Por acuerdo de la asamblea comunitaria, alrededor de tres mil 500 comuneros zapotecos de San Pedro Quiatoni realizaron este lunes 5 de julio una marcha y mitin frente al Poder Judicial Federal, en rechazo a las mineras. Fue para demostrarle al gobierno que no es la autoridad sino toda la comunidad agraria está en contra de las empresas mineras subsidiarias de la compañía estadounidense Gold Resource Corp (GRC) que están saqueando sus recursos minerales y naturales. El comunero y abogado de la comunidad, Simitrio Ruiz Martínez, manifestó que esta marcha es para “exigirle al gobierno federal que deje de entorpecer el desarrollo del proceso. Y que el Tribunal Colegiado emita a la brevedad posible las resoluciones correspondientes en cuanto a esas quejas y se dicte un sentencia conforme a Derecho que ampare los intereses de la comunidad agraria e indígena de San Pedro Quiatoni”. El 12 de febrero de 2020, la comunidad zapoteca interpuso un amparo en contra de las concesiones que otorgó el gobierno federal a 3 empresas mineras Don David Gold México S. A. de C.V., Minerales del Prado y Desarrollos Mineros San Luis, subsidiarias de la Gold Resource Corp (GRC). La comunidad advirtió que no permitirá que sigan saqueando sus recursos minerales y naturales. Cabe recordar que GRC tiene seis proyectos mineros en Oaxaca, de las cuales dos están en fase de producción comercial.
Comuneros de la comunidades del El Rebollero y Río Minas, pertenecientes al municipio de Cuatro Venados, a menos de una hora de la ciudad de Oaxaca, alertaron a mediodía de ayer que fueron “atacados nuevamente este 6 de julio, con armas exclusivas del ejercito”. Alrededor de 15 vehículos provenientes de la comunidad vecina de Cuilápam de Guerrero “fueron a dejar personas que se han internado en la vegetación de la comunidad. Desde este punto han disparado hacia las personas que nos encontramos labrando nuestros cultivos y cuidando nuestros animales”, denuncian. Ademas, señalan que día anterior al ataque, 5 de julio, “un helicóptero de color rojo sobrevoló la zona que hoy, 6 de julio, están atacando”. Esta aeronave AGUSTA-109 POWER, con matrícula XA-HUX, según registros hemerográficos propiedad del gobierno de Oaxaca, peinó la zona “con el objetivo de saber cuanta gente había para, después, atacar”. “No es coincidencia, ya que por fuentes extraoficiales nos hemos enterado desde hace días que, políticos y autoridades de Cuilápam de Guerrero y de nuestro municipio, San Pablo Cuatro Venados, se han reunido y han planeado un ataque hacia nuestra comunidad.
Los comuneros acusan a políticos y autoridades locales planear este ataque con el objetivo de “tomar el control de la zona para dar paso a las tres concesiones mineras que se han expedido en nuestro territorio, sin nuestro consentimiento”. Cabe recordar que el 31 de mayo del 2019, las mismas comunidades sufrieron un intento de desalojo de mas de 500 personas pagadas “por políticos de la región”, y el febrero de este año hubo otro ataque armado.
Ejidatarios de San Pedro Totolápam, adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción Similares y Conexos, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), rechazaron la invasión de territorios ajenos a su comunidad, como parte del proyecto minero que ahí desarrolla la empresa Don David Gold S.A. de C.V. Los sindicalizados negaron que los trabajos afecten a otras comunidades cercanas, como lo manifestaron los habitantes de San Pedro Quiatoni. Defendieron los trabajos de la empresa extranjera debido a la creación de empleos directos e indirectos que se generan.
Los ejidatarios de San Pedro Totolápam afirmaron que el proyecto de minería se desarrolla de forma exclusiva en su territorio ejidal y autónomo. Además, indicaron que desde el inicio de los trabajos se han mantenido vigilantes de que la empresa Don David Gold S.A. de C.V. respete los límites, las disposiciones legales ambientales y las disposiciones ejidales, municipales, estatales y federales a fin de mantener el orden social.
Sin embargo, los inconformes de la población vecina de San Pedro Quiatoni, advierte trabajos subterráneos que llegan hasta su comunidad, lo cual fue evidenciado ante la intención de la empresa de abrir “respiraderos” para la mina en su territorio comunal, el cual lo han declarado “Zona protegida” contra ese tipo de proyectos.
