La empresa canadiense Álamos Gold pretende impulsar en más de 15 mil hectáreas de Temixco, Xochitepec y Miacatlán en Morelos mineras a cielo abierto, lo que rechaza Unificación de Pueblos y Colonias Contra la Minería en Morelos.
Se define entonces minería a cielo abierto como aquella que busca la obtención de recursos naturales en la superficie del terreno y no de forma subterránea, aplicando sustancias químicas que remueven grandes cantidades de sedimento para la extracción de minerales, como oro, cobre o uranio. Las actividades mineras, de entre todas las actividades industriales, se caracterizan por tener un alto potencial destructivo de los ecosistemas y poblaciones humanas cercanas a los sitios donde estas empresas se instalan.En México, así como en todo el mundo existen pueblos organizados que se oponen a la megaminería y llevan adelante acciones para garantizar la vida y los derechos humanos frente a esta industria que extrae todo sin dejar nada.
Es por ello que la Unificación reafirma su rechazo al proyecto minero y señala que «su progreso es barbarie, ecocidio, es devastación», y recuerda que el proyecto que se pretende realizar en la región es una amenaza no sólo para el medio ambiente, sino también para el patrimonio histórico y cultural de Xochicalco.
El 11 de octubre de 2021 autoridades agrarias y municipales de Valles Centrales (Y integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todxs) recibieron amenazas durante la movilización efectuada para exigir la cancelación del proyecto minero San José, operado por Fortuna Silver Mines.
En la primera ocasión, personas dijeron que «iban a venir personas para quitar el bloqueo, que a ellos no les gustaba esa «chingadera» » señalaron que la gente que estaba en el bloqueo no era de Magdalena», dijeron «que ellos traerían armas para sacar a los de la movilización» las autoridades integrantes del Frente también han recibido mensajes diciendo que: «ya sabemos quiénes son, que los tenemos ubicados».
Quienes suscribimos somos autoridades municipales constitucionales y órganos de representación agraria de 10 comunidades que en ejercicio de nuestra libre determinación mantenemos una oposición rotunda a la empresa minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines. Por parte del Frente la movilización fue pacífica. En la movilización también estuvo presente la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
En los últimos meses, se ha documentado un cambio en la respuesta de la minera Cuzcatlán hacia los que están en contra de la minería. Durante y después del último bloqueo el 11 de octubre 2021, hubo incidentes de amenazas, intimidación y señalamiento hacia las y los defensores.Estas tácticas incluyen una fuerte campaña mediática en favor del proyecto “San José” en los periódicos, la radio y las redes sociales que omite mucho de la realidad de las operaciones y afectaciones de la mina “San José” para ganar favor.
El “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas”, dió a conocer que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), negó un segundo permiso ambiental que solicitó la empresa Fortuna Silver Mines para su proyecto “San José II”. El pasado 22 de julio de 2021, fue publicada en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la negación del permiso ambiental solicitado por Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines-FSM). “Desde septiembre de 2020 el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos exigió a la dependencia federal negar dicho permiso, ya que, desde hace diez años, FSM ha violentado sistemáticamente el derecho humano a un medio ambiente sano de las comunidades de Valles Centrales en el estado de Oaxaca. 75 obras del proyecto minero son irregulares y fueron construidas desacatando el permiso ambiental aprobado por SEMARNAT en 2009, por lo que la empresa fue sujeta a una sanción administrativa por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Pese a la campaña mediática impulsada por FSM para limpiar su imagen, la SEMARNAT resolvió que la empresa incumplió con lo establecido en el permiso original entregado en 2009, al construir 75 obras irregulares sin autorización”, precisa el Frente en su boletín de prensa.
Por acuerdo de la asamblea comunitaria, alrededor de tres mil 500 comuneros zapotecos de San Pedro Quiatoni realizaron este lunes 5 de julio una marcha y mitin frente al Poder Judicial Federal, en rechazo a las mineras. Fue para demostrarle al gobierno que no es la autoridad sino toda la comunidad agraria está en contra de las empresas mineras subsidiarias de la compañía estadounidense Gold Resource Corp (GRC) que están saqueando sus recursos minerales y naturales. El comunero y abogado de la comunidad, Simitrio Ruiz Martínez, manifestó que esta marcha es para “exigirle al gobierno federal que deje de entorpecer el desarrollo del proceso. Y que el Tribunal Colegiado emita a la brevedad posible las resoluciones correspondientes en cuanto a esas quejas y se dicte un sentencia conforme a Derecho que ampare los intereses de la comunidad agraria e indígena de San Pedro Quiatoni”. El 12 de febrero de 2020, la comunidad zapoteca interpuso un amparo en contra de las concesiones que otorgó el gobierno federal a 3 empresas mineras Don David Gold México S. A. de C.V., Minerales del Prado y Desarrollos Mineros San Luis, subsidiarias de la Gold Resource Corp (GRC). La comunidad advirtió que no permitirá que sigan saqueando sus recursos minerales y naturales. Cabe recordar que GRC tiene seis proyectos mineros en Oaxaca, de las cuales dos están en fase de producción comercial.
La Compañía Minera Cuzcatlán llegó hace 15 años a los Valles Centrales de Oaxaca. Diversos estudios muestran que los ríos cercanos a sus instalaciones presentan altos niveles de aluminio, bario, cromo, hierro, manganeso y plomo. Expertos consideran que la contaminación del agua por metales podría relacionarse con algunas enfermedades en personas y animales en al menos seis municipios de la región. En tres de ellos hubo brotes de hepatitis y enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Un comunero narra que siente resequedad en las manos cuando lava los platos y que su esposo no deja de toser. Viven en el municipio Magdalena Ocotlán en México. A una pobladora le da comezón en la piel después de usar el agua en San Juan Chilateca. Padres de varios niños de San José del Progreso y Santa Lucía cuentan que sus hijos se enferman de hepatitis. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica confirma que estos padecimientos aumentaron desde que la minera comenzó su funcionamiento, releva el reportaje de Mongabay Latam. También se presentaron brotes de hepatitis en los municipios de San José y Magdalena, casos que coincidieron con el derrame en la presa de jales secos y acuosos de la Minera Cuzcatlán en 2018. El médico Ezequiel Díaz Cruz, responsable del Sistema Automatizado de Vigilancia Epidemiológica en Oaxaca, señala que en 2019 se registraron 15 casos de hepatitis tipo A en San José y 11 en Magdalena. El 90 % de los enfermos eran niños. Diversos estudios de las autoridades, a lo largo de los años, han confirmado que el arroyo Coyote en Magdalena Ocotlán tiene niveles altos de metales en diferentes tramos.
La muerte de los siete mineros en Coahuila “es resultado de la omisión de las autoridades y la ilegalidad de empresarios carboníferos”, denunciaron organizaciones tras el rescate del cuerpo del último trabajador que quedó atrapado el 4 de junio en el derrumbe de la mina de carbón Micarán del ejido Rancherías, municipio de Múzquiz, Coahuila. La mina se inundó luego de que las paredes de un tajo anegado por las lluvias se derrumbó y el agua cubrió la zona donde se encontraban nueve trabajadores, de los cuales sólo dos lograron salir. Después de que las brigadas de búsqueda rescataran el séptimo y último cuerpo de los mineros.
La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) declararon en un comunicado que desde hace quince años han advertido la posibilidad de nuevas víctimas mortales si se mantienen las condiciones que dieron lugar a la explosión en Pasta de Conchos. Indicaron la nula respuesta de las autoridades y exigieron una vez más la prohibición del modelo minero de “pocitos de carbón” y “minitas de arrastre”, ya que están basados en condiciones “peligrosas, insalubres e inhumanas para los trabajadores”, así como el compromiso público de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de no comprar carbón extraído de este tipo de minería y la elaboración de un Protocolo Nacional de Salvamiento Minero.
En octubre de 2020, integrantes de la Organización Familia de Pasta de Conchos le entregaron a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad una carta en mano con fotografías sobre las condiciones de inseguridad en la carbonera colapsada. Nunca hubo respuesta. La Organización Familia de Pasta de Conchos se pronuncian en su cuenta de twitter: “¿Cómo se atreven a decir las autoridades: “aquí estamos” o “estamos atendiendo a las familias” si ni si quiera les proporcionaron carroza fúnebre para que las familias lleven a los mineros al panteón? No hablaron con ellas y dejaron solas a las familias”.
El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos informó que están en contra de cualquier proceso de consulta pública en las comunidades del Valle de Ocotlán, Oaxaca, respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) denominada San José II presentada por la compañía minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines: “Las comunidades organizadas en el Frente no a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, después de realizar un análisis de dicha manifestación determinamos exigir a la SEMARNAT no autorizar la MIA San José II y cancelar el proyecto minero”, afirman en su boletín. “Esta decisión está fundamentada en la toma de decisiones asamblearias de nuestras comunidades, quienes han mandatado la defensa y el cuidado del territorio de los Valles Centrales frente a cualquier proyecto que vulnere la integridad y seguridad de nuestros territorios y sus habitantes”, reiteran. Por eso, informaron, rechazan “categóricamente” cualquier proceso de consulta implementado por las instancias de gobierno federal o estatal en sus territorios: implementar un proceso de consulta en sus territorios “representa una traición a la voluntad del pueblo zapoteco de los Valles Centrales de Oaxaca y de nuestras comunidades expresada en reuniones anteriores con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que nuevamente pedimos un diálogo con la Secretaria para ratificar nuestra posición”, concluyen las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, así como la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán
El pasado 15 de abril de 2021, diez comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, articuladas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, se reunieron con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González para exponer las afectaciones producidas por el proyecto minero “San José” y exigir a esta dependencia la negación de la Manifestación de Impacto Ambiental “San José II” que solicitó la empresa minera Cuzcatlán, parte de la canadiense Fortuna Silver Mines (FSM). Cabe destacar que El Frente No a la Minería ha exigido este diálogo desde diciembre de 2020, momento en el que decidió movilizarse bloqueando la carretera federal 175 hasta tener una respuesta de la autoridad encargada de la protección del medio ambiente en el país. Las comunidades participantes mencionaron que realizaron sus asambleas comunitarias desde 2009, por lo que cuentan con sus declaratorias de Territorio Prohibido para la Minería, las cuales prohíben cualquier actividad de prospección, exploración o explotación minera en los Valles Centrales de Oaxaca. Por su parte la SEMARNAT se comprometió a retomar el planteamiento y argumentos de las comunidades participantes para garantizar el respeto de su derecho a la libre determinación y autonomía durante el proceso de resolución de la MIA San José II. Cabe recordar que en est Frente participan las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, La Noria de Ortiz, así como la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.
En un webinar internacional sobre el impacto de la minería en comunidades indígenas de Oaxaca y Chihuahua, las autoridades de Magdalena Ocotlán denunciaron las graves afectaciones por parte de la minera Cuzcatlán, propiedad de la canadiense Fortuna Silver Mines (FSM). Los representantes de la comunidad ubicada a solo unos metros del proyecto minero San José, propiedad de la empresa FSM, reiteraron que “la minera nos está afectando mucho” con la contaminación del agua, los desechos de la mina, ruidos constantes y la escasez de agua. También señalaron “el abuso que se comete por parte de nuestros propios autoridades [estatales] que solapan y coordinan con las empresas internacionales por el gran capital que traen. Dicen que estas empresas “impulsa el desarrollo” pero es una falacia total para nosotros.” Pedro Máximo Aquino, presidente municipal de Magdalena Ocotlán, afirman que “otra vez se repite la historia de los tiempos de la colonia y la conquista con el saqueo de la riqueza del país (…) pero somos gente del campo y la gente de Magdalena Ocotlán es consciente de lo que está pasando. Defendemos nuestro pequeño patrimonio, defendemos nuestra fuente de ingresos, defendemos nuestra economía.” En el evento, organizado por Brigadas Internacionales de Paz PBI Canadá y visto por cientos de personas en Facebook, también participaron defensoras y defensores de Chihuahua que alertaron a la sociedad civil canadiense sobre las afectaciones de minería a los pueblos originarios en México y que también pone en riesgo la diversidad biológica impresionante del país. Las y los méxicanos en el webinar también pidieron frenar los asesinatos de defensores de derechos humanos y del medio ambiente en México.
Han pasado más de tres semanas – desde el 23 de enero – cuando Fidel Heras Cruz, defensor comunitario y ambientalista fue asesinado en el municipio Santiago Jamiltepec en la Costa de Oaxaca y hasta el momento ninguna autoridad ha emitido medidas cautelares para sus familiares y tampoco para los 300 habitantes de Paso de Reyna que defienden el río verde de dos hidroeléctricas, denunciaron integrantes de la organización civil Servicios para una Educación Alternativa, Educa A.C.. Las defensoras de Educa aseguran que tras el asesinato de Fidel , han sostenido platicas y reuniones con las autoridades, y el 9 de febrero la defensoría informó a Educa que continúa el procedimiento de las medidas cautelares. Sin embargo, hasta ahora no hay un solo avance en la investigación y tampoco medidas cautelares a pesar de que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo) lo solicitó.
