La empresa canadiense Álamos Gold pretende impulsar en más de 15 mil hectáreas de Temixco, Xochitepec y Miacatlán en Morelos mineras a cielo abierto, lo que rechaza Unificación de Pueblos y Colonias Contra la Minería en Morelos.
Se define entonces minería a cielo abierto como aquella que busca la obtención de recursos naturales en la superficie del terreno y no de forma subterránea, aplicando sustancias químicas que remueven grandes cantidades de sedimento para la extracción de minerales, como oro, cobre o uranio. Las actividades mineras, de entre todas las actividades industriales, se caracterizan por tener un alto potencial destructivo de los ecosistemas y poblaciones humanas cercanas a los sitios donde estas empresas se instalan.En México, así como en todo el mundo existen pueblos organizados que se oponen a la megaminería y llevan adelante acciones para garantizar la vida y los derechos humanos frente a esta industria que extrae todo sin dejar nada.
Es por ello que la Unificación reafirma su rechazo al proyecto minero y señala que «su progreso es barbarie, ecocidio, es devastación», y recuerda que el proyecto que se pretende realizar en la región es una amenaza no sólo para el medio ambiente, sino también para el patrimonio histórico y cultural de Xochicalco.
El 11 de octubre de 2021 autoridades agrarias y municipales de Valles Centrales (Y integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todxs) recibieron amenazas durante la movilización efectuada para exigir la cancelación del proyecto minero San José, operado por Fortuna Silver Mines.
En la primera ocasión, personas dijeron que «iban a venir personas para quitar el bloqueo, que a ellos no les gustaba esa «chingadera» » señalaron que la gente que estaba en el bloqueo no era de Magdalena», dijeron «que ellos traerían armas para sacar a los de la movilización» las autoridades integrantes del Frente también han recibido mensajes diciendo que: «ya sabemos quiénes son, que los tenemos ubicados».
Quienes suscribimos somos autoridades municipales constitucionales y órganos de representación agraria de 10 comunidades que en ejercicio de nuestra libre determinación mantenemos una oposición rotunda a la empresa minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines. Por parte del Frente la movilización fue pacífica. En la movilización también estuvo presente la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
En los últimos meses, se ha documentado un cambio en la respuesta de la minera Cuzcatlán hacia los que están en contra de la minería. Durante y después del último bloqueo el 11 de octubre 2021, hubo incidentes de amenazas, intimidación y señalamiento hacia las y los defensores.Estas tácticas incluyen una fuerte campaña mediática en favor del proyecto “San José” en los periódicos, la radio y las redes sociales que omite mucho de la realidad de las operaciones y afectaciones de la mina “San José” para ganar favor.
El “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas”, dió a conocer que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), negó un segundo permiso ambiental que solicitó la empresa Fortuna Silver Mines para su proyecto “San José II”. El pasado 22 de julio de 2021, fue publicada en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la negación del permiso ambiental solicitado por Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines-FSM). “Desde septiembre de 2020 el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos exigió a la dependencia federal negar dicho permiso, ya que, desde hace diez años, FSM ha violentado sistemáticamente el derecho humano a un medio ambiente sano de las comunidades de Valles Centrales en el estado de Oaxaca. 75 obras del proyecto minero son irregulares y fueron construidas desacatando el permiso ambiental aprobado por SEMARNAT en 2009, por lo que la empresa fue sujeta a una sanción administrativa por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Pese a la campaña mediática impulsada por FSM para limpiar su imagen, la SEMARNAT resolvió que la empresa incumplió con lo establecido en el permiso original entregado en 2009, al construir 75 obras irregulares sin autorización”, precisa el Frente en su boletín de prensa.
Por acuerdo de la asamblea comunitaria, alrededor de tres mil 500 comuneros zapotecos de San Pedro Quiatoni realizaron este lunes 5 de julio una marcha y mitin frente al Poder Judicial Federal, en rechazo a las mineras. Fue para demostrarle al gobierno que no es la autoridad sino toda la comunidad agraria está en contra de las empresas mineras subsidiarias de la compañía estadounidense Gold Resource Corp (GRC) que están saqueando sus recursos minerales y naturales. El comunero y abogado de la comunidad, Simitrio Ruiz Martínez, manifestó que esta marcha es para “exigirle al gobierno federal que deje de entorpecer el desarrollo del proceso. Y que el Tribunal Colegiado emita a la brevedad posible las resoluciones correspondientes en cuanto a esas quejas y se dicte un sentencia conforme a Derecho que ampare los intereses de la comunidad agraria e indígena de San Pedro Quiatoni”. El 12 de febrero de 2020, la comunidad zapoteca interpuso un amparo en contra de las concesiones que otorgó el gobierno federal a 3 empresas mineras Don David Gold México S. A. de C.V., Minerales del Prado y Desarrollos Mineros San Luis, subsidiarias de la Gold Resource Corp (GRC). La comunidad advirtió que no permitirá que sigan saqueando sus recursos minerales y naturales. Cabe recordar que GRC tiene seis proyectos mineros en Oaxaca, de las cuales dos están en fase de producción comercial.
La Compañía Minera Cuzcatlán llegó hace 15 años a los Valles Centrales de Oaxaca. Diversos estudios muestran que los ríos cercanos a sus instalaciones presentan altos niveles de aluminio, bario, cromo, hierro, manganeso y plomo. Expertos consideran que la contaminación del agua por metales podría relacionarse con algunas enfermedades en personas y animales en al menos seis municipios de la región. En tres de ellos hubo brotes de hepatitis y enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Un comunero narra que siente resequedad en las manos cuando lava los platos y que su esposo no deja de toser. Viven en el municipio Magdalena Ocotlán en México. A una pobladora le da comezón en la piel después de usar el agua en San Juan Chilateca. Padres de varios niños de San José del Progreso y Santa Lucía cuentan que sus hijos se enferman de hepatitis. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica confirma que estos padecimientos aumentaron desde que la minera comenzó su funcionamiento, releva el reportaje de Mongabay Latam. También se presentaron brotes de hepatitis en los municipios de San José y Magdalena, casos que coincidieron con el derrame en la presa de jales secos y acuosos de la Minera Cuzcatlán en 2018. El médico Ezequiel Díaz Cruz, responsable del Sistema Automatizado de Vigilancia Epidemiológica en Oaxaca, señala que en 2019 se registraron 15 casos de hepatitis tipo A en San José y 11 en Magdalena. El 90 % de los enfermos eran niños. Diversos estudios de las autoridades, a lo largo de los años, han confirmado que el arroyo Coyote en Magdalena Ocotlán tiene niveles altos de metales en diferentes tramos.
La muerte de los siete mineros en Coahuila “es resultado de la omisión de las autoridades y la ilegalidad de empresarios carboníferos”, denunciaron organizaciones tras el rescate del cuerpo del último trabajador que quedó atrapado el 4 de junio en el derrumbe de la mina de carbón Micarán del ejido Rancherías, municipio de Múzquiz, Coahuila. La mina se inundó luego de que las paredes de un tajo anegado por las lluvias se derrumbó y el agua cubrió la zona donde se encontraban nueve trabajadores, de los cuales sólo dos lograron salir. Después de que las brigadas de búsqueda rescataran el séptimo y último cuerpo de los mineros.
La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) declararon en un comunicado que desde hace quince años han advertido la posibilidad de nuevas víctimas mortales si se mantienen las condiciones que dieron lugar a la explosión en Pasta de Conchos. Indicaron la nula respuesta de las autoridades y exigieron una vez más la prohibición del modelo minero de “pocitos de carbón” y “minitas de arrastre”, ya que están basados en condiciones “peligrosas, insalubres e inhumanas para los trabajadores”, así como el compromiso público de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de no comprar carbón extraído de este tipo de minería y la elaboración de un Protocolo Nacional de Salvamiento Minero.
En octubre de 2020, integrantes de la Organización Familia de Pasta de Conchos le entregaron a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad una carta en mano con fotografías sobre las condiciones de inseguridad en la carbonera colapsada. Nunca hubo respuesta. La Organización Familia de Pasta de Conchos se pronuncian en su cuenta de twitter: “¿Cómo se atreven a decir las autoridades: “aquí estamos” o “estamos atendiendo a las familias” si ni si quiera les proporcionaron carroza fúnebre para que las familias lleven a los mineros al panteón? No hablaron con ellas y dejaron solas a las familias”.
El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos informó que están en contra de cualquier proceso de consulta pública en las comunidades del Valle de Ocotlán, Oaxaca, respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) denominada San José II presentada por la compañía minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines: “Las comunidades organizadas en el Frente no a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, después de realizar un análisis de dicha manifestación determinamos exigir a la SEMARNAT no autorizar la MIA San José II y cancelar el proyecto minero”, afirman en su boletín. “Esta decisión está fundamentada en la toma de decisiones asamblearias de nuestras comunidades, quienes han mandatado la defensa y el cuidado del territorio de los Valles Centrales frente a cualquier proyecto que vulnere la integridad y seguridad de nuestros territorios y sus habitantes”, reiteran. Por eso, informaron, rechazan “categóricamente” cualquier proceso de consulta implementado por las instancias de gobierno federal o estatal en sus territorios: implementar un proceso de consulta en sus territorios “representa una traición a la voluntad del pueblo zapoteco de los Valles Centrales de Oaxaca y de nuestras comunidades expresada en reuniones anteriores con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que nuevamente pedimos un diálogo con la Secretaria para ratificar nuestra posición”, concluyen las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, así como la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán
El pasado 15 de abril de 2021, diez comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, articuladas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, se reunieron con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González para exponer las afectaciones producidas por el proyecto minero “San José” y exigir a esta dependencia la negación de la Manifestación de Impacto Ambiental “San José II” que solicitó la empresa minera Cuzcatlán, parte de la canadiense Fortuna Silver Mines (FSM). Cabe destacar que El Frente No a la Minería ha exigido este diálogo desde diciembre de 2020, momento en el que decidió movilizarse bloqueando la carretera federal 175 hasta tener una respuesta de la autoridad encargada de la protección del medio ambiente en el país. Las comunidades participantes mencionaron que realizaron sus asambleas comunitarias desde 2009, por lo que cuentan con sus declaratorias de Territorio Prohibido para la Minería, las cuales prohíben cualquier actividad de prospección, exploración o explotación minera en los Valles Centrales de Oaxaca. Por su parte la SEMARNAT se comprometió a retomar el planteamiento y argumentos de las comunidades participantes para garantizar el respeto de su derecho a la libre determinación y autonomía durante el proceso de resolución de la MIA San José II. Cabe recordar que en est Frente participan las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, La Noria de Ortiz, así como la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.
En un webinar internacional sobre el impacto de la minería en comunidades indígenas de Oaxaca y Chihuahua, las autoridades de Magdalena Ocotlán denunciaron las graves afectaciones por parte de la minera Cuzcatlán, propiedad de la canadiense Fortuna Silver Mines (FSM). Los representantes de la comunidad ubicada a solo unos metros del proyecto minero San José, propiedad de la empresa FSM, reiteraron que “la minera nos está afectando mucho” con la contaminación del agua, los desechos de la mina, ruidos constantes y la escasez de agua. También señalaron “el abuso que se comete por parte de nuestros propios autoridades [estatales] que solapan y coordinan con las empresas internacionales por el gran capital que traen. Dicen que estas empresas “impulsa el desarrollo” pero es una falacia total para nosotros.” Pedro Máximo Aquino, presidente municipal de Magdalena Ocotlán, afirman que “otra vez se repite la historia de los tiempos de la colonia y la conquista con el saqueo de la riqueza del país (…) pero somos gente del campo y la gente de Magdalena Ocotlán es consciente de lo que está pasando. Defendemos nuestro pequeño patrimonio, defendemos nuestra fuente de ingresos, defendemos nuestra economía.” En el evento, organizado por Brigadas Internacionales de Paz PBI Canadá y visto por cientos de personas en Facebook, también participaron defensoras y defensores de Chihuahua que alertaron a la sociedad civil canadiense sobre las afectaciones de minería a los pueblos originarios en México y que también pone en riesgo la diversidad biológica impresionante del país. Las y los méxicanos en el webinar también pidieron frenar los asesinatos de defensores de derechos humanos y del medio ambiente en México.
Han pasado más de tres semanas – desde el 23 de enero – cuando Fidel Heras Cruz, defensor comunitario y ambientalista fue asesinado en el municipio Santiago Jamiltepec en la Costa de Oaxaca y hasta el momento ninguna autoridad ha emitido medidas cautelares para sus familiares y tampoco para los 300 habitantes de Paso de Reyna que defienden el río verde de dos hidroeléctricas, denunciaron integrantes de la organización civil Servicios para una Educación Alternativa, Educa A.C.. Las defensoras de Educa aseguran que tras el asesinato de Fidel , han sostenido platicas y reuniones con las autoridades, y el 9 de febrero la defensoría informó a Educa que continúa el procedimiento de las medidas cautelares. Sin embargo, hasta ahora no hay un solo avance en la investigación y tampoco medidas cautelares a pesar de que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo) lo solicitó.
“A Fidel le tocaba vigilar que se cumplieran los acuerdos, que el río se cuidará, pero mira ahora lo mataron y su comunidad quedó en el desamparo, ellos requieren de estos beneficios, contar con medidas cautelares para poder seguir en la defensa de su territorio”, indicaron. Luego del asesinato, Educa notificó a la Defensoria de Oaxaca del asesinato así como las demás instancias como la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) para que garanticen la seguridad, sin embargo, solo se han hecho “rondines policiacos” y ya, no hay las medidas cautelares.
“Paso de la reyna y de río verde son dos proyectos hidroeléctricos que quieren imponerse en la zona, pero la comunidad vive una resistencia de más de una década, todo organizado, entonces para continuar después de este asesinato se requiere de seguridad, por eso es que estamos alertando que no lo tienen en estos momentos para seguir con su lucha”, resaltaron Educa.
Este sábado 23 de enero de 2021, fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, de donde era originario, además de ser miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).
El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego.
Las autoridades de la agencia de Paso de la Reyna, mencionaron que el pasado 21 de enero, Fidel Heras recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado. En esos mismos días el propio agente, Filogonio Martínez Merino, fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, el agente dio parte a la policía municipal y pidió le acompañaran y escoltaran hasta llegar a la comunidad.
En este contexto, desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.
La crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río.
En diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras.
El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y que también se mencionó que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.
Debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde. Además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.
Por lo anteriormente expuesto, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta el esclarecimiento de los hechos y brindar atención a quienes hacemos esta denuncia. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que abra la carpeta de investigación correspondiente, sin descartar ninguna de las causas mencionadas en el presente escrito. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina.
“Ríos para la vida, No para la muerte”
Atentamente
Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 24 de enero de 2021.
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER.
Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna; Santiago Jamiltepec.
Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca –REDECOM
Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA
Ecosta Yutu Cuii
Comunidades que integran el Frente No a la Minería en Valles Centrales, Oaxaca, bloquaron ayer la Carretera Federal 175, a la altura de Magdalena Ocotlán, en rechazo del proyecto minero “San José”, y en exigencia de una audiencia sobre la ampliación de este proyecto con la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, a quien han emplazado por la vía oficial desde noviembre sin recibir respuesta. A las tres de la tarde, luego de siete horas de bloqueo, se llegó al compromiso de Semarnat para sostener una mesa de trabajo con las comunidades para el día 16 de diciembre en Magdalena Ocotlán. El titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semanart, Daniel Quezada Daniel, se comunicó con miembros del Frente, una exigencia de las comunidades es que la reunión sea con la titular de Semanart, María Luisa Albores.
Entrevistados para radiodifusoras comunitarias, autoridades agrarias y municipales de San Martín de los Cansecos, afirmaron que con la minería en la región los pozos de agua se han secado y contaminado. “Pedimos que no les den permisos, no son ni de México”, dijo el comisariado Efraín Santiago. Así mismo, el integrante del cabildo de Magdalena Ocotlán, Rubén Sánchez, recordó la contaminación del Río Coyote y un colector pluvial provocada por la presa de jales, que además les generó afectación económica pues debieron consumir agua embotellada. Las personas representantes de comunidades como Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, desmintieron la versión del presidente López Obrador quien dijo en conferencia de prensa en septiembre, que este conflicto minero estaba atendido.
Autoridades municipales y comunitarias de Calpulálpam de Méndez, en la Sierra Juárez, Oaxaca denunciaron discriminación de Semarnat, Profepa y Conagua, así como incumplimiento de la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, al compromiso de una mesa de trabajo para resolver la problemática generada por la minería. Además, sostuvieron que Minera la Natividad opera desde hace años sin contar con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y no ha detenido operaciones ni siquiera durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Solamente de 2007 a 2011 frenó sus actividades por una orden judicial, señalaron. En su boletín denuncia que:
Por varios años la comunidad indígena de Capulálpam de Méndez ha denunciado el grave impacto social y ambiental causado por el saqueo de minerales en sus tierras comunales llevado a cabo por la compañía minera La Natividad y anexas. Capulálpam ha denunciado ante Semarnat, Conagua, Profepa y Gobierno del Estado de Oaxaca el derrumbe de tres presas de jales con desechos contaminados al Río Capulálpam; la contaminación con plomo y arsénico de fuentes de agua; la desaparición de trece acuíferos debido a las obras mineras; contaminación del Río Grande que cruza la Sierra Juárez y afecta a varias comunidades indígenas en la región. Capulálpam ha denunciado que un nuevo programa de saqueo de minerales pone en grave riesgo de desaparición la última área de acuíferos de donde la comunidad se abastece de agua potable.
Hemos solicitado hablar con la Secretaría de Semarnat María Luisa Albores González para que nos informe por qué Minera Natividad opera a pesar de que Capulálpam ha denunciado las consecuencias mencionadas. Como comunidad indígena con personalidad jurídica agraria no hemos autorizado manifestaciones de impacto ambiental a Minera Natividad permisos para que dicha minera opere en nuestro territorio comunal. No hemos tenido respuesta de la Secretaria Albores González a pesar de que le reiteramos la urgencia de dicha reunión. Hacemos un llamado a la Secretaria para que nos reciba.
El 11 de octubre, El Frente No a la Minería por un Futuro de Todxs decidio movilizarse bloqueando la carretera federal 175 a la altura de Magdalena Ocotlán y Monte del Toro para exigir. Eso fue despues que la compañía minera Cuzcatlán ingreso por tercera vez su permiso ambiental para operar 10 años más en los Valles Centrales. En su bloqueo, el Frente exige:
1. Cancelación del proyecto minero «San José» operado por minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines por afectar el ambiente de las comunidades de Valles Centrales al construir 75 obras irregulares.
2. Negación del «nuevo» permiso ambiental: «actualización de obras y actividades» solicitado por compañía minera Cuzcatlán ante la SEMARNAT. En dos ocasiones anteriores minera Cuzcatlán ha querido justificar mediante este permiso 75 obras irregulares y explotar por 10 años más el territorio de Valles Centrales. Exigimos a la autoridad ambiental audiencia con la Secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores.
3. Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, garantizar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, minera Cuzcatlán ha violentado la legislación ambiental vigente y nuestros derechos como pueblo indígenas. Ningún proyecto minero debe estar por encima de la ley.
Exigimos al gobierno federal respetar los acuerdos de nuestras asambleas.
Los ejidatarios de Carrizalillo, municipio Eduardo Neri, Guerrero, y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunciaron un “intimidante despliegue militar en apoyo a la minera canadiense Equinox Gold” en contra de la comunidad de Carrizalillo luego de que ejidatarios anunciaran la anulación del convenio con la empresa tras denunciar incumplimiento y tratos racistas y discriminatorios, por lo que alertaron de una posible confrontación violenta del Ejército contra pobladores. Denuncian que este 7 de septiembre a las 17:40 horas, alrededor de 50 elementos del Ejército mexicano se presentaron, en un camión y una camioneta en la entrada de la mina Los Filos, lugar en el que se ubica el campamento que mantienen las y los ejidatarios de Carrizalillo, para intimidarlos por su exigencia de respeto hacia la minera canadiense Equinox Gold. Los soldados “se bajaron del camión en una acción clara de operativo que, por supuesto nos alertó y, de manera inmediata dimos la alerta para movilizar a toda la población”, y en consecuencia, empezaron a subir a sus militares y el ejército, “sin dejar aviso de nada, se dio la vuelta dejando su operativo fallido”. La REMA detalló que representantes de dicha empresa, faltando a la verdad, arguyen que las y los ejidatarios han ocupado las vías de comunicación obstruyéndolas ilegalmente, cuando ha sido la empresa quien ha pasado por alto los acuerdos con la comunidad, ignorando los derechos de una población que ha sido afectada irreversiblemente en términos ambientales, sociales y de salud por la explotación minera. Las negociaciones entre campesinos y Equinox Gold se iniciaron ayer a las 10 de la mañana y concluyeron una hora después sin que hubiera arreglos. El representante de Equinox Gold, Peter Burger, “estuvo muy cerrado, muy racista, y nos ignoró; no trajo ninguna propuesta, al contrario, dijo que si no levantábamos el plantón no habría diálogo”, afirma un representante ejidal que pidió anonimato.
Ejidatarios de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, anunciaron que dieron por terminado el convenio que firmaron en 2019 con la empresa Equinox Gold, filial de Leagold Mining Corporation, debido al incumplimiento de las cláusulas del documento con base en el cual la compañía canadiense explotaría la mina Los Filos hasta 2025. En conferencia de prensa, los ejidatarios dijeron que quedan cerradas las operaciones de la mina Los Filos en mil 500 hectáreas, de las cuales 700 son de uso común y 800 propiedad de 173 ejidatarios. Los inconformes aseguran que la compañía ha tenido una actitud “racista” y discriminatoria contra los pobladores y ha violado cláusulas del contrato relacionadas con la protección de la salud y del medio ambiente. “Del año pasado a la fecha fallecieron ocho pobladores, aparentemente por cáncer y algunos bebés nacieron con malformaciones a causa de la contaminación”. Además, “con la pandemia de Covid-19 se han contagiado 21 trabajadores. En la mina laboran 300 campesinos de Carrizalillo, algunos de los cuales han fallecido a causa del coronavirus”. En el boletín, la comunidad recuerda que a raíz de la actividad minera, iniciada en 2007, desde 2010 ya no disponen de agua limpia. Además, tanto los ejidatarios como los propietarios de la mina tienen que pagar una cuota a los grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona. La suspensión de operaciones de la mina canadiense, ubicada en la rivera del Río Balsas, ocurre a dos días de que un grupo armado secuestró a trabajadores y quemó una camioneta –propiedad de la empresa canadiense Equinox Gold– en Iguala, donde bandas crimínales disputan el control del cinturón de oro del río Balsas, informó la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE).
Autoridades agrarias y municipales de San Miguel Chimalapa reiteraron su rechazo total a la exploración y explotación de minería en su territorio. Asimismo, desconocieron un acta de una asamblea “ilegal” donde se otorga un permiso a la empresa canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V., a cambio de dinero. Pidieron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se abstenga de otorgar permisos a la empresa de minería canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V., en su proyecto denominado “Santa Marta”. Le hicieron saber a la dependencia que “los permisos otorgados se realizaron sin consentimiento de la comunidad zoque. Atentaron contra nuestros derechos indígenas y dueños ancestrales del territorio que comprende el núcleo agrario de San Miguel Chimalapa. Pues el impacto ambiental traerá consecuencias irreversibles en nuestro territorio, en el medio ambiente, principalmente en los mantos acuíferos”. Desconocieron los acuerdos y permisos que haya otorgado la autoridad local de La Cristalina, que a cambio -aseguran- recibió la cantidad de 1 millón 80 mil pesos, como indican los documentos de acuerdo que tienen en su poder. “Públicamente denunciamos que para la realización de dicha asamblea de la localidad comunal La Cristalina y firmar su acta de acuerdo, no fueron informados, consultados ni avalados por el cabildo municipal ni comunal en turno. Y mucho menos por la Asamblea General del Pueblo Zoque, tal y como lo establece en nuestro Sistema Normativo Interno, escritos y registrados oficialmente a través de nuestro estatuto comunal”, indicaron.
Integrantes del Colectivo Matza, de origen zoque, denunciaron que los cinco proyectos mineros que se pretenden instalar en los Chimalapas, Oaxaca, uno ya autorizado por la Secretaría de Economía bajo el nombre de “Santa Martha” y los otros cuatro que se encuentran en trámite, no están respetando la tenencia de la tierra comunal, por lo que son violatorios a sus derechos humanos y territoriales. Este colectivo junto con pobladores de San Miguel Chimalapa, Zanatepec, Unión Hidalgo e Ixhuatán desde hace cinco años mantienen una defensa en rechazo a la explotación minera e inclusive clausuraron de forma simbólica la obra denominada La Cristalina para que la empresa Minaurum Gold no realizará exploraciones en la zona, pero lo ha hecho. “No respetar la tenencia de la tierra” es grave y violatorio, acusaron los integrantes de este colectivo, quienes precisaron que en la gaceta ecológica de la Semarnat recientemente apareció publicado los datos de la concesión Santa Martha que abarca 6 mil 410 hectáreas de territorio y que impactará severamente a los ríos Zanatepec, Ostuta y Espíritu Santo. Explicaron que la concesión Santa Martha, fue otorgada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Las cuatro nuevas concesiones que están en trámite abarcan más de 105 mil hectáreas, es decir casi la totalidad del territorio zoque de San Miguel Chimalapa que es de 134 mil hectáreas, por lo que los integrantes del colectivo, alertaron que se trata de una grave imposición de megaproyectos.
Junto con el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios y las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán, se realizó la conferencia de prensa en Santo Domingo. Durante la conferencia se dio lectura al boletín, colocando la posición del Frente sobre la solicitud de negar la MIA de la empresa Cuzcatlán presentada en la SEMARNAT así como la contaminación del reten de agua en la comunidad de Magdalena. La conferencia y la información presentada tuvo una importante cobertura en los medios estatales y nacionales.
El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, denunciamos que los impactos ambientales producidos por la explotación minera de FSM-Cuzcatlán se han profundizado en los Valles Centrales, poniendo en riesgo el agua y la vida de comunidades de Valles Centrales. Estos impactos se han focalizado principalmente en Magdalena Ocotlán, quienes por segunda ocasión atestiguan la contaminación de sus cuerpos de agua: el 14 de julio de 2020, las autoridades municipales de dicha comunidad constataron que un pozo de captación de agua pluvial, construido para recargar los mantos acuíferos presentó una coloración rojiza, este pozo se encuentra aproximadamente a 300 metros de la planta de beneficio del proyecto minero. Lo mismo sucedió en octubre de 2018, cuando se derramó la presa de jales contaminando el arroyo El Coyote, hecho que continua en la impunidad en la región.
Las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán han hecho una denuncia popular ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROFEPA) y exigen a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), intervengan para que realicen una investigación apegada a derecho, transparenten los resultados de los estudios que se han realizado con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública y reparación del daño de comunidades afectadas por la explotación minera.
En este contexto de contaminación, la compañía minera Cuzcatlán, empresa filial de Fortuna Silver Mines presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un nuevo permiso ambiental para la continuidad de la extracción de minerales en los Valles Centrales de Oaxaca. El documento denominado Manifestación de Impacto Ambiental-Modalidad Regional “San José II” fue presentado el pasado 07 de julio de 2020.
Los autoridades municipales y agrarias de las comunidades de San Dionisio Ocotepec, San Nicolas Yaxe, Santa Catarina Minas, Monte del Toro, San Martin de los Cansecos, El Vergel y Los Ocotes, y Magdalena Ocotlan firmaron una solicitud a la SEMANART niegue el permiso ambiental de la empresa Cuzcatlán. En todas las comunidades manifestaron su preocupación en torno a la intención de la empresa por obtener el permiso ambiental y reafirmaron su compromiso de defender el territorio regional en los valles centrales.
En una reunión organizada el pasado 30 de junio, las autoridades municipales y agrarias de 14 comunidades pertenecientes a los municipios de Santa María Petapa, Matías Romero, San Juan Guichicovi y Barrio de la Soledad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, así como representantes de grupos de mujeres, comités de salud y, directivos del movimiento ferrocarrilero Demetrio Vallejo Vive crearon un frente contra el corredor transístmico y en defensa de los derechos de los pueblos, de las mujeres y de los trabajadores de la región.
En un comunicado publicado por la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Oaxaca (UCIZONI), explicaron que dicho frente nace como una necesidad ante la violación a los derechos de la población del Istmo de Tehuantepec por las obras del megaproyecto, en particular, las relacionadas con la construcción del tren destinado a conectar los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz en Oaxaca.
El Tren Transítsmico
De acuerdo con el documento publicado por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados intitulado “El proyecto del tren transístmico”, contempla la renovación de una antigua ruta ferroviaria y su prolongación, con la puesta en marcha de un tren eléctrico de doble vía de 300 kilómetros, equipado con tecnología de punta de última generación, capaz de transportar 300 mil toneladas al día, además de pasajeros.
Este medio de transporte tendría las características de un Tren de Alta Velocidad (TAV), apto para circular a una velocidad de más de 250 km por hora, acercándose a veces a los 350 km por hora, lo que lo sitúa “en el entorno de las velocidades de rotación de los grandes aviones comerciales”.
Cabe señalar que para poder funcionar, el trazado de las vías del tren “debe ser tan recto como sea posible, evitando al máximo las curvas y pendientes. Radios de menos de 5 kilómetros son considerados muy ajustados en términos de alta velocidad”, según el documento del proyecto.
La meta del proyecto “Tren Transístmico” es posicionarse a nivel internacional para acelerar los flujos intercontinentales de comercio mundial, compitiendo con el Canal de Panamá. Así, como lo señala el documento del CESOP, el Tren Transístimico deberá “unir los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz en tan sólo 3 horas, a efecto de que las empresas navieras tengan ahorros de tiempo y dinero, mientras que en el canal de Panamá tardan en cruzar más de 8 horas, con un tiempo de espera de hasta 15 días”.
La ruta total del tren atraviesa 79 municipios de Veracruz y Oaxaca, incluyendo numerosas comunidades indígenas, así como una variedad de ecosistemas.
Los habitantes de Santo Domingo Ixcatlán se constituyeron en asamblea permanente para la defensa de su territorio y los recursos minerales en especial de los pueblos indígenas mixtecos que son acechados por las empresas mineras, informó el presidente municipal, Bertoldo Bernabé García. Su preocupación parte de que durante los años 2006, 2007 y 2008, una empresa minera canadiense efectuó estudios en el suelo y subsuelo del territorio de Santo Domingo Ixcatlán, y que su base de operaciones es la comunidad de Yosondúa, contando con un grupo de técnicos que viajaban constantemente a territorio de Ixcatlán en un helicóptero.
Por tal razón, este domingo siete de junio la asamblea comunitaria decidió mantenerse en alerta al tiempo que se pronunciaron “en defensa de nuestra Madre Tierra, especialmente del territorio comunal de Santo Domingo Ixcatlán, que ya fue determinada legalmente en sentencia del Tribunal Unitario Agrario de Huajuapam de León, Oaxaca, en el expediente 3/1995 con fecha 3 de agosto de 1998”.
De igual forma, determinaron desconocer “cualquier acto, convenio, acuerdo” realizado por la familia de Freddy Eucario Morales y políticos del PRI. Durante 15 años, la familia Morales Arias ha generado diferentes problemas en la comunidad, que se incluye destituyó a las autoridades agrarias sin tener atribuciones y llegó a acuerdos turbios con empresas mineras, mismos que ahora son desconocidos.
Los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca y Veracruz, así como organizaciones, activistas y artistas, rechazaron la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para inaugurar y dar el “banderazo” a las obras del Corredor Transístmico, la cual está programada del 5 al 7 de junio, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. En un comunicado, 15 articulaciones istmeñas de Veracruz y Oaxaca, 79 organizaciones de todo el país, así como espacios internacionales y personalidades destacaron las irregularidades en torno al megaproyecto del Corredor Transístmico, como la falta de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, como lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la violación al derecho de la libre autodeterminación. Además, repudiaron que López Obrador “está aprovechando el confinamiento en casa por la pandemia” para imponer la militarización del país “y su propio concepto de proyectos esenciales para la nación, como el megaproyecto del Corredor Interoceánico, entre otros”. Por otra parte, denunciaron las consecuencias negativas que los megaproyectos y el exctractivismo han dejado en los territorios indígenas, como el incremento del crimen organizado, la violencia de género y los feminicidios, la devastación de los recursos naturales, empleos precarizados y pobreza. Por ello, llamaron a López Obrador “a realmente poner primero las necesidades de los pueblos y de los más pobres” y detener los megaproyectos en la región del Istmo.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek que planteaba no amparar a comunidades indígenas ante las afectaciones que les genera la Ley Minera, luego de la exigencia de organizaciones de la sociedad civil que llamaron la atención sobre el documento. En un boletín, organizaciones y comunidades celebran esta decisión y expresan su esperanza que “el sentido del proyecto sea reconsiderado para que sea una decisión ejemplar, que garantice los derechos del Pueblo Maseual [Nahua] de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales correspondientes, y que declare la inconstitucionalidad de la Ley Minera”. El litigio emprendido por el Pueblo Maseual “busca solidarizarse y sumar esfuerzos a la lucha de los pueblos indígenas para poner fin a la violencia estructural, a la violencia de Estado”, afirman las organizaciones de la Sierra Norte de Puebla y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), al mismo tiempo que advierten a la SCJN que “por nuestra parte, seguiremos estando muy atent@s a sus análisis y argumentaciones en torno a nuestro caso”.
Miles de personas y centenas de organizaciones (incluyendo el CNI y REMA) enviaron una carta el 11 de mayo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que les solicitan no aprobar el proyecto de resolución del amparo en revisión que valida la constitucionalidad de diversos aspectos de la Ley Minera que afectan a los derechos de pueblos y comunidades indígenas. El Amparo en Revisión 928/2019 del pueblo Maseual en la comunidad de Zacapitan, municipio de Cuetzalan del Progreso en Puebla. El proyecto de sentencia que podría ser analizado hoy, el 13 de mayo, por el pleno del máximo tribunal del país, fue propuesto por el ministro Javier Laynez Potisek y ha sido sumamente criticado.
“La resolución hace un muy amplio y detallado recuento de los estándares nacionales e internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, pero al momento de analizar la Ley Minera, se limita a afirmar sin mayor sustento que ‘el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados’. Consideramos errónea y jurídicamente sin sustento tal argumentación, ya que las comunidades y pueblos indígenas han sido testigos sobre cómo los actos administrativos basados en la Ley Minera han afectado sus territorios, formas de vida y derechos humanos”, advierten los firmantes de la misiva.
En septiembre de 2014, la asamblea indígena del pueblo Maseual empezó acciones jurídicas al para combatir la decisión de la Secretaría de Economía de entregar sus territorios en concesión para la explotación minera sin contar con su consentimiento y sin haber sido convocados a participar en un proceso de toma de decisiones que directamente les involucraba.
En una primera resolución en septiembre del 2018, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, determinó conceder el amparo a las comunidades indígenas afectadas respecto del otorgamiento de las concesiones mineras en sus territorios. Sin embargo, al tiempo que concedía el amparo evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Minera en la que la Secretaría de Economía se apoya para otorgar los títulos de concesión. Frente a la omisión del Juzgado, las comunidades indígenas afectadas presentaron un recurso de revisión que será resuelto en próximos días por la Suprema Corte.
“Es preocupante que la limitada interpretación sobre la Ley Minera sea un mal precedente para otros casos, en los que los pueblos y comunidades indígenas han emprendido acciones jurídicas ante los conflictos socioambientales que la minería ha generado en sus territorios”, señalan en la carta.
En San Mateo del Mar, durante la noche del 2 de mayo del 2020, personas con armas de alto calibre dispararon en la carretera a la altura de la Agencia Municipal de Huazantlán del Río, dispararon también en la comunidad de Huazantlán, en las colonias Juárez y Costa Rica. Dicha agresión se dio en contra de pobladores que resguardaban la entrada al municipio, como medida de prevención para mantener el cerco sanitario en el marco de la pandemia de COVID 19. Como consecuencia de este ataque varias personas resultaron heridas, fueron quemados vehículos y cuatro casas. Entre ellas, la casa del Agente Municipal José Luis Chávez y las oficinas de la Agencia Municipal de Huazantlán del Río. “Hemos sido informados también que fue asesinado el suplente del Agente Municipal, el C. Filemón Villalobos y que pobladores fueron secuestrados, golpeados y torturados”, señalan organizaciones sociales y civiles en su boletín de prensa, donde exigen la intervención de los gobiernos estatal y federal. En una acción urgente, también el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C. hace un enérgico llamado a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para atender urgentemente esta situación y no hacer caso omiso estos hechos reprobables que puede desbordarse aún más por la tensión que se vive actualmente. Dicha situación de violencia se da en el contexto de las recientes elecciones en 2019, así como en un clima de incertidumbre, chismes, difamación y deslegitimación en contra de personas defensoras, en particular mujeres que defienden sus derechos como pueblo indígena ikoots y se han opuesto a la imposición de megaproyectos en la zona, como son los parques eólicos y el Corredor Transístmico.
En medio del confinamiento por la pandemia de #COVID19, la UE concluyó el 28 de abril la negociación del tratado neoliberal con México “que busca más megaproyectos, extraer más petróleo, aumentar las privatizaciones, destruir la soberanía alimentaria y más abusos corporativos”, alerta el activista Tom Kucharz. Organizaciones de la sociedad civil europea que participaron en la Caravana “Toxic Tour” sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México también expresan su “profunda preocupación ante el cierre del acuerdo renovado de comercio entre la Unión Europea y México”, y exigen un cambio radical en la política europea comercial y de inversiones. El acuerdo constituye una actualización del TLC firmado en el año 2000 y pretende extenderse hacia sectores como las finanzas, el comercio electrónico y la agricultura. Se trataría del primer acuerdo de libre comercio, firmado entre la Unión Europea y un país latinoamericano que incluye el capítulo sobre protección de las inversiones. Esto implica otorgar a las empresas transnacionales el derecho exclusivo de desafiar las decisiones democráticas de los Estados, impugnando por ejemplo legislaciones de interés público. Alertan que el nuevo acuerdo “permitirá asegurar la impunidad de las empresas transnacionales
QUIENES SUSCRIBIMOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN EJIDAL DEL NÚCLEO AGRARIO DENOMINADO MOGOÑE VIEJO. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO D SAN JUAN GUICHICOVI, ESTADO DE OAXACA, COM FUNDAMENTO A LOS ARTÍCULOS 1,7 y 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NOS DIRIGIMOS A USTED C.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA DE LA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA CON LA FINALIDAD DE INFORMARLE LO SIGUIENTE :
El ambientalista Adán Vez Lira, integrante de la cooperativa La Mancha en Movimiento, fue encontrado asesinado el 8 de abril en un camino que comunica a la comunidad de La mancha y Palmas de Abajo. Adán Vez Lira promovía el Festival de Aves y Humedales que tenía la finalidad de sensibilizar a la población sobre el cuidado de las aves de la región y los manglares. La Directora Regional Oficina Golfo de México del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Ximena Ramos Pedruza, lamentó el asesinato y recordó que Adán Vez Lira también trabajó en la defensa del territorio contra la minería a cielo abierto. Por su parte, integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) denunciaron recientemente que las empresas mineras Almaden Minerals y Candelaria Minning han causado daños a manantiales y pozos de Actopan y Alto Lucero. Adán Vez Lira dio voz a la comunidad y dijo “no” a la instalación de minería en la sierra de Chiconquiaco. El ano pasado durante una reunión de ecoguías con el subsecretario de minería Francisco José Quiroga Fernández. “Le dijo que no queríamos minas. Que esta es una zona sagrada, que tiene una biodiversidad de más de 300 especies”, explica su companero Guillermo Rodríguez.
“Las personas no aparecen muertas. A las personas se las encuentran asesinadas”. Raúl Ruiz de Colunga, representante del Círculo Diverso de México, habla sobre el asesinato de Karla Valentina Camarena, activista trans asesinada a balazos el domingo 30 de marzo en Guanajuato. La violencia no ha disminuido en México a pesar de la pandemia de coronavirus y la última semana fue especialmente trágica para los defensores.
En apenas ocho días murieron en circunstancias violentas tres activistas. El 22 de marzo, en El Salvador, Zacatecas, fue hallado el cuerpo de Paulina Gómez, “guardiana del territorio sagrado de Wirikuta, y amiga del pueblo wixárika”. Un día después, el 23 de marzo, en Jiutepec, Morelos, fue asesinado a balazos Isaac Medardo Herrera Avilés, abogado y defensor del territorio. El asesinato de Karla Camarena tuvo lugar cuando salía de un local de su propiedad, conocido como La Valentina, ubicado en San Felipe, Guanajuato. Ahí fue perseguida por una camioneta y, posteriormente, atacada a balazos. Guanajuato es un estado que no reconoce el cambio de identidad en las personas trans. Esta había sido una de las principales reclamaciones de Karla durante toda su vida. Tras su asesinato, la mujer volvió a enfrentar esa falta de reconocimiento. Según denunció Rubí Suárez Araujo, activista trans y antigua regidora en el ayuntamiento de Guanajuato, la fiscalía habló de “víctima de sexo masculino” cuando reportó sobre el asesinato de la activista trans.
Mil 500 personas que viven en el Barrio del Parque, en la agencia de San Felipe del Agua de Oaxaca de Juárez, han prolongado por dos y hasta cuatro meses la espera del servicio de agua que suministra el Comisariado de Bienes Comunales. Vecinos denunciaron que la escasez de agua por la falta de lluvias en la temporada 2019 se recrudece por el crecimiento desordenado de la mancha urbana. Y así como en San Felipe del Agua, en todo Oaxaca escasea el vital líquido. Ahora, como medida de prevención de contagio con el Covid-19 o coronavirus, las autoridades sanitarias recomiendan lavarse las manos con jabón y agua corriente por 20 segundos, a fin de eliminar el virus, sin embargo, en Oaxaca, el agua no es suficiente. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al menos el 58.3 % de la población en Oaxaca tendrá algún tipo de complicación para cumplir con las acciones preventivas para evitar contagios por el Covid-19, toda vez que carecen de agua potable en sus viviendas. Además, la prolongada sequía que se vive en los Valles Centrales y el alza en combustibles, son factores que han encarecido el agua por pipas. Una pipa de 10 mil litros tiene un costo promedio de mil 100 pesos, lo que significa un aumento de 50 % en pocos meses
Más de 30 representantes comunitarios de 12 municipios de Oaxaca y Veracruz denunciaron que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para el Corredor Transístmico está plagado de irregularidades y errores que fueron reconocidos incluso por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que rechazaron la imposición del megaproyecto en sus territorios. En una reunión con funcionarios de la Semarnat e integrantes de la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), los representantes comunitarios de 34 poblados denunciaron que entre las irregularidades y violaciones a sus derechos como pueblos indígenas se encuentra la premura con la que se realizó la consulta federal sobre el Corredor, pues esta no fue libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De igual forma, señalaron que en el proceso se ocultó información sobre los impactos sociales y ambientales del megaproyecto en las comunidades, así como que no fueron tomadas en cuenta las voces de las mujeres indígenas. “Queremos reafirmar que las voces de las mujeres no han sido escuchadas; sabemos que la empresa FIT oculta información sobre los impactos sociales y ambientales en contubernio con la Semarnat; por eso exigimos que no se apruebe el megaproyecto”, dijo la defensora comunitaria de San Juan Guichicovi, Juana Inés Ramírez Villegas.
