El día 6 de mayo de 2009, aproximadamente 1200 elementos de la policía federal y estatal realizaron un operativo paradesalojar a las y los manifestantes de San José del Progreso en el perímetro del proyecto minero “San José” con armas, perros, camionetas, helicópteros y gases lacrimógenos. A 7 años del brutal desalojo en el cual integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) comunica que “fuimos golpeados y encarcelados, continuamos exigiendo la salida inmediata de la empresa minera Fortuna Silver Mines. Por tal motivo el pueblo de San José del Progreso, en el marco de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio ha determinado hacer una toma simbólica en la entrada principal de las instalaciones del proyecto minero” y exige “la cancelación inmediata del proyecto San José, así como su expansión en municipios y ejidos vecinos”.
Ademas la CPUVO hace “un reconocimiento a las comunidades que han fortalecido su resistencia en las regiones de Valles Centrales, Sierra Sur, Sierra Norte, Mixteca e Istmo contra los proyectos mineros de muerte”.
Oaxaca.-La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió este 5 de mayo una alerta temprana dirigida al ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, y al poder Ejecutivo del estado a fin de que garanticen la libre manifestación de las ideas, derecho de reunión y asociación de las y los habitantes de esa comunidad y quienes participen en las actividades convocadas para esa fecha por la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), frente a las instalaciones de la Minera Cuzcatlán.
El organismo defensor tuvo conocimiento que el 6 de mayo defensoras y defensores de derechos humanos de la CPUVO realizarán una serie de actividades frente a las instalaciones de la Minera Cuzcatlán, ubicada en el municipio de San José del Progreso, en conmemoración del desalojo que dicha organización sufrió en ese lugar el 6 de mayo de 2009.
La medida fue tomada por la Defensoría ante los antecedentes reiterados de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos en ese municipio y, específicamente, en relación con el activismo de integrantes del CPUVO.
Ante ello, la institución autónoma expresa su preocupación por la posibilidad de la reaparición de violencia en San José del Progreso, que pudiera vulnerar de manera grave los derechos humanos de las y los participantes a dicho manifestación, así como también de las y los habitantes de dicha población.
Ciudad de Ixtepec fue declarado como territorio libre de minería, por unos mil colonos y representantes de organizaciones campesinas, ganaderas, educativas, comisariados de bienes comunales, colectivos de jóvenes, artistas, promotores culturales y ecológicos del Istmo de Tehuantepec; esto debido a las afectaciones que representa la extracción de minerales a cielo abierto a gran escala (envenenamiento de las tierras, aguas y viento), que han sufrido otros pueblos. Durante el foro regional sobre las afectaciones de la minería se sumaron 2500 firmas en contra de este proyecto minero, asimismo se fortaleció la articulación regional y estatal para la defensa de la vida, en contra de la ambición de empresas irresponsables y de la corrupción en algunas autoridades locales, estatales y federales. Se destacó la participación de las mujeres istmeñas que físicamente han enfrentado el “saqueo y despojo” de empresas extranjeras, el cual ha permitido y hasta alentado el Gobierno Federal, Estatal y de algunas autoridades municipales y comunales. Este primer foro, se consideró como un llamado a las autoridades y ciudadanía en general a no esperar a que la mina se establezca, sino reforzar el mensaje, “enérgico y firme”, de que el pueblo dice NO A LA MINA.
Uno a uno, los representantes de organizaciones estatales y locales se pronunciaron en contra de los megaproyectos extractivos en el Istmo de Tehuantepec, debido a que la contaminación de la tierra, agua y viento no sería exclusiva del municipio en el que se exploten los minerales. Es decir que al contaminar la cuenca del Guigu Bicu (Rio los perros) los elementos tóxicos como cianuro y arsénico llegarían hasta las lagunas marinas de San Mateo del Mar, de igual forma al contaminarse la cuenca del río Ostuta y Espíritu Santo, contaminando las lagunas a San Francisco y San Mateo del Mar, de la cual dependen miles de personas a través de la pesca.
“NOSOTR@S somos quienes habitamos estas tierras, aguas, montes y cerros. Somos guardianes del territorio. No sólo venimos del campo y de las comunidades indígenas, también venimos de la ciudad y luchamos por el deber que tenemos de dejarle a nuestros hij@s la misma casa común que nos heredaron nuestr@s abuel@s. Aquí estamos 179 pueblos y comunidades, barrios y organizaciones de 8 diferentes regiones del país que poco a poco nos vamos uniendo en esta celebración de esperanza junto con académicos, científicos, religiosos y artistas, frente a la amenaza que se viste de muchos colores y se presenta con un discurso de progreso y desarrollo. Llamamos con urgencia a ser parte de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio a todos los pueblos, comunidades, barrios y colonias que sufren del despojo; a quienes sufren de la destrucción provocada por los proyectos depredadores forestales o que hacen del agua una mercancía; a aquellos que luchan contra los agrotóxicos, los monocultivos; o las comunidades que son avasalladas por megaproyectos energéticos (hidroeléctricas, eólicas, termoeléctricas, gasoductos, fracking), de infraestructura (autopistas, aeropuertos, trenes) y de minería. (…) Es por eso que a partir de este 10 de abril y hasta el 20 de noviembre de 2016 realizaremos una campaña nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio”.
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe «Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo». El informe destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano aplicables a este tema.
En el informe se abordan las obligaciones que tienen los gobiernos estatales frente a las actividades de extracción en cualquiera de sus territorios, donde las consecuencias negativas afectan directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Las obligaciones estatales en estos contextos giran en torno a seis ejes centrales: (i) adoptar un marco normativo adecuado y efectivo, (ii) prevenir las violaciones de derechos humanos, (iii) supervisar y fiscalizar las actividades de extracción, explotación y desarrollo, (iv) garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información, (v) prevenir actividades ilegales y toda forma de violencia, y (vi) garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y acceso a la reparación adecuada de las violaciones de derechos humanos cometidas en estos contextos.
Se destaca también, que estas situaciones de violación de derechos no son supervisadas ni monitoreadas por los Estados de manera frecuente ni sistemática, donde además existen nulos mecanismos para prevenir las violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, el informe intenta visibilizar las formas en que estas actividades extractivas afectan el efectivo goce de los derechos humanos de los pueblos, particularmente afectaciones al derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, y comunidades afrodescendientes sobre sus tierras, territorios y recursos naturales; al derecho a la identidad cultural y libertad religiosa; a la vida; a la salud, integridad personal y a un medio ambiente sano; a derechos económicos y sociales vinculados con la alimentación, acceso al agua2 y derechos laborales; al derecho a la libertad personal y la protesta social; y a la protección frente al desplazamiento forzado.
