tiene objetivos claros, hay luchas de poder a su interior y que la visión a favor del ambiente, la agroecología y la transición energética “no está para nada en el resto del gabinete y me temo que no está en la cabeza del Presidente”. Añadió que “no debemos idealizar a la 4T, es un gobierno lleno de contradicciones brutal” y sentenció que “la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe”.
La Secretaría de Economía informó en un comunicado que la desaparición de la subsecretaría de Minería no modifica los programas mineros. A partir del 1 de septiembre deja de funcionar. Más tarde, Gobernación anunció la cancelación de la subsecretaría a cargo de Ricardo Peralta. Las medidas son parte del plan de austeridad anunciado en abril por el presidente. Francisco Quiroga fue nombrado subsecretario de Minería el 1 de diciembre de 2018. Era una cartera nueva, creada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para darle una mayor relevancia a la actividad que genera el 4 por ciento del Producto Interno Bruto del país y que tiene impacto en 10 estados.
“La cancelación del cargo de Subsecretario de Minería no implica ninguna afectación a las atribuciones, facultades y trabajos que la Secretaría de Economía lleva a cabo en materia de minería, a través de la Dirección General de Minas, la Dirección General del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y la Dirección General de Desarrollo Minero”, dice el texto. El sector volverá a estar a cargo de la Dirección General de Minas y Quiroga ocupará otro cargo en el gobierno federal que no ha sido revelado.
Autoridades agrarias y municipales de San Miguel Chimalapa reiteraron su rechazo total a la exploración y explotación de minería en su territorio. Asimismo, desconocieron un acta de una asamblea “ilegal” donde se otorga un permiso a la empresa canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V., a cambio de dinero. Pidieron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se abstenga de otorgar permisos a la empresa de minería canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V., en su proyecto denominado “Santa Marta”. Le hicieron saber a la dependencia que “los permisos otorgados se realizaron sin consentimiento de la comunidad zoque. Atentaron contra nuestros derechos indígenas y dueños ancestrales del territorio que comprende el núcleo agrario de San Miguel Chimalapa. Pues el impacto ambiental traerá consecuencias irreversibles en nuestro territorio, en el medio ambiente, principalmente en los mantos acuíferos”. Desconocieron los acuerdos y permisos que haya otorgado la autoridad local de La Cristalina, que a cambio -aseguran- recibió la cantidad de 1 millón 80 mil pesos, como indican los documentos de acuerdo que tienen en su poder. “Públicamente denunciamos que para la realización de dicha asamblea de la localidad comunal La Cristalina y firmar su acta de acuerdo, no fueron informados, consultados ni avalados por el cabildo municipal ni comunal en turno. Y mucho menos por la Asamblea General del Pueblo Zoque, tal y como lo establece en nuestro Sistema Normativo Interno, escritos y registrados oficialmente a través de nuestro estatuto comunal”, indicaron.
Integrantes del Colectivo Matza, de origen zoque, denunciaron que los cinco proyectos mineros que se pretenden instalar en los Chimalapas, Oaxaca, uno ya autorizado por la Secretaría de Economía bajo el nombre de “Santa Martha” y los otros cuatro que se encuentran en trámite, no están respetando la tenencia de la tierra comunal, por lo que son violatorios a sus derechos humanos y territoriales. Este colectivo junto con pobladores de San Miguel Chimalapa, Zanatepec, Unión Hidalgo e Ixhuatán desde hace cinco años mantienen una defensa en rechazo a la explotación minera e inclusive clausuraron de forma simbólica la obra denominada La Cristalina para que la empresa Minaurum Gold no realizará exploraciones en la zona, pero lo ha hecho. “No respetar la tenencia de la tierra” es grave y violatorio, acusaron los integrantes de este colectivo, quienes precisaron que en la gaceta ecológica de la Semarnat recientemente apareció publicado los datos de la concesión Santa Martha que abarca 6 mil 410 hectáreas de territorio y que impactará severamente a los ríos Zanatepec, Ostuta y Espíritu Santo. Explicaron que la concesión Santa Martha, fue otorgada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Las cuatro nuevas concesiones que están en trámite abarcan más de 105 mil hectáreas, es decir casi la totalidad del territorio zoque de San Miguel Chimalapa que es de 134 mil hectáreas, por lo que los integrantes del colectivo, alertaron que se trata de una grave imposición de megaproyectos.
Con la apropiación de seis mil 410 hectáreas para la extracción de oro y cobre, la empresa canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V., pretende perforar las tierras de la Selva de los Chimalapas, en el estado de Oaxaca, así lo revela el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental que entregó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En el documento con fecha del 23 de julio de 2020, anunciado como proyecto ingresado no. 31 en la Gaceta Ecológica del 13 de agosto, se señala la pretensión de hacer “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 Unidades de Barrenación”. La información difundida por Regeneración Radio menciona que la “exploración minera Santa Martha” impulsada por la empresa canadiense, se ubica en el municipio de San Miguel Chimalapa con el número de proyecto 20OA2020MD038. El documento fue enviado el pasado 5 de agosto al área correspondiente dentro de la Semarnat y de iniciarse la exploración dañaría una de las reservas naturales mas importantes del país. El proyecto de explotación minera, de acuerdo con la descripción de la empresa, se encuentra ubicado a 10 kilómetros del municipio de Zanatepec y a 125 kilómetros del principal puerto de Oaxaca, el de Salina Cruz. Cabe mencionar que apenas el pasado 25 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que comprende el muelle de contenedores y de usos múltiples, de 123 metros de largo, que amplía el puerto de Salina Cruz, que permitirá arrancar el próximo año.
Los largos tentáculos de la corrupción de Odebrecht en México llegaron hace algunos años hasta Veracruz, cuando la empresa brasileña habría aportado medio millón de dólares a la campaña a la gubernatura de Javier Duarte de Ochoa, a cambio de la construcción de una presa en el río La Antigua. De acuerdo con el diario Milenio que cita indagatorias ministeriales estatales que aún están en proceso, la relación entre Odebrecht y el ex priista preso en el Reclusorio Norte data desde el proceso electoral de 2010, cuando la compañía apostó por Duarte. Tiempo después, en agosto de 2011 -ya convertido en gobernador- Duarte de Ochoa viajó a Sao Paulo para reunirse con Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa; encuentro que se replicó un par de meses después, ahora en Veracruz. Un par de años más tarde, el gobernador Duarte de Ochoa presentó el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, mediante el cual quiso ceder los derechos del Río La Antigua a Odebrecht. La intención era que la empresa brasileña construyera una presa y una hidroeléctrica para abastecer, sin necesitarlo, agua y electricidad a la capital del estado. Todo esto, a costa de más de 21 comunidades aledañas que dependen del agua del río: la mayoría vive del ecoturismo, el resto son campesinos y pescadores. Por la oposición de los habitantes que se organizaron y mantuvieron durante seis años un campamento de resistencia, no se logró concretizar este proyecto hidroeléctrico.
Junto con el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios y las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán, se realizó la conferencia de prensa en Santo Domingo. Durante la conferencia se dio lectura al boletín, colocando la posición del Frente sobre la solicitud de negar la MIA de la empresa Cuzcatlán presentada en la SEMARNAT así como la contaminación del reten de agua en la comunidad de Magdalena. La conferencia y la información presentada tuvo una importante cobertura en los medios estatales y nacionales.
El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, denunciamos que los impactos ambientales producidos por la explotación minera de FSM-Cuzcatlán se han profundizado en los Valles Centrales, poniendo en riesgo el agua y la vida de comunidades de Valles Centrales. Estos impactos se han focalizado principalmente en Magdalena Ocotlán, quienes por segunda ocasión atestiguan la contaminación de sus cuerpos de agua: el 14 de julio de 2020, las autoridades municipales de dicha comunidad constataron que un pozo de captación de agua pluvial, construido para recargar los mantos acuíferos presentó una coloración rojiza, este pozo se encuentra aproximadamente a 300 metros de la planta de beneficio del proyecto minero. Lo mismo sucedió en octubre de 2018, cuando se derramó la presa de jales contaminando el arroyo El Coyote, hecho que continua en la impunidad en la región.
Las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán han hecho una denuncia popular ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROFEPA) y exigen a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), intervengan para que realicen una investigación apegada a derecho, transparenten los resultados de los estudios que se han realizado con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública y reparación del daño de comunidades afectadas por la explotación minera.
En este contexto de contaminación, la compañía minera Cuzcatlán, empresa filial de Fortuna Silver Mines presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un nuevo permiso ambiental para la continuidad de la extracción de minerales en los Valles Centrales de Oaxaca. El documento denominado Manifestación de Impacto Ambiental-Modalidad Regional “San José II” fue presentado el pasado 07 de julio de 2020.
Los autoridades municipales y agrarias de las comunidades de San Dionisio Ocotepec, San Nicolas Yaxe, Santa Catarina Minas, Monte del Toro, San Martin de los Cansecos, El Vergel y Los Ocotes, y Magdalena Ocotlan firmaron una solicitud a la SEMANART niegue el permiso ambiental de la empresa Cuzcatlán. En todas las comunidades manifestaron su preocupación en torno a la intención de la empresa por obtener el permiso ambiental y reafirmaron su compromiso de defender el territorio regional en los valles centrales.
En una reunión organizada el pasado 30 de junio, las autoridades municipales y agrarias de 14 comunidades pertenecientes a los municipios de Santa María Petapa, Matías Romero, San Juan Guichicovi y Barrio de la Soledad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, así como representantes de grupos de mujeres, comités de salud y, directivos del movimiento ferrocarrilero Demetrio Vallejo Vive crearon un frente contra el corredor transístmico y en defensa de los derechos de los pueblos, de las mujeres y de los trabajadores de la región.
En un comunicado publicado por la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Oaxaca (UCIZONI), explicaron que dicho frente nace como una necesidad ante la violación a los derechos de la población del Istmo de Tehuantepec por las obras del megaproyecto, en particular, las relacionadas con la construcción del tren destinado a conectar los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz en Oaxaca.
El Tren Transítsmico
De acuerdo con el documento publicado por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados intitulado “El proyecto del tren transístmico”, contempla la renovación de una antigua ruta ferroviaria y su prolongación, con la puesta en marcha de un tren eléctrico de doble vía de 300 kilómetros, equipado con tecnología de punta de última generación, capaz de transportar 300 mil toneladas al día, además de pasajeros.
Este medio de transporte tendría las características de un Tren de Alta Velocidad (TAV), apto para circular a una velocidad de más de 250 km por hora, acercándose a veces a los 350 km por hora, lo que lo sitúa “en el entorno de las velocidades de rotación de los grandes aviones comerciales”.
Cabe señalar que para poder funcionar, el trazado de las vías del tren “debe ser tan recto como sea posible, evitando al máximo las curvas y pendientes. Radios de menos de 5 kilómetros son considerados muy ajustados en términos de alta velocidad”, según el documento del proyecto.
La meta del proyecto “Tren Transístmico” es posicionarse a nivel internacional para acelerar los flujos intercontinentales de comercio mundial, compitiendo con el Canal de Panamá. Así, como lo señala el documento del CESOP, el Tren Transístimico deberá “unir los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz en tan sólo 3 horas, a efecto de que las empresas navieras tengan ahorros de tiempo y dinero, mientras que en el canal de Panamá tardan en cruzar más de 8 horas, con un tiempo de espera de hasta 15 días”.
La ruta total del tren atraviesa 79 municipios de Veracruz y Oaxaca, incluyendo numerosas comunidades indígenas, así como una variedad de ecosistemas.
El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) “representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”, afirma la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). La red recuerda que el marco normativo y la política minera “que asolan desde hace más de dos décadas y media el territorio nacional”, con más de 2 mil proyectos de devastación y muerte -entre proyectos vigentes y cerrados-, reciben su actual configuración desde 1992, a partir de la promulgación de la Ley Minera aún vigente. La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el TLCAN y, que ahora, en el T-MEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero. “Con ello nuevamente se subordinan las normas y política ambientales de México a los intereses de las grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses. Por otro lado, buscan desahogar con celeridad procesos derivados de conflictos que generen una inconveniencia para quien ha invertido financiamiento en territorio mexicano. Poco importa que la materia en disputa puede ser la propia defensa del derecho fundamental a vivir, existir y tomar decisiones sobre el territorio propio”, sentencia la REMA.
Las empresas que exploran litio en México “comparten” el interés del Gobierno federal de maximizar el valor agregado para fabricar baterías, por lo que respetarán sus concesiones, dijo el Subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente había propuesto nacionalizar ese oro blanco como, en esencia, ocurría en Bolivia antes del Golpe de Estado. El oro blanco es clave para la electromovilidad, y para el capitalismo buscando al futuro, una esperanza después del petróleo. El Gobierno mexicano explora desde 2015 yacimientos de litio en Sonora, Jalisco y Puebla a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM). Pero también empresas de Canadá, Reino Unido, España y Australia exploran por su cuenta litio-potasio y carbonato de litio en Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Baja California, reporta la Dirección General de Desarrollo Minero de la Subsecretaría de Minería.
De los 31 proyectos registrados, la canadiense OrganiMax Nutrient Corp tiene 15 por concesiones de salares de potasio y litio que comprenden más de 424 mil hectáreas en Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila, expone en su página. En el conversatorio “Minería y energía: reflexiones geopolíticas de una relación tóxica”, Kirsten Francescone de Mining Watch, Canadá, afirmó que en México hay 6,223 km² de concesiones mineras de litio. Muchos proyectos especulan, pero los que sí tienen potencial son Bacanora (UK) en Sonora, las canadienses Organimax en Zacatecas y One World Lithum en Baja California.
“Tienen que sacrificarse para salvar al mundo del cambio climático” es algo que dicen las mineras a las comunidades, que el litio es un material necesario, criticó Francescone. Por su parte, Florencia Puente, “Minería y energía”, reitero que “el litio no es una minería diferente a la del oro, está basada en agua, sus impactos rompen el equilibrio hídrico y desaparece la vida. La estrategia de las empresas es cooptación y división de comunidades”. Esto no mejora nacionalizando, lo que se necesita es cambiar el modelo extractivo, era el consenso de las participantes en el conversatorio, el último del ciclo Soberanía energética para los pueblos, organizado por la Rosa Luxemburg Stiftung México.
El diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pavel Meléndez Cruz afirmó que es necesario que los poderes ejecutivo y legislativo firmen un nuevo memorándum de entendimiento con las empresas eólicas y las autoridades municipales que tienen parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, porque a pesar de sus ganancias no contribuyen al desarrollo social de las comunidades oaxaqueñas.
Manifestó además que empresas como Iberdrola pretenden la privatización del servicio de energía eléctrica y el estrangulamiento de la industria nacional energética. Informó que ya ha presentado ante la 64 legislatura un punto de acuerdo para que todas las empresas ubicadas en el Istmo sean solidarias con los habitantes de las comunidades en esta pandemia de COVID-19. Pero falta un acuerdo en como específicamente ellos se va a se va a contribuir al desarrollo social de las comunidades del Istmo.
Los parques eólicos generan una contaminación silenciosa. “Primero, la contaminación que producen a nuestras tierras los aceites que utilizan los aerogeneradores y, segundo, por el cambio que han producido en el ciclo de lluvias en el Istmo de Tehuantepec. Al crecer de manera exponencial los parques eólicos hemos tenido cambios de ciclos de lluvias, en donde las tierras de temporal han visto afectada su producción agrícola y este también es un impacto económico a la región y a la autosuficiencia alimentaria de sus habitantes”.
OAXACA, Oax. 9 de junio de 2020.- El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa dijo que la construcción del corredor interoceánico va a cambiar para siempre la realidad de Oaxaca y del sureste en México. El mandatario estatal informó que de los 5 tramos que comprenden el proyecto, con una inversión de 3,166 millones de pesos, 3 están en Oaxaca e impactará de manera positiva en el mediano y largo plazo, en beneficio de nueve municipios. Murat Hinojosa recordó que se realizan los trabajos de la escollera en Salina Cruz con una inversión de más de 1,500 millones de pesos. El Gobierno de Oaxaca espera que en septiembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncie la rehabilitación de las vías del tren interoceánico y de la escollera, así como de las 10 zonas francas o de bienestar. De acuerdo con las proyecciones de la empresa que realiza el plan de inversión, el gobernador de Oaxaca aseguró que del 2020 al 2050 se generarán más de medio millón de empleos, con inversiones que superarán los 20 mil millones de dólares. Las obras, continuó, generarán casi dos puntos del Producto Interno Bruto del país, lo que significa que será uno de los proyectos más importantes para el desarrollo de México; un motor de crecimiento y una oportunidad a más de un siglo de que lo proyectara el oaxaqueño Porfirio Díaz. “Es un proyecto incluyente que parte de abajo hacia arriba, de incorporar a los pueblos originarios, a los más desprotegidos y a todos los sectores de la sociedad oaxaqueña y mexicana”, destacó. El Istmo, dijo, tendrá un papel muy interesante, especialmente en el bloque de América del Norte con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio el próximo 1 de julio. “Son buenas noticias para Oaxaca, para la reactivación económica que es tan importante a raíz de la pandemia”, enfatizó.
Los habitantes de Santo Domingo Ixcatlán se constituyeron en asamblea permanente para la defensa de su territorio y los recursos minerales en especial de los pueblos indígenas mixtecos que son acechados por las empresas mineras, informó el presidente municipal, Bertoldo Bernabé García. Su preocupación parte de que durante los años 2006, 2007 y 2008, una empresa minera canadiense efectuó estudios en el suelo y subsuelo del territorio de Santo Domingo Ixcatlán, y que su base de operaciones es la comunidad de Yosondúa, contando con un grupo de técnicos que viajaban constantemente a territorio de Ixcatlán en un helicóptero.
Por tal razón, este domingo siete de junio la asamblea comunitaria decidió mantenerse en alerta al tiempo que se pronunciaron “en defensa de nuestra Madre Tierra, especialmente del territorio comunal de Santo Domingo Ixcatlán, que ya fue determinada legalmente en sentencia del Tribunal Unitario Agrario de Huajuapam de León, Oaxaca, en el expediente 3/1995 con fecha 3 de agosto de 1998”.
De igual forma, determinaron desconocer “cualquier acto, convenio, acuerdo” realizado por la familia de Freddy Eucario Morales y políticos del PRI. Durante 15 años, la familia Morales Arias ha generado diferentes problemas en la comunidad, que se incluye destituyó a las autoridades agrarias sin tener atribuciones y llegó a acuerdos turbios con empresas mineras, mismos que ahora son desconocidos.
Los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca y Veracruz, así como organizaciones, activistas y artistas, rechazaron la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para inaugurar y dar el “banderazo” a las obras del Corredor Transístmico, la cual está programada del 5 al 7 de junio, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. En un comunicado, 15 articulaciones istmeñas de Veracruz y Oaxaca, 79 organizaciones de todo el país, así como espacios internacionales y personalidades destacaron las irregularidades en torno al megaproyecto del Corredor Transístmico, como la falta de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, como lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la violación al derecho de la libre autodeterminación. Además, repudiaron que López Obrador “está aprovechando el confinamiento en casa por la pandemia” para imponer la militarización del país “y su propio concepto de proyectos esenciales para la nación, como el megaproyecto del Corredor Interoceánico, entre otros”. Por otra parte, denunciaron las consecuencias negativas que los megaproyectos y el exctractivismo han dejado en los territorios indígenas, como el incremento del crimen organizado, la violencia de género y los feminicidios, la devastación de los recursos naturales, empleos precarizados y pobreza. Por ello, llamaron a López Obrador “a realmente poner primero las necesidades de los pueblos y de los más pobres” y detener los megaproyectos en la región del Istmo.
Un nuevo informe acusa a compañías mineras de todo el mundo de aprovechar la pandemia de COVID-19 para avanzar en sus intereses, reprimir a comunidades opuestas a proyectos y presionar a legisladores y gobiernos. El informe, realizado por varias organizaciones no gubernamentales de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, señala que numerosas explotaciones mineras en todo el mundo están afectadas por brotes epidémicos del coronavirus, que afectan no sólo a los trabajadores, sino a comunidades indígenas y rurales. El informe se centra en cuatro «patrones para lucrarse» del COVID-19. Primero, ignorando el peligro que la enfermedad representa para trabajadores y habitantes de las comunidades. Segundo, reprimiendo las protestas y promocionando la expansión de las actividades mineras. Tercero, utilizando la pandemia para lavar la imagen de sus operaciones. Y finalmente, presionando a las administraciones públicas para que se produzcan cambios en las regulaciones. El informe incluye la situación actual reportada en México y cita casos de represión de protestas en Filipinas, Honduras, Turquía y Ecuador. El documento también señala un video distribuido en Brasil por órdenes del Tribunal Supremo del país en el que el ministro del Medio Ambiente describe la pandemia “como una oportunidad para eliminar regulaciones de política medioambiental”.
En México, a pesar de que la minería no se consideró una actividad esencial hasta el 1n
de mayo, las principales empresas mineras mexicanas, Grupo Frisco, Fresnillo e Industrias Peñoles, nunca suspendieron sus operaciones. Por ejemplo, en Zacatecas, donde opera Ocampo Mining Tayahua, una filial del Grupo Frisco y propiedad de Carlos Slim, las organizaciones campesinas y sindicales denunciaron a la empresa por continuar operando en la mina subterránea, prefiriendo pagar una multa antes que dejar de trabajar. Al menos dos trabajadores de la mina han dado positivo en la prueba de COVID-19. Los mineros también han estado protestando por los bajos salarios. (pag 10 de reporte)
Ni siquiera en el escenario de la crisis pandémica las transnacionales sacian su apetito leonino. Muchas de ellas preparan ya procesos contra algunos de los Estados que aplicaron leyes de emergencia para confrontar al COVID-19. Argumentan que sus intereses económicos se vieron perjudicados por medidas de protección social. Esas demandas a los Estados por parte de las multinacionales cuentan con un soporte jurídico: el mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS, en sus siglas inglesas). Dicho instrumento, presente en todos los tratados de protección de inversiones, permite demandar a los Estados que dicten leyes o decretos que afectan de una u otra forma las actividades comerciales de las multinacionales. No importa si dichas medidas fueron tomadas en condiciones de emergencia como la actual y en el marco, por ejemplo, del cataclismo sanitario más violento que haya padecido el planeta en su historia reciente.
Actualmente, preparan una avalancha de demandas contra los Estados apelando a los tratados de inversión, según un informe de CEO y TNI. Según la UNCTAD, existen actualmente más de 1000 demandas inversor-Estado a nivel mundial. Número que podría explotar a raíz de la pandemia. La organización ISDS Impactos publica un extenso estudio que afirma que Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, México y Perú son pasibles de 206 demandas -el 73% del total continental- de parte de grandes empresas. Algunos sectores que van a aprovechar de este media durante la pandemia son el secto r del agua (países como El Salvador o Bolivia, el Gobierno han dado acceso a agua corriente gratis a familias contagiadas) o el de la sanidad, con el control temporal de hospitales privados (como en España o Irlanda), lo que Quinn Emanuel (animando empresas usar el ISDS) consideran una expropiación indirecta, “incluso aunque los Gobiernos hayan costeado el uso de las instalaciones”. Juristas progresistas plantean una pregunta clave: “¿Por qué los agravios de los inversionistas frente a los Estados merecen una protección más sólida que la obligación de garantizar un nivel de vida adecuado a la población en general?”. Mientras, expertos de la ONU llaman a una moratoria de estas controversias.
El 26 de mayo, la minera canadiense Equinox Gold, dueña de Los Filos, cerca de Carrizalillo, municipio guerrerense de Eduardo Neri, confirmó que 51 personas resultaron positivas a COVID-19, de 605 pruebas realizadas entre su personal. Cabe recordar que al siguiente día del anuncio presidencial, sobre el regreso a la nueva normalidad, funcionarios de esta empresa convocaron a 500 trabajadores para que se presentarán a la mina. Sin embargo, la situación se salió de control porque desde el primer momento, en lugar de hacer un llamado progresivo a los trabajadores, se hizo de forma masiva. En la primera toma de muestra aplicaron 170 pruebas, cuyos resultados fueron sorprendentes porque se reportaron 42 casos de personas contagiadas, incluidas dos superintendentes de la empresa, que han estado dentro de la mina. A todos ellos, los regresó en sus camionetas sin garantizar que se aíslen en los lugares donde permanecerán. Tlachinollan alerta que “esta situación es grave porque la empresa minera diseñó su protocolo sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades y sobre todo de tomar medidas preventivas para evitar mayores contagios. Ahora resulta que tanto en la mina como en las mismas comunidades el coronavirus ha entrado”. En tiempos de pandemia, la minería tiene un problema sanitario grave, dado que es un sector en el que su fuerza de trabajo tiene mayores dificultades para practicar el distanciamiento social. Además, los pulmones son uno de los órganos más afectados por el virus y a la vez de los más castigados cuando se trabaja en una mina, por ello la combinación de ambos en un paciente compromete seriamente sus expectativas de recuperación.
Pese a que el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), declaró la nulidad de elecciones en San José del Progreso, por inconsistencias en la elección del pasado primero de diciembre, el edil depuesto Amador Vásquez Gómez, no aceptó la sentencia y sigue presentándose en el Municipio como autoridad, incurriendo en el presunto uso indebido del patrimonio municipal.
El TEEO resolvió anular los comicios de esa población del Valle Central que se rigen por Sistemas Normativos Internos. El pasado 17 de marzo, el Congreso del Estado, recibió un oficio del Tribunal Electoral, mediante el cual notificó el acuerdo contenido en los expedientes JNI/51/2020 y sus acumulados, en el que ordenaron al Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, para que a través de la Secretaría General de Gobierno, y al Congreso del Estado, realicen la designación de un Comisionado Municipal provisional.
Mientras, la ciudadanía de San José del Progreso se preocupa por como Amador Vasquez Gomez ha gastado el dineo del municipio en estos 5 meses. Precisa en un documento, “buscamos … [saber] como Amador Vásquez Gómez se gastó y regrese el dinero que ha recibido a la fecha a nombre del pueblo, pues han pasado ya 5 meses con este vacío de autoridad; que explique principalmente como se ha gastado el dinero por la renta de los vehículos del municipio.”
En tanto, sospecharon que el Comité Ciudadano de San José del Progreso, pudiera estar en contubernio con Amador Vásquez, pues lejos de exigir cuentas, ha rechazado que el Comisionado Municipal, trabaje con las agencias de la comunidad. No existe acción alguna respecto a la transparencia sobre el ejercicio de recursos del pueblo.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek que planteaba no amparar a comunidades indígenas ante las afectaciones que les genera la Ley Minera, luego de la exigencia de organizaciones de la sociedad civil que llamaron la atención sobre el documento. En un boletín, organizaciones y comunidades celebran esta decisión y expresan su esperanza que “el sentido del proyecto sea reconsiderado para que sea una decisión ejemplar, que garantice los derechos del Pueblo Maseual [Nahua] de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales correspondientes, y que declare la inconstitucionalidad de la Ley Minera”. El litigio emprendido por el Pueblo Maseual “busca solidarizarse y sumar esfuerzos a la lucha de los pueblos indígenas para poner fin a la violencia estructural, a la violencia de Estado”, afirman las organizaciones de la Sierra Norte de Puebla y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), al mismo tiempo que advierten a la SCJN que “por nuestra parte, seguiremos estando muy atent@s a sus análisis y argumentaciones en torno a nuestro caso”.
AMLO prometió que no se van a construir más presas, pero una nueva presa se intenta construir en el Río Verde
– La Empresa privada ENERSI S.A. de C.V. presenta por segunda vez el Manifiesto de Impacto Ambiental
– Comisión Federal de Electricidad realiza sobrevuelos en Corral de Piedra; Ixtayutla y San Lucas Atoyaquillo
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador expresó el 20 de enero de 2020 en su conferencia matutina “no se construirán nuevas presas, no se realizará la presa Paso de la Reina en Oaxaca”. Sin embargo, semanas después, el 20 de febrero de 2020, se publicó en la gaceta ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad regional, del Proyecto Hidroeléctrico para la generación de energía renovable PH Río Verde, promovido por la empresa privada ENERSI S.A. de C.V. En el año 2019, esta misma empresa había presentado por primera vez el estudio, mismo que fue negado el 29 de noviembre por la SEMARNAT ante las inconsistencias presentadas.
El día 8 de marzo un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad sobrevoló desde Pinotepa Nacional hasta Corral de Piedra y San Lucas Atoyaquillo, por lo que denunciamos estos actos de intimidación a la población y que posiblemente este relacionado con el nuevo proyecto.
El Gobierno Federal, Comisión Federal de Electricidad y empresas privadas como ENERSI insisten en plantear proyectos sin nuestro consentimiento y atentado contra una de las cuencas con más diversidad en Oaxaca. Instamos a la SEMARNAT y demás instancias del Gobierno Federal a respetar nuestra decisión.
Miles de personas y centenas de organizaciones (incluyendo el CNI y REMA) enviaron una carta el 11 de mayo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que les solicitan no aprobar el proyecto de resolución del amparo en revisión que valida la constitucionalidad de diversos aspectos de la Ley Minera que afectan a los derechos de pueblos y comunidades indígenas. El Amparo en Revisión 928/2019 del pueblo Maseual en la comunidad de Zacapitan, municipio de Cuetzalan del Progreso en Puebla. El proyecto de sentencia que podría ser analizado hoy, el 13 de mayo, por el pleno del máximo tribunal del país, fue propuesto por el ministro Javier Laynez Potisek y ha sido sumamente criticado.
“La resolución hace un muy amplio y detallado recuento de los estándares nacionales e internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, pero al momento de analizar la Ley Minera, se limita a afirmar sin mayor sustento que ‘el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados’. Consideramos errónea y jurídicamente sin sustento tal argumentación, ya que las comunidades y pueblos indígenas han sido testigos sobre cómo los actos administrativos basados en la Ley Minera han afectado sus territorios, formas de vida y derechos humanos”, advierten los firmantes de la misiva.
En septiembre de 2014, la asamblea indígena del pueblo Maseual empezó acciones jurídicas al para combatir la decisión de la Secretaría de Economía de entregar sus territorios en concesión para la explotación minera sin contar con su consentimiento y sin haber sido convocados a participar en un proceso de toma de decisiones que directamente les involucraba.
En una primera resolución en septiembre del 2018, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, determinó conceder el amparo a las comunidades indígenas afectadas respecto del otorgamiento de las concesiones mineras en sus territorios. Sin embargo, al tiempo que concedía el amparo evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Minera en la que la Secretaría de Economía se apoya para otorgar los títulos de concesión. Frente a la omisión del Juzgado, las comunidades indígenas afectadas presentaron un recurso de revisión que será resuelto en próximos días por la Suprema Corte.
“Es preocupante que la limitada interpretación sobre la Ley Minera sea un mal precedente para otros casos, en los que los pueblos y comunidades indígenas han emprendido acciones jurídicas ante los conflictos socioambientales que la minería ha generado en sus territorios”, señalan en la carta.
Las industrias automotriz, minera y de la construcción se encuentran listas para la reapertura de actividades a partir de 13 de mayo y sólo espera la publicación oficial para arrancar, luego de que el Consejo de Salubridad General (CSG) aprobara su retorno como actividad esencial dentro de la economía mexicana, al contribuir con más de 10% al PIB nacional.
