MÁS CONCESIONES MINERAS; 
Integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, denunciaron el abandono de las dependencias gubernamentales que tienen la obligación de acompañarlos en las etapas que conforman la Consulta indígena que se promueve en los Valles Centrales.
En la sierra mazateca, donde hace 124 años nació la sacerdotisa María Sabina, 86 mil hectáreas se encuentran en la indefinición, a merced de los notarios públicos, porque nunca se promovieron acciones agrarias, de manera que las tierras podrían ser enajenadas para que las transnacionales impongan megaproyectos.
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, anunció este martes que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas será sustituido por el Instituto Nacional de Pueblo Indígenas, el cual será un organismo público descentralizado del gobierno federal que estará a cargo de Adelfo Regino Montes.
El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalo que pretende retomar el proyecto del Corredor Transístmico, inconcluso desde la administración de Porfirio Díaz, como una de las prioridades de infraestructura durante su gobierno. Este centenario proyecto económico ha intentado que el estrecho paso entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, se convierta en una vía de comunicación eficaz entre el océano Pacífico y el Atlántico, uniendo con ellos los países asiáticos con la costa Este de Estados Unidos. De acuerdo con Díaz, y el actual presidente elector, López Obrador, este proyecto detonaría la economía de la zona y crearía empleos en toda esa franja del territorio nacional. El 27 de enero de 1907, el presidente Porfirio Díaz inauguró el Corredor Transístmico con un primer cargamento de azúcar procedente de Hawái con destino a Filadelfia, que venía en el buque Arizonian que embarcó en Salina Cruz, y otro de siete mil toneladas de mercancías diversas transportadas en el Lewis Lucckenbach que llegó a Coatzacoalcos proveniente de nueva York rumbo a San Francisco, California. El proyecto estuvo a cargo de la compañía inglesa Pearson and Son Limited, que comenzó la construcción en 1898, quien consiguió la concesión de las vías del ferrocarril entre Salina Cruz y Coatzcoalcos, a cambio de proyectos de infraestructura en ambos puertos. El corredor funcionó apropiadamente entre 1907 y 1913, periodo en que hubo un marcado desarrollo económico en ambos puertos mexicanos, logrando que Salina Cruz pasara de ser una agencia de Tehuantepec, a un municipio con servicios básicos, incluyendo agua, luz y telégrafo.
El ayuntamiento de San Miguel Chimalapa manifestó su rechazo al establecimiento de la compañía minera canadiense Minaurum Gold Inc en más de cinco mil hectáreas de su municipio, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec.
Sin mayor trámite, la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la 63 Legislatura local envió la Iniciativa con Proyecto de Decreto, para adicionar y reformar disposiciones de la Constitución Política local, sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, al archivo definitivo en julio del año pasado.
Ambas agrupaciones destacaron que, de acuerdo con el análisis del Colegio de Biólogos, tales decretos, que calificaron de “ilegales e inconstitucionales”, dejan 51 billones de litros de agua expuestos a ser concesionados por periodos de hasta 30 años renovables, con la posibilidad de ser libremente transferidos.
El ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la pasada administración estatal, Adelfo Regino Montes, recomendó al Gobierno Federal implementar una estrategia para distender la crisis que se vive entre las comunidades de Santa María Ecatepec y San Lucas Ixcotepec.
Ativistas y juristas de la asociación civil «Tequio Jurídico», exhortaron a las comunidades involucradas en conflictos agrarios a propiciar ellas mismas el diálogo y buscar acuerdos para evitar más derramamiento de sangre.
Habitantes de diversos municipios de la Sierra Norte de Puebla demandaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se abstengan de continuar violando los derechos de los pueblos, al autorizar nuevos permisos y concesiones a las empresas Deselec-Comexhidro y Almaden Minerals que pretenden construir la hidroeléctrica Puebla 1 e iniciar la explotación de oro y plata en el proyecto Ixtaca.
Los recursos del Proyecto de Seguridad para Zonas Rurales (PESA) para Oaxaca han aumentado muy poco. Apenas entre seis y ocho millones por año.
La exploración y explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ha causado graves impactos en el medio ambiente en San José del Progreso y en sus alrededores, pero también el rompimiento del tejido social y el homicidio de dos opositores que aún siguen sin castigo.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró que no otorgarán ni una sola concesión de agua potable para la industria minera y de hidrocarburos, como se advierte que sucederá con los diez Decretos de Reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación.
Vecinos de la agencia Boca del Río, en Salina Cruz del Istmo de Tehuantepec, denunciaron que la tarde de este martes se registró un nuevo derrame de crudo sobre sus terrenos ejidales, lo que agrava la contaminación en la zona.
El Gobierno mexicano emitió en total una decena de decretos para suprimir vedas existentes en más de la mitad de las cuencas hidrológicas del país, por ello, investigadores y académicos en temas de agua y medio ambiente urgieron al Presidente Enrique Peña Nieto a abrogarlos, pues prevén que el vital líquido podría ser entregado a distintas industrias entre las que incluyen mineras, inmobiliarias, fracking, cerveceras, refresqueras, entre otras.
Ante el desacato de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, al acuerdo de la asamblea ejidal para prohibir la minería en su territorio, los campesinos de esta comunidad están molestos porque vulnera su derecho a la libre determinación, pero también están más decididos a no permitir su ingreso y el desarrollo de cualquier actividad en su jurisdicción.
Con la concesión Monte Albán IV de unas 10 mil hectáreas, que ha solicitado al gobierno federal, la empresa canadiense Fortuna Silver Mines pretende ampliar su zona de explotación en territorio de los municipios de Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y Asunción Ocotlán, ante el total rechazo de las comunidades del Valle de Ejutla, colindantes a San José del Progreso, donde funciona la mina La Trinidad.Una de ellas, fue esta comunidad y su anexo Los Ocotes, quienes dieron un rotundo no y declararon su territorio libre de minería, a pesar de las presiones y amenazas de la compañía, debido a los conocidos efectos nocivos del modelo extractivista en el medio ambiente.
Una vez que se ha corrido la voz de alerta sobre la intención de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, de obtener una nueva concesión minera en el Valle de Ocotlán, los habitantes de esta comunidad ya empezaron a compartir información y a coordinarse, para evitar su emplazamiento.
Ante la intención de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines de obtener una nueva concesión, esta comunidad zapoteca del Valle de Ocotlán ha comenzado a informarse y a organizarse para impedir cualquier trabajo de exploración y explotación minera en su territorio.
Ante la eventual entrega de una nueva concesión a la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, esta comunidades y otras del Valle de Ocotlán se declararon en alerta para evitar el ingreso a su territorio de personal de esa compañía a desarrollar trabajos de exploración.
Un cargamento de mil 900 toneladas de trigo, fue el primer traslado que realizó Ferromex -luego de 30 años de inactividad- desde el Puerto de Salina Cruz hasta el de Coatzacoalcos, como parte del proyecto de reactivación de la red ferroviaria que contribuya a generar condiciones de conectividad para la industria, comercio y el desarrollo de la Zonas Económicas Especiales (ZEE).
“Es pleito de minas”. De esta forma, un poblador de Potrerillos define la causa de la violencia que ha dejado una estela de muertes y de desplazamientos forzados en la sierra del municipio de Concordia, desde hace un año.
Más del 50 por ciento de los principales municipios mineros de México tienen niveles de pobreza que rebasan el promedio nacional, y alrededor del 13 por ciento rebasa los límites de pobreza extrema, lo cual demuestra que el desarrollo que aporta esta industria es un mito, reveló el informe “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio” de la organización Fundar.
Son dos los temas que frenan el impulso de la actividad inmobiliaria en Oaxaca: la condición de la tenencia de la tierra y la falta de cultura en este tema que provoca que la actividad profesional se menosprecie y mucha gente se exponga incluso a fraudes, dijo el coordinador regional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, José Millán Ramírez.
Pan American Silver Corp., de Canadá, anunció el lunes que reducirá las operaciones en una mina en el norte de México por razones de seguridad, y luego se relacionará con otras partes importantes por las condiciones de inseguridad en el país.