El Juzgado Primero de Distrito en el Estado concedió la suspensión de plano a la comunidad zapoteca de San Pedro Quiatoni en el juicio de amparo presentado para que la compañía Don David Gold, subsidiaria de la empresa minera estadounidense Gold Resource Corp (GRC), y dos empresas canadienses cancelen sus trabajos de explotación de la mina El Águila en su territorio, por la violación de sus derechos durante la entrega de 10 concesiones en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el expediente 178/2020, el Comisariado y el Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales, así como el Comité Pro-Defensa del Territorio de esa municipalidad de la región de los Valles Centrales, recurrieron a ese medio de control de la constitucionalidad, porque la Secretaría de Economía quebrantó sus derechos a la tierra y el territorio, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, así como a un medio ambiente sano. Toda vez que otorgaron las asignaciones mineras en el 2013 sin haber respetado el derecho al territorio, ni el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. La resolución implica que Don David Gold, Minerales El Prado (subsidiaria de Chesapeake Gold Corp., Vancouver) y Desarrollos Mineros San Luis (subsidiaria de Goldcorp, Vancouver) no podrán continuar sus trabajos para excavar, barrenar, abrir túneles y explotar los recursos minerales en la superficie y subsuelo de tierra propiedad de San Pedro Quiatoni. Pues, si bien la boca de la mina se encuentra en territorio de San José de Gracia, perteneciente al municipio colindante de San Pedro Totolapan, las tres empresas han perforado en territorio de San Pedro Quiatoni para la construcción de innumerables túneles.
Habitantes de San Pedro Quiatoni, encabezados por su autoridad comunal, con una marcha que partió del mercado de las Flores con destino al zócalo, han declarado “Zona Protegida” sus terrenos Comunales, iniciando así su lucha en contra de la contaminación que la minera Don David Gold S.A. de C.V. ha provocado desde su ingreso. Dicha mina, denunciaron, está depredando sus recursos naturales metalúrgicos, de manera subterránea, ya que, si bien, la entrada de la mina se encuentra en San José de Gracia, las excavaciones y trabajos, es decir la mina, llega hasta San Pedro Quiatoni pero por debajo de la tierra. La empresa canadiense Don David Gold fue beneficiada con 7 de los 10 concesiones que están en su territorio, y acaban 11 mil 623.06 hectareas.
Hecho que quedó al descubierto cuando los trabajadores de la mina han buscado hacer “respiraderos” para la mina pero en territorio de San Pedro Quiatoni, sin informar de manera clara la razón de las mismas. Pero la contaminación provocada por el trabajo de está mina ya han cobrado sus primeros daños, cómo lo podemos ver en el río de San Pedro, el cual pasó de ser el lugar se reunión y espaciamiento de los habitantes, para convertirse en un río de desechos mineros, qué día a día huele más y va acabando con la vida silvestre, lo que indudablemente lleva a la muerte de cada especie en contacto con el río, lo que también ha afectado a habitantes de municipios que viven a lo largo de su trayecto. Cabe recordar que Don David Gold, subsidiaria de la empresa minera estadounidense Gold Resource Corp (GRC), operó durante años sin licencia ambiental única (LAU) o licencia de funcionamiento, además de incumplir con la normatividad ambiental.
Integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, denunciaron el abandono de las dependencias gubernamentales que tienen la obligación de acompañarlos en las etapas que conforman la Consulta indígena que se promueve en los Valles Centrales.
En presencia de organizaciones sociales y civiles, así como de las autoridades municipales de los 16 municipios que participan en este proceso de consulta, fueron testigos de la presentación de un informe de la etapa consultiva que presentó el Colectivo.
Los representantes de las comunidades informaron que se invitaron a funcionarios de las dependencias que han vigilado esta actividad, como la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa), Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretarían de Asuntos Indíegenas (SAI) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El informe contiene el proceso de consulta indígena y consentimiento previo, libre e informado sobre la modificación del decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como valle de Oaxaca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1967.
Sin embargo, aunque recibieron invitación en tiempo y forma no se presentaron los representantes de estas dependencias, por lo que consideraron que esto corrobora el patrón de violación a derechos por parte de las instituciones del gobierno federal y estatal que ha sido permanente durante todo el proceso de consulta indígena.
Se informó que en la etapa consultiva que inició en febrero del 2017, como observadores se han constituido en al menos 10 actividades (asambleas, mesas de trabajo y reuniones), sin embargo, los representantes de estas dependencias han mostrado en su participación, irregularidades en su asistencia y cambios en el personal que han dificultado los compromisos, y en general, el desarrollo de las actividades y compromisos previstos.
Exigieron a los responsables de estas dependencias, subsanar las violaciones a los derechos de las comunidades consultadas, identificadas desde la etapa informativa a la etapa consultiva, reiterando que no hacerlo ´pondría en riesgo todo el proceso de Consulta Indígena:
Como invitado, acudió Adelfo Regino Montes, propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador como titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien recibió el informe.
«Vamos a trabajar por el respeto al derecho a las tierras, territorios y recursos naturales de nuestros pueblos», apuntó Regino Montes, tras reunirse con las asociaciones civiles que por años han luchado por defender sus recursos naturales.
Integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) señalaron a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Conagua de poner en riesgo el protocolo de consulta indígena. Provenientes de 16 comunidades zapotecas pertenecientes a los distritos de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla de Crespo informaron en conferencia de prensa que autoridades de ambas dependencias federales no han acudido a las reuniones para aplicar la consulta en relación a un proyecto que se pretende construir en una zona reglamentada comunitaria. Uno de sus representantes, Conrado Sánchez Aguilar dijo que el pasado 4 de abril habían acordado una reunión para que les entregaran un documento con los términos y conceptos de la propuesta de obra pero las autoridades de gobierno no acudieron y hasta el momento no se han comunicado con ellos.