Durante su tercera reunión de la sesión permanente, el CSG aprobó cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención frente al Covid-19, entre ellas la demanda del sector industrial para homologar actividades con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, con lo cual se da el retorno a la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte (se considera a la industria automotriz, aeroespacial, ferroviaria y naviera) como actividades esenciales dentro de la economía mexicana, luego de estar paralizadas durante la cuarentena para evitar contagios del Covid-19. Los otros acuerdos son: el hecho de que se liberan restricciones para actividades escolares y laborales en 300 municipios sin contagio que tengan vecindad con demarcaciones también libres de contagio y que todas las empresas y establecimientos aplicarán medidas sanitarias de manera obligatoria en el entorno laboral, las cuales serán emitidas por la Secretaría de Salud, el IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Afectados por la Minería (Rema) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechar el proyecto de resolución elaborado por el ministro Javier Laynez respecto de la constitucionalidad de la Ley Minera y discutir sobre las diversas violaciones de derechos humanos que resultan de esa legislación. A unos días de que la SCJN discuta la constitucionalidad de la Ley Minera, la Rema expuso que esa legislación facilita el modelo extractivo minero en detrimento de los territorios de las comunidades indígenas, de la salud y del medio ambiente. También el investigador Francisco López Bárcenas advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vota a favor y sin modificaciones el proyecto del ministro Javier Laynez Positek, que desprotege a las comunidades indígenas de Puebla frente a las mineras, el mensaje que enviará el Máximo Tribunal del país es que en México los pueblos no tienen derechos. Cabe recordar que en septiembre de 2014, la asamblea indígena del pueblo Maseual en la comunidad de Zacapitan, municipio de Cuetzalan del Progreso en Puebla, instruyó al Consejo Maseual Altepetajpianij a llevar a cabo las acciones legales necesarias para combatir la decisión de la Secretaría de Economía de entregar sus territorios en concesión para la explotación minera sin contar con su consentimiento.
La Cámara Minera de México presentó el mapa “La Huella Minera Contra el Covid-19” en su reporte semanal que especifica las acciones que han realizado la industria minera para enfrentar la emergencia sanitaria de Covid-19 en que están participando 23 empresas en más de 16 entidades del país. La industria hablo de como esta en “solidaridad” con las comunidades que incluyen la fabricación de cubrebocas, la entrega de ayuda alimentaria, y por parte de Cuzcatlan la creación de un fondo para emergencias comunitarias que cubrirá medicamentos y productos de la canasta básica.
Todo eso fue parte de la estrategia de la industria minera para convencer el gobierno de su sumamente importancia en la economia en Mexico, como una industria “transversal y estratégica para la reactivación de la economía.” Además argumentaron que es una industria básica dentro de las cadena productivas integradas entre los países de América del Norte.
La mayoría de las comunidades donde están ubicadas actividades mineras actualmente no tienen casos de Covid-19 o con números de casos muy bajos. Un regreso de minería significaba mucha gente de afuera entrando sus comunidades que implicaría un riesgo grande de contagias en sus comunidades.
El gobierno de Oaxaca confirmó que trabaja de la mano de la Federación para definir las 10 zonas francas que se asentarán a lo largo de todo el Corredor Interoceánico proyecto emblema de Andrés Manuel López Obrador para región del Istmo de Tehuantepec.
A la salida de Palacio Nacional , el gobernador Alejandro Murat informó que estas 10 zonas libres de impuestos , cinco estarán en territorio oaxaqueño y el resto en Veracruz .
Previamente durante la conferencia matutina el presidente López Obrador informó que las empresas que se instalen en el Corredor del Istmo, se les reducirá el pago ISR, IVA y otros apoyos para fortalecer la region y “crear muchos empleos “
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente las instalaciones de la mina de plomo y zinc de Exportaciones de Minerales de Topia (EMITSA), en Durango, donde el pasado 1 de mayo se registró un derrame en la presa de jales. El 1 de mayo la minera informó que a las 5:20 horas ocurrió un derrame de 5 mil litros de jales en sus instalaciones, conteniendo sustancias químicas, sin embargo, con base en una visita de inspección en San José de Los Manzanos, en el municipio de Canelas, personal de la Profepa ha estimado que el derrame fue de aproximadamente 5 millones 780 mil litros de jales líquidos en las inmediaciones del río Humaya, Durango.
Inspectores de la representación de la Profepa en la entidad, han actuado en el sitio del derrame y han recorrido las zonas afectadas, para recabar elementos del daño ambiental, lo ha motivado que impongan como medida de urgente aplicación, la clausura total temporal de la operación de la empresa. De acuerdo con la autoridad ambiental, la presa sufrió una ruptura por llegar a su límite de capacidad, lo que ocasionó que parte de un camino vecinal quedara cubierto de metales pesados, así como una superficie de casi ocho mil metros cuadrados de una propiedad privada en la que había presencia de pino y encino. También se observó que a mil metros aguas abajo de la presa, había jale impregnado sobre el cauce del Arroyo San Bernabé y en una longitud de 2 km sobre su margen del mismo. La contaminación se extiendió hasta la localidad de San Bernabé.
“La ruptura de una presa de jales por sobresaturación implica negligencia y una gestión deficiente e irresponsable por parte de la empresa y de las autoridades responsables quienes deberían de supervisarse de forma preventiva”, agregó REMA. Representantes de la CONAGUA aseguraron en entrevista con Imagen TV que los jales tóxicos no llegaron al río y que el derrame no provocó afectaciones al sistema de abastecimiento de agua potable en las comunidades aledañas a San José de Los Manzanos. Sin embargo, circulan videos que demuestran las afectaciones a los ríos. Mientras, el agua contaminada corre hacia presas de los estados de Durango y Sinaloa.
En San Mateo del Mar, durante la noche del 2 de mayo del 2020, personas con armas de alto calibre dispararon en la carretera a la altura de la Agencia Municipal de Huazantlán del Río, dispararon también en la comunidad de Huazantlán, en las colonias Juárez y Costa Rica. Dicha agresión se dio en contra de pobladores que resguardaban la entrada al municipio, como medida de prevención para mantener el cerco sanitario en el marco de la pandemia de COVID 19. Como consecuencia de este ataque varias personas resultaron heridas, fueron quemados vehículos y cuatro casas. Entre ellas, la casa del Agente Municipal José Luis Chávez y las oficinas de la Agencia Municipal de Huazantlán del Río. “Hemos sido informados también que fue asesinado el suplente del Agente Municipal, el C. Filemón Villalobos y que pobladores fueron secuestrados, golpeados y torturados”, señalan organizaciones sociales y civiles en su boletín de prensa, donde exigen la intervención de los gobiernos estatal y federal. En una acción urgente, también el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C. hace un enérgico llamado a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para atender urgentemente esta situación y no hacer caso omiso estos hechos reprobables que puede desbordarse aún más por la tensión que se vive actualmente. Dicha situación de violencia se da en el contexto de las recientes elecciones en 2019, así como en un clima de incertidumbre, chismes, difamación y deslegitimación en contra de personas defensoras, en particular mujeres que defienden sus derechos como pueblo indígena ikoots y se han opuesto a la imposición de megaproyectos en la zona, como son los parques eólicos y el Corredor Transístmico.
(Salina Cruz, Oax., Autoridades federales encabezadas por Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa (en videoconferencia desde la capital del estado) y los alcaldes de los gobiernos municipales involucrados, instalaron el Comité Regional para la Atención Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Se trata del complemento al proyecto federal –de los principales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador– que busca reactivar la economía sur-sureste, por lo que con la conformación del comité y la firma de minutas se pondrán en marcha acciones encaminadas al desarrollo integral de esa región oaxaqueña.
La reunión se llevó a cabo en el salón de usos múltiples de las instalaciones de la Administración Portuaria Industrial (API) en Salina Cruz, Oaxaca; también asistieron José Sánchez Pérez, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; Pedro Matar Orraca, enlace del gobierno estatal con el CIIT; Roberto Mendoza Sánchez, director de la API de ese puerto y, como invitado de honor, el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes.
Los alcaldes istmeños que asistieron y asentaron sus firmas en la minuta de acuerdo son: Alfredo Juárez Díaz, de Matías Romero; Emilio Montero Pérez, de Juchitán de Zaragoza; Juan Carlos Atecas Altamirano, de Salina Cruz; Rogelio Cheng, de Ixtepec; Azael Matus Toledo, de El Espinal; Óscar Toral Ríos, de Asunción Ixtaltepec; René Antonio Cruz Ermida, de Santa María Mixtequilla; Vilma Martínez Cortés, de Tehuantepec; Antonino Morales, de San Blas Atempa; María Francisca Antonio Santiago, de San Pedro Comitancillo, y Raynel Ramírez Mijangos, de San Juan Guichicovi.
Matar Orraca informó que el 21 de marzo se inició la obra de modificación de las vías férreas, las cuales tendrán cinco tramos, pero para su avance requiere el apoyo de los gobernantes municipales.
Exhortó a los alcaldes a que designen a un representante para que, en lo posterior, sean los que participen en reuniones y acuerdos de este megaproyecto económico.
Por su parte, Rafael Marín Mollinedo, director general del CIIT, pidió a los ediles que atiendan las demandas de la ciudadanía, porque se le ha enterado de algunas situaciones adversas al proyecto.
Si la gente manifiesta inconformidad no se va hacer esta obra; es importante la participación de todos y ustedes tienen que ser y contar con los líderes que ayuden a minimizar las quejas; lamentablemente demandas añejas están saliendo a relucir, están aprovechando el momento para que sean atendidas, por ello les pido su apoyo.
Mediante una videoconferencia, el mandatario estatal, Alejandro Murat, aseguró que la reunión establece un precedente y pasará a la historia debido a que con la firma de acuerdos se busca reactivar la economía de una zona donde se requiere urgentemente empleo.
Por su parte, el presidente municipal juchiteco, Emilio Montero Pérez, reveló que existen algunas quejas y aspectos que es necesario atender al respecto de la megaobra, pero aclaró que está de acuerdo en el proyecto de la Cuarta Transformación.
En una entrevista el CEO de Gold Resource Corporation, dueños de la mina El Aguila en el Municipio de San Pedro Totolapam, Distrito de Tlacolula dijo que es una lastima que en el contexto de la pandemia de Covid-19 la industria minería no está considerado un negocio essencial en México como en Canadá y los EEUU. Pago todos sus trabajadores por el mes de abril y esperan que en mayo pueden regresar a trabajar.
Dijo, “Cuando el gobierno mexicano evalua quién puede reiniciar sus negocios primero, espero que analicen la minería. Las operaciones a menudo se ubican también en áreas rurales. Esto significa que una vez que todos están en el sitio y no han traído el virus, las minas se convierten en una de las áreas más seguras. Esta es la razón por la cual la minería debe estar en la parte superior de la lista para reiniciar primero, independientemente de que el gobierno no vea la minería como un negocio esencial.” De repente no considera el riesgo para las comunidades donde operan sus minas, que gente que afuera puede traer el virus y contagiar su comunidad.
En medio del confinamiento por la pandemia de #COVID19, la UE concluyó el 28 de abril la negociación del tratado neoliberal con México “que busca más megaproyectos, extraer más petróleo, aumentar las privatizaciones, destruir la soberanía alimentaria y más abusos corporativos”, alerta el activista Tom Kucharz. Organizaciones de la sociedad civil europea que participaron en la Caravana “Toxic Tour” sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México también expresan su “profunda preocupación ante el cierre del acuerdo renovado de comercio entre la Unión Europea y México”, y exigen un cambio radical en la política europea comercial y de inversiones. El acuerdo constituye una actualización del TLC firmado en el año 2000 y pretende extenderse hacia sectores como las finanzas, el comercio electrónico y la agricultura. Se trataría del primer acuerdo de libre comercio, firmado entre la Unión Europea y un país latinoamericano que incluye el capítulo sobre protección de las inversiones. Esto implica otorgar a las empresas transnacionales el derecho exclusivo de desafiar las decisiones democráticas de los Estados, impugnando por ejemplo legislaciones de interés público. Alertan que el nuevo acuerdo “permitirá asegurar la impunidad de las empresas transnacionales
Presuntos integrantes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, adscritos a la Casa de Justicia de Mazapil, citaron al campesino Roberto de la Rosa de Ávila, delegado municipal de Salaverna, mediante un escrito dejado en la puerta de su casa. De la Rosa Ávila encabeza la defensa de su comunidad contra la mina Ocampo Mining Tayahua, filial de Grupo Frisco, del magnate Carlos Slim Helú. El activista narró vía telefónica a La Jornada que la semana antepasada fue objeto de amenazas y provocaciones por ingenieros y otros trabajadores de la minera, que invadieron tierras de su propiedad para hacer trabajos de exploración minera. En una segunda incursión, desesperado, sacó una pistola de calibre reglamentario (que usa para defenderse de bandoleros) y con ella amagó a los trabajadores de la minera que seguían explorando en su terreno. Sólo así lo escucharon y abandonaron sus tierras. Por esa acción, la compañía habría interpuesto una denuncia penal en su contra. Su abogado Efraín Arteaga Domínguez denunció el hecho y acusó a la minera de intentar encarcelar al hombre, mediante el acoso y presiones, para arrebatarle sus tierras y abrir en el sitio una mina a cielo abierto.
Este 21 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la asignación que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, específicamente a la empresa Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y explotar la vía ferroviaria Tren Maya.
“Asignación que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en favor de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., para construir, operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya”, precisa el DOF.
La publicación detalla que el Tren Maya es una prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, y que la asignación por parte de la SCT incluye los permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos.
QUIENES SUSCRIBIMOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN EJIDAL DEL NÚCLEO AGRARIO DENOMINADO MOGOÑE VIEJO. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO D SAN JUAN GUICHICOVI, ESTADO DE OAXACA, COM FUNDAMENTO A LOS ARTÍCULOS 1,7 y 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NOS DIRIGIMOS A USTED C.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA DE LA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA CON LA FINALIDAD DE INFORMARLE LO SIGUIENTE :
El ambientalista Adán Vez Lira, integrante de la cooperativa La Mancha en Movimiento, fue encontrado asesinado el 8 de abril en un camino que comunica a la comunidad de La mancha y Palmas de Abajo. Adán Vez Lira promovía el Festival de Aves y Humedales que tenía la finalidad de sensibilizar a la población sobre el cuidado de las aves de la región y los manglares. La Directora Regional Oficina Golfo de México del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Ximena Ramos Pedruza, lamentó el asesinato y recordó que Adán Vez Lira también trabajó en la defensa del territorio contra la minería a cielo abierto. Por su parte, integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) denunciaron recientemente que las empresas mineras Almaden Minerals y Candelaria Minning han causado daños a manantiales y pozos de Actopan y Alto Lucero. Adán Vez Lira dio voz a la comunidad y dijo “no” a la instalación de minería en la sierra de Chiconquiaco. El ano pasado durante una reunión de ecoguías con el subsecretario de minería Francisco José Quiroga Fernández. “Le dijo que no queríamos minas. Que esta es una zona sagrada, que tiene una biodiversidad de más de 300 especies”, explica su companero Guillermo Rodríguez.
Desde 30 de marzo, el gobierno federal anunció que la mayor parte de las industrias en México detendrían debido a la pandemia de Covid-19. El sector minera se queda sorprendido que se queda fuera de las industrias esenciales durante la pandemia. Alerta a los demás en contra de cerrar las minas por factores económicos y de salud. Advierten que su industria aporta más del 8% del Producto Interno Bruto Industrial del país y paralizarla provocará grandes pérdidas económicas, para los 370,000 trabajadores, e indirectamente a unos 2 millones de mexicanos que tienen trabajo que depende en la industria.
Justifican su opinión de seguir operando en contra de los consejos de expertos de salud público porque proveen materia prima para productos que utiliza el sector salud. Unos de estos son cobre para conducir electricidad para ventiladores, sal que se usa en la elaboración de cloro y sosa, y fluorita que se usa en la producción de inhaladores para gente con asma. “Mantener funcionando o no las minas no es una decisión fácil, pero contar en todo momento con la materia prima, necesaria para la producción de herramientas y utensilios indispensables en el combate a esta pandemia, son nuestro mejor aliado.”
Como muchos otros empresas, industrias, y gobiernos, la industra minera esta propagando “la narrativa de ‘los mercados tienen miedo’, ‘la economía está enferma’, se asume una responsabilidad colectiva de ‘curar’, ’rescatar’, ‘fortalecer’ al sistema económico para que vuelva a su crecimiento ‘natural’. Están las empresas y gobiernos de racionalidad egoísta que han optado por la vía del cinismo justificando ‘servicios de uso primario’ la explotación laboral, continúan operando sin medidas sanitarias mínimas, cosa que ha llevado a indignación popular y en algunos casos a huelgas.”
La pandemia del Covid-19 demuestra claramente como una sistema neoliberal y capitalista que crean y mantienen desigualdad hacen más daño y ponen en más riesgo nuestra sociedad. Pero, las empresas están promoviendo “el ‘activismo empresarial’, que usa la catástrofe para publicitarse y quedar bien parado por ser socialmente responsable. Los bancos que aplazan las deudas, las empresas que donan equipo médico y ponen sus logos en los hospitales.”
La empresa minera Grupo México es un ejemplo de eso, entregó 13 ventiladores respiratorios al Hospital General de Cananea, en Sonora. El Hospital General, contaba solo con 5 de ellos, por lo que, con este apoyo se cuenta ya con 18 respiradores en el nosocomio. El Presidente Municipal agradeció el apoyo de Grupo México. Actualmente no hay casos del Coronavirus en Cananea. También, Grupo México entregaron 8,000 kits higiene y limpieza a las familias de las comunidades donde operan para evitar más contagios. Los kits contienen gel antibacterial, jabon, cloro, cubre bocas, guantes, un termómetro e información preventiva.
“Desde el inicio de la contingencia hemos difundido también decenas de piezas de información veraz y oportuna en domicilios, puntos estratégicos de las comunidades y a través de medios digitales, en las cuales se describen los protocolos y medidas sanitarias más eficaces para la prevención de los contagios recomendadas por los gobiernos a partir de las iniciativas de #SanaDistancia y #QuédateEnCasa”, destaca el comunicado.
Subrayaron que en las comunidades donde operan: Cananea, Nacozari, Esqueda y Guaymas, en Sonora, así como en Charcas, San Luis Potosí y en Santa Bárbara, Chihuahua, instalaron más de 110 lavamanos en ubicaciones estratégicas al alcance de los ciudadanos, para promover esta medida de higiene personal y fundamental para frenar la epidemia.
La Compañía Minera Cuzcatlán anunció la suspensión temporal de sus operaciones, en acato a las indicaciones de la Secretaría de Salud ante el Covid-19. Hasta el momento, no se han reportado casos confirmados ni sospechosos entre sus colaboradores.
«(La empresa) confía en que se reanuden (las operaciones) en el momento oportuno para salvaguardar la salud de la población y minimizar impactos negativos a la economía nacional y en particular de San José del Progreso y las comunidades en las que opera», manifestó la minera, subsidiaria de Fortuna Silver Mines, en un comunicado.
El proceso de suspensión de las labores de producción dio inicio el 3 de abril y quedará culminado al cien por ciento en dos días más. El cierre será efectivo por las cuatro semanas dictadas por las autoridades. No obstante, se mantendrá personal de la unidad minera para seguridad y mantenimiento. Los trabajadores fueron enviados a su casa con su último pago íntegro.
Por otro lado, se continuará con la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ocotlán de Morelos, que provee al Municipio de agua tratada para riego de jardines y baños públicos, así como con el cuidado de las especies en el vivero interno de la compañía y de las hectáreas reforestadas en marzo. Los programas comunitarios también permanecerán junto con el apoyo a ocho centros de salud en San José del Progreso y sus agencias con insumos médicos como guantes, tapabocas, desinfectante y termómetros digitales, entre otros
Por otro lado, se continuará con la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ocotlán de Morelos, que provee al Municipio de agua tratada para riego de jardines y baños públicos, así como con el cuidado de las especies en el vivero interno de la compañía y de las hectáreas reforestadas en marzo. Los programas comunitarios también permanecerán junto con el apoyo a ocho centros de salud en San José del Progreso y sus agencias con insumos médicos como guantes, tapabocas, desinfectante y termómetros digitales, entre otros.
“Las personas no aparecen muertas. A las personas se las encuentran asesinadas”. Raúl Ruiz de Colunga, representante del Círculo Diverso de México, habla sobre el asesinato de Karla Valentina Camarena, activista trans asesinada a balazos el domingo 30 de marzo en Guanajuato. La violencia no ha disminuido en México a pesar de la pandemia de coronavirus y la última semana fue especialmente trágica para los defensores.
En apenas ocho días murieron en circunstancias violentas tres activistas. El 22 de marzo, en El Salvador, Zacatecas, fue hallado el cuerpo de Paulina Gómez, “guardiana del territorio sagrado de Wirikuta, y amiga del pueblo wixárika”. Un día después, el 23 de marzo, en Jiutepec, Morelos, fue asesinado a balazos Isaac Medardo Herrera Avilés, abogado y defensor del territorio. El asesinato de Karla Camarena tuvo lugar cuando salía de un local de su propiedad, conocido como La Valentina, ubicado en San Felipe, Guanajuato. Ahí fue perseguida por una camioneta y, posteriormente, atacada a balazos. Guanajuato es un estado que no reconoce el cambio de identidad en las personas trans. Esta había sido una de las principales reclamaciones de Karla durante toda su vida. Tras su asesinato, la mujer volvió a enfrentar esa falta de reconocimiento. Según denunció Rubí Suárez Araujo, activista trans y antigua regidora en el ayuntamiento de Guanajuato, la fiscalía habló de “víctima de sexo masculino” cuando reportó sobre el asesinato de la activista trans.
Falta de camas en los hospitales, colapso de los sistemas de salud, millones de trabajadores sin seguridad social, pérdida de empleos y hambre durante la cuarentena: el Coronavirus arrasa en un mundo erigido sobre la base de políticas neoliberales. Expertos en políticas publicas, médicos y estudiosos de las ciencias sociales apuntan a la responsabilidad del modelo económico y político de nuestro tiempo: “Esta crisis debe permitirnos salir del neoliberalismo en todos sus niveles”, estima el sociólogo y filósofo francés Edgar Morin. Mientras, el intelectual estadunidense Noam Chomsky rechazó versiones de que el coronavirus se haya propagado intencionalmente con fines políticos, como se ha especulado en diversas partes del mundo. Sin embargo, sostuvo que el colapso de los sistemas de salud ante la crisis se debe a los gobiernos neoliberales de muchos países y culpó al presidente estadunidense Donald Trump de minimizar la situación y arriesgar la salud de millones de personas. En entrevista con el diario italiano Il Manifesto, añadió: En general, esta crisis es otro ejemplo importante del fracaso del mercado, al igual que lo es la amenaza de una catástrofe medioambiental. El gobierno y las multinacionales farmacéuticas saben desde hace años que existe gran probabilidad de que se produzca una grave pandemia, pero como no es bueno para las ganancias prepararse para ello, no se ha hecho nada.
Mil 500 personas que viven en el Barrio del Parque, en la agencia de San Felipe del Agua de Oaxaca de Juárez, han prolongado por dos y hasta cuatro meses la espera del servicio de agua que suministra el Comisariado de Bienes Comunales. Vecinos denunciaron que la escasez de agua por la falta de lluvias en la temporada 2019 se recrudece por el crecimiento desordenado de la mancha urbana. Y así como en San Felipe del Agua, en todo Oaxaca escasea el vital líquido. Ahora, como medida de prevención de contagio con el Covid-19 o coronavirus, las autoridades sanitarias recomiendan lavarse las manos con jabón y agua corriente por 20 segundos, a fin de eliminar el virus, sin embargo, en Oaxaca, el agua no es suficiente. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al menos el 58.3 % de la población en Oaxaca tendrá algún tipo de complicación para cumplir con las acciones preventivas para evitar contagios por el Covid-19, toda vez que carecen de agua potable en sus viviendas. Además, la prolongada sequía que se vive en los Valles Centrales y el alza en combustibles, son factores que han encarecido el agua por pipas. Una pipa de 10 mil litros tiene un costo promedio de mil 100 pesos, lo que significa un aumento de 50 % en pocos meses
La seguridad hídrica y la rentabilidad son los talones de Aquiles del plan de modernización de 60 centrales hidroeléctricas trazado en México por el gobierno Andrés Manuel López Obrador. El sistema hidroeléctrico mexicano se enfrenta a la amenaza de la sequía, una de las secuelas de la crisis climática desatada por la extracción y quema de combustibles fósiles y a la cual México es muy vulnerable. Además, la mayoría son instalaciones para generar electricidad construidas hace más de 50 años, por lo cual su actualización conlleva desafíos técnicos y de viabilidad. López Obrador ha repetido insistentemente en el mantenimiento de estos centrales de generación, por ser parte del patrimonio mexicano. Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de la no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, consideró que el plan de renovación es adecuado, pues evita los daños derivados de construir una instalación. “Modernizar hidroeléctricas y dar mantenimiento es una buena idea. Hay algunas plantas que aguantan su modernización y se volverán más eficientes en el uso de agua y la producción”, dijo la activista a IPS. Pero advirtió de la necesidad de “una buena planeación hídrica de fondo” que tome en cuenta factores climáticos y así verificar si vale la pena modernizar algunas centrales. Cabe destacar que hoy en día, la hidroenergía no puede competir económicamente con la energía eólica y la solar, por lo cual sólo puede servir de respaldo en horarios de alto consumo o los embalses pueden funcionar de almacenamiento para temporadas críticas.
Más de 30 representantes comunitarios de 12 municipios de Oaxaca y Veracruz denunciaron que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para el Corredor Transístmico está plagado de irregularidades y errores que fueron reconocidos incluso por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que rechazaron la imposición del megaproyecto en sus territorios. En una reunión con funcionarios de la Semarnat e integrantes de la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), los representantes comunitarios de 34 poblados denunciaron que entre las irregularidades y violaciones a sus derechos como pueblos indígenas se encuentra la premura con la que se realizó la consulta federal sobre el Corredor, pues esta no fue libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De igual forma, señalaron que en el proceso se ocultó información sobre los impactos sociales y ambientales del megaproyecto en las comunidades, así como que no fueron tomadas en cuenta las voces de las mujeres indígenas. “Queremos reafirmar que las voces de las mujeres no han sido escuchadas; sabemos que la empresa FIT oculta información sobre los impactos sociales y ambientales en contubernio con la Semarnat; por eso exigimos que no se apruebe el megaproyecto”, dijo la defensora comunitaria de San Juan Guichicovi, Juana Inés Ramírez Villegas.
Al resolver un juicio de amparo, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado ordenó dejar sin efecto una concesión minera entregada a la empresa estadounidense Zalamera, S. A. de C. V., en jurisdicción de la comunidad chontal de Santa María Zapotitlán, perteneciente a Santa María Ecatepec, en la Sierra Sur, por afectarse los derechos indígenas de sus habitantes.
Santa María Zapotitlán presentó un juicio de amparo, el 18 de diciembre del 2018, para impugnar el título minero 238447 Zapotitlán 1, porque fue expedido por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, el 23 de septiembre del 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, sin respetar su derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, al territorio, a la libre determinación, al desarrollo desde su propia cosmovisión y a la información pública.
Sin embargo, el Juzgado dejó vigente la solicitud de concesión y ordenó a las autoridades responsables efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborado por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica.
El 5 de marzo, el corte emitió un amparo para prevenir la cancelación de una de las concesiones de FSM para la mina de San José hasta que el corte decida sobre regalías en disputa entre FSM y el Servicio Geológico Mexicano (SGM). En 2017, SGM avisó FSM que los dueños previos de la concesión prometió SGM una regalía de 3% de valor de los minerales obtenidos de la concession. Los autoridades están pidiendo más de $30 millones de dolores más impuestos. En 2018, FSM empezó un proceso jurídico contra la Dirección General de Minas (DGM) para terminar las regalías y en enero de 2020 recibió noticia del DGM para cancelar las concesiones. Este semana, las cortes emitió el amparo para prevenir la cancelación mientras resuelven la cuestión de las regalías. Si pierden en las cortes tendrán pagar la regalía al SGM.
El dirigente indígena Jhery Rivera fue asesinado en Potrero Grande de Buenos Aires de Térraba, en la comunidad de Mano de Tigre, por terratenientes durante un ataque en tierras ancestrales recuperadas, denunció la Federación Ecologista Costarricense (FECON). La Cruz Roja informó del fallecimiento de Jhery Rivera, de 45 años, quien presentaba un impacto de bala. Por su parte, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), denunció “la violencia racista que ha perpetrado un nuevo asesinato” y exige al Estado/Gobierno de Costa Rica “que actúe como corresponde y haga cumplir las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos”. Desde el domingo 23 de febrero grupos de terratenientes “llegaron a Térraba a intimidar y a agredir a personas indígenas de las 4 nuevas recuperaciones territoriales. Estas 13 familias recuperantes han sido testigos del racismo, dieron Alerta Temprana informando que los usurpadores actúan por xenofobia a los Pueblos Indígenas y han sido testigos de estrategias premeditadas de los No Indígenas para perpetrar actos de despojo y violencia amparados por la inoperancia estatal”, afrima FRENAPI. Cabe recordar que en marzo 2019 fue asesinado el dirigente indígena Sergio Rojas de la Comunidad bribri en Salitre.
El ejido de Tenextepango, en Ayala, Morelos, logró una nueva suspensión de plano de la termoeléctrica de Huexca, para proteger el caudal de mil 158 litros por segundo del río Cuautla, que se suma a otras suspensiones logradas por al menos tres ejidos más en ese municipio, lo que acumula los recursos que mantienen a la planta productora de energía sin operar. En conferencia de prensa, ejidatarios informaron que el pasado 18 de febrero el juez sexto de distrito del estado de Morelos decretó la suspensión de plano para efecto de que “no se altere, modifique, desvíe y/o cambie el rumbo de las aguas del río Cuautla, con el objeto de que sigan alimentando los canales de riego que pasan por el ejido inconforme, los cuales dotan al mismo de mil ciento cincuenta y ocho litros de agua por segundo”. Juan Carlos Flores Solís, asesor legal e integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y el Aire Morelos, Tlaxcala y Puebla, detalló que la medida otorgada por el juez implica la suspensión de cualquier tipo de acción u obra que pueda afectar al ejido hasta que concluya todo el proceso del amparo que consiste presentación de pruebas, resolución del amparo y revisión. “Calculamos que se llevara todo el proceso entre cuatro o cinco años y esto podría detener el Proyecto Integral Morelos (PIM)”, sentenció el abogado.
Pueblos, comunidades, organizaciones, sindicatos y colectivos se constituyeron el 22 de febrero en la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, para convenir acuerdos y lograr consensos de lucha en defensa de manera pacífica de la madre tierra, de sus culturas y de sus formas de organización propias. Representantes de unas 50 comunidades y 20 organizaciones civiles y sociales integraron a esta asamblea estatal que formó parte de las Jornada de lucha “Samir Somos Todas y Todos”. “La visión de desarrollo del capitalismo neoliberal, es totalmente opuesta a nuestra forma de vida, porque nos impone saqueo, despojo, miseria, destrucción y muerte”, afirmó la comunera de San Pablo Cuatro Venados Petra Miguel Vásquez.
Denunciaron los megaproyectos, especialmente el Corredor Interoceánico, que convertirá el Istmo “en una gigantesca zona que no solo será de transporte de mercancía global, sino productora de materia prima, con grandes parques de maquiladoras para explotar la mano de obra de nuestros Pueblos y nuestros hermanos migrantes”. A partir del reconocimiento de la Asamblea Comunitaria como pilar fundamental de los Pueblos de Oaxaca, esta Asamblea Oaxaqueña se declara en sesión permanente, impulsará asambleas regionales, organizará una segunda asamblea estatal el 22 de julio y prepara una Movilización Estatal Masiva el día 12 de octubre del año 2020, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular.
La constitución de la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, formó parte de las Jornadas de lucha «Samir Somos Todas y Todos», convocadas por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al conmemorarse un año del asesinato del activista morelense, Samir Flores Soberanes. Tambien, lo honoró con un mural, altar, y bloqueo en Oaxaca.