Con fuertes impactos ambientales y violaciones a los derechos humanos de las comunidades, es como operan los dos proyectos mineros vigentes en la entidad, las minas El Águila en San José de Gracia, Totolapam y la mina San José, en San José del Progreso, Ocotlán.
Durante el primer trimestre del año la empresa canadiense Gold Resource Corporation (GRC) reportó ingresos por 32.2 millones de dólares por la extracción de oro y plata en la entidad.
Cuando el director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña, Juan José Consejo Dueñas, habla del impacto que tiene la minería en los recursos naturales, abarca tres niveles: las alteraciones que ésta tiene en la vegetación, el aire y sobre todo el agua, por la gran cantidad que requiere esta industria extractivista.
Por no respetar el gobierno federal su derecho a la consulta libre, previa e informada durante la asignación de las concesiones a compañías canadienses y estadunidenses, al menos 40 comunidades indígenas de los Valles Centrales, Sierra Sur, Mixteca y el Istmo de Tehuantepec han declarado sus territorios libres de minería.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), son «ciegas y sordas» ante las denuncias de contaminación por hidrocarburo hechas por los pescadores de Salina Cruz.
Cuando un integrante del Comité de Cuenca del río Los Perros llevó un oficio a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el refuerzo de bordos del río de Las Nutrias, el funcionario que lo recibió le dijo que ya no tenía caso, que con la construcción de la presa Tablón de Primavera, de todos modos ya no tendría agua.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), indicó que no existe reporte alguno por fuga de hidrocarburo en Salina Cruz, reportada por pescadores a mediados de la semana pasada.
Mariano Vicente, regidor de Ecología del gobierno municipal, indicó que la constante contaminación que genera Petróloeos Mexicanos se ha incrementado el número de afectaciones a la salud, y sobresalen enfermedades de la piel, nariz y garganta.
Empresas mineras extraen más de mil millones de litros de agua al año en la entidad. Con este líquido se podrían satisfacer las necesidades de higiene y consumo de alrededor de 18 mil oaxaqueños. Esta cifra rebasa lo permitido a los concesionarios ganaderos y el uso domestico.
Integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) señalaron a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Conagua de poner en riesgo el protocolo de consulta indígena. Provenientes de 16 comunidades zapotecas pertenecientes a los distritos de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla de Crespo informaron en conferencia de prensa que autoridades de ambas dependencias federales no han acudido a las reuniones para aplicar la consulta en relación a un proyecto que se pretende construir en una zona reglamentada comunitaria. Uno de sus representantes, Conrado Sánchez Aguilar dijo que el pasado 4 de abril habían acordado una reunión para que les entregaran un documento con los términos y conceptos de la propuesta de obra pero las autoridades de gobierno no acudieron y hasta el momento no se han comunicado con ellos.
La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.
Ante la amenaza que representa la construcción de una presa hidroeléctrica, las comunidades indígenas Paso de la Reyna y San Lucas Atoyaquillo elaboraron un reglamento interno ejidal, donde establecen disposiciones para la protección de su territorio y de sus bienes naturales, así como el fortalecimiento de su organización interna.
Las comunidades jaliscienses de Temacapulín, Acasico y Palmarejo exigieron una vez más el desmantelamiento de la presa El Zapotillo y alternativas sostenibles que garanticen agua para todos.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) invertirá 22 mil 80 millones de pesos en la construcción y modernización de la línea de transmisión de corriente directa Yautepec- Ciudad Ixtepec.
Los integrantes del Movimiento Civil del Municipio de Chalchihuites (MCMC), conformado por habitantes del lugar y los integrantes del Cabildo, lanzaron un llamado para que la empresa canadiense First Majestic “no opere más en Chalchihuites”, por lo que “exigimos al gobierno federal cancele de inmediato las concesiones otorgadas a dicha empresa”.
Pese a la inconformidad social que ha generado la entrega de concesiones mineras sin el consentimiento de comunidades oaxaqueñas, el Gobierno del Estado continuará impulsando esta industria, que en 2018 prevé una inversión de 80 millones de dólares a través de empresas nacionales, informó el secretario de Economía Juan Pablo Guzmán Cobián. Tras descartar que los bene×cios para las comunidades sean nulos por el ingreso de mineras a sus territorios, el funcionario subrayó la importancia que estas inversiones tienen para la entidad, desde la generación de impuestos hasta la creación de un fondo que bene×cia proyectos de infraestructura en municipios donde se llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales.
Campesinos y ejidatarios del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron al Alcalde Eleazar Hernández Arroyo, negar los permisos a la minera canadiense Almaden Minerals, la cual planea abrir un tajo del tamaño de 140 estadios de futbol para sacar oro y plata de sus tierras.
El derrame de cianuro al río Piaxtla en San Dimas, Durango, mantiene en alerta a activistas por defensa del agua en Sinaloa, debido al inminente riesgo de que la contaminación provocada por la minería en esta zona repercuta en las actividades económicas en territorio sinaloense.
Este 14 de marzo, los pueblos y comunidades amenazados con el despojo y desplazamiento por los proyectos de presas La Parota Guerrero, El Zapotillo Jalisco-Guanajuato, Paso de la Reina Oaxaca, Las Cruces Nayarit, cuenca de La Antigua Veracruz y al menos diez en la Sierra Norte de Puebla y otros más en cuencas hídricas de Chiapas, hacen un llamado al pueblo de México de “Volver a la raíz” para celebrar los ríos, luchar contra las represas y fortalecer la organización en defensa de nuestras fuentes de agua, sustento de vida, y de los procesos de resguardo del territorio. El Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, en el marco del Día Internacional de Acción contra las Presas y por los Ríos, el Agua y la Vida, denuncia “la gravedad de las afectaciones ambientales y de carácter social que significan dichos proyectos y las agresiones sufridas por la decisión de imponerlos a toda costa pasando sobre la voluntad y el rechazo de pueblos y comunidades”. El MAPDER advierte que en 2018 ha enfrentado “una escalada de agresión, agravios, hostigamiento y criminalización que incluyen ataques armados, como en el Acapulco Rural donde defendemos y celebramos el río Papagayo en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o la criminalización de defensoras y defensores de Temacapulín, Jalisco. (…) Hoy, transcurren para nosotros quince años de lucha y nuestra exigencia y convicción es la misma, a una voz: ¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!”
Ante el eventual daño al medio ambiente, comunidades indígenas chinantecas de San Felipe Usila, región de la Cuenca del Papaloapan, rechazaron el proyecto hidroeléctrico que pretende construir la empresa transnacional sudamericana Generación Enersi, S.A. de C.V., en la subcuenca del río Usila, con una inversión inicial de 350 millones de pesos.
En un entramado de relaciones capitalistas extractivas se ubica la consulta a los pueblos indígenas —que por derecho merecen de acuerdo al convenio 169 de la OIT— la cual pareciera ser un resquicio jurídico en el andamiaje de reformas estructurales en materia de hidrocarburos, energía, minería y de seguridad interna aprobadas en los últimos años. En este escenario se encuentra el municipio binnizá de Unión Hidalgo (Ranchu Gubiña), con 11 mil 317 hectáreas de tierras comunales de las cuales más de la mitad han sido concesionadas a empresas eólicas. Actualmente opera el parque eólico Piedra Larga de Desarrollos Eólicos de México (Demex), filial de la española Renovalia Energy, mientras Électricité de France (EDF) Énergies Nouvelles pretende instalar el parque eólico “Gunaa Sicarú” sobre 4 mil 400 hectáreas de la planicie al norte del estero de la comunidad, con una inversión de 600 millones de dólares.
El gobernador Alejandro Murat anunció que este año, empresarios canadienses invertirán 87.5 millones de dólares en el rubro de la minería en los próximos seis meses y con lo que se generarán más de cinco mil empleos directos.
Pese a la resistencia de los pueblos de Oaxaca en contra de la extracción minera en sus territorios, el gobierno estatal se ha dado a la tarea de anunciar recientemente la llegada de nueva inversión al estado, así como el otorgamiento de más concesiones a estas empresas. Además, debido a la riqueza en metales y minerales del subsuelo oaxaqueño, el ejecutivo estatal se encuentra promocionando a la entidad como un candidato para la inversión minera canadiense.