El ejido de Tenextepango, en Ayala, Morelos, logró una nueva suspensión de plano de la termoeléctrica de Huexca, para proteger el caudal de mil 158 litros por segundo del río Cuautla, que se suma a otras suspensiones logradas por al menos tres ejidos más en ese municipio, lo que acumula los recursos que mantienen a la planta productora de energía sin operar. En conferencia de prensa, ejidatarios informaron que el pasado 18 de febrero el juez sexto de distrito del estado de Morelos decretó la suspensión de plano para efecto de que “no se altere, modifique, desvíe y/o cambie el rumbo de las aguas del río Cuautla, con el objeto de que sigan alimentando los canales de riego que pasan por el ejido inconforme, los cuales dotan al mismo de mil ciento cincuenta y ocho litros de agua por segundo”. Juan Carlos Flores Solís, asesor legal e integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y el Aire Morelos, Tlaxcala y Puebla, detalló que la medida otorgada por el juez implica la suspensión de cualquier tipo de acción u obra que pueda afectar al ejido hasta que concluya todo el proceso del amparo que consiste presentación de pruebas, resolución del amparo y revisión. “Calculamos que se llevara todo el proceso entre cuatro o cinco años y esto podría detener el Proyecto Integral Morelos (PIM)”, sentenció el abogado.
El dirigente indígena Jhery Rivera fue asesinado en Potrero Grande de Buenos Aires de Térraba, en la comunidad de Mano de Tigre, por terratenientes durante un ataque en tierras ancestrales recuperadas, denunció la Federación Ecologista Costarricense (FECON). La Cruz Roja informó del fallecimiento de Jhery Rivera, de 45 años, quien presentaba un impacto de bala. Por su parte, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), denunció “la violencia racista que ha perpetrado un nuevo asesinato” y exige al Estado/Gobierno de Costa Rica “que actúe como corresponde y haga cumplir las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos”. Desde el domingo 23 de febrero grupos de terratenientes “llegaron a Térraba a intimidar y a agredir a personas indígenas de las 4 nuevas recuperaciones territoriales. Estas 13 familias recuperantes han sido testigos del racismo, dieron Alerta Temprana informando que los usurpadores actúan por xenofobia a los Pueblos Indígenas y han sido testigos de estrategias premeditadas de los No Indígenas para perpetrar actos de despojo y violencia amparados por la inoperancia estatal”, afrima FRENAPI. Cabe recordar que en marzo 2019 fue asesinado el dirigente indígena Sergio Rojas de la Comunidad bribri en Salitre.
Pueblos, comunidades, organizaciones, sindicatos y colectivos se constituyeron el 22 de febrero en la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, para convenir acuerdos y lograr consensos de lucha en defensa de manera pacífica de la madre tierra, de sus culturas y de sus formas de organización propias. Representantes de unas 50 comunidades y 20 organizaciones civiles y sociales integraron a esta asamblea estatal que formó parte de las Jornada de lucha “Samir Somos Todas y Todos”. “La visión de desarrollo del capitalismo neoliberal, es totalmente opuesta a nuestra forma de vida, porque nos impone saqueo, despojo, miseria, destrucción y muerte”, afirmó la comunera de San Pablo Cuatro Venados Petra Miguel Vásquez.
Denunciaron los megaproyectos, especialmente el Corredor Interoceánico, que convertirá el Istmo “en una gigantesca zona que no solo será de transporte de mercancía global, sino productora de materia prima, con grandes parques de maquiladoras para explotar la mano de obra de nuestros Pueblos y nuestros hermanos migrantes”. A partir del reconocimiento de la Asamblea Comunitaria como pilar fundamental de los Pueblos de Oaxaca, esta Asamblea Oaxaqueña se declara en sesión permanente, impulsará asambleas regionales, organizará una segunda asamblea estatal el 22 de julio y prepara una Movilización Estatal Masiva el día 12 de octubre del año 2020, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular.
La constitución de la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, formó parte de las Jornadas de lucha «Samir Somos Todas y Todos», convocadas por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al conmemorarse un año del asesinato del activista morelense, Samir Flores Soberanes. Tambien, lo honoró con un mural, altar, y bloqueo en Oaxaca.
Ejidatarios de San Pedro Totolápam, adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción Similares y Conexos, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), rechazaron la invasión de territorios ajenos a su comunidad, como parte del proyecto minero que ahí desarrolla la empresa Don David Gold S.A. de C.V. Los sindicalizados negaron que los trabajos afecten a otras comunidades cercanas, como lo manifestaron los habitantes de San Pedro Quiatoni. Defendieron los trabajos de la empresa extranjera debido a la creación de empleos directos e indirectos que se generan.
Los ejidatarios de San Pedro Totolápam afirmaron que el proyecto de minería se desarrolla de forma exclusiva en su territorio ejidal y autónomo. Además, indicaron que desde el inicio de los trabajos se han mantenido vigilantes de que la empresa Don David Gold S.A. de C.V. respete los límites, las disposiciones legales ambientales y las disposiciones ejidales, municipales, estatales y federales a fin de mantener el orden social.
Sin embargo, los inconformes de la población vecina de San Pedro Quiatoni, advierte trabajos subterráneos que llegan hasta su comunidad, lo cual fue evidenciado ante la intención de la empresa de abrir “respiraderos” para la mina en su territorio comunal, el cual lo han declarado “Zona protegida” contra ese tipo de proyectos.
En las montañas de Santa María Yaviche, región Xhidza, se realizó un foro para analizar la situación actual que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas en torno al ejercicio de sus derechos colectivos, especialmente su derecho al territorio. En el “Foro sobre la realidad de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y alternativas de defensa”, una decena de comunidades y organizaciones sociales acompañantes exigieron a los gobiernos federal y estatal “se abstengan en presionar e intentar imponer proyectos en la región zapoteca de la Sierra Juárez y Región Mixe”. Las autoridades e integrantes del Consejo Estatal de Derechos Indígenas de Oaxaca (CEDIO), y Servicios del Pueblo Mixe A. C., reflexionaron e intercambiaron “nuestros pensamientos y palabras para encontrar caminos para defendernos ante los proyectos extractivistas que amenazan a nuestros bienes naturales, que violentan nuestra forma de vida comunitaria y la profunda relación con la madre tierra y el territorio”. Específicamente exigieron la cancelación de megaproyectos en sus territorios., y a las autoridades educativas “que retomen planteamientos que respondan a las necesidades de las comunidades indígenas, para la defensa de los territorios y nuestros sistemas normativos y generen un pensamiento crítico comunitario”.
El Juzgado Primero de Distrito en el Estado concedió la suspensión de plano a la comunidad zapoteca de San Pedro Quiatoni en el juicio de amparo presentado para que la compañía Don David Gold, subsidiaria de la empresa minera estadounidense Gold Resource Corp (GRC), y dos empresas canadienses cancelen sus trabajos de explotación de la mina El Águila en su territorio, por la violación de sus derechos durante la entrega de 10 concesiones en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el expediente 178/2020, el Comisariado y el Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales, así como el Comité Pro-Defensa del Territorio de esa municipalidad de la región de los Valles Centrales, recurrieron a ese medio de control de la constitucionalidad, porque la Secretaría de Economía quebrantó sus derechos a la tierra y el territorio, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, así como a un medio ambiente sano. Toda vez que otorgaron las asignaciones mineras en el 2013 sin haber respetado el derecho al territorio, ni el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. La resolución implica que Don David Gold, Minerales El Prado (subsidiaria de Chesapeake Gold Corp., Vancouver) y Desarrollos Mineros San Luis (subsidiaria de Goldcorp, Vancouver) no podrán continuar sus trabajos para excavar, barrenar, abrir túneles y explotar los recursos minerales en la superficie y subsuelo de tierra propiedad de San Pedro Quiatoni. Pues, si bien la boca de la mina se encuentra en territorio de San José de Gracia, perteneciente al municipio colindante de San Pedro Totolapan, las tres empresas han perforado en territorio de San Pedro Quiatoni para la construcción de innumerables túneles.
Habitantes de San Pedro Quiatoni, encabezados por su autoridad comunal, con una marcha que partió del mercado de las Flores con destino al zócalo, han declarado “Zona Protegida” sus terrenos Comunales, iniciando así su lucha en contra de la contaminación que la minera Don David Gold S.A. de C.V. ha provocado desde su ingreso. Dicha mina, denunciaron, está depredando sus recursos naturales metalúrgicos, de manera subterránea, ya que, si bien, la entrada de la mina se encuentra en San José de Gracia, las excavaciones y trabajos, es decir la mina, llega hasta San Pedro Quiatoni pero por debajo de la tierra. La empresa canadiense Don David Gold fue beneficiada con 7 de los 10 concesiones que están en su territorio, y acaban 11 mil 623.06 hectareas.
Hecho que quedó al descubierto cuando los trabajadores de la mina han buscado hacer “respiraderos” para la mina pero en territorio de San Pedro Quiatoni, sin informar de manera clara la razón de las mismas. Pero la contaminación provocada por el trabajo de está mina ya han cobrado sus primeros daños, cómo lo podemos ver en el río de San Pedro, el cual pasó de ser el lugar se reunión y espaciamiento de los habitantes, para convertirse en un río de desechos mineros, qué día a día huele más y va acabando con la vida silvestre, lo que indudablemente lleva a la muerte de cada especie en contacto con el río, lo que también ha afectado a habitantes de municipios que viven a lo largo de su trayecto. Cabe recordar que Don David Gold, subsidiaria de la empresa minera estadounidense Gold Resource Corp (GRC), operó durante años sin licencia ambiental única (LAU) o licencia de funcionamiento, además de incumplir con la normatividad ambiental.
Comunidades zapotecas y campesinas del Frente NO a la Minería, llamaron una conferencia de prensa para compartir que la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) le negó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en un proyecto de “ampliación” y extender la mina de 2019 hasta 2029. Uno de los grandes motivos por la negación fue que SEMARNAT descubrió que Minera Cuzcatlán elaboró 81 obras sin permiso.
Las comunidades calificaron las obras como “grave desacato” de la empresa minera, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, que viola la legislación y reglamentos ambientales. Además reiteraron que la mina no cuenta con su consentimiento.
“Lejos de generar empleos y promover el desarrollo económico en Oaxaca, la empresa minera ha generado violencia, ha asesinado a nuestros compañeros defensores y sigue contaminando nuestros territorios y medio ambiente de manera impune”, sostuvieron. Por eso, el Frente No a la Mineria exigieron la cancelación de todas las concesiones mineras de Valles Centrales, Oaxaca.
En la evaluación que hizo SEMARNAT halló que las obras que conforman el proyecto “ya han sido construidas y actualmente la mayoría se encuentra en operación”. La negación del MIA también se debía a que el proyecto debía presentar un MIA Regional por tratarse de impactos acumulativos, sinérgicos y residuales.
Junto a organizaciones, las comunidades San José del Progreso, San Pablo Güilá, San Nicolás Yaxe, San Matías Chilazoa, Santa Ana Zegache, Magdalena Ocotlán, El Vergel, Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, San Dionisio Ocotepec, Monte del Toro, Santa Catarina Minas, celebraron el resolutivo y saludaron el fallo judicial que canceló las concesiones mineras en Calpulálpam.
Autoridades comunales del municipio de Capulálpam de Mendez informaron que un Juez Federal ordenó la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas sin previa consulta a su comunidad indígena. En una conferencia de prensa el 11 de febrero, detallaron que en febrero del año 2015 el municipio de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda de Amparo ante el otorgamiento de concesiones a mineras que fueron otorgadas a la minera canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera La Natividad y Anexas, así como otros particulares.
Con la concesión se permitía la exploración y explotación de oro, plata y otros minerales, sin previa consulta a la comunidad indígena agraria como lo prevé el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OTI). Por ello Capulálpam de Méndez solicitó la cancelación de las concesiones, tras cinco años de litigio el Juez Tercero de Distrito del Estado de Oaxaca.
Sentencia que reconoce la ancestralidad indígena de Capulálpam de Méndez y por ende su propiedad y posesión de sus tierras que ocupa desde su época prehispánica. La sentencia establece que Capulálpam fue fundado antes de que se formará el actual Estado Mexicano, por ello tiene derecho a la protección de la justicia federal, en consecuencia se cancelaron todas las concesiones mineras otorgadas.
El gobierno y la empresa denunciaron la decisión durante el tribunal, defendiendo el validez de los concreciones.
Autoridades, habitantes y organizaciones sociales conformaron el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca, con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a mineras extranjeras para la explotación de la tierra en la Mixteca de Oaxaca y el estado de Puebla.
Los integrantes de este Frente indicaron que el 1 de febrero se desarrolló la segunda asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales, a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos, población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca, misma que tuvo como sede Santiago Chazumba. Las asambleas nacieron por una preocupación de las concesiones mineras en la región, aunque algunas surgieron desde el sexenio de Felipe Calderón actualmente las comunidades están dando cuentas del contexto regional de las concesiones.
Dijeron que entre los proyectos mineros que piden que se eliminen son: Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atxala de la concesión minera Newmont Mining Corporation en Cerro Colorado, Tehuacán, Puebla; así como el Parque Eólico Miahuatlán, Puebla; Fumigación de nubes con yoduro de plata en el Valle de Tehuacán y la región Mixteca de Oaxaca; la concesión minera de SIMEX que abarca Zapotitlán, Caltepec y Santiago Chazumba, así como la concesión minera Arco Resources Corporation en Silacayoápam, San Marcos Arteaga y Ayuquililla.
El 8 de marzo, van a tener un Foro Regional contra las Mineras y los Megaproyectos y convocan otras comunidades, defensores/as, activistas, y académicos.
Activistas de Santo Domingo Zanatepec y defensores que forman parte de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT) alertaron sobre la posible privatización del agua en este municipio para beneficiar la actividad minera a través del programa “Más Oaxaca” que impulsa el gobierno municipal en contubernio con el gobierno de Oaxaca y el Banco Mundial. Explicaron que a principio de este 2020 detectaron que una maquinaria propiedad de la empresa Trituradora Soconusco S. A. de C. V. comenzó a realizar labores en el manantial que abastece de agua a la comunidad sin que hubiera información o consulta al pueblo pero sí con el aval de la alcaldesa, Adelma Núñez Gerónimo (emanada del PRI), por lo que pidieron parar todo tipo de obra porque no había información al respecto. “Nosotros suponemos que se trata de la privatización del agua para beneficiar a la actividad minera por eso estamos alertando y nos oponemos a que coloquen medidores en nuestras casas y nos controlen por medio de los metros cúbicos que usemos, eso no es justo, porque seguramente el resto del agua del manantial será para beneficiar la actividad minera a la que también nos oponemos porque consideramos daña la vida ecológica y humana”, dijeron. Señalaron que al detener la obra, fue entonces que la alcaldesa junto con el coordinador regional del programa “MAS OAXACA”, Edgardo Martínez Villalobos comenzaron a realizar reuniones de información. Dijeron que han comenzado a crear comités y frentes para la defensa del agua, porque “sabemos que es el preludio de que la minería está en puerta”. Cabe recordar que hace un año, Zanatepec se declaró municipio libre de minería. El pasado 3 de febrero, comuneros y ciudadanos organizaron una marcha en protesta contra este proyecto no consultado.
.El cuerpo de Homero Gómez, entusiasta defensor del bosque y la mariposa monarca, en el municipio de Ocampo, Michoacán se encontró 29 de enero, dos semanas después de que se reportó su desaparición. Gómez González, quien hace 25 años denunciaba la tala clandestina de bosques de pino y de oyamel, lugar a donde llegan a invernar las mariposas Monarca, fue enterrado el viernes pasado. El día después, el primero de febrero, otra muerte prendió las luces de alarma sobre la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca: Raúl Hernández Romero —guía de turistas en el ejido El Rosario y que desde el 27 de enero había sido reportado como desaparecido— también se encontró muerto con visibles huellas de violencia. Hasta ahora, la fiscalía del estado de Michoacán no ha terminado las investigaciones sobre estos decesos, pero a ejidatarios y ambientalistas les preocupa que intereses de taladores clandestinos y de aguacateros busquen controlar los bosques que forman parte de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, emblema de la cooperación ambiental en América del Norte. Las muertes de Gómez y Hernández recuerdan que México es considerado uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente.
Se estima que, anualmente, en Michoacán se pierden 20 mil hectáreas por cambio de uso de suelo ilegal, incendios forestales, plagas y enfermedades. En los últimos 30 años, Michoacán ha perdido la mitad de sus bosques por el aguacate. La ley en Michoacán no permite el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola, por lo que la mayoría de las huertas de aguacate son ilegales. Los pobladores talan grandes extensiones de bosque y lo queman para después poder sembrar las plantas. Estas huertas clandestinas se expanden principalmente en zonas boscosas y reservas naturales, como la biosfera de la mariposa monarca, en el oriente de Michoacán.
Un amparo solicitado por las comunidades de Sonora podría modificar la forma en que se deciden las consultas sobre los megaproyectos en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá votar si lo acepta en febrero.
Actualmente, las consultas ambientales ante megaproyectos completamente en la gente a la que afectan aunque en muchas comunidades no conocen los proyectos hasta que se empiezan a realizar. De acuerdo con las leyes actuales, las comunidades deben estar pendientes de la Gaceta Ecológica (una publicación en línea donde están las manifestaciones de impacto ambiental aprobadas) y si detectan un proyecto, ellos mismos deben pedir al SEMARNAT por una consulta aunque SEMARNAT puede negarla.
En su estado actual la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente deja toda la responsabilidad de las consultas ante megaproyectos en las propias comunidades. “El proyecto dice que porque se publica una información mínima, la gente ya está informada”, se queja el abogado Cano. Pero, “Muchas comunidades no tienen acceso a internet, ni tienen conocimiento sobre estos procesos. La Ley, como está, es injusta para nosotros”, explica Francisca García de la comunidad de Aconchi, en Sonora, representante de los Comités de cuenca del río Sonora, quienes promueven el amparo. “Las empresas llevan siempre las de ganar.
“Dejar la ley como está implica mantener un proceso injusto e inequitativo para las comunidades, además de que conlleva la imposibilidad práctica de promover, en muchos casos, la participación”, asegura.
El resultado óptimo sería que se declarara que las leyes citadas son anticonstitucionales, porque no permiten la participación de los pueblos en la toma de decisiones sobre su territorio. La Suprema Corte, sin embargo, podría establecer una interpretación conforme, es decir que ella misma determina una manera para que estas consultas se lleven a cabo de tal forma que se garantice la participación de las comunidades
Los colectivos ciudadanos y ecologistas de Guanajuato que se oponían a la explotación del Cerro del Gallo difundieron la noticia: la Semarnat negó los permisos de explotación minera. El proyecto de la minera San Antón de las Minas, filial de la canadiense Argonaut Gold, no sólo tuvo el rechazo de pobladores de Dolores Hidalgo y organizaciones de la sociedad civil desde su anuncio: la mayoría de las instancias que fueron consultadas para la obtención de la autorización del cambio de uso de suelo y estudio de riesgo ambiental se negaron a avalarlo, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente determinó negarle el permiso para operar en ese municipio. La dependencia encabezada por Víctor Manuel Toledo menciona en el oficio SDPA/DGIRA/DG/09968 –dirigido a la representante legal de San Antón de las Minas, Celia Rosario Badillo Botello– que el expediente técnico del proyecto fue archivado como asunto “totalmente concluido”, aunque la empresa puede someter nuevamente su proyecto a evaluación. La empresa pretende explotar oro, plata y cobre en el Cerro del Gallo de Dolores Hidalgo, en una zona que abarca 370 hectáreas, mediante el método de tajo a cielo abierto con procesos de lixiviación que utilizan el cianuro, lo que de entrada provocó la reacción de organizaciones civiles que durante los últimos meses han realizado protestas, marchas y gestiones directas ante las autoridades responsables de autorizar el proyecto.
Un grupo de propietarios de tierras que rentan a la empresa Eólica del Sur, dueno del parque eólico “Biniza” (viento del sur), se movilizaron para exigir el cumplimiento de los acuerdos establecidos en los contratos de arrendamiento. Dicen que la empresa se ha olvidado de las promesas. Los inconformes cerraron el acceso a la subestación de este parque en Juchitán exigiendo un diálogo con los representantes de la empresa eólica
Desde el año pasado se firmó un acuerdo con la empresa eólica; entre ellos, la basificación de los hijos de los propietarios, que llevan ya dos años laborando sin un contrato y sin gozar de ninguna prestación. Además, dicen que no se ha cumplido cabalmente con los pagos que les corresponde con la entrada en operación comercial de este parque -el 10 de diciembre del 2018- aunque fue inaugurado en mayo del año pasado.
Los inconformes denunciaron también la amenaza de uno de sus compañeros quien fue llevado a la fiscalía regional en Tehuantepec, donde fue interrogado y prácticamente obligado a decir que era uno de los responsables del bloqueo de la subestación.
El día anterior, un grupo de pescadores agrupados en el Frente de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Juchitán, anunciaron una próxima movilización contra la empresa Eólica del Sur, que se ha negado a cumplir con la entrega de apoyos para obra social. Dicen que el director general de Eólica del Sur, Eduardo Centeno Garza Galindo, los engañó al prometerles que los pescadores tendrían apoyos para obra social, si apoyaban a la empresa en la Consulta Ciudadana, que dio paso a la construcción del parque “Bi Nisa”. Sin embargo, una vez que este proyecto fue aprobado y construido, Garza Galindo se olvidó de sus compromisos y se niega a cumplirle la promesa de los pescadores ribereños.
CONVOCATORIA PÚBLICA
ANTE LA INMINENTE AMENAZA DE PARTE DEL GOBIERNO DE LA 4T Y DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO) DE IMPONERLE A LOS PUEBLOS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LA NACIÓN MISMA, EL LLAMADO “PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC-TREN INTEROCEÁNICO” (POPULARMENTE CONOCIDO DESDE 1996, COMO “MEGAPROYECTO DEL ISTMO”) Y CONSIDERANDO.
• QUE DICHO MEGAPROYECTO DEL ISTMO DE AMLO – 4T, ES UN RECICLAMIENTO ACTUALIZADO Y POTENCIALIZADO, DEL “PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC”, DE ERNESTO ZEDILLO (1996-1998) Y CONSISTE EN UN MONSTRUOSO CANAL SECO MULTINODAL, ALTERNATIVO AL CANAL DE PANAMÁ, PARA EL BENEFICIO DEL COMERCIO CORPORATIVO GLOBAL, CON EL QUE SE PRETENDE INTERCONECTAR, DE MANERA MUY RÁPIDA, LA CIRCULACIÓN MASIVA DE TODO TIPO DE MERCANCÍAS, BIENES Y PRODUCTOS, ENTRE EL OCÉANO ATLÁNTICO (GOLFO DE MÉXICO, FACILITANDO LA SALIDA A EUROPA Y COSTA ESTE DE ESTADOS UNIDOS) Y EL OCEANO PACÍFICO (SALIDA HACIA CHINA- JAPÓN- INDONESIA-AUSTRALIA Y LA COSTA OESTE DE ESTADOS UNIDOS);
• QUE TIENE COMO EJE, UN TREN BALA DE CARGA, LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS PUERTOS DE SALINA CRUZ Y COATZACOALCOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AUTOPISTA PARALELA A LA NUEVA VÍA FÉRREA;
• QUE IRÍA ACOMPAÑADO DE UN CORREDOR INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL, CON LA INSTALACIÓN DE 6 A 10 PARQUES INDUSTRIALES, UBICADOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ISTMO (COATZACOALCOS; MINATITLÁN; ACAYUCAN; SAN ANDRÉS TUXTLA; MATÍAS ROMERO; JUCHITÁN; SALINA CRUZ; IXTEPEC y ARRIAGA) CONTEMPLANDO LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE EMPRESAS MAQUILADORAS, ARMADORAS AUTOMOTRICES Y DE MAQUINARIA, ASÍ COMO LA ACELERADA EXPANSIÓN DE DEPREDADORES MEGAPROYECTOS EXTRACTIVOS, CONSISTENTES EN:
MÁS CONCESIONES MINERAS; MAYOR EXTRACCIÓN PETROLERA Y DE GAS NATURAL, DE FORMA CONVENCIONAL Y VÍA FRACKING; NUEVOS GASODUCTOS Y OLEODUCTOS; MODERNIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DE REFINERÍAS DE COATZACOALCOS-MINATITLÁN, VER. Y SALINA CRUZ, OAXACA; CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA NUEVA REFINERÍA DE DOS BOCAS, TABASCO; MÁS PARQUES EÓLICOS; REPRESAS HIDROLÉCTRICAS; PLANTACIONES COMERCIALES (FORESTALES Y AGROINDUSTRIALES); HOTELES DE LUJO PARA TURISMO DE ÉLITE
• QUE, PARA ELLO, AMLO-4T, HA IMPUESTO SUPUESTAS “CONSULTAS”, VIOLATORIAS DE LOS MÁS ELEMENTALES DERECHOS INDÍGENAS, DECRETANDO YA, TODA ESA ZONA DEL ISTMO, COMO ZONA LIBRE O FRANCA, CON EXCENCIÓN DE IMPUESTOS Y EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES A INVERSIONISTAS PRIVADOS, EN CUANTO: TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA LISTA; CAMINOS DE ACCESO Y CALLES INTERNAS; AGUA-DRENAJES; ENERGÍA ELÉCTRICA; REDES DE CABLEADO SUBTERRÁNEO; Y DEMÁS SERVICIOS BÁSICOS;. • QUE, TODO ELLO ESTARÍA AL SERVICIO DE LOS INTERESES Y PARA EL LUCRO MULTIMILLONARIO DE EMPRESAS MULTINACIONALES Y DE LOS GOBIERNOS MÁS PODEROSOS DEL MUNDO, ENCABEZADOS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS;
• QUE, DICHO MEGAPROYECTO DE MEGAPROYECTOS -DE PERMITIRSE- SIGNIFICARÍA EL TOTAL SAQUEO, LA DEVASTACIÓN Y LA PRIVATIZACIÓN DE LOS INVALUABLES BIENES NATURALES ASÍ COMO LA DESAPARICIÓN TOTAL DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS TRADICIONALES, BÁSICOS PARA EL AUTOCONSUMO Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, FAMILIAR Y COMUNITARIA (MILPA DE POLICULTIVO; HUERTOS FAMILIARES; MANEJO DE ACAHUALES; SEMILLAS NATIVAS) DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS, DEL PUEBLO NEGRO Y DE COMUNIDADES CAMPESINAS, QUE SE LOCALIZAN EN LOS 98 MUNICIPIOS CONSIDERADOS ACTUALMENTE EN EL “PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC-TREN
INTEROCEÁNICO”, EN LOS ESTADOS DE: OAXACA (46), VERACRUZ (33), (CHIAPAS (14) Y TABASCO (5);
• QUE TODOS ESTOS MUNICIPIOS ISTMEÑOS, ESTÁN UBICADOS EN LA ZONA DE MÉXICO MÁS BIODIVERSA Y QUE POSEE LA MAYOR CANTIDAD DE SELVAS TROPICALES Y BOSQUES TEMPLADOS, PRODUCTORES Y REGULADORES DE LOS MÁS IMPORTANTES SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE MÉXICO Y MESOAMÉRICA (AGUA DE LLUVIA, CAUDALES SUPERFICIALES Y MANTOS FREÁTICOS; OXÍGENO Y CAPTURA DE CARBONO; REGULACIÓN CLIMÁTICA; Y BELLEZAS ESCÉNICAS);
• QUE, ESTA FORMA DE “DESARROLLISMO Y MODERNIDAD” QUE NOS PROMETE AMLO-4T, A CAMBIO DE “MILES DE EMPLEOS” (LA MAYORÍA DE PEONES, ALBAÑILES; CARGADORES; RECAMARERAS; COCINERAS; MESERAS; “ACOMPAÑANTES Y EDECANES”; VELADORES; BARRENDEROS-AS) Y DE SUS ASISTENCIALES PROGRAMAS DE “APOYO”, YA HA DEMOSTRADO DESDE HACE AÑOS, EN LA PROPIA REGIÓN DEL ISTMO, QUE SÓLO TRAE CONTAMINACIÓN; ALCOHOLISMO; DROGADICIÓN, NARCOMENUDEO; INSEGURIDAD Y DELINCUENCIA ORGANIZADA; SECUESTROS; PROSTITUCIÓN; DESAPARICIÓN DE JÓVENES Y TRATA DE BLANCAS; FEMINICIDIOS; EMBARAZOS DE ADOLESCENTES; INFLACIÓN Y MAYOR POBREZA SOCIOECONÓMICA; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; ROMPIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y LA PÉRDIDA DE LA CULTURA Y LOS VALORES COMUNITARIOS Y DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS;
• QUE, ESTA DEVASTACIÓN ECOLÓGICA, SOCIAL Y CULTURAL, QUE CONLLEVARÍA LA IMPLANTACIÓN DEL MEGAPROYECTO DEL ISTMO DE AMLO 4T, PONDRÍA TOTALMENTE EN RIESGO EL FUTURO DE LAS GENERACIONES POR VENIR Y CONDENARÍA A NUESTROS HIJAS E HIJOS, NIETAS Y NIETOS, A UNA VIDA SIN BIENESTAR E INCIERTA, INCREMENTANDO EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y CONDENANDO A LARGO PLAZO A LA MUERTE MISMA DE LA MADRE TIERRA;
• QUE, ADEMÁS, UNA INVERSIÓN MULTINACIONAL DE ESA MAGNITUD Y NATURALEZA, COMO LA QUE PRTENDE AMLO, IMPLICARÍA LA TOTAL MILIITARIZACIÓN DE TODO EL ISTMO, -LA CUAL YA SE HA INICIADO- CONSTITUYENDO UN “MURO SIN TABIQUES”, AL SERVICIO DE TRUMP, PARA CONTENER Y CRIMINALIZAR A LOS MILES DE MIGRANTES INDOCUMENTADOS; Y …
• QUE, EL LLAMADO “PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC-TREN INTEROCEÁNICO” (POPULARMENTE CONOCIDO DESDE 1996, COMO “MEGAPROYECTO DEL ISTMO”) DE AMLO-4T, SE LOCALIZA EN LA REGIÓN GEOESTRATÉGICA MÁS IMPORTANTE DE NUESTRA NACIÓN, LO QUE DE PERMITIRSE, IMPLICARÍA UN ALTO RIESGO A LA INTEGRIDAD Y SOBERANÍA DE NUESTRA NACIÓN.
POR TODO LO CUAL, PÚBLICAMENTE, ESTE DÍA, 1° DE ENERO DE 2020
RATIFICAMOS
QUE ESTE MEGAPROYECTO DEL ISTMO-TREN INTEROCEÁNICO, QUE PRETENDE IMPONERNOS AMLO 4T, CONSTITUYE UN GRAVE ATENTADO CONTRA:
• LA MADRE NATURALEZA • LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS DEL ISTMO • LOS DERECHOS DE TODO EL PUEBLO MEXICANO;Y • LA SOBERANÍA NACIONAL
POR TODO LO CUAL, UNA VEZ MÁS
CONVOCAMOS:
• Al Pueblo de México
• A los Pueblos Indígenas, al Pueblo Negro afromexicano y Comunidades Campesinas del Istmo de Tehuantepec, de México y del Mundo
• Al Pueblo Istmeño de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco
• A todos los movimientos sociales y organizaciones comprometidas con la Defensa de la Madre Tierra y con los Derechos de los Pueblos Indígenas de México y del Mundo.
• A científicos-as; académicos-as; artistas y personalidades públicas, conscientes y comprometidas-os
• A tod@s l@s ciudadan@s mexican@s, interesad@s en Defender la Madre Tierra y la Soberanía e Integridad Nacional
• A los Medios de Comunicación Locales, Nacionales e Internacionales
• A la Opinión Pública local, nacional e internacional,
A QUE -RETOMANDO LA EXPERIENCIA VIVIDA POR EL MOVIMIENTO NACIONAL “EL ISTMO ES NUESTRO”, EN EL PERIODO 1995-1998- CONSTRUYAMOS UNA ALIANZA ENTRE TODOS AQUELLOS MOVIMIENTOS, ORGANIZACIONES QUE, DE FORMA CONGRUENTE Y HONESTA, LUCHEN POR LOS MISMOS OBJETIVOS, CON EL FIN DE CONTINUAR Y PROFUNDIZAR LA RE-CONSTRUCCIÓN DE UN AMPLIO Y PLURAL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA Y DE UNA INTENSA CAMPAÑA GLOBAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DENOMINADA:
“EL ISTMO ES NUESTRO”
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,DEL PUEBLO MEXICANO,
NO DE LAS EMPRESAS,NI DE LOS GOBIERNOS
MOVIMIENTO Y CAMPAÑA QUE SIGA CONVIRTIÉNDOSE EN UN COMBATIVO INSTRUMENTO DE ACTIVA RESISTENCIA PACÍFICA, CON EL FIN DE INFORMAR, REFLEXIONAR, ANALIZAR Y DIALOGAR PROFUNDAMENTE, ACERCA DE LOS RIESGOS Y PELIGROS QUE CONLLEVA REALMENTE ESTE MONSTRUOSO MEGAPROYECTO DE MUERTE, PARA EL ISTMO DE TEHUANTEPEC –LA REGIÓN ECOLÓGICA MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO Y CINTURA GEOPOLÍTICA DE MÉXICO- Y PARA NUESTRA NACIÓN EN SU CONJUNTO, Y QUE NOS MOTIVE Y CONVOQUE A ORGANIZARNOS Y MOVILIZARNOS MASIVA Y PLURALMENTE, NO SÓLO PARA DETENER Y REVERTIR SU INSTRUMENTACIÓN, SINO PARA:
CONSTRUIR COLECTIVAMENTE, UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, COMUNITARIO Y POPULAR, PARA EL ISTMO DE TEHUANTEPEC
LOS – AS INVITAMOS A ADHERIRSE Y A DIFUNDIR ESTA CONVOCATORIA POR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, ASÍ COMO A SUMARSE Y APOYAR TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL MARCO DE ESTA CAMPAÑA Y DE ESTE MOVIMIENTO,
FAVOR DE ENVIAR EL NOMBRE DE SU COMUNIDAD / PUEBLO / ORGANIZACIÓN / COLECTIVO, O PERSONA, A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS:
elistmoesnuestromx@gmail.com,
asamblea.istmo@gmail.com
y maderas1091@gmail.com
O POR FACEBOOK, EN: http://www.facebook.com/elistmoesnuestromx/
PARA SEGUIR LA CAMPAÑA GLOBAL, VE A: http://www.elistmoesnuestro.org
¡NO AL MEGAPROYECTO DEL ISTMO! ¡SI A LA VIDA!#ElIstmoEsNuestro
Salina Cruz, Oaxaca, 8 de junio de 2018Ratificado y actualizado el 1° de enero 2020
Una importante convocatoria pública ha circulado profusamente por las redes, a partir del primero de enero del nuevo año, en la que se advierte de la inminente amenaza por parte del gobierno de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador, de “imponerles a los pueblos del istmo de Tehuantepec, al pueblo de México y a la nación misma, el llamado ‘Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec-Tren Interoceánico’ (popularmente conocido desde 1996, como ‘Megaproyecto del Istmo’,” aunque por sus características peculiares el nombre más apropiado debiera ser: “Megaproyecto McLane–Ocampo”.
Firmada por numerosas organizaciones, colectivos y asambleas comunitarias, organismos de derechos humanos, ecologistas, movimientos, sociales, gremiales, redes de la sociedad civil, centros de investigación, académicos, artistas, periodistas, personalidades y ciudadanos, la convocatoria pública analiza a profundidad lo que se considera como un reciclamiento, actualizado y potenciado de un programa de desarrollo regional de Ernesto Zedillo, que consiste: en un monstruoso canal seco multimodal, alternativo al canal de Panamá, para el beneficio del comercio corporativo global, con el que se pretende interconectar de manera muy rápida la circulación masiva de todo tipo de mercancías, bienes y productos, entre el océano Atlántico (Golfo de México, facilitando la salida a Europa y costa este de Estados Unidos) y el océano Pacífico (salida hacia China-Japón-Indonesia-Australia y la costa oeste de Estados Unidos
.
Como todos los megaproyectos de la Cuarta Transformación, a lo largo del canal seco se establecerían corredores industriales y agroindustriales, empresas maquiladoras, armadoras automotrices y de maquinaria, así como otros megaproyectos igualmente extractivistas y depredadores: concesiones mineras, extracción petrolera y de gas natural (convencional y fracking), gasoductos y oleoductos, refinerías, parques eólicos, represas hidroeléctricas, plantaciones comerciales forestales y agroindustriales, hoteles para turismo de élite y la construcción de una autopista paralela a la vía férrea.
Todo ello, a partir de las ya conocidas consultas
simuladas y violatorias de los más elementales derechos indígenas
y, como buen gobierno neoliberal, se decretaría toda la zona del Istmo, como libre o franca, con exención de impuestos, otorgamiento de subsidios gubernamentales, terrenos con infraestructura lista, caminos de acceso, calles internas, agua-drenajes, energía eléctrica, redes de cableado subterráneo y demás servicios básicos. Esto es, el gobierno al servicio de las empresas multinacionales y de los gobiernos más poderosos del mundo, encabezados por el de Estados Unidos.
De llevarse a cabo, acorde a los firmantes, “significaría el total saqueo, la devastación y la privatización de los invaluables bienes naturales, así como la desaparición total de los sistemas productivos tradicionales, básicos para el autoconsumo y la soberanía alimentaria, familiar y comunitaria (milpa de policultivo, huertos familiares, manejo de acahuales, semillas nativas) de los territorios indígenas, del pueblo negro y de comunidades campesinas, que se localizan en los 98 municipios considerados actualmente en el ‘Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec-Tren Interoceánico’, en los estados de Oaxaca (46), Veracruz (33), Chiapas (14) y Tabasco (5)”. Del mismo modo, este desarrollismo y modernidad
, (como en Cancún), además de empleos precarizados, lo que traerían es mayor contaminación, alcoholismo, drogadicción, narcomenudeo, inseguridad y delincuencia organizada, secuestros, prostitución, desaparición de jóvenes y trata de blancas, feminicidios, embarazos de adolescentes, inflación y mayor pobreza socioeconómica, violencia intrafamiliar, rompimiento del tejido social y la pérdida de la cultura y los valores comunitarios y de los sistemas normativos internos
.
Este megaproyecto, igualmente, pondría en riesgo el futuro de las generaciones por venir, incrementando el calentamiento global y condenando a largo plazo a la muerte misma de la Madre Tierra. De la misma forma, implicaría la militarización del Istmo, la región geoestratégica más importante de nuestra nación, por lo que, implicaría un alto riesgo a la integridad y soberanía nacional-popular.
Por estas razones, se convoca a construir una amplia alianza, no sólo para detener y revertir este proyecto de muerte sino, también, para construir colectivamente una propuesta alternativa de desarrollo sustentable para el istmo de Tehuantepec, comunitaria y popular; y para la constitución de un movimiento de resistencia y una intensa campaña global, nacional e internacional denominada El Istmo es nuestro
, de los pueblos indígenas, del pueblo mexicano, no de las empresas ni de los gobiernos. (elistmoesnuestromx@gmail.com Campaña global: www.elistmoesnuestro.org).
¡No al megaproyecto del Istmo! ¡Sí a la vida!
“Los gobiernos europeos están muy preocupados por el calentamiento global pero acá nos quieren destruir”, le dice un habitante de Juchitán, Oaxaca.
Al día de hoy hay instalados mil 223 aerogeneradores en Oaxaca. Cada turbina de dos megawatts mide unos 67 metros y necesita cimientos de unas 85 toneladas de concreto y acero para sostenerse: estructuras que estorban la recarga de los mantos freáticos y aceleran la desecación de ríos y esteros. La afectación no es menor, ya que la forma de vida de las comunidades binni’zaa (zapoteca) e ikoots (huave) es precisamente la siembra y la pesca.
En el Istmo de Tehuantepec hay 29 parques y 17 son de capital español. La energía que genera tampoco beneficia las comunidades, 92% de la energía eólica la producen empresas privadas para otras empresas privadas como Wal-Mart, Oxxo, Bimbo, y la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma. Un ciudadano de Union Hidalgo donde también hay dos parques ecolicos contó que paga mil 500 a 2 mil pesos al mes en luz, “Porque no hay acuerdos con Demex (para subsidiar la luz). No hay beneficio para la gente, no hay nada. Hay una resistencia civil en algunas colonias de Juchitán, no se paga electricidad.”
En su recorrido por las comunidades indígenas, hay quien le dice estar dispuesto a morir para que no se construya el Corredor Multimodal Transístmico, uno de los megaproyectos del presidente López Obrador. No están contra la energía eólica ni se oponen al desarrollo económico; se resisten a entregar el control de sus recursos naturales por nada y a poner en riesgo su modo de vida.
**Hay varias citas buenas de ciudadanos/as de Union Hidalgo y San Mateo del Mar en el artículo del efectos y resistencia a parques eólicas **
A finales de diciembre pasado los zapatistas refrendaron su decisión de oponerse a los megaproyectos del gobierno de López Obrador, en particular el polémico Tren Maya. Carlos González García, abogado y integrante de la Comisión Nacional del Congreso Nacional Indígena comenta que el plan de resistencia combina tres estrategias: la organización social de las comunidades; la denuncia en medios y en instancias de derechos humanos nacionales e internacionales, y el despliegue de una estrategia legal por medio de amparos.
Aunque el CNI no participa en estrategia jurídicas directamente (poruqe es un espacio y no una organización) apoyará processos jurídicas. En este sentido, en su última asamblea nacional, el CNI decidió crear un grupo de abogados que se abocarán a proveer instrumentos legales a las comunidades en sus acciones de protesta contra el despojo de sus tierras y los megaproyectos.
González aclaró también que el EZLN “no comparte la estrategia legal. (Los zapatistas) no están de acuerdo en utilizar las vías legales porque tienen 20 años de ruptura con el Estado mexicano, después de que en 2001 éste rompió los acuerdos de San Andrés”.