Ejidatarios de San Pedro Totolápam, adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción Similares y Conexos, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), rechazaron la invasión de territorios ajenos a su comunidad, como parte del proyecto minero que ahí desarrolla la empresa Don David Gold S.A. de C.V. Los sindicalizados negaron que los trabajos afecten a otras comunidades cercanas, como lo manifestaron los habitantes de San Pedro Quiatoni. Defendieron los trabajos de la empresa extranjera debido a la creación de empleos directos e indirectos que se generan.
Los ejidatarios de San Pedro Totolápam afirmaron que el proyecto de minería se desarrolla de forma exclusiva en su territorio ejidal y autónomo. Además, indicaron que desde el inicio de los trabajos se han mantenido vigilantes de que la empresa Don David Gold S.A. de C.V. respete los límites, las disposiciones legales ambientales y las disposiciones ejidales, municipales, estatales y federales a fin de mantener el orden social.
Sin embargo, los inconformes de la población vecina de San Pedro Quiatoni, advierte trabajos subterráneos que llegan hasta su comunidad, lo cual fue evidenciado ante la intención de la empresa de abrir “respiraderos” para la mina en su territorio comunal, el cual lo han declarado “Zona protegida” contra ese tipo de proyectos.
El Juzgado Primero de Distrito en el Estado concedió la suspensión de plano a la comunidad zapoteca de San Pedro Quiatoni en el juicio de amparo presentado para que la compañía Don David Gold, subsidiaria de la empresa minera estadounidense Gold Resource Corp (GRC), y dos empresas canadienses cancelen sus trabajos de explotación de la mina El Águila en su territorio, por la violación de sus derechos durante la entrega de 10 concesiones en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el expediente 178/2020, el Comisariado y el Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales, así como el Comité Pro-Defensa del Territorio de esa municipalidad de la región de los Valles Centrales, recurrieron a ese medio de control de la constitucionalidad, porque la Secretaría de Economía quebrantó sus derechos a la tierra y el territorio, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, así como a un medio ambiente sano. Toda vez que otorgaron las asignaciones mineras en el 2013 sin haber respetado el derecho al territorio, ni el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. La resolución implica que Don David Gold, Minerales El Prado (subsidiaria de Chesapeake Gold Corp., Vancouver) y Desarrollos Mineros San Luis (subsidiaria de Goldcorp, Vancouver) no podrán continuar sus trabajos para excavar, barrenar, abrir túneles y explotar los recursos minerales en la superficie y subsuelo de tierra propiedad de San Pedro Quiatoni. Pues, si bien la boca de la mina se encuentra en territorio de San José de Gracia, perteneciente al municipio colindante de San Pedro Totolapan, las tres empresas han perforado en territorio de San Pedro Quiatoni para la construcción de innumerables túneles.
En las montañas de Santa María Yaviche, región Xhidza, se realizó un foro para analizar la situación actual que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas en torno al ejercicio de sus derechos colectivos, especialmente su derecho al territorio. En el “Foro sobre la realidad de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y alternativas de defensa”, una decena de comunidades y organizaciones sociales acompañantes exigieron a los gobiernos federal y estatal “se abstengan en presionar e intentar imponer proyectos en la región zapoteca de la Sierra Juárez y Región Mixe”. Las autoridades e integrantes del Consejo Estatal de Derechos Indígenas de Oaxaca (CEDIO), y Servicios del Pueblo Mixe A. C., reflexionaron e intercambiaron “nuestros pensamientos y palabras para encontrar caminos para defendernos ante los proyectos extractivistas que amenazan a nuestros bienes naturales, que violentan nuestra forma de vida comunitaria y la profunda relación con la madre tierra y el territorio”. Específicamente exigieron la cancelación de megaproyectos en sus territorios., y a las autoridades educativas “que retomen planteamientos que respondan a las necesidades de las comunidades indígenas, para la defensa de los territorios y nuestros sistemas normativos y generen un pensamiento crítico comunitario”.
Habitantes de San Pedro Quiatoni, encabezados por su autoridad comunal, con una marcha que partió del mercado de las Flores con destino al zócalo, han declarado “Zona Protegida” sus terrenos Comunales, iniciando así su lucha en contra de la contaminación que la minera Don David Gold S.A. de C.V. ha provocado desde su ingreso. Dicha mina, denunciaron, está depredando sus recursos naturales metalúrgicos, de manera subterránea, ya que, si bien, la entrada de la mina se encuentra en San José de Gracia, las excavaciones y trabajos, es decir la mina, llega hasta San Pedro Quiatoni pero por debajo de la tierra. La empresa canadiense Don David Gold fue beneficiada con 7 de los 10 concesiones que están en su territorio, y acaban 11 mil 623.06 hectareas.
Hecho que quedó al descubierto cuando los trabajadores de la mina han buscado hacer “respiraderos” para la mina pero en territorio de San Pedro Quiatoni, sin informar de manera clara la razón de las mismas. Pero la contaminación provocada por el trabajo de está mina ya han cobrado sus primeros daños, cómo lo podemos ver en el río de San Pedro, el cual pasó de ser el lugar se reunión y espaciamiento de los habitantes, para convertirse en un río de desechos mineros, qué día a día huele más y va acabando con la vida silvestre, lo que indudablemente lleva a la muerte de cada especie en contacto con el río, lo que también ha afectado a habitantes de municipios que viven a lo largo de su trayecto. Cabe recordar que Don David Gold, subsidiaria de la empresa minera estadounidense Gold Resource Corp (GRC), operó durante años sin licencia ambiental única (LAU) o licencia de funcionamiento, además de incumplir con la normatividad ambiental.
Luis Camargo, Director País de Compañía Minera Cuzcatlán subsidiaria de Fortuna Silver Mines participó en el panel “Licencia para operar: responsabilidad social y acceso a la tierra” en el Mexico Mining Forum 2020, organizado por Mexico Business.
Durante su participación dijo, “ Nuestro reto principal es romper paradigmas que todavía existe, el sentir o la idea que la mina es una cosa antigua que se hace de manera rudimental donde no se cuide el medio ambiente, donde no se cuida la sociedad, donde no respeta las leyes. Es un paradigma que nosotros estamos buscando eliminar. Es diferente trabajar en Sonora donde está establecido para el sector minera de en Oaxaca. Para atacar eso, estamos invirtiendo mucho en la comunicación. Realizamos guías a la mina, y tenemos una política de puerta abierta. Desde el año pasado, cambió nuestras prácticas de comunicación, somos más activos en los redes sociales. ….tener armonía que nunca llegará los conflictos.
Camargo también habló del papel de mujeres en la empresa, actualmente, Compañía Minera Cuzcatlán tiene más de 13 por ciento de mujeres en su fuerza laboral. Uno de los proyectos en que han participado son talleres para emprendedores donde producen los uniformes de los mineros localmente en San José.
Cabe mencionar que el foro fue el mismo día de la conferencia de prensa donde el Frente anunció que SEMARNAT negó la MIA II del Cuzcatlán, no hubo ningun menciona de eso públicamente de la empresa.
Comunidades zapotecas y campesinas del Frente NO a la Minería, llamaron una conferencia de prensa para compartir que la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) le negó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en un proyecto de “ampliación” y extender la mina de 2019 hasta 2029. Uno de los grandes motivos por la negación fue que SEMARNAT descubrió que Minera Cuzcatlán elaboró 81 obras sin permiso.
Las comunidades calificaron las obras como “grave desacato” de la empresa minera, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, que viola la legislación y reglamentos ambientales. Además reiteraron que la mina no cuenta con su consentimiento.
“Lejos de generar empleos y promover el desarrollo económico en Oaxaca, la empresa minera ha generado violencia, ha asesinado a nuestros compañeros defensores y sigue contaminando nuestros territorios y medio ambiente de manera impune”, sostuvieron. Por eso, el Frente No a la Mineria exigieron la cancelación de todas las concesiones mineras de Valles Centrales, Oaxaca.
En la evaluación que hizo SEMARNAT halló que las obras que conforman el proyecto “ya han sido construidas y actualmente la mayoría se encuentra en operación”. La negación del MIA también se debía a que el proyecto debía presentar un MIA Regional por tratarse de impactos acumulativos, sinérgicos y residuales.
Junto a organizaciones, las comunidades San José del Progreso, San Pablo Güilá, San Nicolás Yaxe, San Matías Chilazoa, Santa Ana Zegache, Magdalena Ocotlán, El Vergel, Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, San Dionisio Ocotepec, Monte del Toro, Santa Catarina Minas, celebraron el resolutivo y saludaron el fallo judicial que canceló las concesiones mineras en Calpulálpam.
Autoridades comunales del municipio de Capulálpam de Mendez informaron que un Juez Federal ordenó la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas sin previa consulta a su comunidad indígena. En una conferencia de prensa el 11 de febrero, detallaron que en febrero del año 2015 el municipio de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda de Amparo ante el otorgamiento de concesiones a mineras que fueron otorgadas a la minera canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera La Natividad y Anexas, así como otros particulares.
Con la concesión se permitía la exploración y explotación de oro, plata y otros minerales, sin previa consulta a la comunidad indígena agraria como lo prevé el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OTI). Por ello Capulálpam de Méndez solicitó la cancelación de las concesiones, tras cinco años de litigio el Juez Tercero de Distrito del Estado de Oaxaca.
Sentencia que reconoce la ancestralidad indígena de Capulálpam de Méndez y por ende su propiedad y posesión de sus tierras que ocupa desde su época prehispánica. La sentencia establece que Capulálpam fue fundado antes de que se formará el actual Estado Mexicano, por ello tiene derecho a la protección de la justicia federal, en consecuencia se cancelaron todas las concesiones mineras otorgadas.
El gobierno y la empresa denunciaron la decisión durante el tribunal, defendiendo el validez de los concreciones.
Autoridades, habitantes y organizaciones sociales conformaron el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca, con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a mineras extranjeras para la explotación de la tierra en la Mixteca de Oaxaca y el estado de Puebla.
Los integrantes de este Frente indicaron que el 1 de febrero se desarrolló la segunda asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales, a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos, población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca, misma que tuvo como sede Santiago Chazumba. Las asambleas nacieron por una preocupación de las concesiones mineras en la región, aunque algunas surgieron desde el sexenio de Felipe Calderón actualmente las comunidades están dando cuentas del contexto regional de las concesiones.
Dijeron que entre los proyectos mineros que piden que se eliminen son: Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atxala de la concesión minera Newmont Mining Corporation en Cerro Colorado, Tehuacán, Puebla; así como el Parque Eólico Miahuatlán, Puebla; Fumigación de nubes con yoduro de plata en el Valle de Tehuacán y la región Mixteca de Oaxaca; la concesión minera de SIMEX que abarca Zapotitlán, Caltepec y Santiago Chazumba, así como la concesión minera Arco Resources Corporation en Silacayoápam, San Marcos Arteaga y Ayuquililla.
El 8 de marzo, van a tener un Foro Regional contra las Mineras y los Megaproyectos y convocan otras comunidades, defensores/as, activistas, y académicos.
Activistas de Santo Domingo Zanatepec y defensores que forman parte de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT) alertaron sobre la posible privatización del agua en este municipio para beneficiar la actividad minera a través del programa “Más Oaxaca” que impulsa el gobierno municipal en contubernio con el gobierno de Oaxaca y el Banco Mundial. Explicaron que a principio de este 2020 detectaron que una maquinaria propiedad de la empresa Trituradora Soconusco S. A. de C. V. comenzó a realizar labores en el manantial que abastece de agua a la comunidad sin que hubiera información o consulta al pueblo pero sí con el aval de la alcaldesa, Adelma Núñez Gerónimo (emanada del PRI), por lo que pidieron parar todo tipo de obra porque no había información al respecto. “Nosotros suponemos que se trata de la privatización del agua para beneficiar a la actividad minera por eso estamos alertando y nos oponemos a que coloquen medidores en nuestras casas y nos controlen por medio de los metros cúbicos que usemos, eso no es justo, porque seguramente el resto del agua del manantial será para beneficiar la actividad minera a la que también nos oponemos porque consideramos daña la vida ecológica y humana”, dijeron. Señalaron que al detener la obra, fue entonces que la alcaldesa junto con el coordinador regional del programa “MAS OAXACA”, Edgardo Martínez Villalobos comenzaron a realizar reuniones de información. Dijeron que han comenzado a crear comités y frentes para la defensa del agua, porque “sabemos que es el preludio de que la minería está en puerta”. Cabe recordar que hace un año, Zanatepec se declaró municipio libre de minería. El pasado 3 de febrero, comuneros y ciudadanos organizaron una marcha en protesta contra este proyecto no consultado.
.El cuerpo de Homero Gómez, entusiasta defensor del bosque y la mariposa monarca, en el municipio de Ocampo, Michoacán se encontró 29 de enero, dos semanas después de que se reportó su desaparición. Gómez González, quien hace 25 años denunciaba la tala clandestina de bosques de pino y de oyamel, lugar a donde llegan a invernar las mariposas Monarca, fue enterrado el viernes pasado. El día después, el primero de febrero, otra muerte prendió las luces de alarma sobre la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca: Raúl Hernández Romero —guía de turistas en el ejido El Rosario y que desde el 27 de enero había sido reportado como desaparecido— también se encontró muerto con visibles huellas de violencia. Hasta ahora, la fiscalía del estado de Michoacán no ha terminado las investigaciones sobre estos decesos, pero a ejidatarios y ambientalistas les preocupa que intereses de taladores clandestinos y de aguacateros busquen controlar los bosques que forman parte de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, emblema de la cooperación ambiental en América del Norte. Las muertes de Gómez y Hernández recuerdan que México es considerado uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente.
Se estima que, anualmente, en Michoacán se pierden 20 mil hectáreas por cambio de uso de suelo ilegal, incendios forestales, plagas y enfermedades. En los últimos 30 años, Michoacán ha perdido la mitad de sus bosques por el aguacate. La ley en Michoacán no permite el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola, por lo que la mayoría de las huertas de aguacate son ilegales. Los pobladores talan grandes extensiones de bosque y lo queman para después poder sembrar las plantas. Estas huertas clandestinas se expanden principalmente en zonas boscosas y reservas naturales, como la biosfera de la mariposa monarca, en el oriente de Michoacán.
Un día después que SEMARNAT negó la MIA II de Cuzcatlan por su proyecto San José, gobernador Murat tuvo una reunión con Jorge Ganoza, presidente de Fortuna Silver Mines y Luiz Camargo, Director País de Compañía Minera Cuzcatlán. Publicó una foto en su twitter con la frase, “Me reúno con Jorge Ganoza, presidente de Fortuna Silver Mines; esta empresa brinda fuentes de empleos para las y los oaxaqueños. Seguiremos estrechando lazos de cooperación por el bien del estado.”
Cabe mencionar que las comunidades tardan semanas a veces meses para conseguir una reunión con miembros del gobierno y eso ocurrió entre un día. Aunque no está pública de que hablaron, el mensaje de Murat muestra claro la colaboración y apoyo la empresa tiene del gobierno estatal en Oaxaca en su proyecto minero.
La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) rechazó la aprobación de la Manifestación de impacto ambiental (MIA), presentada por la empresa Fortuna Silver Mines, para ampliar el proyecto minero de explotación de plata y oro en el Valle de Ocotlán.
Esto se dio a conocer a través de una publicación en la Gaceta Ecológica, bajo la leyenda “NO APLICA”, que rechaza la autorización de MIA-Particular, solicitada por la Compañía Minera Cuzcatlán, 100 por ciento propiedad de la minera canadiense, Fortuna Silver Mines. Esta resolución negativa se otorgó el pasado 20 de diciembre de 2019 y se publicó el 30 de enero de 2020. La desaprobación de este trámite, no significa que detendrán las labores que la empresa minera realiza desde los recientes 10 años en el Valle de Ocotlán, pero retrasa momentáneamente su proyecto de expansión. Cabo de mencionar que el día despues que reprobó la MIA II, Goberndor Murat tuvó una reunion privado con el presidente de Fortuna Silver Mines Jorge Ganoza. Dijo Murat despues, «esta empresa brinda fuentes de empleos para las y los oaxaqueños. Seguiremos estrechando lazos de cooperación por el bien del estado.
La ampliación del proyecto minero abarca casi 4 mil hectáreas del territorio del Valle de Ocotlán, «los municipios de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, San Pedro Apóstol y la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, en las cuales la empresa minera solicitaba ampliar sus operaciones. Pese a las protestas, división comunitaria, hechos de violencia, asesinatos y amenazas que mantienen a la región en un estado permanente de zozobra, las operaciones mineras continúan en el municipio de San José del Progreso, Oaxaca.
Si bien, la negación de la autorización ambiental para ampliar el proyecto minero es un avance en la lucha de las comunidades aledañas para no permitir la expansión minera, dado los riesgos de contaminación y afectaciones a la salud, falta verificar que en los hechos, esta ampliación no sea realizada. El 30 de abril de 2019 la empresa minera presentó un Manifiesto de Impacto Ambiental, para solicitar la autorización de ampliar el proyecto minero, ahora denominado San José II.
Un amparo solicitado por las comunidades de Sonora podría modificar la forma en que se deciden las consultas sobre los megaproyectos en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá votar si lo acepta en febrero.
Actualmente, las consultas ambientales ante megaproyectos completamente en la gente a la que afectan aunque en muchas comunidades no conocen los proyectos hasta que se empiezan a realizar. De acuerdo con las leyes actuales, las comunidades deben estar pendientes de la Gaceta Ecológica (una publicación en línea donde están las manifestaciones de impacto ambiental aprobadas) y si detectan un proyecto, ellos mismos deben pedir al SEMARNAT por una consulta aunque SEMARNAT puede negarla.
En su estado actual la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente deja toda la responsabilidad de las consultas ante megaproyectos en las propias comunidades. “El proyecto dice que porque se publica una información mínima, la gente ya está informada”, se queja el abogado Cano. Pero, “Muchas comunidades no tienen acceso a internet, ni tienen conocimiento sobre estos procesos. La Ley, como está, es injusta para nosotros”, explica Francisca García de la comunidad de Aconchi, en Sonora, representante de los Comités de cuenca del río Sonora, quienes promueven el amparo. “Las empresas llevan siempre las de ganar.
“Dejar la ley como está implica mantener un proceso injusto e inequitativo para las comunidades, además de que conlleva la imposibilidad práctica de promover, en muchos casos, la participación”, asegura.
El resultado óptimo sería que se declarara que las leyes citadas son anticonstitucionales, porque no permiten la participación de los pueblos en la toma de decisiones sobre su territorio. La Suprema Corte, sin embargo, podría establecer una interpretación conforme, es decir que ella misma determina una manera para que estas consultas se lleven a cabo de tal forma que se garantice la participación de las comunidades
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su administración no se edificarán nuevas presas, proyectos que han generado decenas de conflictos sociales.
“No se puede hacer ninguna obra en contra de la voluntad de la gente”, comentó en Palacio Nacional.
El titular del Ejecutivo indicó que el proyecto de La Parota, en Guerrero, “tiene oposición y no se va a construir esta presa”.
Tampoco se construirán: el Paso de la reina, en Oaxaca, ni la de Boca del Cerro, en el cañón del Usumacinta. Lo único que se tiene proyectado es una ampliación en el Chicoasén.
Expuso que no se harán nuevas presas porque se van a remodelar las turbinas de las presas para la generación de energía.
Los colectivos ciudadanos y ecologistas de Guanajuato que se oponían a la explotación del Cerro del Gallo difundieron la noticia: la Semarnat negó los permisos de explotación minera. El proyecto de la minera San Antón de las Minas, filial de la canadiense Argonaut Gold, no sólo tuvo el rechazo de pobladores de Dolores Hidalgo y organizaciones de la sociedad civil desde su anuncio: la mayoría de las instancias que fueron consultadas para la obtención de la autorización del cambio de uso de suelo y estudio de riesgo ambiental se negaron a avalarlo, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente determinó negarle el permiso para operar en ese municipio. La dependencia encabezada por Víctor Manuel Toledo menciona en el oficio SDPA/DGIRA/DG/09968 –dirigido a la representante legal de San Antón de las Minas, Celia Rosario Badillo Botello– que el expediente técnico del proyecto fue archivado como asunto “totalmente concluido”, aunque la empresa puede someter nuevamente su proyecto a evaluación. La empresa pretende explotar oro, plata y cobre en el Cerro del Gallo de Dolores Hidalgo, en una zona que abarca 370 hectáreas, mediante el método de tajo a cielo abierto con procesos de lixiviación que utilizan el cianuro, lo que de entrada provocó la reacción de organizaciones civiles que durante los últimos meses han realizado protestas, marchas y gestiones directas ante las autoridades responsables de autorizar el proyecto.
Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, encabezó el Foro Estatal hacia la nueva Ley General de Agua. Dijo que no hay un reto más importante a nivel mundial de cambios climáticos. Hubo presente más de 400 ediles del estado y asociaciones civiles, colectivos, empresas, autoridades federales, estatales y municipales.
Aseguró que con la nueva ley nacional de aguas, se debe transparentar la situación de los recursos hídricos del país en la parte de la extracción industrial y minera. También reveló lo que el nombre “huachicoleo” en el Valle Central, que hay robos del agua potable en los ductos que abastecen a los ciudadanos.
Dijo el diputado federal Mario Delgado Carrillo que el nuevo ley, “se debe legislar a favor del derecho humano al agua, establecer mínimos indispensables para garantizar su acceso sin promover su privatización como mercancía.”
Un grupo de propietarios de tierras que rentan a la empresa Eólica del Sur, dueno del parque eólico “Biniza” (viento del sur), se movilizaron para exigir el cumplimiento de los acuerdos establecidos en los contratos de arrendamiento. Dicen que la empresa se ha olvidado de las promesas. Los inconformes cerraron el acceso a la subestación de este parque en Juchitán exigiendo un diálogo con los representantes de la empresa eólica
Desde el año pasado se firmó un acuerdo con la empresa eólica; entre ellos, la basificación de los hijos de los propietarios, que llevan ya dos años laborando sin un contrato y sin gozar de ninguna prestación. Además, dicen que no se ha cumplido cabalmente con los pagos que les corresponde con la entrada en operación comercial de este parque -el 10 de diciembre del 2018- aunque fue inaugurado en mayo del año pasado.
Los inconformes denunciaron también la amenaza de uno de sus compañeros quien fue llevado a la fiscalía regional en Tehuantepec, donde fue interrogado y prácticamente obligado a decir que era uno de los responsables del bloqueo de la subestación.
El día anterior, un grupo de pescadores agrupados en el Frente de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Juchitán, anunciaron una próxima movilización contra la empresa Eólica del Sur, que se ha negado a cumplir con la entrega de apoyos para obra social. Dicen que el director general de Eólica del Sur, Eduardo Centeno Garza Galindo, los engañó al prometerles que los pescadores tendrían apoyos para obra social, si apoyaban a la empresa en la Consulta Ciudadana, que dio paso a la construcción del parque “Bi Nisa”. Sin embargo, una vez que este proyecto fue aprobado y construido, Garza Galindo se olvidó de sus compromisos y se niega a cumplirle la promesa de los pescadores ribereños.
CONVOCATORIA PÚBLICA
ANTE LA INMINENTE AMENAZA DE PARTE DEL GOBIERNO DE LA 4T Y DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO) DE IMPONERLE A LOS PUEBLOS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LA NACIÓN MISMA, EL LLAMADO “PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC-TREN INTEROCEÁNICO” (POPULARMENTE CONOCIDO DESDE 1996, COMO “MEGAPROYECTO DEL ISTMO”) Y CONSIDERANDO.
• QUE DICHO MEGAPROYECTO DEL ISTMO DE AMLO – 4T, ES UN RECICLAMIENTO ACTUALIZADO Y POTENCIALIZADO, DEL “PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC”, DE ERNESTO ZEDILLO (1996-1998) Y CONSISTE EN UN MONSTRUOSO CANAL SECO MULTINODAL, ALTERNATIVO AL CANAL DE PANAMÁ, PARA EL BENEFICIO DEL COMERCIO CORPORATIVO GLOBAL, CON EL QUE SE PRETENDE INTERCONECTAR, DE MANERA MUY RÁPIDA, LA CIRCULACIÓN MASIVA DE TODO TIPO DE MERCANCÍAS, BIENES Y PRODUCTOS, ENTRE EL OCÉANO ATLÁNTICO (GOLFO DE MÉXICO, FACILITANDO LA SALIDA A EUROPA Y COSTA ESTE DE ESTADOS UNIDOS) Y EL OCEANO PACÍFICO (SALIDA HACIA CHINA- JAPÓN- INDONESIA-AUSTRALIA Y LA COSTA OESTE DE ESTADOS UNIDOS);
• QUE TIENE COMO EJE, UN TREN BALA DE CARGA, LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS PUERTOS DE SALINA CRUZ Y COATZACOALCOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AUTOPISTA PARALELA A LA NUEVA VÍA FÉRREA;
• QUE IRÍA ACOMPAÑADO DE UN CORREDOR INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL, CON LA INSTALACIÓN DE 6 A 10 PARQUES INDUSTRIALES, UBICADOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ISTMO (COATZACOALCOS; MINATITLÁN; ACAYUCAN; SAN ANDRÉS TUXTLA; MATÍAS ROMERO; JUCHITÁN; SALINA CRUZ; IXTEPEC y ARRIAGA) CONTEMPLANDO LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE EMPRESAS MAQUILADORAS, ARMADORAS AUTOMOTRICES Y DE MAQUINARIA, ASÍ COMO LA ACELERADA EXPANSIÓN DE DEPREDADORES MEGAPROYECTOS EXTRACTIVOS, CONSISTENTES EN:
MÁS CONCESIONES MINERAS; MAYOR EXTRACCIÓN PETROLERA Y DE GAS NATURAL, DE FORMA CONVENCIONAL Y VÍA FRACKING; NUEVOS GASODUCTOS Y OLEODUCTOS; MODERNIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DE REFINERÍAS DE COATZACOALCOS-MINATITLÁN, VER. Y SALINA CRUZ, OAXACA; CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA NUEVA REFINERÍA DE DOS BOCAS, TABASCO; MÁS PARQUES EÓLICOS; REPRESAS HIDROLÉCTRICAS; PLANTACIONES COMERCIALES (FORESTALES Y AGROINDUSTRIALES); HOTELES DE LUJO PARA TURISMO DE ÉLITE
• QUE, PARA ELLO, AMLO-4T, HA IMPUESTO SUPUESTAS “CONSULTAS”, VIOLATORIAS DE LOS MÁS ELEMENTALES DERECHOS INDÍGENAS, DECRETANDO YA, TODA ESA ZONA DEL ISTMO, COMO ZONA LIBRE O FRANCA, CON EXCENCIÓN DE IMPUESTOS Y EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES A INVERSIONISTAS PRIVADOS, EN CUANTO: TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA LISTA; CAMINOS DE ACCESO Y CALLES INTERNAS; AGUA-DRENAJES; ENERGÍA ELÉCTRICA; REDES DE CABLEADO SUBTERRÁNEO; Y DEMÁS SERVICIOS BÁSICOS;. • QUE, TODO ELLO ESTARÍA AL SERVICIO DE LOS INTERESES Y PARA EL LUCRO MULTIMILLONARIO DE EMPRESAS MULTINACIONALES Y DE LOS GOBIERNOS MÁS PODEROSOS DEL MUNDO, ENCABEZADOS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS;
• QUE, DICHO MEGAPROYECTO DE MEGAPROYECTOS -DE PERMITIRSE- SIGNIFICARÍA EL TOTAL SAQUEO, LA DEVASTACIÓN Y LA PRIVATIZACIÓN DE LOS INVALUABLES BIENES NATURALES ASÍ COMO LA DESAPARICIÓN TOTAL DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS TRADICIONALES, BÁSICOS PARA EL AUTOCONSUMO Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, FAMILIAR Y COMUNITARIA (MILPA DE POLICULTIVO; HUERTOS FAMILIARES; MANEJO DE ACAHUALES; SEMILLAS NATIVAS) DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS, DEL PUEBLO NEGRO Y DE COMUNIDADES CAMPESINAS, QUE SE LOCALIZAN EN LOS 98 MUNICIPIOS CONSIDERADOS ACTUALMENTE EN EL “PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC-TREN
INTEROCEÁNICO”, EN LOS ESTADOS DE: OAXACA (46), VERACRUZ (33), (CHIAPAS (14) Y TABASCO (5);
• QUE TODOS ESTOS MUNICIPIOS ISTMEÑOS, ESTÁN UBICADOS EN LA ZONA DE MÉXICO MÁS BIODIVERSA Y QUE POSEE LA MAYOR CANTIDAD DE SELVAS TROPICALES Y BOSQUES TEMPLADOS, PRODUCTORES Y REGULADORES DE LOS MÁS IMPORTANTES SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE MÉXICO Y MESOAMÉRICA (AGUA DE LLUVIA, CAUDALES SUPERFICIALES Y MANTOS FREÁTICOS; OXÍGENO Y CAPTURA DE CARBONO; REGULACIÓN CLIMÁTICA; Y BELLEZAS ESCÉNICAS);
• QUE, ESTA FORMA DE “DESARROLLISMO Y MODERNIDAD” QUE NOS PROMETE AMLO-4T, A CAMBIO DE “MILES DE EMPLEOS” (LA MAYORÍA DE PEONES, ALBAÑILES; CARGADORES; RECAMARERAS; COCINERAS; MESERAS; “ACOMPAÑANTES Y EDECANES”; VELADORES; BARRENDEROS-AS) Y DE SUS ASISTENCIALES PROGRAMAS DE “APOYO”, YA HA DEMOSTRADO DESDE HACE AÑOS, EN LA PROPIA REGIÓN DEL ISTMO, QUE SÓLO TRAE CONTAMINACIÓN; ALCOHOLISMO; DROGADICIÓN, NARCOMENUDEO; INSEGURIDAD Y DELINCUENCIA ORGANIZADA; SECUESTROS; PROSTITUCIÓN; DESAPARICIÓN DE JÓVENES Y TRATA DE BLANCAS; FEMINICIDIOS; EMBARAZOS DE ADOLESCENTES; INFLACIÓN Y MAYOR POBREZA SOCIOECONÓMICA; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; ROMPIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y LA PÉRDIDA DE LA CULTURA Y LOS VALORES COMUNITARIOS Y DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS;
• QUE, ESTA DEVASTACIÓN ECOLÓGICA, SOCIAL Y CULTURAL, QUE CONLLEVARÍA LA IMPLANTACIÓN DEL MEGAPROYECTO DEL ISTMO DE AMLO 4T, PONDRÍA TOTALMENTE EN RIESGO EL FUTURO DE LAS GENERACIONES POR VENIR Y CONDENARÍA A NUESTROS HIJAS E HIJOS, NIETAS Y NIETOS, A UNA VIDA SIN BIENESTAR E INCIERTA, INCREMENTANDO EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y CONDENANDO A LARGO PLAZO A LA MUERTE MISMA DE LA MADRE TIERRA;
• QUE, ADEMÁS, UNA INVERSIÓN MULTINACIONAL DE ESA MAGNITUD Y NATURALEZA, COMO LA QUE PRTENDE AMLO, IMPLICARÍA LA TOTAL MILIITARIZACIÓN DE TODO EL ISTMO, -LA CUAL YA SE HA INICIADO- CONSTITUYENDO UN “MURO SIN TABIQUES”, AL SERVICIO DE TRUMP, PARA CONTENER Y CRIMINALIZAR A LOS MILES DE MIGRANTES INDOCUMENTADOS; Y …
• QUE, EL LLAMADO “PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC-TREN INTEROCEÁNICO” (POPULARMENTE CONOCIDO DESDE 1996, COMO “MEGAPROYECTO DEL ISTMO”) DE AMLO-4T, SE LOCALIZA EN LA REGIÓN GEOESTRATÉGICA MÁS IMPORTANTE DE NUESTRA NACIÓN, LO QUE DE PERMITIRSE, IMPLICARÍA UN ALTO RIESGO A LA INTEGRIDAD Y SOBERANÍA DE NUESTRA NACIÓN.