Se centra especialmente en la necesidad de diseñar un marco regulatorio efectivo que aborde de manera adecuada a las compañías extranjeras, con métodos de supervisión, de acceso correcto a la justicia y procesos responsables de negociación. Todo esto no se lleva a cabo debido a miedos de los gobiernos de que estas empresas dejen el país. Se proponen diferentes medidas que prometan ser eficientes para sancionar a las empresas extranjeras, a modo de disminuir las violaciones y abusos de derechos de las comunidades. Estas medidas se asocian a compensaciones a las víctimas, sanciones administrativas, diagnóstico permanente, y eliminar las barreras jurídicas para la denuncia.
Con respecto a la protección de los derechos de los pueblos, se pone especial énfasis en la protección de la vida, de la no criminalización de la protesta social, y a la protección de las comunidades frente al desplazamiento forzado. Además, es necesario poner doble cuidado en grupos con mayor riesgo, tales como líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, niños y niñas, adultos mayores, y personas con discapacidad.
El informe cierra con una serie de recomendaciones para los Estados: construir un marco legislativo eficiente, derogar las disposiciones internas que no sean compatibles con la protección de los derechos de los pueblos, dar seguimiento permanente a todos los proyectos que puedan afectar a las comunidades, generar mecanismos que hagan frente a cualquier situación de violación de derechos, mantener a la población informada, todo proceso de fiscalización debe ser transparente y libre de cualquier tipo de influencia, emprender acciones urgentes para la lucha contra la impunidad de casos de violación de derechos humanos, modificar las legislaciones que impidan la consulta previa de manera participativa, libre e informada, establecer indicadores específicos para el monitoreo de cada uno de los proyectos, garantizar a los pueblos indígenas el libre uso de sus territorios garantizar la protección de personas amparadas por medidas cautelares y a quienes se quiera someter a juicios injustos por proteger sus tierras, y gestionar el regreso de personas y comunidades desplazadas.
De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, del 10 de marzo pasado, se dividirá en 10 empresas que se enfocarán a la generación, distribución, transmisión eléctrica y suministro básico. Operarán en el mercado eléctrico 6 empresas subsidiarias de generación eléctrica. Además creará una subsidiaria para atender el suministro básico, otra compañía encargada de la distribución y una más que coordinará las actividades de transmisión eléctrica.
El Frente de Autoridades Municipales y Agrarias de los distritos de Ocotlán y Zimatlán tienen como objetivos esenciales cuidar y preservar el medio ambiente, que la ciudadanía haga uso racional del agua, para evitar la contaminación del suelo, ríos y arroyos. Además de promover la construcción de retenes y ollas de agua, a fin de evadir la contaminación y explotación irracionales de los recursos naturales, como son las minas, flora y fauna. Así lo dio a conocer en entrevista, el secretario general, Alejandro Salas López, al asegurar que para ello se requiere el apoyo de la sociedad, dependencias federales y estatales. Por otra parte, dijo, evitarán que empresas extranjeras sigan explotando los recursos naturales, como desgraciadamente ocurre actualmente en San José del Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos, donde con el apoyo del gobierno federal y estatal, la empresa Canadiense, sin aportar beneficio alguno a las comunidades, explota importantes Minas y la finalidad es de echarlas fuera de Oaxaca.
A cuatro años de los hechos sangrientos, no hay justicia. Al contrario, en junio del 2015 fueron liberados los presuntos asesinos de Bernardo Vásquez Sánchez. La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán exige la cancelación del proyecto minero “San José” y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez. En un pronunciamiento por el cuarto aniversario de la muerte de Bernardo, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios exige justicia para la comunidad de San José del Progreso:
«El día de hoy se cumplen cuatro años del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), el crimen permanece en la impunidad a pesar de que existen señalamientos claros sobre la autoría intelectual y material del homicidio. No sólo eso: la empresa a la que Bernardo combatió, Fortuna Silver Mines pretende expandirse hacia comunidades de los distritos de Ejutla y Ocotlán.
Desde 2008, la CPUVO manifestó su rechazo al proyecto minero de la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. En repetidas ocasiones la CPUVO señaló que la minera estaba financiando grupos armados en San José del Progreso con la participación del entonces presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez, y denunció los constantes hostigamientos que sufrían sus integrantes, quienes nunca recibieron protección.
El 15 de marzo de 2012, Bernardo Vázquez fue emboscado y asesinado poco después de haber asistido a una reunión con funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca para analizar el conflicto generado a partir de la instalación de la mina. En el ataque también resultaron heridos Rosalinda Dionisio Sánchez y Andrés Vásquez Sánchez, integrantes de la CPUVO.
Hasta el día de hoy, no se ha investigado a los autores intelectuales del asesinato de Bernardo. En 2015, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca permitió que salieran en libertad Bartolo Aguilar, Domingo Aguilar y Albino Hernández, acusados de ser los autores materiales del crimen. Además, y a pesar de los daños ambientales y de ruptura del tejido social causados por los trabajos de la mina en San José del Progreso, la empresa minera, con anuencia del gobierno federal y el estatal, buscan expandir el proyecto a comunidades que expresaron su rechazo mediante una declaratoria a nivel regional, el 30 de noviembre de 2015.
Bernardo es recordado en las comunidades de los Valles Centrales y el estado de Oaxaca como un ejemplo en la defensa del territorio frente a la destrucción que generan las empresas mineras, por lo que las organizaciones firmantes exigimos justicia para él y la comunidad de San José del Progreso. De igual forma exigimos a las autoridades estatales y federales respeten la decisión de las comunidades de Ocotlán y Ejutla, centrada en no permitir ningún proyecto extractivo en la región.»
Atentamente: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., Tequio Jurídico A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca,-UNOSJO S.C., Centro de Derechos Humanos Míguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh A.C.
Aún cuando se encuentra contenido en el Plan Nacional de Infraestructura, el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reyna no será construido, es la advertencia de habitantes de aquella localidad aglutinados en el Consejo de Pueblos Unidos para la Defensa del Río Verde (Copudever). Un documental proyectado por las organizaciones reveló la oposición de la ciudadanía de Paso de la Reyna, municipio Santiago Jamiltepec, quienes ven en el Río Verde una fuente de vida en riesgo por el mega proyecto.
Ana María García Arreola, integrante de Servicios para una Educación de Calidad (Educa), precisó que las y los pobladores han levantado actas de acuerdos ejidales para dejar en claro su rechazo a la obra. Señaló que al menos 50 mil personas han sido desplazadas por la construcción de proyectos hidroeléctricos en Oaxaca a lo largo de los años. En el marco del Día Internacional de Acción contra Presas y a favor de los Ríos el Agua y la Vida y con la participación del investigador Scott Robinson, se discutieron las condiciones que revisten la imposición de proyectos hidroeléctricos en una serie de foros comunitarios en los municipios de Tataltepec de Valdés, Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec y ayer en la capital del estado.