Con este tipo de irregularidades, agregó, se violenta el derecho a la consulta pues no tienen acceso a la información detallada del proyecto y menos les han explicado los pormenores.
El proceso de consulta para validar el derecho de 16 comunidades de los distritos de Ocotlán-Zimatlán a administrar los recursos hídricos que han renovado y conservado desde 2008, dio un paso vital ayer, cuando representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH), realizaron un recorrido de observación, en el que expresaron su respaldo y admiración por este proyecto. A pesar de las constantes violaciones al derecho a la consulta cometidas por las dependencias federales vinculadas al proceso –la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)-, con esta misión el trabajo de las comunidades integradas en la Comisión de Pueblos Unidos para la Defensa del Agua (Copuda), alcanza un nivel de atención internacional. De avanzar la consulta y ser avalado el proyecto, la Conagua dejaría de tener el control sobre el uso del agua, cuya administración pasaría a mano de las comunidades.
Las y los sembradores de agua se dieron cita este Miércoles 4 de abril en la comunidad de Santiago Apóstol, al igual que algunas de las instituciones públicas participantes en el proceso de Consulta Indígena, con el propósito de discutir y acordar un glosario común que será la base para la elaboración de una propuesta de administración del acuífero de los Valles Centrales, a dicha reunión también asistiría la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), quien fungiría como moderador del encuentro.
Debido a su inasistencia y al no avisarle al resto de las instituciones Federales la CDI violentó el protocolo de consulta, poniendo en riesgo el proceso de consulta, calentando los ánimos de los miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) “Ya llevan rato haciendo esto, no llegan uno, no llegan dos, ya llevamos muchos años con esto, ¿Por qué son tan irresponsables los servidores públicos?” demandaron.
La Lic. Luz Vergara, de la Subsecretaria de Derechos Humanos, de la Secretaria de Gobernación (SEGOB) exhortó a la CDI a actuar con responsabilidad y comunicar a las dependencias Federales la realización de las reuniones “Hablamos a CONAGUA Nacional y no sabían de esta reunión, ¡Si se va a cancelar que avisen!, por respeto al tiempo de vida de todos los que estamos aquí”.
“Durante gran parte del proceso de Consulta Indígena la CDI ha incurrido en este tipo de prácticas, sembrando en los miembros de la COPUDA y en las personas que siguen de cerca este proceso, una estrategia por parte del gobierno para frenar o debilitar esta lucha por el agua, que lleva 13 años y sigue aún sin resolverse debido a estas inasistencias” comentó Carmen Santiago Alonso, Directora del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A.C.
Pobladores de 16 comunidades se esfuerzan para que el gobierno reconozca su derecho a decidir sobre los mantos acuíferos de su territorio.
Sin el trabajo de estos pobladores el campo de sus comunidades se hubiera acabado. Se llaman a sí mismos “sembradores de agua”, son pobladores de 16 comunidades de los distritos de Ocotlán y Zimatlán, cuyos campos agrícolas en 2005 se quedaron sin agua y que desde entonces iniciaron un proyecto para recargar los mantos acuíferos de su territorio; hoy, pese a los obstáculos del gobierno federal y la indiferencia del Gobierno del Estado, están a punto de vencer al presidente Gustavo Díaz Ordaz, al decreto que firmó en 1967 y que hoy, 50 años después, les prohíbe utilizar el recurso que han recuperado.
San Antonino Castillo Velasco, a 22 de noviembre de 2017. La consulta indígena realizada en los valles centrales oaxaqueños a 16 comunidades zapotecas de la micro región Xnizaa, que comprende los distritos de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla ayer sostuvieron su primera mesa de trabajo con la Comisión Nacional del Agua, como acuerdo tomado en sesión de consulta indígena.
Las 16 comunidades de la COPUDA, junto con la CONAGUA analizaron ayer la parte jurídica de la tercera propuesta de levantamiento del decreto de veda que la Comisión Nacional del Agua entregó el pasado 16 de noviembre de 2017. Esto, para ir llegando a los acuerdos finales de la cuarta etapa de la consulta indígena “la etapa consultiva”.
Integrantes de 16 comunidades zapotecas de los distritos de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla de Crespo, que conforman la coordinadora de pueblos unidos por el cuidado y la defensa del agua (Copuda), afirmaron que CONAGUA está desplegando estrategias y recursos para el incumplimiento de la resolución judicial convirtiendo la consulta en un mero trámite formal.
Indicaron que el día de mañana 22 de noviembre, en la comunidad de san Antonino Castillo Velasco, reiniciamos las mesas de trabajo de la cuarta etapa de la consulta indígena en donde a través de nuestros representantes y en presencia de nuestras autoridades comunitarias, la CONAGUA y las instancias federales y estatales, que han firmado el protocolo nos sentaremos para revisar y dar debido cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), para ello como comunidades integrantes de la microregión “XNIZZA”, exigimos se respeten los principios que rigen este proceso, en especial el principio de buena fe,e l cual tiene que ser basado en un clima de confianza y respeto mutuo a través de un diálogo intercultural, con base en el respeto de nuestros derechos e intereses como pueblos y comunidades consultadas.