POR TODO LO CUAL, PÚBLICAMENTE, ESTE DÍA, 1° DE ENERO DE 2020
RATIFICAMOS
QUE ESTE MEGAPROYECTO DEL ISTMO-TREN INTEROCEÁNICO, QUE PRETENDE IMPONERNOS AMLO 4T, CONSTITUYE UN GRAVE ATENTADO CONTRA:
• LA MADRE NATURALEZA • LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS DEL ISTMO • LOS DERECHOS DE TODO EL PUEBLO MEXICANO;Y • LA SOBERANÍA NACIONAL
POR TODO LO CUAL, UNA VEZ MÁS
CONVOCAMOS:
• Al Pueblo de México
• A los Pueblos Indígenas, al Pueblo Negro afromexicano y Comunidades Campesinas del Istmo de Tehuantepec, de México y del Mundo
• Al Pueblo Istmeño de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco
• A todos los movimientos sociales y organizaciones comprometidas con la Defensa de la Madre Tierra y con los Derechos de los Pueblos Indígenas de México y del Mundo.
• A científicos-as; académicos-as; artistas y personalidades públicas, conscientes y comprometidas-os
• A tod@s l@s ciudadan@s mexican@s, interesad@s en Defender la Madre Tierra y la Soberanía e Integridad Nacional
• A los Medios de Comunicación Locales, Nacionales e Internacionales
• A la Opinión Pública local, nacional e internacional,
A QUE -RETOMANDO LA EXPERIENCIA VIVIDA POR EL MOVIMIENTO NACIONAL “EL ISTMO ES NUESTRO”, EN EL PERIODO 1995-1998- CONSTRUYAMOS UNA ALIANZA ENTRE TODOS AQUELLOS MOVIMIENTOS, ORGANIZACIONES QUE, DE FORMA CONGRUENTE Y HONESTA, LUCHEN POR LOS MISMOS OBJETIVOS, CON EL FIN DE CONTINUAR Y PROFUNDIZAR LA RE-CONSTRUCCIÓN DE UN AMPLIO Y PLURAL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA Y DE UNA INTENSA CAMPAÑA GLOBAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DENOMINADA:
“EL ISTMO ES NUESTRO”
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,DEL PUEBLO MEXICANO,
NO DE LAS EMPRESAS,NI DE LOS GOBIERNOS
MOVIMIENTO Y CAMPAÑA QUE SIGA CONVIRTIÉNDOSE EN UN COMBATIVO INSTRUMENTO DE ACTIVA RESISTENCIA PACÍFICA, CON EL FIN DE INFORMAR, REFLEXIONAR, ANALIZAR Y DIALOGAR PROFUNDAMENTE, ACERCA DE LOS RIESGOS Y PELIGROS QUE CONLLEVA REALMENTE ESTE MONSTRUOSO MEGAPROYECTO DE MUERTE, PARA EL ISTMO DE TEHUANTEPEC –LA REGIÓN ECOLÓGICA MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO Y CINTURA GEOPOLÍTICA DE MÉXICO- Y PARA NUESTRA NACIÓN EN SU CONJUNTO, Y QUE NOS MOTIVE Y CONVOQUE A ORGANIZARNOS Y MOVILIZARNOS MASIVA Y PLURALMENTE, NO SÓLO PARA DETENER Y REVERTIR SU INSTRUMENTACIÓN, SINO PARA:
CONSTRUIR COLECTIVAMENTE, UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, COMUNITARIO Y POPULAR, PARA EL ISTMO DE TEHUANTEPEC
LOS – AS INVITAMOS A ADHERIRSE Y A DIFUNDIR ESTA CONVOCATORIA POR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, ASÍ COMO A SUMARSE Y APOYAR TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL MARCO DE ESTA CAMPAÑA Y DE ESTE MOVIMIENTO,
FAVOR DE ENVIAR EL NOMBRE DE SU COMUNIDAD / PUEBLO / ORGANIZACIÓN / COLECTIVO, O PERSONA, A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS:
elistmoesnuestromx@gmail.com,
asamblea.istmo@gmail.com
y maderas1091@gmail.com
O POR FACEBOOK, EN: http://www.facebook.com/elistmoesnuestromx/
PARA SEGUIR LA CAMPAÑA GLOBAL, VE A: http://www.elistmoesnuestro.org
¡NO AL MEGAPROYECTO DEL ISTMO! ¡SI A LA VIDA!#ElIstmoEsNuestro
Salina Cruz, Oaxaca, 8 de junio de 2018Ratificado y actualizado el 1° de enero 2020
Una importante convocatoria pública ha circulado profusamente por las redes, a partir del primero de enero del nuevo año, en la que se advierte de la inminente amenaza por parte del gobierno de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador, de “imponerles a los pueblos del istmo de Tehuantepec, al pueblo de México y a la nación misma, el llamado ‘Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec-Tren Interoceánico’ (popularmente conocido desde 1996, como ‘Megaproyecto del Istmo’,” aunque por sus características peculiares el nombre más apropiado debiera ser: “Megaproyecto McLane–Ocampo”.
Firmada por numerosas organizaciones, colectivos y asambleas comunitarias, organismos de derechos humanos, ecologistas, movimientos, sociales, gremiales, redes de la sociedad civil, centros de investigación, académicos, artistas, periodistas, personalidades y ciudadanos, la convocatoria pública analiza a profundidad lo que se considera como un reciclamiento, actualizado y potenciado de un programa de desarrollo regional de Ernesto Zedillo, que consiste: en un monstruoso canal seco multimodal, alternativo al canal de Panamá, para el beneficio del comercio corporativo global, con el que se pretende interconectar de manera muy rápida la circulación masiva de todo tipo de mercancías, bienes y productos, entre el océano Atlántico (Golfo de México, facilitando la salida a Europa y costa este de Estados Unidos) y el océano Pacífico (salida hacia China-Japón-Indonesia-Australia y la costa oeste de Estados Unidos
.
Como todos los megaproyectos de la Cuarta Transformación, a lo largo del canal seco se establecerían corredores industriales y agroindustriales, empresas maquiladoras, armadoras automotrices y de maquinaria, así como otros megaproyectos igualmente extractivistas y depredadores: concesiones mineras, extracción petrolera y de gas natural (convencional y fracking), gasoductos y oleoductos, refinerías, parques eólicos, represas hidroeléctricas, plantaciones comerciales forestales y agroindustriales, hoteles para turismo de élite y la construcción de una autopista paralela a la vía férrea.
Todo ello, a partir de las ya conocidas consultas
simuladas y violatorias de los más elementales derechos indígenas
y, como buen gobierno neoliberal, se decretaría toda la zona del Istmo, como libre o franca, con exención de impuestos, otorgamiento de subsidios gubernamentales, terrenos con infraestructura lista, caminos de acceso, calles internas, agua-drenajes, energía eléctrica, redes de cableado subterráneo y demás servicios básicos. Esto es, el gobierno al servicio de las empresas multinacionales y de los gobiernos más poderosos del mundo, encabezados por el de Estados Unidos.
De llevarse a cabo, acorde a los firmantes, “significaría el total saqueo, la devastación y la privatización de los invaluables bienes naturales, así como la desaparición total de los sistemas productivos tradicionales, básicos para el autoconsumo y la soberanía alimentaria, familiar y comunitaria (milpa de policultivo, huertos familiares, manejo de acahuales, semillas nativas) de los territorios indígenas, del pueblo negro y de comunidades campesinas, que se localizan en los 98 municipios considerados actualmente en el ‘Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec-Tren Interoceánico’, en los estados de Oaxaca (46), Veracruz (33), Chiapas (14) y Tabasco (5)”. Del mismo modo, este desarrollismo y modernidad
, (como en Cancún), además de empleos precarizados, lo que traerían es mayor contaminación, alcoholismo, drogadicción, narcomenudeo, inseguridad y delincuencia organizada, secuestros, prostitución, desaparición de jóvenes y trata de blancas, feminicidios, embarazos de adolescentes, inflación y mayor pobreza socioeconómica, violencia intrafamiliar, rompimiento del tejido social y la pérdida de la cultura y los valores comunitarios y de los sistemas normativos internos
.
Este megaproyecto, igualmente, pondría en riesgo el futuro de las generaciones por venir, incrementando el calentamiento global y condenando a largo plazo a la muerte misma de la Madre Tierra. De la misma forma, implicaría la militarización del Istmo, la región geoestratégica más importante de nuestra nación, por lo que, implicaría un alto riesgo a la integridad y soberanía nacional-popular.
Por estas razones, se convoca a construir una amplia alianza, no sólo para detener y revertir este proyecto de muerte sino, también, para construir colectivamente una propuesta alternativa de desarrollo sustentable para el istmo de Tehuantepec, comunitaria y popular; y para la constitución de un movimiento de resistencia y una intensa campaña global, nacional e internacional denominada El Istmo es nuestro
, de los pueblos indígenas, del pueblo mexicano, no de las empresas ni de los gobiernos. (elistmoesnuestromx@gmail.com Campaña global: www.elistmoesnuestro.org).
¡No al megaproyecto del Istmo! ¡Sí a la vida!
A partir de este año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajará en la conversión de 15 presas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a hidroeléctricas con las que espera incorporar hasta 214 megawatts de energía al sistema. Para estos proyectos ya se estiman inversiones por más de nueve mil 200 millones de pesos, pues esto forma parte del plan del gobierno federal para dar un mayor impulso a la generación de electricidad con agua. Los proyectos están planeados durar hasta el cierre del sexenio en 2024.
Las presas que pueden ser reconvertidas se encuentran en por lo menos diez estados de la República, como es el caso de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Michoacán. Actualmente la Conagua cuenta con más de dos mil 400 presas en todo el país.
Entre los complejos donde se podría generar la mayor cantidad de energía se encuentran la presa Ing. Luis L. León en Chihuahua, la Santa María en Sinaloa y Cerro Oro en Oaxaca, pues cada uno de estos complejos podría generar hasta 30 megawatts. El proyecto Cerro Oro se localiza en el municipio de Tuxtepec específicamente en las comunidades de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán de la Sierra Norte de Puebla.
A estos proyectos se suman el Programa de recuperación de capacidad de generación hidroeléctrica que está siguiendo el gobierno federal y la CFE porque algunas de las centrales con esta tecnología ya tienen de 35 a 40 años de antigüedad y necesitan más inversión “para incrementar su capacidad y eficiencia, prolongando su vida útil al menos en otros 30 años, para continuar generando energía limpia y de bajo costo”, señala la empresa.
“Los gobiernos europeos están muy preocupados por el calentamiento global pero acá nos quieren destruir”, le dice un habitante de Juchitán, Oaxaca.
Al día de hoy hay instalados mil 223 aerogeneradores en Oaxaca. Cada turbina de dos megawatts mide unos 67 metros y necesita cimientos de unas 85 toneladas de concreto y acero para sostenerse: estructuras que estorban la recarga de los mantos freáticos y aceleran la desecación de ríos y esteros. La afectación no es menor, ya que la forma de vida de las comunidades binni’zaa (zapoteca) e ikoots (huave) es precisamente la siembra y la pesca.
En el Istmo de Tehuantepec hay 29 parques y 17 son de capital español. La energía que genera tampoco beneficia las comunidades, 92% de la energía eólica la producen empresas privadas para otras empresas privadas como Wal-Mart, Oxxo, Bimbo, y la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma. Un ciudadano de Union Hidalgo donde también hay dos parques ecolicos contó que paga mil 500 a 2 mil pesos al mes en luz, “Porque no hay acuerdos con Demex (para subsidiar la luz). No hay beneficio para la gente, no hay nada. Hay una resistencia civil en algunas colonias de Juchitán, no se paga electricidad.”
En su recorrido por las comunidades indígenas, hay quien le dice estar dispuesto a morir para que no se construya el Corredor Multimodal Transístmico, uno de los megaproyectos del presidente López Obrador. No están contra la energía eólica ni se oponen al desarrollo económico; se resisten a entregar el control de sus recursos naturales por nada y a poner en riesgo su modo de vida.
**Hay varias citas buenas de ciudadanos/as de Union Hidalgo y San Mateo del Mar en el artículo del efectos y resistencia a parques eólicas **
A finales de diciembre pasado los zapatistas refrendaron su decisión de oponerse a los megaproyectos del gobierno de López Obrador, en particular el polémico Tren Maya. Carlos González García, abogado y integrante de la Comisión Nacional del Congreso Nacional Indígena comenta que el plan de resistencia combina tres estrategias: la organización social de las comunidades; la denuncia en medios y en instancias de derechos humanos nacionales e internacionales, y el despliegue de una estrategia legal por medio de amparos.
Aunque el CNI no participa en estrategia jurídicas directamente (poruqe es un espacio y no una organización) apoyará processos jurídicas. En este sentido, en su última asamblea nacional, el CNI decidió crear un grupo de abogados que se abocarán a proveer instrumentos legales a las comunidades en sus acciones de protesta contra el despojo de sus tierras y los megaproyectos.
González aclaró también que el EZLN “no comparte la estrategia legal. (Los zapatistas) no están de acuerdo en utilizar las vías legales porque tienen 20 años de ruptura con el Estado mexicano, después de que en 2001 éste rompió los acuerdos de San Andrés”.
Un grupo de historiadores y arqueólogos también están preparando amparos y demandas contra el Tren Maya que podría resultar en la destrucción del patrimonio nacional. Especialmente en la reserva de Calakmul, que “está llena de vestigios arqueológicos”:
Las mujeres que integran la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México manifestaron que para este 2020 se vislumbra que la violencia se agudice aún más para las mujeres que defienden la vida, la tierra y el territorio debido al impulso de megaproyectos en México.
“No solo somos agredidas por ser defensoras, sino por ser mujer”, explicó Cecilia Espinoza, coordinadora nacional.Dijo que las activistas temen por su vida al defender la tierra, el territorio, los derechos a la vida, en las acciones frente a la minera, en los derechos al agua y al decidir sobre su cuerpo, es decir, al aborto.
El bajo presupuesto y la falta de perspectiva por razón de género del Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hace más lento la respuesta a las defensoras y periodistas. Entonces piden que por 2020 el estado destine un presupuesto mayor.
“Precisamente por esa falta de respuesta rápida del estado y al ver que la violencia crece, nos hemos organizado para auto cuidarnos, entre nosotras hemos tejido redes en todo el territorio nacional y eso mismo nos da la fuerza para decir que es necesario mayor impulso al mecanismo, que a nosotras las mujeres no se nos juzgue por ser de este género y que se nos apoye para el acompañamiento y el activismo”, agregó Espinoza.
La Red la integran 245 mujeres de 24 estados y tienen 10 años luchando por acabar con la impunidad y la corrupción además del nulo acceso a la justicia.
CONVOCAMOS:
• Al Pueblo de México
• A los Pueblos Indígenas, al Pueblo Negro afromexicano y Comunidades Campesinas del Istmo de Tehuantepec, de México y del Mundo
• Al Pueblo Istmeño de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco
• A todos los movimientos sociales y organizaciones comprometidas con la Defensa de la Madre Tierra y con los Derechos de los Pueblos Indígenas de México y del Mundo.
• A científicos-as; académicos-as; artistas y personalidades públicas, conscientes y comprometidas-os
• A tod@s l@s ciudadan@s mexican@s, interesad@s en Defender la Madre Tierra y la Soberanía e Integridad Nacional
• A los Medios de Comunicación Locales, Nacionales e Internacionales
• A la Opinión Pública local, nacional e internacional,
A QUE -RETOMANDO LA EXPERIENCIA VIVIDA POR EL MOVIMIENTO NACIONAL “EL ISTMO ES NUESTRO”, EN EL PERIODO 1995-1998- CONSTRUYAMOS UNA ALIANZA ENTRE TODOS AQUELLOS MOVIMIENTOS, ORGANIZACIONES QUE, DE FORMA CONGRUENTE Y HONESTA, LUCHEN POR LOS MISMOS OBJETIVOS, CON EL FIN DE CONTINUAR Y PROFUNDIZAR LA RE-CONSTRUCCIÓN DE UN AMPLIO Y PLURAL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA Y DE UNA INTENSA CAMPAÑA GLOBAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DENOMINADA:
“EL ISTMO ES NUESTRO”
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,
DEL PUEBLO MEXICANO,
NO DE LAS EMPRESAS,
NI DE LOS GOBIERNOS
MOVIMIENTO Y CAMPAÑA QUE SIGA CONVIRTIÉNDOSE EN UN COMBATIVO INSTRUMENTO DE ACTIVA RESISTENCIA PACÍFICA, CON EL FIN DE INFORMAR, REFLEXIONAR, ANALIZAR Y DIALOGAR PROFUNDAMENTE, ACERCA DE LOS RIESGOS Y PELIGROS QUE CONLLEVA REALMENTE ESTE MONSTRUOSO MEGAPROYECTO DE MUERTE, PARA EL ISTMO DE TEHUANTEPEC –LA REGIÓN ECOLÓGICA MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO Y CINTURA GEOPOLÍTICA DE MÉXICO- Y PARA NUESTRA NACIÓN EN SU CONJUNTO, Y QUE NOS MOTIVE Y CONVOQUE A ORGANIZARNOS Y MOVILIZARNOS MASIVA Y PLURALMENTE, NO SÓLO PARA DETENER Y REVERTIR SU INSTRUMENTACIÓN, SINO PARA:
CONSTRUIR COLECTIVAMENTE, UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, COMUNITARIO Y POPULAR, PARA EL ISTMO DE TEHUANTEPEC
LOS – AS INVITAMOS A ADHERIRSE Y A DIFUNDIR ESTA CONVOCATORIA POR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, ASÍ COMO A SUMARSE Y APOYAR TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL MARCO DE ESTA CAMPAÑA Y DE ESTE MOVIMIENTO,
FAVOR DE ENVIAR EL NOMBRE DE SU COMUNIDAD / PUEBLO / ORGANIZACIÓN / COLECTIVO, O PERSONA, A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS
elistmoesnuestromx@gmail.com, asamblea.istmo@gmail.com y maderas1091@gmail.com
O POR FACEBOOK, EN: www.facebook.com/elistmoesnuestromx/
PARA SEGUIR LA CAMPAÑA GLOBAL, VE A: www.elistmoesnuestro.org
¡NO AL MEGAPROYECTO DEL ISTMO!
¡SI A LA VIDA!
#ElIstmoEsNuestro
Salina Cruz, Oaxaca, 8 de junio de 2018
Ratificado y actualizado el 1° de enero 2020
El defensor del Río Metlapanapa, Miguel López Vega, se manifestó en el Zócalo de la ciudad de Puebla para dejar en claro que la oposición de la comunidad de Santa María Zacatepec al proyecto de descargas industriales de Ciudad Textil, no es negociable. “Vamos a continuar la lucha, esto no termina (…) Vamos a avanzar con mucha cautela y a seguir organizándonos”, aseguró el integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, detenido el pasado 24 de enero por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El proyecto Ciudad Textil, comprende el asentamiento de más de 30 empresas en predios de la ex hacienda La Palmilla, en Huejotzingo, y pretende usar el Metlapanapa como fuente de almacenamiento de aguas negras.
El 30 de enero por la presión ejercida por organizaciones sociales a nivel nacional e internacional, el ayuntamiento de Juan C Bonilla clausuró la tarde de este jueves el proyecto colector pluvial y sanitario que entuba las aguas industriales del Parque Ciudad Textil Huejotzingo al río Metlapanapa. Esto ocurre después que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró durante la conferencia mañanera que enviará a Puebla al secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, para que investigue la obra. De confirmarse la contaminación del afluente, advirtió que los trabajos serían cancelados.
Con terrenos donados y atendido por becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, es como pretende el gobierno federal operar las 280 sucursales del banco Bienestar en Oaxaca. Instalarán estas instituciones en las cabeceras municipales o distritales donde haya más personas del programa Bienestar, para que puedan ir a recoger sus recursos por participar en los programas.
En total, el gobierno federal construirá 2,700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país con el objetivo de construirlos estratégicamente en comunidades o municipios que no tienen accesos a ningún servicio bancario. Pero, hay dudas que sea la única consideración en ubicación.
Ingenieros del Ejército Militar estarán en cargo de la supervisión y construcción de los sucursales. El resto del personal será contratado en cada localidad, donde también se adquirirán todos los materiales necesarios. La presencia de militares en comunidades, puede ser otra manera en que el gobierno monitorea las comunidades, colocando unos sucursales estratigamente en comunidades con resistencia fuerte a megaproyectos y otros proyectos del desarrollo proponiendo por el estado.
AMLO reveló cuántas hectáreas mineras cada presidente concesionaron.
Número de concesiones mineras entregadas por sexenio: desde el gobierno de Carlos Salinas hasta Andrés Manuel López Obrador hay un total de 65 mil 534.
Carlos Salinas 17 mil 267
Ernesto Zedillo 11 mil 524
Vicente Fox 15 mil 753
Felipe Calderón 12 mil 864
Enrique Peña Nieto 5 mil 396
Andrés Manuel López Obrador 0
Sobre la superficie otorgada para concesiones mineras en millones de hectáreas. Se tiene un total de 117.6 millones de hectáreas.
Carlos Salinas 8.9
Ernesto Zedillo 34.6
Vicente Fox 24.9
Felipe Calderón 35.5
Enrique Peña Nieto 9.9
Andrés Manuel López Obrador 0
AMLO aclaró otra vez que no van a cancelar ninguna concesión. “Que no se trata de cerrar ninguna mina porque si son trabajadas con responsabilidad, cuidado al medio ambiente, si se les paga bien a los trabajadores mineros, si pagan los impuestos, es una fuente de trabajo, no se puede decir ‘ya no habrá minería en el país’, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad que es lo que se está ordenando actualmente”, abundó.
López Obrador precisó que al día de hoy se tienen 25 mil 267 concesiones mineras vigentes que tienen una superficie de 21.3 millones de hectáreas, es decir, 10.6% de la superficie del territorio nacional.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aún no publica los estudios financieros sobre el Tren Maya –cuyo costo se estima en al menos 120 mil millones de pesos–, pero ya adelantó que éste se financiará principalmente gracias al transporte de turistas y pasajeros, mientras que una tercera parte de los ingresos provendrá del transporte de carga de materiales.
El gobierno federal promete que el megaproyecto detonará la economía de los cinco estados por los que atravesará, y beneficiará a las poblaciones marginadas de la Península; sin embargo, estudios del colectivo Geocomunes y de varios académicos de Yucatán identifican poderosos intereses privados que convergen en la Península y están prestos a beneficiarse con el Tren Maya antes que dichas poblaciones.
Esos grupos, que dominan los sectores turísticos, de la construcción y de la agroindustria, están encabezados por integrantes de la cúpula empresarial del país, como Alfonso Romo Garza, Alberto Baillères González, Gastón Azcárraga Andrade, Germán Larrea Velasco y Fernando Chico Pardo.
En Mérida, por ejemplo, la implementación del megaproyecto implicaría la construcción de un nuevo aeropuerto, que sería operado por Aeropuertos del Sureste (Asur), en cuyo consejo de administración figuran el propio Chico Pardo; Roberto Servijte Sendra, de Bimbo; Ricardo Guajardo Touché y José Antonio Pérez Antón, de ADO, según anunció el junio pasado Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, director general del Fonatur.
Dijo incluso que el edificio sería diseñado por el arquitecto Enrique Norten, el yerno de Carlos Slim Helú, y estaría conectado con una terminal del Tren Maya… que confeccionará el mismo Norten. El pasado 26 de noviembre el Fonatur otorgó a TEN Arquitectos, la firma de Norten, un contrato por 2 millones 975 mil pesos para realizar los “estudios preliminares arquitectónicos conceptuales para la estación del Tren Maya en Mérida”.
Y no sólo esto: el pasado 15 de noviembre, cuando anunció el inicio de su cuestionado proceso de consulta, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que se “están dando facilidades para que se lleve a cabo la ampliación de aeropuertos en Cancún, Chichen Itzá y Chetumal”.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su confianza en que se firmará el Tratado de LIbre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (Tmec) hoy en la Ciudad de México.
“Se firmará en México este acuerdo. Adelanto que va a ayudar mucho a la economía nacional, porque significa inversiones, empleos, mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales.”
Durante la conferencia de prensa celebrada esta mañana en el Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo informó que pospuso su viaje a Sonora para reunirse con los padres de niños de la Guardería ABC para recibir a las delegaciones de Canadá y Estados Unidos que llegarán a México el día de hoy.
“Estaré con ellos [los padres de los niños] pasado mañana, porque hoy vienen los representantes del gobierno de Canadá y de Estados Unidos para la firma del tratado de libre comercio. Es una reafirmación de ese tratado.”
El conocido poeta maya, antropólogo y defensor de derechos humanos Pedro Uc recibió ayer una amenaza de muerte en su celular. Uc ha sido muy visible en la lucha por el derecho al territorio. La amenaza también fue enviada a su hijo. A inicios de 2018, Pedro Uc fundó la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Muuch Xiimbal” (Caminemos Juntos), en la cual miembros de más de 20 comunidades mayas se organizaron para defender sus territorios, afectados por los megaproyectos de energías renovables, específicamente los parques eólicos y fotovoltaicos planeados en Yucatán. Pedro Uc refiere que hay quienes pueden decir “es que los indios no quieren nada, de por sí no les gusta el desarrollo, les gusta vivir así, no quieren mejorar, no saben que esto son energías limpias, renovables, que no contaminan. Nosotros no estamos en contra de la producción de esa energía, ni de la técnica, estamos en contra del modelo neoliberal que implica el arrebato de nuestro territorio”, afirma en entrevista con La Jornada Maya. “Estamos en contra de un modelo que nos avasalla, que nos quita nuestra tierra. No estamos dispuestos a rentar ni a vender, es uno de los principios de la asamblea. No queremos a las empresas, queremos que se vayan, y lo decimos con énfasis, ¡que se vayan de nuestro territorio, no vamos a negociar con ellas!”, finalizó Pedro Uc. Con respecto a la consulta del Tren Maya, Uc denunció de que “esta consulta genera confusión al utilizar las políticas públicas como moneda de cambio por la aceptación del tren”.
Integrantes de la radio comunitaria han recibido amenazados de muerte por informar sobre la zona industrial que contaminaría el río Metlapanapa, que cruza por su comunidad. “Hay personas movidas por intereses privados que pretenden acabar con la vida de nuestro río para descargar las aguas industriales de más de 30 empresas textileras y automotrices y además establecer infraestructura necesaria para instalar dos parques industriales”, dijo un comunero.
Denunciaron que haber sido víctimas de persecución y amenazas, por manifestarse en contra de proyectos como el Parque Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo y la instalación de dos nuevos parques industriales que servirán a empresas automotrices como Audi y VW, mismas que descargarán las aguas industriales en el afluente.
El Radio Zacatepec, La voz del Pueblo tiene programas de mujeres, de noticias del municipio, y programas en nahuatl. Y en sus 5 años funcionando han enfrentado dos otros ocasiones de amenazas. “Esta radio es del pueblo, no vamos a tener miedo, porque el pueblo nos defiende y está no sería la primera vez”, asegura Mari Torres, locutora y defensora de la tierra originaria de Zacatepec.
Esta radio tiene más de 5 años funcionando y desde 2016 con concesión de uso social, fue de las primeras 10 radios del país en tenerla después de la reforma en Telecomunicaciones. Pero en su historia, Radio Zacatepec ha sido amenazada y desmontada dos veces antes de que tuvieran la concesión y antes de que existiera el problema de deshechos tóxicos que amenazan el Río Metlapanapa.
Un hombre de aproximadamente 22 años descendió de una unidad de mototaxi y sacó un cuchillo con el cual atacó el viernes 13 de diciembre a Isabel Jiménez, activista y defensora comunitaria y medica tradicional de la ciudad de Juchitán, quién denunció que fue atacada violentamente y hurtada de su equipo de trabajo cuando se dirigía a visitar a una paciente. Por fortuna los gritos de Isabel alertaron a los vecinos, quienes pudieron evitar que el arma blanca se introdujera en su estomago porque durante cuatro ocasiones el hombre intentó clavárselo a la activista. El hombre le hizo unas cuantas cortadas con el cuchillo en su mano que le provocaron heridas no graves, sin embargo no pudo recuperar su equipo de trabajo que asciende a más de 4 mil pesos y consiste en aparatos para la toma de la presión arterial, diabetes , equipo de acupuntura y su celular. Isabel Jiménez desde hace más de 30 años se dedica a la medicina tradicional y acupuntura, además es activista comunitaria y su defensa se ha basado en la defensa de la tierra y el territorio y el rechazo a la instalación de megaproyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Isabel y su esposo Mariano López Gómez, también activista exigieron a la corporación policiaca de Juchitán sea más eficiente, porque cuando llamaron para solicitar una patrulla el uniformado a cargo respondió de forma arrogante. Cabe recordar que Isabel Jiménez denunció en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la impunidad que enfrentan las mujeres defensoras en el Istmo, esto en 2015.
Los días 29 y 30 de noviembre último representantes de las comunidades indígenas y campesinas de la Península de Yucatán escucharon durante más de cuatro horas a los funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) promocionar el Tren Maya y prometer que traerá desarrollo para la region
La ley internacional obligan que en las asambleas dan los pros y contras a proyectos, sin embargo, en las horas siguientes sólo presentaron argumentos en favor y ninguno contra el megaproyecto. En particular, el funcionario del INPI les dijo a los asistentes que “no somos neoliberales” y les solicitó “que no se siga diciendo que es un proyecto neoliberal”.
Si bien abundaron en los detalles técnicos del futuro tren –como su velocidad, número de vagones, el sistema de rieles, durmientes y basalto de las vías o su propulsión “ecológica”–, los representantes del gobierno no dieron información sobre los elementos clave del megaproyecto, como las ciudades nuevas de mil hectáreas que el Fonatur pretende construir alrededor de las estaciones ni sobre las afectaciones a la selva, pues aún no cuentan con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
En cambio, el Fonatur y INPI presentaron un coctel de beneficios que el megaproyecto promete, entre ellos, la “justicia social” y la “preservación ambiental”. También abundaron los ofrecimientos de mejorar los servicios básicos en las comunidades marginadas y generar “empleos bien remunerados”.
Lilia Gabriela González Moreno, representante del Fonatur en la asamblea de Cobá, dijo a los asistentes que era el momento de mostrar que “los mayas siguen viviendo ahora mediante su cultura, su lengua y su cocina. No solamente es un tren turístico, también es para ustedes y por eso se llama Tren Maya”.
De acuerdo con el programa de nueva generación de energía presentado el lunes por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, en 2020 no se prevé el Plan Integral Morelos (PIM) o gasoducto Morelos. Ese día en la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que se convocará al desarrollo de siete nuevas centrales con una inversión calculada en 58 mil 634 millones de pesos. Los proyectos se desarrollarán en Dos Bocas, Salamanca, San Luis Río Colorado, San Luis Potosí, Mérida y Baja California Sur. Cabe recordar que las comunidades integradas en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua (FPDTA) Morelos, Puebla, Tlaxcala mantienen una resistencia contra el PIM, propuesto originalmente en 2010 pero promovido recientemente por AMLO como una forma de mejorar la independencia energética de la región. El pasado 20 de febrero fue asesinado Samir Flores Soberanes, defensor indígena de la comunidad de Amilcingo, Morelos, y un líder en la lucha contra el gasoducto. Esto diez días después de que AMLO descalificara a los opositores del PIM como “radicales de izquierda que para mí no son más que conservadores”, y solo un día después de que Samir asistiera a un foro sobre el proyecto, durante el cual cuestionó la desinformación gubernamental acerca de la termoeléctrica en Huexca y el gasoducto Morelos. Cabe mencionar que el pasado julio, un juez de distrito otorgó al ejido de Amilcingo la suspensión de plano sobre el funcionamiento del gasoducto, la última de una serie de suspensiones legales que han dado razón a las comunidades y han puesto el proyecto en suspenso.