24 agrupaciones locales manifestaron su rechazo al proyecto minero en Ciudad Ixtepec, el cual abarca una concesión de 8,150 hectáreas, denominada “lote NIZA” con número de título 232089, otorgada por el Gobierno Federal a través de la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía en el año 2008 a la empresa Minera Plata Real, para extraer oro y plata de territorio ixtepecano durante 50 años.
A través del “Manifiesto Zapoteca en contra de la minería en Ixtepec”, Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio fijó la postura de negar el permiso al proyecto minero, con el respaldo de las actas firmadas por las asambleas del Comisariado de Bienes Comunales, la Sociedad Agrícola y la Sociedad Ganadera, que desde hace 5 años emitieron su rechazo. En el año 2014, se ratificó el acuerdo de impedir la actividad minera junto autoridades agrarias zoques y zapotecas y organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec al suscribir la “Declaratoria de Zanatepec”, en contra de la minería.
“A través de nuestro propio modo de vivir se han preservado los bosques y mantenido la biodiversidad y la vida del pueblo”, en ese sentido exigieron respeto a los bienes de la comunidad y a su historia como pueblo zapoteca, con base en los tratados internacionales ratificados por el gobierno Mexicano, como el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se estipula que como pueblo originario se tiene derecho a ser consultados previamente, así como a tener información libre y verdadera, sobre proyectos de impacto social, cultural y ecológico en sus comunidades.
La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca confirmó el registro de 69 casos relativos a agresiones a personas defensoras de los derechos humanos, 33 contra mujeres y 36 en agravio de varones. La información fue proporcionada en atención a la solicitud del Ombudsman de Oaxaca, para documentar la recomendación general número 25 sobre agravios a personas personas defensoras de los derechos humanos, que hizo pública el lunes.
El órgano nacional pone especial énfasis en las actividades desarrolladas por algunos de los defensores de los derechos humanos, particularmente los comunitarios, en aquellos casos en que sus labores de defensa se relacionan con los megaproyectos de industrias extractivas, de represas y eólicos, promovidos por la iniciativa privada o los gobiernos, con la afectación directa de pueblos o comunidades indígenas. Los defensores comunitarios centran sus actividades buscando que el estado garantice el derecho a la consulta, a fin de obtener su conocimiento previo, libre e informado, respecto de esos megaproyectos. La defensa se centra en el espero a las tierras, territorios y recursos naturales de los indígenas, tal y como dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En cumplimiento del mandato de la asamblea, autoridades comunales y municipales así como jóvenes voluntarios del colectivo Matza acudieron a inspeccionar el estatus de los proyectos mineros en La Cristalina, territorio Chimalapa, en los límites con el municipio de Zanatepec. En el lugar señalado por una de las mojoneras, correspondiente al título de concesión número 231753 a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc, sobre el lote Mar de Cobre, con una superficie de cinco mil 610 hectáreas, constataron el uso de explosivos en años pasados.
Los jóvenes del colectivo Matza, así como estudiantes de la preparatoria por cooperación José Martí en Ixhuatán, clausuraron simbólicamente la mina colgando una manta.
El peligro no es exclusivo para Chimalapas, sino que con la explotación de yacimientos, los ríos Ostuta, Zanatepec y Novillero pagarían las consecuencias. Horas más tarde, en la comunidad de La Cristalina, los titulares de la autoridad comunal y municipalidad, encabezaron una reunión en miras de realizar una asamblea general del pueblo de San Miguel Chimalapa, con la intención de unificar a todas las agencias y núcleos de población en defensa de la vida y el territorio.
Representantes de Organizaciones no Gubernamentales, comuneros e indígenas ikoots, mixes, y zapotecas del Istmo de Tehuantepec, se pronunciaron durante el foro denominado “En defensa del territorio, bienes comunales y cultura indígena” al no despojo de su “hogar”, que consideran sus mares, sitios sagrados y recursos naturales. En este lugar se pretenden ubicar proyectos mineros, eólicos y el llamado “gasoducto Salina Cruz- Minatitlán”, y los asistentes expresaron que no permitirán ser domesticados por empresas extranjeras.
Benito Canales, Comisariado de Bienes comunales de San Mateo del Mar expresó que la voz del pueblo ikoots es la de vivir en paz y en armonía con los recursos naturales y también con sus rituales. “Sabemos que los proyectos eólicos están latentes en nuestros mares y en el subsuelo, al igual que los mineros y la zona económica especial que viene para el Istmo de Tehuantepec, como comuneros nosotros estamos en la defensa de la tierra, pedimos a las autoridades agrarias respetar nuestra tierra y poner fin al conflicto con los compas de Santa María del Mar», expresó.
Al mismo tiempo, la autoridad comunal declara que “la molestia nuestra fue que supimos que el comisariado de bienes comunales de Santa María del Mar, negoció o estaba negociando esta parte de nuestro territorio con la empresa Preneal, que después se llamó Mareña Renovables y destruirían nuestra única herencia, por eso es que comenzó esta lucha y exhortamos a la Procuraduría Agraria a hacer valido nuestro documento y mapas que acreditan que es nuestro territorio”.
El primer comandante del segundo turno de la policía municipal de Santiago Jamiltepec, Jorge Armando Santiago Martínez, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) al estar acusado de ser autor material de la muerte del corresponsal de Noticias en la Costa, Marcos Hernández Bautista.
En el homicidio, según el informe de la Fiscalía General, también se encuentra implicado Daniel Clímaco Barete, quien el 10 de febrero del 2016 fue detenido por elementos de la AEI en Acapulco, al ser acusado del homicidio de la joven Beatriz López, hija del excomisariado de Santiago Jamiltepec. El ex integrante de la policía municipal de Santiago Jamiltepec, Miguel Ángel Clímaco Barete, también fue detenido en Acapulco, el 10 de septiembre del 2015, al ser acusado del delito de homicidio con las agravantes de ventaja y alevosía cometido en agravio del diputado perredista, Everardo Hugo Hernández Guzmán.
El periodista Marcos Hernández Bautista, de 38 años de edad, fue asesinado el pasado 21 de enero en la comunidad de San Andrés Huaxpaltepec. Trascendió que el móvil del crimen es porque tenía posibilidades de ser el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Jamiltepec.
El día martes 16 de febrero fue ejecutado Alberto Mauro Sánchez, ex presidente municipal de San José del Progreso en el municipio de Ocotlán de Morelos y a plena luz del día, con varias personas como testigos. Con este crimen, aumenta a seis el número de muertes vinculadas al inicio de las actividades mineras en este municipio. Ante esto, las autoridades tienen la obligación de aclarar el caso y dar con los culpables. Se dice que existen grabaciones donde autoridades estatales exigen a la empresa la entrega de medio millón de doláres por los respaldos otorgados. Ante esto existe la suposición que tras la ejecución existan demasiados intereses que se quieren silenciar.