Un grupo de historiadores y arqueólogos también están preparando amparos y demandas contra el Tren Maya que podría resultar en la destrucción del patrimonio nacional. Especialmente en la reserva de Calakmul, que “está llena de vestigios arqueológicos”:
Las mujeres que integran la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México manifestaron que para este 2020 se vislumbra que la violencia se agudice aún más para las mujeres que defienden la vida, la tierra y el territorio debido al impulso de megaproyectos en México.
“No solo somos agredidas por ser defensoras, sino por ser mujer”, explicó Cecilia Espinoza, coordinadora nacional.Dijo que las activistas temen por su vida al defender la tierra, el territorio, los derechos a la vida, en las acciones frente a la minera, en los derechos al agua y al decidir sobre su cuerpo, es decir, al aborto.
El bajo presupuesto y la falta de perspectiva por razón de género del Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hace más lento la respuesta a las defensoras y periodistas. Entonces piden que por 2020 el estado destine un presupuesto mayor.
“Precisamente por esa falta de respuesta rápida del estado y al ver que la violencia crece, nos hemos organizado para auto cuidarnos, entre nosotras hemos tejido redes en todo el territorio nacional y eso mismo nos da la fuerza para decir que es necesario mayor impulso al mecanismo, que a nosotras las mujeres no se nos juzgue por ser de este género y que se nos apoye para el acompañamiento y el activismo”, agregó Espinoza.
La Red la integran 245 mujeres de 24 estados y tienen 10 años luchando por acabar con la impunidad y la corrupción además del nulo acceso a la justicia.
CONVOCAMOS:
• Al Pueblo de México
• A los Pueblos Indígenas, al Pueblo Negro afromexicano y Comunidades Campesinas del Istmo de Tehuantepec, de México y del Mundo
• Al Pueblo Istmeño de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco
• A todos los movimientos sociales y organizaciones comprometidas con la Defensa de la Madre Tierra y con los Derechos de los Pueblos Indígenas de México y del Mundo.
• A científicos-as; académicos-as; artistas y personalidades públicas, conscientes y comprometidas-os
• A tod@s l@s ciudadan@s mexican@s, interesad@s en Defender la Madre Tierra y la Soberanía e Integridad Nacional
• A los Medios de Comunicación Locales, Nacionales e Internacionales
• A la Opinión Pública local, nacional e internacional,
A QUE -RETOMANDO LA EXPERIENCIA VIVIDA POR EL MOVIMIENTO NACIONAL “EL ISTMO ES NUESTRO”, EN EL PERIODO 1995-1998- CONSTRUYAMOS UNA ALIANZA ENTRE TODOS AQUELLOS MOVIMIENTOS, ORGANIZACIONES QUE, DE FORMA CONGRUENTE Y HONESTA, LUCHEN POR LOS MISMOS OBJETIVOS, CON EL FIN DE CONTINUAR Y PROFUNDIZAR LA RE-CONSTRUCCIÓN DE UN AMPLIO Y PLURAL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA Y DE UNA INTENSA CAMPAÑA GLOBAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DENOMINADA:
“EL ISTMO ES NUESTRO”
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,
DEL PUEBLO MEXICANO,
NO DE LAS EMPRESAS,
NI DE LOS GOBIERNOS
MOVIMIENTO Y CAMPAÑA QUE SIGA CONVIRTIÉNDOSE EN UN COMBATIVO INSTRUMENTO DE ACTIVA RESISTENCIA PACÍFICA, CON EL FIN DE INFORMAR, REFLEXIONAR, ANALIZAR Y DIALOGAR PROFUNDAMENTE, ACERCA DE LOS RIESGOS Y PELIGROS QUE CONLLEVA REALMENTE ESTE MONSTRUOSO MEGAPROYECTO DE MUERTE, PARA EL ISTMO DE TEHUANTEPEC –LA REGIÓN ECOLÓGICA MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO Y CINTURA GEOPOLÍTICA DE MÉXICO- Y PARA NUESTRA NACIÓN EN SU CONJUNTO, Y QUE NOS MOTIVE Y CONVOQUE A ORGANIZARNOS Y MOVILIZARNOS MASIVA Y PLURALMENTE, NO SÓLO PARA DETENER Y REVERTIR SU INSTRUMENTACIÓN, SINO PARA:
CONSTRUIR COLECTIVAMENTE, UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, COMUNITARIO Y POPULAR, PARA EL ISTMO DE TEHUANTEPEC
LOS – AS INVITAMOS A ADHERIRSE Y A DIFUNDIR ESTA CONVOCATORIA POR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, ASÍ COMO A SUMARSE Y APOYAR TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL MARCO DE ESTA CAMPAÑA Y DE ESTE MOVIMIENTO,
FAVOR DE ENVIAR EL NOMBRE DE SU COMUNIDAD / PUEBLO / ORGANIZACIÓN / COLECTIVO, O PERSONA, A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS
elistmoesnuestromx@gmail.com, asamblea.istmo@gmail.com y maderas1091@gmail.com
O POR FACEBOOK, EN: www.facebook.com/elistmoesnuestromx/
PARA SEGUIR LA CAMPAÑA GLOBAL, VE A: www.elistmoesnuestro.org
¡NO AL MEGAPROYECTO DEL ISTMO!
¡SI A LA VIDA!
#ElIstmoEsNuestro
Salina Cruz, Oaxaca, 8 de junio de 2018
Ratificado y actualizado el 1° de enero 2020
El conocido poeta maya, antropólogo y defensor de derechos humanos Pedro Uc recibió ayer una amenaza de muerte en su celular. Uc ha sido muy visible en la lucha por el derecho al territorio. La amenaza también fue enviada a su hijo. A inicios de 2018, Pedro Uc fundó la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Muuch Xiimbal” (Caminemos Juntos), en la cual miembros de más de 20 comunidades mayas se organizaron para defender sus territorios, afectados por los megaproyectos de energías renovables, específicamente los parques eólicos y fotovoltaicos planeados en Yucatán. Pedro Uc refiere que hay quienes pueden decir “es que los indios no quieren nada, de por sí no les gusta el desarrollo, les gusta vivir así, no quieren mejorar, no saben que esto son energías limpias, renovables, que no contaminan. Nosotros no estamos en contra de la producción de esa energía, ni de la técnica, estamos en contra del modelo neoliberal que implica el arrebato de nuestro territorio”, afirma en entrevista con La Jornada Maya. “Estamos en contra de un modelo que nos avasalla, que nos quita nuestra tierra. No estamos dispuestos a rentar ni a vender, es uno de los principios de la asamblea. No queremos a las empresas, queremos que se vayan, y lo decimos con énfasis, ¡que se vayan de nuestro territorio, no vamos a negociar con ellas!”, finalizó Pedro Uc. Con respecto a la consulta del Tren Maya, Uc denunció de que “esta consulta genera confusión al utilizar las políticas públicas como moneda de cambio por la aceptación del tren”.
Integrantes de la radio comunitaria han recibido amenazados de muerte por informar sobre la zona industrial que contaminaría el río Metlapanapa, que cruza por su comunidad. “Hay personas movidas por intereses privados que pretenden acabar con la vida de nuestro río para descargar las aguas industriales de más de 30 empresas textileras y automotrices y además establecer infraestructura necesaria para instalar dos parques industriales”, dijo un comunero.
Denunciaron que haber sido víctimas de persecución y amenazas, por manifestarse en contra de proyectos como el Parque Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo y la instalación de dos nuevos parques industriales que servirán a empresas automotrices como Audi y VW, mismas que descargarán las aguas industriales en el afluente.
El Radio Zacatepec, La voz del Pueblo tiene programas de mujeres, de noticias del municipio, y programas en nahuatl. Y en sus 5 años funcionando han enfrentado dos otros ocasiones de amenazas. “Esta radio es del pueblo, no vamos a tener miedo, porque el pueblo nos defiende y está no sería la primera vez”, asegura Mari Torres, locutora y defensora de la tierra originaria de Zacatepec.
Esta radio tiene más de 5 años funcionando y desde 2016 con concesión de uso social, fue de las primeras 10 radios del país en tenerla después de la reforma en Telecomunicaciones. Pero en su historia, Radio Zacatepec ha sido amenazada y desmontada dos veces antes de que tuvieran la concesión y antes de que existiera el problema de deshechos tóxicos que amenazan el Río Metlapanapa.
Un hombre de aproximadamente 22 años descendió de una unidad de mototaxi y sacó un cuchillo con el cual atacó el viernes 13 de diciembre a Isabel Jiménez, activista y defensora comunitaria y medica tradicional de la ciudad de Juchitán, quién denunció que fue atacada violentamente y hurtada de su equipo de trabajo cuando se dirigía a visitar a una paciente. Por fortuna los gritos de Isabel alertaron a los vecinos, quienes pudieron evitar que el arma blanca se introdujera en su estomago porque durante cuatro ocasiones el hombre intentó clavárselo a la activista. El hombre le hizo unas cuantas cortadas con el cuchillo en su mano que le provocaron heridas no graves, sin embargo no pudo recuperar su equipo de trabajo que asciende a más de 4 mil pesos y consiste en aparatos para la toma de la presión arterial, diabetes , equipo de acupuntura y su celular. Isabel Jiménez desde hace más de 30 años se dedica a la medicina tradicional y acupuntura, además es activista comunitaria y su defensa se ha basado en la defensa de la tierra y el territorio y el rechazo a la instalación de megaproyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Isabel y su esposo Mariano López Gómez, también activista exigieron a la corporación policiaca de Juchitán sea más eficiente, porque cuando llamaron para solicitar una patrulla el uniformado a cargo respondió de forma arrogante. Cabe recordar que Isabel Jiménez denunció en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la impunidad que enfrentan las mujeres defensoras en el Istmo, esto en 2015.
El 23 de agosto de 2018 el defensor comunitario Sergio Rivera Hernández, opositor al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan en la Sierra Negra de Puebla, desapareció frente a testigos y con una denuncia previa de amenazas de muerte en su contra. Durante la etapa del juicio oral, iniciada hace dos semanas, han faltado traductores y el juez ha sido señalado por la defensa de Sergio como simpatizante de los acusados. La defensa de Sergio presentó formalmente la queja por la conducta del juez, a quien señalaron por estar abiertamente a favor de los tres detenidos, presuntamente responsables de la desaparición del activista (ellos fueron señalados por una denuncia previa de amenazas interpuesta por Sergio antes de desaparecer). Al juez se le pidió abandonar el caso; así, el lunes 2 de diciembre que se reinició la audiencia, la defensa lanzó un pronunciamiento que hizo que esta se suspendiera. El juicio se detuvo hasta nuevo aviso, con la posibilidad de que el juicio se reponga por completo, o que se reanude con otro juez, pero esa decisión depende del Poder Judicial. La defensa de Sergio tiene también 12 testigos de la desaparición del activista, de los cuales no se han podido obtener declaraciones de manera óptima por las fallas con los traductores oficiales. Además, no existen medidas cautelares para los testigos. “Todos los que hemos participado en esta defensa, incluyendo a compañeros de otras organizaciones, hemos sido amenazados”, alerta Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) . Lo que los compañeros de Sergio piden, además de su aparición con vida, es que haya justicia.
Representantes de los pueblos ikoots (huaves) de San Dionisio y San Mateo del Mar y binnizá (zapotecas) de Alvaro Obregón denunciaron que el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) sin consultarlos quiere construir una carretera en la Barra Santa Teresa, supuestamente para brindar acceso terrestre a la comunidad de Santa María del Mar, que desde hace 10 años solo tiene acceso vía marítima, sin embargo aseguran es para beneficiar la entrada de megaproyectos eólicos a esta zona de Oaxaca. En conferencia de prensa, los representantes de los pueblos recordaron que viven en resistencia desde el 2012 cuando la empresa “Mareña Renovables” pretendió construir un parque eólico llamado “Santa Teresa” y que afortunadamente lograron detenerlo. Señalaron que en una asamblea de pueblos celebrada el pasado 17 de noviembre acordaron su rechazo total a esta obra vial que les pretenden imponer. Pedro López, de la asamblea de Alvaro Obregón dijo que lamentan la situación que viven los pobladores de Santa María del Mar respecto a que por conflicto de tierras con San Mateo del Mar no tienen camino terrestre, pero dijo que es necesario buscar otra solución a través del diálogo. “La tendencia del sistema es borrarnos del mapa, sabemos que algo quieren hacer, lo único que decimos es que vamos a defender esta zona porque no podemos dañar el medio ambiente”.
El día 14 de Noviembre, autoridades y pobladores de la comunidad de Juba Wajiín, en la montaña de Guerrero, anunciaron su tercera victoria sobre las concesiones mineras en su territorio, concluyendo un proceso jurídico de nueve años. Juba Wajiín deja un precedente importante para otras comunidades que resisten el model extractivo a lo largo del país. En el 2010, la población de San Miguel del Progreso se percató de la presencia de helicópteros sobrevolando su comunidad y con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan se supo que 80% de su territorio estaba concesionado a la empresa peruana de capital inglés Hochschild. En asamblea, la población decidió emprender el camino de la lucha jurídica para defender a su territorio. Se ganó en el 2014 un primer amparo que canceló las concesiones mineras. Sin embargo, el juez no entró al fondo del análisis de la inconstitucionalidad de la Ley Minera, que establece la actividad minera como preferente sobre cualquier otra. Por ello, se llevó el caso a la Suprema Corte. Aunque las empresas decidieron renunciar a sus concesiones, a la vez la se emitió una declaratoria de libertad de terreno que abrió de nuevo las puertas a la entrada de cualquier otra empresa extractiva. En 2017 la comunidad de San Miguel volvió a ganar un amparo por la violación de su derecho a la consulta. La SE impugnó la sentencia, pero, el 17 de octubre de 2019, el poder judicial la confirmó, dejándola firme. Frente a esta victoria, comuneros y expertos señalaron que, aunque el actual gobierno ha señalado que no se otorgarán más concesiones a empresas mineras para “saquear” territorios indígenas, es necesario garantizar esa voluntad con modificaciones a la ley minera y revisar los permisos que se dieron en administraciones pasadas.
En conferencia de prensa el representante de Fundar, Edmundo del Pozo, destacó que se requiere modificar la ley minera otorga carácter preferente a la actividad minera, por lo que es necesario hacer cambios “más allá de una declaración política”. Dicen que es necesario para garantizar la promesa de AMLO para no otorgar más concesiones a empresas mineras. También quieren revisar los permisos que se dieron en administraciones pasadas.
Con el Tratado de Libre Comercio, así como con la implementación de la ley minera en los años 90, hubo apertura y se entregó el territorio a las empresas, por lo que actualmente existen más de 25 mil permisos, es decir un tercio del país está concesionado a la minería. De acuerdo con datos recabados en Fundar, en 2012 se habrían registrado 801 proyectos mineros, mientras en 2018 la cifra fue de mil 531.
“El nuevo gobierno ha dicho que no va a dar más concesiones, pero todo lo que ya se tocó en violación de los derechos de los pueblos indígenas ¿qué pasa con relación a eso?”, cuestionó Del Pozo Martínez.
Además, desde que los comuneros de San Miguel iniciaron su lucha no se centró en el derecho a una consulta, “lo centró en la defensa de su territorio y en la revisión de la inconstitucionalidad de la ley minera”, detalló.
Ciudad de México. San Mateo del Mar, un pueblo indígena ikoots, está situado en una península en el Golfo de Tehuantepec. Sus habitantes, las y los últimos en preservar los usos y costumbres y los rituales del pueblo ikoots, de solamente unos 14 mil hablantes que quedan en México, han tenido que enfrentar muchos desafíos. Este pueblo pescador no solamente fue afectado severamente por el terremoto del 7 de septiembre del 2017, también se manifestó en contra de un convenio con una empresa eólica, lo que agudizó el conflicto con un pueblo vecino, Santa María del Mar, localizado en la punta de la península y que ha votado a favor de un parque eólico. Dos defensoras de la tierra y el territorio, Laura Fiallo y Beatriz Gutierrez Ruiz, pertenecientes a la Asociación “Monopaküy” narraron en una entrevista colectiva a Cimacnoticias y otros periodistas su situación.
San Mateo del Mar tiene una posición geográfica muy especial. ¿Cuál es?
Laura Fiallo (LF): Estamos ubicados en el litoral del Golfo de Tehuantepec, en una península. Tenemos mar interior, estamos rodeados de mar por todos lados. Tenemos un solo acceso, y somos uno de los cinco pueblos que estamos ubicados en el Istmo de Tehuantepec. Somos un pueblo de pescadores, somos ikoots, hablamos ombeayiuts (lengua de las y los ikoots).
¿Cuántos hablantes hay de ombeayiuts hay?
LF: Bueno, según Inegi, sus datos de 2010, están hablando de 14 mil 252 habitantes. Hasta 2010, son cifras que obviamente ya se movieron.
“Nuestra lengua está en peligro de extinción”
BEATRIZ
¿Sólo estas cinco comunidades ikoots existen en el mundo?
LF: No, los que formamos parte del pueblo ikoots somos San Francisco del Mar, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, y Santa María del Mar, aunque ellos se autoidentifican como pueblo zapoteco, de hecho por eso ellos pidieron adscribirse al municipio de Juchitán, que es un municipio zapoteco. Pero originalmente son personas de aquí de la comunidad que se fueron mezclando con gente zapoteca.
Pero eso sí, de los que formamos parte del pueblo Ikoots, San Mateo del Mar es el único que aún conserva sus instituciones comunitarias, que aún se rige por Asamblea, que aún tiene sus fiestas, danzas, tradiciones, gastronomía, vestimenta… somos los únicos que estamos conservando aún. Y la lengua, claro.
Beatriz Gutierrez Ruiz (BGR): Quisiera agregar esto de que sí nos regimos por asamblea comunitaria porque nosotros tenemos una forma de elección tradicional ancestral que es un sistema de rotación. Al igual que nuestra lengua ombeayiuts, es única en el mundo. Como lengua, está en peligro de extinción. Y en el municipio donde más se conserva la lengua, es aquí en San Mateo del Mar. Hay niños desde chiquitos, su primera lengua es el ombeyets. También hay niños que desde chicos, su primera lengua es el español, pero en menor grado.
Y en el caso de nuestra forma de elección tradicional, tenemos documentos de 1890, que nuestra forma de elección tradicional de autoridades, es de manera rotativa. Estamos nosotros divididos por secciones. Entonces, si a una sección le toca en un año la presidencia, al próximo año le toca a otra sección. Y se van rotando los cargos. No es como en otras comunidades que se rigen, solamente una asamblea, y de la asamblea sale el que va a ocupar el cargo. Y si se pierde esta forma de elección que tenemos, es un etnocidio. Etnocidio porque está atentando en contra de nuestra autonomía nuestro derecho a la libre determinación. En ese sentido nosotras defendemos también no nada más nosotras, sino la comunidad como asamblea.
Porque un presidente municipal va más allá de cuestiones administrativas, porque la autoridad, aquí el presidente municipal, se le entrega un bastón de mando que tiene que ver con toda la vida ritual de la comunidad. Y esta forma de vida ritual que tenemos nosotros es lo que va determinar si vamos a tener camarones, si vamos a tener pescados para nuestra propia vida. Si una autoridad comunitaria electa en la forma en la que ahorita se está haciendo, o como hace dos años, en el 2017, se eligió una autoridad que despachó desde Huazantlán del Río, y que no cumplió con los rituales de nuestra comunidad. El bastón de mando se entrega en un ritual especial que dura de la una de la mañana o las dos de la mañana, hasta las seis de la mañana. Y que llega la comunidad a tomar una bebida tradicional como símbolo de que la autoridad ya está sentada, ya recibió el bastón de mando. Entonces, no es nada más ser una autoridad administrativa, que solamente se va encargar de los recursos tal como pasó en esos dos años. Lo que estamos defendiendo, va más allá del manejo de recursos económicos.
Al poner los aerogeneradores a la orilla de la laguna, con la experiencia que tienen las otras comunidades, que les ponen malla y que no pueden entrar a sus terrenos, estamos pensando que a nosotros también nos van a poner malla, y que no vamos a poder entrar. Y al poner una base de concreto, de cemento, de 20 por 20, va evitar la filtración de las aguas de lluvia hacia la laguna, y prácticamente nos condenan a un exterminio como comunidad.
Quisiera saber si una parte del conflicto por el paso y después el tema agrario, y ahora administrativo que les quieren imponer una elección por partidos políticos, ¿ustedes lo enlazan, lo ven como algo que no está aislado, que son una misma estrategia para dividirlos, para despojarlos? ¿Esta lectura mía es correcta?
LF: Considero que el conflicto agrario tiene mucho que ver con el tema de los aerogeneradores. Porque nos quieren forzar a celebrar un convenio con empresas para instalar a qui los aerogeneradores y para que nosotros como pueblo podemos aceptar eso. Por supuesto que las empresas y el gobierno están ayudando para que Santa María del Mar pueda llevar a cabo eso, y también forzándonos como pueblo, a aceptar ese convenio. Por otro lado, el tema administrativo del que habla Betty, claro que es una invasión. Claro que están sobre nosotros, a lo mejor no directamente de las empresas eólicas, pero sí están viendo a San Mateo del Mar como si nosotros… están acabando con nuestra identidad, con nuestros recursos.
Las organizaciones Fundar, Poder, Oxfam México y CartoCrítica alertaron sobre la centralización de la asignación de recursos, la falta de transparencia y nula participación de comunidades y autoridades locales a partir de las modificaciones aprobadas al Fondo Minero. Con las modificaciones al fondo y la nueva Ley de Derechos se asignan los ingresos un 85% a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para financiar infraestructura educativa principalmente, 5% a la Secretaría de Economía para acciones de fortalecimiento del sector minero, y 10% al Gobierno Federal para programas de infraestructura. Para las organizaciones, el nuevo modelo desdibuja la figura del Fondo Minero y desaparece el objetivo original de elevar la calidad de vida de los habitantes de las zonas mineras, pues centraliza la asignación de fondos a presupuestos del gobierno, no se crean espacios para transparentar la información ni procurar la participación de las comunidades a las que destinan proyectos. “En el nuevo esquema no habría cómo mitigar ni resarcir los daños a las comunidades en donde tuvo lugar la actividad extractiva, pero además la propuesta favorece la centralización y discrecionalidad”, además, califican de inaceptable que las decisiones sobre los proyectos financiados del fondo surjan directa y exclusivamente de la SEP. Las organizaciones exhortaron al Ejecutivo y al Congreso a reconsiderar mecanismos que garanticen los derechos y necesidades de comunidades y a transparentar los recursos y proyectos financiados por el fondo hasta ahora, así como incorporar mecanismos para asegurar la participación ciudadana y de las comunidades afectadas por la minería.
Un estudio reveló que agricultores hidalguenses cosechan maíz contaminado con metales tóxicos como cadmio y plomo, por encima de los límites permitidos por las normas nacionales e internacionales.El estudio publicado en Environmental Gepchemistry and Health menciona que Hidalgo, junto con otros estados de México, fue un lugar minero durante varios siglos por lo que los desechos y productos químicos se encuentran aún en su suelo, agua y tierra. Algunos análisis han sugerido que el maíz, el alimento básico de los mexicanos, puede asimilar metales tóxicos presentes en el suelo donde se cultivan e incorporarlos a distintas partes de la planta. Pero esa cantidad varía según el suelo, clima del lugar y el tipo de contaminante, dice María Aurora Armienta, geoquímica ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad de México. Para saber si esa contaminación afectaba al maíz mexicano, Armienta y sus colegas decidieron enfocarse en Zimapán, una de las zonas mineras más antiguas de Hidalgo que ha sostenido una explotación durante casi 400 años. El equipo obtuvo y analizó muestras del suelo de parcelas de maíz ubicadas a 20 y 30 metros de un depósito de desechos mineros, llamado relave. También recolectaron suelo de otro campo más lejano y menos contaminado. Todas las muestras contenían rastros de arsénico, plomo, cadmio, hierro y zinc, con concentraciones más altas en los sitios más cercanos al relave. Cabe recordar que en 2012 en otro estudio, la misma investigadora junto con Esther Aurora Ruíz Huerta, también de la UNAM, comprobaron la acumulación de arsénico y metales pesados en el maíz en el municipio minero de Taxco, Guerrero.
“No entendemos por qué en su discurso el Presidente dice que está con los pobres y los indígenas , pero en su administración regatea los derechos de los pueblos y favoreces a las empresas “ , argumentaron.
Autoridades municipales agrarias de distintos municipios y comunidades de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca se pronunciaron ante el proyecto de presa hidroeléctrica promovido por el gobierno de Andrés López Obrador
Miguel Quiroz cruz edil de Santiago Ixtayutla ; Regino Ruiz Cortés, agente de San Lucas Atoyaquillo, Jaime Jimenez agente de Paso de la Reyna , Jamiltepec , entre otros, informaron en Julio de este año recibieron el oficio número SGPA/DGIRA/DG/04734 fechado el 20 de Junio en la Ciudad de México , de la Subsecretaria de Gestión para la protección Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y recursos naturales (Semarnat)
De acuerdo con su explicación , en ese documento les fue comunicado que la empresa Generación Enersi S.A de C.V presento para análisis y evaluación el proyecto denominado “Proyecto Hidroelectrico para la generación de Energía Renovable PH Río Verde.
Este proyecto advirtieron afectara a los municipios de Santa Cruz Zenzontepec , Santiago Ixtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec , Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional.
El pasado cinco y seis de octubre, se llevaron a cabo reuniones de seguimiento de la llamada Consulta Indígena, que pretende legitimar, vía autoridades comunitarias, la imposición de los megaproyectos incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, informa la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM) en un pronunciamiento. Se reporta que en las reuniones que tuvieron lugar en Jaltepec de Candayoc y Salina Cruz, se enfatizó que el proyecto de desarrollo del Istmo ya está ejecutándose y no hubo espacio para debatir. “Constatamos de la falta de seriedad por parte de personal de las diferentes secretarías de gobierno, ya que cada sesión envía a personal diferente para coberturar las reuniones, que la mayoría de las veces, desconocen los compromisos entablados con las comunidades en reuniones pasadas (…) la prioridad del gobierno federal no está en resolver las necesidades básicas de las comunidades, ya que éstas no han sido atendidas, a pesar de la petición expresa de las comunidades respecto a salud, educación, reconstrucción, empleo, los funcionarios sólo informan que no fue posible resolver la solicitud, no retoman las propuestas, ni tampoco dan opciones a las personas”. En fin, las propuestas de desarrollo del gobierno federal no responden a las necesidades de las comunidades, “no hay impulso a su pequeña industria, porque ésta no genera explotación y ganancia, no hay propuestas sustentables, no hay perspectiva de género ni ruptura con los antiguos sistemas de explotación que vulneran a las comunidades originarias”.
Decenas de ciudadanas y organizaciones civiles, entre ellas EDUCA, denunciamos la deplorable alianza que se ha formado entre la décima edición del Oaxaca FilmFest (del 4 a 10 de octubre) y la Compañía Minera Cuzcatlán. Mientras ignoramos los alcances, profundidad, términos y condiciones de dicha alianza, decidimos no ignorar el hecho de que la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines Inc., es responsable de múltiples violaciones a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, así como de violaciones a tratados internacionales de derechos humanos, ya que se impuso de manera violenta e irresponsable con el Proyecto Minero “San José” en los Valles Centrales. De ahí que se desatara una serie de conflictos que llegaron al extremo de cobrar la vida de opositores a la mina y defensores de la tierra y el territorio, como fue el caso (en 2012) de los asesinatos de Bernardo Vázquez Sánchez y Bernardo Méndez Vázquez, miembros de La Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán (CPUVO). Por si fuera poco, la comunidad de Magdalena Ocotlán ha señalado la responsabilidad de Fortuna Silver Mines en la contaminación del río Coyote con residuos y desechos tóxicos, ocurrido hace un año. Es por todo lo anterior que condenamos la engañosa maniobra de Minera Cuzcatlán que pretende lavarse las manos, pues al financiar iniciativas como Oaxaca FilmFest no sólo intenta ocultar los efectos destructivos de su lucro (y tal vez deducir impuestos de paso), sino que pretende justificarse (y tal vez burlarse) sobre la ridícula cantidad de dinero que seguramente le dan a sus “aliados”, como las migajas que dejan en el pueblo de San José del Progreso, y en general en la República Mexicana, a cambio de envenenar tierras, ríos y vientos.
“Los megaproyectos en el gobierno de la 4T (Cuarta Transformación) representan una grave amenaza para el ejercicio y respeto pleno de los derechos de los pueblos indígenas en el estado de Oaxaca“, afirmaron organizaciones y comunidades de pueblos originarios en defensa de sus territorios.
Más de 25 colectivos, redes y frentes contra megaproyectos convocaron a participar en la jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de sus Territorios al que autonombraron “Samir Flores Vive” para exigir el respeto pleno del derecho a su libre determinación ante los megaproyectos que violentan gravemente los derechos de los Pueblos Indígenas.
Y es que “los grupos de poder económico han iniciado una cuarta embestida contra la vida y territorios de nuestros Pueblos en México (y) tienen como su aliado al gobierno que sirve a sus intereses”.
“Ante esta realidad, nuestros Pueblos tienen la claridad de que esta nueva forma que ellos llaman ‘desarrollo’ ha representado la muerte de nuestra cultura, la implantación del capital sobre nuestros derechos y la destrucción de nuestro tejido social de nuestras comunidades”, puntualizaron.
En el marco del Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular y la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y de Nuestros Territorios a conmemorarse el próximo 12 de octubre, pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos de Oaxaca convocaron a la Jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de Nuestros Territorios ¡Samir Flores Vive! para denunciar las violaciones a los Derechos Humanos y Derechos Indígenas y reivindicar su derecho de libre determinación como pueblos y comunidades indígenas.
Oaxaca y Chiapas son los dos estados más mortíferos para ambientalistas y defensores de los derechos humanos. En lo que va del año, al menos 12 activistas fueron asesinados, según datos recogidos por Amnistía Internacional (AI). Cinco de estas víctimas fueron atacadas en Oaxaca y otras cuatro en Chiapas. La organización de defensa de los derechos humanos inició recientemente la campaña “No Más Asesinatos: Alza la Voz por las y los Ambientalistas en México” para denunciar estos ataques. Según los informes publicados por Global Witness, la cantidad de personas asesinadas cada año por su activismo ambiental está en aumento. En 2017, Global Witness registró un incremento de 3 a 15 muertes con respecto al año anterior en el país. En 2018, la misma organización señaló que 14 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas ese año en México, manteniéndose cifras similares a las del 2017. En lo que va de 2019, Amnistía Internacional ha registrado el asesinato de 12 personas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente. “El Estado mexicano, debe reconocer públicamente la situación de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente y el gobierno actual debe tomar acción contundente para garantizar que ellas puedan trabajar de manera segura”, reitera Amnistía.
Padres de familia de la escuela primaria Adolfo López Mateos de la comunidad El Cuajilote protestaron en la entrada de la minera Cuzcatlán, en San José del Progreso. Protestaron el incumplimiento a promesas hechas por la empresa minería y por eso cerraron los accesos a la mina. La protesta impidió la entrada y salida de trabajadores, maquinaria, y vehículos a la mina.
Consideraron que fueron engañados porque, a cambio de permitir que la empresa minera se estableciera en la zona, acordaron que les construirían caminos, obras y la escuela, mismas que a la fecha no han cumplido. Los padres quieren comunicar con los directivos de la empresa para llegar a algunos acuerdos y obtener los beneficios sociales que se les prometieron.
La minera Cuzcatlán asegura que en San José del Progreso han hecho inversiones por 177.2 millones de pesos en programas sociales y pecuarios.
La Unión de Comunidades Forestales Zapotecas y Chinantecas (UZACHI) exigió a los gobiernos a asumir compromisos con las empresas forestales comunitarias del país porque “la política pública prioriza otro tipo de actividades económicas que han ocasionado severas afectaciones ambientales y sociales en los territorios forestales como la minería y la agroindustria”. Están preocupados por las concesiones del agua y los depósitos minerales que el Estado ha estado entregando exponencialmente en los últimos 25 años porque eso lleva a despojo.
Las empresas forestales comunitarias invierten más del 60% de sus ganancias en la restauración del bosque y en obras sociales como escuelas, centros de salud, caminos y más. Sin embargo, deben cumplir con la misma carga fiscal que una empresa privada. Estos cargas fiscales además de tramitología oneroso resulta en la desarticulación de los emprendimientos comunitarios que resulta muchas veces en la privatización de los terrenos.
La UZACHI formó en 1989 con el objetivo de cuidar y mantener los bosques y proveer la comercialización pero del punto de vista de sostenibilidad de y por los comunidades. Pidieron a los gobiernos y legisladores a apoyar políticas que apoyan las comunidades forestales en vez de crear mas desafios.
La UZACHI explica que “en el país existen alrededor de mil empresas forestales comunitarias, que son un referente a nivel internacional de la conservación activa de los recursos forestales. Sin embargo, en el país, los gobiernos, las empresas…han optado por otro tipo de políticas conservacionistas…que no han tenido buenos resultados, pues no han logrado frenar la deforestación en el país ni la ilegalidad en el comercio de productos forestales ni han permitido el desarrollo de emprendimientos productivos que les generen ingresos a las comunidades forestales”.
La explotación de los recursos hídricos en el estado de Jalisco por parte de un puñado de empresas tienen en pie de lucha a los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que, por lo pronto, decidieron unir fuerzas y crear el frente “Revolución del Agua” a través del cual pretenden defender su fuentes de abastecimiento de agua natural. Y es que, con la anuencia de los gobiernos en turno, seis empresas de la región del Bajío buscan apropiarse de dos de los caudales más valiosos para el país, los ríos Lerma y Verde. Las aguas del río Verde son las más cotizadas de la región, esto debido a que no se encuentran tan contaminadas como las del Lerma-Santiago o el río Turbio. Sobre su cause intentan imponer la presa el Zapotillo. Cansados de las promesas oficiales de los gobernantes, los habitantes de las comunidades afectadas decidieron unir fuerzas y crear un frente de lucha por la defensa del agua y de sus tierras con la constitución de la agrupación Revolución del Agua. Leer el reportaje de Project PODER
Hidalgo alertaron sobre la instalación de una nueva línea de transmisión eléctrica, que abarcará de Unión Hidalgo a Ciudad Ixtepec y que es promovida por el Banco Invex y Siemens Gamesa. El proyecto partirá de la Subestación SET y concluye en la subestación Ixtepec Potencia, atravesando los municipios de Unión Hidalgo, Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec y Ciudad Ixtepec, además tendrá una tensión nominal de 400 kilovolts y se instalaran 80 torres de acero, de tipo suspensión, deflexión y remate, según el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Semarnat. Edgar Martín Regalado, defensor comunitario explicó que se enteraron del proyecto a través de una búsqueda en la pagina electrónica de la Semarnat y asimismo a través de una publicación de inserción pagada por Siemens Gamesa y Banco Invex en un diario de circulación estatal, por lo que recurrieron a la solicitud de la reunión informativa se la Semarnat el próximo jueves 12 de septiembre con carácter de urgente. Cabe recordar que las empresas Eólica de Francia (EDF) y Siemens planean construir tres parques eólicos más en Unión Hidalgo.
En una decisión unánime, los ejidatarios de Ojo de la Casa, en Samalayuca decidieron ir contra el decreto que desde el 2009 los incluyó dentro del área natural protegida, hace un año le ganaron al Gobierno Federal y concesionaron una parte de sus tierras a una empresa canadiense para la explotación de yacimientos de cobre a cielo abierto que se ubican en esa zona del municipio de Juárez.
Los ejidatarios hicieron un contrato de ocupación temporal de los predios con VVC Exploration Corporation, empresa que el pasado 7 de agosto anunció que su junta directiva aprobó la operación de una mina piloto en Samalayuca, la cual se espera pueda estar en operación en seis o nueve meses.
Para Santiago González Reyes, abogado derechohumanista que alista un amparo para frenar el proyecto, “cambiar de área natural protegida por una mina es una aberración”. Las excavaciones estarán 50 kilómetros de la mancha urbana de Ciudad Juárez, que para Reyes se pone en riesgo la única reserva de agua de Ciudad Juárez. Reyes es parte del Frente de Ciudadanos contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca.
“Es un proyecto altamente contaminante que traerá consecuencias en nuestro medio ambiente”, advierte a su vez Lydia Graco, vocera del Frente Ciudadano Contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca e integrante del movimiento Para Que No Mine la Mina.
A la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo lo conocen como: “tierra de las mujeres bonitas”, pero estas mujeres prefieren que ahora las conozcan como “mujeres defensoras de la vida y el territorio” porque su mayor anhelo es recuperar los ríos limpios, los terrenos cultivados de maíz y las flores endémicas curativas que disfrutaban antes de la llegada de las empresas eólicas europeas. Ahora han dejado de hacer sus quehaceres por ir a informar a su gente sobre el nuevo proyecto eólico “Parque eólico Gunaa Sicarú” que impulsa la trasnacional Eólica de Oaxaca, filial Electricité de France (EDF), el cual contaría con 96 aerogeneradores con una producción anual estimada de 825.7 gigawatts hora por un tiempo de 30 años. No es la primera vez que en Unión Hidalgo las mujeres se organizan, sin embargo sí es la primera que se unen usando “la palabra” para defender la vida y el territorio, en este poco tiempo de estar juntas han sabido caminar, organizar y compartir lo que saben; algunos las llaman las rebeldes y otros “opositoras al desarrollo”, también les han dicho que de nada servirá lo que hacen, que no gasten su tiempo en distracciones. Sin embargo siguen y en sus visitas domiciliarias han conseguido aliadas, que motivan su lucha y refuerzan su colectivo al que llaman “Mujeres gubiñas en defensa de la vida”. Andrea Manzo Matus, estudiante de Antropología Social, dice: “hace doce años llegó a Unión Hidalgo una empresa eólica, que es Demex, en ese entonces nadie nos consultó nada, ni nos preguntaron si queríamos que esas gigantescas torres eólicas invadieran los cultivos, a veces aunque no nos guste, los dueños de las tierras son los que decidieron, pero en esta ocasión no queremos que se repita lo mismo”.
“Poca gente sabe que los parques eólicos nuevos que se instalaran en la zona van a dotar de energía eléctrica a las empresas extranjeras que se ubicaran en el corredor transismico que el gobierno federal y de Oaxaca intentan ubicar para “crear economía” en esta zona, expuso Rubén Valencia, defensor de la vida e integrante del Comité Ixtepecano Vida y Territorio.
Las autoridades de San Pedro y San Pablo Ayutla desmienten la existencia de una “mesa permanente” y señalan que es una estrategia del gobierno estatal “para evitar que se cumpla el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador” de enviar a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero a atender la problemática, el despojo de agua y terrenos por parte de su comunidad vecina, Tamazulápam del Espíritu Santo. En el comunicado hacen un recuento de las negociaciones durante más de dos años y dan a conocer que hubo tres acuerdo firmados entre las comunidades en conflicto y el gobierno estatal, sin embargo los acuerdos fueron incumplidas “y los grupos violentos de dicha comunidad junto a sus autoridades impidieron su ejecución”. Por lo tanto, las autoridades de Ayutla reiteran que rechazan “toda narrativa del gobierno estatal en el que se pretende lavarle las manos al gobernador sobre su irresponsabilidad en la problemática y sus abiertas mentiras. Nos hemos dado cuenta que el gobierno del estado protege al que usa la violencia, al que destruye nuestros tanques, al que asesina, secuestra y viola, eso parece no ofenderle al gobernador, le ofende más nuestra denuncia social”, y por eso exigen la intervención de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero.
Los Pueblos Chatino y Mixteco nos pronunciamos ante la nueva amenaza de la construcción de un nuevo Proyecto Hidroeléctrico en el Río Verde, promovido por la empresa GENERACIÓN ENERSI S.A. de CV.
En el mes de julio recibimos el oficio No. SGPA/DGIRA/DG/04734, fechado el 20 de junio en la Ciudad de México, de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT donde nos comunican que la empresa arriba mencionada presentó para análisis y evaluación el proyecto denominado “Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable PH Río Verde”. Este proyecto afectará a los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional. Se proyecta la construcción, operación y mantenimiento de una central hidroeléctrica para la generación de 30 MW de energía para lo cual se pretende utilizar el caudal del Río Verde
A lo largo de nuestra vida como Pueblos hemos convivido, cuidado y defendido el Río Verde porque es la madre de nuestras aguas y representa la fuente de vida en la Cuenca y los territorios mixtecos, chatinos y afromexicanos. Por lo cual por este medio notificamos a la SEMARNAT y a la empresa GENERACIÓN ENERSI S.A. de CV. que no estamos de acuerdo con dicho proyecto y no permitiremos estudios ni su construcción por las graves afectaciones que esto traería a nuestra vida y a la madre naturaleza.
Los pueblos y nuestras autoridades en base a nuestros sistemas normativos internos y con derechos que nos conceden los tratados internacionales y nuestra constitución hemos emprendido los medios de defensa por vías pacíficas, administrativas y legales para que se respeten nuestros modos de vida y nuestro territorio.
Nos sorprende que el actual gobierno federal insista en este tipo de proyectos, por más de diez años hemos argumentado nuestra oposición al Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina que fue promovido por la entonces paraestatal Comisión Federal de Electricidad. Ahora ante la privatización del sector energético las empresas privadas tienen su mira sobre nuestros bienes.
El Río Verde se encuentra actualmente protegido por el amparo (701/2018) interpuesto en julio de 2018 por el ejido de Paso de la Reyna. Este recurso contra la declaración de zonas de reserva – decretos publicados al final del gobierno de Enrique Peña Nieto – fue otorgado por un juez federal y no se podrá construir ningún proyecto de infraestructura. Sin embargo, a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la SEMARNAT y CONAGUA interpusieron un recurso de revisión, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE UN JUEZ FEDERAL. No entendemos porque la SEMARNAT pretende negar un derecho demostrado y ganado en tribunales. No entendemos porque Andrés Manuel López Obrador en su discurso dice que esta con los pobres y los indígenas, pero en su ADMINISTRACIÓN regatea los derechos de los pueblos y favorece a las empresas.
Estamos en alerta y organizando a pueblos y municipios de la región de la Costa y Sierra Sur, no permitiremos más saqueo.
¡¡Pueblos Vivos, Ríos Libres!!
¡¡Ríos para la Vida no para la Muerte!!
ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO IXTAYUTLA
COMISARIADO EJIDAL DE SAN LUCAS ATOYAQUILLO, IXTAYUTLA, JAMILTEPEC
AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE CORRAL DE PIEDRAS, IXTAYUTLA.