El “Sonora Lithium Project” es el proyecto de litio más grande en el mundo con reservas de 243.8 millones de toneladas (Mt). En mayo del año 2018, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció junto a un grupo de empresarios, la construcción de la Mina Sonora Litio en Bacadéhuachi. La construcción de la Mina Sonora Litio concluirá en el fin de 2020 y las estimaciones dicen que durará 19 años.
Bacanora Minerals continúa desarrollando el proyecto de litio de Sonora, del cual la firma espera producir 17 mil 500 toneladas de carbonato de litio para 2019-2020, y luego aumentarlo a 35 mil toneladas anualmente, según informa la Secretaría de Economía Federal (SE).
El litio e es utilizado para la creación de pilas en la industria automotriz. Por eso, Víctor Manuel Toledo Manzurel, titular del SEMARNAT, dijo que tiene posibilidades para generar energias alternativas. El dijo “El litio se va a convertir en el nuevo petróleo, este tema se va a volver algo estratégico.”
Su única salida es por mar , debido a que sus vecinos del Municipio de San Mateo del Mar les cerraron el paso con cadenas.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)cancelo la realización de un estudio sobre la factibilidad de construir un camino a Santa María del Mar , comunidad de Juchitán que lleva más de 10 años aislada, pues asegura que no hay garantías de seguridad para la constructora, según un oficio del 28 de Noviembre dirigido a la autoridad municipal de Juchitán.
La apertura de dicho camino estaba contemplada desde la comunidad de Álvaro Obregón y es una demanda de los habitantes Ikoots de Santa María del Mar , que en Octubre de este año cumplieron una década incomunicados y con la única posibilidad de salir por mar ,debido a que sus vecinos del municipio de San Mateo del Mar les cerraron el paso con cadenas , por la disputa de mil 300 hectáreas de tierras.
En semanas anteriores, el presidente municipal de Juchitán , Emilio Montero Pérez , informó que el INPI había autorizado tres millones para la realización de un estudio para construir el camino de 18 Kilómetros entre Santa María del Mar y la comunidad zapoteca de Álvaro Obregón , vía la barra de Santa Teresa .
Tras conocer la realización del estudio sobre la factibilidad de dicho camino , integrantes de asambleas comunitarias de San Dionisio del Mar , San Mateo del Mar y Álvaro Obregón , expresaron su rechazo y en una reunión inicial con el alcalde juchiteco , acordaron que se suspendiera todo tipo de estudios.
En el oficio de finales de Noviembre, firmado por el responsable del Programa de Infraestructura Indígena del INPI Roberto Carlos Reyna Ortiz , se le informa al ayuntamiento de Juchitán que en virtud de que el ejercicio 2019 se acerca a su periodo final , se hace “inminente “ la cancelación total de los recursos no ejercidos para la realización del estudio del camino.
El 23 de agosto de 2018 el defensor comunitario Sergio Rivera Hernández, opositor al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan en la Sierra Negra de Puebla, desapareció frente a testigos y con una denuncia previa de amenazas de muerte en su contra. Durante la etapa del juicio oral, iniciada hace dos semanas, han faltado traductores y el juez ha sido señalado por la defensa de Sergio como simpatizante de los acusados. La defensa de Sergio presentó formalmente la queja por la conducta del juez, a quien señalaron por estar abiertamente a favor de los tres detenidos, presuntamente responsables de la desaparición del activista (ellos fueron señalados por una denuncia previa de amenazas interpuesta por Sergio antes de desaparecer). Al juez se le pidió abandonar el caso; así, el lunes 2 de diciembre que se reinició la audiencia, la defensa lanzó un pronunciamiento que hizo que esta se suspendiera. El juicio se detuvo hasta nuevo aviso, con la posibilidad de que el juicio se reponga por completo, o que se reanude con otro juez, pero esa decisión depende del Poder Judicial. La defensa de Sergio tiene también 12 testigos de la desaparición del activista, de los cuales no se han podido obtener declaraciones de manera óptima por las fallas con los traductores oficiales. Además, no existen medidas cautelares para los testigos. “Todos los que hemos participado en esta defensa, incluyendo a compañeros de otras organizaciones, hemos sido amenazados”, alerta Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) . Lo que los compañeros de Sergio piden, además de su aparición con vida, es que haya justicia.
Durante las elecciones locales, volvió la tensión y el riesgo de violencia entre comuneros del municipio de San José del Progreso, sede del proyecto minero de Cuzcatlán, propiedad de Fortuna Silver Mines. El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios alertó sobre la tensión en la comunidad e informó que según los ciudadanos que integran la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), que durante el inicio de los conteos de las boletas electorales, los representantes de la planilla “Café” vinculadas a la empresa minera Cuzcatlán retrasaron el envío de las urnas de la agencia de La Garzona y de la cabecera, “viciando con ello el procedimiento”. Dicen, “La población teme de un probable fraude electoral o robo de urnas” por personas afines a Compañía Minera Cuzcatlan.
Esta situación generó un nivel de tensión entre las partes y los representantes de las planillas. Ante esta situación, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, alertó “al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y la Dirección de Sistemas Normativos Internos, para que intervengan de manera inmediata e imparcial para evitar que se agrave la situación de violencia como ha ocurrido en ocasiones anteriores, así como la intervención urgente e inmediata de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, para garantizar la seguridad de personas de la comunidad y de las y los Defensores de Derechos Humanos integrantes de la COPUVO”. El candidato de la planilla café es Amador Vásquez Gómez, ex sindico en los años más violentos en la comunidad, cuando se impuso el proyecto minero a sangre y fuego.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio este domingo un informe al cumplirse un año al frente del gobierno.
Parte de su discurso :
Hemos iniciado los estudios de ingeniería básica del Tren Maya, que estarán terminados el próximo 13 de diciembre, para realizar la licitación de esta importante obra que beneficiará a 5 estados del sureste de México. Aclaro que el proyecto dependerá del resultado de la consulta que estamos haciendo en los municipios por donde pasará el nuevo ferrocarril.
Sobre el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, ya se trabaja en la ampliación del puerto de Salina Cruz y se hará lo mismo en el de Coatzacoalcos. También inició la modernización de las vías del tren de carga de contenedores que conectará el Océano Pacífico con el Atlántico.
En esta franja se establecerá una zona libre; es decir, se reducirán los impuestos y el precio de los energéticos para propiciar la instalación de parques industriales que generen empleos con buenos salarios.
El 28 de noviembre SEMARNAT publicó el resolutivo emitido el 13 de noviembre donde niega la autorización solicitada para el proyecto denominado «Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán», promovido por la empresa Suman SAPI de CV., la cual pretendía instalar un parque solar de 150 MW y dos líneas de transmisión, deforestando de 310 hectáreas de selva sumamente bien conservada con presencia de al menos siete especies amenazadas de extinción. La energía producida hubiera sido entregada a la planta de la Cervecería Modelo ubicada en Hunucmá, que está generando serios impactos ambientales por la sobreexplotación del acuífero y la deficiente gestión de residuos.
De acuerdo con la dependencia, la empresa Suman SAPI de CV., que promueve el proyecto, no presentó evidencias técnicas y/o científicas para demostrar que en el área donde se construiría el parque solar no hay ecosistemas excepcionales o relevantes. Varias dependencias federales y estatales tienen opiniones negativas sobre el proyecto incluyendo la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Dirección General de Vida Silvestre, el Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico del estado de Yucatán entre más. Recogen una serie de omisiones, incumplimientos, metodologías limitadas, subvaloraciones de impactos y medidas de mitigación insuficientes e inconsistentes, entre otros.
Diversas organizaciones comunitarias y ambientalistas denunciaron el proyecto y solicitaron a SEMARNAT la denegación del permiso. El 8 de agosto el Consejo Maya del Poniente de Yucatán «Chik’in Já», la Red Ciudadana por la Sostenibilidad en Yucatán, el Colectivo Energía Sostenible Mérida y otras organizaciones celebraron una conferencia de prensa en la que describieron detalladamente los graves impactos ambientales que ocasionaría el proyecto y señalaron la violación de diversas disposiciones legales que supondría su autorización.
En menos de dos meses el Congreso local prevé aprobar la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos Indígenas y Afromexicano del estado de Oaxaca. Cuestionados ante la celeridad que mantienen los legisladores, pues este viernes y sábado se realizarán ocho foros consultivos para la elaboración de dicha Ley (uno en cada región del estado). El diputado morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio, se escudó en que desde el 14 de octubre se realizó un foro estatal para dar a conocer la propuesta de protocolo que se llevará a las comunidades. Por su parte la diputada Gloria Sánchez aseguró que sí hay garantías de representatividad pues según ella, se espera en cada foro aproximadamente 300 representantes de las diferentes etnias del estado. Sin embargo, cabe recordar que Oaxaca tiene más de 417 municipios de sistemas normativos indígenas y fue apenas en la primera semana de este noviembre que les fue enviado a las autoridades de las comunidades la convocatoria y el protocolo.
Al hombre más rico de México, Carlos Slim Helú no le gustó la idea de desarrollar el Corredor Transístmico, como lo propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Al participar en el 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, el presidente vitalicio de Grupo Carso lanzó:
“La idea del Transístmico, la idea me parece que no es buena. Pensar que llegue un barco de China grandote, descargue y se transporte y hay otro barco esperando para transportar a Estados Unidos es una mala idea. Lo que hay que hacer es que esas inversiones y ese tren es utilizarlo para el desarrollo de la zona y lo que sería ideal es que más allá del tratado de libre comercio con Estados Unidos, se tenga un tratado especial, para que todo lo que se produzca en esa franja, vaya en automático al mercado norteamericano”.
Fuera de ahí, para el presidente vitalicio de Grupo Carso, el Acuerdo Nacional para la Infraestructura es una oportunidad para empujar a la economía mexicana de su nulo crecimiento a lo largo del 2019.
“Hay un fenómeno interesante, el crecimiento va a ser cero, menor o mayor, ya es un hecho, ya basta de quejidos y quejidos, eso no resuelve nada. Lo importante es que hay expectativas en que a través de la inversión en infraestructura, se pueda tener crecimiento económico”.
Abundó:
“En el pasado, era interesante ver como la infraestructura era derivada del crecimiento económico. Había crecimiento económico, había mucho dinero, entonces se hacía infraestructura. Dependiendo del crecimiento del PIB, la construcción tenía un crecimiento económico y si era negativo su comportamiento, pegaba más duro en la construcción”, dijo Slim.
“La infraestructura es ahora un detonador del crecimiento económico. Creo que estamos en las mejores circunstancias, es lo que se está dando, y lo tiene claro el gobierno, porque es donde se puede invertir hoy, grandes montos a largo plazo en una infraestructura muy rezagada y donde puede haber grandes cantidades de inversión”, añadió.
El empresario consideró que México está ante una gran oportunidad de captar inversiones, en un contexto internacional en donde hay bajas tasas de interés y mucha incertidumbre.
Tres de los principales proyectos de infraestructura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrán trato diferenciado en el presupuesto de 2020. Mientras el Tren Maya sufrirá un recorte de 59%, la Refinería de Tres Bocas Tabasco tendrá 17.49% menos y el Proyecto del Istmo ejercerá 808% más presupuesto el próximo año.
De acuerdo con un análisis de la Cámara de Diputados de las tres obras prioritarias del sexenio, el principal beneficiado será el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo es convertir a la región en un corredor de comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico.
En 2020 tendrá 8 mil 468 millones de pesos, esto significa ocho veces más de los 900 millones que tuvo en 2019. Constará de 300 kilómetros de largo. Iría desde los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, a Coatzacoalcos, en Veracruz, a través de la modernización de la infraestructura ferrocarrilera, portuaria, aeroportuaria y carretera.
Para grandes obras como esta, el presidente López Obrador prometió hacer una consulta ciudadana. En este caso, lo hizo durante una gira por Juchitán, Oaxaca, entre los asistentes a uno de sus eventos en abril pasado… y fue a mano alzada.
“Bueno, ¿por qué no hacemos aquí una consulta?, ¿por qué no la hacemos? A ver, que levanten la mano los que están en contra que se lleve a cabo el proyecto de Desarrollo del Istmo. A ver, que levanten la mano los que estén a favor del Proyecto del Istmo”, dijo. Y según lo observado en la transmisión oficial del evento, la gente levantó la mano a favor del proyecto, en su mayoría.
En esa ocasión también aseguró que la inversión sería totalmente mexicana.
“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del Istmo. Mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública, y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos, no va a haber extranjeros. Para que quede claro”.
Sin embargo, en la conferencia de prensa del pasado 19 de noviembre informó que Singapur podría ser un país inversor y, de hecho, a eso se debía la visita del visita oficial del primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, y lo primero fue hacer un acuerdo de colaboración.
“Debe de haber más inversión nacional, inversión de México por tratarse del Istmo, sin descartar que participe un país como Singapur, que de acuerdo a la información que tenemos lleva buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con China. Si hay un tercer país que lleva buenas relaciones con todos, aunque no es parte de una hegemonía o de otra, nos facilita las cosas, siempre tomando en cuenta que en el Istmo va a predominar la inversión nacional”, dijo.
El recorte más significativo estará en el Tren Maya, que será un transporte de carga, pasajeros y turístico en la zona sur sureste del país en 1,460 km, y cuyo inicio de operaciones se prevé para 2024. De acuerdo con la página de la obra, el próximo año iniciará la construcción de los tramos de Selva y Caribe II.
Sin embargo, aunque se preveía tener 6 mil millones de pesos para el próximo año, sólo tendrá 2 mil 500 millones de pesos, lo que significa 59% menos presupuesto, de acuerdo a lo aprobado por los diputados la semana pasada.
Para esta obra, el empresario más rico de México, Carlos Slim, anunció su interés de participar en la licitación del Tren Maya en el tramo Coatzacoalcos, Veracruz, y prevé invertir 100 mil millones de pesos para obras del gobierno de López Obrador.
En tanto, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, tendrá 41 mil 256 millones de pesos para 2020, lo que significa 17.49% menos de los 50 mil millones de pesos presupuestados en 2019.
Se trata de uno de los proyectos emblemáticos de la administración que requerirá una inversión de 6 mil millones de dólares y se planeó concluir en tres años, es decir, en 2021. Este proyecto arrancó el 18 de marzo. Con él se prevé tener capacidad de producción de 340 mil barriles de petróleo por día.
Representantes de los pueblos ikoots (huaves) de San Dionisio y San Mateo del Mar y binnizá (zapotecas) de Alvaro Obregón denunciaron que el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) sin consultarlos quiere construir una carretera en la Barra Santa Teresa, supuestamente para brindar acceso terrestre a la comunidad de Santa María del Mar, que desde hace 10 años solo tiene acceso vía marítima, sin embargo aseguran es para beneficiar la entrada de megaproyectos eólicos a esta zona de Oaxaca. En conferencia de prensa, los representantes de los pueblos recordaron que viven en resistencia desde el 2012 cuando la empresa “Mareña Renovables” pretendió construir un parque eólico llamado “Santa Teresa” y que afortunadamente lograron detenerlo. Señalaron que en una asamblea de pueblos celebrada el pasado 17 de noviembre acordaron su rechazo total a esta obra vial que les pretenden imponer. Pedro López, de la asamblea de Alvaro Obregón dijo que lamentan la situación que viven los pobladores de Santa María del Mar respecto a que por conflicto de tierras con San Mateo del Mar no tienen camino terrestre, pero dijo que es necesario buscar otra solución a través del diálogo. “La tendencia del sistema es borrarnos del mapa, sabemos que algo quieren hacer, lo único que decimos es que vamos a defender esta zona porque no podemos dañar el medio ambiente”.
El día 14 de Noviembre, autoridades y pobladores de la comunidad de Juba Wajiín, en la montaña de Guerrero, anunciaron su tercera victoria sobre las concesiones mineras en su territorio, concluyendo un proceso jurídico de nueve años. Juba Wajiín deja un precedente importante para otras comunidades que resisten el model extractivo a lo largo del país. En el 2010, la población de San Miguel del Progreso se percató de la presencia de helicópteros sobrevolando su comunidad y con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan se supo que 80% de su territorio estaba concesionado a la empresa peruana de capital inglés Hochschild. En asamblea, la población decidió emprender el camino de la lucha jurídica para defender a su territorio. Se ganó en el 2014 un primer amparo que canceló las concesiones mineras. Sin embargo, el juez no entró al fondo del análisis de la inconstitucionalidad de la Ley Minera, que establece la actividad minera como preferente sobre cualquier otra. Por ello, se llevó el caso a la Suprema Corte. Aunque las empresas decidieron renunciar a sus concesiones, a la vez la se emitió una declaratoria de libertad de terreno que abrió de nuevo las puertas a la entrada de cualquier otra empresa extractiva. En 2017 la comunidad de San Miguel volvió a ganar un amparo por la violación de su derecho a la consulta. La SE impugnó la sentencia, pero, el 17 de octubre de 2019, el poder judicial la confirmó, dejándola firme. Frente a esta victoria, comuneros y expertos señalaron que, aunque el actual gobierno ha señalado que no se otorgarán más concesiones a empresas mineras para “saquear” territorios indígenas, es necesario garantizar esa voluntad con modificaciones a la ley minera y revisar los permisos que se dieron en administraciones pasadas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador canceló oficialmente a las Zonas Económicas Especiales (ZEE), con lo que Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas-La Unión, Progreso, Salina Cruz, Campeche y Tabasco pierden dicha distinción a partir de hoy. Ahora, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda deberá realizar las acciones necesarias para dar por concluidas las obligaciones y compromisos que contrajo el gobierno en razón de las Zonas Económicas Especiales. La cancelación se da bajo el argumento de que las Zonas Económicas Especiales no han podido operar y que las entidades y municipios, «no han reportado inversiones públicas productivas y de equipamiento urbano para el desarrollo» de las mismas y de sus áreas de influencia. https://www.milenio.com/negocios/amlo-cancela-oficialmente-zonas-economicas-especiales-pena-nieto
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Singapur tendrá participación en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que tiene en marcha el gobierno de México.
En su conferencia matutina, indicó que la visita oficial que hace el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, tiene como objetivo establecer un convenio comercial y aprovechar la experiencia del país asiático en materia de manejo de puertos.
“Vamos a recibir hoy al ministro, el objetivo es establecer un convenio de coordinación, sobre todo en materia comercial. Ellos son expertos en el manejo de puertos, administran puertos de manera exitosa y han ayudado en la concepción para el manejo de los puertos de Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos (Veracruz) en el Istmo por el proyecto que tenemos, en eso gira el encuentro de hoy”, explicó López Obrador.
Aseguró que, pese a esta participación, la mayor inversión será mexicana y con respeto a las comunidades de la región, además destacó que Singapur mantiene buenas relaciones con Estados Unidos y China, pues “no quería meterse en problemas” con otros gobiernos.
“Tiene que ser un acuerdo primero con respeto a las comunidades del Istmo y también considerando que debe haber más inversión nacional de México, sin descartar que participe un país como Singapur.
Este martes, el Ejecutivo federal recibirá al primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong. En Palacio Nacional habrá una ceremonia de bienvenida y después un encuentro entre el presidente y el representante del país asiático.
En conferencia de prensa el representante de Fundar, Edmundo del Pozo, destacó que se requiere modificar la ley minera otorga carácter preferente a la actividad minera, por lo que es necesario hacer cambios “más allá de una declaración política”. Dicen que es necesario para garantizar la promesa de AMLO para no otorgar más concesiones a empresas mineras. También quieren revisar los permisos que se dieron en administraciones pasadas.
Con el Tratado de Libre Comercio, así como con la implementación de la ley minera en los años 90, hubo apertura y se entregó el territorio a las empresas, por lo que actualmente existen más de 25 mil permisos, es decir un tercio del país está concesionado a la minería. De acuerdo con datos recabados en Fundar, en 2012 se habrían registrado 801 proyectos mineros, mientras en 2018 la cifra fue de mil 531.
“El nuevo gobierno ha dicho que no va a dar más concesiones, pero todo lo que ya se tocó en violación de los derechos de los pueblos indígenas ¿qué pasa con relación a eso?”, cuestionó Del Pozo Martínez.
Además, desde que los comuneros de San Miguel iniciaron su lucha no se centró en el derecho a una consulta, “lo centró en la defensa de su territorio y en la revisión de la inconstitucionalidad de la ley minera”, detalló.
Ciudad de México. San Mateo del Mar, un pueblo indígena ikoots, está situado en una península en el Golfo de Tehuantepec. Sus habitantes, las y los últimos en preservar los usos y costumbres y los rituales del pueblo ikoots, de solamente unos 14 mil hablantes que quedan en México, han tenido que enfrentar muchos desafíos. Este pueblo pescador no solamente fue afectado severamente por el terremoto del 7 de septiembre del 2017, también se manifestó en contra de un convenio con una empresa eólica, lo que agudizó el conflicto con un pueblo vecino, Santa María del Mar, localizado en la punta de la península y que ha votado a favor de un parque eólico. Dos defensoras de la tierra y el territorio, Laura Fiallo y Beatriz Gutierrez Ruiz, pertenecientes a la Asociación “Monopaküy” narraron en una entrevista colectiva a Cimacnoticias y otros periodistas su situación.
San Mateo del Mar tiene una posición geográfica muy especial. ¿Cuál es?
Laura Fiallo (LF): Estamos ubicados en el litoral del Golfo de Tehuantepec, en una península. Tenemos mar interior, estamos rodeados de mar por todos lados. Tenemos un solo acceso, y somos uno de los cinco pueblos que estamos ubicados en el Istmo de Tehuantepec. Somos un pueblo de pescadores, somos ikoots, hablamos ombeayiuts (lengua de las y los ikoots).
¿Cuántos hablantes hay de ombeayiuts hay?
LF: Bueno, según Inegi, sus datos de 2010, están hablando de 14 mil 252 habitantes. Hasta 2010, son cifras que obviamente ya se movieron.
“Nuestra lengua está en peligro de extinción”
BEATRIZ
¿Sólo estas cinco comunidades ikoots existen en el mundo?
LF: No, los que formamos parte del pueblo ikoots somos San Francisco del Mar, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, y Santa María del Mar, aunque ellos se autoidentifican como pueblo zapoteco, de hecho por eso ellos pidieron adscribirse al municipio de Juchitán, que es un municipio zapoteco. Pero originalmente son personas de aquí de la comunidad que se fueron mezclando con gente zapoteca.
Pero eso sí, de los que formamos parte del pueblo Ikoots, San Mateo del Mar es el único que aún conserva sus instituciones comunitarias, que aún se rige por Asamblea, que aún tiene sus fiestas, danzas, tradiciones, gastronomía, vestimenta… somos los únicos que estamos conservando aún. Y la lengua, claro.
Beatriz Gutierrez Ruiz (BGR): Quisiera agregar esto de que sí nos regimos por asamblea comunitaria porque nosotros tenemos una forma de elección tradicional ancestral que es un sistema de rotación. Al igual que nuestra lengua ombeayiuts, es única en el mundo. Como lengua, está en peligro de extinción. Y en el municipio donde más se conserva la lengua, es aquí en San Mateo del Mar. Hay niños desde chiquitos, su primera lengua es el ombeyets. También hay niños que desde chicos, su primera lengua es el español, pero en menor grado.
Y en el caso de nuestra forma de elección tradicional, tenemos documentos de 1890, que nuestra forma de elección tradicional de autoridades, es de manera rotativa. Estamos nosotros divididos por secciones. Entonces, si a una sección le toca en un año la presidencia, al próximo año le toca a otra sección. Y se van rotando los cargos. No es como en otras comunidades que se rigen, solamente una asamblea, y de la asamblea sale el que va a ocupar el cargo. Y si se pierde esta forma de elección que tenemos, es un etnocidio. Etnocidio porque está atentando en contra de nuestra autonomía nuestro derecho a la libre determinación. En ese sentido nosotras defendemos también no nada más nosotras, sino la comunidad como asamblea.
Porque un presidente municipal va más allá de cuestiones administrativas, porque la autoridad, aquí el presidente municipal, se le entrega un bastón de mando que tiene que ver con toda la vida ritual de la comunidad. Y esta forma de vida ritual que tenemos nosotros es lo que va determinar si vamos a tener camarones, si vamos a tener pescados para nuestra propia vida. Si una autoridad comunitaria electa en la forma en la que ahorita se está haciendo, o como hace dos años, en el 2017, se eligió una autoridad que despachó desde Huazantlán del Río, y que no cumplió con los rituales de nuestra comunidad. El bastón de mando se entrega en un ritual especial que dura de la una de la mañana o las dos de la mañana, hasta las seis de la mañana. Y que llega la comunidad a tomar una bebida tradicional como símbolo de que la autoridad ya está sentada, ya recibió el bastón de mando. Entonces, no es nada más ser una autoridad administrativa, que solamente se va encargar de los recursos tal como pasó en esos dos años. Lo que estamos defendiendo, va más allá del manejo de recursos económicos.
Al poner los aerogeneradores a la orilla de la laguna, con la experiencia que tienen las otras comunidades, que les ponen malla y que no pueden entrar a sus terrenos, estamos pensando que a nosotros también nos van a poner malla, y que no vamos a poder entrar. Y al poner una base de concreto, de cemento, de 20 por 20, va evitar la filtración de las aguas de lluvia hacia la laguna, y prácticamente nos condenan a un exterminio como comunidad.
Quisiera saber si una parte del conflicto por el paso y después el tema agrario, y ahora administrativo que les quieren imponer una elección por partidos políticos, ¿ustedes lo enlazan, lo ven como algo que no está aislado, que son una misma estrategia para dividirlos, para despojarlos? ¿Esta lectura mía es correcta?
LF: Considero que el conflicto agrario tiene mucho que ver con el tema de los aerogeneradores. Porque nos quieren forzar a celebrar un convenio con empresas para instalar a qui los aerogeneradores y para que nosotros como pueblo podemos aceptar eso. Por supuesto que las empresas y el gobierno están ayudando para que Santa María del Mar pueda llevar a cabo eso, y también forzándonos como pueblo, a aceptar ese convenio. Por otro lado, el tema administrativo del que habla Betty, claro que es una invasión. Claro que están sobre nosotros, a lo mejor no directamente de las empresas eólicas, pero sí están viendo a San Mateo del Mar como si nosotros… están acabando con nuestra identidad, con nuestros recursos.
Las organizaciones Fundar, Poder, Oxfam México y CartoCrítica alertaron sobre la centralización de la asignación de recursos, la falta de transparencia y nula participación de comunidades y autoridades locales a partir de las modificaciones aprobadas al Fondo Minero. Con las modificaciones al fondo y la nueva Ley de Derechos se asignan los ingresos un 85% a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para financiar infraestructura educativa principalmente, 5% a la Secretaría de Economía para acciones de fortalecimiento del sector minero, y 10% al Gobierno Federal para programas de infraestructura. Para las organizaciones, el nuevo modelo desdibuja la figura del Fondo Minero y desaparece el objetivo original de elevar la calidad de vida de los habitantes de las zonas mineras, pues centraliza la asignación de fondos a presupuestos del gobierno, no se crean espacios para transparentar la información ni procurar la participación de las comunidades a las que destinan proyectos. “En el nuevo esquema no habría cómo mitigar ni resarcir los daños a las comunidades en donde tuvo lugar la actividad extractiva, pero además la propuesta favorece la centralización y discrecionalidad”, además, califican de inaceptable que las decisiones sobre los proyectos financiados del fondo surjan directa y exclusivamente de la SEP. Las organizaciones exhortaron al Ejecutivo y al Congreso a reconsiderar mecanismos que garanticen los derechos y necesidades de comunidades y a transparentar los recursos y proyectos financiados por el fondo hasta ahora, así como incorporar mecanismos para asegurar la participación ciudadana y de las comunidades afectadas por la minería.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) desmintió a la minera canadiense Almaden Minerals, que de manera sistemática negaba la existencia de población indígena en Ixtacamaxtitlán y que era su argumento principal para no consultar sobre el proyecto minero a cielo abierto en Puebla. A través de un oficio (CGPE/2019/OF/0477) el INPI informó a las organizaciones Fundar y al Consejo Tiyat Tlali, representantes legales de la comunidad Tecoltemi en su juicio de amparo contra las concesiones mineras, de la existencia de 71 localidades indígenas, nueve de ellas en el área de influencia directa del Proyecto Minero Ixtaca. “Derivado de una nueva revisión de la información estadística disponible en esta Coordinación se identificó población indígena o personas indígenas náhuatl tanto en el municipio como en el área de interés del proyecto”, señaló el INPI. En una nota técnica el INPI añadió que en 2015 había en Ixtacamaxtitlán 4 mil 841 personas (19.7%) de población indígena y 7 mil 608 personas (31%) de población indígena por autoadscripción, 50.7% de la población total del municipio. De las 71 localidades indígenas identificadas por el INPI, Santa María Zotoltepec, Zacatepec, Loma Larga, Almonamique, La Vega, Tuligtic (San Miguel), Ahuateno, Cruz de Ocote e Ixtacamaxtitlán (San Francisco), se ubican dentro del área del proyecto minero. Además advirtió que “un mayor número de localidades de población indígena podrían ser impactadas por las condiciones del Río Apulco que se encuentra cerca del área del proyecto”. Cabe recordar que desde 2015 la minera negaba la existencia de población indígena ante sus inversionistas y frente autoridades mexicanas para no realizar ninguna consulta, pero a partir de 2018 avalaba ese dicho con un oficio entregado por la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Hace poco más de cuatro meses el Gobierno Federal liberó la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para la mina de Samalayuca. La mina será para la explotación y beneficios de minerales en yacimientos de cobre a cielo abierto en el tajo la Gloria. El permiso fue autorizado por Semarnat este año, es decir, por la actual administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Se otorgó el 21 de junio, a la empresa Samalayuca Cobre S.A. de CV, representante en México de la canadiense VVC Exploration Corporation.
“Sí hubo un cambio de suelo otorgado por la delegación, pero fue solo para unas 70 hectáreas, no para toda la superficie que contempla el proyecto”, dijo uno de los funcionarios de Semarnat que pidió no ser identificado porque no tiene autorización para hablar de manera pública sobre el tema. La empresa minera informó que el área de explotación total es de mil 622 hectáreas.
“Tenemos adelantado algunas áreas necesitamos que el gobierno venga a apoyarnos para hacer la mediación entre nosotros y las comunidades. Dependemos de la agenda de los gobiernos estatal como federal para que nos ayuden a formalizar estos acuerdos”. Dijo Luiz Camargo, director país de Compañía Minera Cuzcatlán y representante de la canadiense Fortuna Silver Mines.
Este cuarto proyecto de que hizo referencia podría estar ubicado 40 km de la operación de San José del Progreso. “Hay anomalías, evidencias según geólogos que esa área pudiera ser muy importante para nosotros, en otro y plata. Por la formación de los yacimientos, pudiera ser similar a lo que tenemos hoy plata y otro”, expresó.
La empresa espera tomar la decisión en el año próximo, y si no logran el permiso de las comunidades amenazó que podría invertir en Perú o Argentina donde tiene otros proyectos.