Desde el año 2006, varios de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) han sido asesinados por la oposición a la minera, entre estos Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, muertes de las cuales se había responzabilizado a Alberto Mauro Sánchez.
Ciudadanas y ciudadanos de Magdalena Ocotlán denuncian la construcción ilegal de un pozo en su comunidad, el cual está afectando a pozos de varios ciudadanos.
El presidente municipal de Magdalena Ocotlán, Nabor Méndez Sánchez ha iniciado la obra sin contar con el permiso que otorga la CONAGUA, además hizo una asamblea comunitaria donde anunció que ya contaba con los permisos, esto nos lleva a deducir que él hará la obra aún en contra de la ley.
El día sábado 13 de febrero la maquinaria inició la perforación de un pozo, por lo que los vecinos se alarmaron respecto a esta situación y la alteración de sus derechos donde se entiende que el presidente puede tener otros fines para que se lleve a cabo dicha obra.
A nivel de la comunidad no se tiene clara la justificación de la realización de ese pozo profundo, ya que existen dos pozos que abastecen la comunidad y además se debe verificar la tubería que no está en condiciones adecuadas para la distribución del agua potable.
Desde el COPUDEVER se ha generado un counicado demandando justicia por el asesinato del periodista y ex regidor de cultura, Marcos Hernández:
«El asesinato del periodista Marcos Hernández se une a una larga lista de hechos violentos en la región de la costa, la mayoría han quedado impunes. Existen intereses de grupos de poder económico y político en la región por seguir controlando la vida de las comunidades.
Tras el encuentro donde reunieron en la explanada de la comunidad Cerro de las Huertas, Ejutla de Crespo, Oaxaca, 48 comunidades, 30 organizaciones, dos centros de investigación, y 3 radios comunitarias de los Valles Centrales, Sierra Sur, Costa, Istmo y Cañada, para generar reflexión a nivel estatal sobre los avances y desafíos de los movimientos contra la minería, y el fortalecimiento de las resistencias y comunidades afectadas por esta industria. En este contexto, las comunidades reunidas DENUNCIAN:
Manifestado lo anterior:
Exigimos la cancelación de las concesiones y proyectos mineros en el estado de Oaxaca, NINGÚN PROYECTO MÁS SIN LA AUTORIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS.
Hacemos un llamado a comunidades, pueblos y organizaciones a defender la tierra y el territorio contra los proyectos de muerte.
De igual forma convocamos a todas las comunidades, pueblos, organizaciones sociales, colectivos a la articulación de esfuerzos para hacer un frente estatal contra la minería. En este sentido DECLARAMOS EL 22 DE JULIO DE CADA AÑO CÓMO DÍA ESTATAL DE RESISTENCIA CONTRA LA MINERÍA EN OAXACA.
29 y 30 de Enero del 2016.
Desde Monte del Toro, un cuerpo de agua artificial de mayor tamaño llama la atención: es el embalse de jales de la Compañía Minera Cuzcatlán, que recoge aguas residuales con tóxicos de la mina en San José. “Es una ‘bomba de tiempo’; no sabemos cuándo va a explotar, pero de que sucede, sucede. Tiene muchos químicos mortales que no solamente va a matar nuestros animales, sino acabar con nuestros cultivos y contaminar el subsuelo”, dicen los campesinos de Monte del Toro. En medio de su temor, un funcionario de la Procuraduría Agraria en lugar de proteger al campesino, favorece a la minera y presiona para que los ejidatarios vendan sus tierras a la empresa, denuncian.
La empresa minera en contubernio con un funcionario federal, presionan a su núcleo agrario La Noria de Ortiz, para que se separen del comisariado y creen su propio órgano y así poder vender sus tierras a la compañía que se encuentra en expansión. “Nos intentan dividir para lograr su propósito”, dicen.
“Lo sometimos a asamblea, y ésta dijo que no, que no iba a ser posible; preguntamos quién quiere usufructos de la mina y repitieron que nadie; no entendemos por qué esa persona está insistiendo que vendamos, si su función principal es proteger a los campesinos, no a las empresas”, refiere Alfredo Ramírez, subdelegado de Conciliación Agraria.
La preocupación llevó a los campesinos a buscar el apoyo de distintas organizaciones sociales y también la unión con otros pueblos de los distritos de Tlacolula, Ocotlán y Ejutla. Fue así como firmaron una declaración que denominaron “Territorio prohibido para la Minería”, y que fue presentada a inicios de diciembre del año pasado. El documento fue signado desde el 8 de noviembre por Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac.
La asamblea general de ciudadanas y ciudadanos de Monte del Toro, Ejutla de Crespo, denunciamos que hemos recibido un hostigamiento constante por parte del Antropólogo Alfredo Ramírez Gómez, el cual funge como Subdelegado de Conciliación Agraria de la Procuraduría Agraria para dividir nuestro ejido y generar condiciones favorables a la empresa minera “Fortuna Silver Mines”, misma que opera en el ejido vecino de San José del Progreso y que pretende expandir el proyecto minero sin el consentimiento de las comunidades vecinas.
El Antropólogo Alfredo Ramírez Gómez se presentó en las oficinas del Comisariado de Bienes Ejidales los días 14 y 20 de enero de 2016 para pedir a las autoridades la separación de parcelas ubicadas en la agencia municipal de la Noria.
Ante esta situación hemos definido defender nuestros territorios por la vía legal y pacífica, por lo cual el día 8 de noviembre del año pasado junto con otras comunidades y ejidos del distrito de Ejutla declaramos nuestro territorio como “prohibido para la minería”, por tal motivo exigimos a la Procuraduría Agraria, se apegue a lo establecido en el artículo 5, fracción VIII de su reglamento interno, donde establece que “esta dependencia tiene la facultad de promover la defensa de los derechos y salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas”.
La empresa minera Fortuna Silver Mines Inc. dió a conocer las cifras de producción de metales en sus minas que se encuentran en operación. La minera expuso que con respecto al año 2014, la producción de plata aumentó en un 0,4% en 2015, aumento de un 12% en la producción de oro, un 31% en la producción de zinc, y un 48% en la producción de plomo; todo esto en 2015.
Con respecto a la Mina San José, las producciones de plata y oro fueron de un 15% superiores a las proyecciones que se tenían para 2015. Finalmente, el presupuesto para los programas de exploración para 2016 es de $8,2 millones, lo que incluye 22,000 metros de perforación, y el desarrollo de una exploración subterránea de 1,500 metros para un mejor acceso a la extensión norte de la mina.