“A Fidel le tocaba vigilar que se cumplieran los acuerdos, que el río se cuidará, pero mira ahora lo mataron y su comunidad quedó en el desamparo, ellos requieren de estos beneficios, contar con medidas cautelares para poder seguir en la defensa de su territorio”, indicaron. Luego del asesinato, Educa notificó a la Defensoria de Oaxaca del asesinato así como las demás instancias como la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) para que garanticen la seguridad, sin embargo, solo se han hecho “rondines policiacos” y ya, no hay las medidas cautelares.
“Paso de la reyna y de río verde son dos proyectos hidroeléctricos que quieren imponerse en la zona, pero la comunidad vive una resistencia de más de una década, todo organizado, entonces para continuar después de este asesinato se requiere de seguridad, por eso es que estamos alertando que no lo tienen en estos momentos para seguir con su lucha”, resaltaron Educa.
Este sábado 23 de enero de 2021, fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, de donde era originario, además de ser miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).
El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego.
Las autoridades de la agencia de Paso de la Reyna, mencionaron que el pasado 21 de enero, Fidel Heras recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado. En esos mismos días el propio agente, Filogonio Martínez Merino, fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, el agente dio parte a la policía municipal y pidió le acompañaran y escoltaran hasta llegar a la comunidad.
En este contexto, desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.
La crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río.
En diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras.
El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y que también se mencionó que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.
Debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde. Además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.
Por lo anteriormente expuesto, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta el esclarecimiento de los hechos y brindar atención a quienes hacemos esta denuncia. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que abra la carpeta de investigación correspondiente, sin descartar ninguna de las causas mencionadas en el presente escrito. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina.
“Ríos para la vida, No para la muerte”
Atentamente
Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 24 de enero de 2021.
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER.
Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna; Santiago Jamiltepec.
Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca –REDECOM
Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA
Ecosta Yutu Cuii
Comunidades que integran el Frente No a la Minería en Valles Centrales, Oaxaca, bloquaron ayer la Carretera Federal 175, a la altura de Magdalena Ocotlán, en rechazo del proyecto minero “San José”, y en exigencia de una audiencia sobre la ampliación de este proyecto con la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, a quien han emplazado por la vía oficial desde noviembre sin recibir respuesta. A las tres de la tarde, luego de siete horas de bloqueo, se llegó al compromiso de Semarnat para sostener una mesa de trabajo con las comunidades para el día 16 de diciembre en Magdalena Ocotlán. El titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semanart, Daniel Quezada Daniel, se comunicó con miembros del Frente, una exigencia de las comunidades es que la reunión sea con la titular de Semanart, María Luisa Albores.
Entrevistados para radiodifusoras comunitarias, autoridades agrarias y municipales de San Martín de los Cansecos, afirmaron que con la minería en la región los pozos de agua se han secado y contaminado. “Pedimos que no les den permisos, no son ni de México”, dijo el comisariado Efraín Santiago. Así mismo, el integrante del cabildo de Magdalena Ocotlán, Rubén Sánchez, recordó la contaminación del Río Coyote y un colector pluvial provocada por la presa de jales, que además les generó afectación económica pues debieron consumir agua embotellada. Las personas representantes de comunidades como Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, desmintieron la versión del presidente López Obrador quien dijo en conferencia de prensa en septiembre, que este conflicto minero estaba atendido.
Autoridades municipales y comunitarias de Calpulálpam de Méndez, en la Sierra Juárez, Oaxaca denunciaron discriminación de Semarnat, Profepa y Conagua, así como incumplimiento de la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, al compromiso de una mesa de trabajo para resolver la problemática generada por la minería. Además, sostuvieron que Minera la Natividad opera desde hace años sin contar con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y no ha detenido operaciones ni siquiera durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Solamente de 2007 a 2011 frenó sus actividades por una orden judicial, señalaron. En su boletín denuncia que:
Por varios años la comunidad indígena de Capulálpam de Méndez ha denunciado el grave impacto social y ambiental causado por el saqueo de minerales en sus tierras comunales llevado a cabo por la compañía minera La Natividad y anexas. Capulálpam ha denunciado ante Semarnat, Conagua, Profepa y Gobierno del Estado de Oaxaca el derrumbe de tres presas de jales con desechos contaminados al Río Capulálpam; la contaminación con plomo y arsénico de fuentes de agua; la desaparición de trece acuíferos debido a las obras mineras; contaminación del Río Grande que cruza la Sierra Juárez y afecta a varias comunidades indígenas en la región. Capulálpam ha denunciado que un nuevo programa de saqueo de minerales pone en grave riesgo de desaparición la última área de acuíferos de donde la comunidad se abastece de agua potable.
Hemos solicitado hablar con la Secretaría de Semarnat María Luisa Albores González para que nos informe por qué Minera Natividad opera a pesar de que Capulálpam ha denunciado las consecuencias mencionadas. Como comunidad indígena con personalidad jurídica agraria no hemos autorizado manifestaciones de impacto ambiental a Minera Natividad permisos para que dicha minera opere en nuestro territorio comunal. No hemos tenido respuesta de la Secretaria Albores González a pesar de que le reiteramos la urgencia de dicha reunión. Hacemos un llamado a la Secretaria para que nos reciba.
El 11 de octubre, El Frente No a la Minería por un Futuro de Todxs decidio movilizarse bloqueando la carretera federal 175 a la altura de Magdalena Ocotlán y Monte del Toro para exigir. Eso fue despues que la compañía minera Cuzcatlán ingreso por tercera vez su permiso ambiental para operar 10 años más en los Valles Centrales. En su bloqueo, el Frente exige:
1. Cancelación del proyecto minero «San José» operado por minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines por afectar el ambiente de las comunidades de Valles Centrales al construir 75 obras irregulares.
2. Negación del «nuevo» permiso ambiental: «actualización de obras y actividades» solicitado por compañía minera Cuzcatlán ante la SEMARNAT. En dos ocasiones anteriores minera Cuzcatlán ha querido justificar mediante este permiso 75 obras irregulares y explotar por 10 años más el territorio de Valles Centrales. Exigimos a la autoridad ambiental audiencia con la Secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores.
3. Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, garantizar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, minera Cuzcatlán ha violentado la legislación ambiental vigente y nuestros derechos como pueblo indígenas. Ningún proyecto minero debe estar por encima de la ley.
Exigimos al gobierno federal respetar los acuerdos de nuestras asambleas.
Los ejidatarios de Carrizalillo, municipio Eduardo Neri, Guerrero, y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunciaron un “intimidante despliegue militar en apoyo a la minera canadiense Equinox Gold” en contra de la comunidad de Carrizalillo luego de que ejidatarios anunciaran la anulación del convenio con la empresa tras denunciar incumplimiento y tratos racistas y discriminatorios, por lo que alertaron de una posible confrontación violenta del Ejército contra pobladores. Denuncian que este 7 de septiembre a las 17:40 horas, alrededor de 50 elementos del Ejército mexicano se presentaron, en un camión y una camioneta en la entrada de la mina Los Filos, lugar en el que se ubica el campamento que mantienen las y los ejidatarios de Carrizalillo, para intimidarlos por su exigencia de respeto hacia la minera canadiense Equinox Gold. Los soldados “se bajaron del camión en una acción clara de operativo que, por supuesto nos alertó y, de manera inmediata dimos la alerta para movilizar a toda la población”, y en consecuencia, empezaron a subir a sus militares y el ejército, “sin dejar aviso de nada, se dio la vuelta dejando su operativo fallido”. La REMA detalló que representantes de dicha empresa, faltando a la verdad, arguyen que las y los ejidatarios han ocupado las vías de comunicación obstruyéndolas ilegalmente, cuando ha sido la empresa quien ha pasado por alto los acuerdos con la comunidad, ignorando los derechos de una población que ha sido afectada irreversiblemente en términos ambientales, sociales y de salud por la explotación minera. Las negociaciones entre campesinos y Equinox Gold se iniciaron ayer a las 10 de la mañana y concluyeron una hora después sin que hubiera arreglos. El representante de Equinox Gold, Peter Burger, “estuvo muy cerrado, muy racista, y nos ignoró; no trajo ninguna propuesta, al contrario, dijo que si no levantábamos el plantón no habría diálogo”, afirma un representante ejidal que pidió anonimato.
Ejidatarios de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, anunciaron que dieron por terminado el convenio que firmaron en 2019 con la empresa Equinox Gold, filial de Leagold Mining Corporation, debido al incumplimiento de las cláusulas del documento con base en el cual la compañía canadiense explotaría la mina Los Filos hasta 2025. En conferencia de prensa, los ejidatarios dijeron que quedan cerradas las operaciones de la mina Los Filos en mil 500 hectáreas, de las cuales 700 son de uso común y 800 propiedad de 173 ejidatarios. Los inconformes aseguran que la compañía ha tenido una actitud “racista” y discriminatoria contra los pobladores y ha violado cláusulas del contrato relacionadas con la protección de la salud y del medio ambiente. “Del año pasado a la fecha fallecieron ocho pobladores, aparentemente por cáncer y algunos bebés nacieron con malformaciones a causa de la contaminación”. Además, “con la pandemia de Covid-19 se han contagiado 21 trabajadores. En la mina laboran 300 campesinos de Carrizalillo, algunos de los cuales han fallecido a causa del coronavirus”. En el boletín, la comunidad recuerda que a raíz de la actividad minera, iniciada en 2007, desde 2010 ya no disponen de agua limpia. Además, tanto los ejidatarios como los propietarios de la mina tienen que pagar una cuota a los grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona. La suspensión de operaciones de la mina canadiense, ubicada en la rivera del Río Balsas, ocurre a dos días de que un grupo armado secuestró a trabajadores y quemó una camioneta –propiedad de la empresa canadiense Equinox Gold– en Iguala, donde bandas crimínales disputan el control del cinturón de oro del río Balsas, informó la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE).
Autoridades agrarias y municipales de San Miguel Chimalapa reiteraron su rechazo total a la exploración y explotación de minería en su territorio. Asimismo, desconocieron un acta de una asamblea “ilegal” donde se otorga un permiso a la empresa canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V., a cambio de dinero. Pidieron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se abstenga de otorgar permisos a la empresa de minería canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V., en su proyecto denominado “Santa Marta”. Le hicieron saber a la dependencia que “los permisos otorgados se realizaron sin consentimiento de la comunidad zoque. Atentaron contra nuestros derechos indígenas y dueños ancestrales del territorio que comprende el núcleo agrario de San Miguel Chimalapa. Pues el impacto ambiental traerá consecuencias irreversibles en nuestro territorio, en el medio ambiente, principalmente en los mantos acuíferos”. Desconocieron los acuerdos y permisos que haya otorgado la autoridad local de La Cristalina, que a cambio -aseguran- recibió la cantidad de 1 millón 80 mil pesos, como indican los documentos de acuerdo que tienen en su poder. “Públicamente denunciamos que para la realización de dicha asamblea de la localidad comunal La Cristalina y firmar su acta de acuerdo, no fueron informados, consultados ni avalados por el cabildo municipal ni comunal en turno. Y mucho menos por la Asamblea General del Pueblo Zoque, tal y como lo establece en nuestro Sistema Normativo Interno, escritos y registrados oficialmente a través de nuestro estatuto comunal”, indicaron.
Integrantes del Colectivo Matza, de origen zoque, denunciaron que los cinco proyectos mineros que se pretenden instalar en los Chimalapas, Oaxaca, uno ya autorizado por la Secretaría de Economía bajo el nombre de “Santa Martha” y los otros cuatro que se encuentran en trámite, no están respetando la tenencia de la tierra comunal, por lo que son violatorios a sus derechos humanos y territoriales. Este colectivo junto con pobladores de San Miguel Chimalapa, Zanatepec, Unión Hidalgo e Ixhuatán desde hace cinco años mantienen una defensa en rechazo a la explotación minera e inclusive clausuraron de forma simbólica la obra denominada La Cristalina para que la empresa Minaurum Gold no realizará exploraciones en la zona, pero lo ha hecho. “No respetar la tenencia de la tierra” es grave y violatorio, acusaron los integrantes de este colectivo, quienes precisaron que en la gaceta ecológica de la Semarnat recientemente apareció publicado los datos de la concesión Santa Martha que abarca 6 mil 410 hectáreas de territorio y que impactará severamente a los ríos Zanatepec, Ostuta y Espíritu Santo. Explicaron que la concesión Santa Martha, fue otorgada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Las cuatro nuevas concesiones que están en trámite abarcan más de 105 mil hectáreas, es decir casi la totalidad del territorio zoque de San Miguel Chimalapa que es de 134 mil hectáreas, por lo que los integrantes del colectivo, alertaron que se trata de una grave imposición de megaproyectos.