Demandamos a la autoridad responsable de este proceso CONAGUA, para que en términos de la sentencia se apegue al cumplimiento del mismo, así como el respeto de los principios establecidos en el protocolo de la Consulta.
A la secretaría de gobernación, solicitaron intervenga para el debido cumplimiento de este proceso e impida que se sigan violando los derechos de nuestras comunidades integrantes de la coordinadora.
A las organizaciones sociales, civiles, académicas, a los medios de comunicación y a cada uno de los pueblos que están defendiendo su territorio a seguir de cerca el desarrollo de este proceso de consulta indígena, ya que como hemos visto en otras consultas, el estado mexicano, en este caso de la dependencia responsable CONAGUA está desplegando estrategias y recursos para el incumplimiento de la resolución judicial convirtiendo la consulta en un mero trámite formal.
Campesinos de los Valles centrales de Oaxaca exigen se levante la veda de agua que hay en su territorio, por tiempo indefinido. A contracorriente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende que continúe este mandato impuesto desde 1967, pese a las obras que hacen los lugareños para recuperar el acuífero.
Importante por la producción de alimentos para dotar a la ciudad del estado y distribuir en el país, el acuífero del Valle se recupera a manos de los labriegos, sin que la Conagua genere instrumentos en beneficio de la comunidad. Por el contrario, realiza una consulta que a decir de los pobladores tiene inconsistencias.
Sumado a ello, el organismo encargado de generar políticas públicas relacionadas con el agua en el país, ha pretendido cobrar “excedentes” por el uso del líquido en regiones donde escasea y donde decenas de ellos han tenido que abandonar sus campos de cultivo para dedicarse a otra labor y sobrevivir.
“El agua es la sangre de la madre Tierra”, dice Carmelina Santiago, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Flor y Canto, organización encargada de acompañar a los indígenas zapotecos de esta región en el proceso de consulta.
Se les conoce como sembradores de agua. Son campesinos de 16 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, que luego de padecer la sequía, pese a un decreto de veda de 1967 decidieron solucionar el problema mediante unos 300 pozos de absorción para captar el agua de lluvia.
Lograron recuperar hasta 80 por ciento de la recarga del acuífero; sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no les permite utilizar el líquido.
Lo anterior, debido a que el decreto sigue vigente, lo cual les impide aprovechar los pozos agrícolas, ya que no existe el libre alumbramiento y requieren títulos de concesión por parte de la Conagua.
Desde 2011 han pedido la revisión del decreto de veda, con el argumento de que va en contra de la consulta libre, previa e informada, por lo que en abril de 2015 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordenó a la Conagua consultar a los pueblos indígenas, proceso que actualmente está en la fase de asambleas, informó en entrevista Ángel Ruiz Méndez, presidente de la Coordinadora de Pueblo Unidos por la Defensa del Agua (Copuda), que integra a comunidades de Ocotlán y Zimatlán.
En estos últimos años estamos viviendo una situación alarmante a escala mundial, debido a que el agua se despilfarra y contamina sin escrúpulos. En este contexto, el agua fluye hacia el poder generando una profunda desigualdad, pues no todas las personas tenemos acceso a este bien, violándose nuestro derecho humano al agua.
Al tratar de entender las causas de la desigualdad en el contexto mexicano, se advierte que el elemento central es la prevalencia de un sistema político histórico insostenible que excluye y despoja a los pueblos y comunidades campesinas e indígenas de este bien común natural.
Pese a este entramado jurídico y político que vive toda la ciudadanía, las comunidades y pueblos de campesinos e indígenas siempre hemos buscado una alternativa para solventar con todos los medios a nuestro alcance; lo hacemos porque dependemos del agua no sólo para el consumo humano sino también para garantizar nuestra existencia misma, a través de nuestra agricultura.
Con esta visión, la COPUDA ha implementado un manejo comunitario que siembra y cosecha agua, además, nos nutrimos de los comentarios de expertos, implementamos tecnologías novedosas y nos abrimos constantemente al diálogo.
Hemos tenido en cuenta todas estas consideraciones durante la Etapa deliberativa del proceso de consulta y consentimiento que está en curso en nuestras comunidades; en nuestras asambleas comunitarias, analizamos la situación que actualmente estamos viviendo, así como la información que disponemos respecto de nuestros derechos y el estado del acuífero en nuestra región para generar una propuesta que realmente armonice nuestros derechos.
No obstante, con el ánimo firme de lograr acuerdos que den certeza al uso y disfrute del agua, su control y administración, así como el futuro de nuestro acuífero, decidimos construir una propuesta base para el diálogo con la Comisión Nacional del Agua del Estado mexicano, encargado de implementar el proceso de consulta que nos ocupa. El documento, tiene como finalidad presentar dicha propuesta, explicar su contenido, así como las razones que le dan sustento.