«Vamos para delante, ni un paso atrás. Nosotros no vamos a retroceder. Si con nuestras vidas fuera necesario pagar este sacrificio, lo vamos a hacer, porque no nos queremos ir de aquí. Aquí nacimos y aquí nos vamos a morir. Las tierras son nuestras y nadie nos las va a venir a quitar, somos los legítimos dueños, porque nosotros las trabajamos», afirmó el presidente del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), Jaime Jiménez Ruiz, al reiterar su rechazo a la construcción de una presa hidroeléctrica que tiene proyectada la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construir en inmediaciones de este poblado de la región de la Costa. Esto lo declaró al participar en una asamblea informativa que encabezó el Promotor de la Soberanía Nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Salomón Jara Cruz, en la comunidad de El Paso de la Reyna.
De su parte, el dirigente estatal de Morena en Oaxaca, Salomón Jara Cruz, sostuvo que el movimiento de los pueblos por la defensa del Río Verde, es un ejemplo de lucha, por lo que manifestó su solidaridad con los pobladores en resistencia. «Nos solidarizamos con esta lucha. Morena está con ustedes, porque nuestro líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, nos ha pedido defender siempre al pueblo y eso es lo que vamos a hacer en Oaxaca. Por eso venimos a decirles que estamos en el mismo camino», enfatizó. A petición de los pobladores de El Paso de la Reyna, Jara Cruz se comprometió que en todas las asambleas informativas de Morena, se abordará el tema del Copudever, a fin de romper el cerco informativo que se tiene contra este movimiento social.
La compañía dice que los nuevos resultados de perforación confirman que las venas Bonanza y Trinidad se mantienen abiertas a lo largo y ancho de su profundidad. Además, en agosto se confirmó la identificación de una nueva vena de excavación, la vena Ocotlán, que converge con la vena Trinidad, por lo que estas nuevas potenciales proyecciones ya se están testeando para ser taladradas.
Un poco más lejos, la compañía ha estado realizando la excavación de zanjas en Tlacolula, a unos 25 km de la Mina San José, con resultados de posibles yacimientos. La compañía está trabajando en el mapeo y planea reforzar la zona, una vez que el acceso a la superficie y los permisos ambientales estén asegurados. La compañía también quiere poner a prueba la vena Trinidad Norte NNO, pero aún están trabajando en la obtención de un acuerdo de acceso a la superficie con la comunidad de Magdalena.
Las políticas con la comunidad local han sido tensas, y con las elecciones municipales en camino, la empresa ve posibles retrasos en Magdalena, pero sigue siendo una perspectiva prometedora para la futura exploración. Pero la empresa dice que puede continuar con la exploración de estaciones de perforación subterránea aunque a un ritmo más lento. La compañía espera que como la noria cae bajo una comunidad diferente, los permisos sean más fáciles y expeditos.
El director nacional del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Alfredo del Mazo Maza, dio a conocer los recursos que se invertirán en Oaxaca del Plan Nacional de Infraestructura, apuntó que en la región sur-sureste la inversión es de 1.6 billones de pesos y que éstos garantizarán la ejecución de 181 proyectos de infraestructura. El gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, invertirá en Oaxaca 73 mil millones de pesos para construir la hidroeléctrica Paso de la Reina; la autopista Nochixtlán-Pinotepa Nacional; la supercarretera Pinotepa Nacional-Salina Cruz; 4 centrales eólicas en el Istmo de Tehuantepec y el aeropuerto internacional de Ciudad Ixtepec. También dijo que “Este tipo de obras y acciones son las que el gobierno federal llevará a cabo en distintos estados del país y, en particular, en Oaxaca, donde hay un gran compromiso por ayudar en las distintas necesidades que tiene el estado, y que estas son las obras que transforman la calidad de vida de las personas y en donde el gobierno federal del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está comprometido con los mexicanos y con Oaxaca para que pueda darle una mayor infraestructura”.
El 22 de octubre de 2014 la CONAGUA emitió su opinión técnica después de corroborar el fenómeno de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocasionado por la Tormenta Trudy; el 23 de octubre de 2014 se instaló el Comité de Evaluación de Daños en el cual el Gobierno del Estado de Oaxaca presentó a la Secretaría de Gobernación la Solicitud de Declaratoria de Desastre Natural respectiva. En consecuencia la SEGOB emitió la Declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial de 17, 18 y 19 de octubre, en 33 municipios del Estado de Oaxaca, entre ellos se encuentran municipios de la región de la costa que resultaron afectados por la tormenta tropical Trudy del 17 al 19 de octubre de 2014 y fue publicada en el DOF el 29 de octubre de 2014.
Artículo 1°- Se declara como zona de desastre a los municipios Candelaria Loxicha, Coicoyán de la Flores, Pluma Hidalgo, Putla Villa de Guerrero, San Agustín Chayuco, San Andrés Paxtlán, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Sola, San Ildefonso Sola, San Jerónimo Coatlán, San Marcial Ozolotepec, San Martín Peras, San Mateo Piñas, San Miguel del Puerto, San Pedro Atoyac, San Pedro Juchatengo, Santa Catarina Juquila, Santa Cruz Zenzontepec, Santa María Huazolotitlán, Santa María Ozolotepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santiago Llano Grande, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Tapextla, Santiago Xanica, Santo Domingo Armenta, Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Teojomulco, SantosReyes Nopala, Silacayoápam, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo y Villa Sola de Vega del Estado de Oaxaca.
Artículo 2°.- La presente Declaratoria de Desastre Natural se expide para efectos de poder acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil, y las Reglas Generales.
Artículo 3°.- La presente Declaratoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con el artículo 61 de la Ley General de Protección Civil y en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 10 de las Reglas Generales.
En Oaxaca, la tormenta tropical «Trudy» dejo a 33 comunidades en condiciones de desastre, en la región de la costa y principalmente en el Distrito de Jamiltepec hay veinte comunidades de los municipios de Santiago Ixtayutla y San Agustín Chayuco incomunicadas por derrumbes e inundaciones.
Hilarío Medina Merino sindico de Santiago Jamiltepec hablo acerca de las afectaciones que hubo: «Tenemos el Zarzal, no había paso, no había comunicación, La Tuza, y El Charquito que tuvimos afectaciones en casas; hay caminos como El Paso de La Reina, Huichicata, La Tuza, aquí precisamente Coyuche, no teníamos acceso y se están rehabilitando» y que en tres comunidades donde habitan unas 120 familias, las autoridades desconocen cuál sea su situación porque permanecen incomunicadas.
Por su parte Feliz Ramírez Olivera Sindico de San Agustín Chayuco informo que la comunidad está incomunicado, hay deslave, arboles tirados sobre la carretera.
Ante este panorama la Secretaría de Gobernación declaró desastre natural para 33 municipios de Oaxaca con lo que se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias para atender el proceso de reconstrucción de las zonas y población afectada.
El Defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo durante la ponencia “Nuevos Horizonte para los Derechos Humanos” que tuvo lugar en la ceremonia por el XIX aniversario luctuoso de Nahum Carreño Vásquez advirtió que autoridades gubernamentales y empresas deben revisar y modificar sus mecanismos de actuación en relación con la explotación minera, la instalación de plantas para la generación de electricidad a partir de energía eólica y en la construcción de la presa Paso de la Reina, ya que los mecanismos empleados por empresas y permitidos por distintos niveles de gobierno ya generaron inconformidad y denuncias sobre la falta de consulta o la realización de consultas amañadas, en contravención de lo dispuesto por el marco internacional de los derechos humanos. Detalló que los principios de la ONU en esta materia se apoyan en tres pilares: el deber del Estado de proteger los derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, y la necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas.
El ombudsman aclaró que aún están por definirse las responsabilidades, como instrumentos vinculantes, para hacer efectivo y real el deber del Estado para proteger estos derechos. Expreso también que el incumplimiento de esa responsabilidad por parte de las empresas es considerado por la ONU como una falta que podría afectar la capacidad de los compañías para contratar y mantener a su personal, obtener permisos, inversiones, posibilidades de llevar a cabo nuevos proyectos o ventajas similares esenciales para el éxito y la sostenibilidad de una empresa, lo que les implicaría, en el largo plazo, un riesgo para sus propios intereses. El Defensor subrayó que la discusión sobre el tema es relevante en el Oaxaca de hoy, cuando la ejecución de diversos megaproyectos en el estado parece continuar en una lógica ajena a la progresión de los derechos humanos en el mundo.
La Diputada Remedios Zonia López Cruz Presidenta de la Comisión Permanente de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable en la LXII Legislatura del Estado, convocó a presidentes municipales de la Costa del estado de Oaxaca, así como a integrantes del Colegios de Ingenieros y Arquitectos a una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en la ciudad de Oaxaca, en donde directivos de la CFE dieron a conocerse los avances del Proyecto Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina.
En el evento estuvieron presentes los representantes de los municipios de Tataltepec de Valdés, Santiago Jamiltepec, Santiago Tetepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo; la legisladora dijo que el proyecto detonará la economía de la región y exhortó a los participantes a conformar una comisión para analizar el tema y diseñar un proyecto integral, previo al inicio de sus operaciones, por su parte los representantes de los Colegios de Ingenieros, Arquitectos y Electricistas solicitaron tener detalles técnicos de la obra, para opinar de manera profesional y que se tome en cuenta la participación de profesionales oaxaqueños y que la derrama económica se quede en la entidad.
El consejero presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, admitió que en Oaxaca se han generado violaciones importantes al derecho que tiene que ver con la consulta libre e informada de pueblos y comunidades, sobre la construcción y/o instalación de megaproyectos.
Dijo que «Muchas veces se encuentra una justificación y se dice que se está consultando a las comunidades, pero no está claro el mecanismo de consulta y mientras eso suceda no podemos decir que se está salvaguardando el derecho a la consulta previa e informada, y esto genera conflictividad social y deriva en otro tipo de violaciones a derechos humanos». Manifestó también que la defensoría tiene quejas y denuncias por todo lo que tiene que ver con proyectos mineros. Admitió que como defensores públicos tienen ciertas complicaciones, porque la ley es muy clara en el sentido de que hasta que no se genere un acto de autoridad o alguna acción que determine que el proyecto está implementándose, nosotros no podemos intervenir. Reconoció la importancia de visibilizar este tipo de condiciones, en el sentido de que se necesita la consulta libre e informada, pero también consensada, sobre los mecanismos de consulta que se van a utilizar.
En la ciudad de Oaxaca el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), puso en marcha el taller “Gestión Ambiental en la Minería” con el fin de promover el cumplimiento de la normatividad ambiental en proyectos de desarrollo minero. Con este taller la STyDE se compromete a brindar al sector de la minería una herramienta de gestión que cuente con las acciones y medidas necesarias para el resguardo ambiental en la industria.
El subsecretario de Industria y Comercio Víctor Vásquez Bocanegra destacó que se tiene como objetivo brindar al sector de la minería una herramienta de gestión que cuente con las acciones y medidas necesarias para promover un desempeño ambiental sostenible en el desarrollo de sus proyectos, y afirmó que el estado requiere generar las condiciones adecuadas para un desarrollo minero competitivo, con prioridad al respeto a las comunidades, que es un principio que no se puede omitir y que en la Dependencia a su cargo se cuida que todo proyecto que tenga que ver con las actividades extractivas se desarrollen con estricto apego a la normatividad ambiental y aseguró que no existe un solo proyecto productivo en este sector, que no cumpla con la normatividad ambiental aplicable en esta materia”.
En el marco del taller “Gestión Ambiental en la Minería” impulsado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), Vicente Jesús Aranda Vásquez director de Industria y Minería de la STyDE dio a conocer que lo que ha alejado la inversión en el sector minero es la caída de los precios de los metales en el mercado internacional y la aplicación del impuesto minero, ya que la Reforma Hacendaría que entro en vigor el 1 de enero de 2014 impuso un pago de 7.5 % sobre las utilidades netas que obtienen las empresas mineras del subsuelo mexicano, que los factores que ahuyentan la inversión se debe al comportamiento del mercado no a los movimientos sociales anti minas derivados de la oposición de las comunidades para que se instalen trasnacionales.
Asimismo, señaló que las autoridades han sido claras con los nuevos proyectos mineros que llegan a instalarse: «les hemos pedido que cuando vengan entren por la puerta del gobierno del estado para que nos permitan conocer primero qué es lo que quieren hacer y para que antes de que lleguen, se haga un acercamiento con las comunidades donde pretenden instalarse».
Nereo García García Delegado de la PROFEPA, informo que la actividad minera en Natividad, Ixtlán de Juárez y Cuzcatlán enfrenta problemas con esta dependencia federal, al no cumplir con las normas ambientales establecidas para el desarrollo de esta actividad. El delegado explicó que en Cuzcatlán existe una queja por el procedimiento de los trabajos mineros, por lo que incluso hubo una sanción y existen verificaciones. También dijo que nunca falta quien piense que la PROFEPA no se va dar cuenta de los trabajos de exploración que realizan, acusando después a la procuraduría de obstaculizar los trabajos cuando son las empresas mineras quienes infringen la ley; también dijo que la visión empresarial minera existe un problema, ya que la mayoría de los mineros primero comienzan los trabajos y luego quieren obtener los permisos para el cambio de uso de suelo. “Minimizan el tema ambiental, pero la PROFEPA por programa o denuncia inspeccionan las áreas” señaló.