NUCLEO RURAL DE LAS TROJES, IXTAYUTLA
AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS ATOYAQUILLO, JAMILTEPEC
COMISARIADO EJIDAL DE PASO DE LA REYNA, JAMILTEPEC
CONSEJO DE VIGILANCIA DEL EJIDO DE PASO DE LA REYNA JAMILTEPEC
AGENCIA MUNICIPAL PASO DE LA REYNA, JAMILTEPEC
CONSEJO DE PUEBLOS UNIDOS EN DEFENSA DEL RIO VERDE
La minera Cuzcatlán de San José del Progreso, Oaxaca, es la sexta mina del país de donde mayor cantidad de plata se extrajo en 2017, màs de 8 millones onzas de plata en 2018; adicionalmente se extraen cada año más de 50 mil onzas de oro. Sin embargo, lo que se encuentra alrededor, el pueblo de San José del Progreso está marcado por la marginación, el conflicto social y las enfermedades de sus pobladores. En San José del Progreso, 97.2% de los habitantes carecen de servicios básicos (agua potable, drenaje) en su vivienda y el 96.2% no tiene acceso a seguridad social, de acuerda a los estudios de Coneval.
Aun con recursos etiquetados para 2019 por al menos 65 millones de pesos para obras en la comunidad y sus agencias, mil 591 viviendas carecen de agua potable y mil 261 de drenaje. Por si fuera poco, el insuficiente personal de la clínica a cargo de los Servicios de Salud de Oaxaca en la agencia de Maguey Largo sostiene que cada vez son más frecuentes los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en menores de edad, pues en una semana llegan un promedio de tres niños con esos padecimientos.
Por su parte, Cuzcatlan informò que a lo largo del presente año han invertido 243.8 millones pesos en San José del Progreso, y para 2019, 26 millones pesos en programas sociales y comunitarios. Pero, la gente siguen en pobreza. Aunque la mina genera mil trabajos directos, una mujer del pueblo compartió que, “mi hermano trabaja en la mina pero tampoco gana màs de mil 200 o mil 500 a la semana, es cierto que ya no tuvo que ir a otro estado a buscar empleo pero no es suficiente su ingreso para mantener una familia.”
El presidente de la Coordinacion Pueblo Unidos del Valle Ocotlán, Bernardo Vásquez, dijo que mucha gente no quiere la ampliación de la mina. Ya hicieron mucho daño al ecosistema, nuestros pozos han bajado su nivel hasta un 60 o 70 %. Pero nadie dice nada.”
Es “urgente e inaplazable” la reconexión del sistema de agua de Ayutla para garantizar los mínimos vitales de la población, concluye la Misión Civil de Observación que durante el 5-7 de agosto visitó la sierra Mixe para entrevistarse con las partes involucradas en el conflicto. En las reuniones realizadas con autoridades civiles y tradicionales de ambas comunidades, la misión pudo constatar que “hay un manejo parcial de la información por parte de la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal del Agua, con acuerdos verbales que no cuentan con un debido respaldo documental, así como la dilación en los procesos de negociación y atención del conflicto, lo que no abona a garantizar el derecho al agua”.
Los derechos a la educación, salud y una vida libre de violencia para las mujeres de Ayutla no se respete, concluyeron integrantes de la Misión Civil de Observación. Ante la falta de este vital líquido, la comunidad ha optado por recolectar el agua pluvial; estos métodos resultan insuficientes, por lo que las enfermedades han incrementado, en particular infecciones de vías urinarias, principalmente en niñas, niños, adolescentes y personas adultas.
Además, los delitos de asesinato, secuestro, intimidación, daños a propiedad, abigeato y despojo de tierras siguen impunes y en consecuencia las amenazas van en aumento. Entre las observaciones la Misión recalca que esta problemática “requiere de una atención integral, la cual necesariamente pasa por atender diligentemente el conflicto agrario derivado del despojo de tierras y de la falta de delimitación de los límites entre ambas comunidades”. La Misión, conformada por ocho organizaciones, entre ellas Educa, y respaldada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, posteriormente presentará un informe con mayores detalles.
En sesión pública de cabildo convocada por la autoridad municipal que encabeza Florencio de la Cruz Valdivieso y ante la presencia de ciudadanos/as se declaró al municipio de San Francisco Ixhuatán, ubicada en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, como “territorio libre de la minería.” Por varios años la gente han vivido en resistencia contra la minería, eólicas, y altas tarifas sin embargo es la primera vez que la autoridad municipal de Ixhuatán realiza esta declaratoria pública.
El 19 de diciembre de 2017, la Secretaría de Minería otorgó la concesión para exploración minera a RECUPERADORA AG, S.A. DE C.V. con el título: 246002 Nombre del Lote: AMPLIACIÓN CERRO GRANDE II F1. con una vigencia de 50 años que se asentará en una superficie de 29.5431 hectáreas de tierras, que abarca desde la zona poniente del municipio de Chahuites, otra parte de la localidad de Tapanatepec casi hasta llegar a Rincón Juárez, parte de Yerba Santa, Coyotera Carlos Ramos, todo Reforma de pineda, Parte de los terrenos de Zopilote y la parte norte de San Francisco Ixhuatán.
El alcalde recalcó que el territorio se defenderá donde existen afluentes naturales como “El Rio Ostuta” uno de los más grandes e importantes en Oaxaca. “Con esa sesión pública reafirmamos nuestro compromiso con la naturaleza y la vida, aquí somos gente trabajadora y de campo, amamos la siembra y los recursos naturales, no vamos a permitir que lleguen empresas mineras y acaben con nuestro territorio, estamos para defenderlo,” recalcó.
Además de esta comunidad, existen otros diez 10 títulos de concesiones en la zona Oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, cuya principal búsqueda es oro, plata y cobre están asentadas sobre el río Ostuta, río Zanatepec y río Novillero que alimentan la Laguna Superior, la Laguna Inferior y el Mar Muerto.
Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por una reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado se realizó la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería que tuvo como objetivo “celebrar la resistencia y autonomía de los pueblos y comunidades afectadas por proyectos mineros”.
Al evento asistieron autoridades agrarios y municipales de San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, El Vergel, los Ocotes, Santa Catarina Minas, Magdalena Ocotlán, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y Magdalena Teitipac.
Durante su participación, Salvador Martínez Arellanes, defensor comunitario de Santa Catarina Minas dijo que en el año de 1582 con la llegada de los españoles todo cambio en su comunidad, pues se llamaba Santa Catarina Martir Zoquiapa pero por la actividad minera se modificó al nombre actual “Santa Catarina Minas”, sin embargo resaltó que actualmente se vive una defensa por el territorio debido a que en esta comunidad se elabora el mezcal con 35 variedades con magueyes silvestres por lo que cuenta con la denominación de “mezcal ancestral”. El defensor comunitario resaltó que por fortuna el agua que tienen todavía es pura, pero no van a permitir que lleguen empresas mineras y exploren a cielo abierto su comunidad, porque acabaría con su actividad de vida que es la mezcalería.
Cabe mencionar que a tres kilómetros de distancia, en San José del Progreso, la empresa minera Cuzcatlán filial de la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines realizó una Guelaguetza para justificar que promueven las tradiciones. En la ciudad, Oaxaca de Juarez, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa presidiendo las fiestas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza oficial a la que destinó 21 millones 712 mil 620 pesos, sin embargo, se estima que entregó 42 millones de pesos a empresas “favorecidas en proceso de licitación irregulares”, según el periódico Centro. Con su propio Guelaguetza, lo que buscan las comunidades era recuperar la esencia de la Guelaguetza donde la cooperación, el amor al prójimo, y una actitud de compartir la naturaleza y la vida son el enfoque y que en celebrando así, refuerzan el tejido social de las comunidades indígenas que participaron.
Pueblos y organizaciones de Oaxaca y Veracruz, pertenecientes a la campaña El Istmo es Nuestro, rechazaron el proceso de consulta para la Reforma Constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas que lleva a cabo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Los pasados 13 y 14 de julio el INPI organizó las consultas indígenas en las comunidades oaxacaqueñas de Santo Domingo Yanhuitlán, Santiago Juxtlahuaca, Santiago Jamiltepec, Santa María Alotepec, Santiago Laollaga y San Bartolomé Zoogocho.
Pueblos Ikoots, Binnizá, Ayuuk, Chontal, Chinanteco, Zoque, Tzotzil, Texistepequeño, Sayulteco, Oluteco, Nuntaj yi y Nahua rechazaron la consulta porque no respeta su propio protocolo, “ya que está realizando la etapa deliberativa sin haber realizado la etapa informativa”, no respeta los ritmos ni las formas organizativas de los pueblos y porque “planteamientos importantes” de grupos organizados no son expresados en la plenaria, como ocurrió en Acayucan, Veracruz.
Entre las organizaciones y pueblos que expresaron su rechazo a la consulta y a los megaproyectos se encuentran la CODEDI, EDUCA, Asamblea Comunitaria de San Dionisio del Mar, Asamblea Comunitaria de San Mateo del Mar, Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta (Sur de Veracruz), Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), y el Bachillerato Comunitario José Martí de San Francisco Ixhuatán.
Defensores de la etnia ayuuk (mixe) interpusieron ante el juez séptimo federal con sede en el puerto de Salina Cruz un amparo contra autoridades federales que promueven el organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de junio. Los activistas aseguraron que el megaproyecto viola sus garantías individuales y diversas normas que salvaguardan los derechos de los pueblos indígenas, entre ellas la Constitución y diversos tratados internacionales. Los inconformes, pobladores de la zona norte del Istmo de Tehuantepec, acusan al gobierno estatal, así como al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes y de Economía de tratar de expedir el decreto en forma “irregular e inconstitucional”. Las autoridades señaladas “están actuando en contra de nuestros derechos como integrantes de pueblos indígenas”, afirma Juana Villegas, defensora comunitaria y una de las promotoras del juicio. Leer la nota completa de Diana Manzo:
Han pasado 112 días desde que un grupo de indígenas tzotziles, presos en cárceles chiapanecas, iniciaron una huelga de hambre para denunciar tortura, falta de traductor y otras violaciones a sus derechos humanos durante el proceso de detención y posterior confinamiento. A la fecha son cinco los que permanecen en lucha y han tomado una determinación: “libertad o muerte”. A más de 100 días en lucha los cuerpos de los compañeros se encuentran muy débiles. Tienen serios problemas de salud. Por ello han solicitado el apoyo de otros presos para que les ayuden a llevar agua a su campamento para lavar sus vasos y bañarse. Sin embargo, el director de la cárcel de San Cristóbal de Las Casas interceptó a los presos que proporcionaban esta ayuda para acusarles de “pasar alimento” a nuestros compañeros en lucha y les prohibió hacerlo más. El fin de semana pasado, Juan de la Cruz Ruiz, fue trasladado al Hospital de Las Culturas de manera urgente ya que presentaba fiebre, dolor abdominal y debilidad muscular. Ayer, también Germán López Montejo ingresó al hospital. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) documentó las graves condiciones de los 5 presos indígenas y denuncia la indiferencia del gobierno morenista de Rutilio Escandón:
La zona mixe es un espacio inmenso de valles seguido de montañas, una tras otra, con el sol apenas entrando en la llovizna. Sus pueblos son herederos de una tradición de guerreros y adivinos. Son de los pocos linajes del México antiguo que no fueron conquistados por las armas españolas. “Hoy los vuelve oscuros la pobreza, las leyes agrarias, la pugna por la tierra fértil, sus cerros escondidos donde se siembra amapola y grandes voladeros que han sido apropiados por los caciques y los narcos”, cuentan Antonio Mundaca y Karen Rojas Kauffmann de Página 3, en un nuevo reportaje sobre la lucha de San Pedro y San Pablo Ayutla por el agua. En entrevista, la escritora e investigadora Ayuuk Yásnaya Elena Aguilar Gil explica: “De unos años para acá algo cambió en la sierra, se ha perdido la paz, no sabemos de dónde el pueblo de Tamazulápam del Espíritu Santo ha sacado tantas armas pero después del ataque, la Base de Operaciones Mixtas de la Policía entró a nuestro pueblo como ladrones, sin avisarnos, a patrullar un terreno que no conocen…El gobierno siempre ha sido parcial, ha hecho tratos unilaterales con Tamazulápam. Desde el principio intentaron manejarlo como un enfrentamiento, pero nosotros íbamos caminando, desarmados y vino la lluvia de balas, nos quedamos en shock, los heridos, la revictimización, ¿dónde se ha visto que la ley o el gobierno proteja a los agresores y no a los agredidos? Eso está sucediendo aquí”. El reportaje analiza el conflicto en un contexto regional de creciente violencia debido a las plantaciones de amapola y marihuana y los esfuerzos concomitantes para dominar la tierra y el agua. Además destaca como el gobernador Alejandro Murat Hinojosa ha emprender una maquinaria de simulación y propaganda en vez de atendar al conflicto.
Pobladores de la comunidad zapoteca de Magdalena Ocotlán, ubicada al sur de la ciudad de Oaxaca, protestaron el 28 de junio de 2019 ante la visita exprés del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al estado, exigiendo la cancelación de concesiones mineras en el valle de Ocotlán. Autoridades municipales y agrarias hicieron una petición al presidente para que cancele las 46 concesiones en la zona, que abarcan una superficie de 77,533 hectáreas. Los reclamos fueron de pobladores ante el derrame del pasado 8 de octubre del 2018 y la nula respuesta de las instancias federales. Con consignas de ¡Fuera la minera! y ¡Minera asesina! el presidente recibió la petición y se comprometió con enviar a un grupo para realizar una visita y abrir una investigación de los hechos denunciados. La comunidad que se encuentra a sólo unos metros de las instalaciones de la mina de San José del Progreso, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ha sido la principal afectada por este proyecto minero. Cabe recordar que el 6 de mayo del año 2009, durante el operativo policíaco-militar para desalojar pobladores que tenían tomada la entrada de la mina vieja, donde actualmente se encuentra el complejo minero San José, la comunidad de Magdalena fue agredida y reprimida por las fuerzas policíacas llegando a cateos, detenciones arbitrarias y varias decenas de personas lesionadas hasta dejar la comunidad en estado de sitio por varios días. En esta década el hostigamiento no ha cesado, la empresa tiene interés de ampliar su proyecto que abarca casi la totalidad del territorio de Magdalena.
Activistas y comuneros ocuparon lugares estratégicos en el campo deportivo Adolfo López Mateos de este pueblo mágico para el arribo y despido de López Obrador, y lanzaron: “No a la mina, sí a la vida, no a la mina, sí a la vida”.
Antes de retirarse, el Ejecutivo recogió algunos folders con información del daño al medio ambiente que pueden causar la minería, junto con la fracturación hidráulica y los megaproyectos hidroeléctricos.
En entrevista, Guillermo Rodríguez Curiel, portavoz de LAVIDA, dijo que el mandatario ha asegurado que su gobierno está en contra de la minería tóxica y el fracking, y en ese sentido pidieron que esa voluntad “la exprese” gestionando el “retiro de las empresas” que continúan trabajando y tramitando permisos en Veracruz.
“Él dijo que está en contra de la minería tóxica, del fracking y de los transgénicos y que se comprometía con los mexicanos a defender la vida. Aquí en Veracruz quieren instalar minería tóxica y le decimos: no al proyecto y sí a la vida”.
Rodríguez Curiel recordó que el pasado 24 de abril la organización formalizó una solicitud en la que pidieron que dejen de entregarse concesiones mineras en Veracruz, se cancelen las que están vigentes y que la entidad se decrete como “libre de minería tóxica”.
De los bosques que originalmente poblaron la Tierra, 80% han sido desmontados, fragmentados o degradados. Hoy en día, los bosques tropicales siguen desapareciendo en todo el planeta a un ritmo acelerado: sólo en el año de 2017 su pérdida fue el equivalente a 40 campos de fútbol por minuto, explica Frances Seymour, del World Resources Institute (WRI). Brasil, la República Democrática del Congo, Indonesia, Madagascar y Malasia sufrieron las mayores pérdidas en ese año.
Un informe intitulado “Global Forest Watch” publicado por el WRI también revela que durante el año de 2018 se perdieron 12 millones de hectáreas de cobertura forestal a nivel global. De esas 12 millones de hectáreas, casi la tercera parte (3.6 millones) eran bosques primarios, y de estos, poco más de la mitad se perdieron en Latinoamérica.
En el continente, Brasil es el país que perdió más bosques con 1,347,132 hectáreas desaparecidas en el último año. Le sigue Colombia con 176, 977 hectáreas perdidas, Bolivia con 154,488 hectáreas y Perú con una extensión de 140,185 hectáreas.
Miguel Ángel Mijangos Leal, activista e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) manifestó que la minería debería ser prohibida en México porque ya no genera inversión, pero sí mucho daño a la salud y al medio ambiente.
En un encuentro que sostuvo en la región del Istmo de Tehuantepec, Mijangos Leal explicó que el gobierno de México no atiende los problemas de salud y medio ambiente que causan las mineras, por lo que debería entenderse que la minería “ya no es un motor de desarrollo”.
“No entendemos por qué el gobierno de López Obrador le apuesta a la minería, ya no se necesitan hacer más extracciones para crear condiciones como ellos le llaman, expertos dicen que se puede reutilizar los minerales, porque en cuestión de daños y afectaciones, el gobierno de México no atiende esos daños que han causado desplazamiento forzado y males al cuerpo”.
Según datos de la REMA, hasta 2018 están concesionadas a mineras 55, 370, 777.00 hectáreas que comprende el 28.25 por ciento de territorio mexicano, las cuales están distribuidas en 4 mil 102 concesiones solicitadas, 25 mil 515 concesiones vigentes y 7 mil 788 concesiones canceladas.
El activista relató que cuando una concesión se cancela para una minera después de un juicio promovido por pueblos no significa que ya no se usará el territorio, lo que sucede aclaró es que se le quita la concesión a la empresa y queda libre a concurso de ser usada por otra empresa.
El pasado fin de semana, 59 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Zapoteco, Mixteco, Chontal, Cuicateco, Ikoots y Mixe se reunieron en Santa Catarina Lachatao y Capulálpam de Méndez para “reflexionar e intercambiar las situaciones que amenazan a nuestra madre tierra, a través de diversos proyectos extractivos que violentan nuestra forma de vida comunitaria, nuestros cuerpos, nuestra relación: con la tierra, con nuestro maíz, con nuestra agua, con nuestra espiritualidad y con nuestros territorios sagrados.” En la declaratoria del Tercer Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decidimos Sí a la Vida No a la Minería”, comunidades y 34 organizaciones, la amenaza de extinción de las abejasentre ellas Educa, coincidimos que es necesario escuchar y atender el reclamo de la madre tierra, toda vez que es ella la que nos da vida. Además coincidimos en que a pesar de la «cuarta transformación» (4T), tenemos un Estado colonialista, con doble discurso respecto a los derechos de los pueblos indígenas, y que el actual gobierno ha dejado en el olvido los compromisos para la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas como prometió en campaña, así como el reconocimiento pleno en los ámbitos constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas. Afirmamos la comunalidad como fundamento de nuestra vida y negamos el desarrollo que nos niega a nosotros. Por lo tanto, exigimos la cancelación de las concesiones mineras otorgadas ilegalmente en nuestro territorio, además rechazamos categóricamente el proyecto del Canal Interoceánico Seco que pretende realizarse en el Istmo de Tehuantepec.
Con un desfile y a través de una sesión solemne de su cabildo, Magdalena Ocotlán, comunidad indígena zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca, se declara hoy -en el marco del 100 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata- territorio prohibido para la minería: “En correspondencia con nuestra historia, queda estrictamente prohibida cualquier actividad de prospección, exploración y explotación de minerales así como de cualquier proyecto nacional o transnacional que tenga por objeto modificar o extraer los bienes naturales de nuestro territorio”, afirman. Desde 2009, Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la imposición del proyecto minero San José (en el municipio vecino de San José del Progreso) y ha exigido a las autoridades estatales y federales la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en su territorio: “Durante 10 años, la comunidad ha sufrido diversos impactos por explotación minera, caracterizados por explosiones y vibraciones durante la noche, polvo excesivo, contaminación al agua, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones”, y además en octubre del año pasado se registraron dos derrames de la presa de jales secos, por lo que el pueblo continua comprando agua ya que las conclusiones de las autoridades sobre el derrame “no proporcionan ninguna certeza sobre la posible contaminación”
Más de 40 organizaciones de la sociedad civil y organismos sindicales emitieron un pronunciamiento en el que rechazan el proyecto de corredor transístmico y el gobierno del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, por “servir a intereses de empresarios”. Denunciaron que el nuevo gobierno ha dejado su discurso de “primero los pobres” y que están engañando los pueblos con este proyecto del desarrollo en el Istmo, en que dicen que es por el pueblo cuando en realidad está sirviendo a intereses económicos.
Los varios organizaciones están parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Durante los consultas, había gente que señalaron que estes proyectos del desarrollo y modernización no ayudarán sus comunidades. Específicamente, habían mujeres indígenas que urgen por escuelas, hospitales, apoyos para el trabajo, agua potable, y exigen que su palabra sea respetada. Que los pueblos necesitan estos más de otro megaproyecto, pero nadie han sido tomadas en cuenta.
Denunciaron el proyecto, que solo es una continuación de los proyectos impulsados por los gobiernos neoliberales de antes. Se preocupen que va a despojar de tierras y aguas, daños ambientales, mayor inseguridad y la violación para los derechos de los pueblos del Istmo. Mantuvieron “que la pobreza en su región no es producto de la marginación o de la falta de inversiones, sino que es resultado del saqueo promovido por los gobiernos en beneficio de empresas trasnacionales. “ Un ejemplo es el megaproyecto eólico en que se han invertido más de 4 mil millones de dólares pero todo ese dinero no ha beneficiado a la población regional
El Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) presume que el Programa de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, del que forma parte el proyecto del Corredor Transístmico, fue autorizado por los pueblos de la región mediante una consulta realizada el 30 y 31 de marzo que cumple con los estándares del Convenio 169 de la OIT. “Se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano de acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas”, dice el PND. Sin embargo, según la convocatoria que lanzaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), las consultas se realizaron en siete municipios de Oaxaca y Veracruz, pero sólo dos están en la zona por donde pasará el Tren Transistmico: Santiago Laollaga, Oaxaca y Oteapan, Veracruz. Quedaron fuera los que se verán directamente afectados por el tren.
“Fuera de que se utiliza un discurso diferente para engañar a las comunidades no existe ninguna diferencia entre las Zonas Económicas Especiales (ZEE),” mantuvo Carlos Beas, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo. Como otros proyectos neoliberales, las comunidades preocupan que este plan va a beneficiar a empresas transnacionales, pero por ellos va a generar más violencia, inseguridad, despojos y pobreza. No solo va a afectar las comunidades indígenas en las zonas aledañas al ferrocarril porque junto con este hay planes por desarrollo de gasoductos, tendidos eléctricos, y minería. Advirtió Beas, “Sólo se pretende impulsar un proyecto maquilador, donde en el mejor de los casos los pueblos serán arrendatarios de sus tierras, nada más.”
La Comunidad Nahua de Tecoltemi, en Ixtacamaxtitlan, Puebla, ganó un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado dos concesiones ilegales. El juez determina que las concesiones violaron el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
La empresa, la canadiense Almaden Mineral, discutió en el juicio que en el municipio afectado por las dos concesiones, Ixtacamaxtitlan, no hay población indígena y por eso no tiene la protección de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT de consulta y consentimiento. Pero el juez rechaza estas afirmaciones y mantiene que la comunidad se auto adscribe al Pueblo Nahua.
El juez ordenó que “la Secretaría de Economía declararlas insubsistentes y dar una nueva respuesta a la empresa respecto de su solicitud original de concesiones, teniendo presente que se trata de territorio indígena.” También, el juez estableció que la Ley Minera falta incluyir el derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado. Eso refleja que el Congreso de la Unión ha incumplido con su obligación de adecuar los derechos a la Ley Minera. Las organizaciones involucrados continuarán con su lucha sobre este tema, para asegurar que la Ley Minera está de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales y que no permite que las autoridades pueden entregar a las empresas sus territorios sin avisar las comunidades.
Durante un bloqueo en el acceso al parque eólico “El Retiro”, diez ejidatarios fueron detenidos y desalojados con violencia por la policía estatal. Ellos rentan sus tierras a la empresa eólica “Grupo México”, propietaria del parque eólico. Con más de 35 propietarios empezaron un bloqueo para exigir una reunión con altos mandos de “Grupo México” porque la empresa no ha respetado los acuerdos del contrato firmado hace 5 años. Específicamente, que, “La promesa más importante era que daría empleo a nuestros hijos, pero no cumplió. Lo que pedimos es lo que dice el contrato, y ahora con violencia se aprovechan de nosotros, los dueños de las tierras” dijo un representativo de la comunidad.
Las familias no saben dónde están sus familiares. Los elementos de la policía estatal llegaron lunes en la mañana y, sin una orden de aprehensión, se llevaron a los manifestantes a un lugar desconocido. Los propietarios suponen que “Grupo México” solicitó ayuda ante las autoridades para el desalojo por la toma del parque eólico. Los manifestantes retuvieron una pipa de gas y una unidad propiedad de la empresa Gamesa la cual es la que se encarga de dar el mantenimiento a este parque eólico. Además, ellos mantendrán bloqueado la carretera federal Panamericana hasta que regresen sus compañeros y puedan negociar con la empresa.
En San Francisco Ixhuatán, un grupo de jóvenes de la Preparatoria Comunitaria José Martí escribió una carta para rechazar la consulta. Analizó como cada parte del consulto rompió con las reglas de sus mismos. Falta un estudio comprehensivo sobre los impactos del proyecto en la región y tampoco estuvo de buena fe o culturalmente adecuada. Pidió que todo los jóvenes exigen el Gobierno Federal para dejar de concesionar sus tierras, y “que no se dejen llevar por el sueño iluso del desarrollo que nos mata.” Les motivo a unir con diversos movimientos en sus distintas comunidades para organizar y parar cualquier proyecto de la ZEE.
Las comunidades no recibieron información sobre las fases de construcción, funcionamiento y posibles impactos negativos, solo información superficial. Carlos Beas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, explicó que “la consulta es una maniobra con el fin de imponer los proyectos de la ZEE. Para justificarlo, al mismo tiempo, preguntaron si las comunidades querían carreteras o proyectos ganaderos en sus comunidades y, la respuesta de varios pueblos fue afirmativa…No es una consulta previa, sino que es más bien un requisito administrativo, porque las licitaciones de estos proyectos ya están en camino. Esta consulta nació muerta.”
El activista Samir Flores Soberanes, opositor del Proyecto Integral Morelos (PIM), fue asesinado esta mañana afuera de su casa, en el municipio de Temoac, Morelos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el asesinato del dirigente y dijo que se trata de “un crimen vil, cobarde“.
El dirigente opositor a la termoeléctrica fue asesinado de varios balazos afuera de su domicilio. Samir Flores fue llevado a un hospital de Jonacatepec para ser atendido; pero murió en el camino. El activista se dirigía a la radio comunitaria en la que trabajaba cuando fue atacado desde dos vehículos.
El Presidente López Obrador dijo desde Monterrey: “Lamento mucho lo del asesinato de un dirigente en Morelos opositor a la termoeléctrica. Es un crimen vil, cobarde”.
Fue cuestionado sobre si por este crimen se cancelaría la consulta popular para decidir sobre la termoeléctrica. Destacó que el proceso ya ha comenzado y no descartó que el crimen haya sido cometido justo para “afectar la realización de la consulta”
“La consulta la tenemos que continuar porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea, ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla porque no sabemos con qué intención se cometió este horrendo crimen, a lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta”
El Frente No a la Minería, por un Futuro de Todas y Todos, integrado por 16 comunidades de Oaxaca, exigió del presidente López Obrador para que se revoque las concesiones mineras en sus territorios. Querían el respeto de sus derechos colectivos en la libre determinación, autonomía, y medio ambiente. El Frente demandó la cancelación del proyecto minero San José que está en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán. Y a todos las concesiones mineras en sus territorios.
También exigió una investigación imparcial y exhaustiva de responsabilidad penal y administrativa derivado de la contaminación del Río Coyote provocado por la empresa minera Cuzcatlán. Querían la reparación integral del daño a los pobladores por los impactos negativos al medio ambiente. Además, la creación de una comisión independiente con la participación de las comunidades afectadas para una auditoría ambiental, social y de derechos humanos al proyecto minero “San José”.
Finalmente, pidieron replantar el modelo económico por uno basado en el fortalecimiento de los pueblos originarios donde han manifestado su profundo rechazo al extractivismo y proyectos mineros que afectan a las comunidades indígenas y violentan sus derechos humanos.
Hace siete años, el 15 de marzo de 2012, recibimos con indignación la noticia del artero asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, agrónomo, defensor comunitario y opositor al proyecto minero “San José” en los Valles Centrales de Oaxaca.
Bernardo Vásquez iba acompañado de su hermano Álvaro Andrés Vásquez y Rosalinda Dionicio Sánchez, cuando fueron emboscados en su vehículo. Bernardo había recibido amenazas por parte del H. Ayuntamiento de San José y la empresa minera Fortuna Silver Mines, quien opera a través de su filial Cuzcatlán S.A. de C.V. las amenazas fueron denunciadas públicamente y ante las autoridades competentes, sin embargo fueron ignoradas por las autoridades federales y estatales.
Hoy, siete años después de estos lamentables hechos, la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) nuevamente enfrenta un clima de hostigamiento y amenazas en la comunidad, a partir del anuncio del Presidente Municipal de “recuperar” el palacio municipal de San José del Progreso. La COPUVO ha manifestado en diferentes comunicados y en mesas de trabajo con el gobierno estatal su preocupación en torno a este clima de violencia, nuevamente se ha enfrentado a la omisión de dichas autoridades en torno a la exigencia de justicia, reparación del daño y paz en la comunidad.
El Juzgado Primero de Distrito otorgó un amparo a los habitantes del Ejido Paso de la Reyna contra el decreto firmado el 6 de junio de 2018 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que suprime las vedas de agua y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales. Pese al fallo favorable, Paso de la Reyna presentó un recurso de revisión este 12 de marzo, pues busca “la nulidad y suspensión definitiva del levantamiento de decreto de veda”. Con el recurso de revisión presentado por la autoridad agraria del Ejido Paso de la Reyna, se busca que el caso sea remitido al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa”.
Este amparo fue dado a conocer en el marco del Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, que se celebra cada 14 de marzo en todo el mundo. El fallo también fue celebrado por las comunidades que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), que resisten al proyecto de Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina. Cabe recordar que el decreto de Peña Nieto 300 cuencas del país significa que el agua sea concesionado hasta por 50 años a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos, ya que gran parte de esas cuencas coinciden con los sitios donde se prevén esas actividades.
SANTIAGO IXTAYUTLA, Oax. (apro).- Pueblos chatinos, mixtecos, mestizos y afromexicanos advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no van aceptar ninguna consulta sobre la presa hidroeléctrica Paso de la Reyna que se pretende construir en el río Verde o Atoyac.
El vocero del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), Eloy Cruz Gregorio dijo que en breve solicitarán “una audiencia con el presidente López Obrador para saber cuál es su postura sobre la presa Paso de la Reyna ahora que está sentado en la presidencia”.
“Ya que cuando López Obrador anduvo en campaña siempre dijo que iba a respetar la voluntad de los pueblos y que iba a respetar sus derechos y no los iba a violentar, entonces, como COPUDEVER exigimos nos otorgue audiencia para saber su postura hoy en día”.
Y respecto “a la consulta no vamos aceptar ninguna consulta porque las consultas son viciadas por parte de ellos” como las que han realizado recientemente para temas importantes como el tren Maya o el caso de Huesca, Morelos.
Al insistirle sobre si el gobierno decidiera llevar a consulta el caso de la hidroeléctrica Paso de la Reyna, Cruz Gregorio dijo “podríamos aceptar una consulta con las condiciones y reglas que pusiéramos nosotros como pueblos mixtecos, chatinos, mestizos y afromexicanos”.
Las comunidades del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) que resisten al proyecto de “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina”, celebrarán este 14 y 15 de marzo el Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, por medio de la espiritualidad que practican en la cuenca del Río Verde, en la Costa de Oaxaca. Cabe recordar que el COPUDEVER organiza de forma exitosa la resistencia comunitaria pacífica contra la ejecución del proyecto “Paso de la Reina” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este Consejo se conformó en 2007 y poco después se integró al Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). El Consejo está formado por 43 comunidades de pueblos mixtecos, chatinos, negros y mestizos. Estas comunidades denuncian las violaciones de sus derechos fundamentales, principalmente el derecho a decir “No a la presa”. El COPUDEVER reitera que “el agua no es una mercancía, el agua es la vida misma, es un bien común y colectivo», y por eso, el objetivo principal del COPUDEVER es la defensa y cuidado de sus territorios, de manera especial, el Río Verde. La cuenca del Río Verde o Atoyac es la segunda más extensa del estado de Oaxaca, ocupando 20% de la superficie estatal.
100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la organización Greenpeace consideró que la política energética adoptada por el mandatario, contraviene de manera radical la lucha en contra del cambio climático y los compromisos del Acuerdo de París que él mismo ha ratificado. En un comunicado refirió que de acuerdo a una evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), las acciones que se estaban tomando desde el gobierno para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) están siendo borradas por completo para dar paso a energías altamente contaminantes. “Así, los cien días de mandato de López Obrador se cumplen en medio de una crisis climática insostenible que tiene a cientos de miles de jóvenes protestando alrededor del mundo debido a la inacción de los tomadores de decisiones; de una grave situación de contaminación atmosférica en el país que provoca la muerte prematura de al menos 17 mil personas cada año y de instituciones gubernamentales como el INECC advirtiendo que las estrategias climáticas no se están cumpliendo”, afirmó. Entre las acciones que colocan al país lejos del combate al cambio climático destaca “el plan nacional de refinación -que busca reconvertir el sistema de refinación, que hasta el momento está diseñado para procesar crudo ligero, a crudo pesado (el tipo de petróleo dominante en las reservas mexicanas) junto con la construcción de una refinería más en el municipio de Dos Bocas, Tabasco, con el objetivo de aumentar la producción de combustibles refinados a un millón 600 mil barriles diarios entre diésel y gasolina”.
PASO DE LA REYNA, Jamiltepec, Oax. (apro).– El Juzgado Primero de Distrito otorgó un amparo a los habitantes del Ejido Paso de la Reyna contra el decreto firmado el 6 de junio de 2018 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que suprime las vedas de agua y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales.
Pese al fallo favorable, el pueblo indígena chatino presentó un recurso de revisión este 12 de marzo, pues busca “la nulidad y suspensión definitiva del levantamiento de decreto de veda” y no sólo el amparo 701/2018.
Argumentan que se violaron los derechos colectivos al territorio indígena, a la consulta, al agua, al medio ambiente y al uso preferente de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas; en su sentencia, el juez no se pronunció sobre los esos derechos.
En su resolución, el juez de Distrito afirmó que “se debió garantizar el derecho a la consulta y participación en todas las fases de planeación y desarrollo de dicho decreto, en la medida que se pueda afectar la posesión y uso de las aguas de la comunidad indígena del Ejido Paso de la Reyna, y probablemente al medio ambiente sano del territorio en que habitan, así como de otros derechos esenciales para su supervivencia”.
Con el recurso de revisión presentado por la autoridad agraria del Ejido Paso de la Reyna, se busca que el caso sea remitido al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa”.
Este amparo fue dado a conocer en el marco del Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, que se celebra cada 14 de marzo en todo el mundo.
Mantienen resistencia
El fallo también fue celebrado por las comunidades que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), que resisten al proyecto de Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina.
El Copudever organiza la resistencia pacífica contra la ejecución del proyecto Paso de la Reina, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dicho consejo se formó en 2007 con 43 comunidades de pueblos mixtecos, chatinos, negros y mestizos que también forman parte del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).
Comunidades, pueblos y organizaciones de Oaxaca asentadas en lo largo del Río Verde lograron amparos que frenan la construcción de la hidroeléctrica Paso de la Reyna y en contra de la privatización del agua.
El amparo demuestra que el levantamiento de las vedas (que realizó Peña Nieto en 2018) se hizo sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos. Lograr el amparo significa que el decreto no pueda entrar en vigencia hasta que se resuelva el tema de la consulta y que ninguna persona pueda acceder a esa concesión en esa parte del río, salvo la propia comunidad, explicó Ana María García, integrante de Educa Oaxaca.
Los amparos interpuestos por el Comisariado de Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, en defensa del Río Verde como zona de reserva, señala que, para la comunidad y poblaciones aledañas, el Río Verde es “la madre de nuestras aguas, es el ser que brinda vida a nuestros pueblos”.
El 14 de marzo se realizará una rueda de prensa, convocada por comunidades y organizaciones en el ejido Paso de la Reyna, para anunciar el resultado del amparo y las acciones que emprenderán una vez recibida la notificación formal.
El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), Servicios para la Educación Alternativa (Educa) y el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) convocaron a la conmemoración del Día Internacional Contra las Presas y en Defensa del Río Verde, los días 14 y 15 de marzo del 2019.
La Asamblea Emergente Nacional ante la Violencia de Estado y la Autodeterminación de los Pueblos declaró al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador como “persona no grata en Morelos por incumplir su palabra empeñada en 2014 y del mismo modo exigimos la destitución del Delegado en Morelos Hugo Erik Flores y la atracción del caso de Samir por la Fiscalía General de la República”.
Reunidos en Amilcingo, este fin de semana, los participantes convocaron a una movilización nacional “e internacional” en Chinameca el próximo 10 de abril, pues “no permitiremos que la muerte de nuestro caudillo del sur sea insultada con la presencia de quien busca impulsar los proyectos de muerte en tierra zapatista”.
Representantes de una centena de organizaciones indígenas, campesinas y populares, así como ejidatarios y comuneros que son afectados en diversas partes del país por los megaproyectos impulsados por el gobierno federal, convocaron a luchar contra la cancelación del Proyecto Integral Morelos (PIM) y “todos los megaproyectos de despojo que se están imponiendo por el gobierno” de Andrés Manuel López Obrador.
Además, se sumaron a la exigencia de justicia para Samir Flores Soberanes, uno de los líderes indígenas más visibles en contra del PIM que incluye la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto que atraviesa toda la zona volcánica del Popocatépetl, así como el acueducto que despojaría de agua a más de seis mil ejidatarios, sus familias y las que colaboran con ellos. Este líder fue asesinado el pasado 20 de febrero, unos días antes de llevarse a cabo la consulta convocada por el gobierno federal para decidir sobre el PIM.
Colombia y México son los dos países mayor número de líderes sociales a nivel mundial, de acuerdo con el último informe de la organización Front Line Defenders, en el que se detalla que de los 321 asesinatos de defensores de derechos humanos 2018, 75 por ciento se concentró en América Latina.
De los 241 asesinatos de líderes sociales cometidos la región, 174, es decir, 54 por ciento, se concentraron en Colombia y México, con 126 y 48 defensores víctimas de homicidio en 2018.
De acuerdo con la organización, los defensores de los pueblos indígenas, la tierra y el medio ambiente fueron las principales víctimas, pues 77 por ciento de los asesinados eran líderes que trabajaban en el campo, y agregó que los asesinatos son precedidos por campañas a nivel nacional que catalogan a los defensores como “anti-desarrollo”, “anti-estado”, “traidores”, “terroristas o “criminales”.
La organización explicó que los asesinatos en América Latina se registraron en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela. En la mayor parte de la región, los asesinatos de líderes sociales están vinculados con “el conflicto entre la explotación de los recursos naturales, incluida la captura de tierras indígenas o afrodescendientes de larga data con fines de lucro privada, y los esfuerzos de los defensores de los derechos a la tierra, el medio ambiente o los pueblos indígenas para proteger el medio ambiente y sus comunidades”.
Los pueblos integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rechazaron las políticas de despojo y las consultas “ciudadanas, populares, e incluso las que se organicen bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”, en ejercicio de sus derechos de autonomía y territoriales.
Como resultado de la Tercera Asamblea Nacional del CNI y el CIG, las organizaciones denunciaron en un comunicado que las consultas que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas organiza sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el Tren Maya y el Corredor Transístmico “son una simulación para su convalidación”.
Asimismo, acusaron que el gobierno federal, al realizar sus consultas, “busca la indiferencia y a ella se dirige para preguntarle si está o no de acuerdo en la destrucción a la que viste de ‘progreso’”, y denunciaron que el nuevo gobierno profundiza el neoliberalismo y la integración al imperialismo de Estados Unidos.
Con respecto del al asesinato de Samir Flores Soberanes –opositor al Proyecto Integral Morelos e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala–, consideraron que los ofrecimientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sentaron las bases de su asesinato: “a Samir lo mató el régimen neoliberal; no sabemos si el gobierno, si los empresarios, si sus cárteles delincuenciales, o, si los tres juntos”.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG) calificaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como la “continuidad” de los gobiernos neolibeales, desde Miguel de la Madrid, quien empezó la verdadera “Cuarta Transformación”.
Es más, subrayaron, el actual gobierno “profundiza el neoliberalismo” y la Cuarta Transformación” sigue el mismo camino de sus tres predecesoras, “aunque con más brutalidad y cinismo si posible fuera”.
Acusaron que, con sus “consultas simuladas”, el nuevo gobierno sólo pretende imponer los megaprpoyectos en todo el país y le apuesta al exterminio de todos los pueblos originarios.
Desde la Tercera Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, donde participan los pueblos ayuuk, binizza, chinanteco, chol, chontal, guarijío, maya, mayo, mazahua, mazateco, mixteco, nahua, nayeri, otomí, popoluca, purépecha, raramuri, tepehuano, tlapaneco, tojolabal, totonaco, tzeltal, tsotsil, wixárika, yaqui, zoque y quichua (Ecuador), los indígenas rebeldes lamentaron y condenaron la muerte de Samir Flores en Morelos quien luchó hasta el último momento de su vida contra la termoeléctrica de Huexca.
Acusaron que el gobierno del tabasqueño ofrece a los empresarios poner a su disposición la tierra con la supuesta nueva Ley de Desarrollo Agrario, para terminar de desmantelar la propiedad y organización colectivas, llamando “desarrollo” al “robo descarado y a la destrucción”, amenazando militarmente a los pueblos con su Guardia Nacional y reconfigurando el país.
Lo que arriba llaman “transformaciones”, abundaron, para los pueblos originarios siempre ha significado que ellos ponen los muertos “en función de los intereses de las oligarquías y de los que tienen el poder, que son cada vez más poquitos y grandes, que no dejan de vivir de la opresión, explotación, y destrucción por los mismos de siempre”.
Sara Méndez, Carmen Santiago Alonso, María Isabel Jiménez López y Guadalupe Ramírez son cuatro mujeres defensoras de los derechos humanos y de la tierra y territorio en Oaxaca, no son sumisas y tampoco tienen miedo pero sí les preocupa el alto grado de violencia, vulnerabilidad y criminalización que actualmente viven por resistir contra megaproyectos y un gobierno que maneja un discurso que busca desprestigiar la defensa social.