Junto con el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios y las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán, se realizó la conferencia de prensa en Santo Domingo. Durante la conferencia se dio lectura al boletín, colocando la posición del Frente sobre la solicitud de negar la MIA de la empresa Cuzcatlán presentada en la SEMARNAT así como la contaminación del reten de agua en la comunidad de Magdalena. La conferencia y la información presentada tuvo una importante cobertura en los medios estatales y nacionales.
El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, denunciamos que los impactos ambientales producidos por la explotación minera de FSM-Cuzcatlán se han profundizado en los Valles Centrales, poniendo en riesgo el agua y la vida de comunidades de Valles Centrales. Estos impactos se han focalizado principalmente en Magdalena Ocotlán, quienes por segunda ocasión atestiguan la contaminación de sus cuerpos de agua: el 14 de julio de 2020, las autoridades municipales de dicha comunidad constataron que un pozo de captación de agua pluvial, construido para recargar los mantos acuíferos presentó una coloración rojiza, este pozo se encuentra aproximadamente a 300 metros de la planta de beneficio del proyecto minero. Lo mismo sucedió en octubre de 2018, cuando se derramó la presa de jales contaminando el arroyo El Coyote, hecho que continua en la impunidad en la región.
Las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán han hecho una denuncia popular ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROFEPA) y exigen a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), intervengan para que realicen una investigación apegada a derecho, transparenten los resultados de los estudios que se han realizado con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública y reparación del daño de comunidades afectadas por la explotación minera.
En este contexto de contaminación, la compañía minera Cuzcatlán, empresa filial de Fortuna Silver Mines presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un nuevo permiso ambiental para la continuidad de la extracción de minerales en los Valles Centrales de Oaxaca. El documento denominado Manifestación de Impacto Ambiental-Modalidad Regional “San José II” fue presentado el pasado 07 de julio de 2020.
Los autoridades municipales y agrarias de las comunidades de San Dionisio Ocotepec, San Nicolas Yaxe, Santa Catarina Minas, Monte del Toro, San Martin de los Cansecos, El Vergel y Los Ocotes, y Magdalena Ocotlan firmaron una solicitud a la SEMANART niegue el permiso ambiental de la empresa Cuzcatlán. En todas las comunidades manifestaron su preocupación en torno a la intención de la empresa por obtener el permiso ambiental y reafirmaron su compromiso de defender el territorio regional en los valles centrales.
En una reunión organizada el pasado 30 de junio, las autoridades municipales y agrarias de 14 comunidades pertenecientes a los municipios de Santa María Petapa, Matías Romero, San Juan Guichicovi y Barrio de la Soledad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, así como representantes de grupos de mujeres, comités de salud y, directivos del movimiento ferrocarrilero Demetrio Vallejo Vive crearon un frente contra el corredor transístmico y en defensa de los derechos de los pueblos, de las mujeres y de los trabajadores de la región.
En un comunicado publicado por la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Oaxaca (UCIZONI), explicaron que dicho frente nace como una necesidad ante la violación a los derechos de la población del Istmo de Tehuantepec por las obras del megaproyecto, en particular, las relacionadas con la construcción del tren destinado a conectar los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz en Oaxaca.
El Tren Transítsmico
De acuerdo con el documento publicado por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados intitulado “El proyecto del tren transístmico”, contempla la renovación de una antigua ruta ferroviaria y su prolongación, con la puesta en marcha de un tren eléctrico de doble vía de 300 kilómetros, equipado con tecnología de punta de última generación, capaz de transportar 300 mil toneladas al día, además de pasajeros.
Este medio de transporte tendría las características de un Tren de Alta Velocidad (TAV), apto para circular a una velocidad de más de 250 km por hora, acercándose a veces a los 350 km por hora, lo que lo sitúa “en el entorno de las velocidades de rotación de los grandes aviones comerciales”.
Cabe señalar que para poder funcionar, el trazado de las vías del tren “debe ser tan recto como sea posible, evitando al máximo las curvas y pendientes. Radios de menos de 5 kilómetros son considerados muy ajustados en términos de alta velocidad”, según el documento del proyecto.
La meta del proyecto “Tren Transístmico” es posicionarse a nivel internacional para acelerar los flujos intercontinentales de comercio mundial, compitiendo con el Canal de Panamá. Así, como lo señala el documento del CESOP, el Tren Transístimico deberá “unir los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz en tan sólo 3 horas, a efecto de que las empresas navieras tengan ahorros de tiempo y dinero, mientras que en el canal de Panamá tardan en cruzar más de 8 horas, con un tiempo de espera de hasta 15 días”.
La ruta total del tren atraviesa 79 municipios de Veracruz y Oaxaca, incluyendo numerosas comunidades indígenas, así como una variedad de ecosistemas.
Los habitantes de Santo Domingo Ixcatlán se constituyeron en asamblea permanente para la defensa de su territorio y los recursos minerales en especial de los pueblos indígenas mixtecos que son acechados por las empresas mineras, informó el presidente municipal, Bertoldo Bernabé García. Su preocupación parte de que durante los años 2006, 2007 y 2008, una empresa minera canadiense efectuó estudios en el suelo y subsuelo del territorio de Santo Domingo Ixcatlán, y que su base de operaciones es la comunidad de Yosondúa, contando con un grupo de técnicos que viajaban constantemente a territorio de Ixcatlán en un helicóptero.
Por tal razón, este domingo siete de junio la asamblea comunitaria decidió mantenerse en alerta al tiempo que se pronunciaron “en defensa de nuestra Madre Tierra, especialmente del territorio comunal de Santo Domingo Ixcatlán, que ya fue determinada legalmente en sentencia del Tribunal Unitario Agrario de Huajuapam de León, Oaxaca, en el expediente 3/1995 con fecha 3 de agosto de 1998”.
De igual forma, determinaron desconocer “cualquier acto, convenio, acuerdo” realizado por la familia de Freddy Eucario Morales y políticos del PRI. Durante 15 años, la familia Morales Arias ha generado diferentes problemas en la comunidad, que se incluye destituyó a las autoridades agrarias sin tener atribuciones y llegó a acuerdos turbios con empresas mineras, mismos que ahora son desconocidos.
Los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca y Veracruz, así como organizaciones, activistas y artistas, rechazaron la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para inaugurar y dar el “banderazo” a las obras del Corredor Transístmico, la cual está programada del 5 al 7 de junio, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. En un comunicado, 15 articulaciones istmeñas de Veracruz y Oaxaca, 79 organizaciones de todo el país, así como espacios internacionales y personalidades destacaron las irregularidades en torno al megaproyecto del Corredor Transístmico, como la falta de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, como lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la violación al derecho de la libre autodeterminación. Además, repudiaron que López Obrador “está aprovechando el confinamiento en casa por la pandemia” para imponer la militarización del país “y su propio concepto de proyectos esenciales para la nación, como el megaproyecto del Corredor Interoceánico, entre otros”. Por otra parte, denunciaron las consecuencias negativas que los megaproyectos y el exctractivismo han dejado en los territorios indígenas, como el incremento del crimen organizado, la violencia de género y los feminicidios, la devastación de los recursos naturales, empleos precarizados y pobreza. Por ello, llamaron a López Obrador “a realmente poner primero las necesidades de los pueblos y de los más pobres” y detener los megaproyectos en la región del Istmo.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek que planteaba no amparar a comunidades indígenas ante las afectaciones que les genera la Ley Minera, luego de la exigencia de organizaciones de la sociedad civil que llamaron la atención sobre el documento. En un boletín, organizaciones y comunidades celebran esta decisión y expresan su esperanza que “el sentido del proyecto sea reconsiderado para que sea una decisión ejemplar, que garantice los derechos del Pueblo Maseual [Nahua] de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales correspondientes, y que declare la inconstitucionalidad de la Ley Minera”. El litigio emprendido por el Pueblo Maseual “busca solidarizarse y sumar esfuerzos a la lucha de los pueblos indígenas para poner fin a la violencia estructural, a la violencia de Estado”, afirman las organizaciones de la Sierra Norte de Puebla y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), al mismo tiempo que advierten a la SCJN que “por nuestra parte, seguiremos estando muy atent@s a sus análisis y argumentaciones en torno a nuestro caso”.
Miles de personas y centenas de organizaciones (incluyendo el CNI y REMA) enviaron una carta el 11 de mayo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que les solicitan no aprobar el proyecto de resolución del amparo en revisión que valida la constitucionalidad de diversos aspectos de la Ley Minera que afectan a los derechos de pueblos y comunidades indígenas. El Amparo en Revisión 928/2019 del pueblo Maseual en la comunidad de Zacapitan, municipio de Cuetzalan del Progreso en Puebla. El proyecto de sentencia que podría ser analizado hoy, el 13 de mayo, por el pleno del máximo tribunal del país, fue propuesto por el ministro Javier Laynez Potisek y ha sido sumamente criticado.
“La resolución hace un muy amplio y detallado recuento de los estándares nacionales e internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, pero al momento de analizar la Ley Minera, se limita a afirmar sin mayor sustento que ‘el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados’. Consideramos errónea y jurídicamente sin sustento tal argumentación, ya que las comunidades y pueblos indígenas han sido testigos sobre cómo los actos administrativos basados en la Ley Minera han afectado sus territorios, formas de vida y derechos humanos”, advierten los firmantes de la misiva.
En septiembre de 2014, la asamblea indígena del pueblo Maseual empezó acciones jurídicas al para combatir la decisión de la Secretaría de Economía de entregar sus territorios en concesión para la explotación minera sin contar con su consentimiento y sin haber sido convocados a participar en un proceso de toma de decisiones que directamente les involucraba.
En una primera resolución en septiembre del 2018, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, determinó conceder el amparo a las comunidades indígenas afectadas respecto del otorgamiento de las concesiones mineras en sus territorios. Sin embargo, al tiempo que concedía el amparo evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Minera en la que la Secretaría de Economía se apoya para otorgar los títulos de concesión. Frente a la omisión del Juzgado, las comunidades indígenas afectadas presentaron un recurso de revisión que será resuelto en próximos días por la Suprema Corte.
“Es preocupante que la limitada interpretación sobre la Ley Minera sea un mal precedente para otros casos, en los que los pueblos y comunidades indígenas han emprendido acciones jurídicas ante los conflictos socioambientales que la minería ha generado en sus territorios”, señalan en la carta.
En San Mateo del Mar, durante la noche del 2 de mayo del 2020, personas con armas de alto calibre dispararon en la carretera a la altura de la Agencia Municipal de Huazantlán del Río, dispararon también en la comunidad de Huazantlán, en las colonias Juárez y Costa Rica. Dicha agresión se dio en contra de pobladores que resguardaban la entrada al municipio, como medida de prevención para mantener el cerco sanitario en el marco de la pandemia de COVID 19. Como consecuencia de este ataque varias personas resultaron heridas, fueron quemados vehículos y cuatro casas. Entre ellas, la casa del Agente Municipal José Luis Chávez y las oficinas de la Agencia Municipal de Huazantlán del Río. “Hemos sido informados también que fue asesinado el suplente del Agente Municipal, el C. Filemón Villalobos y que pobladores fueron secuestrados, golpeados y torturados”, señalan organizaciones sociales y civiles en su boletín de prensa, donde exigen la intervención de los gobiernos estatal y federal. En una acción urgente, también el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C. hace un enérgico llamado a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para atender urgentemente esta situación y no hacer caso omiso estos hechos reprobables que puede desbordarse aún más por la tensión que se vive actualmente. Dicha situación de violencia se da en el contexto de las recientes elecciones en 2019, así como en un clima de incertidumbre, chismes, difamación y deslegitimación en contra de personas defensoras, en particular mujeres que defienden sus derechos como pueblo indígena ikoots y se han opuesto a la imposición de megaproyectos en la zona, como son los parques eólicos y el Corredor Transístmico.