En el marco del taller » Gestión ambiental» Vicente Aranda Vázquez director de Industria y Minería de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), explicó que el desplome en la inversión en el sector minero en Oaxaca obedece a que las industrias extranjeras ‘huyeron’ del estado debido a la baja producción, situación a la que se sumó la crisis y desplome en el precio de los metales en el mercado internacional además de la aplicación de nuevos impuestos establecidos en la reforma fiscal, descartó que los conflictos sociales y la oposición de las comunidades, sean los factores que ahuyentan la inversión en territorio Oaxaqueño, y aseguro que la caída de la inversión privada en Oaxaca se debe a que las empresas mineras con trabajos de exploración se retiraron de la entidad al no obtener los resultados esperados, tanto en lo económico como en los materiales que pretendían explotar. Informo también que de los 15 proyectos que había en 2010 actualmente prevalecen apenas nueve de ellos, distribuidos en las regiones del Istmo, Mixteca y Cañada.
El director de Industria y Minería de la STyDE, dijo que Oaxaca ocupa el quinto lugar a nivel nacional en potencial minero y la novena posición en producción y extracción de mineral, principalmente de oro, plata, zinc y plomo.
Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no metálicos que lo ha convertido en un territorio susceptible de problemas por la llegada de las empresas mineras internacionales. Julián Eduardo López Reyes gerente regional Sur del SGM, durante su ponencia en el Taller “Gestión Ambiental en la Minería” señaló que en el estado hay 14 regiones mineras entre las que se encuentran: la Región Mixteca, Taviche, San José de Gracia, Zaniza, San Miguel Peras, la Sierra Norte, Telixtlahuaca, Pochutla, La ventosa, Tapanatepec, La Ventosa, Tlaxiaco, entre otras. Según datos de la SENER del Gobierno Federal, para el año 2008, las concesiones para la exploración y explotación, cubrían el 12.5% del territorio estatal, y se han otorgado 20 proyectos a diversas empresas; algunas mantienen hasta dos o tres proyectos en diversas zonas. Algunas empresas son Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp, Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources, Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd. Entre las empresas que se dicen “explorando” las zonas se encuentran Golden Trump Resources, s.a. de C.V. en San Pedro Totolapam, Zalamera, S.A. de C.V./chesapeake cerro calavera exploración regional Gold Corp-Minera Pinnacle de México, en San Dionisio Ocotepec, fortuna mines/cia. Minera Cuzcatlán en San José del Progreso. Debido a los problemas con grupos defensores del territorio y ante la negativa de la entrada de las empresas trasnacionales “que han saqueado los minerales” hay 21 minas inactivas. Actualmente en Oaxaca solo existe 1 mina activa de minerales metálicos.
ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO: Fase De Explotación Minera de 5 niveles, de los 8 que tiene planeado, con un horizonte de 10 años más de explotación mineral. Los trabajos y avances que muestra el proyecto dan pauta a la necesidad de aumentar la capacidad de la presa de jales que se encuentra ubicada en el Polígono Sur del Complejo Minero y que actualmente tiene una capacidad de 1’427,775 m3 volumen de agua y jales propia de los procesos que involucran los trabajos de la mina; el aumento de capacidad de almacenamiento permitirá tener un volumen total de E 2 ́306,752 m3 y con esta ampliación se pretende cubrir las necesidades ne los procesos hasta la fase final de explotación: Etapas de construcción, Operación, Mantenimiento y abandono del proyecto de ampliación de la presa de Jales, dentro de los terrenos adquiridos por la Compañía Minera Cuzcatlán S.A DE C.V.
Organismos de Derechos Humanos de Oaxaca acusaron a funcionarios de la CFE de hostigar a 42 poblaciones para imponer la construcción de la presa “Paso de la Reina”. El presidente de la DDHPO, Arturo Peimbert argumentó que la construcción de la presa traerá afectaciones a más de tres mil habitantes, que representa riesgo de afectación a los pozos de agua dulce y de riego que abastecen a las comunidades de Manialtepec y Chacahua, que hay riesgo de desastre porque el sitio donde se quiere construir la cortina de la presa está catalogado como una franja sísmica activa, también que los gobiernos ocultan información. Pide la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para sancionar dentro su competencia un acto de abuso de autoridad por parte del gobierno federal. Expresó que ellos quieren que se haga la consulta para que las comunidades puedan determinar si aceptan o rechazan la obra y que el proceso debe ser diáfano e inteligible y pide a la CFE no haya mecanismos inductivos de la para imponer sus criterios, ya que está afectando la paz social de una parte de la zona costera de Oaxaca, aseguró también que la CFE ha ocultado las consecuencias reales que la obra tendrá en las tres mil 100 hectáreas que abarca, pues producirá desplazamiento forzado, y desmintió al Gobierno del Estado quien ha difundido que el 75 por ciento de los habitantes de las poblaciones “están de acuerdo con su ejecución, lo cual es falso, ya que existen actas de asamblea donde se rechaza la construcción de la presa.
El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a través de un pronunciamiento reveló su preocupación por las posibles violaciones a los derechos humanos de habitantes de 47 comunidades de la Costa, debido a la creación de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina; en ese documento explicaron que el pasado 13 de junio, durante la Segunda Sesión Regional Ordinaria del Consejo Ciudadano realizada en Puerto Escondido, recibieron diversas denuncias respecto a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hostiga a 42 comunidades que decidieron negar su consentimiento para la continuación de los trabajos de construcción de la presa previsto sobre el Río Verde. El consejo de la defensoría señaló que se afectaría incluso a los indígenas no desplazados, pues el proyecto generaría transformaciones ambientales que implicarían daños a los recursos de los que depende la economía y la sobrevivencia física de las poblaciones asentadas en el área; y que aun cuando el proyecto de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina es de índole federal, considera importante que los gobiernos municipales y el gobierno del estado de Oaxaca, mediante la acción coordinada de sus tres poderes, se involucren en el tema para que promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos de la población. Las y los consejeros informaron que la DDHPO investigará estas quejas y desde su espacio de acción vigilará y tomará las medidas correspondientes para proteger los derechos fundamentales de las personas y los pueblos de la Costa de Oaxaca, como le corresponde al ser la instancia rectora del organismo público estatal para la defensa y promoción de los derechos humanos.
El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca realizarón una Sesión Regional Ordinaria del Consejo Ciudadano en Puerto Escondido, donde recibieron diversas denuncias respecto a que la Comisión Federal de Electricidad hostiga a 42 comunidades que decidieron negar su consentimiento para la continuación de los trabajos de construcción de la presa previsto sobre el Río Verde. Durante la sesión integrantes de las comunidades denunciaron que la empresa paraestatal engañó a las comunidades al ocultar las consecuencias reales que la obra tendrá en las tres mil cien hectáreas que abarca, pues producirá desplazamiento de personas lo que representa graves riesgos de agravios a los derechos de los pueblos chatinos, mixtecos, zapotecos y afromestizos que habitan la zona. Manifestaron que el proyecto de esta presa hidroeléctrica es una muestra de cómo diversos megaproyectos relacionados con la generación de energía y la explotación de los recursos naturales son puestos en marcha sin tomar en cuenta los derechos humanos, tanto individuales como los colectivos de los pueblos indígenas.