Según el informe “Bajo ataque, los derechos humanos en Oaxaca”, dado a conocer el año pasado por organizaciones sociales y que fue elaborado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) ante la ONU, el estado de Oaxaca se encuentra entre los tres primeros lugares del país en ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y en primer lugar en el caso de mujeres defensoras.
Las defensoras oaxaqueñas aseguran que en ningún momento son un peligro para la paz social, pues cada una desde sus espacios ha contribuido por años en la vida social, en el caso de Sara Méndez, es coordinadora de la organización civil Código DH y defensora de los derechos humanos, su labor es brindar acompañamiento a grupos y personas que defienden la tierra y el territorio y también los que viven tortura.
Aunque la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) no ha presentado algún informe, un estudio preliminar elaborado por una organización civil confirma que el derrame de la presa de jales de la mina La Trinidad, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, contaminó las aguas del río El Coyote, que se esparcieron a un retén y a La Ciénega, donde se encuentra el principal pozo de esta comunidad zapoteca de los Valles Centrales.
Por esta razón, la autoridad municipal aún mantiene la prohibición de usar el pozo decidida desde octubre del año pasado, cuando se registró la dispersión de contamianntes procedentes de San José del Progreso, donde se encuentra el yacimiento de oro y plata en explotación; desde entonces se decidió que la población no consuma el agua entubada, hasta en tanto la Profepa no presente un informe y se determine el tipo de sustancias derramadas por la presa de jales.
De acuerdo con el estudio de la organización civil en el análisis aplicado al río, en el retén y el pozo se encontró aluminio, fierro y manganeso en altos niveles y en menor proporción de bario, sodio y plomo, así como escasa de arsénico, cadmio, cromo, cobre mercurio y zinc.
“A nosotros, nos preocupan estos resultados, porque evidencia la contaminación que no ha querido reconocer la Profepa”, afirmó el síndico municipal Efrén Sánchez Aquino.
Aunque de por sí, la autoridad municipal y la población desconfían en la Profepa, porque acudió tardíamente a recoger muestras de la contaminación, a pesar de la evidente corriente de agua color blanco y las manchas dejadas en la tierra y en la hierba.
Después de casi 20 años de disputas, un grupo de aldeanos nahuas podría hacer historia este mes en México cuando un tribunal falle en una disputa por tierras en la que está involucrada una minera canadiense.
Un abogado de los pobladores de Tecoltemi, en el estado de Puebla, en el centro de México, dijo que era la primera vez que un tribunal decidía si la legislación minera del país, que da prioridad a las actividades mineras sobre otros usos de la tierra, era constitucional.
Los casos anteriores solo habían reconocido el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, dijo Itzel Silva, del Fundar Centro de Análisis e Investigación, una organización sin fines de lucro en México.
Durante un siglo, México ha otorgado a los indígenas títulos legales sobre tierras ancestrales, pero muchas veces han visto cómo se les ha otorgado derechos a esas tierras a empresas mineras después de que el gobierno le dio prioridad a la minería en la década de 1990, dijeron los abogados.
El caso, que se escuchará en un tribunal federal de Puebla, se refiere a dos concesiones otorgadas a Minera Gorrion, una subsidiaria local de la canadiense Almaden Minerals, que ha provocado divisiones entre los aldeanos al tiempo que enfrenta a algunos contra la compañía.
La demanda se presentó contra el Ministerio de Economía, que es responsable de la minería, en nombre de algunos aldeanos, quienes dicen que la actividad de exploración en los depósitos de oro y plata ha contaminado las fuentes de agua locales.
Comunidades indígenas interpusieron una decena de amparos ante jueces estatales de Morelos, Tlaxcala y Puebla contra la construcción y operación de las dos termoeléctricas, el gasoducto y el acueducto que integran el Proyecto Integral Morelos (PIM), señaló Juan Carlos Flores Solís, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA).
Flores Solís explicó que la comunidad de Huexca, donde se encuentra una de las termoeléctricas del PIM, consiguió la suspensión definitiva luego de que presentó un amparo para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se abstenga de descargar aguas contaminadas en el río Cuautla, así como una suspensión provisional contra el ramal del gasoducto que iría de la termoeléctrica del lugar a empresas con sedes en Cuautla y Cuernavaca.
“Hemos visto durante todo este tiempo que está la mano del gobierno sobre los juzgados, eso provoca que se retrase la justicia, pero al final van cayendo las sentencias, tarde o temprano, en favor del pueblo”, indicó Flores.
Pobladores de Anenecuilco también lograron la suspensión definitiva a través de un amparo para evitar que la CFE llevara el agua de riego de la comunidad a la termoeléctrica de Huexca, mientras que los habitantes de Atlixco, en Puebla, ganaron un amparo para que se consulte a los pueblos y se revoque la licencia de construcción del gasoducto.
Ante las manifestaciones que se han desatado por la muerte de Samir Flores Soberanes, líder natural del estado de Morelos, los integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), han informado que en la Mixteca están en riesgo más de 60 mil hectáreas, las cuales puede ser explotadas por empresas extranjeras en esta demarcación.
Misael Velásquez Tadeo, líder de MAIZ en Huajuapan, dijo que la zona que más peligra es la de San Miguel Amatitlán, San Jerónimo Silacayoapilla y Ayuquililla, en donde empresas de origen canadiense han mostrado su interés para extraer oro, zinc y cobre.
“Esto viene muy fuerte, no hay ningún cambio respecto a esta decisión, se van a seguir impulsando este tipo de acciones, incluso existe un proyecto eléctrico que pasaba por el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y Morelos, la súper vía área, la cual atravesaba comunidades de la Mixteca; tenemos entendido que hasta este momento está suspendida temporalmente”, recalcó.
Manifestó que gracias a las protestas que han mantenido los militantes de MAIZ en el Istmo de Tehuantepec, este proyecto fue suspendido; sin embargo, este puede ser reactivado en cualquier momento y se puede afectar a las comunidades indígenas, por lo que siguen en la lucha para saber qué va pasar con esta acción.
Dos académicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y de la Montfort University hicieron un mapeo de los conflictossociambientales en México generados a partir de proyectos mineros y energéticosdurante los últimos doce años. Lograron detectar más de 879 conflictos distribuidos en casi todo el país.
Gisela Zaremberg (de Flacso) y Valeria Guarneros-Meza (de la inglesa Montfort University) revisaron un total de 964 notas periodísticas para crear cuatro diferentes mapas: de los conflictos por proyectos mineros; por proyectos eólicos; por campos petroleros; y por gasoductos.
CONFLICTOS POR PROYECTOS MINEROS
Las académicas hallaron un total de 879 conflictos: 374 por minería; 188 por hidroeléctricas; 127 por campos petroleros; 116 por eólicas; y 74 por gasoductos.
Los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán.
El documento detalla que en los conflictos derivados por proyectos de minerías, las empresas más involucradas son: Grupo México (con 30 casos registrados); Ternium (con 25); Goldcorp Inc (con 22); Grupo Frisco (con 18); Almaden Minerals Ltd (con 17); Minera Autlán (con 13); First Majestic Silver Corp (con 12); y Escellon Resources Inc (con 10).
Las académicas hallaron también que en 28 conflictos por minería, que involucraron a 14 proyectos diferentes, estuvo involucrado el crimen organizado. Los casos se registraron en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Sonora y Chihuahua.
Para revisar los conflictos por este tipo de proyectos, las académicas revisaron 463 notas periodísticas sobre el tema. Y de los 374 reportes de conflictos hallados, se involucra a un total de 134 proyectos.
En sesión de Cabildo Municipal se declaro el territorio de Santo Domingo Zanatepec como territorio libre de minería por el periodo 2019 – 2021, en esta sesión la Presidenta Municipal señalo que no autorizará proyectos de este tipo, por afectar a la salud y la producción agropecuaria del municipio.
en Zanatepec la empresa canadiense Minaurum Gold pretende llevar a cabo el proyecto Santa Marta, que abarcaría unas 30 mil hectáreas en las comunidades La Cristalina, San Antonio y Sol y Luna, en San Miguel Chimalapa, y de Zanatepec, con cinco títulos mineros para extraer a cielo abierto cobre, oro y plata, lo que afectaría ríos y arroyos, además de parcelas de sorgo, maíz, melón, sandía, ajonjolí, frijol y mango.
Esta declaratoria fue respaldado por organizaciones locales que desde hace varios años están sensibilizando a la población sobre los impactos que traería la minería, y en reiterados ocasiones han realizado denuncias en el tema.
El Juzgado Cuarto de Distrito dio entrada a la demanda amparo que presentó la comunidad indígena chontal contra la empresa Minera Zalamera, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc., y concedió la “suspensión de plano” que impide la exploración y explotación en su territorio.
Así lo dio a conocer la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio (APCHDT), que promovió un juicio de amparo en contra del título de concesión minera número 238447, otorgada por la Dirección General de Minas de la Secretaria de Economía a la Minera Zalamera S.A de C.V.
Detalló que el pasado 18 de diciembre de 2018, la comunidad indígena de Santa María Zapotitlán, Ecatepec, perteneciente al distrito de Yautepec, Oaxaca, promovió el juicio de amparo, mismo que le concedieron.
El Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en el estado de Oaxaca, dio entrada a la demanda bajo el número 1208/2018 y concedió la “suspensión de plano, a efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se lleven a cabo actos que puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios al núcleo de población comunal quejoso”.
Las comunidades indígenas chontales que integran la Asamblea y Tequio Jurídico consideran que este acuerdo emitido por el tribunal es un paso importante en la defensa de su territorio, ya que dicha concesión fue impuesta.
Aunque el derrame de la presa de jales de la mina La Trinidad, propiedad de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines ha disminuido, sobre el cauce del río El Coyote la contaminación se ha esparcido en tierras de cultivo, en un abrevadero y en una zona de recarga de acuíferos, donde se encuentra el principal pozo de agua potable que abastece a esta comunidad zapoteca de los Valles Centrales.
El fuerte olor a azufre que ronda por la corriente de agua color blanca, procedente de San José del Progreso, donde se encuentra el yacimiento de oro y plata en explotación, y las manchas dejadas en la tierra, en los sedimentos y en la hierba, hacen suponer a los pobladores que su territorio se ha infestado de químicas tóxicos.
Ante esto, como una medida emergente para atender esta eventualidad, la autoridad municipal decidió suspender temporalmente el suministro de agua potable y pidió a los habitantes no consumir el líquido, mientras se conoce el tipo de sustancias derramadas de la presa de jales.
El río El Coyote constituye la principal fuente de recarga de los mantos acuíferos del paraje La Ciénega, donde se localiza el pozo de agua para uso humano, a no más de cinco metros de distancia.
Integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, denunciaron el abandono de las dependencias gubernamentales que tienen la obligación de acompañarlos en las etapas que conforman la Consulta indígena que se promueve en los Valles Centrales.
En presencia de organizaciones sociales y civiles, así como de las autoridades municipales de los 16 municipios que participan en este proceso de consulta, fueron testigos de la presentación de un informe de la etapa consultiva que presentó el Colectivo.
Los representantes de las comunidades informaron que se invitaron a funcionarios de las dependencias que han vigilado esta actividad, como la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa), Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretarían de Asuntos Indíegenas (SAI) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El informe contiene el proceso de consulta indígena y consentimiento previo, libre e informado sobre la modificación del decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como valle de Oaxaca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1967.
Sin embargo, aunque recibieron invitación en tiempo y forma no se presentaron los representantes de estas dependencias, por lo que consideraron que esto corrobora el patrón de violación a derechos por parte de las instituciones del gobierno federal y estatal que ha sido permanente durante todo el proceso de consulta indígena.
Se informó que en la etapa consultiva que inició en febrero del 2017, como observadores se han constituido en al menos 10 actividades (asambleas, mesas de trabajo y reuniones), sin embargo, los representantes de estas dependencias han mostrado en su participación, irregularidades en su asistencia y cambios en el personal que han dificultado los compromisos, y en general, el desarrollo de las actividades y compromisos previstos.
Exigieron a los responsables de estas dependencias, subsanar las violaciones a los derechos de las comunidades consultadas, identificadas desde la etapa informativa a la etapa consultiva, reiterando que no hacerlo ´pondría en riesgo todo el proceso de Consulta Indígena:
Como invitado, acudió Adelfo Regino Montes, propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador como titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien recibió el informe.
«Vamos a trabajar por el respeto al derecho a las tierras, territorios y recursos naturales de nuestros pueblos», apuntó Regino Montes, tras reunirse con las asociaciones civiles que por años han luchado por defender sus recursos naturales.
En la sierra mazateca, donde hace 124 años nació la sacerdotisa María Sabina, 86 mil hectáreas se encuentran en la indefinición, a merced de los notarios públicos, porque nunca se promovieron acciones agrarias, de manera que las tierras podrían ser enajenadas para que las transnacionales impongan megaproyectos.
Así lo destacó el Colegio Oaxaqueño de Abogados y Profesionistas en Materia Agraria, al resaltar que 11 de los 19 municipios de la región enfrentan esa problemática, toda vez que existe ocupación y posesiones, pero los habitantes no cuentan con la documentación idónea para respaldarse como ejido, bienes comunales o propiedad privada.
De acuerdo con los integrantes del colegio, en Oaxaca –donde 65.7% de la población (2 millones 607 mil 917 habitantes) se considera indígena– conviven 16 grupos originarios: mixteco, amuzgo, chinanteco, triqui, chocholteco, ixcateco, popoloca, náhuatl, cuicateco, mixe, zoque, huave, chontal, zapoteco, chatino y mazateco, pero este último es el más abandonado.
Los “Ha shuta enima”, que en lengua mazateca significa “los que trabajamos el monte, humildes, gente de costumbre”, fueron desplazados en 1950, cuando se construyó la presa “Miguel Alemán”, y actualmente se calcula que cuenta con una población de 164 mil 673 hablantes.
José Servién Bolaños, Anabel Díaz Cruz, Magdiel Hernández Caballero, Carlos Moreno Derbez y Heraclida Pérez Espino, integrantes del Colegio, destacaron que a los exgobernadores Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué Monteagudo, así como al actual mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa, les pidieron atender el conflicto de manera profesional, para que haya un ordenamiento y certeza en la tenencia de la tierra, pero hasta ahora no han sido escuchados.
Y, mientras, la zona mazateca se encuentra en la indefinición total porque “no son ni ejidos, ni comunales, ni pequeñas propiedades; los campesinos no tienen nada en qué basarse para resolver su problema”.
Mencionaron que alguna vez el Colegio propuso un programa de ordenamiento de las 86 mil hectáreas, porque ni siquiera son bienes nacionales, más bien se trata de bienes abandonados, de manera que están a merced de los notarios o de cualquier institución que quiera regularizar, y lo harían de manera parcial porque no hay certeza jurídica de los poseedores.
“Llevamos tres intentos de propuesta, pero se necesita una reforma a la Constitución local para darle efectividad al asunto agrario, pero a los gobiernos de diferentes colores no les interesa y eso nos mantiene sumidos en un conflicto agrario”, subrayaron.
De acuerdo con la radiografía de la conflictividad agraria en Oaxaca, la entidad está dividida en 570 municipios y mil 500 núcleos agrarios, de los cuales 856 son ejidos y 754 bienes comunales, y persisten 350 conflictos agrarios.
Por otra parte, de las 9.3 millones de hectáreas que conforman el territorio de Oaxaca, solo 7% es propiedad privada y 10% está en la indefinición, porque nunca se promovieron acciones agrarias, principalmente en las regiones mazateca y mixteca.
El reciente fallo que la Corte Suprema de California emitió contra Monsanto podría bien resumir 17 años de lucha de las comunidades oaxaqueñas de la Sierra Juárez.
Y es que los campesinos se rebelaron desde 2001 contra el uso de transgénicos de esta empresa en la entidad, condenando el daño a la tierra y a la salud humana provocado por los productos de Monsanto.
Ni las autoridades gubernamentales ni federales les respaldaron en su lucha y, por el contrario, permitieron la entrada silenciosa de los transgénicos.
Sin embargo, los jueces del Estado de California, partiendo de una proceso legal que un ciudadano americano inició contra Monsanto, dio la razón a los campesinos oaxaqueños y asentó que los productos de esta empresa, en efecto, son dañinos.
Lucha y silencio
El Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) refiere que en los últimos 30 años, México se ha invadido de productos transgénicos.
En 2004, se creía que Agroproductos Monsanto, empresa que ahora forma parte de Bayer, expandía su producto sólo en 24 estados del país, que era donde tenían autorización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Sin embargo, desde 2001, un grupo de científicos oaxaqueños e investigadores de la Universidad de Berkeley descubrieron semillas de maíz transgénico en Ixtlán; Guelatao; Santa María Jaltianguis y Capulálpam.
Desde ese entonces, los campesinos y habitantes se pronunciaron en contra de Monsanto, pero las autoridades hicieron caso omiso.
En 2013, 53 científicos y 22 organizaciones interpusieron una demanda colectiva contra la Sagarpa y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y exigieron detener los permisos para siembra de maíz transgénico.
El efecto dañino a la salud humana, su inocuidad; sus efectos en el medio ambiente, en el desarrollo evolutivo y la infertilidad de la tierra fueron algunas de las razones.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene «suspendida» la siembra y comercialización de los productos de Monsanto; en la bolsa de trabajo Bumeran se puede ver que esta empresa sigue firme en Oaxaca, pues desde hace 41 días busca un Supervisor de Transformación Agrícola para laborar en la entidad.
El pasado viernes 3 de agosto, como parte de su política de puertas abiertas para que las organizaciones sociales, grupos organizados, escuelas y comunidades conozcan la operación de Minera Cuzcatlán, el Grupo de Mujeres Empresarias y Constructoras del Estado de Oaxaca OMEC, realizaron un recorrido por las principales áreas operativas de la empresa.
Durante el recorrido, las mujeres emprendedoras conocieron de manera directa lo adecuado en las condiciones de seguridad, tecnología, trato a los trabajadores y principalmente el uso responsable de los programas ambientales en la unidad minera San José.
Al bajar y conocer el interior de la mina, son ellas las que han referido que Minera Cuzcatlán no obtiene de corrientes o yacimientos subterráneos el agua para las operaciones en la mina.
Como parte del testimonio Lucía Hernández Pérez de la Comunidad de Tamazulapam del Espíritu Santo, de la Región Mixe, comentó que este tipo de visita ayuda a promover un cambio paradigma de lo que se piensa sobre la minería en el estado, además de resaltar la labor social que la empresa realiza en la comunidad mediante programas educativos y de participación de las mujeres en los proyectos productivos que proveen productos y servicios la mina.
Mediante la visita a la planta de procesos, se aclararon dudas respecto al uso de sustancias nocivas para la separación del mineral, además de comprender que durante el proceso industrial se usa un circuito cerrado en el uso de agua lo que evita se desperdicie.
Isaura Janeth Granado Ordoñez presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Constructoras del Estado de Oaxaca, señaló en entrevista la importancia de que en el estado de Oaxaca existan inversiones que generen derrama económica, haya inclusión para los jóvenes y principalmente para las mujeres, que es el fin que buscan como organización.
La vista finalizó en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ocotlán de Morelos, en donde comprendieron el papel que la empresa ha jugado para rehabilitar esta planta y obtener el agua para sus operaciones sin afectar a las comunidades, compartiendo el agua tratada con el municipio y resolviendo problemas de salud y contaminación en Ocotlán y los pueblos vecinos.
Las masacres ocurridas en la entidad este año, con un saldo de por lo menos 31 muertos, “no son hechos aislados”, sino el resultado de una inexistente política pública del actual gobierno y la falta de atención y de respeto a los derechos humanos.
Así lo afirmó el Colegio Oaxaqueño de Abogados y Profesionistas en Materia Agraria al fijar un posicionamiento por el conflicto de tierras en la entidad, y criticó el argumento del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en el sentido de que las muertes derivadas de esa disputa son hechos aislados o no representan problema significativo para la gobernabilidad.
“Los antecedentes y rasgos del conflicto demuestran lo contrario”, subrayó.
Tampoco aceptó el argumento de que el conflicto agrario es materia federal, porque “la experiencia demuestra que ésta es una respuesta basada más en formalidades que en la disposición para realizar un trabajo preventivo. En la práctica esto ha conducido no a la solución, sino a la administración de los conflictos agrarios”.
El Colegio señaló lo anterior en respuesta a las declaraciones que hizo Murat Hinojosa el pasado 18 de julio, cuando calificó como un “hecho aislado” la masacre perpetrada dos días antes en el paraje Cerro de Cara. En esa ocasión, 13 comuneros de Santa María Ecatepec fueron emboscados y asesinados por sus vecinos de San Lucas Ixcotepec.
Al término de la ceremonia por el 146 aniversario luctuoso de Benito Juárez, el gobernador se lavó las manos y responsabilizó a otras instancias por no tomar cartas en lo referente a las disputas por territorio en la entidad:
“Desde la perspectiva legal y jurídica, quiero dejar en claro que son otras instancias las responsables (y) tanto la Procuraduría Agraria como el Tribunal Agrario deben sumar soluciones”.
El pronunciamiento firmado por el presidente del Colegio de Abogados, Carlos Moreno Derbez, y la secretaria Heraclida Pérez Espino, hace referencia a los 350 conflictos agrarios que persisten en la entidad, y destaca “la indignación por los acontecimientos suscitados en Santa María Ecatepec con San Lucas Ixcatepec, pero también con otros 10 más de reciente emergencia y que serán dados a conocer en su momento”.
De acuerdo con el Colegio, en los asuntos relacionados con el territorio y la propiedad de las comunidades agrarias es necesaria la atención permanente con sentido de justicia social y respeto a los derechos humanos colectivos.
De igual manera, reconoció el trabajo de los visitadores, conciliadores, abogados, líderes agrarios y los comisariados de núcleos agrarios, sin embargo, consideró que “los esfuerzos por lograr la conciliación basándose en el potencial demostrado en múltiples casos responden más a la voluntad de las partes que a la disponibilidad de las dependencias que deben intervenir en el problema”.
Además, reconoció la importancia del registro documental o la existencia de minutas, trabajos técnicos informativos de carácter topográfico y otros documentos sobre el ejercicio conciliatorio, sin embargo, negó que sea la cantidad de esos documentos el indicador de que un conflicto está en vías de solución.
El Colegio de Abogados y Profesionistas en Materia Agraria se pronunció por la creación de una instancia única de atención a través de una Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Agrario, modificando el artículo 91 de la Constitución Política del estado de Oaxaca, iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados desde hace 10 años.
El trato del conflicto agrario y territorial en el contexto de la presencia de los pueblos indígenas debe trabajarse colegiadamente mediante un consejo agrario, recalcaron.
Aunque el Colegio ha propuesto una serie de modificaciones constitucionales y reglamentarias de la administración pública estatal, éstas no han sido valoradas por el Poder Legislativo local por falta de voluntad política.
El conflicto entre pescadores de la agencia Pueblo Viejo de San Francisco del Mar y el intento de imposición de un megaproyecto eólico en esa comunidad del Istmo ha dejado como saldo quema de viviendas, bloqueos y cortes de energía eléctrica. Este martes en la madrugada finalizaron las negociaciones entre habitantes de Pueblo Nuevo y autoridades de la Secretaría General de Gobierno (Segego), sin embargo no mostraron tener resultados. El pasado miércoles, un grupo de habitantes y autoridades de Pueblo Nuevo incendiaron las casas de un grupo de pescadores que se oponen a ceder el derecho de explotación de sus tierras. Como respuesta a la quema de sus viviendas, los pescadores bloquearon el camino que conduce a la agencia de Pueblo Viejo, y les cortaron el suministro de energía eléctrica.
El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://oaxaca.quadratin.com.mx/escala-conflicto-en-san-francisco-del-mar-por-proyecto-eolico/
Este contenido se encuentra protegido por la ley. Si lo cita, por favor mencione la fuente y haga un enlace a la nota original de donde usted lo ha tomado. Agencia Quadratín. Todos los Derechos Reservados © 2018.
SAN PABLO GÜILÁ, Santiago Matatlán, Oax.- Por acuerdo de las asambleas general y ejidal, esta comunidad indígena zapoteca dio un no a la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, que pretende explotar una mina de oro en su territorio, ante la contaminación que causará al medio ambiente, especialmente en la tierra y en el agua, por dedicarse casi por completo a la agricultura.
Aunque también está en desacuerdo porque la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal asignó la concesión denominada Reducción Tlacolula 2 en el 2009, sin su consentimiento previo.
Inicialmente, la SE otorgó la concesión a la empresa Geometales del Norte S. A. de C. V. (Geonorte), después de que la Dirección General de Minas, declarara la libertad del terreno abandonado por lotes mineros.
Sin embargo, Fortuna Silver Mines se apropió posteriormente de su titularidad, por ser junto con Minerales de Oaxaca S.A. de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., una de sus empresas filiales.
Esta autorización, registrada con el número 233392, abarca 12 mil 642 hectáreas de tierras pertenecientes no solamente a San Pablo Güilá y sus núcleos agrarios Rancho El Colorado, Tierra Blanca, Rancho Blanco y San Felipe, sino también a las comunidades indígenas zapotecas vecinas, San Baltazar Chichicapan, San Dionisio Ocotepec y San Nicolás Yaxe, entre otras.
De esta manera, la compañía canadiense empezó en el 2013 los trabajos de exploración en el paraje Lom Ru Min (Boca de la Mina), para constatar la existencia de yacimientos de oro.
El descubrimiento
Ante el hallazgo, los habitantes se preocuparon porque no tenían conocimiento de la presencia de la minera, ni habían otorgado su permiso para que hicieron trabajos en sus tierras.
“En ese año, hubo dos asambleas del Comisariado Ejidal, donde se discutió esta situación y se determinó que no se aceptaría la mina”, contó Carlos López Gómez, presidente de la mesa directiva de la primera sección, una autoridad tradicional que auxilia a la autoridad municipal constitucional.
Sin embargo, no todo quedó ahí, porque también fue destituido el secretario del Comisariado Ejidal, Juan José Santiago Pérez, por tener supuesta relación con la empresa.
“Eso fue lo que se dijo, pero no fue cierto. El secretario, que es mi hermano, tenía información de la mina por el cargo, pero no estaba convenciendo a que se aceptara o algo así”, señaló.
Después de esto, Fortuna Silver Mines dejó de intentar ingresar a esta comunidad zapoteca hasta principios de este año, a través del cabildeo del entonces secretario de Asuntos Indígenas de la administración estatal, Francisco Montero López.
“Fuimos la autoridad municipal y las mesas directivas a una reunión, el 26 de abril, a la Ciudad Administrativa. Ahí nos pretendió convencer que habláramos con el representante de la minera canadiense Javier Castañeda y su abogado, Antonio Martínez, porque tenían interés en la extracción de oro”, apuntó.
Obra pública, negocio privado
Para convencer, el funcionario ofreció que Fortuna Silver Mines, a cambio de la autorización para la explotación minera, apoyaría a San Pablo Güila con la pavimentación de calles y el mejoramiento de las escuelas, así como de la introducción de la energía eléctrica y el drenaje.
“Eso fue lo que propuso, a pesar de ser una institución que está para defender los derechos de los pueblos indígenas. Pero, no se aceptó y mejor le pedimos que se vieran otras opciones de apoyo, especialmente la producción del campo”, añadió.
Sin embargo, en la comunidad se generó una gran desinformación y surgieron rumores sobre que la autoridad municipal había otorgado la autorización a la compañía canadiense. Y fue así, que el agente municipal, Víctor Hernández Gómez fue destituido en asamblea general, el 17 de junio pasado, y reemplazado por el actual, Inocente Antonio Melchor.
“Se mal interpretaron las cosas, no fue así, no hubo ningún permiso a la minera, por el contrario, fue un no rotundo, por todas las consecuencias que puede originar en el medio ambiente”, indicó.
Aunque, la empresa minera no ha dejado de presionar a la comunidad, porque casi todas las noches sobrevuelan drones (vehículos aéreos no tripulados), para aparentemente hacer estudios de prospección.
“Muchos ciudadanos los han visto volando a gran altura en el territorio, pensamos que era algo aislado, pero no, vuelan seguido a la media noche. Pero la decisión del pueblo ya está tomada, es un no rotundo”, refirió.
Tomate, el oro rojo
SAN PABLO GÜILÁ, Santiago Matatlán, Oax.- “Desafortunadamente ciertas personas, algunos ciudadanos, entendieron mal la información, sobre nuestro rechazo a la propuesta de la mina que hizo el secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Montero, y así me destituyeron.
Fueron comentarios sin sustento, que yo estaba detrás de la mina, que había vendido concesiones, cuando todo fue al revés. De esa reunión hay documentos donde se dio un no a la mina, porque contaminará el agua y a la producción de tomate que tenemos y que incluso ha detenido la migración a los Estados Unidos.
Dependemos del agua y en ocasiones es escasa cuando no llueve. El funcionario nos dijo que íbamos a tener oro, pero le respondí que ya teníamos oro rojo con el tomate”: Víctor Hernández Gómez, ex agente municipal.
Después de manifestarse con una marcha hasta la casa de transición, los pueblos de Atenco presentaron los resultados de su propio dictamen, en el que se insiste en que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) no debe construirse.
“Estamos convencidos de que el proyecto debe cancelarse y podemos defender esa posición, con argumentos técnicos y científicos, frente a quien sea. Por eso, proponemos un proceso de diálogo públicoen que se puedan confrontar nuestros argumentos con los de aquellos que están de acuerdo con la continuación del NAIM”, pidió América del Valle al dar lectura a un comunicado con la posición de los pueblos de ese frente.
“Estamos en condiciones para debatir con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), con los empresarios que serían beneficiados del proyecto (Slim, Hank Rohn, ICA, etc.) con el gobierno de Peña Nieto, con las mineras que devastan nuestros territorios y con todos aquellos que defienden el NAIM, sean organizaciones y gobiernos. Podemos debatir con ellos en cualquier sede, ya sea que se trate de un centro de convenciones y en nuestras comunidades”.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Pueblos Unidos contra el Nuevo Aeropuerto criticó que el equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se ha sentado a platicar con las comunidades afectadas por las obras ni con otros ciudadanos inconformes, como sí lo ha hecho con los empresarios.
El Gobierno mexicano y las empresas “siembran” células del crimen organizado en distintas partes de la República Mexicana –especialmente en comunidades indígenas– en donde existe oposición a la instalación de megaproyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros y carreteros, denunció Daniel Zúñiga Maldonado, vocero Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA–MN), cuyos miembros han sido blanco de amenazas, hostigamiento, criminalización e incluso asesinato en los últimos meses.
El domingo pasado, durante la primera audiencia pública del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, en Cuetzalan del Progreso, Puebla, líderes indígenas y rurales de Chiapas, Nayarit, Estado de México y el estado anfitrión, alertaron que la presencia de grupos criminales ha provocado el desplazamiento de pobladores para facilitar los planes de la Reforma Energética.
Los inconformes expusieron ante abogados del Tribunal algunos casos en los que se ha pretendido dar paso a megaproyectos que, además de dañar el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes, pasan por encima de sus derechos al territorio, a la libertad de expresión, a la autodeterminación de los pueblos, al consentimiento y a la consulta previa, libre e informada.
Comunidades indígenas y organizaciones civiles someterán a “juicio popular comunitario” a empresas extractivas nacionales e internacionales, así como al Estado mexicano, por las 322 concesiones otorgadas para 41 proyectos mineros en Oaxaca, sin consultar a pueblos originarios.
El juicio popular comunitario se realizará los días 11 y 12 de octubre próximo en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces internacionales y peritos expertos en minería, con el propósito de articular las resistencias.
De acuerdo con los pueblos afectados, esos proyectos mineros han ocasionado división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares, además de graves impactos ambientales y a la salud de la población.
En un comunicado destacaron que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos, de los cuales 41 se encuentran en el estado de Oaxaca.
“Ante las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras)”, subrayaron.
En una conferencia de prensa realizada frente al templo de Santo Domingo, los representantes de aproximadamente 60 comunidades y más de 30 organizaciones sociales reiteraron la necesidad de articularse entre los pueblos “para exigir el respeto a nuestros derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales”.
Explicaron que en el juicio popular se recibirán las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios, y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto.
Durante el mes de Julio del año 2018, tres defensores de la tierra y el territorio han sido asesinados en el Estado de Oaxaca. Con ellos, suman al menos 13 desde el principio de la actual administración (diciembre del 2016) con la mitad de los homicidios ocurridos en lo que va de del 2018.
Mientras el gobierno del priísta Alejandro Murat se jacta en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de estar promoviendo el desarrollo social y económico, la seguridad y la sustentabilidad, la entidad se ha convertido en uno de los estados más inseguros del país para quienes son defensores de los derechos de los pueblos.
“Los ataques del Estado a defensoras y defensores de derechos humanos han aumentado significativamente en Oaxaca, tanto en frecuencia como en el nivel de violencia empleado”, denuncia el informe ciudadano Bajo ataque, los Derechos Humanos en Oaxaca 2013-2018.
El martes 17 de Julio, aproximadamente a las once y media de la mañana, hombres fuertemente armados y vestidos de militares secuestraron a Abraham Hernández Gonzales en la comunidad de Salchi, San Pedro Pochutla. Después de varias horas, quien se desempeñaba como coordinador local del Comité Por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), fue localizado sin vida cerca de la misma comunidad.
El crimen del activista se suma a la ejecución de otros tres integrantes del CODEDI ocurrida el 12 de febrero pasado, en la carretera 175 Oaxaca-Puerto Ángel. Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez, fueron emboscados a balazos después de una reunión con el gobierno del estado. Abraham Ramírez Vázquez sobrevivió al ataque.
“Estamos seguros que el trasfondo de toda esta violencia contra CODEDI y los pueblos de la región es el proyecto de construcción de tres presas hidroeléctricas en el Río Copalita, llamados “Copalita” “Alemania” y “San Miguel” por parte del gobierno federal y del estado”, denuncia CODEDI, sobre el plan para instalarlas en el municipio de San Miguel, donde la asamblea comunal rechazó la entrada de la Comisión Federal de Electricidad.
Al menos un muerto dejó un enfrentamiento entre las comunidades de San Juan Bosco Chuxnaban y San Miguel Quetzaltepec, en la sierra mixe, derivado de un conflicto agrario y las participaciones municipales.
El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios urgió la intervención inmediata y efectiva del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para evitar más pérdidas de vidas entre ambas comunidades en disputa por la tierra.
Al tiempo que la Secretaría General de Gobierno hacía un llamado a las comunidades mixes a evitar agresiones, ocurrió el nuevo atentado en el que fue asesinado Higinio Martínez Quirino.
Los hechos ocurrieron ayer jueves, en que fue asesinado Higinio presuntamente cuando un grupo armado de San Miguel Quetzaltepec atacó a habitantes de Chuxnaban.
Con este homicidio suman tres los habitantes de Chuxnaban los que han sido privados de la vida en lo que va del año, entre los que se encuentran Natalia Jiménez, asesinada el 4 de marzo; el 29 de julio mataron al tesorero municipal Ramberto Romero Martínez, y ayer ejecutaron a Higinio Martínez Quirino.
El colectivo integrado por Servicios del Pueblo Mixe, Tequio Jurídico, Servicio para una Educación Alternativa, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunciaron que el enfrentamiento entre las comunidades es resultado de la omisión del gobernador priista Alejandro Murat.
Igual señalaron que el domingo 29 de julio, a las 4:00 horas, se suscitó una emboscada en el camino que conduce a la comunidad de Santa Cruz Condoy, cerca de la comunidad de San Juan Bosco, donde fue asesinado Romero Martínez.
Antes, el 3 de abril, tras una emboscada perdió la vida una mujer de la comunidad que iba acompañada de su hijo de 13 años, cuando se dirigían a cuidar su ganado en la comunidad de San Juan Bosco.
Por tal razón, las organizaciones hicieron un llamado urgente a Alejandro Murat para evitar un enfrentamiento de consecuencias funestas e investigar exhaustivamente los crímenes cometidos, así como solucionar el conflicto agrario.
Por su parte, la Secretaría General de Gobierno (Segego) hizo un llamado a los habitantes de San Miguel Quetzaltepec y de la agencia municipal de San Juan Bosco Chuxnabán a cumplir los acuerdos de paz que se han firmado a fin de hacer prevalecer el orden y respeto entre ambas comunidades.
El titular de la Segego, Héctor Anuard Mafud Mafud, lamentó y reprobó este hecho violento ocurrido en inmediaciones de la agencia municipal de San Juan Bosco Chuxnaban.
Mafud informó que el miércoles pasado sostuvo una reunión con autoridades municipales de Quetzaltepec y este jueves hizo lo propio con representantes de San Juan Bosco para dar continuidad en la atención de los múltiples y complejos problemas que enfrentan.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado ha iniciado ya las investigaciones por el asesinato de Higinio Martínez, derivado de este conflicto, a fin de esclarecer y detener al o los culpables.
A su vez, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca llamó a autoridades y habitantes de la cabecera municipal de San Miguel Quetzaltepec, y de su agencia municipal San Juan Bosco Chuxnaban, a resolver por la vía pacífica del diálogo las diferencias entre ambas comunidades, mismas que el 2 de agosto último provocaron un enfrentamiento armado en el que una persona resultó muerta.
La Defensoría destacó que tiene conocimiento de los graves problemas que han surgido en la zona mixe entre autoridades y habitantes de San Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnaban, derivados de la repartición de los recursos presupuestales municipales de los ramos 28 y 33, que corresponden a la cabecera municipal y sus agencias.
“Esto ha provocado un clima de elevada tensión político-social en esa región que se localiza en la sierra Norte de Oaxaca”, puntualizó el organismo defensor.
Con protestas contra empresas mineras y reclamos por la desatención de su gobierno, la Unión de Ayuntamientos de La Sierra Sur cuestionó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa porque “ha sido difícil escucharnos” y eso los ha obligado a manifestarse en la capital del estado.
De igual forma, lo cuestionaron por la frase “Oaxaca lo tiene todo”, una frase que ha puesto de moda, una frase que se ha utilizado mas como comercial” y ofertar el territorio a las transnacionales, le recriminó el presidente municipal de Teojomulco, Bonifacio Pérez Cruz.
Desde la radio indígena “La voz del rinconcito” se dieron a conocer las protestas que se realizaron desde la llegada del gobernador al Hospital Básico Rural de “La Paz” ubicado en los límites de Teojomulco y Texmelucan para entregar una ambulancia y equipamiento médico con una inversión de cinco millones de pesos.
Con lonas colocadas a la entrada del Hospital y pancartas durante el evento realizado este martes 31 de julio, las autoridades de los municipios zapotecos y chatinos de Zenzontepec, Tlacoltepec, Toejomulco, Texmelucan, Zaniza, Textitlán, Yucutindoo y Amoltepec agrupados en la Unión de Ayuntamientos,recibieron al gobernador.
El ayuntamiento de San Miguel Chimalapa manifestó su rechazo al establecimiento de la compañía minera canadiense Minaurum Gold Inc en más de cinco mil hectáreas de su municipio, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec.
En un comunicado, suscrito por el presidente municipal, Fernando Miguel Contreras y demás miembros del Cabildo, el gobierno municipal dio a conocer ese acuerdo, porque la explotación minera, en este caso, oro y plata, provocará un gran impacto en el medio ambiente, principalmente en ríos y lagunas de ese pueblo zoque y de nueve municipalidades circunvecinas.
Entre estas, Santo Domingo Zanatepec, San Pedro Tapanatepec, Ciudad Ixtepec, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Unión Hidalgo, Ixhuatán y Reforma de Pineda.
“Por lo tanto, reiteramos nuestro rechazo y no permitiremos el establecimiento de la empresa minera en nuestro municipio”, asentó.
La compañía minera canadiense pretende explotar la mina Santa Martha, ubicada en la comunidad La Cristalina, mediante una concesión otorgada por la Secretaría de Economía en 2008, por un periodo de 50 años.
La concesión abarca una superficie de cinco mil 610 hectáreas de selva baja caducifolia, subcaducifolia y selva mediana de su territorio de bienes comunales.
El día 26 de julio del 2018, integrantes del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) fueron atacados cuando un convoy de militares pretendió instalar un retén en la Finca Alemania, espacio en el que se ubica su centro de capacitación. Nuevamente el día 27 de julio, un helicóptero de la Marina estuvo sobrevolando la finca. Cabe destacar que el convoy permanece hasta el momento cerca de la finca y se instaló en Santa María Xanica.
Este último hecho se suma a una serie de ataques particularmente graves contra la organización y sus integrantes:
• El 12 de febrero 2018: fueron asesinados tres integrantes de CODEDI después de acudir a una reunión con autoridades gubernamentales; en este mismo ataque sufrió un intento de asesinato Abraham Ramírez Vásquez, cofundador y coordinador general de CODEDI . A partir de allí se intensificaron las amenazas de muerte en su contra, mismas que ya estaban ocurriendo desde aproximadamente un año y ya habían sido denunciadas ante la ONU. Hasta la fecha, permanece en una situación de riesgo inminente.
• Durante los meses de febrero y marzo 2018: 5 integrantes de CODEDI sufrieron vigilancia y amenazas, durante este periodo también fue allanado el domicilio de otro integrante de CODEDI .
• El 26 de febrero 2018: fue allanado el domicilio de la defensora de DH Silvia Gabriela Hernández Salinas quien acompaña a la organización CODEDI y es parte de distintos colectivos del movimiento social oaxaqueño.
• El 20 de junio 2018: fue detenido de manera arbitraria en Santa María Tonameca, Fredy García Ramírez, vocero de CODEDI. Cabe destacar que días antes había recibido amenazas de muerte.
• El 17 de julio 2018: Abraham Hernández González, Coordinador Regional de CODEDI en la Sierra Sur fue asesinado luego de que hombres armados encapuchados y vestidos de militares entrarán a su domicilio ubicado en la comunidad de Salchi, San Pedro Pochutla y se lo llevarán.
crece tensión entre San Juan Lajarcia y sus pueblos vecinos: San Bartolo Yautepec y Llano Santiago.
Mientras las autoridades no terminan por resolver a fondo lo que originó la masacre en Santa María Ecatepec, donde 13 campesinos perdieron la vida, representantes del municipio de San Carlos Yautepec, alertaron que al menos otros dos conflictos agrarios están a punto de estallar en este distrito.
Autoridades comunales de este municipio, informaron que desde enero de 2018 la Secretaría General de Gobierno (Segego), descuidó los conflictos políticos y agrarios que prevalecen en la zona.
Culparon al Gobierno del Estado y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) de pretender desaparecer el sistema de usos y costumbres para elegir a sus autoridades y favorecer a ciertos grupos sobre el control de los recursos naturales y económicos de la región.
San Carlos Yautepec es catalogado por la autoridad electoral como cabecera distrital donde convergen 12 municipios, mientras como cabecera municipal cuenta con 27 agencias, entre ellas San Lucas Ixcotepec, donde estalló el conflicto agrario con sus vecinos de Santa María Ecatepec.