En los últimos 30 años, México pasó de la prohibición al paulatino apogeo de la producción y comercialización legal de productos transgénicos en gran parte de su territorio, refiere el informe Treinta años de transgénicos en México, realizado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM).
Las empresas que aterricen en Oaxaca para invertir en la Zona Económica Especial (ZEE) del Istmo de Tehuantepec tienen que ser amigables con el medio ambiente, de lo contrario en lugar de desarrollo traerá problemas y conflictos en las comunidades, sostuvo la doctora Flor Brow Grossman.
La representante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) calificó de “lamentable que a todas estas gentes que se les criticó por corrupción y abusos, ahora les den impunidad para seguir cometiendo delitos” a través de candidaturas.
Ante las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía (SE) sin el consentimiento de los propietarios, la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines (FSM), a través de cuatro filiales mexicanas, ha acaparado más de 80 mil hectáreas del territorio de pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, equivalente a diez veces más al tamaño de la ciudad capital.
La Ley General de Biodiversidad ya está en la Cámara de Diputados a pesar de las múltiples críticas de organismos civiles, quienes han señalado que da manga ancha a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas por su importancia ambiental en México.
El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, solicitó a la 63 legislatura otorgue el consentimiento para que los bienes inmuebles que formarán parte de la Zona Económica Especial (ZEE) de Salina Cruz sean considerados jurisdicción exclusiva de los poderes federales, por lo que su seguridad, resguardo y protección serían exclusividad del ejército y policías de la Federación.
Casi 200 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2017 por enfrentarse contra gobiernos y empresas alrededor del mundo, con América Latina en el primer lugar de esta represión, y México es el cuarto país más peligroso para los defensores de medio ambiente.
Son 9.8 millones de pesos los que deberá pagar de multa la empresa Industria Metalúrgica de oro y plata Don David Gold en México, instalada en San Pedro Totolápam, Oaxaca por operar sin licencia ambiental, sanción impuesta por la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa).
Luego de permanecer al margen de las tres primeras declaratorias de creación de 
La Zona Económica Especial (ZEE) de Salina Cruz, Oaxaca, es viable jurídica, económica, ambiental y socialmente, y que atraerá inversiones productivas y la creación de empleos formales en la región sur-sureste del país, estableció la Comisión Intersecretarial de la Zonas Económicas Especiales (CIZEE)
Para ser escuchados sobre los abusos en contra de sus derechos humanos y exigir respeto, una delegación de la comunidad nahua de Ixtacamaxtitlán, Puebla, se encuentra en Canadá para convencer al gobierno de Justin Trudeau e inversionistas de ese país para que detengan el proyecto minería a cielo abierto Ixtaca, el cual se encuentra en fase de exploración. Y es que la empresa omitió informar a las autoridades ambientales mexicanas que realizó 236 excavaciones más de las reportadas. Tampoco dijo que en algunas de ellas perforó el subsuelo hasta 700 metros, contra los 160 autorizados por ley. Por si fuera poco, la empresa 
El ambientalista Gustavo Castro Soto expone los riesgos que implica la imposición de una Zona Económica Especial (ZEE) en la costa chiapaneca, describiéndola como una “especie de ciudad amurallada, territorio liberado a las empresas trasnacionales”. La ZEE Puerto Chiapas será alrededor de dos veces más grande que la ciudad de San Cristóbal de las Casas. “Las empresas que se instalen en la ZEE no pagarán impuestos y tampoco lo hará por el uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Federación, lo que significará disminuir los ingresos públicos que podrían ser destinados a educación, salud, entre otros rubros. Se acrecentará la pobreza y encarecerá la vida de la región. Su operación implicará un exceso de consumo de energía pero además de agua que la competirá con las comunidades y la región aledaña. Sus residuos sólidos y líquidos pondrán en crisis no sólo la actividad pesquera local sino la Reserva La Encrucijada que pretende proteger el bosque de manglar”, advierte Castro, sentenciando que “así, los más ricos se harán más ricos”.
En 2017, cumplió diez años la resistencia al proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, en la Costa Chica de Oaxaca, y se perfila al 2018 en pie de lucha. Cientos de indígenas mixtecos y chatinos, ribereños de las regiones Sierra Sur y Costa Chica de Oaxaca, llegaron a San Antonio Río Verde, municipio de Tututepec –a dos horas tierra adentro de Puerto Escondido, playas del Pacífico mexicano-, el sábado 18 de noviembre, donde fueron recibidos, igual que los invitados de lejanas regiones del país y de la Guardia Nacional Indígena de Colombia, por otros cientos que apenas amaneció se congregaron frente a la Agencia Municipal y a un lado de la Iglesia donde instalaron el fuego de una cocina de leña y el almuerzo con base en guisos, frijol y queso, café, pan y tostadas servido en largas mesas bajo techos de palma, como preludio del 4° Festival Cultural por la Defensa del Río Verde. Convocados por el sonido de tambor o huéhuetl, caracol y sonajas, llegaron camino abajo a la orilla del majestuoso cauce del Río Verde, que no es verde sino azul, la segunda cuenca más extensa del estado de Oaxaca.
Para lograr la siembra de maíz genéticamente modificado en México, la agroindustria trasnacional, encabezada por Dupont, solicitó a la Suprema Corte que declare inconstitucionales las facultades que el Código Federal de Procedimientos Civiles, otorga a los jueces para ordenar medidas de protección de los derechos de grupos sociales o colectividades, frente a hechos que causen daños, vulneren derechos o puedan llegarlos a causar. Así lo denunciaron académicos poblanos que junto con científicos, campesinos y defensores de derechos humanos de todo el país, han litigado por más de cuatro años, un juicio de acción colectiva y medidas cautelares que hasta la fecha han impedido que se otorguen permisos de siembra de maíz transgénico en todo el país.
Los megaproyectos mineros y otras actividades extractivas vulneran el derecho al agua de casi 12 millones de mexicanos, advirtió Federico Guzmán López, investigador de la Unidad Académica de Estudios Críticos del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
Un total de 947 proyectos mineros de 275 empresas con capital extranjero operan en México, según el último diagnóstico de la Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM).
La empresa productora de insumos químicos para la minería, Chemours Company, amenaza la vida ambiental y de los habitantes en La Laguna al iniciar operaciones a partir de junio del 2018 y por un periodo, por lo menos, de 50 años
Ante la crisis humanitaria en Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a favor de cuatro mil personas víctimas de desplazamiento forzado por la violencia desatada por conflictos de límites territoriales.
La Empresa mexicana ENERSI invertirá 3 mil 580 millones de pesos, la cual será una de las más importantes para Oaxaca, pues se transforman en proyectos de energías limpias que ayudan a combatir los efectos del cambio climático.
Después de cinco demandas de amparo, la comunidad otomí de San Pablito en Pahuatlán, Puebla, 
En rechazo a las llamadas Zonas Económicas Especiales y megaproyectos que alteran la vida de las comunidades, así como exigir el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano, integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) bloquearon durante ocho horas el crucero de Santa María Huatulco en el entronque de la carretera federal 200 con la vía local que conduce a la cabecera municipal.
Las tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) con declaratoria, Lázaro Cárdenas-La Unión, Coatzacoalcos y Puerto Chiapas, cuentan con un potencial de inversión de 30,800 millones de dólares para los próximos 20 años.
El pasado 26 de agosto, el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila de la sierra costeña de Chiconquiaco (Veracruz, México) retiró el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la finalidad de comenzar la fase de explotación y extraer oro en un proceso a cielo abierto.