La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) analizará en el seno de sus comunidades la propuesta de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentada durante la tercera reunión de seguimiento a la consulta, para dar respuesta a su demanda de levantamiento del decreto de veda aprobado en 1967 para limitar el acceso del líquido en los Valles Centrales.
La secretaria del Consejo de Vigilancia de ese organismo, María de los Ángeles Santiago Sánchez dijo que la Copuda reclama el reconocimiento de sus derechos territoriales, el derecho de libre determinación y la autonomía de las 16 comunidades zapotecas integrantes, para tener la facultad de elaborar y emitir las normas de regulación comunitaria del uso y disfrute de las aguas del subsuelo.
Para esto, explicó que propone el levantamiento del decreto de veda de 1967 en esa micro-región denominada por las 16 comunidades zapotecas Xnizaa (nuestra agua, traducción del zapoteco), y asumir la responsabilidad de implementar un reglamento comunitario.
Detalló que la propuesta de la Copuda se analizará en cada una de las 16 comunidades zapotecas conforme a sus sistemas normativos y de esta manera, construir una respuesta colectiva. Santiago Sánchez dijo que la Copuda entregará su respuesta colectiva el 16 de agosto próximo durante la cuarta reunión de seguimiento a la consulta.
Este 24 de mayo se llevó a cabo la tercera reunión de seguimiento a la consulta indígena en los Valles Centrales de Oaxaca, en que La Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y en Defensa del Agua (COPUDA) propone que se levante el Decreto de Veda de 1967 en la micro-región que las 16 comunidades zapotecas denominan Xnizaa (Nuestra Agua), y asumir la responsabilidad de implementar un reglamento comunitario para el uso y cuidado del agua subterránea.
De este modo, representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México (ONU DH) y de la Unión Europea, así como organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional que presenciaron el evento, subrayaron la importancia y vigencia del Convenio 169 de la OIT, haciendo un llamado a CONAGUA para que el Gobierno Federal siga demostrando buena fe y voluntad para llevar a cabo este proceso de consulta en el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
Indicó que en el transcurso de las próximas semanas, la COPUDA llevará el documento propuesto por CONGUA a cada una de las 16 comunidades zapotecas para ser analizada de acuerdo a sus sistemas normativos, y de esta manera construir una respuesta colectiva que será entregada el día 16 de agosto de 2017 a CONAGUA, en la cuarta reunión de seguimiento de la etapa consultiva de la consulta.
Comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca exigieron el reconocimiento de sus derechos territoriales, el derecho de libre determinación y la autonomía de las comunidades en esa región. Pretenden facultarse para elaborar y emitir las normas que regulen el uso y disfrute de las aguas del subsuelo.
Por ello, “proponen que se levante el Decreto de Veda de 1967 en la microrregión que las 16 comunidades denominan Xnizaa (Nuestra Agua), y asumir la responsabilidad de implementar un reglamento comunitario para el uso y cuidado del agua subterránea”, informó a través de un comunicado la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y en Defensa del Agua (COPUDA).
Al respecto, el pasado 24 de mayo se llevó a cabo la tercera reunión de seguimiento a la consulta indígena en los Valles Centrales de Oaxaca para levantar el Decreto de Veda que desde 1967 limita el acceso justo al agua en la región.
A través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno Federal entregó un documento que propone posibles cambios legales, y que da respuesta a la propuesta de la COPUDA.
La COPUDA llevará el documento propuesto por Conagua a cada una de las 16 comunidades zapotecas para ser analizada de acuerdo a sus sistemas normativos, y de esta manera construir una respuesta colectiva que será entregada el día 16 de agosto de 2017 a Conagua, en la cuarta reunión de seguimiento de la etapa consultiva.
Se llevó a cabo la tercera reunión de seguimiento a la consulta indígena en los Valles Centrales de Oaxaca para levantar el Decreto de Veda que desde 1967 limita el acceso justo al agua en la región. A través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Gobierno Federal entregó un documento que propone posibles cambios legales y que da respuesta a la propuesta de la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y en Defensa del Agua (COPUDA).
Representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México (ONU DH) y de la Unión Europea, así como organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional que presenciaron el evento, subrayaron la importancia y vigencia del Convenio 169 de la OIT haciendo un llamado a CONAGUA para que el Gobierno Federal siga demostrando buena fe y voluntad para llevar a cabo este proceso de consulta en el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
La COPUDA llevará el documento propuesto por CONGUA a cada una de las 16 comunidades zapotecas para ser analizada de acuerdo a sus sistemas normativos, y de esta manera construir una respuesta colectiva que será entregada el día 16 de agosto de 2017 a CONAGUA, en la cuarta reunión de seguimiento de la etapa consultiva.