Édgar Aragón Parada, a quien los comuneros reconocen como su presidente municiapal, explicó que los conflictos que se encuentran latentes en este distrito y municipio son San Juan Lajarcia con San Bartolo Yautepec y Llano Santiago con San Juan Lajarcia.
Aunado a la tensión que prevalece entre San Lucas Ixcotepec y Santa María Ecatepec, advirtió que en cualquier momento se podría reactivar el añejo conflicto entre San Juan Lajarcia con San Bartolo Yautepec, debido los bloqueos carreteros que han realizado en la zona.
Crispín Adrián Cortés Zárate, presidente de Bienes Comunales, detalló que estos conflictos se mantienen activos ante el abandono del gobierno en la región, pues a pesar de ser cabecera distrital, desde enero de 2018 la Segego retiró el delegado Érik Job López Martínez.
«Este funcionario uno de los que promovió la desaparición de nuestros usos y costumbres, por eso ya no se ha parado por el municipio, el distrito se quedó sin representante», denunció.
A decir de los comuneros, el gobierno estatal descuidó todos los conflictos agrarios y políticos que prevalecen en este distrito, y de continuar de esta manera podrían suscitarse más casos de violencia.
Ambas agrupaciones destacaron que, de acuerdo con el análisis del Colegio de Biólogos, tales decretos, que calificaron de “ilegales e inconstitucionales”, dejan 51 billones de litros de agua expuestos a ser concesionados por periodos de hasta 30 años renovables, con la posibilidad de ser libremente transferidos.
Los amparos, subrayaron, demuestran que el levantamiento de vedas fue realizado sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos y dejan 51 billones de litros de agua al año expuestos a concesiones bajo el principio de la actual ley de aguas que reza: “el agua es de quien la solicita primero”.
En el marco del Día Nacional de Acción por el Agua, organizaciones y pueblos indígenas realizarán este viernes una serie de acciones frente a las oficinas de la Conagua en todo el país, para protestar contra los abusos y negligencia en el manejo de las aguas nacionales.
En particular, informarán sobre los más de 30 amparos presentados por los pueblos indígenas Teenek y Nahuas, así como organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos, incluidas la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Centro Mexicano por el Derecho Ambiental (Cemda), Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Central Campesina Cardenista (CCC), Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Colectivo de Abogados, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Salvemos Temaca, Instituto Vida e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).
Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca (SURCO) presenta la primera parte de su investigación que analiza 15 proyectos mineros en Oaxaca. Este trabajo se enfoca en 7 proyectos de la empresa minera estadounidense Gold Resource Corp (GRC), que tiene como subsidiaria en México a Don David Gold México S.A. de C.V, su zona de influencia abarca municipios de Valles Centrales y de la Sierra Sur en el estado de Oaxaca. Esta empresa tiene ya dos proyectos mineros en etapa de producción: el proyecto El Águila que consta de 19 concesiones mineras las cuales suman 30,215 hectáreas. Han trabajado en dos minas: El Águila, a cielo abierto, y Arista, una mina subterránea en la que están trabajando actualmente. Y el proyecto Alta Gracia que abarca 3 concesiones, haciendo un total de 5,175 hectáreas. Está en operación después de recibir en el 2016 los permisos necesarios.
La mina se llama El Mirador y todo el material extraído se traslada 32 kilómetros para ser procesado por los molinos del proyecto El Águila. Otros cinco proyectos se encuentran en etapa de exploración. Las concesiones afectan a los territorios de los municipios: San Pedro Quiatoni, San Dionisio Ocotepec, San Carlos Yautepec, Nejapa de Madero, San Pedro Totolápam y Tlacolula de Matamoros, que suman un total de 69 mil 889 hectáreas de tierras oaxaqueñas concesionadas. Cabe recordar que el municipio de Nejapa de Madero denuncia que la minera El Águila, en San José de Gracia, contamina el afluente que abastece de agua a la comunidad.
Defensores de la tierra y del territorio de 30 comunidades campesinas zapotecas de los valles de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, así como 25 organizaciones sociales, constituyeron en el municipio de San Antonino Castillo Velasco la Asamblea de los Valles Centrales contra la minería en Oaxaca.
En la escuela Esteban Vásquez se reunieron integrantes de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Tequio Jurídico AC y Servicios para una Educación Alternativa Educa, que repudiaron todo proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, los sistemas productivos, el tejido social, el medio ambiente y ‘‘nuestros sistemas normativos y territorios’’.
Recordaron que hace una década territorios de Oaxaca fueron concesionados a mineras sin el consentimiento de los pueblos, pues no se hicieron consultas, como estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Fortuna Silver Mines Inc. Informó los resultados de producción para el segundo trimestre de 2018 de sus dos minas operativas en América Latina , la mina San José en México y la mina Caylloma en Perú. La Compañía produjo 2.3 millones de onzas de plata y 14,557 onzas de oro más subproductos de metal base. La producción de plata y oro durante los primeros seis meses ascendió a 4.7 millones de onzas y 29,597 onzas respectivamente; siendo un 13 por ciento y un 20 por ciento superior a la proyección de mitad de año de la compañía. Fortuna tiene previsto producir 8.3 millones de onzas de plata y 48.3 mil onzas de oro o 11.4 millones de Ag Eq 1 onza en 2018 de acuerdo con nuestra guía de producción.
Producción de plata de 2,321,315 onzas; 10 por ciento de aumento con respecto al segundo trimestre de 2017
Producción de oro de 14,557 onzas; en línea con Q2 2017
Producción de plomo de 7,186,541 libras; en línea con Q2 2017
Producción de zinc de 11,436,243 libras; 8 por ciento de aumento con respecto al segundo trimestre de 2017
El costo en efectivo 2 para San José es de US $ 60,5 / t
El costo en efectivo 2 para Caylloma es de US $ 76,9 / t
PUEBLOS Y ORGANIZACIONES SE AMPARAN, Y EXIGEN QUE ENRIQUE PEÑA NIETO REESTABLEZCA LAS VEDAS QUE LEVANTÓ AL FIRMAR LOS 10 DECRETOS DE RESERVAS EL 5 JUNIO
Pueblos indígenas y organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos han presentado más de 30 amparos en 12 estados frente a los 10 Decretos levantando vedas firmados por EPN el 5 de junio
Los amparos demuestran que el levantamiento de vedas fue realizado sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos; dejan 51 billones de litros de agua al año expuestos a concesiones bajo el principio de la actual ley de aguas: “el agua es de quien la solicita primero”
La reforma constitucional reconociendo el derecho al agua exigió reemplazar la actual ley antes de febrero 2013, con una ley que garantice el acceso equitativo y sustentable al vital líquido
Exigen que EPN vuelva a establecer las vedas, y proponen que el nuevo Congreso de la Unión priorice una ley de aguas que cumpla con la Constitución
Este 27 julio a las 11 am, en el contexto del 2º Día Nacional de Acción por el Agua, se realizarán nuevamente acciones frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en todo el país, para protestar sus abusos y negligencia en el manejo de las aguas nacionales.
En particular, se darán informes de los más de 30 amparos presentados por los pueblos indígenas Teenek y Nahuas, así como organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos, incluyendo la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Mexicano por el Derecho Ambiental (CEMDA), el Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Central Campesina Cardenista (CCC), La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Colectivo de Abogados, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Salvemos Temaca, Instituto Vida e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), cuestionando la legalidad y la constitucionalidad de los 10 Decretos de Reservas firmados por Enrique Peña Nieto el 5 junio del presente.
Ante el peligro que representa que 90 mil hectáreas de los Valles Centrales fueron concesionadas a la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp., 30 comunidades indígenas y campesinas que conforman los distritos de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, convocaron al “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca”.
El juicio popular tiene como “objetivo hacer frente al modelo extractivo, visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros”.
El juicio se realizará los días 11 y 12 de octubre de 2018 en la Ciudad de Oaxaca con el lema: “Este verso es un tesoro, y pronunciarlo sí se debe, el agua vale más que el oro, porque el oro no se bebe…”
En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, 30 comunidades indígenas y campesinas y 25 organizaciones decidieron “rechazar categóricamente cualquier proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, nuestros sistemas productivos, nuestro tejido social, medio ambiente, nuestros sistemas normativos y territorios”.
Reunidos en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, denunciaron que desde hace más de diez años sus territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin su consentimiento, lo que significa que “hasta el momento 90 mil hectáreas de los Valles Centrales se encuentran en peligro, principalmente por la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.”
Insistieron en que “los pueblos y comunidades de los Valles Centrales, hemos decidido por la vida, la paz y el desarrollo comunitario desde nuestras propias cosmovisiones y en respeto profundo de nuestra madre tierra; manifestamos que la minería no representa ninguna opción de desarrollo para nuestros pueblos y sus habitantes”.
Además, mencionaron que “nos reconocemos como parte del pueblo zapoteco, por lo que asumimos el compromiso de defender nuestros territorios desde nuestras asambleas, de manera organizada, pacífica y por todos los medios legales”.
También “rechazamos el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR) que pone en riesgo nuestra propiedad social.
Finalmente se dirigieron a los gobiernos federal y estatal, a las autoridades electas del poder ejecutivo y legislativo, y a las autoridades municipales para exigirles “la cancelación inmediata del Corredor Industrial Minero que pretenden imponer en los Valles Centrales.
Particularmente exigieron la cancelación de los proyectos mineros “San José”, “Trinidad Norte” y “El Águila”, operados por las compañías Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, en los municipios de San José del Progreso y San Pedro Totolapan.
Los temas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las insistentes amenazas del presidente estadounidense por una eventual derogación del acuerdo, trajeron a la Ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, a México para sostener reuniones con el presidente Enrique Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray, el titular de Economía Ildefonso Guajardo y con el encargado a partir del 1 de diciembre de dirigir el país.
Parece que la visita de la comitiva del Canadá ha sido fructífera para la relación bilateral entre el gobierno de Justin Trudeau y el gobierno entrante de López Obrador.
En voz del perfilado como próximo Secretario de relaciones exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, el TLCAN no fue el único tema que López Obrador y Chrystia Freeland abordaron en la reunión privada realizada un día antes del reinicio de la renegociación del acuerdo en Washington.
“Fue una reunión exitosa. El Tratado de Libre Comercio es importante, pero hay otro temas igual de importantes. Hay afinidad en posturas, ideas y principios”, dijo Ebrard Casaubón. “El virtual Presidente electo les dijo que esperaba tener un aumento en inversión y participación de Canadá en el desarrollo de México. Habrá reuniones desde diciembre”, detalló el ex jefe de gobierno de la capital mexicana.
Si bien el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es la principal base para el intercambio comercial entre México y Canadá, estos dos países se han caracterizado por mantener una buena relación de socios y de naciones amigas.
Ante el embate de Estados Unidos con los aranceles y la falta de avances en temas importantes del TLCAN, México y Canadá fortalecen su relación y de manera formal, los dos gobiernos han manifestado su posición para mantenerse unidos y cuidar los intereses comunes.
Tras este encuentro, la ministra canadiense aseguró que su país “cree mucho en el TLCAN como un acuerdo trilateral”, además de que destacó los resultados positivos y el impacto que ha tenido en toda la región.
“El TLCAN es una relación trilateral y ha estado funcionando casi un cuarto de siglo, las cadenas de suministro y las relaciones de negocio han sido construidas en estas bases y desde la perspectiva del gobierno canadiense y de la mayoría de los canadienses, es un acuerdo que funciona”, dijo Freeland, en declaraciones que retoma.
Así, el secretario de Relaciones Exteriores afirmó que “estamos frente a la coyuntura que habrá de definir si América del Norte capitaliza su potencial para ser la región más competitiva”, por lo que el trabajo en equipo es fundamental y “tenemos que actuar como una sola región”, puntualizó.
Otro tema que ha unido aún más a México y Canadá, es el de los aranceles que ha impuesto el gobierno Donald Trump a las importaciones de acero y aluminio, pero sobre todo, en su intención de gravar también a los autos nuevos bajo el argumento de proteger la “seguridad nacional” de su país.
Sin embargo, la ministra canadiense fue contundente al afirmar que “México y Canadá están oponiéndose a esto, igual que diferentes socios de Estados Unidos”, debido a que “la perspectiva de que los autos y las autopartes pueden representar una amenaza, es totalmente absurdo”.
En una conferencia de prensa posterior a este encuentro, Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores en el nuevo gobierno, aseguró que los temas principales que se abordaron fueron comercio, migración y oportunidades de negocios.
Ebrard aseguró que “el virtual presidente electo les dijo que esperaríamos tener en los próximos 6 años, un aumento significativo de la inversión y una participación mayor de Canadá en el desarrollo económico de México”.
El nuevo gobierno también invitó a empresas canadienses a invertir en los nuevos proyectos de infraestructura en el sur del país y Ebrard confía en que “Canadá puede participar en el tren de la zona maya o el proyecto que tiene que ver con el Istmo”.
De esta manera, la relación entre México y Canadá se refresca y fortalece, con muy buenas expectativas hacia el futuro.
Para oponerse a cualquier proyecto o política que atente contra el medio ambiente, su vida comunitaria, sus sistemas productivos, su tejido social, sus sistemas normativos y sus territorios, 30 comunidades indígenas zapotecas y campesinas de Tlacolula de Matamoros, Ocotlán de Morelos, Ejutla de Crespo, Zimatlán de Álvarez y Miahuatlán de Porfirio Díaz, constituyeron la Asamblea de los Valles Centrales contra la Minería.
De acuerdo con el pronunciamiento de las comunidades y 25 organizaciones, sus territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin su consentimiento desde hace más de diez años y hasta ahora, 90 mil hectáreas de los Valles Centrales se encuentran en peligro, debido la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.
Esas empresas han impulsado a Oaxaca como el octavo estado de la república en explotación de oro y plata, sin embargo para las comunidades su operación se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones físicas, daños irreversibles al medio ambiente, así como han causado el rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos.
De acuerdo con el manifiesto, las 30 comunidades y las 25 organizaciones acordaron seguir defendiendo a la madre tierra, a cuidar y defender el agua y todos los bienes comunes presentes en sus territorios, porque son prohibidos para la minería.
Además, convinieron en firmar ni autorizar ningún tipo de permiso, convenio, contrato, documento o instrumento legal, que tenga por objeto extraer sus bienes comunes, tampoco autorizarán el cambio de uso de suelo para realizar actividades mineras en sus territorios.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y la Plataforma contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) sostuvieron una reunión con una comisión encabezada por Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para reafirmar su postura contra el proyecto en la Cuenca del Valle de México y llamar a la reconstitución de los pueblos.
“Los pueblos decimos NO al AEROPUERTO en el Lago de Texcoco, No a sus obras alternas e inducidas, No a la Aerotrópolis, No al ecocidio que está acarreando y amenaza con extenderse en toda la Cuenca del Valle de México”, publicó el FPDT en su cuenta de Twitter.
En la reunión con los funcionarios del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los representantes del FPDT y la Plataforma contra el NAICM señalaron que “es importante y sería congruente” que la nueva administración escuche y atienda a los pueblos, “pero no como un acto protocolario y de simulación”, por lo que exigieron trato digno y que se les reconozca como actores sociales y defensores de los derechos humanos.
“Sostenemos que somos los pueblos que vivimos en las orillas de antiguo Lago de Texcoco, así como todas las comunidades y pueblos afectados directamente por el proyecto del NAICM quienes debemos ser los primeros en ser escuchados”, destacaron.
Los pueblos también reafirmaron su posición contra “la destrucción de las evidencias y memorias” de su cultura ancestral y a la destrucción de la vida comunitaria y productiva.
Por último, resaltaron su postura a favor de la vida y de la reconstitución de los pueblos y de los ecosistemas en la Cuenca del Valle, así como del impulso del desarrollo y la vida digna de las comunidades y de la defensa y conservación del patrimonio cultural en la zona.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) condenaron y exigieron justicia por el asesinato de Rolando Crispín López, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y de la Asamblea Popular de Álvaro Obregón en Juchitán, Oaxaca, sucedido el pasado 22 de julio al terminar su servicio como policía comunitario.
“Fue cobardemente asesinado por una persona encapuchada, al parecer policía municipal de Juchitán, quien desde un mototaxi disparó y asesinó al compañero”, expresaron el CNI y el CIG.
Aseguraron que el asesinato del policía comunitario y defensor del territorio forma parte de la ofensiva emprendida por los gobiernos y las empresas transnacionales en contra de la comunidad binnizá de Álvaro Obregón, la cual “con dignidad y determinación defiende su territorio ante la invasión y destrucción por parte de los megaproyectos eólicos”.
De acuerdo con la APIITDTT y la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón, cuando Crispín terminó su jornada como policía comunitario se acercó a una tienda en la calle Benito Juárez, a donde llegó un mototaxi rojo con un sujeto encapuchado “quien de manera artera y cobarde disparó en repetidas ocasiones”.
“Varios vecinos de la comunidad pudieron identificar al agresor, cuyo apodo es ‘escarda’ y quien responde al nombre de Alejandro Matus Chávez, conocido por ser policía municipal activo, trabajador al servicio del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza”, agregaron las asambleas.
El futuro canciller Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que en la reunión entre el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, hubo afinidad “en posturas, ideas y principios”, y en temas como derechos humanos y laborales, medio ambiente y respeto a las comunidades originarias.
En este primer encuentro, Ebrard dijo que se planteó una fuerte relación entre ambos países, que incluye inversiones de Canadá en México, y se invitó a ese país a participar en algunos proyectos “prioritarios”, como el Tren Maya –que unirá a Cancún (Quintana Roo) y Palenque (Chiapas)– y el plan de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Además, abundó que el próximo gobierno buscará que Canadá invierta en materia aeronáutica, de trenes, vías férreas y logística de transportación entre puertos.
“Vamos a encontrar un sector nuevo de cooperación entre México y Canadá, quizás más importante o igual a la actividad minera, pero no me quiero adelantar, esa es nuestra perspectiva, vamos a ver si lo logramos, ese es el objetivo”, comentó Ebrard.
Resaltó que una política será que todas las empresas de origen canadiense cumplan en México las mismas normas ambientales, laborales y de todo tipo de su país, porque a veces se hace algo aquí y allá otra cosa.
“Un principio que vamos a defender es que se respete el mismo trato en su país que el que aquí les damos”, soltó.
Sobre las presuntas violaciones a derechos humanos que cometen las empresas mineras en las comunidades indígenas, el futuro secretario de Relaciones Exteriores respondió: “No entramos en materia, habría sido muy difícil, pero te diré que la política que se fijó, y así se dijo en la reunión, fue homologar para México y Canadá las exigencias que tienen que ver con libertades y derechos humanos, medio ambiente y derechos laborales”.
El gobierno de López Obrador no sólo promoverá la inversión, también exigirá el mismo tipo de regulación que se aplica en otras naciones, subrayó.
Según datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en México las empresas canadienses operan 65% de los 850 proyectos mineros que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y exploración en el país. En 19 casos se ha documentado que esas mineras ocasionan daños medioambientales, violan el derecho a la consulta de las comunidades indígenas e incluso han incurrido en amenazas.
Ativistas y juristas de la asociación civil «Tequio Jurídico», exhortaron a las comunidades involucradas en conflictos agrarios a propiciar ellas mismas el diálogo y buscar acuerdos para evitar más derramamiento de sangre.
Condenan que el sector más afectado por esta problemática han sido las personas indígenas y las mujeres.
«Se hace visible la violencia en contra de las mujeres en los conflictos por la tierra, afectando la vida, la integridad física y emocional de las mujeres y sus derechos agrarios, quienes anteponen sus cuerpos en la defensa de su territorio.», señalan.
Explican que los asesinatos y en general la violencia generada en la Sierra Sur obedecen no solamente a conflictos históricos por límites de tierra «sino que implica un control territorial por parte de poderes específicos como los partidos políticos, megaproyectos que implican minería, parques eólicos, líneas de alta tensión y concesiones de agua», entre otros.
La asociación civil exige que las autoridades implementen y garanticen los derechos humanos en este tipo de confrontaciones y su solución.
«Se deben crear alternativas de diálogo para su solución y evitar en todo momento actos de provocación y violencia. Es importante que las mujeres participen en los espacios de toma de decisiones para la construcción y participación de alternativas no violentas en la resolución de los conflictos agrarios.»
OAXACA, Oax. (apro).- “Oaxaca no sólo es fiesta, es rebeldía, es coraje”. Esa fue la frase que resonó en el estadio donde se realizó la décimo tercera “Guelaguetza Magisterial y Popular”, mientras los “cuerudos” de Miahuatlán, con sus sones y bailes, denunciaron su rechazo a las concesiones de minas que atentan contra su territorio.
A su entrada al estadio Tecnológico de Oaxaca, un “cuerudo” mostró una manta con la leyenda: “Alto a la concesión de minas en Miahuatlán! ¡No licence to open mines in Miahuatlán Oaxaca!”. Y, mientras, en el ambiente resonaba: “Seguimos resistiendo a los embates de un sistema que busca aniquilar nuestros pueblos, nuestros derechos y nuestros territorios”.
Este lunes, aquí en la capital, el dirigente magisterial de la Sección 22, Eloy López Hernández, y su invitado especial José Manuel Mireles Valverde, exlíder de los grupos de autodefensa en Michoacán, se pronunciaron contra los megaproyectos.
Los “cuerudos” recordaron igualmente las deudas de los “partidos asesinos, porque aún no olvidamos la matanza de Nochixtlán, a 43 estudiantes y a tantos que no están, por eso todos presentes con sus voces gritaran: ha triunfado otro partido y han muerto el PRI y el PAN”.
Antes de iniciar la Guelaguetza Popular, los organizadores resaltaron que la cultura no es mercancía ni se comercializa, en clara alusión a la “máxima fiesta de los oaxaqueños” organizada por el gobierno estatal, que este lunes desplegó a más de mil 400 elementos de seguridad, vialidad y socorro de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) para participar en el operativo “Guelaguetza 2018”.
la destitución anticipadade Víctor Villalobos, anunciado secretario de Agricultura del próximo sexenio.
TLC transgénico, que permitió que la importación de maíz a México tuviera
hasta un 5 por ciento de transgénicos como presencia accidental. Este acuerdo tuvo un enorme efecto facilitador para aumentar el dumpingde maíz industrial, mayoritariamente transgénico, a México.
es un hecho vergonzoso, porque México es centro de origen del maíz pero hoy importa millones de toneladas del grano. ( La Jornada del Campo, marzo 2018)
Rolando Crispín López, opositor a la instalación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, y miembro de la policía comunitaria de la localidad Álvaro Obregón, fue asesinado la mañana de ayer con armas de fuego, denunció la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierrra y el Territorio.
La organización culpó del homicidio a policías municipales de Juchitán de Zaragoza, quienes presuntamente dispararon contra el activista cuando ingresaba a una tienda en la calle Benito Juárez.
según la denuncia, Crispín lópez, quien desde hace cinco años forma parte de la policía comunitaria de Álvaro Obregón, fue asesinado cuando terminó su turno de guardia en la agencia municipal se acerco a una tienda para realizar unas compras pero un sujeto encapuchado que bajó de un mototaxi rojo le disparó en varias ocasiones; en el ataque armado, aseguró, una niña de ocho años resultó herida de bala.
Varios vecinos de la comunidad pudieron identificar al agresor, cuyo apodo es «escarda» y quien responde al nombre de Alejandro Matus Chávez, conocido por ser policia municipal activo del ayuntamiento de Juchitan de Zaragoza.
La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo agregó que desde el 2012 la comunidad de Álvaro Obregón se encuentra en la lucha defendiendo su territorio en contra de la empresa eólica Mareña Renovables, y en febrero de 2013 se constituyó la policía comunitaria con el objetivo de cuidar su territorio y defenderse contra las agresiones de la empresa eólica y de las autoridades.
«A partir de ese día, tanto el compañero como los demás integrantes de la policía comunitaria han sufrido agresiones que han puesto en peligro sus vidas, por parte de quienes intentan ocupar la barra Santa Teresa para desarrollar el proyecto eólico Mareña Renovables, y despojar del territorio a quienes dignamente los defienden», puntualizó.
En un comunicado, exigió justicia por el asesinato de Crispín López y responsabilizaron del homicidio al gobierno federal y estatal por su incapacidad para dar seguridad a los defensores de derechos humanos.
El ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la pasada administración estatal, Adelfo Regino Montes, recomendó al Gobierno Federal implementar una estrategia para distender la crisis que se vive entre las comunidades de Santa María Ecatepec y San Lucas Ixcotepec.
Entrevistado vía telefónica desde la capital del país, exhortó también al Gobierno del Estado, preservar la seguridad de las viudas y garantizar el acceso a la educación y la salud de los huérfanos que perdieron a sus padres en la masacre del pasado lunes.
Quien es propuesto por Andrés Manuel López Obrador para ser el coordinador de asuntos indígenas en sustitución de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en la próxima administración, lamentó que se sigan dando estos hechos que enlutan cada vez más hogares oaxaqueños.
Hizo “un llamado también al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para que genere una mesa de distensión; en estos momentos es muy importante que se averigüe con claridad quiénes son los responsables de los homicidios”.
Sangre no debe regar agro oaxaqueño
Indicó que el campo de Oaxaca no puede seguir ensangrentándose con asesinatos como el de Abraham Hernández González, coordinador del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) en Pochutla.
Reiteró que buscar una estrategia de distensión en este momento es muy necesario y un segundo momento, la solución de fondo de los graves conflictos agrarios que se están viviendo.
Rechaza destino de violencia
Con suma preocupación, señaló que la confrontación y la violencia no pueden ser el destino de las comunidades indígenas de Oaxaca; por ello se tiene que hacer un llamado enérgico al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal para que, con las atribuciones que tienen, puedan intervenir en este contexto que viven las comunidades.
Seguridad inmediata a zonas de conflicto
Señaló que es importante que haya una estrategia de paz y seguridad inmediata en todas las zonas que tienen otros conflictos agrarios, entre ellas Los Chimalapas y actuar de manera preventiva para que no se siga derramando la sangre de los indígenas.
Un manifiesto firmado por alrededor de 280 organizaciones comunitarias, sociales, campesinas y estudiantiles, representantes de pueblos, investigadores y activistas exigió a las autoridades cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) por ser “una expresión más de una agresión masiva del capital contra el trabajo, los pueblos y la naturaleza”.
“La obra tiene características de ecocidio, etnocidio, urbanicidio, de despojo y destrucción del patrimonio natural, territorial, cultural e histórico”, aseguraron los firmantes en el documento.
Las organizaciones también exigieron la implementación de un proyecto de restauración y corrección de los daños ocasionados por las obras del aeropuerto y la extracción de materiales pétreos con la explotación de 160 minas en la zona.
Agregaron que es urgente que se decrete a la Cuenca del Valle como área natural protegida en su modalidad de reserva de la biosfera u otra modalidad pertinente para los terrenos agrícolas, pecuarios y forestales.
Los firmantes destacaron que el NAICM no debe ser construido “por el ecocidio que representa y porque es técnicamente inviable”, ya que el vaso del ex lago de Texcoco “es el peor sitio elegido para construir la terminal aérea” por el tipo de suelo salino sódico, el cual es altamente corrosivo del concreto y metales como el acero, además de que el agua del subsuelo está a un metro de profundidad, como señalaron especialistas en múltiples investigaciones.
Por ello, los firmantes demandaron el respeto a las tierras de los pueblos de la Cuenca del Valle y suspender definitivamente la construcción del NAICM y la Aerotrópolis, la cual es un proyecto complementario que ocupará 4 mil 431 hectáreas de los municipios de Atenco y Texcoco y que representa “hasta 20 veces más el costo del nuevo aeropuerto”.
En México, la actividad minera forma parte de la historia de pueblos y comunidades. México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial.
En el estado de Oaxaca existe un total de 27 establecimientos relacionados con la minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas, de los cuales 20 son micro y pequeñas empresas, 04 medianas y 03 grandes empresas (DENUE, 2017).
“Oaxaca se configura como uno de los estados de mayor potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no metálicos como: micas, zeolitas, mármol, travertinos y granito” (Minería Sustentable, 2016).
Uno de los grandes problemas para la actividad minera en el estado es la oposición por la extracción de sus minerales, es así que, de acuerdo con la Revista Minería Sustentable (2016) existen 21 minas inactivas, debido a la oposición de grupos defensores del territorio y a la negatividad por que entren empresas trasnacionales, es así que, actualmente en Oaxaca “solo existe una mina activa de minerales metálicos” (Minería Sustentable, 2016).
Por otra parte, un dato relevante es que “el valor de la producción minera estatal durante el periodo enero-diciembre de 2010 ascendió a 1 mil 061 millones 931 mil 058.00 pesos participando con el 0.56% del valor total nacional” (Minería Sustentable, 2016).
La mujer minera en el estado de Oaxaca
La incursión de las mujeres en el ámbito laboral en nuestro país se ha incrementado de acuerdo con Amaya et al.(2012) una de las cifras históricas data de un incremento gradual del 21% en 1979 a un 34% para el año 1995, cifras significativas en segmentos segregados como: secretarias, maestras, meseras y enfermeras. Dentro del contexto de comunidades indígenas, según el censo de población del 2000, la mujer indígena tiene una participación en el ámbito laboral del 25.6% frente a un 70.8% de los hombres; “esta situación no permite el reconocimiento del valor económico de la mujer e impide sean consideradas como población económicamente activa” (Amaya et al., 2012, p. 732).
Según el Instituto de la Mujer de Oaxaca, los bajos niveles de educación y la carencia de un sector industrial que absorba mano de obra principalmente femenina deja sólo dos opciones: emigrar hacia mercados laborales más desarrollados o el trabajo independiente en servicios o comercio (IMO, 2001 en Cunningham & Cos-Montiel, s.f.).
Un dato representativo de esta situación es el Índice de Desigualdad de Género (IDG) que es de 0.410 para Oaxaca, muy por encima del valor nacional que es de 0.393 (PNUD, 2014), lo cual significa que existe una brecha entre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
El análisis de contenido de las entrevistas realizadas nos permitió verificar que la mujer se desarrolla en varias esferas de la vida. Casi siempre, los roles dentro se esas esferas son igual de demandantes: se debe ser madre, hija, hermana, esposa, ama de casa, proveedora, conciliadora y muchas otras cosas más. El pensamiento común dicta que, si una mujer no cumple con las demandas que cada uno de los roles tiene, se le puede acusar y juzgar, sobre todo en el estado donde se realizó el estudio Oaxaca, estado tradicionalista donde priman los usos y las costumbres.
El principal conflicto que la minera tiene es lograr la armonía entre su papel como trabajadora comprometida y los diferentes roles que le corresponde cumplir en sus núcleos de desarrollo (trabajo, familia y sociedad). De acuerdo con la mayoría de las encuestadas, no es fácil sobrellevar las presiones socioculturales, laborales y familiares cuando van en contra de todo lo que les posibilita su autorrealización.
Puede afirmarse que se encuentran entre un dilema, por un lado trabajar en la industria minera las llena de satisfacción, pero por otro, el hecho de trabajar en la mina les provoca discriminación y juicio social y a veces familiar.
Ese vaivén entre ser, querer ser y deber ser es lo que finalmente desgasta y empuja a las trabajadoras a desertar o luchar contra ellas mismas y los que las rodean. A pesar de que aquí se aborda desde la particularidad minera, el conflicto femenino de los roles y las expectativas depositadas en ellos se replica en todos los ámbitos y contextos en donde ellas participan.
En el centro del estado de Guerrero, al sur de México, tres pueblos enfrentan sus demonios. Los que llegaron del extranjero, los que surgieron desde el fondo de ellos mismos y los que tienen una presencia que más vale tolerar porque hay caldo de cultivo para que pervivan y se empoderen. Todo por el oro.
Huitziltepec, Nuevo Balsas y Carrizalillo son tres pueblos encaramados en el cinturón de oro ambicionado lo mismo por las canadienses Minaurum Gold, Goldcorp y Torex Gold Resources, que por grupos criminales.
Apenas el 21 de junio pasado, funcionarios del Gobierno estatal y municipal firmaron un convenio para “convertir la minería en fuente de desarrollo”, con el mismo potencial que el sector turístico. Pero en la zona, también hay producción de goma, opio, así como heroína. En medio, quedaron los pobladores.
En Coaxtlahuacán, comunidad de Mochitlán, también en el centro del estado, donde la empresa australiana Pacifico Minerals, avanza con las perforaciones de prueba.
Es Guerrero y su tesoro de oro que más que desarrollo le ha traído desgracia. Es Guerrero con una tranquilidad que en 2018 huele a resistencia.
En solo un año, el nivel de violencia contra los defensores ha aumentado drásticamente. En 2016 se registraron tres homicidios, para 2017 ocurrieron 15 asesinatos, según el informe de Global Witness.
Las comunidades Coloradas de la Virgen y Choreachi, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, estuvieron involucradas en una larga disputa legal contra el otorgamiento de concesiones madereras en sus tierras. Siete miembros de estas comunidades fueron asesinados entre 2013 y 2016. Ninguno de los asesinos ha comparecido ante la justicia.
México ha sido desde hace tiempo un país peligroso para los defensores de la tierra y el territorio, en 2017 la situación se agravó: de tres asesinatos en 2016 se escaló a 15 durante el año pasado. 13 de esas personas asesinadas pertenecían a comunidades indígenas.
También a nivel global 2017 fue el año más sangriento para los defensores de la tierra. Casi cada semana cuatro activistas fueron asesinados por defender sus hogares y el ambiente. 60% de esos ataques se registraron en América Latina.
Todos estos problemas, en la Sierra Tarahumara, en México y en otras partes del mundo, se agravan, dice Ben Leather, encargado de Incidencia de Global Witness por la falta de una implementación adecuada de un marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas que asegure una consulta y un consentimiento previo, libre e informado sobre los proyectos que se planea llevar a cabo en sus tierras.
También hacen falta medidas de protección para personas defensoras, en contextos de defensa frente a la actividad empresarial, pero también de crimen organizado. México, señala el informe, es uno de los pocos países con una legislación y un mecanismo específicos para proteger a personas defensoras de derechos humanos, pero en la práctica esto no funciona.
“Se necesita una política gubernamental integral para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatiza a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema de forma estructural”.
El informe de Global Witness insta al Estado mexicano, pero también al equipo de transición y a la nueva administración que está por entrar, a trabajar para implementar tres grandes líneas de acción:
1.- Atacar las causas, combatir la corrupción, asegurar los títulos de propiedad de las tierras, respetar los derechos colectivos y consuetudinarios sobre la tierra y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a otorgar o negar consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales.
2.- Apoyar y proteger a las personas defensoras, darles las herramientas necesarias para que lleven a cabo eficazmente su activismo y garantizar su seguridad.
3.- Garantizar la rendición de cuentas para evitar amenazas futuras; los responsables de los ataques contra las personas defensoras deben comparecer ante la justicia, y quienes no les apoyen ni protejan, deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales.
El virtual presidente electo impulsará la construcción de 300 caminos en comunidades marginadas.
Los 500 mil millones de pesos que Andrés Manuel López Obrador anunció ayer para financiar siete proyectos productivos de infraestructura convertirán en Oaxaca en uno de los estados con mayor atención del gobierno federal.
Entre los proyectos prioritarios del próximo gobiernos se encuentra la atención a zonas afectadas por sismos, la generación de 50 mil empleos por la construcción de caminos y la priorización de la Zona Económica Especial de Salina Cruz.
Sobre los daños causados por sismos, el virtual presidente electo anunció que el próximo 19 de septiembre presentará el plan nacional de reconstrucción con el que se apoyará «a los dignificados que todavía están viviendo en campamentos en la intemperie».
De los siete proyectos anunciado por Obrador, cuatro involucran al estado: la construcción del corredor interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos para conectar Asia con Estados Unidos, la construcción de 300 caminos en comunidades marginadas, la comunicación con Internet de todas las zonas del país y el plan para la reconstrucción tras los sismos de septiembre pasado.
Para los sietes proyectos se contempla una inversión de 500 mi millones de pesos. «esos recursos se van a reunir con el dinero que vamos a obtener por ahorros, porque se van a reducir como ya se ha dicho, los sueldos de altos funcionarios públicos, va a haber un gobierno austero, va a haber compras consolidadas, no se va a comprar caro, se va a comprar lo indispensable».
Sobre las zonas económicas especiales, aseguró que el programa continuará, «pero la prioridad en el marco de ese programa la va a tener el Istmo de Tehuantepec, otra zona prioritaria va a ser al de la frontera norte».
López Obrador resaltó además que solo 25% del territorio nacional cuenta conexión a Internet, por lo que se atenderá de inmediato la promesa de campaña de conectar a todo el territorio nacional.
En el próximo gobierno se debe retomar lo que quedó pendiente de cumplir, en 2001, de los Acuerdos de San Andrés, esencialmente el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, dijo Adelfo Regino Montes.
Antes de reunirse esta mañana con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador -quien sostiene un encuentro con su equipo económico- el abogado que será el próximo enlace con los pueblos indicó que también debe haber un proceso de revisión de las concesiones y permisos de explotación de recursos naturales en las regiones indígenas.
Antes de reunirse esta mañana con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador -quien sostiene un encuentro con su equipo económico- el abogado que será el próximo enlace con los pueblos indicó que también debe haber un proceso de revisión de las concesiones y permisos de explotación de recursos naturales en las regiones indígenas.
«Tiene que haber un proceso de revisión y pedir, en cada uno de los casos, que se cumpla con los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos que pedir que se respete el estado de derecho y esto incluye el respeto a los derechos a sus tierras, territorios y, en particular, a la consulta previa, libre e informada», indicó.
«Tenemos información de que se han expedido concesiones, permisos sobre los recursos naturales de los pueblos y comunidades, sin que muchos de los casos estén enterados de que existen», indicó.
«No hay un proceso de diálogo, de acuerdo, con las comunidades indígenas. De ahí que tenemos que hacer un mapeo de las concesiones y permisos que se han expedido, para que podamos tener un conocimiento de primera mano de cuál es la situación de estos actos de carácter administrativo y se pueda hacer una revisión para ver si se ajustan a los derechos de los pueblos indígenas».
Recordó que López Obrador ha comprometido que, en el futuro, cada proyecto y obra tendrá que ser bajo un proceso de diálogo, de consulta con los pueblos y comunidades, cumpliendo el convenio de la OIT.
«Esperamos que se construyan con la participación de los pueblos y comunidades. Vamos a convocar a un proceso de consulta, para que las autoridades comunitarias y municipales sean debidamente escuchadas en sus planteamientos de desarrollo», expuso.
Asimismo se presentará una estrategia de regionalización de los pueblos y comunidades «porque queremos que los 68 pueblos indígenas de México y el pueblo afro mexicano, de la Costa de Oaxaca y Guerrero, sean debidamente atendidos».
Por la sobreexplotación de la mina El Tezoyo, en el municipio de Tezoyuca, estado de México, alrededor de 90 viviendas de las comunidades La Concepción y Resurrección presentan cuarteaduras en muros y losas y están en riesgo de desplomarse, pues quedaron junto a los desfiladeros y taludes que deja la extracción de materiales pétreos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
‘‘Calculamos que diariamente entran y salen unas 400 góndolas que se llevan el material. Trabajan 20 horas al día y la explotación ya avanzó hacia zonas más cercanas’’, denunciaron los vecinos.
Agregaron que las tierras se agrietaron por el uso de la dinamita para extraer el material, además de que René Martínez, dueño de la mina también conocida como Ocupulco, se apropió de varias calles.
‘‘Las grietas en nuestras casas son cada vez más evidentes y con las lluvias se filtra el agua. Hemos tenido que hacer reparaciones para evitar un mayor deterioro”, señalaron.
El material que se extrae de la mina es el tezontle, utilizado para la construcción del NAICM. Por las operaciones en la mina cientos de familias están en peligro, pues sus casas quedaron a distancias de uno a cinco metros de los taludes y desfiladeros.
Los vecinos acusaron que ya han presentado denuncias por los daños ocasionados en sus viviendas, pero éstas no han procedido porque el empresario y dueño de la mina está protegido por las autoridades estatales y federales.
Organizaciones contra la minería enviaron un comunicado al nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador para manifestar su rechazo a los proyectos mineros y asegurar que “ya no es posible dar continuidad de este modelo extractivo depredador”, por lo que exigieron que todas las concesiones mineras en el país sean canceladas “de forma inmediata”.
Aseguraron que todas las empresas mineras “sin excepción, han violado las leyes, han violado los derechos humanos y han trastocado y vulnerado la participación y la toma de decisiones de los pueblos y de la gente”.
Las organizaciones y colectivos pidieron “cortar de facto con esta política indiscriminada y entreguista de concesiones mineras”, con las cuales las empresas naciones e internacionales despojan a las comunidades para explotar la mina, que además conlleva consecuencias ambientales y de salud para las poblaciones.
“El gobierno electo debe terminar con la simulación y prohibir tajantemente la contaminación de aquellas empresas que tienen proyectos en operación actual”, señalaron en el comunicado y agregaron que quienes contaminen deben reparar los daños ocasionados a la salud y al medio ambiente, “no importando el costo que ello les signifique, así como también reciban las sanciones penales correspondientes”.
En pro de la vida, la paz y el desarrollo comunitario; desde nuestras propias cosmovisiones y en respeto profundo de nuestra Madre Tierra, manifestamos que la minería no representa ninguna opción de desarrollo para nuestros pueblos y sus habitantes.
Así lo ratificaron más de 30 pueblos y comunidades indígenas y campesinas de los Valles Centrales de Oaxaca, acompañadas por organizaciones y colectivos del estado, en el marco del Encuentro de los Pueblos de los Valles Centrales Contra la Minería denominado “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”, evento que tuvo lugar el pasado 22 de Junio, día estatal de Rebeldía contra la minería, en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, distrito de Ocotlán y que PBI acompañó.
El desarrollo del evento dio cumplimiento a los acuerdos generados en el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, realizado en la comunidad de Magdalena Teitipac el pasado 23 de febrero de 2018. El encuentro tuvo los objetivos de: crear una estrategia para preparar el próximo juicio popular y comunitario contra la minería y refrendar la Declaratoria Regional de Valles Centrales contra la minería, donde las comunidades se posicionaron anteriormente, en contra de la actividad minera en el año 2015. El encuentro también fue un confluente de pueblos y comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca que defienden su territorio frente a proyectos mineros, específicamente en oposición del establecimiento de un “corredor minero” de más de 100.000 hectáreas concesionadas sin una consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas; aquí, las personas compartieron, identificaron y diseñaron estrategias comunitarias para enfrentar las múltiples afectaciones sociales, ambientales y culturales, producto de la intervención de proyectos mineros en sus territorios.