En medio del confinamiento por la pandemia de #COVID19, la UE concluyó el 28 de abril la negociación del tratado neoliberal con México “que busca más megaproyectos, extraer más petróleo, aumentar las privatizaciones, destruir la soberanía alimentaria y más abusos corporativos”, alerta el activista Tom Kucharz. Organizaciones de la sociedad civil europea que participaron en la Caravana “Toxic Tour” sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México también expresan su “profunda preocupación ante el cierre del acuerdo renovado de comercio entre la Unión Europea y México”, y exigen un cambio radical en la política europea comercial y de inversiones. El acuerdo constituye una actualización del TLC firmado en el año 2000 y pretende extenderse hacia sectores como las finanzas, el comercio electrónico y la agricultura. Se trataría del primer acuerdo de libre comercio, firmado entre la Unión Europea y un país latinoamericano que incluye el capítulo sobre protección de las inversiones. Esto implica otorgar a las empresas transnacionales el derecho exclusivo de desafiar las decisiones democráticas de los Estados, impugnando por ejemplo legislaciones de interés público. Alertan que el nuevo acuerdo “permitirá asegurar la impunidad de las empresas transnacionales
QUIENES SUSCRIBIMOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN EJIDAL DEL NÚCLEO AGRARIO DENOMINADO MOGOÑE VIEJO. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO D SAN JUAN GUICHICOVI, ESTADO DE OAXACA, COM FUNDAMENTO A LOS ARTÍCULOS 1,7 y 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NOS DIRIGIMOS A USTED C.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA DE LA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA CON LA FINALIDAD DE INFORMARLE LO SIGUIENTE :
El ambientalista Adán Vez Lira, integrante de la cooperativa La Mancha en Movimiento, fue encontrado asesinado el 8 de abril en un camino que comunica a la comunidad de La mancha y Palmas de Abajo. Adán Vez Lira promovía el Festival de Aves y Humedales que tenía la finalidad de sensibilizar a la población sobre el cuidado de las aves de la región y los manglares. La Directora Regional Oficina Golfo de México del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Ximena Ramos Pedruza, lamentó el asesinato y recordó que Adán Vez Lira también trabajó en la defensa del territorio contra la minería a cielo abierto. Por su parte, integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) denunciaron recientemente que las empresas mineras Almaden Minerals y Candelaria Minning han causado daños a manantiales y pozos de Actopan y Alto Lucero. Adán Vez Lira dio voz a la comunidad y dijo “no” a la instalación de minería en la sierra de Chiconquiaco. El ano pasado durante una reunión de ecoguías con el subsecretario de minería Francisco José Quiroga Fernández. “Le dijo que no queríamos minas. Que esta es una zona sagrada, que tiene una biodiversidad de más de 300 especies”, explica su companero Guillermo Rodríguez.
“Las personas no aparecen muertas. A las personas se las encuentran asesinadas”. Raúl Ruiz de Colunga, representante del Círculo Diverso de México, habla sobre el asesinato de Karla Valentina Camarena, activista trans asesinada a balazos el domingo 30 de marzo en Guanajuato. La violencia no ha disminuido en México a pesar de la pandemia de coronavirus y la última semana fue especialmente trágica para los defensores.
En apenas ocho días murieron en circunstancias violentas tres activistas. El 22 de marzo, en El Salvador, Zacatecas, fue hallado el cuerpo de Paulina Gómez, “guardiana del territorio sagrado de Wirikuta, y amiga del pueblo wixárika”. Un día después, el 23 de marzo, en Jiutepec, Morelos, fue asesinado a balazos Isaac Medardo Herrera Avilés, abogado y defensor del territorio. El asesinato de Karla Camarena tuvo lugar cuando salía de un local de su propiedad, conocido como La Valentina, ubicado en San Felipe, Guanajuato. Ahí fue perseguida por una camioneta y, posteriormente, atacada a balazos. Guanajuato es un estado que no reconoce el cambio de identidad en las personas trans. Esta había sido una de las principales reclamaciones de Karla durante toda su vida. Tras su asesinato, la mujer volvió a enfrentar esa falta de reconocimiento. Según denunció Rubí Suárez Araujo, activista trans y antigua regidora en el ayuntamiento de Guanajuato, la fiscalía habló de “víctima de sexo masculino” cuando reportó sobre el asesinato de la activista trans.
Mil 500 personas que viven en el Barrio del Parque, en la agencia de San Felipe del Agua de Oaxaca de Juárez, han prolongado por dos y hasta cuatro meses la espera del servicio de agua que suministra el Comisariado de Bienes Comunales. Vecinos denunciaron que la escasez de agua por la falta de lluvias en la temporada 2019 se recrudece por el crecimiento desordenado de la mancha urbana. Y así como en San Felipe del Agua, en todo Oaxaca escasea el vital líquido. Ahora, como medida de prevención de contagio con el Covid-19 o coronavirus, las autoridades sanitarias recomiendan lavarse las manos con jabón y agua corriente por 20 segundos, a fin de eliminar el virus, sin embargo, en Oaxaca, el agua no es suficiente. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al menos el 58.3 % de la población en Oaxaca tendrá algún tipo de complicación para cumplir con las acciones preventivas para evitar contagios por el Covid-19, toda vez que carecen de agua potable en sus viviendas. Además, la prolongada sequía que se vive en los Valles Centrales y el alza en combustibles, son factores que han encarecido el agua por pipas. Una pipa de 10 mil litros tiene un costo promedio de mil 100 pesos, lo que significa un aumento de 50 % en pocos meses
Más de 30 representantes comunitarios de 12 municipios de Oaxaca y Veracruz denunciaron que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para el Corredor Transístmico está plagado de irregularidades y errores que fueron reconocidos incluso por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que rechazaron la imposición del megaproyecto en sus territorios. En una reunión con funcionarios de la Semarnat e integrantes de la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), los representantes comunitarios de 34 poblados denunciaron que entre las irregularidades y violaciones a sus derechos como pueblos indígenas se encuentra la premura con la que se realizó la consulta federal sobre el Corredor, pues esta no fue libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De igual forma, señalaron que en el proceso se ocultó información sobre los impactos sociales y ambientales del megaproyecto en las comunidades, así como que no fueron tomadas en cuenta las voces de las mujeres indígenas. “Queremos reafirmar que las voces de las mujeres no han sido escuchadas; sabemos que la empresa FIT oculta información sobre los impactos sociales y ambientales en contubernio con la Semarnat; por eso exigimos que no se apruebe el megaproyecto”, dijo la defensora comunitaria de San Juan Guichicovi, Juana Inés Ramírez Villegas.
El ejido de Tenextepango, en Ayala, Morelos, logró una nueva suspensión de plano de la termoeléctrica de Huexca, para proteger el caudal de mil 158 litros por segundo del río Cuautla, que se suma a otras suspensiones logradas por al menos tres ejidos más en ese municipio, lo que acumula los recursos que mantienen a la planta productora de energía sin operar. En conferencia de prensa, ejidatarios informaron que el pasado 18 de febrero el juez sexto de distrito del estado de Morelos decretó la suspensión de plano para efecto de que “no se altere, modifique, desvíe y/o cambie el rumbo de las aguas del río Cuautla, con el objeto de que sigan alimentando los canales de riego que pasan por el ejido inconforme, los cuales dotan al mismo de mil ciento cincuenta y ocho litros de agua por segundo”. Juan Carlos Flores Solís, asesor legal e integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y el Aire Morelos, Tlaxcala y Puebla, detalló que la medida otorgada por el juez implica la suspensión de cualquier tipo de acción u obra que pueda afectar al ejido hasta que concluya todo el proceso del amparo que consiste presentación de pruebas, resolución del amparo y revisión. “Calculamos que se llevara todo el proceso entre cuatro o cinco años y esto podría detener el Proyecto Integral Morelos (PIM)”, sentenció el abogado.
El dirigente indígena Jhery Rivera fue asesinado en Potrero Grande de Buenos Aires de Térraba, en la comunidad de Mano de Tigre, por terratenientes durante un ataque en tierras ancestrales recuperadas, denunció la Federación Ecologista Costarricense (FECON). La Cruz Roja informó del fallecimiento de Jhery Rivera, de 45 años, quien presentaba un impacto de bala. Por su parte, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), denunció “la violencia racista que ha perpetrado un nuevo asesinato” y exige al Estado/Gobierno de Costa Rica “que actúe como corresponde y haga cumplir las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos”. Desde el domingo 23 de febrero grupos de terratenientes “llegaron a Térraba a intimidar y a agredir a personas indígenas de las 4 nuevas recuperaciones territoriales. Estas 13 familias recuperantes han sido testigos del racismo, dieron Alerta Temprana informando que los usurpadores actúan por xenofobia a los Pueblos Indígenas y han sido testigos de estrategias premeditadas de los No Indígenas para perpetrar actos de despojo y violencia amparados por la inoperancia estatal”, afrima FRENAPI. Cabe recordar que en marzo 2019 fue asesinado el dirigente indígena Sergio Rojas de la Comunidad bribri en Salitre.
Pueblos, comunidades, organizaciones, sindicatos y colectivos se constituyeron el 22 de febrero en la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, para convenir acuerdos y lograr consensos de lucha en defensa de manera pacífica de la madre tierra, de sus culturas y de sus formas de organización propias. Representantes de unas 50 comunidades y 20 organizaciones civiles y sociales integraron a esta asamblea estatal que formó parte de las Jornada de lucha “Samir Somos Todas y Todos”. “La visión de desarrollo del capitalismo neoliberal, es totalmente opuesta a nuestra forma de vida, porque nos impone saqueo, despojo, miseria, destrucción y muerte”, afirmó la comunera de San Pablo Cuatro Venados Petra Miguel Vásquez.
Denunciaron los megaproyectos, especialmente el Corredor Interoceánico, que convertirá el Istmo “en una gigantesca zona que no solo será de transporte de mercancía global, sino productora de materia prima, con grandes parques de maquiladoras para explotar la mano de obra de nuestros Pueblos y nuestros hermanos migrantes”. A partir del reconocimiento de la Asamblea Comunitaria como pilar fundamental de los Pueblos de Oaxaca, esta Asamblea Oaxaqueña se declara en sesión permanente, impulsará asambleas regionales, organizará una segunda asamblea estatal el 22 de julio y prepara una Movilización Estatal Masiva el día 12 de octubre del año 2020, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular.
La constitución de la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, formó parte de las Jornadas de lucha «Samir Somos Todas y Todos», convocadas por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al conmemorarse un año del asesinato del activista morelense, Samir Flores Soberanes. Tambien, lo honoró con un mural, altar, y bloqueo en Oaxaca.
Ejidatarios de San Pedro Totolápam, adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción Similares y Conexos, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), rechazaron la invasión de territorios ajenos a su comunidad, como parte del proyecto minero que ahí desarrolla la empresa Don David Gold S.A. de C.V. Los sindicalizados negaron que los trabajos afecten a otras comunidades cercanas, como lo manifestaron los habitantes de San Pedro Quiatoni. Defendieron los trabajos de la empresa extranjera debido a la creación de empleos directos e indirectos que se generan.
Los ejidatarios de San Pedro Totolápam afirmaron que el proyecto de minería se desarrolla de forma exclusiva en su territorio ejidal y autónomo. Además, indicaron que desde el inicio de los trabajos se han mantenido vigilantes de que la empresa Don David Gold S.A. de C.V. respete los límites, las disposiciones legales ambientales y las disposiciones ejidales, municipales, estatales y federales a fin de mantener el orden social.
Sin embargo, los inconformes de la población vecina de San Pedro Quiatoni, advierte trabajos subterráneos que llegan hasta su comunidad, lo cual fue evidenciado ante la intención de la empresa de abrir “respiraderos” para la mina en su territorio comunal, el cual lo han declarado “Zona protegida” contra ese tipo de proyectos.
En las montañas de Santa María Yaviche, región Xhidza, se realizó un foro para analizar la situación actual que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas en torno al ejercicio de sus derechos colectivos, especialmente su derecho al territorio. En el “Foro sobre la realidad de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y alternativas de defensa”, una decena de comunidades y organizaciones sociales acompañantes exigieron a los gobiernos federal y estatal “se abstengan en presionar e intentar imponer proyectos en la región zapoteca de la Sierra Juárez y Región Mixe”. Las autoridades e integrantes del Consejo Estatal de Derechos Indígenas de Oaxaca (CEDIO), y Servicios del Pueblo Mixe A. C., reflexionaron e intercambiaron “nuestros pensamientos y palabras para encontrar caminos para defendernos ante los proyectos extractivistas que amenazan a nuestros bienes naturales, que violentan nuestra forma de vida comunitaria y la profunda relación con la madre tierra y el territorio”. Específicamente exigieron la cancelación de megaproyectos en sus territorios., y a las autoridades educativas “que retomen planteamientos que respondan a las necesidades de las comunidades indígenas, para la defensa de los territorios y nuestros sistemas normativos y generen un pensamiento crítico comunitario”.
El Juzgado Primero de Distrito en el Estado concedió la suspensión de plano a la comunidad zapoteca de San Pedro Quiatoni en el juicio de amparo presentado para que la compañía Don David Gold, subsidiaria de la empresa minera estadounidense Gold Resource Corp (GRC), y dos empresas canadienses cancelen sus trabajos de explotación de la mina El Águila en su territorio, por la violación de sus derechos durante la entrega de 10 concesiones en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el expediente 178/2020, el Comisariado y el Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales, así como el Comité Pro-Defensa del Territorio de esa municipalidad de la región de los Valles Centrales, recurrieron a ese medio de control de la constitucionalidad, porque la Secretaría de Economía quebrantó sus derechos a la tierra y el territorio, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, así como a un medio ambiente sano. Toda vez que otorgaron las asignaciones mineras en el 2013 sin haber respetado el derecho al territorio, ni el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. La resolución implica que Don David Gold, Minerales El Prado (subsidiaria de Chesapeake Gold Corp., Vancouver) y Desarrollos Mineros San Luis (subsidiaria de Goldcorp, Vancouver) no podrán continuar sus trabajos para excavar, barrenar, abrir túneles y explotar los recursos minerales en la superficie y subsuelo de tierra propiedad de San Pedro Quiatoni. Pues, si bien la boca de la mina se encuentra en territorio de San José de Gracia, perteneciente al municipio colindante de San Pedro Totolapan, las tres empresas han perforado en territorio de San Pedro Quiatoni para la construcción de innumerables túneles.