Reunidos en Santa Rosa de Lima, municipio de San Pedro Tututepec, Oaxaca, el 17 de noviembre del 2017, en el V Encuentro de Defensoras y Defensores Comunitarios, intercambiamos estrategias de seguridad comunitaria y expresiones de resistencia desde las prácticas culturales que hemos utilizado los movimientos y comunidades de México y Colombia. En el encuentro participamos personas defensoras comunitarias de diversas regiones de Oaxaca, México y Colombia y reflexionamos sobre el modelo capitalista depredador que continúa impulsando proyectos de desarrollo e infraestructura en pueblos y comunidades y como la imposición de estos proyectos contribuye a la violación de derechos colectivos de los pueblos y comunidades y los derechos de las y los defensoras de derechos humanos. También se reflexionó sobre la criminalización de la labor de las personas defensoras y las amenazas y descalificaciones a su labor. Con base en las experiencias compartidas de las defensoras y defensores comunitarios del Comité Salvemos Temacapulín, del Comité de Defensa de la Integridad Cultural y Territorial de Magdalena Teitipac, de la Comunidad de Jaltepec de Candayoc, de Chimalapas, de la resistencia en la Sierra Norte de Capulálpam de Méndez, de los pueblos Mixtecos, Chatinos y Negro Afromexicano, del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, de la Red de Defensores y Defensoras Comunitarias de los Pueblos de Oaxaca y la de la comunidad del Tilzapote, así como integrantes de la Guardia Nacional Indígena de Colombia y de las mujeres de la comunidad Kamëntsä del Valle de Sibundoy Putumayo- Colombia
San Antonino Castillo Velasco, a 22 de noviembre de 2017. La consulta indígena realizada en los valles centrales oaxaqueños a 16 comunidades zapotecas de la micro región Xnizaa, que comprende los distritos de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla ayer sostuvieron su primera mesa de trabajo con la Comisión Nacional del Agua, como acuerdo tomado en sesión de consulta indígena.
Con la participación de cientos de hombres, mujeres y niños de la Costa Chica de Oaxaca, este sábado 18 de noviembre se llevó a cabo San Antonio Río Verde, Tututepec, el IV Festival Cultural por la Defensa del Río Verde, un espacio en el que la población afectada por el proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina pudo estrechar lazos de solidaridad en la lucha por la defensa del territorio a través de diversas expresiones culturales: desde la poesía, el canto, y las danzas, bajo el enfoque de que las grandes represas destruyen los ríos y la vida. En este evento también se contó con la participación defensores comunitarios como: Alfredo Acosta de la Guardia Nacional Indígena de Colombia; Sirley Jacanamejoy Muchavisoy de la región del Sibundoy Putumayo-Colombia; y Maria de Jesús García del Comité Salvemos Temacapulin (Jalisco), quienes compartieron y refrendaron sus compromisos hacia la defensa del territorio. Cabe mencionar que fue en 2007 cuando 20 poblaciones de la región crearon el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para evitar la construcción del megaproyecto que pretendía bloquear el cauce del río, lo que supone acabar con la forma de vida de distintos pueblos de la región.
ntegrantes de 16 comunidades zapotecas de los distritos de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla de Crespo, que conforman la coordinadora de pueblos unidos por el cuidado y la defensa del agua (Copuda), afirmaron que CONAGUA está desplegando estrategias y recursos para el incumplimiento de la resolución judicial convirtiendo la consulta en un mero trámite formal.
El maíz es uno de los cultivos más consumidos en México, pero producirlo es tan poco redituable, que solo pocos agricultores logran salir de la pobreza.
México debe terminar con el patrón de discriminación en contra de los pueblos indígenas, urgió la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en una declaración que dictó hoy en la sede de la ONU en México al concluir su visita en el país.
La página oficial del Gobierno del estado de Oaxaca lanzó el comunicado acerca de una inversión de 3 mil 580 millones de pesos que se realizará a través de la empresa mexicana ENERSI para la instalación de un proyecto hidroeléctrico en el municipio de San Felipe Usila que aprovechará los ríos que cobijan a ese y municipios aledaños.
Campesinos de los Valles centrales de Oaxaca exigen se levante la veda de agua que hay en su territorio, por tiempo indefinido. A contracorriente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende que continúe este mandato impuesto desde 1967, pese a las obras que hacen los lugareños para recuperar el acuífero.
La relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, informó que, como una experta independiente, revisará las recomendaciones que en su momento hizo su antecesor, Rodolfo Stavenhagen, al gobierno mexicano “para saber si se han implementado o si se tienen que reiterar”. En Guerrero, Victoria Tauli-Corpuz se reunió con mujeres víctimas de tortura sexual por parte de soldados, desplazados, representantes de pueblos indígenas como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, quienes aún son objeto de hostigamientos y criminalizaciones. También recibió a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria. Con motivo de la visita de Tauli-Corpusz, la sociedad civil elaboro un informe donde se aborda el tema de las violaciones al derecho al territorio derivado de una multiplicidad de causas como la implementación desmedida de megaproyectos de infraestructura y desarrollo que se autorizan, construyen y operan sin respetar la tierra y territorios de los pueblos, ocasionando impactos significativos en su integridad cultural, social, y económica entre otros derechos.
Habitantes de los poblados de Nuevo Balsas, La Fundición, El Limón, Atzcala, Mezcala, Colonia Valerio Trujano, 
La Ley del Agua del Estado de Oaxaca presentada ante el Congreso Local por las comisiones permanentes unidas de Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado de Oaxaca, abre la puerta a la privatización en la construcción, operación y administración de la infraestructura hidráulica.
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, llevará a cabo una visita oficial a México durante los días 8 al 17 de noviembre. Durante esos días recibirá información de los pueblos y comunidades indígenas, los gobiernos estatales y federal, así como de empresarios, sobre las diferentes problemáticas que les afectan. Será en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Chiapas y Chihuahua donde la Relatora escuchará los planteamientos que representantes indígenas y organizaciones aliadas le harán. «
Rosalinda Dionicio Sánchez, originaria de la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, se integró al proceso en defensa del territorio a partir de la llegada de una empresa minera a la comunidad: “En ese caminar se logró la participación en varios espacios de la comunidad, se logró tener un municipio autónomo, realizando nuestras tradiciones (mayordomías), las fiestas que eran un punto de reunión, pero en el año 2012 al notar la empresa que su proyecto no lograba su objetivo empieza a realizar amenazas, al ver que la gente no se detenía y seguía trabajando en actividades para la comunidad, y las personas identificaron que la empresa no era necesaria y que tampoco se requería de su dinero y sus famosos programas de desarrollo para que la gente saliera adelante. El 15 de marzo de 2012 tuvimos un atentado donde matan a un compañero de lucha y yo quedo lesionada por 2 heridas de bala (pierna y brazo), después de un largo proceso de sanación no podían faltar todas las negligencias médicas.
Se les conoce como sembradores de agua. Son campesinos de 16 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, que luego de padecer la sequía, pese a un decreto de veda de 1967 decidieron solucionar el problema mediante unos 300 pozos de absorción para captar el agua de lluvia.
Hace dos años comenzó la resistencia de las mujeres zapotecas y del pueblo de Ciudad Ixtepec por la defensa de su tierra y territorio.
La suspensión de las operaciones en 21 parques eólicos de la zona del Istmo de Tehuantepec suman al momento 26 días. Cenace no ha podido autorizar el reinicio de operaciones debido al sismo del 19 de septiembre y a las más de seis mil réplicas en la localidad.El siguiente sismo del 19 de septiembre, y las más de seis mil réplicas registradas en la localidad, han impedido al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) autorizar el reinicio de las operaciones de las mil 186 turbinas generadoras de la energía debido a que no se ha terminado de hacer la evaluación de los daños generados.
“Se revisan todas las subestaciones de cada parque, hay una subestación en cada uno de ellos, cada una concentra la energía a una que la almacena para su distribución”, afirmó una fuente de la Subsecretaría de Energía del Gobierno de Oaxaca en entrevista con El Financiero.
El fisco mexicano y empresas mineras de Canadá sostienen una mesa de diálogo para resolver el caso de 360 millones de dólares (mdd) retenidos en devoluciones de impuestos a seis mineras canadienses que operan en México.
Por lo menos 312 conflictos indígenas persisten en el país ocasionados por megaproyectos, principalmente los mineros, seguido de problemas agrarios y servicios gubernamentales, donde Oaxaca ocupa el segundo lugar, reveló un informe de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
La viabilidad de las Zonas Económicas Especiales (ZEEs) está garantizada en largo plazo, sin importar el partido político que llegue a la presidencia de la República en 2018, afirmó el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEEs, Gerardo Gutiérrez Candiani.
Comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca exigieron el reconocimiento de sus derechos territoriales, el derecho de libre determinación y la autonomía de las comunidades en esa región. Pretenden facultarse para elaborar y emitir las normas que regulen el uso y disfrute de las aguas del subsuelo.