Según organizaciones asistentes, actualmente en el estado de Oaxaca existen 322 concesiones para explotación de los recursos naturales, que se concentran principalmente en territorios de los Valles Centrales y la Costa Oaxaqueña. Por su parte, Servicios para una Educación Alternativa A.C. – EDUCA, organización acompañada por PBI en el estado de Oaxaca, recalcó que las múltiples concesiones otorgadas a empresas mineras generan un despojo masivo de tierras a las comunidades indígenas y que eventos como éste, son el resultado de los procesos que se vienen articulando desde el año 2008, cuando tuviera lugar el primero de estos encuentros.
Además de generar redes de información y trabajo regional conjunto entre diferentes sectores sociales, connotar el profundo respeto y consideración que se tiene por la naturaleza y sus recursos y diferenciar la visión de desarrollo, divorciada del concepto economicista del extractivismo, la relevancia del evento radicó en puntos específicos como el establecimiento de los acuerdos para desarrollar un juicio popular y comunitario en contra de la minería el próximo mes de Octubre, la firma de la “Declaratoria Regional No a los proyectos mineros”, documento construido, ajustado y firmado por los participantes, quienes determinaron colectivamente que “El agua vale más que el oro, porque el oro no se bebe”. También se llevó a cabo la constitución de la “Asamblea Comunitaria en Defensa de la Vida No a la Minería” que como ente representante de las comunidades de los valles centrales se encargará de accionar legalmente frente a la intervención minera en dichos territorios.
Debido a que es una gran preocupación para PBI la situación de seguridad de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente (ver publicación Defender la Vida), es fundamental resaltar la legítima labor de muchas organizaciones que al igual que EDUCA, acompañan y abordan procesos de defensa de los derechos humanos de comunidades y pueblos, la soberanía de sus territorios y el respeto y cuidado de los recursos naturales a lo largo del territorio nacional.
Si bien el Estado mexicano ha adquirido una serie de compromisos en términos de normas y suscripción a tratados internacionales, la situación de riesgo para personas defensoras sigue siendo alta y los mecanismos de protección propuestos no parecen ser lo suficientemente eficaces a la hora de abordar la problemática (Ver informe “La deuda del Estado mexicano”del Espacio de organizaciones de la sociedad civil – Espacio OSC). Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionó haber observado en la región “la ausencia de adopción e implementación de medidas efectivas de reconocimiento y protección para quienes defienden y promueven los derechos del territorio, medio ambiente y aquellos ligados al acceso a la tierra”.
Entre tanto, y actuando a petición de las organizaciones locales que acompaña, PBI seguirá trabajando en la protección y ampliación de lo espacios de trabajo de las personas y organizaciones que promueven derechos humanos y de tierra y territorio. Al mismo tiempo, PBI hace un llamado a las autoridades competentes a proteger y propender por el respeto de la labor, la seguridad y la vida de las personas defensoras que diariamente abordan esta problemática.
En la presente administración han sido asesinados 12 activistas, todos ellos pertenecientes a organizaciones vinculadas con la defensa de los pueblos indígenas y su territorio.
La mitad de ellos han perdido la vida violentamente en lo que va del 2018.
El pasado 9 de enero, Felix Guerrero, secretario del Codep fue asesinado a balazos en Putla. Habitantes de esa población encontraron sobre un camino de terracería el cuerpo sin vida del activista, quien tenía un disparo en la frente.
Esta organización está conformada por indígenas y campesinos bajo las consignas de defender los derechos ciudadanos de los pueblos.
Al mes siguiente, el 12 de febrero, un grupo de hombres armados asesinó a tres activistas del Codedi cuando viajaban por la carretera Oaxaca- Huatulco, agrupación que según sus estatutos, busca la defensa de los derechos indígenas y el territorio.
El profesor de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Calixto Pedro Guillermo, fue asesinado el pasado 8 de junio en San Juan Guichicovi, región del Istmo de Tehuantepec. El también luchador social era miembro de la UCIZONI, organización activa en la defensa de la tierra, territorio y empoderamiento de mujeres indígenas.
El último atentado contra activistas tuvo lugar apenas antier. El coordinador regional del Codedi, Abraham Hernández González, de 42 años de edad, fue asesinado en la comunidad de Salchi, Pochutla.
Antes del mediodía, un comando armado entró al domicilio de la víctima y se lo llevó a bordo de una camioneta. Horas más tarde, el cadáver de Hernández González fue localizado con huellas de tortura.
En el marco del Día Mundial contra la Megaminería, celebrado el 22 de julio, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que durante al menos los últimos 24 años se ha implementado una política de Gobierno neoliberal que ha incurrido en la violación a los derechos humanos de comunidades enteras y en la entrega de los recursos naturales.
Las organizaciones urgieron al próximo Gobierno, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, a que escuche las voces de las comunidades, a poner fin a las concesiones mineras y a detener “los proyectos de muerte” a lo largo y ancho de la República Mexicana.
En entrevista con SinEmbargo, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, del Colectivo Azul, explicó que los “proyectos de la muerte” son todos aquellos que atentan contra los bienes y la herencia biocultural de los territorios. El extractivismo de energéticos y minerales, subrayó, son especialmente depredadores.
Denunció que este tipo de proyectos “fracturan a las comunidades y las dividen”. “Hay todo un modus operandi muy bien definido para llevar a cabo la explotación del territorio y todo es a partir de ilegalidades y de impunidad”, añadió.
Durante una conferencia, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Ivette Lacaba indicó que desde las organizaciones existe “un poco de esperanza” de que el nuevo Gobierno muestre disposición de hacer un cambio. Sin embargo consideró que en el tema, el discurso del próximo Presidente de México ha sido ambiguo.
Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), pidió que el nuevo Gobierno los escuche, pero manifestó que la lucha continuará ya sea con un “Gobierno amigo o con un Gobierno enemigo”.
Ruiz Guadalajara enlistó una serie de puntos que el Gobierno de López Obrador podría seguir, si tiene como objetivo proteger al medio ambiente y la salud de la población:
1. Impartir justicia y rendir cuentas.
2. Cancelar concesiones mineras de forma inmediata.
3. Armonización legislativa para la protección del ambiente y de los derechos humanos.
4. Poner fin a la corrupción institucional.
5. Establecer democracia participativa.
6. Recuperar la soberanía y la paz social.
Finalmente, los organismos no gubernamentales dieron a conocer que en distintas ciudades y comunidades alrededor del mundo habrá manifestaciones en contra de la contaminación y el saqueo que produce la actividad extractiva, en el marco del Día Mundial contra la Megaminería.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales( SEMARNAT), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) entregó entregó el “Reconocimiento de excelencia ambiental” junto con otras 58 empresas de alto desempeño ambiental en todo el país.
n 2017, la dependencia informó en un comunicado, estas industrias disminuyeron emisiones de CO2 en 3.5 millones de toneladas, cantidad que generan 684 mil vehículos compactos durante un año, lo cual es un dato que representa el 8% de la meta comprometida para el sector industrial por México para el año 2030.
En el reconocimiento se incluyó a operaciones mineras como las de Minera Roble Unidad Velardeña, Minera Penmont Unidad La Herradura y Minera Saucito, estas dos últimas de Fresnillo PLC, subsidiaria de Industrias Peñoles.
Fernando Alanís Ortega, director general de Peñoles, recibió el reconocimiento que distingue a la Unidad Velardeña por el alto compromiso que tiene la empresa con la preservación del medio ambiente.
Para que peñoles se hiciera merecedor de este reconocimiento destaca:
• Certificación en el máximo Nivel de Desempeño (NDA2)
• Instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales;
• programa de ahorro de energía;
• domo para evitar emisiones de partículas de polvo a la atmósfera;
• un sistema de recuperación y recirculación de agua bajo la administración de “cero descargas”;
• manejo controlado y de minimización de residuos;
• campañas de reforestación;
• promoción de educación ambiental;
• apoyo a comunidades vecinas
Industrias Peñoles siempre ha demostrado interés ambiental y compromiso para dejar un mejor planeta para generaciones futuras.
Alrededor de 300 hectáreas de cultivos han sido afectadas por la mina “El Águila” al contaminar el río Tehuantepec, situación que motivo al Congreso del Estado a solicitar un informe del expediente administrativo de responsabilidad de esta empresa minera filial de Gold Resource Corporation.
Según el directorio del sector minero de la Secretaría de Economía, la unidad El Águila, se ubica a 120 kilómetros de la capital de Oaxaca y es una mina de yacimiento de oro y plata extraíbles a través de un rajo abierto por la empresa Don Juan Gold México S.A. de C.V., cuya propiedad pertenece al grupo estadounidense Gold Resource Corporation.
En la planta de la empresa Don David Gold México S.A. de C.V., que inicio sus actividades en 2010 se procesan los minerales de oro y planta que provienen de la mina El Águila y que contamina al rio “Tehuantepec.
El pleno de la LXIII Legislatura local aprobaron solicitar a los titulares de la delegación en Oaxaca de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un informe del estado que guarda el expediente administrativo de esta empresa minera.
En sesión ordinaria, integrantes de la legislatura expusieron que a la fecha, los desechos de la mina “El Águila” que van al río “Tehuantepec” ya han secado el 40 por ciento de 50 hectáreas de cultivo de limón, cuyo número de hectáreas afectadas asciende a las 300.
Recalcaron que los terrenos de cultivo de papaya, pepino, maíz, frijol y miltomate han sido los principales afectados que se nutren mediante el sistema de riego y ahora por los trabajos realizados por la mina afecta de manera directa a la economía de las familias dedicadas al campo.
De igual forma, coincidieron en la necesidad de solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), para que de manera inmediata implemente programas de apoyo emergente para los campesinos de la región, que han perdido sus cosechas a consecuencia del daño ambiental ocasionado por la mina.
En asociación con empresas de otros países, el gobierno venezolano explota el Arco Minero del Orinoco, una vasta región rica en minerales. Las graves consecuencias sociales y ambientales de estas actividades han pasado mayormente desapercibidas. La devastación de Venezuela es también ecológica.
El régimen de Nicolás Maduro, siguiendo los pasos de su predecesor Hugo Chávez, quien ya lo había anunciado en 2011, abrió las compuertas al apocalipsis ambiental cuando puso en marcha en 2016 el llamado Arco Minero del Orinoco:
una vasta extensión de 111 mil 846 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 12,2 % del territorio venezolano, que atraviesa selvas del sur como la sierra de Imataca, La Paragua y El Caura y las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, todos sistemas ecológicos frágiles, habitados por comunidades indígenas.
La voracidad del gobierno chavista, escaso de divisas petroleras debido a su propia incapacidad y corrupción en el manejo de PDVSA, ha hecho que Maduro y sus cómplices se vuelquen hacia la explotación de recursos mineros. El Arco cuenta con grandes reservas de coltán (mineral codiciado por la industria de la electrónica), bauxita, diamantes y oro que algunos cálculos valoran en unos 2 trillones de dólares. Bajo un esquema de asociaciones estratégicas, el gobierno venezolano ha dado concesiones de explotación minera a diversas empresas chinas, rusas, canadienses, surafricanas, australianas y de otros países. Una de las empresas concesionarias es la llamada Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la porción del “pastel” que le ha tocado a la casta militar, soporte principal del régimen.
Las comunidades de pueblos indígenas han sido una de las principales víctimas de la participación militar en las regiones mineras. Esto ha resultado en enfrentamientos con fuerzas militares, en crímenes contra representantes de esos pueblos, y en una red de manejos oscuros de un negocio que pudre el tejido social, sanitario y moral de esas regiones. En un extenso y muy documentado reportaje, el periodista Edgar López relata los horrores asociados con la exploración del Arco Minero, un cóctel destructor que mezcla “crimen, corrupción y cianuro”.
La migración de personas hacia las zonas selváticas para trabajar en la minería es una de las razones (no la única) que explican un incremento de los casos de malaria en Venezuela. Estos movimientos de población hacia los campos mineros también han resultado en un incremento de la prostitución, el tráfico de seres humanos (especialmente en tiempos de crisis humanitaria), y la explotación de los trabajadores. Todo esto en un país donde no existe el Estado de derecho, y el sistema judicial y de protección de los derechos humanos, incluyendo a la Fiscalía de la República y el Defensor del Pueblo (ombudsman), están al servicio del régimen de Maduro.
Algunos chavistas han denunciado la devastación del Arco Minero del Orinoco. Antiguos ministros y funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, incluyendo al Mayor General Clíver Alcalá Cordones, introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano para detener la explotación minera en esa zona, pero la máxima instancia judicial la declaró improcedente. Varias organizaciones no gubernamentales venezolanas, entre las que está la Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) también han alertado contra los efectos nefastos del Arco Minero. Pero el gobierno venezolano ha hecho caso omiso a todas estas denuncias. Recientemente anunció que un primer cargamento del mineral coltán había sido despachado a Italia, noticia que no aparece confirmada por ninguna fuente independiente.
En el plano internacional también se han escuchado algunas voces de alerta. Sin embargo, llama la atención el silencio de los grandes del ecologismo, como Greenpeace (un grupo llamado Greenpeace Venezuela, que no parece representar oficialmente a Greenpeace, hizo una tímida denuncia en su página Facebook) o el WWF. También resulta curioso que un vocero del ecologismo como el canadiense David Suzuki haya aceptado participar en una conferencia organizada en 2015 por la Embajada de Venezuela en Canadá bajo el título IV Encuentro de Saberes, pero que en la misma no haya mencionado el bien documentado impacto ecológico de la explotación petrolera en Venezuela, y particularmente del petróleo extra pesado de la Faja del Orinoco.
La exploración y explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ha causado graves impactos en el medio ambiente en San José del Progreso y en sus alrededores, pero también el rompimiento del tejido social y el homicidio de dos opositores que aún siguen sin castigo.
De acuerdo con el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, la preparación del proyecto incluyó desmonte, remoción de suelo, nivelación, compactación y creación de nuevos caminos, que han originado en consecuencia, impactos permanentes al ambiente, como alteración de la geoforma y de la profundidad del suelo, así como erosión y pérdida de suelo natural.
Otros daños
Además, el ruido y vibraciones en suelo que causan la detonación de explosivos para la extracción de los minerales, se perciben hasta ocho kilómetros de distancia, en las comunidades aledañas Monte del Toro, Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa y la Noria de Ortiz.
Aparte de esto, la explotación de la mina tiene un impacto sobre la fauna local debido a la luminosidad por trabajo nocturno en las áreas de extracción y operación.
Independientemente de esto, el consumo de agua de la mina es de mil 500 metros cúbicos por día, lo que equivale a un millón 500 mil litros, que corresponde a 150 tinacos de 10 mil litros por día.
Para la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua (Copuda), los decretos de reserva de agua recientemente publicados por el gobierno federal, son una traición a México.
“Es un despojo a los pueblos originarios”, señaló Job Manuel Juárez Díaz, representante de COPUDA, organización que desde hace 13 años enfrenta una lucha legal por levantar el decreto de veda que restringe el uso del vital líquido en los Valles Centrales.
Existe -dijo- un trato diferenciado de parte del gobierno federal que privilegia a los empresarios por sobre la ciudadanía.
Recordó que desde 1967, por decreto presidencial se estableció una veda en el Valle de Ocotlán y Zimatlán. Al paso de los años, pobladores de 12 comunidades empezaron a organizarse para establecer acciones articuladas para el mantenimiento y fortaleza a los mantos freático con el objetivo de tener acceso al agua.
Alimentos contra minería
Indicó que mientras que en las comunidades requieren de agua para la producción de alimentos en el trabajo de agricultura, las grandes empresas la utilizan para acciones de minería y fracking.
La Copuda presentó en distintos momento peticiones a la Conagua para que revisara una posible modificación del decreto de veda de 1967 debido a que fueron ignorados recurrió a un amparo ante el juzgado de distrito por incumplir el derecho de petición.
En 2012 la Copuda ganó un amparo directo y en abril de 2013 la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente 9216/11-17-01-5, dictó sentencia a favor de los pueblos.
Ante el desacato de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, al acuerdo de la asamblea ejidal para prohibir la minería en su territorio, los campesinos de esta comunidad están molestos porque vulnera su derecho a la libre determinación, pero también están más decididos a no permitir su ingreso y el desarrollo de cualquier actividad en su jurisdicción.
Por mayoría, la asamblea ejidal convino, el 13 de octubre de 2016, rechazar alguna autorización en favor de personas, dependencias, empresas, organizaciones civiles, investigadores y a cualquier instancia de gobierno, para realizar estudios de prospección, exploración y explotación de minerales en su territorio, al descubrir que la Secretaría de Economía (SE) había otorgado la concesión Progreso II a la compañía canadiense en su territorio y en otras comunidades vecinas, para expandir las operaciones de la mina La Trinidad, localizada en San José del Progreso.
Sin embargo, los campesinos se percataron el 30 de junio de 2017, que la empresa canadiense había hecho excavaciones en sus tierras, en los límites con San José del Progreso, a pesar del acuerdo de la asamblea ejidal, que fue presentado en el Registro Agrario Nacional (RAN).
Los ejidatarios se opusieron a la ampliación de Fortuna Silver Mines, porque la concesión Progreso II contaminará un área eminentemente agrícola y forestal, ubicada en el paraje Las Marías, donde se encuentran las presas Bordo Vallito y Yoguvene, en jurisdicción de San José del Progreso y San Martín de los Cansecos, que se utilizan para el consumo humano y el campo.
Además, el paraje Las Marías tiene una gran importancia para las comunidades, por ser una de las zonas principales para la recarga de mantos acuíferos y como consecuencia, la minería se convertirá en una grave amenaza ambiental.
El Gobierno mexicano emitió en total una decena de decretos para suprimir vedas existentes en más de la mitad de las cuencas hidrológicas del país, por ello, investigadores y académicos en temas de agua y medio ambiente urgieron al Presidente Enrique Peña Nieto a abrogarlos, pues prevén que el vital líquido podría ser entregado a distintas industrias entre las que incluyen mineras, inmobiliarias, fracking, cerveceras, refresqueras, entre otras.
De inicio, ¿qué es una zona de veda? De acuerdo con el propio Gobierno federal son “áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos”.
Pero el pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el mandatario mexicano firmó diez decretos para eliminar las vedas de 300 cuencas y la acción fue presumida como una “reserva hídrica para uso ambiental”, incluso hoy, un día después de que medios de comunicación nacionales dieran a conocer la noticia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un comunicado en el que aseguró que “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”.
Vecinos de la agencia Boca del Río, en Salina Cruz del Istmo de Tehuantepec, denunciaron que la tarde de este martes se registró un nuevo derrame de crudo sobre sus terrenos ejidales, lo que agrava la contaminación en la zona.
Información vertida ante el medio local, RCP Noticias, señala que fue cerca de las 14:00 horas que vecinos de la zona, sobre la carretera que conduce a la agencia que comenzó a filtrarse el olor a combustible a los hogares y fue que dieron aviso al presidente del ejido, Sergio Martínez.
El hidrocarburo también afectamanglares en al menos 100 metros y sigue avanzando.
Según el presidente ejidal, no es la primera vez que un derrame contamina incluso los afluentes cercanos, pues ya el año pasado se registraron dos fugas y pese a haber hecho la denuncia, incluso ante la Secretaria de Gobernación, las autoridades han hecho caso omiso.
Fue el Consejo de Vigilancia de Petróleos Mexicanos quien llegó a la zona y comenzaron a colocar mamparas.
Los ciudadanos están alertando sobre que la fuga alcance la laguna cerca a la zona.
Con la concesión Monte Albán IV de unas 10 mil hectáreas, que ha solicitado al gobierno federal, la empresa canadiense Fortuna Silver Mines pretende ampliar su zona de explotación en territorio de los municipios de Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y Asunción Ocotlán, ante el total rechazo de las comunidades del Valle de Ejutla, colindantes a San José del Progreso, donde funciona la mina La Trinidad.Una de ellas, fue esta comunidad y su anexo Los Ocotes, quienes dieron un rotundo no y declararon su territorio libre de minería, a pesar de las presiones y amenazas de la compañía, debido a los conocidos efectos nocivos del modelo extractivista en el medio ambiente.
Pero también, porque el gobierno federal no respetó el derecho al territorio, ni convocó a una consulta libre, previa e informada en las comunidades de los Valles de Ocotlán y de Ejutla de Crespo, al otorgar la concesión a la compañía canadiense.
Pues, al no conocer su parecer sobre el proyecto en San José del Progreso, quebrantó la Constitución Política federal, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Además, la empresa canadiense, a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán, que se encarga de las operaciones de La Trinidad, realizó estudios hidrogeológicos en el ejido de la comunidad y su anexo, sin informar o dar parte a sus órganos de decisión interna.
Por esta razón, los habitantes del ejido El Vergel y su anexo Los Ocotes se mantienen organizados y en resistencia ante otra eventual ofensiva de Fortuna Silver Mines, por el rechazo que se empieza a dar en Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y Asunción Ocotlán.
El ingreso al Tratado de Libre Comercio (TLC) detonó la grave contaminación de los ríos mexicanos, que en números, significa el 70% de los ríos mexicanos.
Agua para Todos publicó en su página de internet un artículo en que se señala que especialistas en diversas disciplinas en Ciencias de la UNAM, así como el Relator de la ONU sobre el Manejo de Sustancias Peligrosas coincidieron en que fue a partir de 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en México detonó la proliferación de industrias extractivas.
Señalaron que “con ello se instauró también la laxitud de la normatividad para permitirles operar con impunidad, lo que ha puestos sus recursos naturales, principalmente el agua, en un verdadero riesgo”.
Raúl García Barrios, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, alertó que el 70 por ciento de los ríos mexicanos está contaminado gravemente por las industrias extractivas, privadas y también por parte de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, lo que tiene al país en una “catástrofe”, indicó Agua para Todos.
Las industrias extractivas son aquellas que se dedican a extraer y explotar los recursos del subsuelo: minerales, gas y petróleo; aclaró.
Las industrias extractivas en México, tanto las que administra el Estado como las privadas, han provocado una situación “catastrófica” en los cuerpos de agua, ya que alrededor del 70 por ciento de los ríos presenta contaminación grave, denunciaron especialistas en materia y organizaciones civiles.
“Además, todo ese deterioro lo han realizado con el permiso y la omisión de funcionarios del Gobierno federal y de las autoridades estatales y municipales, explicaron”, se detalla en el artículo.
Una vez que se ha corrido la voz de alerta sobre la intención de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, de obtener una nueva concesión minera en el Valle de Ocotlán, los habitantes de esta comunidad ya empezaron a compartir información y a coordinarse, para evitar su emplazamiento.
Muchas son las causas de su desacuerdo, pero es fundamentalmente, la eventual contaminación al medioambiente, por las experiencias conocidas en el vecino San José del Progreso, donde la empresa canadiense opera la mina La Trinidad, a través de su filial Cuzcatlán.
Además, como comunidad dedicada completamente al campo, no tiene ningún interés en el desarrollo promovido por la actividad minera, por su gran respeto a la madre tierra y al agua.
«Solamente trae muerte»
“Como campesinos, no queremos ese desarrollo, porque la minería solamente trae muerte”, aseguró el presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), Ángel Ruiz Méndez.
Ante la intención de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines de obtener una nueva concesión, esta comunidad zapoteca del Valle de Ocotlán ha comenzado a informarse y a organizarse para impedir cualquier trabajo de exploración y explotación minera en su territorio.
Pues una gran parte de su superficie, donde se encuentran grandes extensiones de tierra dedicadas a la agricultura, quedaría dentro del polígono de la mina.
Además, afectaría todas las obras de captación de agua de lluvia que ha desarrollado la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) durante más de una década, para mantener el nivel de los mantos acuíferos y con esto, poder enfrentar la sequía registrada en los últimos años.
Las afectaciones
“Después de conocer la información, empezamos a organizarnos porque no vamos a permitir la entrada de la minera. Las minas solamente causan muertes”, aseveró la representante de la Copuda en la comunidad, María de los Ángeles Santiago Sánchez.
La activista dijo que los detalles de la nueva concesión de Fortuna Silver Mines, especialmente el plano del polígono de la mina, ha causado una enorme preocupación en la comunidad, porque una gran parte del casco quedaría en su interior.
Ante la eventual entrega de una nueva concesión a la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, esta comunidades y otras del Valle de Ocotlán se declararon en alerta para evitar el ingreso a su territorio de personal de esa compañía a desarrollar trabajos de exploración.
“Esa es la decisión del pueblo, no queremos ese tipo de desarrollo por todas las consecuencias que origina la explotación de una mina”, aseguró Román Cruz Varela, representante del Equipo Kruz, un colectivo que se ha dedicado a documentar los alcances de la nueva concesión a la empresa canadiense.
A principios de este año, Fortuna Silver Mines requirió a la Secretaría de Economía (SE) el otorgamiento de la concesión denominada Monte Albán IV –en las inmediaciones de la mina en explotación La Trinidad, ubicada en San José del Progreso–, que abarca una superficie de 10 mil hectáreas, sobre los cuatro municipios más grandes del Valle de Ocotlán, entre estos, Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y Asunción Ocotlán.
Aunque, también ocupa alguna parte del territorio de los municipios de San Juan Chilateca, Santa Ana Zegache, Santa Lucía Ocotlán, San Pedro Apóstol y Magdalena Ocotlán.
El activista dijo que el pueblo de San Juan Chilateca se opone a la explotación de la minería porque provocará una severa contaminación en la tierra, el aire y el agua de su comunidad, así como por los riesgos en la salud de sus habitantes.
La mina en San José del Progreso –aseveró–, fue el mejor ejemplo para San Juan Chilateca y demás comunidades, por el rompimiento del tejido social, la contaminación en el medio ambiente y las enfermedades provocadas en trabajadores y pobladores.
“Es pleito de minas”. De esta forma, un poblador de Potrerillos define la causa de la violencia que ha dejado una estela de muertes y de desplazamientos forzados en la sierra del municipio de Concordia, desde hace un año.
Ya no es la producción de drogas ilegales, lo que produce la violencia en la zona montañosa de Concordia es la disputa de grupos armados por el control del territorio ligado a la minería, en el distrito minero de Pánuco-Copala, una región rica en yacimientos de oro y plata, sobre todo plata.
El miedo y el silencio dominan en esa región, enclavada en la Sierra Madre Occidental sobre una gran riqueza, que parece ser el motivo de su infortunio.
Mientras las víctimas relatan cómo tuvieron que salir de sus comunidades para dejar sus casas, sus animales y sus huertos, dos bandas de gavilleros pelean por el “derecho” de extorsionar.
No se limitan a los mineros. Van por otros empresarios: de la madera, agricultores, comerciantes, transportistas… En Potrerillos extorsionan a los madereros, también de eso se ha mermado el trabajo, comenta el entrevistado. Pero lo que más parece interesar a los maleantes, advierte, son las minas.
Tiene 51 años y salió de esta localidad luego de que el 28 de julio de 2017, asesinaron a ocho personas, de las cuales cinco fueron decapitadas.
Aun cuando la superficie concesionada a la minería aumentó 16.4 mil hectáreas de 2016 a 2017, Mazapil, uno de los municipios donde se desarrolla con mayor medida la actividad minera, se posiciona a nivel nacional como uno de los más pobres, a pesar de que reciba recursos del Fondo Minero.
Según el informe Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio, creado por la organización Fundar, Mazapil y Fresnillo concentran 50 por ciento del recurso del Fondo Minero. Son los primeros lugares en la recepción de recurso del fondo federal, es decir, como estado se recibe 80 por ciento del dinero.
En el informe correspondiente a 2016 y 2017 se da a conocer el caso específico de Mazapil. A pesar de ser uno de los municipios que ha recibido la mayor cantidad de recursos del Fondo Minero, de 2014 al 2016, 60 por ciento de los habitantes del municipio vive en la pobreza y 13 por ciento en pobreza extrema.
Dentro del estudio realizado por Fundar se especifica que no sólo la actividad minera en los municipios deja pobreza, sino también el desplazamiento forzado. Alude el caso de Salaverna, Mazapil, donde desde 2012 los habitantes se han empeñado en visibilizar dicho problema.
Otros estragos son: violencia sexual forzada por parte de trabajadores de la mina en contra de las habitantes del municipio; afectaciones a la salud porque los habitantes presentan problemas en la piel y en los ojos, producto del polvo que proviene de la planta de lixiviados, ya que el oro se obtiene mediante el uso de cianuro; asimismo, las afectaciones económicas son mayores en mujeres que en hombres.
El desbordamiento de la presa de jales en la mina Río Tinto, en el poblado de Cieneguita, del municipio de Urique, ayer por la mañana, cobró la vida de tres personas, además de dos heridas y una cifra desconocida de desaparecidas que oscila entre ocho y 23 personas, y que podrían estar sepultadas en el lugar.
Según se estableció, el accidente ocurrió a las 10:40 horas al momento en que se derrumbó el muro de contención del presón de los jales –donde se acumulan residuos y materiales extraídos de la mina— y arrastró todo a su paso.
Horas más tarde, se logró rescatar a dos trabajadores, quienes resultaron policontundidos y fueron trasladados en un taxi aéreo a la capital del estado, a donde arribaron por la tarde. Se trata de José Enrique Bustamante Aguirre, de 37 años, y Jesús Antonio Vega Trasviña, de 36, ambos trabajadores de la mina, quienes fueron hospitalizados.
De acuerdo con el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentran estables y al parecer no presentan severos daños neurológicos.
Aun cuando la Fiscalía General del Estado no proporcionó información oficial, personal del gobierno municipal de Urique dio a conocer que al menos tres personas habían fallecido. Uno de ellos identificado como Óscar Castellón, otro como Óscar Minjares y del tercero aún no se establecía su identidad.
Testimonios de familiares de los afectados y pobladores destacaron que la corriente de desechos cobró tal fuerza que arrastró maquinaria pesada y a las personas que laboraban en la parte baja del cerro de la mina de cielo abierto dedicada a la extracción de oro y plata.
Tanto Conagua como la Profepa descartaron el riesgo de que el jales de la presa que se derrumbó en Urique, pueda llegar a las presas y contaminar el agua que llega a las potabilizadoras de Los Mochis.
Conagua emitió un comunicado donde informa que no existen riesgos el accidente en la mina La Cieneguita hacia la cuenca del río Fuerte.
Ramón Loo, Directivo de la empresa Minera Río Tinto, informó que la mina La Cieneguita produce oro mediante el método de flotación con uso de espumantes biodegradables, es decir, que no usan cianuro.
La presa de jales está sobre un arroyo que no presenta escurrimiento y es afluente del río Fuerte.
La distancia entre la presa y el río es de 30 kilómetros, mientras que el material cayó 6 kilómetros por el cauce del arroyo.
Ante la advertencia que hicieran las mineras Candelaria Mining y Gold Corp de reanudar trabajos de exploración pasando las elecciones, pobladores y organizaciones ambientalistas se manifestarán en la ciudad de Actopan en protesta de la actividad minera.
Lo anterior lo dio a conocer el integrante de Pobladores A.C., Guillermo Rodríguez Curiel quien dijo que ese 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el alcalde de Actopan, Paulino Domínguez Sánchez entregará un acta de Cabildo donde declara al municipio libre de minería metálica y tóxica.
“Vamos a seguir firmes en contra de las empresas mineras Candelaria Mining y Gold Corp para que desistan de sus intenciones de explorar y explotar la zona, vamos a seguir firmes por más de 50 años”, afirmó.
Recordó que las citadas mineras se ubican en los municipios de Alto Lucero y Actopan, y tienen los enclaves mineros de Caballo Blanco, La Paila, El Cobre, Banderas Norte y Sur, entre otros, que abarcan un total de 80 mil hectáreas.
Más del 50 por ciento de los principales municipios mineros de México tienen niveles de pobreza que rebasan el promedio nacional, y alrededor del 13 por ciento rebasa los límites de pobreza extrema, lo cual demuestra que el desarrollo que aporta esta industria es un mito, reveló el informe “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio” de la organización Fundar.
De acuerdo con el documento presentado hoy, bajo la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se incrementó la entrega del territorio mexicano a mineras y petroleras para la exploración y extracción de minerales e hidrocarburos, pasando incluso por encima de los ordenamientos ecológicos y derechos humanos.
De este análisis se desprende que el 54 por ciento de los principales municipios que han recibido recursos del Fondo Minero se sitúa en niveles por arriba de la línea de pobreza promedio a nivel nacional establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), mientras que el 29 por ciento está por encima de la línea de pobreza extrema promedio a nivel nacional.
La medición de pobreza del Coneval utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes.
Las personas pobres en México son aquellas que tienen una o más carencias sociales y tienen un ingreso mensual menor a los 2 mil 650.8 pesos al mes en el caso de las zonas urbanas y a mil 498.27 pesos en rurales.
Esto supone que, pese a la actividad minera histórica en los municipios analizados por Fundar, los niveles de pobreza siguen siendo críticos y que en poco más de la mitad de los municipios la situación de pobreza rebasa la línea promedio nacional.
Las personas pobres en México son aquellas que tienen una o más carencias sociales y tienen un ingreso mensual menor a los 2 mil 650.8 pesos al mes en el caso de las zonas urbanas y a mil 498.27 pesos en rurales.
Esto supone que, pese a la actividad minera histórica en los municipios analizados por Fundar, los niveles de pobreza siguen siendo críticos y que en poco más de la mitad de los municipios la situación de pobreza rebasa la línea promedio nacional.
Vecinos de las comunidades La Nueva Evangelista, San Juan, Maquixco, Palomar y Atlatongo denunciaron que las constantes explosiones que se realizan en la mina Temeyo a fin de extraer materiales pétreos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) han dañado viviendas y los tienen atemorizados.
Explicaron que la tarde del lunes ocurrió un estallido mucho más intenso, que cimbró la tierra y estrelló vidrios en varias casas.
“Estamos muy preocupados. Fue como la explosión de un tanque de gas muy cerca. Seguramente usaron más explosivos –dijo un vecino cuya vivienda resultó dañada–. Nosotros vivimos a un kilómetro de la mina y desde hace un mes hay explosiones a cada rato.”
Explicaron que desde septiembre de 2016 las empresas Estrella y Porvenir comenzaron a explotar la mina El Temeyo, en el cerro de Ocuila, localizado aproximadamente a seis kilómetros del centro de Teotihuacán. Sin embargo, en los seis meses recientes la explotación ha sido permanente.
Antes las explosiones eran cada siete días, en promedio; hoy son cada dos o tres días, pero seguidas. Están trabajando a marchas forzadas y quieren sacar todo el material cuanto antes. Ya hay más empresas trabajando. Las viviendas más cercanas se ubican a 200 metros de las minas y hay varias de ellas cuarteadas
, señaló el informante.
Recordaron que antes de empezar a explotar la mina, las empresas arrasaron con miles de árboles de palo dulce, biznagas, abrojos, nopaleras, magueyes y plantas de xoconostle. Además, desaparecieron zorros, liebres, conejos, ardillas, palomas, cenzontles, serpientes y codornices, entre otras especies.
“Ya han ya explotado 50 por ciento del cerro. Hemos acudido a las autoridades municipales, pero no quieren hacer nada porque reciben dinero de las empresas.
Queremos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las autoridades de Protección Civil actúen, porque corremos riesgo con las explosiones
, finalizó.
Rafael Huízar Álvarez, investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha advertido que las constructoras están destruyendo cerros que son centros ceremoniales, lo que además alterará las condiciones climáticas en esta región, que es de recarga de acuíferos.
La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, en México, obtuvo a inicios del mes de mayo la suspensión definitiva de la Consulta Indígena sobre el proyecto eólica Gunaa Sicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. –filial de la transnacional francesa EDF EN-, y la suspensión de la construcción y operación del parque eólico.
El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Oaxaca resolvió la suspensión por no existir condiciones naturales, dado el sismo ocurrido en septiembre de 2017 y los subsecuentes. También por no haber condiciones sociales por los conflictos internos que pudieran surgir en la propia comunidad por los próximos comicios electorales a nivel municipal, ya que esos aspectos podrían influir en el proceso de consulta.
Juan Antonio López, abogado y coordinador del Área Jurídica de ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), organización que asesora juridicamente a la comunidad de Unión Hidalgo, informa que la suspensión definitiva es una medida cautelar hasta que se dicte la sentencia final de los dos amparos solicitados por comuneros de Unión Hidalgo donde piden la cancelación de la consulta por falta de condiciones sociales, políticas y económicas, por el terremoto del 7 de septiembre.
“La suspensión que obtuvimos no significa que ya se haya logrado detener definitivamente el proyecto. Esta suspensión es definitiva y está vigente mientras se resuelva la sentencia del amparo, así que el juicio sigue su procedimiento”, explica el abogado de ProDESC.
La suspensión definitiva, por lo tanto, es una medida que se toma durante el litigio en la espera de que se resuelva el amparo. El objetivo de la medida es evitar que se violen los derechos humanos, mientras no se resuelve el amparo.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la libertad de expresión en México enfrenta ataques endémicos.
De acuerdo con la Relatoría, en México tanto periodistas como defensores de derechos humanos enfrentan una profunda crisis de seguridad.
A través de un comunicado, dicha relatoría condenó el asesinato del periodista Juan Carlos Huerta en Villahermosa, Tabasco, México y solicitó al gobierno mexicano que investigue el crimen con “debida diligencia” para esclarecer su posible relación con la actividad periodística del fallecido.
“Recordamos que la obligación de conducir la investigación con debida diligencia y agotar todas las líneas lógicas de indagación reviste especial relevancia en casos de violencia contra periodistas”
La relatoría insistió en la necesidad de crear tanto cuerpos como protocolos de investigación debido a que los crímenes perpetrados contra periodistas amedrentan el trabajo de otros y las denuncias ciudadanas contra los abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.
La Secretaría de Economía (SE) otorga permisos para proyectos de minería a cielo abierto por la generación de empleos que generan, Arcelio Sosa, comisionado de la dependencia federal a la supervisión de Candelaria Mining Corp para los trabajos mineros en el cerro La Paila.
En un recorrido en zonas bajas del cerro mencionado, ubicado en Palma Sola, municipio de Alto Lucero, el funcionario aseveró que el proyecto La Paila, antes conocido como Caballo Blanco, representaría una importante derrama económica para la zona.
«Estos proyectos son importantes para el gobierno federal, porque tienen que ver con la generación de empleo, con la derrama económica en la zona que se aplica».
El servidor público consideró que Veracruz no es un estado minero y, por ello, mucha gente se opone a los nuevos proyectos.
Por tal motivo, la Secretaría de Economía pidió a la empresa Candelaria Mining Corp que realice una campaña informativa en las comunidades cercanas al cerro La Paila.
«Se están pidiendo estos complementos de darle a conocer a la gente el proceso de la explotación de una mina, que es de total desconocimiento de la zona, entonces de ahí la misma comunidad a través de encuestas deberá dar su punto de vista, pues la necesidad de empleo sí es una importancia en la zona».
El fin de semana pasado se realizó la fiesta de Tierra Caliente, un festival cultural de comunidades serranas que se encuentran a las orillas del Río Grande. Las actividades dieron inicio el día sábado en la comunidad de Capulálpam de Méndez donde fueron recibidos afectados de la región carbonífera de Coahuila, participando en la radio comunitaria y posteriormente en la proyección de documentales. El domingo la banda de música acompañaba el recorrido hacia «Agua Blanca», habitantes de Capulálpam así como autoridades municipales y comunales de los pueblos convocantes y organizaciones de la sociedad civil se enfilaron para hacer el recorrido místico-religioso. A la llegada a «Agua Blanca», el presidente Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam, C. Netzar Arreortua dio las palabras de bienvenida a todos los asistentes invitando a las comunidades serranas a reflexionar: “Comparto un dato muy importante: Hasta marzo 2018, solamente en el territorio de Capulálpam hay 13 concesiones mineras. Así en Ixtlán de Juárez hay una concesión minera que abarca más de 5 mil hectareas. Y lo mismo lo tiene San Miguel Amatlán, Santa Catarina Lachatao, los pueblos del Rincón, Los Cajonos, allí están las concesiones mineras. Por lo tanto no podemos permitir estas cosas. Hoy en día recibimos con mucho agrado los hermanos de Pasta de Conchos, Coahuila. En el 2006 quedaron sepultados 65 mineros. De estos 65 mineros, solamente rescataron 2 cuerpos, 63 siguen allí en el subsuelo, y nadie ha hecho nada. Los recibimos desde el día de ayer, y con mucho beneplacito ellos ven que es posible una lucha de resistencia contra la minería”.
Los más ancianos aun recuerdan la marca del dolor y enfermedad que la Compañía Minera de Oaxaca S.A., filial de la Texas Mining & Smelting Division of National Lead Co., dejó en Loma Reyes Almacén, San Juan Mixtepec, en la década de los 40. Por ello cuando a mediados de febrero la Compañía Nacional de Minerales y Metales, S. A. de C. V., llegó sin avisar a las autoridades municipal y agraria, sobre su presencia en el lugar para reiniciar la extracción del antimonio, este pueblo mixteco les dio un ultimátum para abandonar el lugar en un plazo de 15 días. Con el amparo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas que establece la autorización sujeta al proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado de la comunidad pese a la concesión otorgada por la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal. «No queremos la minería porque contamina el suelo, el agua, el medio ambiente. Esa, es la experiencia que se tiene de los años 40, que no dejó ningún beneficio económico al pueblo. Al contrario, muchas familias se quedaron desamparadas porque murieron bastantes trabajadores por enfermedad, cuando tenían entre 35 a 40 años”, explica Antonio Gómez Bautista, presidente municipal, además señala que el 29 de abril pasado, se acordó en asamblea comunal no permitir el ingreso a esa empresa ni a cualquier otra a explotar la mina.
23 organizaciones sociales exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) “que las líneas de investigación” sobre el caso del defensor de derechos humanos y del territorio, Manuel Gaspar Rodríguez, “incluyan el posible vínculo de su asesinato y los intereses afectados de la Minera Autlány del presidente municipal de Cuetzalan, Óscar Paula Cruz”. Representantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, el Consejo Tiyat Tlali y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, entre otras, ofrecieron una rueda para medios en la que dieron a conocer un comunicado, en la que advirtieron que la compañía y el edil panista estarían agraviados “al detenerse proyectos como El Aretón, la Línea de Alta Tensión Cuetzañan entronque Teziutlán II Tajín y al cancelar la actividad del relleno sanitario intermunicipal de Cuetzalan”. Acusaron que las autoridades fueron omisas, pues aunque “se denunció el constante hostigamiento” en contra de Gaspar Rodríguez y su quehacer, el gobierno mexicano no atendió las exigencias de medidas cautelares y tampoco inició investigación alguna al respecto, por lo que incumplió con su obligación de proteger sus derechos humanos, especialmente tratándose de amenazas hacia un defensor de derechos humanos”. Indicaron que el caso del crimen ya está siendo presentado ante organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos.
La llamada “consulta popular” supone interlocución con la población en general para incorporar sus aspiraciones en materia de desarrollo y planeación democrática. De ahí derivó la práctica de realizar foros temáticos dirigidos al público en general, sin mecanismos de seguimiento sobre los planteamientos presentados.