Habitantes de San Pedro Quiatoni, encabezados por su autoridad comunal, con una marcha que partió del mercado de las Flores con destino al zócalo, han declarado “Zona Protegida” sus terrenos Comunales, iniciando así su lucha en contra de la contaminación que la minera Don David Gold S.A. de C.V. ha provocado desde su ingreso. Dicha mina, denunciaron, está depredando sus recursos naturales metalúrgicos, de manera subterránea, ya que, si bien, la entrada de la mina se encuentra en San José de Gracia, las excavaciones y trabajos, es decir la mina, llega hasta San Pedro Quiatoni pero por debajo de la tierra. La empresa canadiense Don David Gold fue beneficiada con 7 de los 10 concesiones que están en su territorio, y acaban 11 mil 623.06 hectareas.
Hecho que quedó al descubierto cuando los trabajadores de la mina han buscado hacer “respiraderos” para la mina pero en territorio de San Pedro Quiatoni, sin informar de manera clara la razón de las mismas. Pero la contaminación provocada por el trabajo de está mina ya han cobrado sus primeros daños, cómo lo podemos ver en el río de San Pedro, el cual pasó de ser el lugar se reunión y espaciamiento de los habitantes, para convertirse en un río de desechos mineros, qué día a día huele más y va acabando con la vida silvestre, lo que indudablemente lleva a la muerte de cada especie en contacto con el río, lo que también ha afectado a habitantes de municipios que viven a lo largo de su trayecto. Cabe recordar que Don David Gold, subsidiaria de la empresa minera estadounidense Gold Resource Corp (GRC), operó durante años sin licencia ambiental única (LAU) o licencia de funcionamiento, además de incumplir con la normatividad ambiental.
Comunidades zapotecas y campesinas del Frente NO a la Minería, llamaron una conferencia de prensa para compartir que la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) le negó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en un proyecto de “ampliación” y extender la mina de 2019 hasta 2029. Uno de los grandes motivos por la negación fue que SEMARNAT descubrió que Minera Cuzcatlán elaboró 81 obras sin permiso.
Las comunidades calificaron las obras como “grave desacato” de la empresa minera, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, que viola la legislación y reglamentos ambientales. Además reiteraron que la mina no cuenta con su consentimiento.
“Lejos de generar empleos y promover el desarrollo económico en Oaxaca, la empresa minera ha generado violencia, ha asesinado a nuestros compañeros defensores y sigue contaminando nuestros territorios y medio ambiente de manera impune”, sostuvieron. Por eso, el Frente No a la Mineria exigieron la cancelación de todas las concesiones mineras de Valles Centrales, Oaxaca.
En la evaluación que hizo SEMARNAT halló que las obras que conforman el proyecto “ya han sido construidas y actualmente la mayoría se encuentra en operación”. La negación del MIA también se debía a que el proyecto debía presentar un MIA Regional por tratarse de impactos acumulativos, sinérgicos y residuales.
Junto a organizaciones, las comunidades San José del Progreso, San Pablo Güilá, San Nicolás Yaxe, San Matías Chilazoa, Santa Ana Zegache, Magdalena Ocotlán, El Vergel, Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, San Dionisio Ocotepec, Monte del Toro, Santa Catarina Minas, celebraron el resolutivo y saludaron el fallo judicial que canceló las concesiones mineras en Calpulálpam.
Autoridades comunales del municipio de Capulálpam de Mendez informaron que un Juez Federal ordenó la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas sin previa consulta a su comunidad indígena. En una conferencia de prensa el 11 de febrero, detallaron que en febrero del año 2015 el municipio de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda de Amparo ante el otorgamiento de concesiones a mineras que fueron otorgadas a la minera canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera La Natividad y Anexas, así como otros particulares.
Con la concesión se permitía la exploración y explotación de oro, plata y otros minerales, sin previa consulta a la comunidad indígena agraria como lo prevé el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OTI). Por ello Capulálpam de Méndez solicitó la cancelación de las concesiones, tras cinco años de litigio el Juez Tercero de Distrito del Estado de Oaxaca.
Sentencia que reconoce la ancestralidad indígena de Capulálpam de Méndez y por ende su propiedad y posesión de sus tierras que ocupa desde su época prehispánica. La sentencia establece que Capulálpam fue fundado antes de que se formará el actual Estado Mexicano, por ello tiene derecho a la protección de la justicia federal, en consecuencia se cancelaron todas las concesiones mineras otorgadas.
El gobierno y la empresa denunciaron la decisión durante el tribunal, defendiendo el validez de los concreciones.
Autoridades, habitantes y organizaciones sociales conformaron el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca, con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a mineras extranjeras para la explotación de la tierra en la Mixteca de Oaxaca y el estado de Puebla.
Los integrantes de este Frente indicaron que el 1 de febrero se desarrolló la segunda asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales, a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos, población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca, misma que tuvo como sede Santiago Chazumba. Las asambleas nacieron por una preocupación de las concesiones mineras en la región, aunque algunas surgieron desde el sexenio de Felipe Calderón actualmente las comunidades están dando cuentas del contexto regional de las concesiones.
Dijeron que entre los proyectos mineros que piden que se eliminen son: Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atxala de la concesión minera Newmont Mining Corporation en Cerro Colorado, Tehuacán, Puebla; así como el Parque Eólico Miahuatlán, Puebla; Fumigación de nubes con yoduro de plata en el Valle de Tehuacán y la región Mixteca de Oaxaca; la concesión minera de SIMEX que abarca Zapotitlán, Caltepec y Santiago Chazumba, así como la concesión minera Arco Resources Corporation en Silacayoápam, San Marcos Arteaga y Ayuquililla.
El 8 de marzo, van a tener un Foro Regional contra las Mineras y los Megaproyectos y convocan otras comunidades, defensores/as, activistas, y académicos.
Activistas de Santo Domingo Zanatepec y defensores que forman parte de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT) alertaron sobre la posible privatización del agua en este municipio para beneficiar la actividad minera a través del programa “Más Oaxaca” que impulsa el gobierno municipal en contubernio con el gobierno de Oaxaca y el Banco Mundial. Explicaron que a principio de este 2020 detectaron que una maquinaria propiedad de la empresa Trituradora Soconusco S. A. de C. V. comenzó a realizar labores en el manantial que abastece de agua a la comunidad sin que hubiera información o consulta al pueblo pero sí con el aval de la alcaldesa, Adelma Núñez Gerónimo (emanada del PRI), por lo que pidieron parar todo tipo de obra porque no había información al respecto. “Nosotros suponemos que se trata de la privatización del agua para beneficiar a la actividad minera por eso estamos alertando y nos oponemos a que coloquen medidores en nuestras casas y nos controlen por medio de los metros cúbicos que usemos, eso no es justo, porque seguramente el resto del agua del manantial será para beneficiar la actividad minera a la que también nos oponemos porque consideramos daña la vida ecológica y humana”, dijeron. Señalaron que al detener la obra, fue entonces que la alcaldesa junto con el coordinador regional del programa “MAS OAXACA”, Edgardo Martínez Villalobos comenzaron a realizar reuniones de información. Dijeron que han comenzado a crear comités y frentes para la defensa del agua, porque “sabemos que es el preludio de que la minería está en puerta”. Cabe recordar que hace un año, Zanatepec se declaró municipio libre de minería. El pasado 3 de febrero, comuneros y ciudadanos organizaron una marcha en protesta contra este proyecto no consultado.
.El cuerpo de Homero Gómez, entusiasta defensor del bosque y la mariposa monarca, en el municipio de Ocampo, Michoacán se encontró 29 de enero, dos semanas después de que se reportó su desaparición. Gómez González, quien hace 25 años denunciaba la tala clandestina de bosques de pino y de oyamel, lugar a donde llegan a invernar las mariposas Monarca, fue enterrado el viernes pasado. El día después, el primero de febrero, otra muerte prendió las luces de alarma sobre la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca: Raúl Hernández Romero —guía de turistas en el ejido El Rosario y que desde el 27 de enero había sido reportado como desaparecido— también se encontró muerto con visibles huellas de violencia. Hasta ahora, la fiscalía del estado de Michoacán no ha terminado las investigaciones sobre estos decesos, pero a ejidatarios y ambientalistas les preocupa que intereses de taladores clandestinos y de aguacateros busquen controlar los bosques que forman parte de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, emblema de la cooperación ambiental en América del Norte. Las muertes de Gómez y Hernández recuerdan que México es considerado uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente.
Se estima que, anualmente, en Michoacán se pierden 20 mil hectáreas por cambio de uso de suelo ilegal, incendios forestales, plagas y enfermedades. En los últimos 30 años, Michoacán ha perdido la mitad de sus bosques por el aguacate. La ley en Michoacán no permite el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola, por lo que la mayoría de las huertas de aguacate son ilegales. Los pobladores talan grandes extensiones de bosque y lo queman para después poder sembrar las plantas. Estas huertas clandestinas se expanden principalmente en zonas boscosas y reservas naturales, como la biosfera de la mariposa monarca, en el oriente de Michoacán.
Un amparo solicitado por las comunidades de Sonora podría modificar la forma en que se deciden las consultas sobre los megaproyectos en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá votar si lo acepta en febrero.
Actualmente, las consultas ambientales ante megaproyectos completamente en la gente a la que afectan aunque en muchas comunidades no conocen los proyectos hasta que se empiezan a realizar. De acuerdo con las leyes actuales, las comunidades deben estar pendientes de la Gaceta Ecológica (una publicación en línea donde están las manifestaciones de impacto ambiental aprobadas) y si detectan un proyecto, ellos mismos deben pedir al SEMARNAT por una consulta aunque SEMARNAT puede negarla.
En su estado actual la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente deja toda la responsabilidad de las consultas ante megaproyectos en las propias comunidades. “El proyecto dice que porque se publica una información mínima, la gente ya está informada”, se queja el abogado Cano. Pero, “Muchas comunidades no tienen acceso a internet, ni tienen conocimiento sobre estos procesos. La Ley, como está, es injusta para nosotros”, explica Francisca García de la comunidad de Aconchi, en Sonora, representante de los Comités de cuenca del río Sonora, quienes promueven el amparo. “Las empresas llevan siempre las de ganar.
“Dejar la ley como está implica mantener un proceso injusto e inequitativo para las comunidades, además de que conlleva la imposibilidad práctica de promover, en muchos casos, la participación”, asegura.
El resultado óptimo sería que se declarara que las leyes citadas son anticonstitucionales, porque no permiten la participación de los pueblos en la toma de decisiones sobre su territorio. La Suprema Corte, sin embargo, podría establecer una interpretación conforme, es decir que ella misma determina una manera para que estas consultas se lleven a cabo de tal forma que se garantice la participación de las comunidades
Los colectivos ciudadanos y ecologistas de Guanajuato que se oponían a la explotación del Cerro del Gallo difundieron la noticia: la Semarnat negó los permisos de explotación minera. El proyecto de la minera San Antón de las Minas, filial de la canadiense Argonaut Gold, no sólo tuvo el rechazo de pobladores de Dolores Hidalgo y organizaciones de la sociedad civil desde su anuncio: la mayoría de las instancias que fueron consultadas para la obtención de la autorización del cambio de uso de suelo y estudio de riesgo ambiental se negaron a avalarlo, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente determinó negarle el permiso para operar en ese municipio. La dependencia encabezada por Víctor Manuel Toledo menciona en el oficio SDPA/DGIRA/DG/09968 –dirigido a la representante legal de San Antón de las Minas, Celia Rosario Badillo Botello– que el expediente técnico del proyecto fue archivado como asunto “totalmente concluido”, aunque la empresa puede someter nuevamente su proyecto a evaluación. La empresa pretende explotar oro, plata y cobre en el Cerro del Gallo de Dolores Hidalgo, en una zona que abarca 370 hectáreas, mediante el método de tajo a cielo abierto con procesos de lixiviación que utilizan el cianuro, lo que de entrada provocó la reacción de organizaciones civiles que durante los últimos meses han realizado protestas, marchas y gestiones directas ante las autoridades responsables de autorizar el proyecto.
Un grupo de propietarios de tierras que rentan a la empresa Eólica del Sur, dueno del parque eólico “Biniza” (viento del sur), se movilizaron para exigir el cumplimiento de los acuerdos establecidos en los contratos de arrendamiento. Dicen que la empresa se ha olvidado de las promesas. Los inconformes cerraron el acceso a la subestación de este parque en Juchitán exigiendo un diálogo con los representantes de la empresa eólica
Desde el año pasado se firmó un acuerdo con la empresa eólica; entre ellos, la basificación de los hijos de los propietarios, que llevan ya dos años laborando sin un contrato y sin gozar de ninguna prestación. Además, dicen que no se ha cumplido cabalmente con los pagos que les corresponde con la entrada en operación comercial de este parque -el 10 de diciembre del 2018- aunque fue inaugurado en mayo del año pasado.