Las y los sembradores del agua, campesinos indígenas zapotecos que han asumido la responsabilidad, planeando y construyendo, colectivamente, sus obras de captación de agua de lluvia, para asegurar la reproducción de su economía agrícola, afectada por políticas irresponsables, inconsultas y violatorias de los derechos de los pueblos indígenas por parte de los gobiernos federal y estatal.
La escasez de agua en los valles centrales no proviene de un uso irracional por parte de las comunidades indígenas. Fue el gobierno federal la instancia que desecó las ciénagas de la región, con la justificación de ampliar la tierra disponible para campos de cultivo, perdiéndose, de esta manera, la humedad del suelo, y produciéndose una baja considerable del nivel de los pozos, de tal forma que para el año 2005 se enfrentaba una grave sequía en el territorio.
Por ello, el gobierno federal, hizo efectivo un decreto de veda de agua subterránea para los valles centrales, expedido en 1967 por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, mediante el cual se impide el libre aprovechamiento de los pozos agrícolas si no se cuenta con un título de concesión que otorga la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Esta trama burocrática se aplica en comunidades campesinas de bajísimos ingresos, que por esta vía se les limita su acceso al agua necesaria para sus cultivos, generando un círculo perverso en el que se ven afectados los requerimientos básicos para contar con alimentación y recursos económicos.
El decreto veda, las concesiones y los criterios de renovación y los altos costos por la energía eléctrica que impactan de manera directa a la agricultura, forzando el abandono de la misma, provocando la migración y afectando con ello la vida y la reproducción de las comunidades campesinas zapotecas.
Es en este contexto, las comunidades decidieron organizarse por medio de Copuda, contando con la asesoría jurídica para la lucha legal. Estas organizaciones demandaron formalmente a la Conagua en el año 2011, que realizara un proceso de revisión y posible modificación del decreto de veda.
A partir de entonces, la solicitud de revisión y suspensión del decreto entró a los tribunales competentes, sobre la base de que dicho decreto violenta el derecho a la consulta, libre, previa e informada, así como el derecho preferente para el uso y aprovechamiento del agua.
El proceso de consulta a estas comunidades empezó en agosto de 2015 y tiene cinco fases. A partir del 8 de febrero de 2017, la consulta ha entrado en su tercera etapa, la cual es clave porque involucra reuniones y asambleas en las que la Coordinadora presentará a la Conagua sus propuestas.
La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) demanda a la Secretaria de Gobierno Federal con cede en Oaxaca, a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; a la Secretaria de Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación; a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Estatal del Agua y a la Secretaria de Asuntos Indígenas respetar el protocolo de consulta a 16 pueblos zapotecos de los valles centrales de Oaxaca estando presentes el 29 de marzo para la reunión de seguimiento a la propuesta de levantamiento del decreto de veda en la micro-región Xinizaa entregada el 8 de febrero en el marco del inicio de la cuarta etapa de la consulta indígena.
El día 8 de febrero de 2017 inició la etapa consultiva, donde las 16 comunidades entregaron una propuesta de uso y cuidado comunitario del agua Xinizaa (Nuestra Agua). CONAGUA recibió la propuesta y quedó formalmente en dar una respuesta el día 29 de marzo del 2017.
El jefe de cooperación de la Unión Europea, Juan Garay, consideró que pareciera que en México se antepone el beneficio económico de las mineras por encima de la supervivencia de las comunidades, en este caso, las zapotecas de los valles de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla, que luchan por el agua.
Al participar como invitado especial en la consulta indígena donde proponen que se levante el decreto de veda de 1967 en la micro-región que las 16 comunidades denominan Xnizaa (Nuestra Agua), que prohíbe a los campesinos el alumbramiento del agua del subsuelo para el cultivo de sus hortalizas, calificó este hecho como un ejercicio de gobernanza.
“Está claro que la minería es una actividad industrial estratégica y necesaria para el desarrollo de México pero debe estar muy bien regulada en el daño medio ambiental y, sobre todo, en uso de un recurso básico como el agua”.
Sin embargo, señaló que hay un desequilibrio porque limitan a unas comunidades de las necesidades más básicas que empiezan con la alimentación y la supervivencia.
Miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA), en una mesa abierta en la explanada del templo de Santo domingo de Guzmán, informaron que presentaron una propuesta a la Conagua para el uso, disfrute y administración comunitaria del agua.
La propuesta demanda que se reconozcan los derechos territoriales y el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades zapotecas de los Valles Centrales para tener la facultad de elaborar y emitir las normas que regulen el uso y disfrute del vital líquido que se encuentra en el subsuelo.
También reiteraron su demanda de que se levante el decreto de veda de 1967 en la microrregión que abarca 16 comunidades en el valle de Ocotlán.
A 100 años de la Constitución Mexicana, indígenas zapotecos de 16 comunidades de los Valles de Ocotlán, Ejutla y Zimatlán exigen que sus derechos como pueblos originarios, su derecho a la vida y su derecho al agua, sean respetados.
Al iniciar la fase de la Consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas zapotecas para modificación del Decreto de Veda de 1967 que prohíbe a los campesinos el alumbramiento del agua del subsuelo para el cultivo de sus hortalizas, las autoridades municipales y agrarias calificaron de histórico este encuentro por la vida.