(…) Las vías de comunicación son arterias del progreso, crecimiento y desarrollo humano y de los pueblos. Ésta es una verdad por demás sabida que se comprobará, una vez más, en Oaxaca, cuando en 18 meses más se terminen los trabajos de las dos súper carreteras en cuestión.
En la ciudad de Juchitán, Oaxaca, se estaba llevando a cabo el mes pasado una limpieza en torno a un generador propiedad de Electricité de France. Los trabajadores, que llevaban gafas de seguridad y máscaras, estaban limpiando un lubricante de color cobre que goteaba de la turbina.
El Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, anunció la inversión de mil 200 millones de dólares del Grupo Mitsubishi Corp, como parte del proyecto de “Eólica del Sur”, en los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, del Istmo de Tehuantepec, como resultado de la política de desarrollo económico y sustentable impulsada de manera coordinada por los gobiernos de la República y del Estado de Oaxaca.
Las mujeres indígenas zapotecas de Puente Madera, agencia municipal de San Blas Atempa así como los hombres que son campesinos se han unido en la defensa de su tierra y territorio, 
Gonzalo Bustillos, integrante del Foro Ecológico Juchiteco señaló que, a medida del crecimiento de los parques eólicos, la desertificación en aquella zona irá creciendo y consecuentemente la pérdida de agua en el subsuelo. Un aerogenerador -explicó- esta sobre base de media hectárea es decir 50 por 50, si hay 2 mil aerogeneradores son al menos mil hectáreas deforestadas. “En esas hectáreas cubiertas por bloques de cemento no va a crecer nada. Hay que considerar también los caminos abiertos para llegar a todos los parques. En la terracería no va a crecer nada ahí”, dijo el activista. Aunque en la medida de mitigación de impacto ambiental se ha establecido la compensación con la siembra de especies, ésta no se ha realizado de manera adecuada, asentó. Según el activista sólo el 1 por ciento de lo reforestado ha logrado sobrevivir. El impacto no ha sido analizado desde aquél punto de vista, ya que cada vez son más los aerogeneradores asentados en el Istmo, pues es en este rubro en donde se han centrado la mayoría de las inversiones.
Flor S. V. es arrendataria de más de 4 hectáreas de tierras en el parque eólico 
El jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, realizó diversas reuniones de trabajo con el fin de atraer inversiones y lograr la integración a la Alianza del Pacífico de las ZEE.
El Senado de la República advirtió que para detonar el desarrollo y crecimiento de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el país, tiene que darse una estricta vigilancia del marco jurídico (nacional y local), así como la intervención de los diversos sectores de la población (público, privado y social) en las distintas etapas del proceso, pues entre las Organizaciones de la Sociedad Civil prevalec la desconfianza por el daño que se pueda generar al medio ambiente y a su entorno.
La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua de Ixtacamaxtitlán y el Consejo de la Tierra responsabilizaron a todos los niveles de gobierno de la seguridad y la integridad física de los opositores a la minera amenazados por impedir el acceso a empleados de Almaden Minerals a sus propiedades y de los actos de violencia que pudiera haber contra ellos.
Miembros de las Asambleas General de San Pablo Villa de Mitla y de Tlacolula de Matamoros exigieron a las autoridades municipales, estatales y federales a respetar el acuerdo de cabildo y asambleas para la no instalación de la Octava Región Militar en ambos municipios.
Comunidades zapotecas en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, se han mantenido en resistencia contra las concesiones mineras en su mayoría de origen canadiense, a pesar de que las asambleas comunitarias realizadas en diferentes comunidades afectadas por los megaproyectos se han opuesto a la ola de despojos de la tierra y el territorio.
Para las Zonas Económicas Especiales (ZEE) del país se tiene, hasta el momento, un monto potencial de inversión por cinco mil millones de dólares, además de que todo el proceso de conformación de este proyecto está “blindado” contra cualquier acto de corrupción, sostuvo el jefe para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani.
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son la mejor manera en la que México puede enfrentar un paquete fiscal tan agresivo como el que plantea en Estados Unidos su presidente Donald Trump, señaló Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).
Lázaro Cárdenas, Puerto Chiapas y en el Istmo con Veracruz y Oaxaca, así como Yucatán, son las
El campamento de mujeres zapotecas de San Blas Atempa sigue firme al igual que el bloqueo que mantienen sus esposos sobre la carretera federal panamericana 190 en el Istmo de Tehuantepec, 
La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño (APOYO) denunció las amenazas e intimidación hacia el defensor del territorio Rodrigo Flores Peñaloza, en un contexto de trabajo movilizaciones realizadas en defensa de la tierra y el territorio frente a los megaproyectos que el gobierno y las empresas quieren imponer al Istmo de Tehuantepec.
Tannos Cruz hizo hincapié en que ahora con esta apertura de tiene que realizar un plan para poder explotar los puntos turístico para que así en coordinación los gobiernos, legisladores y habitantes puedan sacar más provecho a este nuevo medio de transporte.
De acuerdo a la conferencia de prensa ofrecida hoy, por los propietarios de tierras donde se encuentra asentado este parque eólico y que lleva aproximadamente 19 días de bloqueo en su acceso, Bi hioxo no ha cumplido con los acuerdos firmados con los dueños de las tierras.
Habitantes de Tlacolula, reiteraron su rechazo a la construcción de una base militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en su comunidad.
Indígenas zapotecas de las agencias municipales de San Blas Atempa reactivaron el bloqueo carretero sobre la vía federal 190 a la altura de Puente Madera para exigir se detengan los trabajos de construcción de la obra de subestación eléctrica que realiza la empresa Tradeco y que beneficiará al parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Rosalba López Jiménez y más de 50 mujeres indígenas zapotecas de las agencias municipales de San Blas Atempa son defensoras de su tierra y territorio, junto con sus esposos, que son campesinos cumplieron más de 30 horas de bloquear la carretera federal panamericana 190 a la altura de la comunidad de Puente Madera, exigen que se detengan las obras de construcción de la subestación para el parque eólico de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
La Minera Gavilán, 
Funcionarios de la Secretaria de Energía (Sener), se reunieron con alcaldes de Unión Hidalgo y Santo Domingo Ingenio, con el propósito de establecer los primeros acercamientos que deriven en la realización de las consultas ciudadanas y la ejecución de los proyectos eólicos en el año 2020.
La oposición al establecimiento del nuevo cuartel general fue articulada por un grupo de ciudadanos preocupados por las eventuales afectaciones que originaría la edificación de un cuartel para cinco mil soldados y un hospital de tercer nivel en una superficie de 320 hectáreas, especialmente, el rompimiento del tejido social, la escasez de agua y la contaminación por aguas residuales.
Ante el panorama de incertidumbre por la nueva negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la devaluación del peso, y el creciente endeudamiento público, resulta importante promover el crecimiento del mercado interno, enfatizó el diputado federal Sergio López Sánchez, al presentar una reforma a la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE).
El representante común de la resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica en Chahuites, José Alberto Toledo Villalobos, fue asesinado el pasado fin de semana, denunció la organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo de Tehuantepec (Apoyo).
La comunidad de Magdalena Teitipac decidió iniciar una lucha contra la empresa minera que dividió a la población entre dos grupos quienes se manifestaban a favor y en contra, con incidentes de violencia y con un saldo de 40 personas que afrontan órdenes de aprehensión.
Al menos 32 concesiones de explotación minera amenazan la tierra y el territorio de comunidades indígenas de Oaxaca, advirtieron integrantes de organizaciones agrupadas en el movimiento nacional en Defensa del la Madre Tierra y el Territorio.
Unión Hidalgo, Oax. Guadalupe, Isabel y Rosario son mujeres indígenas zapotecas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente; no son sumisas y tampoco débiles. Al contrario, salen a la calle y defienden sus saberes comunitarios ante los megaproyectos instalados en el Istmo de Tehuantepec. No ha sido fácil porque han sufrido hostigamiento, discriminación y en algunos casos agresiones verbales y sicológicas.