Los inconformes denunciaron también la amenaza de uno de sus compañeros quien fue llevado a la fiscalía regional en Tehuantepec, donde fue interrogado y prácticamente obligado a decir que era uno de los responsables del bloqueo de la subestación.
El día anterior, un grupo de pescadores agrupados en el Frente de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Juchitán, anunciaron una próxima movilización contra la empresa Eólica del Sur, que se ha negado a cumplir con la entrega de apoyos para obra social. Dicen que el director general de Eólica del Sur, Eduardo Centeno Garza Galindo, los engañó al prometerles que los pescadores tendrían apoyos para obra social, si apoyaban a la empresa en la Consulta Ciudadana, que dio paso a la construcción del parque “Bi Nisa”. Sin embargo, una vez que este proyecto fue aprobado y construido, Garza Galindo se olvidó de sus compromisos y se niega a cumplirle la promesa de los pescadores ribereños.
CONVOCATORIA PÚBLICA
ANTE LA INMINENTE AMENAZA DE PARTE DEL GOBIERNO DE LA 4T Y DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO) DE IMPONERLE A LOS PUEBLOS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LA NACIÓN MISMA, EL LLAMADO “PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC-TREN INTEROCEÁNICO” (POPULARMENTE CONOCIDO DESDE 1996, COMO “MEGAPROYECTO DEL ISTMO”) Y CONSIDERANDO.
• QUE DICHO MEGAPROYECTO DEL ISTMO DE AMLO – 4T, ES UN RECICLAMIENTO ACTUALIZADO Y POTENCIALIZADO, DEL “PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC”, DE ERNESTO ZEDILLO (1996-1998) Y CONSISTE EN UN MONSTRUOSO CANAL SECO MULTINODAL, ALTERNATIVO AL CANAL DE PANAMÁ, PARA EL BENEFICIO DEL COMERCIO CORPORATIVO GLOBAL, CON EL QUE SE PRETENDE INTERCONECTAR, DE MANERA MUY RÁPIDA, LA CIRCULACIÓN MASIVA DE TODO TIPO DE MERCANCÍAS, BIENES Y PRODUCTOS, ENTRE EL OCÉANO ATLÁNTICO (GOLFO DE MÉXICO, FACILITANDO LA SALIDA A EUROPA Y COSTA ESTE DE ESTADOS UNIDOS) Y EL OCEANO PACÍFICO (SALIDA HACIA CHINA- JAPÓN- INDONESIA-AUSTRALIA Y LA COSTA OESTE DE ESTADOS UNIDOS);
• QUE TIENE COMO EJE, UN TREN BALA DE CARGA, LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS PUERTOS DE SALINA CRUZ Y COATZACOALCOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AUTOPISTA PARALELA A LA NUEVA VÍA FÉRREA;
• QUE IRÍA ACOMPAÑADO DE UN CORREDOR INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL, CON LA INSTALACIÓN DE 6 A 10 PARQUES INDUSTRIALES, UBICADOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ISTMO (COATZACOALCOS; MINATITLÁN; ACAYUCAN; SAN ANDRÉS TUXTLA; MATÍAS ROMERO; JUCHITÁN; SALINA CRUZ; IXTEPEC y ARRIAGA) CONTEMPLANDO LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE EMPRESAS MAQUILADORAS, ARMADORAS AUTOMOTRICES Y DE MAQUINARIA, ASÍ COMO LA ACELERADA EXPANSIÓN DE DEPREDADORES MEGAPROYECTOS EXTRACTIVOS, CONSISTENTES EN:
MÁS CONCESIONES MINERAS;
MAYOR EXTRACCIÓN PETROLERA Y DE GAS NATURAL, DE FORMA CONVENCIONAL Y VÍA FRACKING;
NUEVOS GASODUCTOS Y OLEODUCTOS;
MODERNIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN DE REFINERÍAS DE COATZACOALCOS-MINATITLÁN, VER. Y SALINA CRUZ, OAXACA;
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA NUEVA REFINERÍA DE DOS BOCAS, TABASCO;
MÁS PARQUES EÓLICOS;
REPRESAS HIDROLÉCTRICAS;
PLANTACIONES COMERCIALES (FORESTALES Y AGROINDUSTRIALES);
HOTELES DE LUJO PARA TURISMO DE ÉLITE
• QUE, PARA ELLO, AMLO-4T, HA IMPUESTO SUPUESTAS “CONSULTAS”, VIOLATORIAS DE LOS MÁS ELEMENTALES DERECHOS INDÍGENAS, DECRETANDO YA, TODA ESA ZONA DEL ISTMO, COMO ZONA LIBRE O FRANCA, CON EXCENCIÓN DE IMPUESTOS Y EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES A INVERSIONISTAS PRIVADOS, EN CUANTO: TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA LISTA; CAMINOS DE ACCESO Y CALLES INTERNAS; AGUA-DRENAJES; ENERGÍA ELÉCTRICA; REDES DE CABLEADO SUBTERRÁNEO; Y DEMÁS SERVICIOS BÁSICOS;. • QUE, TODO ELLO ESTARÍA AL SERVICIO DE LOS INTERESES Y PARA EL LUCRO MULTIMILLONARIO DE EMPRESAS MULTINACIONALES Y DE LOS GOBIERNOS MÁS PODEROSOS DEL MUNDO, ENCABEZADOS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS;
• QUE, DICHO MEGAPROYECTO DE MEGAPROYECTOS -DE PERMITIRSE- SIGNIFICARÍA EL TOTAL SAQUEO, LA DEVASTACIÓN Y LA PRIVATIZACIÓN DE LOS INVALUABLES BIENES NATURALES ASÍ COMO LA DESAPARICIÓN TOTAL DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS TRADICIONALES, BÁSICOS PARA EL AUTOCONSUMO Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, FAMILIAR Y COMUNITARIA (MILPA DE POLICULTIVO; HUERTOS FAMILIARES; MANEJO DE ACAHUALES; SEMILLAS NATIVAS) DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS, DEL PUEBLO NEGRO Y DE COMUNIDADES CAMPESINAS, QUE SE LOCALIZAN EN LOS 98 MUNICIPIOS CONSIDERADOS ACTUALMENTE EN EL “PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC-TREN
INTEROCEÁNICO”, EN LOS ESTADOS DE: OAXACA (46), VERACRUZ (33), (CHIAPAS (14) Y TABASCO (5);
• QUE TODOS ESTOS MUNICIPIOS ISTMEÑOS, ESTÁN UBICADOS EN LA ZONA DE MÉXICO MÁS BIODIVERSA Y QUE POSEE LA MAYOR CANTIDAD DE SELVAS TROPICALES Y BOSQUES TEMPLADOS, PRODUCTORES Y REGULADORES DE LOS MÁS IMPORTANTES SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE MÉXICO Y MESOAMÉRICA (AGUA DE LLUVIA, CAUDALES SUPERFICIALES Y MANTOS FREÁTICOS; OXÍGENO Y CAPTURA DE CARBONO; REGULACIÓN CLIMÁTICA; Y BELLEZAS ESCÉNICAS);
• QUE, ESTA FORMA DE “DESARROLLISMO Y MODERNIDAD” QUE NOS PROMETE AMLO-4T, A CAMBIO DE “MILES DE EMPLEOS” (LA MAYORÍA DE PEONES, ALBAÑILES; CARGADORES; RECAMARERAS; COCINERAS; MESERAS; “ACOMPAÑANTES Y EDECANES”; VELADORES; BARRENDEROS-AS) Y DE SUS ASISTENCIALES PROGRAMAS DE “APOYO”, YA HA DEMOSTRADO DESDE HACE AÑOS, EN LA PROPIA REGIÓN DEL ISTMO, QUE SÓLO TRAE CONTAMINACIÓN; ALCOHOLISMO; DROGADICIÓN, NARCOMENUDEO; INSEGURIDAD Y DELINCUENCIA ORGANIZADA; SECUESTROS; PROSTITUCIÓN; DESAPARICIÓN DE JÓVENES Y TRATA DE BLANCAS; FEMINICIDIOS; EMBARAZOS DE ADOLESCENTES; INFLACIÓN Y MAYOR POBREZA SOCIOECONÓMICA; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR; ROMPIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y LA PÉRDIDA DE LA CULTURA Y LOS VALORES COMUNITARIOS Y DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS;
• QUE, ESTA DEVASTACIÓN ECOLÓGICA, SOCIAL Y CULTURAL, QUE CONLLEVARÍA LA IMPLANTACIÓN DEL MEGAPROYECTO DEL ISTMO DE AMLO 4T, PONDRÍA TOTALMENTE EN RIESGO EL FUTURO DE LAS GENERACIONES POR VENIR Y CONDENARÍA A NUESTROS HIJAS E HIJOS, NIETAS Y NIETOS, A UNA VIDA SIN BIENESTAR E INCIERTA, INCREMENTANDO EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y CONDENANDO A LARGO PLAZO A LA MUERTE MISMA DE LA MADRE TIERRA;
• QUE, ADEMÁS, UNA INVERSIÓN MULTINACIONAL DE ESA MAGNITUD Y NATURALEZA, COMO LA QUE PRTENDE AMLO, IMPLICARÍA LA TOTAL MILIITARIZACIÓN DE TODO EL ISTMO, -LA CUAL YA SE HA INICIADO- CONSTITUYENDO UN “MURO SIN TABIQUES”, AL SERVICIO DE TRUMP, PARA CONTENER Y CRIMINALIZAR A LOS MILES DE MIGRANTES INDOCUMENTADOS; Y …
• QUE, EL LLAMADO “PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC-TREN INTEROCEÁNICO” (POPULARMENTE CONOCIDO DESDE 1996, COMO “MEGAPROYECTO DEL ISTMO”) DE AMLO-4T, SE LOCALIZA EN LA REGIÓN GEOESTRATÉGICA MÁS IMPORTANTE DE NUESTRA NACIÓN, LO QUE DE PERMITIRSE, IMPLICARÍA UN ALTO RIESGO A LA INTEGRIDAD Y SOBERANÍA DE NUESTRA NACIÓN.
POR TODO LO CUAL, PÚBLICAMENTE, ESTE DÍA, 1° DE ENERO DE 2020
RATIFICAMOS
QUE ESTE MEGAPROYECTO DEL ISTMO-TREN INTEROCEÁNICO, QUE PRETENDE IMPONERNOS AMLO 4T, CONSTITUYE UN GRAVE ATENTADO CONTRA:
• LA MADRE NATURALEZA • LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS DEL ISTMO • LOS DERECHOS DE TODO EL PUEBLO MEXICANO;Y • LA SOBERANÍA NACIONAL
POR TODO LO CUAL, UNA VEZ MÁS
CONVOCAMOS:
• Al Pueblo de México
• A los Pueblos Indígenas, al Pueblo Negro afromexicano y Comunidades Campesinas del Istmo de Tehuantepec, de México y del Mundo
• Al Pueblo Istmeño de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco
• A todos los movimientos sociales y organizaciones comprometidas con la Defensa de la Madre Tierra y con los Derechos de los Pueblos Indígenas de México y del Mundo.
