Cerca de 110 proyectos de infraestructura en el país se encuentran en riesgo por conflictos sociales; de éstos, al menos 54 son del sector energético y 31 son producto de la reforma energética, de acuerdo con una investigación de El Economista.
En los últimos cinco años, los estados en los que se han presentado más conflictos sociales por la realización de proyectos de energía son Oaxaca, con 14, seguido de Puebla, con ocho, y Veracruz y Quintana Roo, con cuatro cada uno. Las razones más importantes de los conflictos han sido la falta de consulta a las comunidades y los posibles impactos ambientales.
La falta de normatividad secundaria en la reforma energética para realizar las Evaluaciones de Impacto Social (Evis) y la falta de una Ley de Consulta Indígena han generado un vacío legal aprovechado por diversas organizaciones para frenar proyectos, poniendo en riesgo la efectividad de la reforma.
La investigación realizada tomó como base las consultas públicas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a cada proyecto, así como los informes presentados por las organizaciones civiles que se verían afectadas en caso de que se realice.