Aunque la consulta fue desdeñada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, y de la titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) de Oaxaca, Sofía Castro Ríos, estuvo a punto de ser cancelada por la ausencia de funcionarios de Sagarpa y Semarnat que “desprecian al pueblo y pisotean al indígena”.
Ante maás de 300 representantes de 16 comunidades zapotecas, el presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua(COPUDA), Ángel Ruiz Méndez, inauguró la asamblea con el acuerdo de realizarla bajo protesta por las ausencias de la Sagarpa y Semarnat.
Al dar a conocer el inicio de la tercera fase deliberativa del proceso de consulta en los Valles Centrales, que les permitirá avanzar en un acuerdo de modificación del Decreto de Veda de 1967, autoridades municipales y agrarias de Ocotlán de Morelos y Zimatlán advirtieron que los índices de migración y abandono del campo se incrementan de manera alarmante.
Los también integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) denunciaron que, a más de un año de la consulta indígena para modificar el decreto de veda del agua de 1967 en el valle de Ocotlán y Zimatlán, el trámite avanza lento y en medio de irregularidades que entorpecen un claro proceso.
Autoridades Municiaples y Agrarias de las comunidades que integran la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidadp y defensa del agua (COPUDA), el Frente de Autoridades Municipales y Agrarias por el cuidado y defensa del territorio del Valle de Oaxaca, (FAMA) y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., informaron sobre los retos que enfrentan ante la Tercera Fase o deliberativa del Proceso de Consulta en los Valles Centrales sobre la modificación del Decreto de veda de agua de 1967, esto, mediante una conferencia de prensa ofrecida en la capital.
Explicaron que deliberarán con base a la información enviada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la cual exhortaron para que les envíe los datos del monitoria acuífero y el control de agentes contaminantes del agua, asimismo, para que al término de la Fase respecte lo acordado por los pueblos y con ello se construya una propuesta para la modificación del decreto.
La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) de los Valles Centrales de Oaxaca advirtió que las irregularidades cometidas por autoridades en el marco del proceso de consulta a las comunidades sobre la veda de la utilización del Acuífero Valles Centrales serán objeto de una queja en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el Tribunal que conoce el caso y organismos internacionales competentes, y podrían conducir a la suspensión del proceso.
La organización denunció que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) están violando los principios rectores de la consulta: ser libre, previa e informada; ser de buena fe; y de acomodo. Especialmente, integrantes de la coordinadora denunciaron que a través de los recibos de luz, las dependencias están llamando a renovar los títulos de concesión y asignación vencidos, que son objeto de la consulta.
A dos meses de iniciada la fase informativa del proceso de consulta indígena, no cumple con los mínimos principios básicos de los estándares internacionales, señalan organizaciones defensoras de los Derechos Humanos integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio.
En este sentido quienes han dado seguimiento este proceso de consulta, en los Distritos de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, ven con gran preocupación la falta de cumplimiento de la sentencia emitid por la Primera Sala Regional Metropolitana, dentro del expediente: 9216/11-17-01-5, para la realización de la Consulta Indígena en los Valles Centrales.
Consideramos que el proceso de Consulta Indígena no tiene que ser un mero trámite o proceso, sino que tiene que estar cimentado en el principio de buena fe, en todas y cada una de las actividades con miras de obtener el consentimiento de las comunidades.
En este sentido expresan que en las reuniones informativas del proceso de consulta, la Comisión Nacional del Agua no ha cumplido con los mínimos acuerdos dentro del proceso de consulta como son las convocatorias, por lo que dejan en la vulnerabilidad a la población para ejercer su derecho a la participación.
· Organismo defensor difunde convocatoria dirigida a organizaciones civiles
· Defensoras y defensores de DH también podrán participar en la consulta indígena
En el marco del proceso de consulta por la veda del acuífero del valle de Ocotlán y Zimatlán, la Comisión Nacional del Agua, como organismo responsable, ha emitido la convocatoria para que organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos participen como observadores en esa actividad.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca considera importante esta acción, que obedece a los principios y contenido del protocolo de consulta indígena elaborado por diversas instituciones entre ellas, este organismo defensor.
La presencia de observadores, señala la Defensoría, permitirá visibilizar y exigir el respeto de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas sujetos de consulta, y en este sentido se podrá ver fortalecido el proceso.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca vigila el proceso de consulta a 16 pueblos indígenas zapotecos del valle de Ocotlán y Zimatlán respecto a la modificación del decreto de veda del acuífero de la zona, emitido por la presidencia de la República en 1967, para que dicha consulta se realice con pleno respeto a los derechos de las comunidades y puedan decidir de forma informada y libre sobre el empleo del líquido.
Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano realizada este martes 29 de septiembre último, el responsable de la Defensoría Especializada en Pueblos Indígenas, Vidal Antonio Agapito, informó que la Defensoría participa con el compromiso de vigilar que se reconozcan plenamente los derechos colectivos de los pueblos originarios, ignorados históricamente, y así protegerlos para prevenir algún tipo de violación a sus prerrogativas.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Segob informó que fue aprobado el Protocolo para la Implementación del Proceso de Consulta Indígena a los pueblos zapotecas de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca.