Se observa con preocupación que criterios similares fueron trasladados al congreso y a las políticas públicas respecto a consultar a pueblos indígenas como un procedimiento. Pomposamente le denominan “sistema” por organizar diversos foros, sin referencias a construir acuerdos con instancias representativas de los pueblos indígenas, previos a la autorización de proyectos que han de desarrollarse en las tierras y territorios que actualmente ocupan.
Uno de los principios básicos del derecho a la consulta previa es que se realice mediante la buena fe.
Lamentablemente este principio ético jurídico está ausente. De pronto los legisladores recordaron que tendrían que hacer como que consultaban antes de presentar un proyecto de ley y convirtieron cuatro iniciativas previas, inconsultas, en un texto formalmente presentado al que denominan Anteproyecto de Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas. ¿A quien pretenden engañar? Las iniciativas previas e inconsultas se pueden encontrar en las respectivas Gacetas Parlamentarias.
Peor aún, la primera de ellas, la llamada Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, del 4 agosto de 2003, fue aprobada en el Senado el 14 de diciembre de 2005 y enviada formalmente a la Cámara de Diputados. Las otras iniciativas formales y en proceso de dictamen son la Ley del Sistema de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, del 27 de abril de 2004; la Ley General del Sistema Nacional de Consulta Indígena, del 18 de septiembre de 2008, y la Ley Federal de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, del 25 de marzo de 2010.
Es obvio que estas iniciativas no son producto de ninguna consulta conforme a derecho ni conforme a la abundante y significativa jurisprudencia internacional de la oit o del Sistema Interamericano. Marcan el acento en el procedimiento de foros regionales abiertos. Algunos incluyen asambleas comunitarias, encuestas y entrevistas, la creación de organismos técnicos para procesarla o de instancias de coordinación bicamaral o en la propia CDI. (…)
Por todo ello, Un juez federal ha ordenado a los diputados de congresos locales a crear la Ley de Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena fe para los pueblos y comunidades indígenas. Ello debieron haberlo hecho desde hace 17 años, se indica en la resolución emitida el pasado 18 de mayo.
El amparo fue promovido por el abogado Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena, asociación que también logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara a las autoridades oaxaqueñas el saneamiento de los ríos Atoyac y Salado.
Ambas resoluciones, indica el jurista, son históricas, no solo a nivel estatal sino nacional.
Morales Sánchez representó a tres personas indígenas de la entidad, en un inicio ante el juez décimo primero de Oaxaca, por la omisión de las autoridades gubernamentales de no consultarnos para aterrizar – o no – proyectos mineros, ambientales o forestales en sus territorios. Y también sobre la falta de mecanismos legales para exigir la consulta.
Un derrumbe en la mina ubicada en el poblado de Santa María Coatlán, de dónde se extrae material pétreo para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) dejó un trabajador muerto y otro más lesionado, tras quedar sepultado el trascavo con el que laboraban.
Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves cuando un deslave ocurrió en la mina que explota la empresa Grupo Carso y de dónde se extrae basalto. El material cubrió el trascavo donde se encontraban dos trabajadores.
En el lugar murió Doroteo Santiago Santiago, de 33 años originario del estado de Oaxaca. Mientras que el trabajador Leobardo González Morales, de 38 años originario de Puebla fue rescatado lesionado por sus compañeros.
Según las autoridades ejidales durante la madrugada de hoy , la empresa realizó constantes detonaciones de explosivos para desprender el material.
Los vecinos y ejidatarios hace dos meses se manifestaron para exigir el cierre de la mina por los daños que ha causado.
Actualmente son 150 minas ubicadas en 12 municipios de la zona que están siendo explotadas para extraer material para la edificación del NAICM.
El 6 de agosto de 2014, en México ocurrió el «desastre ambiental más grave de la minería en México»: 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado fueron derramados en los ríos Bacánuchi y Sonora.
Por desgracia para las 22 mil personas de siete municipios situados en las orillas del Río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviá- Cora y Ures, el hecho les cambió la vida, las preguntas que se hicieron poco después del derrame y las que se hacen ahora, casi cuatro años después, han cambiado poco: ¿Por qué la empresa no tomó medidas para evitar el desastre? ¿Qué ha hecho el gobierno para garantizar que se reparen los daños a la población? ¿Es posible que una empresa contamine un río y siga operando como si nada hubiera ocurrido?
A partir de septiembre de 2014, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), grupo ciudadano creado a raíz del derrame para luchar por la remediación y limpieza de los ríos Bacánuchi y Sonora, se ha dado a la tarea de buscar cómo respondieron la empresa y el Estado a esta emergencia medioambiental para exigir cuentas.
Las respuestas del Estado y de la empresa llegaron dos meses después y sorprenden por sus múltiples contradicciones.
A continuación les compartimos los principales hallazgos que fueron recogidos en el informe realizado por los Comités junto a la organización PODER para el Relator Especial de la ONU sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Baskut Tuncak, durante una visita este mes.
Cuando el director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña, Juan José Consejo Dueñas, habla del impacto que tiene la minería en los recursos naturales, abarca tres niveles: las alteraciones que ésta tiene en la vegetación, el aire y sobre todo el agua, por la gran cantidad que requiere esta industria extractivista.
Sin necesidad de conocer de cerca la problemática que enfrentan productores de Nejapa de Madero, quienes advierten que sus huertos de limones se están secando al regarlos con el agua del Río Verde o Grande, hasta donde la mina El Aguila tiene conectado un tubo que le ayuda a verter agua, recordó que esta industria está ligada a la contaminación.
Para despejar toda duda, apeló a la responsabilidad que tienen la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para realizar estudios químicos y bacteriológicos que permitan saber o descartar si la mina El Aguila, establecida en San José de Gracia, genera alguna contaminación directa al Río Verde o Grande.
Consideró la probabilidad que el sedimento verde y blanco que se acumula en el agua que cae de un tubo que conecta a dicha mina con el cause del Rio Grande, pueda tener “un exceso de nitrógeno” que aprovechan algas y bacterias para multiplicarse”, pero ante todo debe hacerse un estudio de las sustancias que se vierten al afluente.
Con fuertes impactos ambientales y violaciones a los derechos humanos de las comunidades, es como operan los dos proyectos mineros vigentes en la entidad, las minas El Águila en San José de Gracia, Totolapam y la mina San José, en San José del Progreso, Ocotlán.
La observación la hace Neftalí Reyes Méndez, coordinador del Área de Derechos Territoriales de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), quien reprocha que en ambos casos las autoridades mantienen el mismo patrón de impunidad.
“Hay fuertes impactos ambientales”. Su afirmación la refuerza con la reciente noticia de parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual en su momento hizo público que la mina de San José de Gracia no cuenta con la autorización ambiental para operar.
Pese a ello, “sigue operando con una sanción muy pequeña”, por eso Reyes Méndez asegura que “las autoridades actúan con total impunidad, pese a que la ley minera es muy laxa, aun con eso se siguen generando violaciones a los derechos de las comunidades.
Aunque conoce más de cerca la experiencia de la mina que en San José del Progreso tiene la Compañía Minera Cuzcatlán, no tiene duda que por tener las mismas características como el sistema de flotación para la extracción de minerales y que en las zonas aledañas existen tierras para el cultivo de alimentos que se alimentan de los cuerpos de agua a donde llegan desechos de las minas.
“Las autoridades vecinas de San José han denunciado que su agua se encuentra contaminada, hay una emisión de polvos en el ambiente que afectan su calidad del aire; la empresa realizó estudios de exploración en sus límites agrarios y el agua presenta signos de contaminación, una capa de blanquecina, que incluso animales de pastoreo han muerto al beberla”, detalla.
Esa capa blanca se puede observar también en las rocas del río Grande o Verde, en el área donde la mina El Águila desecha agua, sin que quede claro si es de planta de jales mineros.
El Istmo de Tehuantepec abarca los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz en la república mexicana y ocupa una posición geoestratégica privilegiada pues en su punto más angosto, sólo 203 kilómetros separan el Océano Pacífico del Golfo de México (Océano Atlántico).
En ambos extremos del istmo se encuentran los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, lo que convierte a esta ruta en una vía alternativa al Canal de Panamá pues implica una menor distancia entre la costa este de Estados Unidos y los países asiáticos –entiéndanse fundamentalmente China-.
Además la región del Istmo cuenta con abundancia de bienes naturales como el agua, la vida animal y silvestre, el subsuelo mineral e hidrocarburos, la posibilidad de aprovechamiento y producción de energía eólica y solar, entre varias características que constituyen a este espacio geográfico como estratégico en la lógica capitalista actual.
Así en este nuevo espacio capitalista trasnacional se constituyen nuevas explotaciones mineras impulsadas por empresas canadienses, se impulsa la ampliación de la refinería de PEMEX Ing. Dovalí con participación de empresas españolas y estadounidenses junto con la construcción de ductos y gasoductos.
Así mismo se modernizan y amplían tanto la carretera transitsmica de Salina Cruz a Coatzacoalcos como las vías férreas.
En este istmo está el clúster petroquímico más importante de Latinoamérica.
El puerto de Coatzacoalcos está constituido por dos recintos: el de Coatzacoalcos, orientado a la carga general, y el Recinto Portuario Pajaritos, para el manejo de petróleo y derivados, fluidos y gráneles minerales.
El principal activo de este puerto es la industria petroquímica y de refinación, ya que en la región Coatzacoalcos-Minatitlán se ubican cuatro complejos petroquímicos de gran importancia: Pajaritos, Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera, además de empresas químicas tan relevantes como Celanese, Innophos Fosfatados y Etileno XXI, esta última la inversión privada industrial más cuantiosa de México en los últimos 15 años. (…)
Estas Zonas Económicas Especiales son un proceso de despojo impresionante que plantea básicamente grandes procesos que ya se visualizan en el Istmo:
1) La reconversión productiva hacia el dominio agroenérgetico del campo con la construcción de fincas de energías eólicas o solares;
2) la privatización de recursos energéticos y del agua ya que se construyen presas hidroeléctricas y acueductos;
3) el impulso al turismo convencional en detrimento de los bienes naturales y la vida sociocultural; y
4) el diseño de megaproyectos para obras de infraestructura como son las carreteras, vías férreas, aeropuertos, etc.
Estas nuevas Zonas Económicas Especiales traerán consigo un conjunto de transformaciones socioterritoriales con la consiguiente construcción de infraestructura que impactará de manera creciente en la dinámica extractivista de las entidades.
Se requiere una pedagogía para comunicar en las comunidades los efectos sociales, ecológicos y económicos al respecto: Miguel Ángel Mijangos, integrante de la Rema
La única forma de prever el asentamiento de desarrollos extractivistas es la información; se requiere una pedagogía para comunicar en las comunidades los efectos sociales, ecológicos y económicos al respecto, la experiencia es que cuando estas los conocen, dicen “no” a los proyectos.
Las empresas transnacionales están entrando a las comunidades no debido a su pobreza, sino a la falta de información, ésta puede cambiar el proceso como ha ocurrido ya en 2 mil de ellas en el país que “están haciendo uso de su libre autodeterminación”, dijo Miguel Ángel Mijangos, integrante de la Rema.
La defensa del territorio desde la construcción y tejido de comunidad fue tema reiterado en las exposiciones del panel “Extractivismo minero y alternativas comunitarias en América Latina” en el que participaron Roberto Diego Quintana (UAM-Xochimilco), Pavel Camilo López (CIDES-UMSA Bolivia) y Miguel Ángel Mijangos de la Red de Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
La falta de homologación de las leyes ha ocasionado que se entreguen concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas (ANP), incluso en zonas núcleo de gran importancia para la biodiversidad.
En México actualmente hay unas 24 mil 500 concesiones mineras que ocupan el 14 por ciento del territorio nacional, muchas de ellas otorgadas en zonas naturales del país que, paradójicamente, están bajo algún esquema de protección, ya sea ANP a cualquier nivel de gobierno o zona de conservación privada, señaló Francisco Cravioto, Coordinador de Incidencia del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
El marco jurídico de la Ley Minera, refirió Cravioto, no coincide en absoluto con el marco jurídico de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, “es más, ni se reconocen mutuamente”.
Debido a esto, para entregar una concesión minera solamente se tiene que revisar si en el espacio a explotar no hay otra concesión, asignación o reserva del sitio, “así que si hay una área natural protegida o una zona arqueológica, lo que sea, eso no entra en consideración”, lamentó el conservacionista.
Por ello “urge en México una homologación de los marcos normativos para que no pueda existir una ley minera o una ley de hidrocarburos que operen al margen de la ley agraria, o de la ley general de equilibrio ecológico u otros marcos normativos que también deberían involucrarse en determinar cómo se regulan estos sectores”, expresó Cravioto.
Los desechos que la mina El Águila vierte al río Tehuantepec o Grande, en San José de Gracia, han secado el 40 por ciento de 50 hectáreas de cultivo de limón. Esa es la certeza de productores de este municipio: su temor, que el daño se extienda a las 300 hectáreas de tierras de donde extraen papaya, pepino y tomate verde.
Los primeros árboles que desnudó el agua fueron los 450 que, en una huerta de 1.5 hectáreas, tenía Constantino Martínez Miguel. De ese plantío durante una década extrajo limones. Ahora tienen el mismo valor que si estuviera repleta de espinos.
La huerta de Constantino, en el paraje Los Corralitos, a 4 kilómetros de la entrada principal de Nejapa -municipio situado a 130 kilómetros de la ciudad de Oaxaca- se nutría con el sistema de riego que alimentaba el río que “viene de muy lejos”, pero que al pasar por San José de Gracia, en inmediaciones de Totolapa -donde desde el 2010 opera la mina El Águila- cambia sus propiedades por una maldición.
El limón que cosechaba Constantino no se da más. Casi todo el año, pero sobre todo en las temporadas buenas, se cosechaba hasta una tonelada dos veces por semana. La Central de Abasto de la ciudad era el punto de comercialización de esa producción.
Autoridades municipales y agrarias, así como pobladores de San Juan Mixtepec, rechazaron la reapertura de la mina Los Tejocotes y hoy se manifestarán en sus accesos, para impedir los trabajos de exploración y explotación que realiza una compañía aparentemente extranjera.
En los años 40 esta mina alimentó de antimonio a la industria militar de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
l presidente municipal, Antonio Gómez Bautista dijo que este pueblo mixteco ha determinado oponerse a la minería, a pesar de estar encima de grandes yacimientos, por la experiencia dejada años atrás la explotación de esa mina.
Expuso que esa decisión está fundamentada principalmente en el saldo negativo provocado por la operación de la mina, donde murieron muchos peones por accidentes y otros por enfermedad.
“Muchos de quienes trabajaron murieron ahí por tuberculosis o sepultados”, apuntó.
Además, mencionó que la mina operada en ese entonces por la Compañía Minera de Oaxaca S.A., filial de la Texas Mining & Smelting Division of National Lead Co., fue la única en enriquecerse por la explotación del antimonio en plena Segunda Guerra Mundial.
“Al pueblo, solamente dejó muerte y enfermedades, porque todo el dinero fue para los estadunidenses y para que ganaran la guerra”, anotó.
Además, mencionó que ningún representante o directivo de la empresa ha acudido con las autoridades municipales o agrarias para reportar su presencia y el inicio de los trabajos.
La comunidad de Belém está ubicada en el municipio de Tlaltica, Estado de México, a 29.8 kilómetros de distancia del terreno donde se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
De entre todos los pueblos de la zona, que ya son un territorio de minas, Belém había logrado detener la extracción de basalto del cerro de Texcatitla. En enero, el pueblo se dio cuenta de las tareas de limpieza del lugar y días después se les notificó que ahí habría una mina que llevaría piedras para la construcción del NAIM, la principal obra de infraestructura de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
Organizados de manera inmediata en asambleas, los pobladores coincidieron en que no permitirían la actividad extractiva. Obligaron, “con Ley en mano” a sus autoridades a respaldar esa decisión y en apariencia lo habían logrado.
Sin embargo, información que obtuvieron hace una semana a través de transparencia les dejó claro que Jesús Alfaro Rojas, Presidente Municipal de Otumba, firmó desde ese mismo mes los permisos para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), use 990 kilos de explosivos por un periodo de 10 años con posibilidad de ampliar otros 10.
¿Con qué fin? Para que la empresa Obra Civil, Movimiento de Tierras y Transportaciones México S.A. de C.V., pueda cumplir con sus objetivos con el NAIM.
Durante 12 años, los deudos de los trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos recorrieron instancias judiciales intentando que se investigara lo ocurrido, recuperar los cuerpos, obtener indemnizaciones y pensiones justas, además de erradicar la precariedad en las condiciones de seguridad, salud y de derechos laborales prevaleciente en la región carbonífera de Coahuila.
Fue infructuoso. La empresa declaró, con un peritaje de dudoso rigor científico, que era imposible avanzar en el filón. Los gobiernos estatal y federal aceptaron sus argumentos; sin cuerpos, emitieron actas de defunción que se usaron para tasar cotizaciones bajas, dejando a las familias en la miseria sin reconocerles siquiera “interés jurídico” y, con todo eso, fue posible dar carpetazo a la averiguación previa federal abierta por el siniestro del 19 de febrero de 2006, que causó la muerte de 65 trabajadores y daños irreparables a la salud de ocho más.
Con todas las puertas del sistema de justicia cerradas, en 2010 finalmente llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero por condiciones de procedimiento fue hasta el pasado 24 de febrero cuando, con base en el Informe de Admisibilidad 12/18, se aprobó abrir el caso 13.552, lo que se notificó a las víctimas el 26 de marzo.
Por no respetar el gobierno federal su derecho a la consulta libre, previa e informada durante la asignación de las concesiones a compañías canadienses y estadunidenses, al menos 40 comunidades indígenas de los Valles Centrales, Sierra Sur, Mixteca y el Istmo de Tehuantepec han declarado sus territorios libres de minería.
En algunos casos, esa disposición ha surgido de la decisión de la organización comunitaria, pero en otros, producto de la determinación del Cabildo o de los comisariados de bienes comunales, como en el caso de Ciudad Ixtepec, Santo Domingo Zanatepec, San Miguel Chimalapa, región del Istmo de Tehuantepec, así como en Santa María Zaniza, Santo Domingo Teojomulco, San Lorenzo Texmelucan, San Jacinto Tlacotepec, Santiago Minas, Santa Cruz Zenzontepec, San Mateo Yucutindoo, Santiago Textitlán y Santiago Amoltepec, región de la Sierra Sur.
Así como en San Jerónimo Silacayoapilla, San Juan Mixtepec y Buena Vista, Cañada de Galicia, Vergel, Primavera, Santa Catarina Cuanana, Huanacaxtle y Los Cuajilotes, perteneciente a Santiago Yosondúa, región de la Mixteca.
Además, en Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche y Cerro de las Huertas, correspondiente a Ejutla de Crespo, en Magdalena Teitipac y en San Matías Chilazoa, Ejutla de Crespo; Asunción Ocotlán; San Felipe Apóstol, Tejas de Morelos y San Jacinto, agencias municipales de Ocotlán de Morelos; San Antonino Catillo Velasco; El Porvenir y Maguey Largo, agencias del municipio de San José del Progreso; San Martín Tilcajete; San Pedro Apóstol; San Pedro Mártir; San Isidro Zegache, agencia municipal de Santa Ana Zegache; La Barda Paso de Piedra, agencia de Santa Gertrudis; San Sebastián Ocotlán y Santiago Apóstol, agencias del municipio de Santiago Apóstol Ocotlán –estas últimas, integrantes de la a Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), en la región de Valles Centrales.
Integrantes del Grupo Ecologista Zanatepec, estudiantes, padres de familia y sociedad civil de la localidad de Zanatepec en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec celebraron el séptimo festival infantil que en esta ocasión llevó el lema “sí a la vida, no a la mina”.
Los estudiantes y organizaciones civiles participantes desfilaron por las principales calles de la ciudad portando carteles y pancartas privilegiando el amor a la vida y al medio ambiente.
En el 2008, la Secretaria de Economía entregó tres concesiones mineras “Aurena, Santa Martha y la Ventosa” que abarcan 19 mil 795 hectáreas en terrenos colindantes de San Miguel Chimalapa y Zanatepec con la finalidad de extraer cobre, plata y oro, por lo que desde entonces se ha emprendido una resistencia en la comunidad.
Alejandro García, presidente del Grupo Ecologista Zanatepec quién puntualizó que desde el 2014 ellos tuvieron accesos a los permisos de las mineras que intentan ubicarse en su localidad sin embargo y por fortuna se cuenta con el apoyo y respaldo de la autoridad municipal para estar en resistencia.
Explicó que este evento es para recordar a las autoridades federales y de Oaxaca que en Zanatepec se rechaza la actividad minera por que la consideran que implica matar los recursos naturales como ríos, arroyos y también cultivos de sorgo, maíz, camote, ajonjolí, mango entre otros.
Habitantes de las comunidades Coyotes, Cerro Gordo, Guarumbo, Mozomboa, El Jícaro, Villa Rica, El Porvenir, Los Baños, entre otras del municipio de Actopan y comunidades de Alto Lucero marcharon hasta llegar a la bodega de la minera Almadex Minerals –quien a través de su filial Gavilán S..A de C.V. y Minera Alondra S.A. de C.V. han perforado 100 barrenos– en donde hicieron una clausura simbólica para exigir se retire y frene los trabajos de exploración y explotación de cobre y oro, en lo que será la mina El Cobre I, II, III IV, V y VI.
Con pancartas, los habitantes expresaban su rechazo a la instalación de las minas en el municipio de Actopan, proyectos que denominan de «destrucción y muerte». El punto de reunión fue en la explanada central de Tinajitas, lugar en donde la empresa tiene su bodega en donde guarda la maquinaria que está utilizando para realizar los barrenos.
En medio de la lluvia, los gritos alentaban a pobladores para que no permanezcan en silencio, «Fuera mina» «Súmate a ti también te va a perjudicar». Caminaron un kilómetro hasta llegar al lugar indicado, «el mensaje es que la empresa vea que la mayor parte de la población está inconforme, que no nos chupamos el dedo cuando dicen que va a haber empleos, que nos va a ir bien, esos son engaños», dijo un poblador, que no se escribe su nombre porque algunos tienen miedo a la empresa y al gobierno.
Algunos de los manifestantes ya están integrados en la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica, otros a Lavida y otros más están ahí en una «lucha para que nos dejen en paz, hoy vivimos bien».
En Mozomboa «nosotros queremos que todos los seres vivos estén bien, los árboles, animales, no queremos que nada de eso, además tenemos hijos, aún tendremos nietos y que les depara con la contaminación, por eso no estamos de acuerdo», dijo Maribel Álvarez.
Las mineras a cielo abierto pueden traer graves problemas, afectando a los sistemas, a los habitantes no es sustentable estos tipos de proyectos para la zona , porque nos van a dejar una deuda ecológica que con ningún tipo de mitigación. Tememos porque aquí empieza el Sotavento y en el caso que haya una mucha evaporación cuando existan las lagunas que tienen agua con cianuro va a impactar la zona por los eventos del norte que pueden llegar hasta el Cofre de Perote, sostuvo Jesús Blanco de la comunidad Arroyo de Piedra.
Derivado de juicios de amparo interpuestos con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, obtuvo suspensiones provisionales para efectos de que no se continúe el Procedimiento de Consulta indígena sobre el proyecto central eólica GunaaSicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. –×lial de la transnacional francesa EDF EN-, ni se inicie la construcción y operación de dicho parque eólico. Así lo informó a través de un comunicado ProDESC, quien explica que de manera histórica y creando un precedente favorable a la defensa de los derechos de comunidades indígenas, un Juzgado de Distrito en el estado de Oaxaca resolvió que “no existen condiciones naturales (dado el sismo ocurrido en septiembre de 2017), ni condiciones sociales por los conØictos internos que pudieran surgir en la propia comunidad, dados los próximos plebiscitos electorales a nivel municipal, así como eventos culturales por ×estas patronales, ya que esos aspectos podrían inØuir en la decisión que en su caso, adopte la comunidad indígena; así como para que no se inicie la construcción y operación del proyecto central eólica GunaaSicarú”
Cuando un integrante del Comité de Cuenca del río Los Perros llevó un oficio a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el refuerzo de bordos del río de Las Nutrias, el funcionario que lo recibió le dijo que ya no tenía caso, que con la construcción de la presa Tablón de Primavera, de todos modos ya no tendría agua.
El proyecto hidroeléctrico Tablón de Primavera, que se pretende construir en la zona en donde comienza el afluente del río Los Perros, es un proyecto que se concibió hace varias décadas.
El tema de su construcción se planteó en el municipio de Ixtepec, cuando integrantes del Comité Ixtepecano en Defensa de la Tierra y el Territorio, en una de sus asambleas, consideraron que su construcción estaría relacionada con el proyecto de las minas de esta zona.
Sigue sin resolverse la titularidad del contrato colectivo del trabajo de quienes laboraban en la mina San Martín, en Sombrerete, luego de que tras casi 11 años de huelga se hiciera un recuento de votos y éste fuera impugnado.
Fue en febrero de 2018 cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, perdió ante el Sindicato de Exploración de Minas de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.
Sin embargo, este martes en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mixta, un juez federal concedió la suspensión definitiva para que no se dicte el laudo-resolución dentro de la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.
Esto significa que la empresa y el sindicato del beneficio no pueden tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo mientras está este amparo, promovido por el líder sindical J.Jesús Jiménez, explicó Nahir Velasco, representante legal del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.
Dijo que Grupo México, propietario de la Mina, ha generado una campaña agresiva en contra del sindicato, de su líder y de todos los mineros de la Sección 201 en el sentido de que daba por perdida la huelga y todas las luchas que se han hecho.
La minería no puede ser considerada sustentable, ya que además de quitarle sus tierras y el servicio de agua potable a las comunidades, en ocasiones se convierten en una amenaza mortal para los habitantes y generan ecocidio por los componentes que utilizan, confirmó la arqueóloga Silvia Garza Tarazona, ante las declaraciones que en días pasados realizó el candidato a la presidencia de la República por la coalición «Todos por México», José Antonio Meade Kuribreña, donde confirmó que los proyectos mineros valen la pena porque generan empleos, son compatibles con el medio ambiente y pueden brindar beneficios directos o indirectos a las comunidades.
Garza Tarazona mencionó que las minas a tajo abierto no pueden considerarse ecológicas, ya que la piedra que sacan la muelen e introducen en ácidos para quitarle los minerales que buscan, la cual vuelven a esparcir posteriormente dentro de la mina, lo que provoca que no pueda utilizarse como cultivo. Asimismo, el agua que es derramada con los ácidos llega a fugarse y contamina los ríos de diferentes entidades. «Les están quitando sus tierras a los habitantes de la región y les quitan el agua», señaló.
Asimismo, puntualizó que en el caso de Morelos tiene información de que los mineros pagan cinco pesos con 80 centavos por hectárea al año, «y yo me pregunto, ¿cuántos agricultores tiene una hectárea y cuántos agricultores pueden vivir con 5.80 al año; ese el gran beneficio que tenemos?», agregó.
La investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recordó que un ejemplo de estas afirmaciones es el proyecto minero de Huautla, el cual tiene en el centro la zona arqueológica de Xochicalco, donde en caso de empezar a utilizar bombas para explotar más la mina, se pueden ocasionar daños graves en la zona considerada patrimonio cultural de la humanidad.
Los llamados proyectos de muerte, entre los que destacan mineras a cielo abierto, el fracking e hidroeléctricas contaminan severamente los ríos y desplazan comunidades enteras, subrayó Gerardo Pérez Muñoz, integrante de la Asamblea Social del Agua(ASA) y de la Asamblea de Afectados por las mineras.
En rueda de prensa para anunciar un foro ambientalista que se realizará el domingo 22 de abril en el mercado Hidalgo, el activista social afirmó que en Puebla ya operan más de mil mineras y hay más de 26 permisos de mineras a cielo abierto.
Ya son mil las mineras en Puebla
Pérez Muñoz sostuvo que las mineras en el estado aumentaron de manera exponencial en los últimos años por las facilidades otorgadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, además de que los permisos para una concesión no superan los 100 mil pesos.
Agregó que al tener México leyes muy laxas las mineras se llevan todo el oro en breña para procesarlo en su país pero dejan su tiradero en la Sierra Norte.
Adicionalmente, como en el caso de la minera canadiense Almaden Minerals ocultan información a la población, al gobierno y a la opinión pública respecto a la cantidad de agua que utilizan para operar y extraer los minerales que se llevan a sus países.
Al respecto, cuestionó que estas firmas realicen prácticas que no les son permitidas en sus países por la corrupción que hay en México.
“Corren” a la población
Manifestó que tanto las mineras, como el fracking y otros proyectos de muerte en la región literalmente “corren” a los pobladores, por lo que ya se puede hablar de comunidades desplazadas.
Gerardo Pérez agregó que las empresas cuentan con un manual de ingeniería social, a través del cual dividen a la población.
En el último lustro, la Secretaría de Economía (SE) liberó 827 concesiones para la explotación minera en Puebla, lo cual ubica al estado en el tercer lugar nacional.
Actualmente, la industria minera en Puebla posee, a través de sus concesiones, el 28.5 por ciento del territorio de la entidad federativa.
Las empresas transnacionales que acaparan el territorio en Puebla son la canadiense Almaden Minerals, con el 6.9 por ciento; y la Mexicana Industria Peñoles SA de CV, con el 4.9 por ciento.
Tan solo en 2016, la SE reportó 236 permisos para el estado de Puebla, mientras que en 2017 se elevó a 310, lo cual significa que el año pasado se emitieron 74 concesiones más. Esto representa un incremento del 30 por ciento.
Sin embargo, el estudio “Industria extractiva en Puebla, panorama del sector minero” indica que hay nueve países con injerencia en el subsuelo de la entidad. Se destacan tres: Canadá tiene concesionadas el 7.7 por ciento de hectáreas (263 mil 957 has); México el 5.7 por ciento (194 mil 568 has); y Estados Unidos el 1.5 por ciento (51 mil 550 has).
Asimismo, reveló que Puebla es un territorio estratégico, que forma parte del corredor industrial Ciudad de México-Puebla-Veracruz, lo cual despierta el interés para la industria extractiva. Hasta el año 2016 hay registradas 753 concesiones mineras que compiten con la población por la tierra y el agua.
Empresas mineras extraen más de mil millones de litros de agua al año en la entidad. Con este líquido se podrían satisfacer las necesidades de higiene y consumo de alrededor de 18 mil oaxaqueños. Esta cifra rebasa lo permitido a los concesionarios ganaderos y el uso domestico.
Destacan los grupos mineros Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), y Penta Cal, entre otras con concesiones para el uso y extracción de agua en las regiones de la Costa y la Sierra Mixe respectivamente, según los datos obtenidos por el grupo de investigación Carto Crítica.
La empresa ICA tiene bajo su poder tres concesiones de las que extrae 35 mil 020 m3 anuales en cada una, en total su volumen de extracción al año asciende a 10 mil 060 m3; La empresa Penta Cal extrae anualmente 13 mil 365 m3 y una empresa cementera 1 millón 151 mil 815 m3 en el mismo periodo. Cada metro cúbico equivale a mil litros de agua.
La cantidad de agua que extraen estas compañías al año en conjunto alcanza 1 millón 256 mil 875 metros cúbicos, con este volumen se podía satisfacer la necesidad de hidratación e higiene de al menos 17 mil 955 habitantes, tomando en cuenta que el Banco Mundial asegura que un ser humano necesita aproximadamente 73 metros cúbicos anuales para ello.
Integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) señalaron a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Conagua de poner en riesgo el protocolo de consulta indígena. Provenientes de 16 comunidades zapotecas pertenecientes a los distritos de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla de Crespo informaron en conferencia de prensa que autoridades de ambas dependencias federales no han acudido a las reuniones para aplicar la consulta en relación a un proyecto que se pretende construir en una zona reglamentada comunitaria. Uno de sus representantes, Conrado Sánchez Aguilar dijo que el pasado 4 de abril habían acordado una reunión para que les entregaran un documento con los términos y conceptos de la propuesta de obra pero las autoridades de gobierno no acudieron y hasta el momento no se han comunicado con ellos.
Con este tipo de irregularidades, agregó, se violenta el derecho a la consulta pues no tienen acceso a la información detallada del proyecto y menos les han explicado los pormenores.
La minería es un sector industrial sumamente privilegiado en el país. Por un lado, goza de una laxitud en la aplicación de regímenes fiscales pocas veces visto en otras industrias, y por otro, una batería de leyes la protegen y privilegian.
Contrario a lo que pueda suponerse, la minería no es ese motor de desarrollo económico para el país. Es una industria que ha incumplido con obligaciones fiscales importantes como es el pago de derechos mineros a los que está sujeta desde 2014, de acuerdo con los informes que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para los años 2015 y 2016 sobre el pago de derechos. Los documentos revelan que apenas un 0.8 por ciento de los titulares de concesiones mineras en México realizó el pago del derecho especial sobre minería y tan sólo el 32.4 por ciento realizó el pago del derecho extraordinario. Sobre el derecho adicional, el SAT no contó con información para determinar cuántos concesionarios estaban obligados al pago correspondiente. Ojalá fuese así de bondadoso con el resto de los mexicanos.
Aunque la situación mejoró ligeramente para 2016, de nueva cuenta la ASF encontró más irregularidades en la entrega de los informes sobre la producción, beneficio y destino de minerales o sustancias y en los informes de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación a los que están obligados. La entrega de estos informes es importante, puesto que es un paso previo a la identificación de las empresas mineras que deben pagar derechos sobre minería, al no contar con esta información, tampoco es posible la exigencia de sus pagos.
La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.
La actividad minera provoca daños a la salud que incluso propicia distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.
En el tema medioambiental, los problemas se esparcen por suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. El cianuro utilizado para la extracción de algunos minerales contamina fuentes hídricas y tierras que llegan a perder fertilidad.
Los impactos sociales que surgen en las zonas de extracción se centran en el desplazamiento y migración local, así como en conflictos que incluyen la resistencia y la división en la comunidad entre las personas que están de acuerdo contra quienes se oponen a los proyectos.
n palabras de Isabel Clavijo, investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), “las empresas tienen patrones y tácticas que contribuyen a la generación de conflictos sociales, ya que buscan desestimar y eliminar cualquier proceso de resistencia organizativa por parte de las comunidades, la mayoría indígenas y pobres, que estén en contra de los proyectos”.
Fortuna Silver Mines difundió hoy los resultados del primer trimestre del 2018 de la producción de sus dos minas operativas en Latinoamérica, la mina San José en México y la mina Caylloma en Perú.
Durante los tres primeros meses del año, la minera canadiense produjo 2.4 millones de onzas de plata y 15,041 onzas de oro o 3.4 millones de onzas Ag Eq, más subproductos de metales básicos.
Fortuna, con sede en Vancouver, está en camino de cumplir con el pronóstico de producción anual de 8.3 millones de onzas de plata y 48,300 onzas de oro o 11.4 millones de onzas Ag Eq en el 2018.
Aspectos destacados de la producción del primer trimestre:
Mina San José, México
La Mina San José produjo 2,185,913 onzas de plata y 14,882 onzas de oro en el primer trimestre, 19% y 22% por encima del presupuesto, respectivamente. Las leyes promedio de cabeza para plata y oro fueron 284 g / t y 1.94 g / t, 18% y 22% por encima del presupuesto, respectivamente. La mayor producción de plata y oro se debió principalmente a un cambio en la secuencia de explotación planificada para el trimestre y a leyes más altas de lo esperado en el nivel 1000.
La secuencia de minería de la mina se modificó para mejorar la eficiencia y la productividad, aprovechando la flexibilidad de tener múltiples rebajes en el inventario. Los rebajes planificados con leyes más bajas en los niveles 1200 y 1000 fueron reprogramados para producción más adelante en el año y reemplazados con mineral de rebajes en el nivel 1100, con grados más altos programados.
La planta de procesamiento trató 3,011 tpd.
Mina Caylloma, Perú
La mina Caylloma en Arequipa produjo 215,545 onzas de plata en el primer trimestre, 5% por encima de lo presupuestado, con un grado de contenido en plata promedio de 61 g / t, 6% por encima del presupuesto.
La producción de zinc y plomo fue de 11’028,463 libras y 7’039,703 libras respectivamente, 3% y 10% por encima del pronóstico. Los grados de contenido promedio de zinc y plomo fueron 4.31% y 2.72%, 5% y 12% superiores a lo presupuestado, respectivamente. La planta de procesamiento trató 1,473 toneladas por día.
Ante la amenaza que representa la construcción de una presa hidroeléctrica, las comunidades indígenas Paso de la Reyna y San Lucas Atoyaquillo elaboraron un reglamento interno ejidal, donde establecen disposiciones para la protección de su territorio y de sus bienes naturales, así como el fortalecimiento de su organización interna.
La coordinadora del Área de Derechos Territoriales de la organización civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Ana María García Arreola explicó que el estatuto fue hecho de acuerdo al reconocimiento de la otorgado por propia Constitución a la autonomía de los pueblos indígenas sobre el control de sus territorios y sus recursos naturales existentes.
Ambos ejidos forman parte del proceso de organización territorial en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), para enfrentar la imposición del proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina, añadió.
Detalló que el reglamento interno ejidal de cada comunidad surgió de reuniones mensuales durante dos años de trabajo, porque se cuestionaron las necesidades y preocupaciones en torno al cuidado y protección del río Verde, las plantas, los animales y el entorno comunitario.
Este trabajo fue asesorado por Educa y Tequio Jurídico, quienes también acompañaron el proceso de inscripción del estatuto en el Registro Agrario Nacional (RAN), órgano que valida el control de la tenencia de la tierra en el país, agregó.
Mencionó que el reglamento interno ejidal fue entregado por las autoridades agrarias a sus integrantes en cada una de las comunidades, durante las Jornadas de Diálogos Interculturales por el Territorio, efectuadas en marzo pasado.
El proceso de consulta para validar el derecho de 16 comunidades de los distritos de Ocotlán-Zimatlán a administrar los recursos hídricos que han renovado y conservado desde 2008, dio un paso vital ayer, cuando representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH), realizaron un recorrido de observación, en el que expresaron su respaldo y admiración por este proyecto. A pesar de las constantes violaciones al derecho a la consulta cometidas por las dependencias federales vinculadas al proceso –la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)-, con esta misión el trabajo de las comunidades integradas en la Comisión de Pueblos Unidos para la Defensa del Agua (Copuda), alcanza un nivel de atención internacional. De avanzar la consulta y ser avalado el proyecto, la Conagua dejaría de tener el control sobre el uso del agua, cuya administración pasaría a mano de las comunidades.
La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.
La actividad minera provoca daños a la salud que incluso propicia distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.
En el tema medioambiental, los problemas se esparcen por suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. El cianuro utilizado para la extracción de algunos minerales contamina fuentes hídricas y tierras que llegan a perder fertilidad.
Los impactos sociales que surgen en las zonas de extracción se centran en el desplazamiento y migración local, así como en conflictos que incluyen la resistencia y la división en la comunidad entre las personas que están de acuerdo contra quienes se oponen a los proyectos.
La adquisición de la megaempresa transgénica Monsanto por la vieja fabricante de venenos y farmacéuticos Bayer fue aprobada en marzo de este año por la Dirección General de Competencia de la Unión Europea y la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Aunque falta la aprobación de otros países, estas decisiones marcan la consolidación de la última de las megafusiones de las industria de semillas y agrotóxicos que comenzó en 2015. Las otras fueron la de las trasnacionales estadunidenses Dow y DuPont, que formaron una nueva división agrícola para sus negocios de semillas y agrotóxicos llamada Corteva Agrisciences y la de la trasnacional de origen suizo Syngenta con la empresa nacional de ChemChina, que planea fusionarse además con Sinochem, otra estatal china.
Las oficinas de competencia consideraron que las tres fusiones eran problemáticas, pero especialmente la de Monsanto-Bayer. Para aprobar las fusiones, plantearon a todas que debían deshacerse de parte de sus negocios para evitar el dominio del mercado
, una expresión a todas luces retórica y sin sentido real.
El actual proceso electoral representa un factor de riesgo en la comunidad de Unión Hidalgo, pues sus pobladores están siendo presionados para avalar un nuevo proyecto eólico, denunció la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC). Elena Villafuerte, integrante del Área de Justicia Transnacional de la asociación que ha dado asesoría legal a los pobladores de este municipio istmeño desde 2013, señaló que uno de los principales responsables de esta situación es el presidente municipal, Wilson Sánchez Chevez, quien busca la reelección y pretende que el proyecto se autorice antes de las elecciones. “Hay una preocupación de los comuneros por lo que va a implicar para su seguridad el proceso electoral, en donde el presidente municipal, que forma parte del comité técnico interinstitucional encargado del desarrollo de la consulta, es juez y parte, en distintos momentos ha promocionado los bene×cios o posibles bene×cios del proyecto”, aseguró Villafuerte.
A petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Energía federal (Sener) informó la suspensión de la consulta indígena en Unión Hidalgo, en la que se sometería a la aprobación de la comunidad la instalación del proyecto eólico GunaaSicarú, promovido por la empresa Eólica de Francia. Tras aproximadamente cinco horas de asamblea, el representante de la secretaría, Rodolfo Salazar, informó a los aproximadamente 500 pobladores asistentes la solicitud de la comisión. La consulta del proyecto, que constará de 116 aerogeneradores de 2 mil 625 megawatts cada uno -89 a instalarse en Unión Hidalgo- ha sido cuestionado al promoverse en un momento en el que la reconstrucción de este municipio cuenta con muy pocos avances. La asamblea de comuneros rechazó la realización de esta consulta indígena “hasta que todas las viviendas afectadas, así como instalaciones públicas estén de nuevo en pie”.
En la asamblea de acuerdos previos ayer estuvieron presentes Juan José Moreno Sada, subsecretario de Energía estatal, Rodolfo Salazar, director de Impacto Social de la Sener federal, y el presidente municipal de Unión Hidalgo, Wilson Sánchez Chevez. Ayer mismo pobladores denunciaron que autoridades pretenden manipular la consulta entregando información falsa sobre los bene×cios para la población que traería la instalación de este proyecto. En un folleto sin ×rma ni sellos o×ciales, se menciona que con este proyecto se entregarán desde becas para estudiantes, se construirá un fraccionamiento de viviendas de interés social para familias de escasos recursos y apoyo a productos para el campo. En el folleto se usa además la imagen de uno de los murales realizados por el colectivo de arte BinniCubi, cuyo proyecto de retratar a los héroes cotidianos de la comunidad ha sido reconocido mundialmente.
Hoy a las 16:00 horas la Secretaria Nacional de Energía (SENER) convoca a la población para una asamblea de información, aunque los comuneros de la localidad denuncian que desde hace algunos días operadores del presidente municipal Wilson Sánchez Ch