Carlos Beas Torres, asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) relató que Benjamín Juárez José, el presidente suplente de Ucizoni, fue detenido por policías municipales y con violencia fue subido a una patrulla y 
Gutiérrez Candiani manifestó que en las primeras cuatro zonas existen inversiones con un potencial de 5,000 millones de dólares, que podrían generar hasta 25,000 empleos
El presidente municipal Wilson Sánchez Chévez se reunió la mañana de ayer con los diversos comités de propietarios de tierras de las empresas eólicas que funcionan en este municipio para atender sus principales demandas, de manera conjunta.
Pese a las presiones para que la comunidad zapoteca “donara” 34 hectáreas de tierras comunales para instalar una base militar y un hospital de especialidades castrense, a cambio de otorgarles concesiones de taxis, la población rechazó la oferta de la Sedena, confirmó la Red de Esfuerzos Defensa del Territorio (REDT).
56 días cumplió el bloqueo en el parque eólico “5 palmas” propiedad de la empresa Eólica de Francia (EDF) en el municipio de Santo Domingo Ingenio que encabezan propietarios de tierras, lo que ha ocasionado que más del 50 por ciento de turbinas eólicas, es decir 52 torres de un total de 80 instalados se encuentren fuera de servicio.
Diez meses después de que se promulgó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), en abril se emitirán las declaratorias para poner en marcha las primeras tres zonas de las 10 que hasta ahora tiene previstas el gobierno federal, y que son presentadas como polos de desarrollo económico en los estados más pobres del país, con beneficios fiscales y laborales especiales para las empresas nacionales y extranjeras que se instalen en ellas.
Pescadores organizados y libres de San Francisco del Mar anunciaron su rechazo al proyecto eólico que pretende instalarse en la zona denominada “Boca Barra” que 
Integrantes del Comité Indígena Pro Defensa de la Tierra y Territorio del municipio de Unión Hidalgo, denunciaron la opacidad con la que se conducen las autoridades Federal y Estatal, al ocultar información sobre la llegada de nuevos proyectos eólicos al estado, y principalmente a la región del Istmo de Tehuantepec.
El jefe de cooperación de la Unión Europea, Juan Garay, consideró que pareciera que en México se antepone el beneficio económico de las mineras por encima de la supervivencia de las comunidades, en este caso, las zapotecas de los valles de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla, que luchan por el agua.
Los inversionistas que lleven sus negocios a las Zonas Económicas Especiales (ZEE) anunciadas por el gobierno federal el año pasado recibirán una condonación del 100 por ciento en el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante los primeros diez años y de 50 por ciento durante los siguientes cinco, con el fin de fomentar sus actividades productivas.
Miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA), en una mesa abierta en la explanada del templo de Santo domingo de Guzmán, informaron que presentaron una propuesta a la Conagua para el uso, disfrute y administración comunitaria del agua.
Indígenas zapotecos de 16 comunidades del valle de Ocotlán y Zimatlán serán consultados para la modificación del decreto de veda de 1967, el cual 
Sabemos que las empresas mineras tienen como política, romper el tejido social de las comunidades donde pretenden establecerse o se han establecido, provocando: la confrontación entre familias y miembros de la comunidad, la desaparición de asambleas comunitarias u otros espacios para la toma de decisiones colectivas, la corrupción de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales, el establecimiento de grupos paramilitares o de otra naturaleza violenta que provocan intimidación entre los habitantes, así como el asesinato de defensores comunitarios.
Con el objetivo de dar facilidades fiscales, aduaneras y tributarias a inversionistas que apuesten por el crecimiento económico de las regiones más pobres del sur-sureste del país, el Senado aprobó con 88 votos a favor y ocho en contra la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y una adición al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.
La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), a través de la Dirección de Industria y Minería, se ha dado a la tarea de impulsar el sector minero del estado, dada la gran diversidad de minerales que existen: plata, oro, plomo, zinc, hierro, titanio y uranio.
Con el 80% (37.5% para el Estado y 62.5% para los Municipios), de los recursos obtenidos por el pago de los derechos especial, adicional y extraordinario (artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos), cobrados a los concesionarios mineros a partir del 2014, se integra el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. Para aplicar los recursos del Fondo, cada Estado Minero constituirá un Comité conformado de la siguiente manera:
Nueve comunidades de los municipios de Ejutla de Crespo, Ocotán de Morelos y Tlacolula de la región de Valles Centrales del estado de Oaxaca presentaron en Conferencia de prensa la declaratoria sobre «Territorio prohibido para la mineria en Ejidos y Comunidades agrarias» manifestaron su rotundo rechazo a los proyectos mineros, denunciaron las concesiones mineras otorgadas que afectan gravemente los derechos de los pueblos indígenas, así como la tierra y el territorio.
Nueve comunidades de los municipios de Ejutla de Crespo, Ocotán de Morelos y Tlacolula de la región de Valles Centrales del estado de Oaxaca presentaron en Conferencia de prensa la declaratoria sobre «Territorio prohibido para la mineria en Ejidos y Comunidades agrarias» manifestaron su rotundo rechazo a los proyectos mineros, denunciaron las concesiones mineras otorgadas que afectan gravemente los derechos de los pueblos indígenas, así como la tierra y el territorio.
El Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Rio Verde (COPUDEVER) realizo el Foro «Ríos y Montañas en Peligro. Los Pueblos y su Derechos al Territorio» con la participación de más de 450 personas, 51 comunidades y 17 organizaciones en este Foro manifestaron un rotundo rechazo a los 14 proyectos hidroeléctricos en la costa, así como concesiones mineras en las misma región que amenazan los territorios indígenas.
Activistas extranjeros procedentes de Canadá, Tailandia y Estados Unidos en la delegación “Sí a la vida y a la madre tierra, no a la minería”, visitaron comunidades como San José del Progreso, Capulálpam de Méndez y Magdalena Teitipac.
Los proyectos para instalar hidroeléctricas y presas en el estado se manejan en opacidad, sin la consulta pública a las comunidades y con la complicidad de las autoridades ambientales, coincidieron en señalar colectivos de lucha durante el XII Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados y Afectadas por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder). Por su parte Aurora Juárez de Jalacingo, de la Alianza en Defensa del Río Bobos, dijo que están en contra de los permisos del gobierno, en donde se quieren construir tres hidroeléctricas, y aunque dicen que no afectarán el medio ambiente, la mentira se desvanece cuando Pronatura está llevando oficios a los directores de las escuelas para impartir talleres sobre la importancia de la reforestación para aminorar los impactos que van a causar las presas, “lo que quiere decir que si habrá afectación”.
Integrantes de la delegación «Sí a la vida y la madre tierra, no a la minería» provenientes de países como Canadá, Tailandia y Estados Unidos denunciaron a las empresas mineras establecidas en las comunidades de Oaxaca, al exponer que les importa más la ganancia que la salud, la seguridad y la libertad de los pueblos. En su pronunciamiento, precisan: «La tierra es vida. Sin la tierra, no podemos existir. Sabemos que la mega-mineria pone en peligro el derecho de vivir en nuestro territorio y defenderlo como pueblos autónomos con autodeterminación. No confiamos en los gobiernos y las empresas quienes esconden sus prácticas sucias tras discursos de responsabilidad social y falsas promesas de desarrollo.
Se realizo la instalación del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el Estado de Oaxaca, la titular de la SEDATU afirma que por primera vez hay una responsabilidad legal de las empresas mineras, ya que por cada peso que pagarán por la explotación, 50% se destinará a los municipios, señalo también que Este Comité es un órgano colegiado integrado por representantes de los tres órdenes de Gobierno, comunidades agrarias y empresas mineras, y tendrá entre sus atribuciones definir la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.
Mediante un comunicado urgente, el Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña/Costa Chica en Defensa del Territorio y en Contra de la Minería y de la Reserva de la Biósfera y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) se manifestaron enérgica y rotundamente en contra de los acuerdos políticos, financieros, de regulación y leyes que el Gobierno Mexicano, encabezado por el Presidente de México, el Sr. Enrique Peña Nieto, establece en estos días con empresarios mineros, quienes del 7 al 10 de octubre de 2015 participan en la trigésimo primera Convención Internacional de Minería, a la cual le han puesto el vergonzante slogan de: “Minería, Desarrollo y Responsabilidad Social”.