Un estudio reveló que agricultores hidalguenses cosechan maíz contaminado con metales tóxicos como cadmio y plomo, por encima de los límites permitidos por las normas nacionales e internacionales.El estudio publicado en Environmental Gepchemistry and Health menciona que Hidalgo, junto con otros estados de México, fue un lugar minero durante varios siglos por lo que los desechos y productos químicos se encuentran aún en su suelo, agua y tierra. Algunos análisis han sugerido que el maíz, el alimento básico de los mexicanos, puede asimilar metales tóxicos presentes en el suelo donde se cultivan e incorporarlos a distintas partes de la planta. Pero esa cantidad varía según el suelo, clima del lugar y el tipo de contaminante, dice María Aurora Armienta, geoquímica ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad de México. Para saber si esa contaminación afectaba al maíz mexicano, Armienta y sus colegas decidieron enfocarse en Zimapán, una de las zonas mineras más antiguas de Hidalgo que ha sostenido una explotación durante casi 400 años. El equipo obtuvo y analizó muestras del suelo de parcelas de maíz ubicadas a 20 y 30 metros de un depósito de desechos mineros, llamado relave. También recolectaron suelo de otro campo más lejano y menos contaminado. Todas las muestras contenían rastros de arsénico, plomo, cadmio, hierro y zinc, con concentraciones más altas en los sitios más cercanos al relave. Cabe recordar que en 2012 en otro estudio, la misma investigadora junto con Esther Aurora Ruíz Huerta, también de la UNAM, comprobaron la acumulación de arsénico y metales pesados en el maíz en el municipio minero de Taxco, Guerrero.
«Oaxaca es el estado de la República con mayor potencial minero, en su mayor parte desaprovechada», aseguró Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía (SE). Aunque reconoció que muchas comunidades del estado no están de acuerdo con la minería. «No es algo que tomemos como un hecho fatal» porque se busca “desmitificar” todo lo malo que se ha dicho de la industria, dijo.
En particular comentó que trabaja con el gobierno de Oaxaca «para llevar argumentos sólidos, que realmente sean convincentes” para cambiar la percepción de los oaxaqueños sobre la minería y exponerles que puede resolver todas las necesidades de infraestructura, como caminos, escuelas u hospitales pueden resolverse con la minería.
El subsecretario aseveró que no se tienen nuevos proyectos mineros en el estado pero existen otros muy importantes que no se han concretado pero el subsuelo oaxaqueño es rico en oro y petróleo y también en material de construcción como las tierras raras, arenas, gravas, grafito, barito o silicio.
También, apoyó la idea de consultas en cada etapa de proyectos mineras para informar la comunidad pero también porque darán certidumbre y seguridad a inversionistas. La minería se puede hacer de manera ambientalmente sostenible, socialmente incluyente y fiscalmente responsable generando recursos para la región, manifestó Quiroga.
Cuestionado sobre la oposición al Proyecto Transístimico Quiroga respondió: «es la riqueza de los mexicanos y de los pobladores. Son los que tienen que beneficiarse de esa riqueza. Es la única manera en que nuestro gobierno prevé el desarrollo el desarrollo participativo que genera el bienestar social en, para y por las comunidades».
El gobierno de Alejandro Murat Hinojosa está metido en el proveimiento de la minería en Oaxaca. El secretario de Economía Juan Pablo Guzmán Cobián está colaborando con los gerentes de Don David Gold y Minera Cuzcatlán, Andrés González y Luis Camargo, respectivamente para promover las actividades extractivas.
Presume que en el estado, la actividad minera genera una derrama económica anual de 8 mil 440 millones de pesos y genera nueve mil empleos, aunque no está clara en que se aplique este dinero.
En un comunicado del Gobierno del Estado destacó que “México es un país de vocación minera” y es el principal productor de plata en el mundo y Oaxaca es el quinto productor nacional de este metal. En Oaxaca existe una capacidad para obtener 3 mil 750 toneladas de plata al día con un volumen anual de producción superior a los 10 millones de onzas troy.
“No entendemos por qué en su discurso el Presidente dice que está con los pobres y los indígenas , pero en su administración regatea los derechos de los pueblos y favoreces a las empresas “ , argumentaron.
Autoridades municipales agrarias de distintos municipios y comunidades de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca se pronunciaron ante el proyecto de presa hidroeléctrica promovido por el gobierno de Andrés López Obrador
Miguel Quiroz cruz edil de Santiago Ixtayutla ; Regino Ruiz Cortés, agente de San Lucas Atoyaquillo, Jaime Jimenez agente de Paso de la Reyna , Jamiltepec , entre otros, informaron en Julio de este año recibieron el oficio número SGPA/DGIRA/DG/04734 fechado el 20 de Junio en la Ciudad de México , de la Subsecretaria de Gestión para la protección Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y recursos naturales (Semarnat)
De acuerdo con su explicación , en ese documento les fue comunicado que la empresa Generación Enersi S.A de C.V presento para análisis y evaluación el proyecto denominado “Proyecto Hidroelectrico para la generación de Energía Renovable PH Río Verde.
Este proyecto advirtieron afectara a los municipios de Santa Cruz Zenzontepec , Santiago Ixtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec , Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional.
Como si las consultas indígenas fueran parte del pasado, ayer durante su arribo a Aguascalientes, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que «Ahora vamos a licitar todos los parques industriales del (proyecto del) Istmo de Tehuantepec, se van a licitar», de gira por Aguascalientes.
Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, acudió a recibir al aeropuerto al presidente junto con Lorenzo Manuel Berho Corona, co-fundador de la empresa que ayer inauguró el parque Vesta Park Aguascalientes con una inversión de 150 millones de dólares. Durante el breve encuentro que Berho tuvo con el mandatario, le hizo saber que será él quien asuma la presidencia de la Asociación Mexicana de Parques Industriales a partir de enero de 2020. Cabe destacar que la empresa Vesta, mantiene una lista de 24 parques ubicados en Querétaro, San Miguel de Allende, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Tijuana, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Puebla y Estado de México, en su portafolio de inversiones. Mientras que en Oaxaca, una empresa parecida en nombre (la danesa Vestas), ya opera pese a que pobladores zapotecos han librado una larga batalla de vicios procesales y violaciones graves a los derechos humanos a causa del parque industrial de Eólica del Sur (antes Mareña Renovables) que se instaló en tierras ilegalmente privatizadas sobre los Bienes Comunales de Juchitán. Cabe mencionar que ante la nueva ofensiva de megaproyectos el presidente municipal de la Villa de San Blas Atempa, Antonino Morales Toledo, y Fredy Ayala González, edil de Sayula de Alemán Veracruz, suscribieron una alianza estratégica para luchar por causas comunes y que el proyecto del Corredor Transístmico sea en beneficio de los que menos tienen.
El pasado cinco y seis de octubre, se llevaron a cabo reuniones de seguimiento de la llamada Consulta Indígena, que pretende legitimar, vía autoridades comunitarias, la imposición de los megaproyectos incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, informa la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM) en un pronunciamiento. Se reporta que en las reuniones que tuvieron lugar en Jaltepec de Candayoc y Salina Cruz, se enfatizó que el proyecto de desarrollo del Istmo ya está ejecutándose y no hubo espacio para debatir. “Constatamos de la falta de seriedad por parte de personal de las diferentes secretarías de gobierno, ya que cada sesión envía a personal diferente para coberturar las reuniones, que la mayoría de las veces, desconocen los compromisos entablados con las comunidades en reuniones pasadas (…) la prioridad del gobierno federal no está en resolver las necesidades básicas de las comunidades, ya que éstas no han sido atendidas, a pesar de la petición expresa de las comunidades respecto a salud, educación, reconstrucción, empleo, los funcionarios sólo informan que no fue posible resolver la solicitud, no retoman las propuestas, ni tampoco dan opciones a las personas”. En fin, las propuestas de desarrollo del gobierno federal no responden a las necesidades de las comunidades, “no hay impulso a su pequeña industria, porque ésta no genera explotación y ganancia, no hay propuestas sustentables, no hay perspectiva de género ni ruptura con los antiguos sistemas de explotación que vulneran a las comunidades originarias”.
Decenas de ciudadanas y organizaciones civiles, entre ellas EDUCA, denunciamos la deplorable alianza que se ha formado entre la décima edición del Oaxaca FilmFest (del 4 a 10 de octubre) y la Compañía Minera Cuzcatlán. Mientras ignoramos los alcances, profundidad, términos y condiciones de dicha alianza, decidimos no ignorar el hecho de que la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines Inc., es responsable de múltiples violaciones a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, así como de violaciones a tratados internacionales de derechos humanos, ya que se impuso de manera violenta e irresponsable con el Proyecto Minero “San José” en los Valles Centrales. De ahí que se desatara una serie de conflictos que llegaron al extremo de cobrar la vida de opositores a la mina y defensores de la tierra y el territorio, como fue el caso (en 2012) de los asesinatos de Bernardo Vázquez Sánchez y Bernardo Méndez Vázquez, miembros de La Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán (CPUVO). Por si fuera poco, la comunidad de Magdalena Ocotlán ha señalado la responsabilidad de Fortuna Silver Mines en la contaminación del río Coyote con residuos y desechos tóxicos, ocurrido hace un año. Es por todo lo anterior que condenamos la engañosa maniobra de Minera Cuzcatlán que pretende lavarse las manos, pues al financiar iniciativas como Oaxaca FilmFest no sólo intenta ocultar los efectos destructivos de su lucro (y tal vez deducir impuestos de paso), sino que pretende justificarse (y tal vez burlarse) sobre la ridícula cantidad de dinero que seguramente le dan a sus “aliados”, como las migajas que dejan en el pueblo de San José del Progreso, y en general en la República Mexicana, a cambio de envenenar tierras, ríos y vientos.
“Los megaproyectos en el gobierno de la 4T (Cuarta Transformación) representan una grave amenaza para el ejercicio y respeto pleno de los derechos de los pueblos indígenas en el estado de Oaxaca“, afirmaron organizaciones y comunidades de pueblos originarios en defensa de sus territorios.
Más de 25 colectivos, redes y frentes contra megaproyectos convocaron a participar en la jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de sus Territorios al que autonombraron “Samir Flores Vive” para exigir el respeto pleno del derecho a su libre determinación ante los megaproyectos que violentan gravemente los derechos de los Pueblos Indígenas.
Y es que “los grupos de poder económico han iniciado una cuarta embestida contra la vida y territorios de nuestros Pueblos en México (y) tienen como su aliado al gobierno que sirve a sus intereses”.
“Ante esta realidad, nuestros Pueblos tienen la claridad de que esta nueva forma que ellos llaman ‘desarrollo’ ha representado la muerte de nuestra cultura, la implantación del capital sobre nuestros derechos y la destrucción de nuestro tejido social de nuestras comunidades”, puntualizaron.
En el marco del Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular y la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y de Nuestros Territorios a conmemorarse el próximo 12 de octubre, pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos de Oaxaca convocaron a la Jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de Nuestros Territorios ¡Samir Flores Vive! para denunciar las violaciones a los Derechos Humanos y Derechos Indígenas y reivindicar su derecho de libre determinación como pueblos y comunidades indígenas.
Oaxaca y Chiapas son los dos estados más mortíferos para ambientalistas y defensores de los derechos humanos. En lo que va del año, al menos 12 activistas fueron asesinados, según datos recogidos por Amnistía Internacional (AI). Cinco de estas víctimas fueron atacadas en Oaxaca y otras cuatro en Chiapas. La organización de defensa de los derechos humanos inició recientemente la campaña “No Más Asesinatos: Alza la Voz por las y los Ambientalistas en México” para denunciar estos ataques. Según los informes publicados por Global Witness, la cantidad de personas asesinadas cada año por su activismo ambiental está en aumento. En 2017, Global Witness registró un incremento de 3 a 15 muertes con respecto al año anterior en el país. En 2018, la misma organización señaló que 14 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas ese año en México, manteniéndose cifras similares a las del 2017. En lo que va de 2019, Amnistía Internacional ha registrado el asesinato de 12 personas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente. “El Estado mexicano, debe reconocer públicamente la situación de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente y el gobierno actual debe tomar acción contundente para garantizar que ellas puedan trabajar de manera segura”, reitera Amnistía.
Padres de familia de la escuela primaria Adolfo López Mateos de la comunidad El Cuajilote protestaron en la entrada de la minera Cuzcatlán, en San José del Progreso. Protestaron el incumplimiento a promesas hechas por la empresa minería y por eso cerraron los accesos a la mina. La protesta impidió la entrada y salida de trabajadores, maquinaria, y vehículos a la mina.
Consideraron que fueron engañados porque, a cambio de permitir que la empresa minera se estableciera en la zona, acordaron que les construirían caminos, obras y la escuela, mismas que a la fecha no han cumplido. Los padres quieren comunicar con los directivos de la empresa para llegar a algunos acuerdos y obtener los beneficios sociales que se les prometieron.
La minera Cuzcatlán asegura que en San José del Progreso han hecho inversiones por 177.2 millones de pesos en programas sociales y pecuarios.
La Unión de Comunidades Forestales Zapotecas y Chinantecas (UZACHI) exigió a los gobiernos a asumir compromisos con las empresas forestales comunitarias del país porque “la política pública prioriza otro tipo de actividades económicas que han ocasionado severas afectaciones ambientales y sociales en los territorios forestales como la minería y la agroindustria”. Están preocupados por las concesiones del agua y los depósitos minerales que el Estado ha estado entregando exponencialmente en los últimos 25 años porque eso lleva a despojo.
Las empresas forestales comunitarias invierten más del 60% de sus ganancias en la restauración del bosque y en obras sociales como escuelas, centros de salud, caminos y más. Sin embargo, deben cumplir con la misma carga fiscal que una empresa privada. Estos cargas fiscales además de tramitología oneroso resulta en la desarticulación de los emprendimientos comunitarios que resulta muchas veces en la privatización de los terrenos.
La UZACHI formó en 1989 con el objetivo de cuidar y mantener los bosques y proveer la comercialización pero del punto de vista de sostenibilidad de y por los comunidades. Pidieron a los gobiernos y legisladores a apoyar políticas que apoyan las comunidades forestales en vez de crear mas desafios.
La UZACHI explica que “en el país existen alrededor de mil empresas forestales comunitarias, que son un referente a nivel internacional de la conservación activa de los recursos forestales. Sin embargo, en el país, los gobiernos, las empresas…han optado por otro tipo de políticas conservacionistas…que no han tenido buenos resultados, pues no han logrado frenar la deforestación en el país ni la ilegalidad en el comercio de productos forestales ni han permitido el desarrollo de emprendimientos productivos que les generen ingresos a las comunidades forestales”.
“Las prioridades reales no se ven en los discursos sino en las leyes y, sobre todo, en los presupuestos”, afirma Eugenio Fernández Vázquez. “Por eso se había dicho que las prioridades reales del presidente Andrés Manuel López Obrador se verían en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 (PEF), el primero en ser plenamente elaborado por su administración”, afirma. Sin embargo, el periodista da a conocer su análisis del presupuesto de la Semarnat y lo que muestra para el sector ambiental “es que no sólo no es una prioridad, sino que está casi al fondo de la lista, y que la aplicación de la ley no es relevante para este gobierno. Si este rubro ya había sufrido un recorte del 20 por ciento en términos reales entre 2018 y 2019, para 2020 le espera un recorte adicional del cuatro por ciento. Por ejemplo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente verá su presupuesto recortado en 18%. Hoy, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las dependencias a su cargo tienen un presupuesto equivalente a la tercera parte del que tenían hace cinco años”. En resúmen, “es bastante triste y apunta en otra dirección -mucho más neoliberal y cortoplacista, para mi decepción y tristeza”, afirma en su cuenta de twitter. Leer toda la reflexión de Fernández Vázquez:
La explotación de los recursos hídricos en el estado de Jalisco por parte de un puñado de empresas tienen en pie de lucha a los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que, por lo pronto, decidieron unir fuerzas y crear el frente “Revolución del Agua” a través del cual pretenden defender su fuentes de abastecimiento de agua natural. Y es que, con la anuencia de los gobiernos en turno, seis empresas de la región del Bajío buscan apropiarse de dos de los caudales más valiosos para el país, los ríos Lerma y Verde. Las aguas del río Verde son las más cotizadas de la región, esto debido a que no se encuentran tan contaminadas como las del Lerma-Santiago o el río Turbio. Sobre su cause intentan imponer la presa el Zapotillo. Cansados de las promesas oficiales de los gobernantes, los habitantes de las comunidades afectadas decidieron unir fuerzas y crear un frente de lucha por la defensa del agua y de sus tierras con la constitución de la agrupación Revolución del Agua. Leer el reportaje de Project PODER
La autoridad federal del corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Rafael Marín Mollinedo, anunció que el gobierno Federal está realizando estudios técnicos para la construcción de una nueva súper carretera Coatzacoalcos –Salina Cruz en el que invertirán 12 mil millones de pesos para su construcción
Esta obra sería 4 carriles y de cuota, en aras de reducir los tiempos de viaje terrestre entre Coatzacoalcos y Salina Cruz dentro del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Según explico Marín Mollinedo
En entrevista el funcionario federal además hizo el anuncio de la instalación de 10 parques industriales entre Veracruz y Oaxaca dentro los proyectos de desarrollo del canal interoceánico del Istmo.
Los parques industriales estarían distribuidos en 10 poligonales donde se contemplan exenciones fiscales semejantes a lo sé que conoció como Zonas Económicas : con tasa cero en impuestos IVA e ISR.
A los inversionistas y empresarios que quieran participar dentro estos parques industriales se les dará una exención del 100% del impuesto sobre la renta (ISR )durante los primeros 10 años de operaciones y 50% en los siguientes 5 años expuso.
Hidalgo alertaron sobre la instalación de una nueva línea de transmisión eléctrica, que abarcará de Unión Hidalgo a Ciudad Ixtepec y que es promovida por el Banco Invex y Siemens Gamesa. El proyecto partirá de la Subestación SET y concluye en la subestación Ixtepec Potencia, atravesando los municipios de Unión Hidalgo, Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec y Ciudad Ixtepec, además tendrá una tensión nominal de 400 kilovolts y se instalaran 80 torres de acero, de tipo suspensión, deflexión y remate, según el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Semarnat. Edgar Martín Regalado, defensor comunitario explicó que se enteraron del proyecto a través de una búsqueda en la pagina electrónica de la Semarnat y asimismo a través de una publicación de inserción pagada por Siemens Gamesa y Banco Invex en un diario de circulación estatal, por lo que recurrieron a la solicitud de la reunión informativa se la Semarnat el próximo jueves 12 de septiembre con carácter de urgente. Cabe recordar que las empresas Eólica de Francia (EDF) y Siemens planean construir tres parques eólicos más en Unión Hidalgo.
Comuneras, comuneros y defensores comunitarios de Unión Hidalgo, denunciaron que a pesar de que existe una sentencia de amparo expedida el pasado 23 de agosto por la juez primera de distrito radicada en el municipio de San Bartolo Coyotepec; autoridades de la Secretaria de Energía (Sener) llevaron a cabo este sábado la Asamblea en torno a la consulta indígena que comenzó desde el año pasado para la instalación de un nuevo megaproyecto eólico en esta comunidad zapoteca. La asamblea fue encabezada por Melquiades González Juárez, Director general adjunto de vinculación social y operador de la Sener, en donde participaron alrededor de 500 personas, entre ellos propietarios de tierras, defensores comunitarios y también pueblo en general. La consulta realizada este sábado en el centro de la población está en la fase informativa sobre la central eólica Gunáa Sicarú (mujer bonita), un parque que según el permiso otorgado por CRE tendrá 96 aerogeneradores con capacidad de 2.625 mega watts. Explicaron que el expediente de sentencia de amparo con número 377/2018 especifica que las autoridades responsables en este caso, la Dirección General de Impacto Social y de Ocupación Superficial, ambos organismos dependientes de la Sener “no deberán realizar ni continuar las fases sobre la construcción y operación de la central eólica “Gunáa Sicaru”, hasta en tanto se reciba la opinión y en su caso validación de la información enviada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”. “Que pena que un gobierno que presume tener conciencia y voluntad se esté prestando a la farsa de simular que nos consulten. Si la asistencia a estas ‘asambleas’ es del 4% de la comunidad, ¿que tan válido son esos acuerdos?” denunciaron los defensores en una misiva.
En una decisión unánime, los ejidatarios de Ojo de la Casa, en Samalayuca decidieron ir contra el decreto que desde el 2009 los incluyó dentro del área natural protegida, hace un año le ganaron al Gobierno Federal y concesionaron una parte de sus tierras a una empresa canadiense para la explotación de yacimientos de cobre a cielo abierto que se ubican en esa zona del municipio de Juárez.
Los ejidatarios hicieron un contrato de ocupación temporal de los predios con VVC Exploration Corporation, empresa que el pasado 7 de agosto anunció que su junta directiva aprobó la operación de una mina piloto en Samalayuca, la cual se espera pueda estar en operación en seis o nueve meses.
Para Santiago González Reyes, abogado derechohumanista que alista un amparo para frenar el proyecto, “cambiar de área natural protegida por una mina es una aberración”. Las excavaciones estarán 50 kilómetros de la mancha urbana de Ciudad Juárez, que para Reyes se pone en riesgo la única reserva de agua de Ciudad Juárez. Reyes es parte del Frente de Ciudadanos contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca.
“Es un proyecto altamente contaminante que traerá consecuencias en nuestro medio ambiente”, advierte a su vez Lydia Graco, vocera del Frente Ciudadano Contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca e integrante del movimiento Para Que No Mine la Mina.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se reunió con organizaciones indígenas del Istmo y de la península de Yucatán, con quienes reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las comunidades y pueblos en defensa del territorio y recursos naturales.
En respuesta a una carta enviada al secretario Víctor Toledo, se realizó el encuentro del subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Arturo Argueta, con la la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal.
En dicho encuentro las organizaciones criticaron que la Semarnat “ha jugado como impulsor de un modelo devastador de la transición energética” y plantearon propuestas para que las organizaciones comunitarias tengan una participación efectiva en el diseño del Plan Nacional de Transición Energética.
Detallaron los impactos generados por el modelo neoliberal en el Istmo de Tehuantepec y en Yucatán como los parques eólicos y las granjas porcícolas, con los cuales las poblaciones han sido las principales afectados con incremento de pobreza y violencia.
Las autoridades de San Pedro y San Pablo Ayutla desmienten la existencia de una “mesa permanente” y señalan que es una estrategia del gobierno estatal “para evitar que se cumpla el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador” de enviar a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero a atender la problemática, el despojo de agua y terrenos por parte de su comunidad vecina, Tamazulápam del Espíritu Santo. En el comunicado hacen un recuento de las negociaciones durante más de dos años y dan a conocer que hubo tres acuerdo firmados entre las comunidades en conflicto y el gobierno estatal, sin embargo los acuerdos fueron incumplidas “y los grupos violentos de dicha comunidad junto a sus autoridades impidieron su ejecución”. Por lo tanto, las autoridades de Ayutla reiteran que rechazan “toda narrativa del gobierno estatal en el que se pretende lavarle las manos al gobernador sobre su irresponsabilidad en la problemática y sus abiertas mentiras. Nos hemos dado cuenta que el gobierno del estado protege al que usa la violencia, al que destruye nuestros tanques, al que asesina, secuestra y viola, eso parece no ofenderle al gobernador, le ofende más nuestra denuncia social”, y por eso exigen la intervención de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero.
El miércoles, entre gritos y jaloneos, agentes de la Guardia Nacional y policías federales desalojaron a un grupo de migrantes africanos y haitianos que mantenían una protesta frente a las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo 21, con sede en Tapachula, para exigir libre tránsito por México. En su página de Facebook, la organización Pueblos Sin Fronteras detalló que las personas migrantes “protestan por la corrupción de los agentes del Instituto Nacional de Migración, por sus trámites que no avanzan, y por maltrato de parte de las autoridades. Solicitan una solución a sus trámites y que se les deje migrar a su destino, que dicen que no es México (…) Algunas mujeres migrantes se sentaron en el camino como un acto de resistencia no violenta porque ya no pueden esperar más por su derecho de migrar – muchas niñas y niños están enfermos y han gastado todo su dinero en esta ciudad cárcel. Los agentes intentaron levantarlas a la fuerza, incluso, trataron de quitar de los brazos de una madre a un niño. Dejaron también a un hombre migrante desmayado en la calle sin recibir ninguna clase de atención médica.” En un comunicado, Pueblos Sin Fronteras denunció que las autoridades mexicanas están llevando a cabo “una verdadera cacería de migrantes (…) El sistema de asilo en México está colapsando. Tapachula es una ciudad cácel de la cual las personas migrantes sólo buscan escapar, pero la corrupción de INM y la represión de la Guardia Nacional les encierra y les extorsiona, violentando así los derechos humanos que el actual gobierno mexicano prometió defender”.
A la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo lo conocen como: “tierra de las mujeres bonitas”, pero estas mujeres prefieren que ahora las conozcan como “mujeres defensoras de la vida y el territorio” porque su mayor anhelo es recuperar los ríos limpios, los terrenos cultivados de maíz y las flores endémicas curativas que disfrutaban antes de la llegada de las empresas eólicas europeas. Ahora han dejado de hacer sus quehaceres por ir a informar a su gente sobre el nuevo proyecto eólico “Parque eólico Gunaa Sicarú” que impulsa la trasnacional Eólica de Oaxaca, filial Electricité de France (EDF), el cual contaría con 96 aerogeneradores con una producción anual estimada de 825.7 gigawatts hora por un tiempo de 30 años. No es la primera vez que en Unión Hidalgo las mujeres se organizan, sin embargo sí es la primera que se unen usando “la palabra” para defender la vida y el territorio, en este poco tiempo de estar juntas han sabido caminar, organizar y compartir lo que saben; algunos las llaman las rebeldes y otros “opositoras al desarrollo”, también les han dicho que de nada servirá lo que hacen, que no gasten su tiempo en distracciones. Sin embargo siguen y en sus visitas domiciliarias han conseguido aliadas, que motivan su lucha y refuerzan su colectivo al que llaman “Mujeres gubiñas en defensa de la vida”. Andrea Manzo Matus, estudiante de Antropología Social, dice: “hace doce años llegó a Unión Hidalgo una empresa eólica, que es Demex, en ese entonces nadie nos consultó nada, ni nos preguntaron si queríamos que esas gigantescas torres eólicas invadieran los cultivos, a veces aunque no nos guste, los dueños de las tierras son los que decidieron, pero en esta ocasión no queremos que se repita lo mismo”.
“Poca gente sabe que los parques eólicos nuevos que se instalaran en la zona van a dotar de energía eléctrica a las empresas extranjeras que se ubicaran en el corredor transismico que el gobierno federal y de Oaxaca intentan ubicar para “crear economía” en esta zona, expuso Rubén Valencia, defensor de la vida e integrante del Comité Ixtepecano Vida y Territorio.
El 18 de agosto de 2019, hubo un accidente fatal en que un empleado contratista murió dentro de la mina San José. Por eso Cuzcatlán suspendió por un día sus operaciones.
El accidente ocurrido este domingo 18 de agosto de 2019 involucró un scooptram operando bajo tierra con capacidad de aproximadamente 10 toneladas métricas. El individuo herido de muerte fue el conductor de la cargadora subterránea, por lo que las autoridades locales y gubernamentales correspondientes fueron notificadas de inmediato y se inició una investigación sobre el accidente para determinar la causa, explicó el presidente y Director de Fortuna Silver Mines Inc, Jorge A. Ganoza.
En un comunicación, el presidente dijo “la salud y seguridad de nuestros trabajadores en nuestras minas es nuestra máxima prioridad, y se está llevando a cabo una investigación para determinar cómo sucedió esto”.
Cabe recordar que en el otro complejo minero en el estado, ubicado en San José de Gracia, en enero de 2017 murieron dos trabajadores en accidentes laborales en la mina Don David Gold, filial de la empresa Gold Resource Corporation (GRC). Sin embargo, ni David Gold ni las autoridades estatales dieron a conocer los resultados de sus investigaciones sobre la seguridad en esta mina.
Tras una larga pero infructuosa reunión con las autoridades de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe y Tamazulapan del Espíritu Santo, el gobernador Alejandro Murat canceló su visita a la región, planeada para el 21 de agosto, argumentando que “no hay condiciones”. La visita era para la reconexión del servicio de agua, que Murat les prometo a los ciudadanos de Ayutla y a AMLO. En una conferencia de prensa, Murat informó que supuestamente acordó mantener una “mesa permanente de diálogo” entre las dos comunidades, en tanto se pueda llegar a una solución. Pero ahora, la comunidad está esperando sin fecha para la reconexión del servicio de agua.
El anuncio de Murat Hinojosa era en respuesta al bloqueo que el 17 de agosto cuando un grupo de habitantes de Ayutla instaló sobre la carretera al regreso de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los hospitales rurales del IMSS-Bienestar en la sierra mixe de Oaxaca. Pidieron la intervención del presidente para resolver el conflicto despues del omission del Gobieron del Estado que hace dos años no resuelve sus peticiones y permea la impunidad en las agresiones hacia la comunidad. Durante la plática que tuvieron con el mandatario federal, se acordó la intervención directa del Gobierno Federal en caso de que el Gobernador no dé solución a sus demandas de seguridad y reconexión del servicio de agua potable. El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que si el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, no da solución a las demandas de Ayutla, enviará a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero para atender la problemática. Ayutla carece de agua desde que en junio de 2017 vecinos de Tamazulapám dinamitaron la infraestructura hidráulica del principal manantial de la comunidad.
Oaxaca, Oax. Luego de que autoridades municipales y de bienes comunales de Santiago Ixtayutla y Santa Cruz Zenzontepec se manifestaron en contra de la construcción de una hidroeléctrica en el Río Verde por parte de la empresa privada Generación Enersi, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca inició un cuaderno de antecedentes para documentar este caso y analizar su desarrollo, señaló el ombudsman estatal, José Bernardo Rodríguez Alamilla.
En entrevista, el defensor señaló que este proyecto debe pasar por un proceso de consulta a las comunidades indígenas de esta zona de la regiones de la Costa y Sierra Sur en donde se está proyectando dicha obra de infraestructura, para lo cual la DDHPO se mantendrá vigilante de que estos procesos se realicen conforme a la ley y respeten la libre determinación de los pueblos.
Añadió que la defensoría solicitará a las autoridades federales la información concerniente al proyecto para conocer sus alcances, ya sea beneficios o afectaciones que podría generar, pero también se buscará el acercamiento con las autoridades municipales y comunales de las Santiago Ixtayutla y Santa Cruz Zenzontepec, así como de otras localidades que se encuentren en la zona en cuestión.
Rodríguez Alamilla refirió que el organismo a su cargo no puede permitir que se violenten los derechos humanos de los habitantes de estas comunidades, e incluso advirtió «cuando veamos que a las comunidades no se les está tomando en cuenta lo vamos a señalar como tal, esto debe tener un costo social o político para las instituciones que lo empiecen a hacer».
La obra que pretende edificar afectaría a los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andres Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional, acusaron en días pasados autoridades de Zenzontepec, mismas que informaron que la hidroeléctrica planea hacer uso de 71 hectáreas para la obra y generar 30 mega watts.
Los Pueblos Chatino y Mixteco nos pronunciamos ante la nueva amenaza de la construcción de un nuevo Proyecto Hidroeléctrico en el Río Verde, promovido por la empresa GENERACIÓN ENERSI S.A. de CV.