En un comunicado, la dependencia estableció que de esa forma se atiende la solicitud que en julio pasado plantearon esas comunidades para que se cumplimentara la resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Ello, en el sentido de llevar a cabo una consulta libre e informada sobre el decreto de veda de 1967, denominado Acuífero de Valles Centrales, que restringe el uso de los pozos de agua en esa región.
El Protocolo para la Implementación del Proceso de Consulta Indígena se aprobó de manera colegiada por el Organismo de Cuenca Pacífico Sur (OCPS) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El último organismo será el encargado de aplicar el ejercicio, así como los representantes de los pueblos indígenas y autoridades federales y estatales.
El objetivo del protocolo es valorar la solicitud de modificación de la veda, en relación a los derechos sociales, económicos y culturales, así como los territoriales en relación al uso, disfrute y administración del agua de los solicitantes.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, informa que fue aprobado el Protocolo para la Implementación del Proceso de Consulta Indígena a los pueblos zapotecas de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Álvarez, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca.
De esta forma se atiende la solicitud que plantearon en julio del año pasado dichas comunidades zapotecas para que se cumpliera la resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el sentido de llevar a cabo una consulta libre e informada entorno al decreto de veda de 1967, denominado Acuífero de Valles Centrales, que restringe el uso de los pozos de agua en esa región.
El Protocolo para la Implementación del Proceso de Consulta Indígena se aprobó de manera colegiada por el Organismo de Cuenca Pacífico Sur (OCPS) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que será la encargada de llevar a cabo la consulta, así como por los representantes de los pueblos indígenas y autoridades federales y estatales.
El objetivo del Protocolo es valorar la solicitud de modificación de la Veda, en relación a los derechos sociales, económicos y culturales, así como los territoriales en relación al uso, disfrute y administración del agua de los solicitantes.
De esta manera, el Gobierno de la República reafirma su compromiso por garantizar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que incluyen la consulta libre, previa e informada, con la finalidad de impulsar su bienestar y desarrollo integral, mediante un diálogo permanente y constructivo.
La Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, denunció que no se ha cumplido la voluntad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al mandatar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para iniciar un procedimiento en el cual se valore la solicitud de los pueblos del Ocotlán y Zimatlán para modificar la veda de acuíferos que se implementó desde 1967.
Integrantes de la Coordinadora “Soy de los Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua de Ocotlán y Zimatlán”, así como integrantes del centro de Derechos Humanos Indígenas Flor y Canto A.C., dieron a conocer la actuación de CONAGUA, a quien señalan de desacato al mandato Judicial del Tribunal Federal, para consultar a las comunidades y pueblos zapotecas de Ocotlán y Zimatlán, Oaxaca en actos que se realicen en esas comunas.
En conferencia de prensa, señalaron que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente: 9216/11-17-01-5 de la Primera Sala Regional, emitió una resolución el 08 de abril del 2013, a favor de las comunidades y pueblos Zapotecos de Ocotlán y Zimatlán, para la revisión y modificación del Decreto de Veda 1967.
Por ello, exigen al organismo federal respete esta determinación judicial, y en caso de no hacerlo, estos harán valer su derecho de protesta.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), ordenó a las autoridades estatales y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) el respeto a la consulta libre, previa e informada para poder ajustarlo a la nueva realidad social y económica de las comunidades sobre las que se estableció.
Durante la presentación del informe especial sobre la violación al Derecho a la Consulta de los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán, el Ombudsman Arturo Peimbert Calvo, indicó que el decreto de veda transgrede los derechos humanos reconocidos por la constitución política del país y no es acorde al convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo en su artículo segundo sobre el tema de desarrollo en la consulta libre, previa e informada toda vez que restringe el uso del agua por los pobladores.
En tal sentido demandó al titular del poder Ejecutivo Federal, para que con fundamento en la Ley de Aguas Nacionales coadyuve en la gestión de modificación del decreto de veda, a fin de garantizar el uso y disfrute del agua del distrito de Ocotlán y Zimatlán, y al Congreso de la Unión para que desde sus facultades reformen dicha ley y se evité que vulnere los derechos colectivos de las comunidad indígenas.
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa falló a favor de los pueblos zapotecas de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, al ordenar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizar una consultar sobre la posible modificación del Decreto de veda del acuífero en los Valles Centrales de la entidad.
Así lo dio a conocer la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa y el Cuidado del Agua (Copuda) y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, al ganar el amparo directo 282/2012, radicado en el Décimo Primer Tribunal Colegiado.
Debido a la fuerte escasez de agua, en que la mayoría de los pozos noria se había secado en las comunidades de los distritos de Ocotlán y Zimatlán, “muchos campesinos iniciamos una difícil y comprometida lucha para cuidar y defender el agua”, destacaron los peticionarios.