• A científicos-as; académicos-as; artistas y personalidades públicas, conscientes y comprometidas-os
• A tod@s l@s ciudadan@s mexican@s, interesad@s en Defender la Madre Tierra y la Soberanía e Integridad Nacional
• A los Medios de Comunicación Locales, Nacionales e Internacionales
• A la Opinión Pública local, nacional e internacional,
A QUE -RETOMANDO LA EXPERIENCIA VIVIDA POR EL MOVIMIENTO NACIONAL “EL ISTMO ES NUESTRO”, EN EL PERIODO 1995-1998- CONSTRUYAMOS UNA ALIANZA ENTRE TODOS AQUELLOS MOVIMIENTOS, ORGANIZACIONES QUE, DE FORMA CONGRUENTE Y HONESTA, LUCHEN POR LOS MISMOS OBJETIVOS, CON EL FIN DE CONTINUAR Y PROFUNDIZAR LA RE-CONSTRUCCIÓN DE UN AMPLIO Y PLURAL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA Y DE UNA INTENSA CAMPAÑA GLOBAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DENOMINADA:
“EL ISTMO ES NUESTRO”
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,DEL PUEBLO MEXICANO,
NO DE LAS EMPRESAS,NI DE LOS GOBIERNOS
MOVIMIENTO Y CAMPAÑA QUE SIGA CONVIRTIÉNDOSE EN UN COMBATIVO INSTRUMENTO DE ACTIVA RESISTENCIA PACÍFICA, CON EL FIN DE INFORMAR, REFLEXIONAR, ANALIZAR Y DIALOGAR PROFUNDAMENTE, ACERCA DE LOS RIESGOS Y PELIGROS QUE CONLLEVA REALMENTE ESTE MONSTRUOSO MEGAPROYECTO DE MUERTE, PARA EL ISTMO DE TEHUANTEPEC –LA REGIÓN ECOLÓGICA MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO Y CINTURA GEOPOLÍTICA DE MÉXICO- Y PARA NUESTRA NACIÓN EN SU CONJUNTO, Y QUE NOS MOTIVE Y CONVOQUE A ORGANIZARNOS Y MOVILIZARNOS MASIVA Y PLURALMENTE, NO SÓLO PARA DETENER Y REVERTIR SU INSTRUMENTACIÓN, SINO PARA:
CONSTRUIR COLECTIVAMENTE, UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, COMUNITARIO Y POPULAR, PARA EL ISTMO DE TEHUANTEPEC
LOS – AS INVITAMOS A ADHERIRSE Y A DIFUNDIR ESTA CONVOCATORIA POR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, ASÍ COMO A SUMARSE Y APOYAR TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL MARCO DE ESTA CAMPAÑA Y DE ESTE MOVIMIENTO,
FAVOR DE ENVIAR EL NOMBRE DE SU COMUNIDAD / PUEBLO / ORGANIZACIÓN / COLECTIVO, O PERSONA, A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS:
elistmoesnuestromx@gmail.com,
asamblea.istmo@gmail.com
y maderas1091@gmail.com
O POR FACEBOOK, EN: http://www.facebook.com/elistmoesnuestromx/
PARA SEGUIR LA CAMPAÑA GLOBAL, VE A: http://www.elistmoesnuestro.org
¡NO AL MEGAPROYECTO DEL ISTMO! ¡SI A LA VIDA!#ElIstmoEsNuestro
Salina Cruz, Oaxaca, 8 de junio de 2018Ratificado y actualizado el 1° de enero 2020
Una importante convocatoria pública ha circulado profusamente por las redes, a partir del primero de enero del nuevo año, en la que se advierte de la inminente amenaza por parte del gobierno de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador, de “imponerles a los pueblos del istmo de Tehuantepec, al pueblo de México y a la nación misma, el llamado ‘Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec-Tren Interoceánico’ (popularmente conocido desde 1996, como ‘Megaproyecto del Istmo’,” aunque por sus características peculiares el nombre más apropiado debiera ser: “Megaproyecto McLane–Ocampo”.
Firmada por numerosas organizaciones, colectivos y asambleas comunitarias, organismos de derechos humanos, ecologistas, movimientos, sociales, gremiales, redes de la sociedad civil, centros de investigación, académicos, artistas, periodistas, personalidades y ciudadanos, la convocatoria pública analiza a profundidad lo que se considera como un reciclamiento, actualizado y potenciado de un programa de desarrollo regional de Ernesto Zedillo, que consiste: en un monstruoso canal seco multimodal, alternativo al canal de Panamá, para el beneficio del comercio corporativo global, con el que se pretende interconectar de manera muy rápida la circulación masiva de todo tipo de mercancías, bienes y productos, entre el océano Atlántico (Golfo de México, facilitando la salida a Europa y costa este de Estados Unidos) y el océano Pacífico (salida hacia China-Japón-Indonesia-Australia y la costa oeste de Estados Unidos
.
Como todos los megaproyectos de la Cuarta Transformación, a lo largo del canal seco se establecerían corredores industriales y agroindustriales, empresas maquiladoras, armadoras automotrices y de maquinaria, así como otros megaproyectos igualmente extractivistas y depredadores: concesiones mineras, extracción petrolera y de gas natural (convencional y fracking), gasoductos y oleoductos, refinerías, parques eólicos, represas hidroeléctricas, plantaciones comerciales forestales y agroindustriales, hoteles para turismo de élite y la construcción de una autopista paralela a la vía férrea.
Todo ello, a partir de las ya conocidas consultas
simuladas y violatorias de los más elementales derechos indígenas
y, como buen gobierno neoliberal, se decretaría toda la zona del Istmo, como libre o franca, con exención de impuestos, otorgamiento de subsidios gubernamentales, terrenos con infraestructura lista, caminos de acceso, calles internas, agua-drenajes, energía eléctrica, redes de cableado subterráneo y demás servicios básicos. Esto es, el gobierno al servicio de las empresas multinacionales y de los gobiernos más poderosos del mundo, encabezados por el de Estados Unidos.
De llevarse a cabo, acorde a los firmantes, “significaría el total saqueo, la devastación y la privatización de los invaluables bienes naturales, así como la desaparición total de los sistemas productivos tradicionales, básicos para el autoconsumo y la soberanía alimentaria, familiar y comunitaria (milpa de policultivo, huertos familiares, manejo de acahuales, semillas nativas) de los territorios indígenas, del pueblo negro y de comunidades campesinas, que se localizan en los 98 municipios considerados actualmente en el ‘Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec-Tren Interoceánico’, en los estados de Oaxaca (46), Veracruz (33), Chiapas (14) y Tabasco (5)”. Del mismo modo, este desarrollismo y modernidad
, (como en Cancún), además de empleos precarizados, lo que traerían es mayor contaminación, alcoholismo, drogadicción, narcomenudeo, inseguridad y delincuencia organizada, secuestros, prostitución, desaparición de jóvenes y trata de blancas, feminicidios, embarazos de adolescentes, inflación y mayor pobreza socioeconómica, violencia intrafamiliar, rompimiento del tejido social y la pérdida de la cultura y los valores comunitarios y de los sistemas normativos internos
.
Este megaproyecto, igualmente, pondría en riesgo el futuro de las generaciones por venir, incrementando el calentamiento global y condenando a largo plazo a la muerte misma de la Madre Tierra. De la misma forma, implicaría la militarización del Istmo, la región geoestratégica más importante de nuestra nación, por lo que, implicaría un alto riesgo a la integridad y soberanía nacional-popular.
Por estas razones, se convoca a construir una amplia alianza, no sólo para detener y revertir este proyecto de muerte sino, también, para construir colectivamente una propuesta alternativa de desarrollo sustentable para el istmo de Tehuantepec, comunitaria y popular; y para la constitución de un movimiento de resistencia y una intensa campaña global, nacional e internacional denominada El Istmo es nuestro
, de los pueblos indígenas, del pueblo mexicano, no de las empresas ni de los gobiernos. (elistmoesnuestromx@gmail.com Campaña global: www.elistmoesnuestro.org).
¡No al megaproyecto del Istmo! ¡Sí a la vida!
“Los gobiernos europeos están muy preocupados por el calentamiento global pero acá nos quieren destruir”, le dice un habitante de Juchitán, Oaxaca.
Al día de hoy hay instalados mil 223 aerogeneradores en Oaxaca. Cada turbina de dos megawatts mide unos 67 metros y necesita cimientos de unas 85 toneladas de concreto y acero para sostenerse: estructuras que estorban la recarga de los mantos freáticos y aceleran la desecación de ríos y esteros. La afectación no es menor, ya que la forma de vida de las comunidades binni’zaa (zapoteca) e ikoots (huave) es precisamente la siembra y la pesca.
En el Istmo de Tehuantepec hay 29 parques y 17 son de capital español. La energía que genera tampoco beneficia las comunidades, 92% de la energía eólica la producen empresas privadas para otras empresas privadas como Wal-Mart, Oxxo, Bimbo, y la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma. Un ciudadano de Union Hidalgo donde también hay dos parques ecolicos contó que paga mil 500 a 2 mil pesos al mes en luz, “Porque no hay acuerdos con Demex (para subsidiar la luz). No hay beneficio para la gente, no hay nada. Hay una resistencia civil en algunas colonias de Juchitán, no se paga electricidad.”
En su recorrido por las comunidades indígenas, hay quien le dice estar dispuesto a morir para que no se construya el Corredor Multimodal Transístmico, uno de los megaproyectos del presidente López Obrador. No están contra la energía eólica ni se oponen al desarrollo económico; se resisten a entregar el control de sus recursos naturales por nada y a poner en riesgo su modo de vida.
**Hay varias citas buenas de ciudadanos/as de Union Hidalgo y San Mateo del Mar en el artículo del efectos y resistencia a parques eólicas **
A finales de diciembre pasado los zapatistas refrendaron su decisión de oponerse a los megaproyectos del gobierno de López Obrador, en particular el polémico Tren Maya. Carlos González García, abogado y integrante de la Comisión Nacional del Congreso Nacional Indígena comenta que el plan de resistencia combina tres estrategias: la organización social de las comunidades; la denuncia en medios y en instancias de derechos humanos nacionales e internacionales, y el despliegue de una estrategia legal por medio de amparos.
Aunque el CNI no participa en estrategia jurídicas directamente (poruqe es un espacio y no una organización) apoyará processos jurídicas. En este sentido, en su última asamblea nacional, el CNI decidió crear un grupo de abogados que se abocarán a proveer instrumentos legales a las comunidades en sus acciones de protesta contra el despojo de sus tierras y los megaproyectos.
González aclaró también que el EZLN “no comparte la estrategia legal. (Los zapatistas) no están de acuerdo en utilizar las vías legales porque tienen 20 años de ruptura con el Estado mexicano, después de que en 2001 éste rompió los acuerdos de San Andrés”.
Un grupo de historiadores y arqueólogos también están preparando amparos y demandas contra el Tren Maya que podría resultar en la destrucción del patrimonio nacional. Especialmente en la reserva de Calakmul, que “está llena de vestigios arqueológicos”:
Las mujeres que integran la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México manifestaron que para este 2020 se vislumbra que la violencia se agudice aún más para las mujeres que defienden la vida, la tierra y el territorio debido al impulso de megaproyectos en México.
“No solo somos agredidas por ser defensoras, sino por ser mujer”, explicó Cecilia Espinoza, coordinadora nacional.Dijo que las activistas temen por su vida al defender la tierra, el territorio, los derechos a la vida, en las acciones frente a la minera, en los derechos al agua y al decidir sobre su cuerpo, es decir, al aborto.
El bajo presupuesto y la falta de perspectiva por razón de género del Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hace más lento la respuesta a las defensoras y periodistas. Entonces piden que por 2020 el estado destine un presupuesto mayor.
“Precisamente por esa falta de respuesta rápida del estado y al ver que la violencia crece, nos hemos organizado para auto cuidarnos, entre nosotras hemos tejido redes en todo el territorio nacional y eso mismo nos da la fuerza para decir que es necesario mayor impulso al mecanismo, que a nosotras las mujeres no se nos juzgue por ser de este género y que se nos apoye para el acompañamiento y el activismo”, agregó Espinoza.
La Red la integran 245 mujeres de 24 estados y tienen 10 años luchando por acabar con la impunidad y la corrupción además del nulo acceso a la justicia.
CONVOCAMOS:
• Al Pueblo de México
• A los Pueblos Indígenas, al Pueblo Negro afromexicano y Comunidades Campesinas del Istmo de Tehuantepec, de México y del Mundo
• Al Pueblo Istmeño de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco
• A todos los movimientos sociales y organizaciones comprometidas con la Defensa de la Madre Tierra y con los Derechos de los Pueblos Indígenas de México y del Mundo.
• A científicos-as; académicos-as; artistas y personalidades públicas, conscientes y comprometidas-os
• A tod@s l@s ciudadan@s mexican@s, interesad@s en Defender la Madre Tierra y la Soberanía e Integridad Nacional
• A los Medios de Comunicación Locales, Nacionales e Internacionales
• A la Opinión Pública local, nacional e internacional,
A QUE -RETOMANDO LA EXPERIENCIA VIVIDA POR EL MOVIMIENTO NACIONAL “EL ISTMO ES NUESTRO”, EN EL PERIODO 1995-1998- CONSTRUYAMOS UNA ALIANZA ENTRE TODOS AQUELLOS MOVIMIENTOS, ORGANIZACIONES QUE, DE FORMA CONGRUENTE Y HONESTA, LUCHEN POR LOS MISMOS OBJETIVOS, CON EL FIN DE CONTINUAR Y PROFUNDIZAR LA RE-CONSTRUCCIÓN DE UN AMPLIO Y PLURAL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA Y DE UNA INTENSA CAMPAÑA GLOBAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DENOMINADA:
“EL ISTMO ES NUESTRO”
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,
DEL PUEBLO MEXICANO,
NO DE LAS EMPRESAS,
NI DE LOS GOBIERNOS
MOVIMIENTO Y CAMPAÑA QUE SIGA CONVIRTIÉNDOSE EN UN COMBATIVO INSTRUMENTO DE ACTIVA RESISTENCIA PACÍFICA, CON EL FIN DE INFORMAR, REFLEXIONAR, ANALIZAR Y DIALOGAR PROFUNDAMENTE, ACERCA DE LOS RIESGOS Y PELIGROS QUE CONLLEVA REALMENTE ESTE MONSTRUOSO MEGAPROYECTO DE MUERTE, PARA EL ISTMO DE TEHUANTEPEC –LA REGIÓN ECOLÓGICA MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO Y CINTURA GEOPOLÍTICA DE MÉXICO- Y PARA NUESTRA NACIÓN EN SU CONJUNTO, Y QUE NOS MOTIVE Y CONVOQUE A ORGANIZARNOS Y MOVILIZARNOS MASIVA Y PLURALMENTE, NO SÓLO PARA DETENER Y REVERTIR SU INSTRUMENTACIÓN, SINO PARA:
CONSTRUIR COLECTIVAMENTE, UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, COMUNITARIO Y POPULAR, PARA EL ISTMO DE TEHUANTEPEC
LOS – AS INVITAMOS A ADHERIRSE Y A DIFUNDIR ESTA CONVOCATORIA POR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, ASÍ COMO A SUMARSE Y APOYAR TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL MARCO DE ESTA CAMPAÑA Y DE ESTE MOVIMIENTO,
FAVOR DE ENVIAR EL NOMBRE DE SU COMUNIDAD / PUEBLO / ORGANIZACIÓN / COLECTIVO, O PERSONA, A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS
elistmoesnuestromx@gmail.com, asamblea.istmo@gmail.com y maderas1091@gmail.com
O POR FACEBOOK, EN: www.facebook.com/elistmoesnuestromx/
PARA SEGUIR LA CAMPAÑA GLOBAL, VE A: www.elistmoesnuestro.org
¡NO AL MEGAPROYECTO DEL ISTMO!