En el mes de julio recibimos el oficio No. SGPA/DGIRA/DG/04734, fechado el 20 de junio en la Ciudad de México, de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT donde nos comunican que la empresa arriba mencionada presentó para análisis y evaluación el proyecto denominado “Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable PH Río Verde”. Este proyecto afectará a los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional. Se proyecta la construcción, operación y mantenimiento de una central hidroeléctrica para la generación de 30 MW de energía para lo cual se pretende utilizar el caudal del Río Verde
A lo largo de nuestra vida como Pueblos hemos convivido, cuidado y defendido el Río Verde porque es la madre de nuestras aguas y representa la fuente de vida en la Cuenca y los territorios mixtecos, chatinos y afromexicanos. Por lo cual por este medio notificamos a la SEMARNAT y a la empresa GENERACIÓN ENERSI S.A. de CV. que no estamos de acuerdo con dicho proyecto y no permitiremos estudios ni su construcción por las graves afectaciones que esto traería a nuestra vida y a la madre naturaleza.
Los pueblos y nuestras autoridades en base a nuestros sistemas normativos internos y con derechos que nos conceden los tratados internacionales y nuestra constitución hemos emprendido los medios de defensa por vías pacíficas, administrativas y legales para que se respeten nuestros modos de vida y nuestro territorio.
Nos sorprende que el actual gobierno federal insista en este tipo de proyectos, por más de diez años hemos argumentado nuestra oposición al Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina que fue promovido por la entonces paraestatal Comisión Federal de Electricidad. Ahora ante la privatización del sector energético las empresas privadas tienen su mira sobre nuestros bienes.
El Río Verde se encuentra actualmente protegido por el amparo (701/2018) interpuesto en julio de 2018 por el ejido de Paso de la Reyna. Este recurso contra la declaración de zonas de reserva – decretos publicados al final del gobierno de Enrique Peña Nieto – fue otorgado por un juez federal y no se podrá construir ningún proyecto de infraestructura. Sin embargo, a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la SEMARNAT y CONAGUA interpusieron un recurso de revisión, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE UN JUEZ FEDERAL. No entendemos porque la SEMARNAT pretende negar un derecho demostrado y ganado en tribunales. No entendemos porque Andrés Manuel López Obrador en su discurso dice que esta con los pobres y los indígenas, pero en su ADMINISTRACIÓN regatea los derechos de los pueblos y favorece a las empresas.
Estamos en alerta y organizando a pueblos y municipios de la región de la Costa y Sierra Sur, no permitiremos más saqueo.
¡¡Pueblos Vivos, Ríos Libres!!
¡¡Ríos para la Vida no para la Muerte!!
ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO IXTAYUTLA
COMISARIADO EJIDAL DE SAN LUCAS ATOYAQUILLO, IXTAYUTLA, JAMILTEPEC
AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE CORRAL DE PIEDRAS, IXTAYUTLA.
NUCLEO RURAL DE LAS TROJES, IXTAYUTLA
AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS ATOYAQUILLO, JAMILTEPEC
COMISARIADO EJIDAL DE PASO DE LA REYNA, JAMILTEPEC
CONSEJO DE VIGILANCIA DEL EJIDO DE PASO DE LA REYNA JAMILTEPEC
AGENCIA MUNICIPAL PASO DE LA REYNA, JAMILTEPEC
CONSEJO DE PUEBLOS UNIDOS EN DEFENSA DEL RIO VERDE
El presidente Andres Manuel Lopez Obrador firmó el ‘Pacto Oaxaca´una agenda estratégica para desarrollar la economía de la región del Sur-Sureste del país, a través del impulso industrial. Admitió que el impulso y desarrollo del Sur-Sureste de México “es un asunto de justicia”, ante el abandono gubernamental a esta región y que quiere un crecimiento económico “horizontal.”
El ‘Pacto Oaxaca’, convocado por la Concamin, fue firmado por el Consejo Coordinador Empresarial y las diversas cámaras miembro, como la Concanaco Servytur, el Consejo Mexicano Agropecuario y el Consejo Mexicano de Negocios, así como los gobernadores de los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Yucatán, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Campeche.
Parte del proyecto es el desarrollo del Tren Maya, el cual tendrá una inversión pública de 150 mil millones de pesos. Además se incluye el proyecto de Corredor Multimodal Interoceánico que beneficiará a 79 municipios, 49 de Oaxaca y 33 de Veracruz.
AMLO indicó que con este impulso quieren ver el PIB nacional tenga un crecimiento del 4 por ciento. También, comentó del industria petrolera donde 90 % de la inversión es para el sur y sureste.
El Presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero, subrayó en una entrevista la urgencia del proyectos en el Istmo donde “una buena parte de nuestra fuerza de trabajo migra a otras regiones del país.”
La minera Cuzcatlán de San José del Progreso, Oaxaca, es la sexta mina del país de donde mayor cantidad de plata se extrajo en 2017, màs de 8 millones onzas de plata en 2018; adicionalmente se extraen cada año más de 50 mil onzas de oro. Sin embargo, lo que se encuentra alrededor, el pueblo de San José del Progreso está marcado por la marginación, el conflicto social y las enfermedades de sus pobladores. En San José del Progreso, 97.2% de los habitantes carecen de servicios básicos (agua potable, drenaje) en su vivienda y el 96.2% no tiene acceso a seguridad social, de acuerda a los estudios de Coneval.
Aun con recursos etiquetados para 2019 por al menos 65 millones de pesos para obras en la comunidad y sus agencias, mil 591 viviendas carecen de agua potable y mil 261 de drenaje. Por si fuera poco, el insuficiente personal de la clínica a cargo de los Servicios de Salud de Oaxaca en la agencia de Maguey Largo sostiene que cada vez son más frecuentes los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en menores de edad, pues en una semana llegan un promedio de tres niños con esos padecimientos.
Por su parte, Cuzcatlan informò que a lo largo del presente año han invertido 243.8 millones pesos en San José del Progreso, y para 2019, 26 millones pesos en programas sociales y comunitarios. Pero, la gente siguen en pobreza. Aunque la mina genera mil trabajos directos, una mujer del pueblo compartió que, “mi hermano trabaja en la mina pero tampoco gana màs de mil 200 o mil 500 a la semana, es cierto que ya no tuvo que ir a otro estado a buscar empleo pero no es suficiente su ingreso para mantener una familia.”
El presidente de la Coordinacion Pueblo Unidos del Valle Ocotlán, Bernardo Vásquez, dijo que mucha gente no quiere la ampliación de la mina. Ya hicieron mucho daño al ecosistema, nuestros pozos han bajado su nivel hasta un 60 o 70 %. Pero nadie dice nada.”
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) informó que el consorcio integrado por SENERMEX Ingeniería y Sistemas, Daniferrotools, Geotecnia y Supervisión Técnica y Key Capital, resultó ser ganador de la licitación para desarrollar la ingeniería básica del Tren Maya, por un monto de poco más de 298 millones de pesos. En total, 8 consorcios, integrados por 33 empresas, presentaron una propuesta.
El consorcio se encargará de realizar los estudios en 29 especialidades distintas desde cartografía, topografía, geología, geofísica, trazo geométrico, estructuras, hasta seguridad ferroviaria, impacto ambiental, arqueología e impacto social. Para hacer todo, solo tendrá 8 meses. Tambien, el gobierno federal redujo la extensión del Tren Maya de mil 525 kilómetros hasta mil 452 kilómetros y incrementó de 15 a 28 el número probable de estaciones
Cabe destacar que esta misma empresa fue la encargada de construir el Tren Interurbano México-Toluca, el cual no ha sido concluido y lleva un retraso que ha implicado un mayor costo.
Acotó que no se harán trabajos u obras sino estudios y la manifestación de impacto ambiental, así como la consulta a pueblos indígenas se realizarán conforme a la legislación nacional y en apego a los tratados internacionales adquiridos por México.
Jiménez Pons, el director de la dependencia encargada del proyecto, señaló que ya cuentan con la firma del 98 por ciento de las firmas de todos los propietarios de los ejidos por donde pasar el tren Maya. El gobierno pidió a los ejidatarios no vender a especuladores las tierras en las que pueden construirse los complejos inmobiliarios ubicados alrededor de las estaciones del Tren Maya.El Gobierno federal busca que los ejidatarios cedan sus terrenos para construir ahí dichos complejos inmobiliarios con la condición de retribuirles con ganancias futuras.
Es “urgente e inaplazable” la reconexión del sistema de agua de Ayutla para garantizar los mínimos vitales de la población, concluye la Misión Civil de Observación que durante el 5-7 de agosto visitó la sierra Mixe para entrevistarse con las partes involucradas en el conflicto. En las reuniones realizadas con autoridades civiles y tradicionales de ambas comunidades, la misión pudo constatar que “hay un manejo parcial de la información por parte de la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal del Agua, con acuerdos verbales que no cuentan con un debido respaldo documental, así como la dilación en los procesos de negociación y atención del conflicto, lo que no abona a garantizar el derecho al agua”.
Los derechos a la educación, salud y una vida libre de violencia para las mujeres de Ayutla no se respete, concluyeron integrantes de la Misión Civil de Observación. Ante la falta de este vital líquido, la comunidad ha optado por recolectar el agua pluvial; estos métodos resultan insuficientes, por lo que las enfermedades han incrementado, en particular infecciones de vías urinarias, principalmente en niñas, niños, adolescentes y personas adultas.
Además, los delitos de asesinato, secuestro, intimidación, daños a propiedad, abigeato y despojo de tierras siguen impunes y en consecuencia las amenazas van en aumento. Entre las observaciones la Misión recalca que esta problemática “requiere de una atención integral, la cual necesariamente pasa por atender diligentemente el conflicto agrario derivado del despojo de tierras y de la falta de delimitación de los límites entre ambas comunidades”. La Misión, conformada por ocho organizaciones, entre ellas Educa, y respaldada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, posteriormente presentará un informe con mayores detalles.
En sesión pública de cabildo convocada por la autoridad municipal que encabeza Florencio de la Cruz Valdivieso y ante la presencia de ciudadanos/as se declaró al municipio de San Francisco Ixhuatán, ubicada en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, como “territorio libre de la minería.” Por varios años la gente han vivido en resistencia contra la minería, eólicas, y altas tarifas sin embargo es la primera vez que la autoridad municipal de Ixhuatán realiza esta declaratoria pública.
El 19 de diciembre de 2017, la Secretaría de Minería otorgó la concesión para exploración minera a RECUPERADORA AG, S.A. DE C.V. con el título: 246002 Nombre del Lote: AMPLIACIÓN CERRO GRANDE II F1. con una vigencia de 50 años que se asentará en una superficie de 29.5431 hectáreas de tierras, que abarca desde la zona poniente del municipio de Chahuites, otra parte de la localidad de Tapanatepec casi hasta llegar a Rincón Juárez, parte de Yerba Santa, Coyotera Carlos Ramos, todo Reforma de pineda, Parte de los terrenos de Zopilote y la parte norte de San Francisco Ixhuatán.
El alcalde recalcó que el territorio se defenderá donde existen afluentes naturales como “El Rio Ostuta” uno de los más grandes e importantes en Oaxaca. “Con esa sesión pública reafirmamos nuestro compromiso con la naturaleza y la vida, aquí somos gente trabajadora y de campo, amamos la siembra y los recursos naturales, no vamos a permitir que lleguen empresas mineras y acaben con nuestro territorio, estamos para defenderlo,” recalcó.
Además de esta comunidad, existen otros diez 10 títulos de concesiones en la zona Oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, cuya principal búsqueda es oro, plata y cobre están asentadas sobre el río Ostuta, río Zanatepec y río Novillero que alimentan la Laguna Superior, la Laguna Inferior y el Mar Muerto.
La compañìa Minera Cuzcatlàn invertirà 243.8 millones de pesos para 2019. El 40 por ciento, 90 millones de pesos, se destinaràn a campañas de exploraciòn para descubrir màs yacimientos.
«Diariamente sacamos 3 mil toneladas de material de bajo mina para el procesamiento, es una mina muy importante, porque está entre las diez principales del mundo a nivel de producción de plata, con una veta muy rica, continúa», mencionó Camargo.
En la mina se produce plata con concentrados de oro. En 2018, la producción fue de 8 millones de onzas de plata y 53 mil 517 onzas de oro y los números están creciendo. Este año, la minera estimò un crecimiento del 2.18 por ciento en su producciòn.
De acuerdo con Camargo, la operación del proyecto se extiende en 110 de 64 mil 442.2 hectáreas, compuestas por un total de 31 concesiones. En total, las empresas mineras ocupan 656, 112 hectàres en el estado de Oaxaca con un valor total de extracción minera de 9113 mdp.
La actividad se realiza en dos turnos de 150 trabajadores cada uno, en una profundidad hasta de 725 metros verticales y 6 kilómetros de rampa. «Nosotros generamos mil trabajos directos y entre 3 y 5 mil indirectos; 71 por ciento son de (la comunidad de) San José», precisó el director. Pero, los sueldos a veces no alcanzan para mantener una familia.
San José es una de las dos minas que existen en Oaxaca, la quinta entidad con mayor producción de plata y oro en 2018, con un total de 300 mil 651 kilogramos y 2 mil 511 kilogramos, respectivamente, según la Cámara Minera de México (Camimex).
La Compañía Minera Cuzcatlán invertirá 243.8 millones de pesos en el desarrollo de la mina San José del Progreso, Oaxaca, de los cuales, el 40% será destinado a los trabajos de exploración que le permitan a la empresa la expansión y explotación del complejo. En 2018, la empresa tuvo una producción de 8 millones de onzas de plata y 54 mil onzas de oro, lo que la convierte en la tercera mina con mayor extracción del mineral precioso a nivel.
El director de la empresa, Luis Camargo, explicó que anticipa la mina estará activa hasta 2024 por lo menos. Su objetivo principal es aumentar las reservas del proyecto y ampliar el lapso de extracción de oro y plata. Por ello, 40% de las inversiones serán por trabajos de exploración porque
“El mayor reto es mantener la continuidad del negocio exitoso que tenemos, considero que tenemos todos los elementos para seguir siendo exitosos, porque tenemos capital humano de primer nivel. El otro reto viene en el sentido de buscar la continuidad después de 2024”.
Actualmente, la mina está operando en 110 hectáreas de terreno pero tiene 64 mil 422 hectáreas concesionadas.
Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por una reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado se realizó la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería que tuvo como objetivo “celebrar la resistencia y autonomía de los pueblos y comunidades afectadas por proyectos mineros”.
Al evento asistieron autoridades agrarios y municipales de San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, El Vergel, los Ocotes, Santa Catarina Minas, Magdalena Ocotlán, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y Magdalena Teitipac.
Durante su participación, Salvador Martínez Arellanes, defensor comunitario de Santa Catarina Minas dijo que en el año de 1582 con la llegada de los españoles todo cambio en su comunidad, pues se llamaba Santa Catarina Martir Zoquiapa pero por la actividad minera se modificó al nombre actual “Santa Catarina Minas”, sin embargo resaltó que actualmente se vive una defensa por el territorio debido a que en esta comunidad se elabora el mezcal con 35 variedades con magueyes silvestres por lo que cuenta con la denominación de “mezcal ancestral”. El defensor comunitario resaltó que por fortuna el agua que tienen todavía es pura, pero no van a permitir que lleguen empresas mineras y exploren a cielo abierto su comunidad, porque acabaría con su actividad de vida que es la mezcalería.
Cabe mencionar que a tres kilómetros de distancia, en San José del Progreso, la empresa minera Cuzcatlán filial de la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines realizó una Guelaguetza para justificar que promueven las tradiciones. En la ciudad, Oaxaca de Juarez, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa presidiendo las fiestas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza oficial a la que destinó 21 millones 712 mil 620 pesos, sin embargo, se estima que entregó 42 millones de pesos a empresas “favorecidas en proceso de licitación irregulares”, según el periódico Centro. Con su propio Guelaguetza, lo que buscan las comunidades era recuperar la esencia de la Guelaguetza donde la cooperación, el amor al prójimo, y una actitud de compartir la naturaleza y la vida son el enfoque y que en celebrando así, refuerzan el tejido social de las comunidades indígenas que participaron.
Pueblos y organizaciones de Oaxaca y Veracruz, pertenecientes a la campaña El Istmo es Nuestro, rechazaron el proceso de consulta para la Reforma Constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas que lleva a cabo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Los pasados 13 y 14 de julio el INPI organizó las consultas indígenas en las comunidades oaxacaqueñas de Santo Domingo Yanhuitlán, Santiago Juxtlahuaca, Santiago Jamiltepec, Santa María Alotepec, Santiago Laollaga y San Bartolomé Zoogocho.
Pueblos Ikoots, Binnizá, Ayuuk, Chontal, Chinanteco, Zoque, Tzotzil, Texistepequeño, Sayulteco, Oluteco, Nuntaj yi y Nahua rechazaron la consulta porque no respeta su propio protocolo, “ya que está realizando la etapa deliberativa sin haber realizado la etapa informativa”, no respeta los ritmos ni las formas organizativas de los pueblos y porque “planteamientos importantes” de grupos organizados no son expresados en la plenaria, como ocurrió en Acayucan, Veracruz.
Entre las organizaciones y pueblos que expresaron su rechazo a la consulta y a los megaproyectos se encuentran la CODEDI, EDUCA, Asamblea Comunitaria de San Dionisio del Mar, Asamblea Comunitaria de San Mateo del Mar, Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta (Sur de Veracruz), Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), y el Bachillerato Comunitario José Martí de San Francisco Ixhuatán.
Defensores de la etnia ayuuk (mixe) interpusieron ante el juez séptimo federal con sede en el puerto de Salina Cruz un amparo contra autoridades federales que promueven el organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de junio. Los activistas aseguraron que el megaproyecto viola sus garantías individuales y diversas normas que salvaguardan los derechos de los pueblos indígenas, entre ellas la Constitución y diversos tratados internacionales. Los inconformes, pobladores de la zona norte del Istmo de Tehuantepec, acusan al gobierno estatal, así como al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes y de Economía de tratar de expedir el decreto en forma “irregular e inconstitucional”. Las autoridades señaladas “están actuando en contra de nuestros derechos como integrantes de pueblos indígenas”, afirma Juana Villegas, defensora comunitaria y una de las promotoras del juicio. Leer la nota completa de Diana Manzo:
Después de siete años y gracias a un amparo, los pobladores de Bacanuchi, Sonora, recibieron el informe que Grupo México entregó a Semarnat para abrir una presa de desechos tóxicos de la mina de cobre Buenavista que la empresa echó a funcionar sin el consentimiento de los pobladores. El 5 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llegó a Bacanuchi, mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para explicar el “Informe Preventivo” de Grupo México que aprobó para que se construyera la presa, el por qué dio visto bueno al proyecto, bajo qué criterio, y por qué no informó a la población. Al terminar, vienen las preguntas, y estas son quizá lo más interesante de la reunión: “¿Por qué hasta ahora nos vienen a informar?”, pregunta María Elena Bustamante, una de las 42 quejosas que interpusieron el amparo ante la SCJN. “Cuando aprobaron esos informes ¿fue trabajo detrás del escritorio o hicieron trabajo de campo?”, pregunta otra mujer. Otro más cuestiona: “¿Por qué dan tantos permisos detrás del escritorio si nosotros somos los afectados?” En la reunión fueron recurrentes las preocupaciones compartidas por la comunidad sobre la salud de las personas y de los animales, la contaminación del agua, la tierra y el aire, la afectación económica y sobre el peligro de que una presa que puede almacenar 50 mil veces más desechos tóxicos que los derramados en 2014 por la mina Buenavista del Cobre pueda romperse y “arrasar con Bacanuchi”.
Han pasado 112 días desde que un grupo de indígenas tzotziles, presos en cárceles chiapanecas, iniciaron una huelga de hambre para denunciar tortura, falta de traductor y otras violaciones a sus derechos humanos durante el proceso de detención y posterior confinamiento. A la fecha son cinco los que permanecen en lucha y han tomado una determinación: “libertad o muerte”. A más de 100 días en lucha los cuerpos de los compañeros se encuentran muy débiles. Tienen serios problemas de salud. Por ello han solicitado el apoyo de otros presos para que les ayuden a llevar agua a su campamento para lavar sus vasos y bañarse. Sin embargo, el director de la cárcel de San Cristóbal de Las Casas interceptó a los presos que proporcionaban esta ayuda para acusarles de “pasar alimento” a nuestros compañeros en lucha y les prohibió hacerlo más. El fin de semana pasado, Juan de la Cruz Ruiz, fue trasladado al Hospital de Las Culturas de manera urgente ya que presentaba fiebre, dolor abdominal y debilidad muscular. Ayer, también Germán López Montejo ingresó al hospital. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) documentó las graves condiciones de los 5 presos indígenas y denuncia la indiferencia del gobierno morenista de Rutilio Escandón:
La Guardia Nacional y el INM detienen en hoteles de Tapachula a migrantes incluso en espera de regularizarse. Una mujer de Honduras que viajaba con su esposo y dos menores acusó que a pesar de que dijo que se encontraba en trámites para regularizarse en México fue detenida por los agentes. México deportó en junio cuatro veces más migrantes que a inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, después de que su gobierno se comprometiera con el de Estados Unidos a endurecer su política migratoria bajo amenaza de sanciones comerciales, según cifras preliminares de la autoridad migratoria. El número de extranjeros devueltos a sus países de origen alcanzó 21.912 en junio frente a los 16.507 que fueron deportados en mayo y 14.940 extranjeros expulsados en abril. En diciembre 2018, durante el primer mes de su administración de AMLO, fueron deportados 5.717 extranjeros, un dramático descenso frente a los 10.180 de noviembre, último mes del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya política migratoria era considerada agresiva por defensores y activistas. En enero, el número bajó a 5.584 a tono con el discurso de puertas abiertas a la migración que caracterizó los primeros días de López Obrador en el poder. En los meses posteriores, sin embargo, las expulsiones no han dejado de crecer. Este año, el éxodo de Centroamérica podría alcanzar las 800.000 personas en tránsito, de acuerdo con el Gobierno mexicano.
Pobladores de la comunidad zapoteca de Magdalena Ocotlán, ubicada al sur de la ciudad de Oaxaca, protestaron el 28 de junio de 2019 ante la visita exprés del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al estado, exigiendo la cancelación de concesiones mineras en el valle de Ocotlán. Autoridades municipales y agrarias hicieron una petición al presidente para que cancele las 46 concesiones en la zona, que abarcan una superficie de 77,533 hectáreas. Los reclamos fueron de pobladores ante el derrame del pasado 8 de octubre del 2018 y la nula respuesta de las instancias federales. Con consignas de ¡Fuera la minera! y ¡Minera asesina! el presidente recibió la petición y se comprometió con enviar a un grupo para realizar una visita y abrir una investigación de los hechos denunciados. La comunidad que se encuentra a sólo unos metros de las instalaciones de la mina de San José del Progreso, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ha sido la principal afectada por este proyecto minero. Cabe recordar que el 6 de mayo del año 2009, durante el operativo policíaco-militar para desalojar pobladores que tenían tomada la entrada de la mina vieja, donde actualmente se encuentra el complejo minero San José, la comunidad de Magdalena fue agredida y reprimida por las fuerzas policíacas llegando a cateos, detenciones arbitrarias y varias decenas de personas lesionadas hasta dejar la comunidad en estado de sitio por varios días. En esta década el hostigamiento no ha cesado, la empresa tiene interés de ampliar su proyecto que abarca casi la totalidad del territorio de Magdalena.
La zona mixe es un espacio inmenso de valles seguido de montañas, una tras otra, con el sol apenas entrando en la llovizna. Sus pueblos son herederos de una tradición de guerreros y adivinos. Son de los pocos linajes del México antiguo que no fueron conquistados por las armas españolas. “Hoy los vuelve oscuros la pobreza, las leyes agrarias, la pugna por la tierra fértil, sus cerros escondidos donde se siembra amapola y grandes voladeros que han sido apropiados por los caciques y los narcos”, cuentan Antonio Mundaca y Karen Rojas Kauffmann de Página 3, en un nuevo reportaje sobre la lucha de San Pedro y San Pablo Ayutla por el agua. En entrevista, la escritora e investigadora Ayuuk Yásnaya Elena Aguilar Gil explica: “De unos años para acá algo cambió en la sierra, se ha perdido la paz, no sabemos de dónde el pueblo de Tamazulápam del Espíritu Santo ha sacado tantas armas pero después del ataque, la Base de Operaciones Mixtas de la Policía entró a nuestro pueblo como ladrones, sin avisarnos, a patrullar un terreno que no conocen…El gobierno siempre ha sido parcial, ha hecho tratos unilaterales con Tamazulápam. Desde el principio intentaron manejarlo como un enfrentamiento, pero nosotros íbamos caminando, desarmados y vino la lluvia de balas, nos quedamos en shock, los heridos, la revictimización, ¿dónde se ha visto que la ley o el gobierno proteja a los agresores y no a los agredidos? Eso está sucediendo aquí”. El reportaje analiza el conflicto en un contexto regional de creciente violencia debido a las plantaciones de amapola y marihuana y los esfuerzos concomitantes para dominar la tierra y el agua. Además destaca como el gobernador Alejandro Murat Hinojosa ha emprender una maquinaria de simulación y propaganda en vez de atendar al conflicto.
Después de 13 años, van a rescatar los 63 cuerpos de los mineros que fallecieron en la minera de Pasta de Conchos, Coahuila. La minera pertenece a Grupo México, la empresa minera más grande en México. En el 19 de febrero 2006, había una explosión en la mina que resultó en 63 trabajadores habían quedado atrapados. En abril de 2006, la empresa ordenó el cierre de la mina y el cese definitivo del rescate de cuerpos porque “entre 25% y 75% de la mina estaría inundada y que existía “contaminación bacteriológica que podría contagiar a los rescatistas, sus familiares, y poblaciones” enteras según un representativo de la empresa.
Por 13 años, las familias exigieron por el rescate de cuerpos de sus familiares y por el castigo de la empresa Grupo México. Al final hay un rumbo planes para rescatar los cuerpos. Dijo Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía que “el rescate de los restos de nuestros compañeros de Pasta de Conchos, de los 63 que faltan, vamos a hacer todo el esfuerzo y es una oportunidad de oro que tenemos de llegar a esta reconciliación.” Quieren hacerlo de manera segura y no crean que habrían dificultades en el rescate. Dijo que es un esfuerzo del sector minero por cerrar esta herida pero todavía, el Grupo México no ha sido castigado por el accidente.
En Sinaloa, en la sierra del Triángulo Dorado, el crimen organizado se vincula con la expansión minera. En esta región, la industria extractiva ha prosperado sobre los territorios de los desterrados por la violencia. En febrero de 2019, existían en Sinaloa mil 487 concesiones, 112 proyectos y entre ellos 20 que estaban activos. Además, de los años 2006 a 2016 el valor de producción minera en Sinaloa subió 122% esté incluso en los municipio donde había violencia constante: Choix, El Fuerte, Cosalá, Badiraguato, San Ignacio, Sinaloa, Concordia y Rosario.
En Sinaloa, los narcotraficantes buscan controlar el territorio y cobrar “cuotas” a los empresarios. A veces personas involucrados con crimen organizado incluso participan directamente en la operación y vigilancia de las minas a veces incluso que aparecen sus nombres como concesionarias de títulos mineros. Sin importar de si hayan aliados oficialmente o no la presencia del crimen organizado en estas regiones se ha ayudado la expansión de empresas mineras en esta región. Por violencia, se han desplazado al menos 234 comunidades de 2006 – 2018 en Sinaloa. Eso se conviene la industria extractiva porque pueda realizar sus operaciones prácticamente sin oposición. Además, los ciudadanos/as que quedan viven con miedo de violencia y haya menos posibilidad que van a unirse para protestar la minería en sus comunidades.
Un ejemplo descarado ocurrió el 8 de abril de 2015 cuando el empresario canadiense Rob McEwen dijo públicamente que “Los cárteles están activos en esa región, y en general, tenemos buenas relaciones con ellos”. Aunque unos días después, intentó aclarar que sus declaraciones habían sido malentendido es un hecho que durante ese tiempo cuando se intensificaron violencia entre dos carteles, los de Sinaloa y de los Beltran Leyva, en esta región la minería hizo crecer su producción y ganancias.
Activistas y comuneros ocuparon lugares estratégicos en el campo deportivo Adolfo López Mateos de este pueblo mágico para el arribo y despido de López Obrador, y lanzaron: “No a la mina, sí a la vida, no a la mina, sí a la vida”.
Antes de retirarse, el Ejecutivo recogió algunos folders con información del daño al medio ambiente que pueden causar la minería, junto con la fracturación hidráulica y los megaproyectos hidroeléctricos.
En entrevista, Guillermo Rodríguez Curiel, portavoz de LAVIDA, dijo que el mandatario ha asegurado que su gobierno está en contra de la minería tóxica y el fracking, y en ese sentido pidieron que esa voluntad “la exprese” gestionando el “retiro de las empresas” que continúan trabajando y tramitando permisos en Veracruz.
“Él dijo que está en contra de la minería tóxica, del fracking y de los transgénicos y que se comprometía con los mexicanos a defender la vida. Aquí en Veracruz quieren instalar minería tóxica y le decimos: no al proyecto y sí a la vida”.
Rodríguez Curiel recordó que el pasado 24 de abril la organización formalizó una solicitud en la que pidieron que dejen de entregarse concesiones mineras en Veracruz, se cancelen las que están vigentes y que la entidad se decrete como “libre de minería tóxica”.
De los bosques que originalmente poblaron la Tierra, 80% han sido desmontados, fragmentados o degradados. Hoy en día, los bosques tropicales siguen desapareciendo en todo el planeta a un ritmo acelerado: sólo en el año de 2017 su pérdida fue el equivalente a 40 campos de fútbol por minuto, explica Frances Seymour, del World Resources Institute (WRI). Brasil, la República Democrática del Congo, Indonesia, Madagascar y Malasia sufrieron las mayores pérdidas en ese año.
Un informe intitulado “Global Forest Watch” publicado por el WRI también revela que durante el año de 2018 se perdieron 12 millones de hectáreas de cobertura forestal a nivel global. De esas 12 millones de hectáreas, casi la tercera parte (3.6 millones) eran bosques primarios, y de estos, poco más de la mitad se perdieron en Latinoamérica.
En el continente, Brasil es el país que perdió más bosques con 1,347,132 hectáreas desaparecidas en el último año. Le sigue Colombia con 176, 977 hectáreas perdidas, Bolivia con 154,488 hectáreas y Perú con una extensión de 140,185 hectáreas.
Con una inversión de mil 200 millones de dólares de la empresa japonesa Mitsubishi fue inaugurado hoy el parque eólico “Energía Eólica del Sur”. Es considerado el más grande de Latinoamérica al instalar 132 aerogeneradores con capacidad para generar 396 Mega Watts, además cuenta con dos subestaciones y 77 torres.
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa se negó a contestar a cuánto ascienden los impuestos que generó la instalación de esta empresa japonesa y en qué se han invertido. Mientras que la secretaría de Energía, Rocío Nahle García, resaltó la consulta indígena que “supuestamente” se realizó para aprobar este parque eólico.
Magaly Sánchez Santiago, integrante de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI- Movimiento de Liberación) contó, “Ocupa cerca cinco mil hectáreas comunales de Juchitán, de un total de 55 mil, y de los 28 parques eólicos no hemos visto beneficios considerables.” También, ella denunció que, “Somos el principal productor del país y somos uno de los estados más pobres, hablan de desarrollo y crecimiento económico y tenemos altos costos de la luz. Las empresas se llevan la riqueza y nosotros seguimos siendo los marginados.”
Mientra, el gobernador Murat Hinojosa quiere que Oaxaca ser el estado de mayor crecimiento económico e industrial del país. “Yo estoy más contento porque hoy es un día de fiesta en Oaxaca, porque Oaxaca crece al 3.9 %. Nunca en la historia de Oaxaca habíamos crecido a este ritmo. De acuerdo con datos de INEGI, también del crecimiento industrial, Oaxaca creció al 11.5%, somos el segundo estado de mayor crecimiento industrial del país.”
El presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero Pérez, fue más realista. Habló de cómo las inversiones pueden evitar emigracion y generar fuentes de empleos. Pero también que “no queremos que el tesoro del viento se acumule en las cuentas de las grandes empresas y no produzca beneficios para nuestra gente. Si nuestro viento produce energía eléctrica, entonces, esa energía debe tener un costo reducido para las casas de la población.”
Además se generaron tres mil 500 empleos (mil para la construcción y mil 500 indirectos) y con este parque se reducirán 567 mil toneladas de CO2 (dióxido de carbono por año. Es decir, el equivalente a dejar fuera de circulación 300 mil vehículos y plantar más de 12 millones de árboles al año.
Miguel Ángel Mijangos Leal, activista e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) manifestó que la minería debería ser prohibida en México porque ya no genera inversión, pero sí mucho daño a la salud y al medio ambiente.
En un encuentro que sostuvo en la región del Istmo de Tehuantepec, Mijangos Leal explicó que el gobierno de México no atiende los problemas de salud y medio ambiente que causan las mineras, por lo que debería entenderse que la minería “ya no es un motor de desarrollo”.
“No entendemos por qué el gobierno de López Obrador le apuesta a la minería, ya no se necesitan hacer más extracciones para crear condiciones como ellos le llaman, expertos dicen que se puede reutilizar los minerales, porque en cuestión de daños y afectaciones, el gobierno de México no atiende esos daños que han causado desplazamiento forzado y males al cuerpo”.
Según datos de la REMA, hasta 2018 están concesionadas a mineras 55, 370, 777.00 hectáreas que comprende el 28.25 por ciento de territorio mexicano, las cuales están distribuidas en 4 mil 102 concesiones solicitadas, 25 mil 515 concesiones vigentes y 7 mil 788 concesiones canceladas.
El activista relató que cuando una concesión se cancela para una minera después de un juicio promovido por pueblos no significa que ya no se usará el territorio, lo que sucede aclaró es que se le quita la concesión a la empresa y queda libre a concurso de ser usada por otra empresa.
El pasado fin de semana, 59 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Zapoteco, Mixteco, Chontal, Cuicateco, Ikoots y Mixe se reunieron en Santa Catarina Lachatao y Capulálpam de Méndez para “reflexionar e intercambiar las situaciones que amenazan a nuestra madre tierra, a través de diversos proyectos extractivos que violentan nuestra forma de vida comunitaria, nuestros cuerpos, nuestra relación: con la tierra, con nuestro maíz, con nuestra agua, con nuestra espiritualidad y con nuestros territorios sagrados.” En la declaratoria del Tercer Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decidimos Sí a la Vida No a la Minería”, comunidades y 34 organizaciones, la amenaza de extinción de las abejasentre ellas Educa, coincidimos que es necesario escuchar y atender el reclamo de la madre tierra, toda vez que es ella la que nos da vida. Además coincidimos en que a pesar de la «cuarta transformación» (4T), tenemos un Estado colonialista, con doble discurso respecto a los derechos de los pueblos indígenas, y que el actual gobierno ha dejado en el olvido los compromisos para la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas como prometió en campaña, así como el reconocimiento pleno en los ámbitos constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas. Afirmamos la comunalidad como fundamento de nuestra vida y negamos el desarrollo que nos niega a nosotros. Por lo tanto, exigimos la cancelación de las concesiones mineras otorgadas ilegalmente en nuestro territorio, además rechazamos categóricamente el proyecto del Canal Interoceánico Seco que pretende realizarse en el Istmo de Tehuantepec.
Con un desfile y a través de una sesión solemne de su cabildo, Magdalena Ocotlán, comunidad indígena zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca, se declara hoy -en el marco del 100 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata- territorio prohibido para la minería: “En correspondencia con nuestra historia, queda estrictamente prohibida cualquier actividad de prospección, exploración y explotación de minerales así como de cualquier proyecto nacional o transnacional que tenga por objeto modificar o extraer los bienes naturales de nuestro territorio”, afirman. Desde 2009, Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la imposición del proyecto minero San José (en el municipio vecino de San José del Progreso) y ha exigido a las autoridades estatales y federales la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en su territorio: “Durante 10 años, la comunidad ha sufrido diversos impactos por explotación minera, caracterizados por explosiones y vibraciones durante la noche, polvo excesivo, contaminación al agua, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones”, y además en octubre del año pasado se registraron dos derrames de la presa de jales secos, por lo que el pueblo continua comprando agua ya que las conclusiones de las autoridades sobre el derrame “no proporcionan ninguna certeza sobre la posible contaminación”
Más de 40 organizaciones de la sociedad civil y organismos sindicales emitieron un pronunciamiento en el que rechazan el proyecto de corredor transístmico y el gobierno del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, por “servir a intereses de empresarios”. Denunciaron que el nuevo gobierno ha dejado su discurso de “primero los pobres” y que están engañando los pueblos con este proyecto del desarrollo en el Istmo, en que dicen que es por el pueblo cuando en realidad está sirviendo a intereses económicos.
Los varios organizaciones están parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Durante los consultas, había gente que señalaron que estes proyectos del desarrollo y modernización no ayudarán sus comunidades. Específicamente, habían mujeres indígenas que urgen por escuelas, hospitales, apoyos para el trabajo, agua potable, y exigen que su palabra sea respetada. Que los pueblos necesitan estos más de otro megaproyecto, pero nadie han sido tomadas en cuenta.
Denunciaron el proyecto, que solo es una continuación de los proyectos impulsados por los gobiernos neoliberales de antes. Se preocupen que va a despojar de tierras y aguas, daños ambientales, mayor inseguridad y la violación para los derechos de los pueblos del Istmo. Mantuvieron “que la pobreza en su región no es producto de la marginación o de la falta de inversiones, sino que es resultado del saqueo promovido por los gobiernos en beneficio de empresas trasnacionales. “ Un ejemplo es el megaproyecto eólico en que se han invertido más de 4 mil millones de dólares pero todo ese dinero no ha beneficiado a la población regional
El Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) presume que el Programa de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, del que forma parte el proyecto del Corredor Transístmico, fue autorizado por los pueblos de la región mediante una consulta realizada el 30 y 31 de marzo que cumple con los estándares del Convenio 169 de la OIT. “Se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano de acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas”, dice el PND. Sin embargo, según la convocatoria que lanzaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), las consultas se realizaron en siete municipios de Oaxaca y Veracruz, pero sólo dos están en la zona por donde pasará el Tren Transistmico: Santiago Laollaga, Oaxaca y Oteapan, Veracruz. Quedaron fuera los que se verán directamente afectados por el tren.
“Fuera de que se utiliza un discurso diferente para engañar a las comunidades no existe ninguna diferencia entre las Zonas Económicas Especiales (ZEE),” mantuvo Carlos Beas, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo. Como otros proyectos neoliberales, las comunidades preocupan que este plan va a beneficiar a empresas transnacionales, pero por ellos va a generar más violencia, inseguridad, despojos y pobreza. No solo va a afectar las comunidades indígenas en las zonas aledañas al ferrocarril porque junto con este hay planes por desarrollo de gasoductos, tendidos eléctricos, y minería. Advirtió Beas, “Sólo se pretende impulsar un proyecto maquilador, donde en el mejor de los casos los pueblos serán arrendatarios de sus tierras, nada más.”
El gobierno de AMLO utilizara los migrantes, mexicanos y centroamericanos, como mano de obra para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que incluye el Tren Maya y el Corredor Transístmico. Aunque no es el mayor propósito de esta política, dijo que en ofrecerlos trabajo seguro ayudará para parar el flow de migrantes en su camino hacia los Estados Unidos. Se justificó que quiere dar a los migrantes los derechos al trabajo, la vivencia, la seguridad, la salud y la educación. Este argumento, hace eco a las críticas que activistas y defensores de derechos humanos expresaron cuando el gobierno anunció que iban a contener la migracions en los estados del sur del país.
“En meses recientes, el gobierno anunció la extensión de sus programas de entrega de tarjetas de visitante trabajador fronterizo”, ahora los ciudadanos de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador podrían transitar en los estados del sureste hasta Oaxaca. El gobierno de Peña Nieto, tambien intento parar el flow de migrantes en el sur del país con la entrega de las mismas tarjetas pero era un fracaso y la caravana llegó hacia la frontera para cruzar entre los Estados Unidos.
El presidente López Obrador reiteró que el gobierno ha hecho una consultada en los pueblos de alrededor de Santa Lucía, pero en realidad, solo se hizo la consulta en una comunidad. El 10 de marzo, representativos de la Sedatu y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizaron una consulta con los habitantes de Xaltocan, Nextlalpan sobre el Aeropuerto Internacional General Felipe Angeles en Santa Lucia. En este momento, el INPI está analizando si van a tener mas consultas en las otras comunidades que también se auto adscriben como originarios, una representativo comento, “Lo estaremos analizando, reiteró, pero es la comunidad más allegada, cercana y de alguna forma la más importante en relación a la conformación de estructura indígena.”
En el consulto en Xaltocan, 626 pobladores asistieron y aceptaron el proyecto diciendo que estuvo de acuerdo en “aportar las tierras ejidales y comunales de su propiedad y posesión a dicho proyecto, previo pago de la contraprestación correspondiente”. Pero en más de veinte comunidades donde no habían consultado, se preocupan que el proyecto va a dejarlos sin agua. Según del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), “se prevé que el proyecto requiera más de 6 millones de litros de líquido por día, destinados sólo a lo relacionado con las operaciones aéreas, acción que pondría en riesgo la vida de miles de habitantes de más de 20 poblados que se ubican en la periferia de la zona, la fauna y la flora de la región”. Por eso, las comunidades están preparando los recursos legales bajo del Convenio 169 para enfrentar el project del aeropuerto.
El presidente Andres Manuel Lopez Obrador, dice que ya consultó a indígenas sobre el corredor transístmico, y que la gente está a favor. Específicamente que “la gente sí quiere que haya trabajo y que haya bienestar.” Aunque se realizaron consultas en siete municipios de Oaxaca y Veracruz, sólo dos están en la zona donde pasará el tren. Entonces, aunque el gobierno está indicando que se terminaron los consultos todavía hay cinco comunidades en Oaxaca y dos en Veracruz que se verán directamente afectados por el tren se quedaron a fuera del proceso.
Este proyecto conectará los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para crear un corredor de comunicación y transportación de contenedores y pasajeros entre los océanos Pacífico y Atlántico. AMLO aseguró que no afectará el medio ambiente ni se le despoja a nadie de sus bienes. También indicó que se creará una zona libre en la que habrá una disminución del 50 por ciento en los impuestos sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA), así como en los precios del gas, luz, gasolinas y diésel. AMLO fue al Juchitán por un mitin para entregar apoyos de programas sociales pero durante él usó la oportunidad para respaldar la consulta para el tren transístmico. De los asistentes, les pidió que levantaran la mano a los que estaban a favor del ferrocarril en los territorios del Istmo. Después, le dijo “La gente del Istmo nos dio su favor.”
Sin embargo, la gente de las comunidades vean los consultos de otro manera. Dijeron que el consulto fue una simulation porque las comunidades solo tuvieron tres dias de anticipacion. También, los oficiales solo les compartieron generalidades sobre el proyecto porque ni ellos saben en qué consiste. Todavía no existe un plan maestro ni un estudio de impacto ambiental.
La Comunidad Nahua de Tecoltemi, en Ixtacamaxtitlan, Puebla, ganó un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado dos concesiones ilegales. El juez determina que las concesiones violaron el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
La empresa, la canadiense Almaden Mineral, discutió en el juicio que en el municipio afectado por las dos concesiones, Ixtacamaxtitlan, no hay población indígena y por eso no tiene la protección de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT de consulta y consentimiento. Pero el juez rechaza estas afirmaciones y mantiene que la comunidad se auto adscribe al Pueblo Nahua.
El juez ordenó que “la Secretaría de Economía declararlas insubsistentes y dar una nueva respuesta a la empresa respecto de su solicitud original de concesiones, teniendo presente que se trata de territorio indígena.” También, el juez estableció que la Ley Minera falta incluyir el derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado. Eso refleja que el Congreso de la Unión ha incumplido con su obligación de adecuar los derechos a la Ley Minera. Las organizaciones involucrados continuarán con su lucha sobre este tema, para asegurar que la Ley Minera está de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales y que no permite que las autoridades pueden entregar a las empresas sus territorios sin avisar las comunidades.
Singapur aportará el proyecto del desarrollo en el Istmo de Tehuantepec. Los gobiernos de Oaxaca y Veracruz juntos con el gobierno nacional firmaron un acuerdo con Singapur para empezar un estudio de factibilidad que permitirá Singapur a traer inversiones. Con respeto a la conectividad de los puertos de Salinas Cruz y Coatzacoalcos, Singapur compartirá sus conocimientos y estrategias sobre la infraestructura de los puertos para que el proyecto salga lo mejor que puede.
El gobierno quiere aprovechar del ubicación geográfica del Istmo para mejorar comercial internacional entre asia y europa. Espera que se convierta en una alternativa del Canal de Panamá que ayude con el desarrollo del sur del país. Con el acuerdo firmado, empezará el segundo fase del proyecto, el estudio de factibilidad, para que el tercer frase de ejecutar la obra, pueden empezar lo más pronto que puede.
El objetivo del Fondo Minero, es mejorar la calidad de las personas que viven en zonas mineras pero de 2014-2017 mil 500 millones de pesos estaban extraviados. El programa está encargada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Revisando las cuentas de los 27 estados beneficiados revelaron irregularidades entre el dinero recibido y las obras realizadas. Estos mil 500 millones de pesos representa cerca del 15 por ciento del capital destinado a municipios. Pero en algunos estados este porcentaje está mucho más alta.
En Nuevo Leon, tuvieron 24 millones 329 mil pesos del Fondo pero solo realizaron obras por 3 millones 637 mil pesos, que significa que 85 por ciento del dinero no se contabiliza. Lo paso algo similar en Guanajuato donde no se aplicó 66% de los fondos y Baja California (63.4%), Puebla (61%), Yucatán (57.5%), Veracruz (55%), Hidalgo (45%), Jalisco y Colima (ambos con el 44%).
Por eso, AMLO pido la Secretaria de Economia a investigar el Fondo para descubrir como se ocuparon estos recursos. “Tenemos que entregar un informe de cómo se ha manejado el fondo minero en estos cuatro años que se han transferido recursos a estados y municipios. (Checar) si llegaron los recursos, si se ejercieron en lo que se contempló originalmente, si no se desviaron a otros fines”, le dijo.
Se adicionaron a la Ley Federal de Derechos en 2013, El Fondo usaron los impuestos aplicables a las empresas de minería para generar dinero para la inversión física con impacto social, ambiental, y de desarrollo urbano. Se dividieron el dinero entre los municipios y los estados con los municipios recibiendo 6 de cada 10 pesos y el otro cuatro para los estados. Se crearon comités para supervisar la aplicación de los recursos que estaban integrado de uno representante federal (de la Sedatu), otro estatal, y otros del municipio, empresa minera, y comunidad indígena o agraria involucrada. Pero ahora, el gobierno federal quiere cambiar las reglas en las cuales autoridades locales son excluidas del manejo. Hay muchos gobiernos estatales en contra de esta controversia, y en marzo Javier Corral de Chihuahua presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El diputado Feliciano Anguiano Flores (Morena), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento anunció que se llevará a cabo el foro “Rumbo a la Construcción de una nueva Ley de Aguas Nacionales.” Participarán el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas entre otros invitados. En total, serán 18 foros de diferentes temas de regulación del agua hasta contaminacion.
En todos ellas participarán expertos que compartan sus observaciones para construir una nueva ley en materia de aguas, que busca en primera instancia rescatar y mantener el vital líquido. El objetivo del nueva ley es que todas las personas tengan el derecho al acceso, disponibilidad, y saneamiento para consumo personal y doméstico en forma suficiente.
La diputada Lorena del Socorro Jiménez (Morena) reconoció que existen diversos problemas en la parte de concesiones y asignaciones de contratos, por lo que los diputados integrantes de la Comisión, solicitaron a la titular de Conagua que informe del estatus de dichas licencias autorizadas en los últimos dos años.
La delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinó que los elementos localizados en el arroyo El Coyote están dentro de los límites máximos permisibles y por eso no requiere remediación. Si encuentro que está contaminado por coliformes fecales pero esos no son atribuibles a la unidad minera San José, aunque la empresa se compromete a evaluar la posibilidad de limpiarlos del arroyo.
La contaminación entró el Coyote cuando, en el 8 de octubre de 2018, fuertes lluvias excedieron la capacidad de bombero y agua con sedimentos y finos de jal fluyeron entre el arroyo. Por eso, la Compañía Minera Cuzcatlan pagará una multa de 806 pesos. Luiz Camargo, Director de Finanzas y Asuntos Corporativos informó que la compañía ha acatado todos las acciones ordenadas por la autoridad.
Durante un bloqueo en el acceso al parque eólico “El Retiro”, diez ejidatarios fueron detenidos y desalojados con violencia por la policía estatal. Ellos rentan sus tierras a la empresa eólica “Grupo México”, propietaria del parque eólico. Con más de 35 propietarios empezaron un bloqueo para exigir una reunión con altos mandos de “Grupo México” porque la empresa no ha respetado los acuerdos del contrato firmado hace 5 años. Específicamente, que, “La promesa más importante era que daría empleo a nuestros hijos, pero no cumplió. Lo que pedimos es lo que dice el contrato, y ahora con violencia se aprovechan de nosotros, los dueños de las tierras” dijo un representativo de la comunidad.
Las familias no saben dónde están sus familiares. Los elementos de la policía estatal llegaron lunes en la mañana y, sin una orden de aprehensión, se llevaron a los manifestantes a un lugar desconocido. Los propietarios suponen que “Grupo México” solicitó ayuda ante las autoridades para el desalojo por la toma del parque eólico. Los manifestantes retuvieron una pipa de gas y una unidad propiedad de la empresa Gamesa la cual es la que se encarga de dar el mantenimiento a este parque eólico. Además, ellos mantendrán bloqueado la carretera federal Panamericana hasta que regresen sus compañeros y puedan negociar con la empresa.
El día de hoy se realizó la segunda jornada de la Consulta Indígena del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.En esta ocasión, las sedes de las Asambleas Regionales fueron Santa María Chimalapa en el estado de Oaxaca, así como Oteapan y Uxpanapan en el estado de Veracruz.
La jornada fue sumamente concurrida en las tres asambleas realizadas. Se contó con la participación de personas provenientes de los pueblos Zoque, Mixe, Mixteco, Náhuatl, Popoluca, Chinanteco, Zapoteco, Totonaco y Afromexicano.
Como en las asambleas realizadas el día de ayer, la participación de las y los ciudadanos, representantes y autoridades de los pueblos, tuvo énfasis en denunciar la situación de pobreza, marginación, discriminación y abandono en el que se encuentran las comunidades indígenas.
Con la realización de dichas asambleas, comienza el trabajo permanente de diálogo, consulta y decisión colectiva entre las comunidades y pueblos indígenas, el gobierno federal y la sociedad mexicana en su conjunto.
Por parte de las y los representantes del Gobierno de México se estableció el compromiso de recibir y analizar las solicitudes realizadas por las personas participantes. De esta manera, se establecen las bases de una relación que permitirá que todas las voces, inquietudes, opiniones, puntos de vista y propuestas se combinen para lograr la creación de un programa enfocado en lograr el bienestar y desarrollo de todos los habitantes del Istmo de Tehuantepec.
El Gobierno de México inició la Consulta Indígena del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
En la primera jornada, se realizaron cuatro Asambleas Regionales en el estado de Oaxaca con sede en Santiago Laollaga, Jaltepec de Candoyoc, Salina Cruz y San Pedro Huamelula. Las y los asistentes a las asambleas regionales pertenecen a comunidades de los pueblos Binnizá (Zapoteco), Ayuuk (Mixe), Chinanteco, Mazateco, Ikoots (Huave), Chontal y Afromexicano.
Todas las asambleas contaron con la presencia y la escucha activa de funcionarios(as) públicos(as) del gobierno federal, con la instrucción de incorporar inquietudes, propuestas y opiniones de la población local al diseño del Programa y lograr acuerdos con las comunidades de la región.
Las asambleas estuvieron caracterizadas por una amplia y crítica participación por parte de las y los ciudadanos, representantes y autoridades de los pueblos y comunidades indígenas.
La gran mayoría de las voces coincidieron en la urgencia de combatir la pobreza y marginación de las comunidades, instrumentando acciones y proyectos por medio del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
En San Francisco Ixhuatán, un grupo de jóvenes de la Preparatoria Comunitaria José Martí escribió una carta para rechazar la consulta. Analizó como cada parte del consulto rompió con las reglas de sus mismos. Falta un estudio comprehensivo sobre los impactos del proyecto en la región y tampoco estuvo de buena fe o culturalmente adecuada. Pidió que todo los jóvenes exigen el Gobierno Federal para dejar de concesionar sus tierras, y “que no se dejen llevar por el sueño iluso del desarrollo que nos mata.” Les motivo a unir con diversos movimientos en sus distintas comunidades para organizar y parar cualquier proyecto de la ZEE.
Las comunidades no recibieron información sobre las fases de construcción, funcionamiento y posibles impactos negativos, solo información superficial. Carlos Beas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, explicó que “la consulta es una maniobra con el fin de imponer los proyectos de la ZEE. Para justificarlo, al mismo tiempo, preguntaron si las comunidades querían carreteras o proyectos ganaderos en sus comunidades y, la respuesta de varios pueblos fue afirmativa…No es una consulta previa, sino que es más bien un requisito administrativo, porque las licitaciones de estos proyectos ya están en camino. Esta consulta nació muerta.”
La Asamblea Regional para el pueblo Ikoots (Huave) se realizará este sábado 30 de marzo en el Auditorio Municipal, calle Pacífico, Cantarranas, Código Postal 70680, Salina Cruz, Oaxaca. Inicia a partir de las 9:00 horas.
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el marco del proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Istmo de Tehuantepec de los estados de Oaxaca y Veracruz, respecto del “Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, informa a las Autoridades e Instituciones representativas del pueblo Ikoots (Huave), que la sede prevista para la realización de la Asamblea Regional Consultiva para dicho pueblo, que inicialmente estaba programada a efectuarse en San Mateo del Mar, en el estado de Oaxaca, se cambia a la ciudad de Salina Cruz en los siguientes términos:
La Asamblea Regional para el pueblo Ikoots (Huave) se realizará este sábado 30 de marzo en el Auditorio Municipal, calle Pacífico, Cantarranas, Código Postal 70680, Salina Cruz, Oaxaca. Inicia a partir de las 9:00 horas.
El proceso de diálogo y reflexión inicia con siete Asambleas Regionales, dirigidas a las comunidades indígenas de los pueblos de la región del Istmo los días sábado 30 y domingo 31 de marzo de 2019.
La consulta a las comunidades indígenas será permanente, de acuerdo a las decisiones de los pueblos indígenas y afromexicano que se generen en estos días de participación.
El Gobierno de México reafirma su compromiso de establecer una nueva relación con los pueblos indígenas y afromexicano de nuestro país, para garantizar su reconocimiento como sujetos de derecho público.
En ese marco, reconoce que la consulta libre, previa e informada, es un derecho de los pueblos indígenas y afromexicano que les garantiza su participación en la toma de decisiones sobre las medidas administrativas y legislativas que sean susceptibles de afectarles.
La Consulta Indígena es una obligación del Estado mexicano considerada en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).
Por esta razón, en la creación e implementación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, iniciará el proceso de Consulta Indígena los días sábado 30 y domingo 31 de marzo de 2019.
El activista Samir Flores Soberanes, opositor del Proyecto Integral Morelos (PIM), fue asesinado esta mañana afuera de su casa, en el municipio de Temoac, Morelos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el asesinato del dirigente y dijo que se trata de “un crimen vil, cobarde“.
El dirigente opositor a la termoeléctrica fue asesinado de varios balazos afuera de su domicilio. Samir Flores fue llevado a un hospital de Jonacatepec para ser atendido; pero murió en el camino. El activista se dirigía a la radio comunitaria en la que trabajaba cuando fue atacado desde dos vehículos.
El Presidente López Obrador dijo desde Monterrey: “Lamento mucho lo del asesinato de un dirigente en Morelos opositor a la termoeléctrica. Es un crimen vil, cobarde”.
Fue cuestionado sobre si por este crimen se cancelaría la consulta popular para decidir sobre la termoeléctrica. Destacó que el proceso ya ha comenzado y no descartó que el crimen haya sido cometido justo para “afectar la realización de la consulta”
“La consulta la tenemos que continuar porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea, ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla porque no sabemos con qué intención se cometió este horrendo crimen, a lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta”
El Frente No a la Minería, por un Futuro de Todas y Todos, integrado por 16 comunidades de Oaxaca, exigió del presidente López Obrador para que se revoque las concesiones mineras en sus territorios. Querían el respeto de sus derechos colectivos en la libre determinación, autonomía, y medio ambiente. El Frente demandó la cancelación del proyecto minero San José que está en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán. Y a todos las concesiones mineras en sus territorios.
También exigió una investigación imparcial y exhaustiva de responsabilidad penal y administrativa derivado de la contaminación del Río Coyote provocado por la empresa minera Cuzcatlán. Querían la reparación integral del daño a los pobladores por los impactos negativos al medio ambiente. Además, la creación de una comisión independiente con la participación de las comunidades afectadas para una auditoría ambiental, social y de derechos humanos al proyecto minero “San José”.
Finalmente, pidieron replantar el modelo económico por uno basado en el fortalecimiento de los pueblos originarios donde han manifestado su profundo rechazo al extractivismo y proyectos mineros que afectan a las comunidades indígenas y violentan sus derechos humanos.
Andres Manuel López Obrador declaró que se respetarán las concesiones mineras que ya existen pero no se entregarán más.
En su respuesta, López Obrador explicó que no van a revocan la concesiones mineras. Pero pidió a las empresas mineras, especialmente las canadienses, que “actúen igual que como están obligados a hacerlo en Canadá, lo mismo, igual; es decir, que le paguen bien el minero, que paguen la misma cantidad de impuestos que pagan allá y, sobre todo, que no contaminen.” Tambien dijo que se va a revisar qué pasa con la explotación del oro y la plata, hay muchas propuestas en ese sentido, pero no tienen nada en particular.
Cuando le piden al presidente para cancelar las concesiones mineras, las comunidades le recordaron que en el 1 de diciembre de 2018 Lopez Obrador públicamente dijo: “Vamos a darle atención especial a los Pueblos Indígenas de México, es una ignominia que nuestros pueblos mexicanos vivan bajo la opresión y la pobreza a cuestas.”
En este momento, las concesiones mineras abarcan 40 o 50 millones de hectáreas, es decir, 30 por ciento del territorio nacional.
SANTIAGO IXTAYUTLA, Oax. (apro).- Pueblos chatinos, mixtecos, mestizos y afromexicanos advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no van aceptar ninguna consulta sobre la presa hidroeléctrica Paso de la Reyna que se pretende construir en el río Verde o Atoyac.
El vocero del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), Eloy Cruz Gregorio dijo que en breve solicitarán “una audiencia con el presidente López Obrador para saber cuál es su postura sobre la presa Paso de la Reyna ahora que está sentado en la presidencia”.
“Ya que cuando López Obrador anduvo en campaña siempre dijo que iba a respetar la voluntad de los pueblos y que iba a respetar sus derechos y no los iba a violentar, entonces, como COPUDEVER exigimos nos otorgue audiencia para saber su postura hoy en día”.
Y respecto “a la consulta no vamos aceptar ninguna consulta porque las consultas son viciadas por parte de ellos” como las que han realizado recientemente para temas importantes como el tren Maya o el caso de Huesca, Morelos.
Al insistirle sobre si el gobierno decidiera llevar a consulta el caso de la hidroeléctrica Paso de la Reyna, Cruz Gregorio dijo “podríamos aceptar una consulta con las condiciones y reglas que pusiéramos nosotros como pueblos mixtecos, chatinos, mestizos y afromexicanos”.
El Juzgado Primero de Distrito otorgó un amparo a los habitantes del Ejido Paso de la Reyna contra el decreto firmado el 6 de junio de 2018 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que suprime las vedas de agua y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales. Pese al fallo favorable, Paso de la Reyna presentó un recurso de revisión este 12 de marzo, pues busca “la nulidad y suspensión definitiva del levantamiento de decreto de veda”. Con el recurso de revisión presentado por la autoridad agraria del Ejido Paso de la Reyna, se busca que el caso sea remitido al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa”.
Este amparo fue dado a conocer en el marco del Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, que se celebra cada 14 de marzo en todo el mundo. El fallo también fue celebrado por las comunidades que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), que resisten al proyecto de Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina. Cabe recordar que el decreto de Peña Nieto 300 cuencas del país significa que el agua sea concesionado hasta por 50 años a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos, ya que gran parte de esas cuencas coinciden con los sitios donde se prevén esas actividades.
Hace siete años, el 15 de marzo de 2012, recibimos con indignación la noticia del artero asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, agrónomo, defensor comunitario y opositor al proyecto minero “San José” en los Valles Centrales de Oaxaca.
Bernardo Vásquez iba acompañado de su hermano Álvaro Andrés Vásquez y Rosalinda Dionicio Sánchez, cuando fueron emboscados en su vehículo. Bernardo había recibido amenazas por parte del H. Ayuntamiento de San José y la empresa minera Fortuna Silver Mines, quien opera a través de su filial Cuzcatlán S.A. de C.V. las amenazas fueron denunciadas públicamente y ante las autoridades competentes, sin embargo fueron ignoradas por las autoridades federales y estatales.
Hoy, siete años después de estos lamentables hechos, la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) nuevamente enfrenta un clima de hostigamiento y amenazas en la comunidad, a partir del anuncio del Presidente Municipal de “recuperar” el palacio municipal de San José del Progreso. La COPUVO ha manifestado en diferentes comunicados y en mesas de trabajo con el gobierno estatal su preocupación en torno a este clima de violencia, nuevamente se ha enfrentado a la omisión de dichas autoridades en torno a la exigencia de justicia, reparación del daño y paz en la comunidad.
100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la organización Greenpeace consideró que la política energética adoptada por el mandatario, contraviene de manera radical la lucha en contra del cambio climático y los compromisos del Acuerdo de París que él mismo ha ratificado. En un comunicado refirió que de acuerdo a una evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), las acciones que se estaban tomando desde el gobierno para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) están siendo borradas por completo para dar paso a energías altamente contaminantes. “Así, los cien días de mandato de López Obrador se cumplen en medio de una crisis climática insostenible que tiene a cientos de miles de jóvenes protestando alrededor del mundo debido a la inacción de los tomadores de decisiones; de una grave situación de contaminación atmosférica en el país que provoca la muerte prematura de al menos 17 mil personas cada año y de instituciones gubernamentales como el INECC advirtiendo que las estrategias climáticas no se están cumpliendo”, afirmó. Entre las acciones que colocan al país lejos del combate al cambio climático destaca “el plan nacional de refinación -que busca reconvertir el sistema de refinación, que hasta el momento está diseñado para procesar crudo ligero, a crudo pesado (el tipo de petróleo dominante en las reservas mexicanas) junto con la construcción de una refinería más en el municipio de Dos Bocas, Tabasco, con el objetivo de aumentar la producción de combustibles refinados a un millón 600 mil barriles diarios entre diésel y gasolina”.
Las comunidades del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) q