Ante el peligro que representa que 90 mil hectáreas de los Valles Centrales fueron concesionadas a la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp., 30 comunidades indígenas y campesinas que conforman los distritos de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, convocaron al “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca”.
El juicio popular tiene como “objetivo hacer frente al modelo extractivo, visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros”.
El juicio se realizará los días 11 y 12 de octubre de 2018 en la Ciudad de Oaxaca con el lema: “Este verso es un tesoro, y pronunciarlo sí se debe, el agua vale más que el oro, porque el oro no se bebe…”
En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, 30 comunidades indígenas y campesinas y 25 organizaciones decidieron “rechazar categóricamente cualquier proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, nuestros sistemas productivos, nuestro tejido social, medio ambiente, nuestros sistemas normativos y territorios”.
Reunidos en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, denunciaron que desde hace más de diez años sus territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin su consentimiento, lo que significa que “hasta el momento 90 mil hectáreas de los Valles Centrales se encuentran en peligro, principalmente por la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.”
Insistieron en que “los pueblos y comunidades de los Valles Centrales, hemos decidido por la vida, la paz y el desarrollo comunitario desde nuestras propias cosmovisiones y en respeto profundo de nuestra madre tierra; manifestamos que la minería no representa ninguna opción de desarrollo para nuestros pueblos y sus habitantes”.
Además, mencionaron que “nos reconocemos como parte del pueblo zapoteco, por lo que asumimos el compromiso de defender nuestros territorios desde nuestras asambleas, de manera organizada, pacífica y por todos los medios legales”.
También “rechazamos el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR) que pone en riesgo nuestra propiedad social.
Finalmente se dirigieron a los gobiernos federal y estatal, a las autoridades electas del poder ejecutivo y legislativo, y a las autoridades municipales para exigirles “la cancelación inmediata del Corredor Industrial Minero que pretenden imponer en los Valles Centrales.
Particularmente exigieron la cancelación de los proyectos mineros “San José”, “Trinidad Norte” y “El Águila”, operados por las compañías Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, en los municipios de San José del Progreso y San Pedro Totolapan.
- : Medios
- : 26/07/2018
- : Valles Centrales
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