Los consorcios mineros que operan en México exigieron a los gobiernos local y federal garantías para que sus impuestos sean aplicados con transparencia en obras realizadas a costos razonables, que se fiscalicen y se reconozca públicamente a las empresas que aportaron el dinero vía impuestos.
El Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell presentó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), documento de referencia y consulta en materia de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que permitirá orientar la inversión productiva en infraestructura para satisfacer la demanda de este sector y que de acuerdo con lo establecido en la nueva Ley de la Industria Eléctrica y en su Reglamento, su elaboración está a cargo de la Secretaría de Energía (SENER).
1er Concurso de Canciones: “La minería afecta a la madre tierra y al agua” se realizo el 26 de agosto en la comunidad de Magdalena Teitipac con el objetivo de encontrar alternativas y saberes que nos ayuden a sanar el agua, el río y la tierra, así como para crear mas y mayor conciencia sobre el impacto de la minería a cielo abierto, en la salud y en la organización comunitaria.
Catorce defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos enfrentan procesos penales en su contra, consecuencia de su labor de defensa contra la compañía minera Plata Real S. de R.L. de C.V., por lo que la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, Oaxaca, vive una situación de conflicto social y ambiental desde hace 6 años.
Para conmemorar sus ochos años de lucha en defensa de la vida y el territorio, contra la edificación la Presa Hidroeléctrica “Paso de la Reyna” en Oaxaca, las comunidades integrantes del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) celebraron el pasado 11 de julio un acto político y una misa de agradecimiento en los que se recodaron los inicios de la resistencia al proyecto.
Integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) reprocharon a la Procuraduría General de Justicia del estado la falta de resultados en torno a la investigación del homicidio de Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la CPUVO, lo cual permitirá que las dos personas acusadas del asesinato vayan a ser puestos en libertad en próximos días. En conferencia de prensa, los activistas de la CPUVO, en voz de Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, señalaron que pese a que el Ministerio Público asegura que se configuró el delito de homicidio, los victimarios serán puestos en libertad. Por el homicidio se encuentran presos Bartolo Aguilar y Domingo Aguilar, así como Albino Hernández; sin embargo hasta la fecha no se ha esclarecido quien fue el autor intelectual del asesinato, señaló Vásquez Sánchez. Acusó que en el caso se encuentran inmersos partidos políticos como el Revolucionario Institucional que buscan poner en libertad a los victimarios.
La Caravana Nacional por la Defensa del Agua, Territorio, el Trabajo y la Vida, llegó la noche del viernes pasado a esta población costeña, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene proyectada la construcción de la presa hidroeléctrica Paso de la Reyna.
En México han comenzado diversas ampliaciones de minas durante los últimos meses, en momentos en que las compañías buscan maneras rentables de elevar la producción y reducir los costos tras la debilidad de los precios de los metales.
La inversión en el sector minero en Oaxaca ha acumulado en los últimos cuatro años más de cinco mil millones de pesos, lo que ha colocado a Oaxaca del lugar número 22 al nueve a nivel nacional, informó la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (Styde).
Fortuna Silver Mines informó una ganancia neta de US$3,9mn en los tres primeros meses del año, por debajo de los US$4,9mn del primer trimestre del 2014. La merma obedece a la caída de los precios de los metales.
VANCOUVER, Columbia Británica (AP). Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) reportó el viernes el primer trimestre una utilidad neta de $ 3,9 millones, después de reportar una pérdida en el mismo período del año anterior.
En el ejercicio de su derecho a la autonomía, el día 17 de marzo de 2009 pobladores de los municipios de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán 
Trabajamos para garantizar la certidumbre jurídica en los registros públicos de la propiedad y tenencia de la tierra, así como en la consulta indígena que nos afecta, sobre todo en las reformas, como la energética, para que no sea vinculatoria y no nos obstruya los programas de inversión que tenemos, enfatizó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, en un encuentro con integrantes de la Unión Social de Empresarios de México (USEM).
Alrededor de las diez de la mañana arribaron al juzgado mixto de Ocotlan de Morelos un grupo de aproximadamente 500 pobladores de San José del progreso, quienes tomaron el acceso de la dependencia por más de una hora.
Ante la oposición de pobladores y organizaciones civiles, el gobierno federal se desistió temporalmente del proyecto de construcción de una hidroeléctrica en San Felipe Usila. Sin embargo, en Paso de la Reina, Jamiltepec, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) insiste en la creación del embalse para generar energía eléctrica, pese al rechazo generalizado, informó la asociación civil Educa.
Para el 2016 la mina de Cuzcatlán en San José del Progreso se convertiría en una de las 15 minas más productivas de América Latina, informó la empresa Fortuna Silver.
Tamales de maíz nativo, tortillas, café, gallinas criollas, jamaica, limón, fueron la base de la comida que ofreció la comunidad chatina de Plan del Aire en el municipio de Tataltepec. Esta comunidad localizada a unos 40 minutos de la cabecera municipal alberga un profundo sentido comunal y su lucha ha sido ejemplar por impedir que el Río Verde sea represado. La reunión se realizó en el marco del 14 de marzo, Día Internacional de la lucha contra las presas que se celebró en todos los continentes del mundo. Esta fecha que emanó de una reunión en Brasil ha ido cobrando fuerza y generado su propio arraigo en diversos lugares del planeta, los millones de afectadas y afectados han encontrado aprendizajes y se ha tejido una gran comunidad internacional.
En el marco del tercer aniversario luctuoso del líder anti mineras de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, Bernardo Vásquez Sánchez, y a partir del seguimiento que EDUCA ha hecho sobre el establecimiento de empresas mineras en nuestro país, se hace del dominio público la primera de tres infografías para compartir datos sobre la problemática que genera permitir la extracción minera en territorio nacional. Los datos contenidos en este material gráfico hacen referencia al número de concesiones, proyectos mineros y la predominancia de estos en México para dar una idea de las futuras afectaciones a la ciudadanía. Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, concesionaron 52 millones de hectáreas a empresas mineras, esto equivale al 26% del territorio nacional.
Activistas de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuco) [sic], realizaron una protesta pacífica en la minera Cuzcatlán, ubicada en San José del Progreso, municipio de los Valles Centrales de Oaxaca, al cumplirse este domingo 3 años del homicidio de Bernardo Vásquez Sánchez opositor al proyecto minero.
A tres años del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, fundador de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), defensor de los derechos humanos y recursos naturales y quien fue emboscado el 15 de marzo de 2012, la organización pide justicia en el caso y castigo para los autores materiales e intelectuales.
Inversionistas canadienses invertirán mas de 30 millones de dólares para consolidar la operación de la mina plata y oro en el municipio de San José del Progreso, donde hace cuatro años hubo la oposición de un grupo comuneros a su instalación, argumentando posibles riesgos ambientales.
El mes de marzo es un mes especial para seguir en lucha permanente contra todas las injusticias de la sociedad. En este mes conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres (08 de marzo) el Día Internacional de Lucha Contra las Represas (14 de marzo) y el Día Mundial del Agua (22 de marzo). Debemos denunciar la explotación de nuestro pueblo, en especial de las poblaciones afectadas que son expulsadas de sus tierras; denunciar la entrega de los recursos naturales y de los recursos públicos en las manos de grandes grupos nacionales y multinacionales; denunciar las políticas de los estados nacionales que hieren los derechos de los pueblos y promueven la destrucción de la naturaleza.
Representantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, denunciaron que a un 3 años del asesinato de su dirigente Bernardo Vásquez Sánchez, las autoridades no han presentado avances de las investigaciones a pesar de que han señalado a varias personas de ser las responsables de los hechos.