Las y los integrantes del Consejo Ciudadano informaron que la Defensoría investigará estas quejas y desde su espacio de acción vigilará y tomará las medidas correspondientes para proteger los derechos fundamentales de las personas y los pueblos de la Costa de Oaxaca como le corresponde al ser la instancia rectora del organismo público estatal para la defensa y promoción de los derechos humanos. Aun cuando el proyecto de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina es de índole federal, el Consejo Ciudadano de la Defensoría considera importante que los gobiernos municipales y el gobierno del estado de Oaxaca, mediante la acción coordinada de sus tres poderes se involucren en el tema para que promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos de la población.
El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca manifestó su preocupación por las posibles violaciones a los derechos humanos de habitantes de 47 comunidades de la Costa, que serían por la creación de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina. En un documento suscrito por las consejeras María Eugenia Mata García, Martha Julia Avendaño Cordova, Sara Pilar Méndez Morales, así como por los consejeros José Bernardo Rodríguez Alamilla, Pedro Matías Arrazola, Héctor Lorenzo Estrada y por el consejero presidente Arturo Peimbert Calvo, explican que el pasado 13 de junio durante la Segunda Sesión Regional Ordinaria del Consejo Ciudadano realizada en Puerto Escondido, recibieron diversas denuncias respecto a que la Comisión Federal de Electricidad hostiga a 42 comunidades que decidieron negar su consentimiento para la continuación de los trabajos de construcción de la presa previsto sobre el Río Verde.
Durante la sesión integrantes de las comunidades denunciaron que la empresa paraestatal engañó a las comunidades al ocultar las consecuencias reales que la obra tendrá en las tres mil cien hectáreas que abarca, pues producirá desplazamiento de personas lo que representa graves riesgos de agravios a los derechos de los pueblos chatinos, mixtecos, zapotecos y afromestizos que habitan la zona.
En su pronunciamiento el Consejo de la Defensoría señaló que también se afectaría incluso a las y los indígenas no desplazados, pues el proyecto generaría transformaciones ambientales que implicarían daños a los recursos de los que depende la economía y la sobrevivencia física de las poblaciones asentadas en el área, también la construcción perjudicaría el flujo de agua dulce al Parque Nacional Lagunas de Chacahua poniendo en riesgo el entorno natural y los servicios ambientales que esa zona presta a la región y a la humanidad.
La Delegación de la SAGARPA en Oaxaca estableció un convenio de colaboración con el gobierno del estado, a través de la STyDE mediante el cual se apoyará la integración de proyectos para minería social. El delegado de la SAGARPA Manuel García Corpus expuso que con este acuerdo los habitantes de comunidades de alto grado de marginación que no tienen actividad agrícola y pecuaria pero que si cuentan con vocación minero no metalífero, podrán acceder a incentivos de hasta un millón de pesos de componente de minería social, y que el trabajo coordinado entre ambas instancias permitirá mejorar el proceso de extracción y transformación de los minerales de uso artesanal, industrial, agrícola y de derivados pétreos para la construcción. Por su parte José Zorrilla de San Martín Diego secretario de la STyDE dio a conocer que el Gobierno del Estado buscará contar con un área técnica especializada para evaluar y proponer proyectos mineros sociales, también informo que se tienen identificados 20 proyectos en la Dirección de Industria y Minería que cumplen con los requisitos para ser apoyados por la SAGARPA.
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que contiene el Plan Nacional de Infraestructura 2014 – 2018, en donde bajo la estrategia 2.5 se plantea desarrollar infraestructura de generación eléctrica para el aprovechamiento de combustibles eficientes, de menor costo y con bajo impacto ambiental en la línea de acción 2.5.3 se menciona nuevamente el desarrollo de proyectos de generación con recursos renovables hidrícos, eólicos y solares. En el listado de principales proyectos de inversión se menciona en el cuarto lugar el proyecto Aprovechamiento Hidráulico de usos Múltiples Paso de la Reina Oaxaca consistente en una central hidroeléctrica con capacidad de 543 mw. Para este proyecto se contempla una inversión total estimada de 15,408 mdp. (Nota: en el mismo decreto viene el mapa, checar mapa figura 3.6) Se estima que la participación de la inversión privada en los proyectos de generación se incremente hasta representar 15% de la inversión total en 2018. En el mismo documento se señala que en la región Sur – Sureste se tienen considerado invertir en 133 proyectos estratégicos con un monto total de inversión de 1,099,070 mdp asignándole a la CFE una inversión de 110, 000 mdp que representa el 18.5% de la inversión de la empresa productiva eléctrica donde se destacan centrales hidroeléctricas Paso de la Reina.
En el diario Oficial de la federación se dice que el Plan Nacional de Infraestructuras será obligatorio para las Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Comunicaciones y Transportes, Salud, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Turismo, así como las entidades paraestatales coordinadas por las secretarías y que deberán elaborar sus respectivos planes anuales y anteproyectos de presupuesto. Se señala también que la Secretaría de la función pública vigilara el cumplimiento de las obligaciones de dicho decreto. Dicho plan contara con una inversión pública y privada histórica de 7.7 billones de pesos. En presencia de 28 gobernadores y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal Enrique Peña Nieto anuncio «En la región sur-sureste vamos a impulsar del orden de 189 proyectos, con una inversión de prácticamente 1.25 billones de pesos, para detonar su potencial turístico, agropecuario, energético e industrial, así como para fortalecer su conectividad». Educa por su parte denuncia que el Plan se elaboró sin consulta previa los pueblos como Paso de la Reina. La dependencia señala que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en el decreto de aprobación del Programa.
El presidente Enrique Peña Nieto presentó el Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018, que contempla recursos por 7.7 billones de pesos, duplicando lo invertido en el sexenio pasado. Afirmando así, que el desarrollo de infraestructura es la forma más tangible y concreta de transformar una nación. Dijo también que se concretaran 189 proyectos en la región sur-sureste con una inversión de 1.25 billones de pesos.
Los recursos estarán enfocados a 743 proyectos estratégicos en seis rubros: comunicaciones y transportes, desarrollo agrario, territorial y agrario, energía, hidráulico, salud y turismo; destinando el mayor monto para al sector energético con una inversión de 3.9 billones de pesos.
Peña Nieto considera que a mayor y mejor infraestructura habrá más oportunidades de atraer inversiones productivas, generación de empleos y mejorar el ingreso mensual, afirmando que estas obras cerraran brechas de desigualdad que dividen a personas, grupos sociales y regiones.