La Cámara de Diputados aprobó integrar un sistema nacional anticorrupción, los proyectos mineros deberían ponerse bajo la lupa. Y es que la mayoría de éstos se construyen con el apoyo de caciques, corrompiendo a las autoridades locales y federales, y en contra de la voluntad del pueblo: lejos de consultar a los dueños de la tierra –generalmente ejidatarios de origen campesino e indígena–, los despojan de su patrimonio en total impunidad. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), que identifica 34 conflictos mineros vigentes en México. De acuerdo con el mapa de la conflictividad elaborado por el OCMAL, se trata de la operación al margen de la ley de la Minera San Xavier, en San Luis, Potosí; el derrame de la Minera María, en Sonora; el conflicto de Cananea, entre el Grupo México y Sindicato Minero; el derrumbe en Pasta de Conchos, Coahuila; la usurpación de tierras a ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, por parte de Minefinders; la contaminación del agua de Guanajuato por Great Panther; el levantamiento de los ejidatarios contra la mina de barita de Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas; la contaminación con arsénico del agua de Cocula, Guerrero; el caso de la Mina de Oro Nacional (canadiense) contra habitantes de Mulatos, Sonora; el tercer intento de Los Cardones por explotar Sierra de la Laguna (antes Paredones Amarillos), en La Paz, Baja California. En esta misma lista se incluye la criminalizan de la protesta de habitantes de San José del Progreso por la minera Trinidad, en San José del Progreso, Oaxaca; así mismo se encuentran identificados como focos rojos la expulsión de una minera de Magdalena de Teitipac, Oaxaca.
Enero y febrero de 2015 se han traducido para pueblos y comunidades del estado de Oaxaca en una serie de violaciones a sus derechos fundamentales, marcadas principalmente por la imposición de mega proyectos, el uso de recursos públicos para presionar a las comunidades, presencia policiaca y militar en diversas regiones, así como una serie de amenazas, intimidaciones y agresiones hacia defensoras y defensores comunitarios, principalmente de derechos territoriales, quienes legítimamente y por las vías legales y pacíficas hemos demostrado la inviabilidad de los mismos.
Luego de acusar que la presa Paso Ancho es un negocio más de los funcionarios del gobierno, el presidente del ProOax, José Márquez Pérez, advirtió que la obra lo único que será es abastecer de agua contaminada durante 50 años a la Ciudad de Oaxaca de Juárez. En entrevista, el titular del Patronato Pro Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca (ProOax), precisó que la obra no terminará con el desabasto de agua potable en la Ciudad. “Lo que hará es dotar de aguas negras a la población pues se tomará el vital líquido de los ríos Atoyac y Salado, los cuales están sumamente contaminados de basura, aceites y otro tipo de desechos industriales”, afirmó. La presa Paso Ancho es un negocio de los funcionarios que va a costar 3 mil 500 millones de pesos y lo único que vamos a captar es agua contaminada del río Atoyac y el río Salado los cuales están seriamente contaminados y esa agua es la que nos van a regresar y a qué costo, cuestionó. Consideró que más que una presa se debe promover la sustentabilidad hídrica de los Valles Centrales mediante un programa amplio para recuperar agua que alimente los mantos freáticos que se están acabando. “Cada año le quitamos 40 centímetros al manto freático y llevamos años extrayendo agua y no se recupera, entonces tenemos que retener agua antes de que lleguen a los ríos que están contaminados tanto el Atoyac como el Salado». Informó que hay un proyecto integral del investigador, Antonio González Rosser consistente en el rescate a través de la retención de agua, que registra algunos avances pequeños. Señalo que Ocotlán de Morelos tiene la mejor planta de tratamiento de aguas residuales, esta planta se mantiene porque la sostiene la minera de San José del Progreso, paga 120 mil pesos que cuesta el mantenimiento y parte del agua tratada se aprovecha en la minera. De acuerdo con datos técnicos de la Secretaría de las Infraestructuras, será el río Atoyac que en un tramo también adopta el nombre de río Verde el cual abastecerá de agua a la presa Paso Ancho.
Las grandes obras de infraestructura son un desafío creciente para el Poder Judicial mexicano; en su realización, se desplazan poblaciones, se alteran o destruyen ecosistemas enteros, y se suspenden o violentan derechos fundamentales del individuo y las comunidades. Ante este panorama la SCJN ha determinado publicar un Protocolo que sería orientador en las decisiones de los jueces y magistrados de distrito, y además, podría apoyar a otras instancias autónomas.
La SEMARNAT emite en su gaceta ecológica la lista de proyectos ingresados en las Delegaciones Federales, en la posición número 23 y con fecha 13 de enero de 2015 se encuentra el ingreso de una MIA-PARTICULAR con clave 20OA2015MD005 del proyecto parcela 1579, localizada en el ejido San José del Progreso, Distrito de Ocotlán, Oaxaca, por las obras camino terracería, cresta y una parte de la presa de jales, tinaco de 5000 Lts, centro de control de bombas y pario de almacenamiento en una superficie de 2.79 Ha. promovido por la compañía minera Cuzcatlan S.A. de C.V. en donde se señala que los elementos que integran el proyecto se refiere a las actividades derivadas de las obras de infraestructura de apoyo para la explotación de los minerales y sustancias reservadas a la federación y que son relativos a la presa de jales; así como la disposición final de sus residuos, así mismo el rescate de especies de importancia ecológica, plancha de concreto y colocación de tinacos de tal manera que se cumpla lo establecido.
En entrevista Eloy Cruz Gregorio vocero del COPUDEVER, rechazó que se esté avanzando con el proyecto hidroeléctrico que la CFE pretende construir en la población del Paso de la Reina, aseguro que aunque el gobierno diga que se está avanzando con los estudios en la realidad no es así, ya que el proyecto está estancado desde el 2006.
El sábado 29 de noviembre comunidades de 5 municipios que conforman el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER) se congregaron en la comunidad de San Antonio Río Verde del municipio de Tutututepec en la costa Oaxaqueña para celebrar el Tercer Festival Cultural por la defensa Río Verde.
En 2013, las lluvias provocadas por los huracanes Ingrid y Manuel dejaron afectaciones en más de 100 mil viviendas, casi las mismas que sufrieron por Trudy en 2014. Del censo que se hizo para reconstrucción en 2013 se consideraron 100 viviendas afectadas pero personal del gobierno sólo autorizó cuatro beneficiarios quienes recibieron un pie de casa con material prefabricado, sin que tengan servicios como agua potable o drenaje.
En días pasados, se hizo pública la noticia sobre la contaminación ambiental producida por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi y la suspensión del suministro de agua a miles de personas del estado de Sonora.
El COPUDEVER se encuentra en alerta máxima ante la nueva embestida del Gobierno Federal de imponer el Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina.
Cerca de las ocho de la noche de este martes 20 de mayo agentes de seguridad privada al servicio de la minera canadiense Fortuna Silver, intentaron detener al ex diputado federal y ex diputado local Flavio Sosa Villavicencio porque el activista tomó fotografías de un convoy de tres tráileres que iban escoltados por patrullas de seguridad privada de la empresa GIA Seguridad Privada Armada e inmediatamente uno de los tráileres se le “cerró” al vehículo donde viajaba el ex legislador, obligándolo a detenerse. Flavio Sosa explicó que cerca de diez agentes de seguridad privada, armados con pistolas y ametralladoras, se acercaron al vehículo y les exigieron mostrar identificaciones bajo el pretexto de parecer “sospechosos”. Los policías privados, que llegaron en cerca de cinco patrullas, retuvieron al ex legislador y a sus acompañantes por cerca de 20 minutos. Los vehículos estaban rotulados como de la empresa GIA Seguridad Privada Armada, con el registro federal DGSP/229-11/1841.
En conferencia de prensa integrantes del COPUDEVER denunciaron actos de intimidación para la realización del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina. Pedro Cruz Merino integrante del consejo explicó que desde 2006 mantienen una resistencia contra el proyecto, y que a la fecha no se les ha explicado a detalle los impactos que provocaría la obra. Mencionó que la principal preocupación es el desplazamiento de comunidades enteras y que la Agencia de Paso de la Reina sería de las más afectadas. Eloy Cruz Gregorio vocero del COPUDEVER denunció que en últimas fechas han notado la presencia de elementos del ejército mexicano. Manifestó que el daño ambiental sería irreversible y que la edificación de la presa por parte del gobierno federal seria solo el primer proyecto pues en Ixtayutla y Zenzontepec hay minerales que quieren extraer. Los integrantes del COPUDEVER acusaron a la Diputada local del PAN Sonia López de presionar a las autoridades municipales para aceptar el proyecto.