¡SI A LA VIDA!
#ElIstmoEsNuestro
Salina Cruz, Oaxaca, 8 de junio de 2018
Ratificado y actualizado el 1° de enero 2020
El conocido poeta maya, antropólogo y defensor de derechos humanos Pedro Uc recibió ayer una amenaza de muerte en su celular. Uc ha sido muy visible en la lucha por el derecho al territorio. La amenaza también fue enviada a su hijo. A inicios de 2018, Pedro Uc fundó la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Muuch Xiimbal” (Caminemos Juntos), en la cual miembros de más de 20 comunidades mayas se organizaron para defender sus territorios, afectados por los megaproyectos de energías renovables, específicamente los parques eólicos y fotovoltaicos planeados en Yucatán. Pedro Uc refiere que hay quienes pueden decir “es que los indios no quieren nada, de por sí no les gusta el desarrollo, les gusta vivir así, no quieren mejorar, no saben que esto son energías limpias, renovables, que no contaminan. Nosotros no estamos en contra de la producción de esa energía, ni de la técnica, estamos en contra del modelo neoliberal que implica el arrebato de nuestro territorio”, afirma en entrevista con La Jornada Maya. “Estamos en contra de un modelo que nos avasalla, que nos quita nuestra tierra. No estamos dispuestos a rentar ni a vender, es uno de los principios de la asamblea. No queremos a las empresas, queremos que se vayan, y lo decimos con énfasis, ¡que se vayan de nuestro territorio, no vamos a negociar con ellas!”, finalizó Pedro Uc. Con respecto a la consulta del Tren Maya, Uc denunció de que “esta consulta genera confusión al utilizar las políticas públicas como moneda de cambio por la aceptación del tren”.
Integrantes de la radio comunitaria han recibido amenazados de muerte por informar sobre la zona industrial que contaminaría el río Metlapanapa, que cruza por su comunidad. “Hay personas movidas por intereses privados que pretenden acabar con la vida de nuestro río para descargar las aguas industriales de más de 30 empresas textileras y automotrices y además establecer infraestructura necesaria para instalar dos parques industriales”, dijo un comunero.
Denunciaron que haber sido víctimas de persecución y amenazas, por manifestarse en contra de proyectos como el Parque Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo y la instalación de dos nuevos parques industriales que servirán a empresas automotrices como Audi y VW, mismas que descargarán las aguas industriales en el afluente.
El Radio Zacatepec, La voz del Pueblo tiene programas de mujeres, de noticias del municipio, y programas en nahuatl. Y en sus 5 años funcionando han enfrentado dos otros ocasiones de amenazas. “Esta radio es del pueblo, no vamos a tener miedo, porque el pueblo nos defiende y está no sería la primera vez”, asegura Mari Torres, locutora y defensora de la tierra originaria de Zacatepec.
Esta radio tiene más de 5 años funcionando y desde 2016 con concesión de uso social, fue de las primeras 10 radios del país en tenerla después de la reforma en Telecomunicaciones. Pero en su historia, Radio Zacatepec ha sido amenazada y desmontada dos veces antes de que tuvieran la concesión y antes de que existiera el problema de deshechos tóxicos que amenazan el Río Metlapanapa.
Un hombre de aproximadamente 22 años descendió de una unidad de mototaxi y sacó un cuchillo con el cual atacó el viernes 13 de diciembre a Isabel Jiménez, activista y defensora comunitaria y medica tradicional de la ciudad de Juchitán, quién denunció que fue atacada violentamente y hurtada de su equipo de trabajo cuando se dirigía a visitar a una paciente. Por fortuna los gritos de Isabel alertaron a los vecinos, quienes pudieron evitar que el arma blanca se introdujera en su estomago porque durante cuatro ocasiones el hombre intentó clavárselo a la activista. El hombre le hizo unas cuantas cortadas con el cuchillo en su mano que le provocaron heridas no graves, sin embargo no pudo recuperar su equipo de trabajo que asciende a más de 4 mil pesos y consiste en aparatos para la toma de la presión arterial, diabetes , equipo de acupuntura y su celular. Isabel Jiménez desde hace más de 30 años se dedica a la medicina tradicional y acupuntura, además es activista comunitaria y su defensa se ha basado en la defensa de la tierra y el territorio y el rechazo a la instalación de megaproyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Isabel y su esposo Mariano López Gómez, también activista exigieron a la corporación policiaca de Juchitán sea más eficiente, porque cuando llamaron para solicitar una patrulla el uniformado a cargo respondió de forma arrogante. Cabe recordar que Isabel Jiménez denunció en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la impunidad que enfrentan las mujeres defensoras en el Istmo, esto en 2015.
El 23 de agosto de 2018 el defensor comunitario Sergio Rivera Hernández, opositor al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan en la Sierra Negra de Puebla, desapareció frente a testigos y con una denuncia previa de amenazas de muerte en su contra. Durante la etapa del juicio oral, iniciada hace dos semanas, han faltado traductores y el juez ha sido señalado por la defensa de Sergio como simpatizante de los acusados. La defensa de Sergio presentó formalmente la queja por la conducta del juez, a quien señalaron por estar abiertamente a favor de los tres detenidos, presuntamente responsables de la desaparición del activista (ellos fueron señalados por una denuncia previa de amenazas interpuesta por Sergio antes de desaparecer). Al juez se le pidió abandonar el caso; así, el lunes 2 de diciembre que se reinició la audiencia, la defensa lanzó un pronunciamiento que hizo que esta se suspendiera. El juicio se detuvo hasta nuevo aviso, con la posibilidad de que el juicio se reponga por completo, o que se reanude con otro juez, pero esa decisión depende del Poder Judicial. La defensa de Sergio tiene también 12 testigos de la desaparición del activista, de los cuales no se han podido obtener declaraciones de manera óptima por las fallas con los traductores oficiales. Además, no existen medidas cautelares para los testigos. “Todos los que hemos participado en esta defensa, incluyendo a compañeros de otras organizaciones, hemos sido amenazados”, alerta Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) . Lo que los compañeros de Sergio piden, además de su aparición con vida, es que haya justicia.
Representantes de los pueblos ikoots (huaves) de San Dionisio y San Mateo del Mar y binnizá (zapotecas) de Alvaro Obregón denunciaron que el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) sin consultarlos quiere construir una carretera en la Barra Santa Teresa, supuestamente para brindar acceso terrestre a la comunidad de Santa María del Mar, que desde hace 10 años solo tiene acceso vía marítima, sin embargo aseguran es para beneficiar la entrada de megaproyectos eólicos a esta zona de Oaxaca. En conferencia de prensa, los representantes de los pueblos recordaron que viven en resistencia desde el 2012 cuando la empresa “Mareña Renovables” pretendió construir un parque eólico llamado “Santa Teresa” y que afortunadamente lograron detenerlo. Señalaron que en una asamblea de pueblos celebrada el pasado 17 de noviembre acordaron su rechazo total a esta obra vial que les pretenden imponer. Pedro López, de la asamblea de Alvaro Obregón dijo que lamentan la situación que viven los pobladores de Santa María del Mar respecto a que por conflicto de tierras con San Mateo del Mar no tienen camino terrestre, pero dijo que es necesario buscar otra solución a través del diálogo. “La tendencia del sistema es borrarnos del mapa, sabemos que algo quieren hacer, lo único que decimos es que vamos a defender esta zona porque no podemos dañar el medio ambiente”.
El día 14 de Noviembre, autoridades y pobladores de la comunidad de Juba Wajiín, en la montaña de Guerrero, anunciaron su tercera victoria sobre las concesiones mineras en su territorio, concluyendo un proceso jurídico de nueve años. Juba Wajiín deja un precedente importante para otras comunidades que resisten el model extractivo a lo largo del país. En el 2010, la población de San Miguel del Progreso se percató de la presencia de helicópteros sobrevolando su comunidad y con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan se supo que 80% de su territorio estaba concesionado a la empresa peruana de capital inglés Hochschild. En asamblea, la población decidió emprender el camino de la lucha jurídica para defender a su territorio. Se ganó en el 2014 un primer amparo que canceló las concesiones mineras. Sin embargo, el juez no entró al fondo del análisis de la inconstitucionalidad de la Ley Minera, que establece la actividad minera como preferente sobre cualquier otra. Por ello, se llevó el caso a la Suprema Corte. Aunque las empresas decidieron renunciar a sus concesiones, a la vez la se emitió una declaratoria de libertad de terreno que abrió de nuevo las puertas a la entrada de cualquier otra empresa extractiva. En 2017 la comunidad de San Miguel volvió a ganar un amparo por la violación de su derecho a la consulta. La SE impugnó la sentencia, pero, el 17 de octubre de 2019, el poder judicial la confirmó, dejándola firme. Frente a esta victoria, comuneros y expertos señalaron que, aunque el actual gobierno ha señalado que no se otorgarán más concesiones a empresas mineras para “saquear” territorios indígenas, es necesario garantizar esa voluntad con modificaciones a la ley minera y revisar los permisos que se dieron en administraciones pasadas.
En conferencia de prensa el representante de Fundar, Edmundo del Pozo, destacó que se requiere modificar la ley minera otorga carácter preferente a la actividad minera, por lo que es necesario hacer cambios “más allá de una declaración política”. Dicen que es necesario para garantizar la promesa de AMLO para no otorgar más concesiones a empresas mineras. También quieren revisar los permisos que se dieron en administraciones pasadas.
Con el Tratado de Libre Comercio, así como con la implementación de la ley minera en los años 90, hubo apertura y se entregó el territorio a las empresas, por lo que actualmente existen más de 25 mil permisos, es decir un tercio del país está concesionado a la minería. De acuerdo con datos recabados en Fundar, en 2012 se habrían registrado 801 proyectos mineros, mientras en 2018 la cifra fue de mil 531.
“El nuevo gobierno ha dicho que no va a dar más concesiones, pero todo lo que ya se tocó en violación de los derechos de los pueblos indígenas ¿qué pasa con relación a eso?”, cuestionó Del Pozo Martínez.
Además, desde que los comuneros de San Miguel iniciaron su lucha no se centró en el derecho a una consulta, “lo centró en la defensa de su territorio y en la revisión de la inconstitucionalidad de la ley minera”, detalló.
Ciudad de México. San Mateo del Mar, un pueblo indígena ikoots, está situado en una península en el Golfo de Tehuantepec. Sus habitantes, las y los últimos en preservar los usos y costumbres y los rituales del pueblo ikoots, de solamente unos 14 mil hablantes que quedan en México, han tenido que enfrentar muchos desafíos. Este pueblo pescador no solamente fue afectado severamente por el terremoto del 7 de septiembre del 2017, también se manifestó en contra de un convenio con una empresa eólica, lo que agudizó el conflicto con un pueblo vecino, Santa María del Mar, localizado en la punta de la península y que ha votado a favor de un parque eólico. Dos defensoras de la tierra y el territorio, Laura Fiallo y Beatriz Gutierrez Ruiz, pertenecientes a la Asociación “Monopaküy” narraron en una entrevista colectiva a Cimacnoticias y otros periodistas su situación.
San Mateo del Mar tiene una posición geográfica muy especial. ¿Cuál es?
Laura Fiallo (LF): Estamos ubicados en el litoral del Golfo de Tehuantepec, en una península. Tenemos mar interior, estamos rodeados de mar por todos lados. Tenemos un solo acceso, y somos uno de los cinco pueblos que estamos ubicados en el Istmo de Tehuantepec. Somos un pueblo de pescadores, somos ikoots, hablamos ombeayiuts (lengua de las y los ikoots).
¿Cuántos hablantes hay de ombeayiuts hay?
LF: Bueno, según Inegi, sus datos de 2010, están hablando de 14 mil 252 habitantes. Hasta 2010, son cifras que obviamente ya se movieron.
“Nuestra lengua está en peligro de extinción”
BEATRIZ
¿Sólo estas cinco comunidades ikoots existen en el mundo?
LF: No, los que formamos parte del pueblo ikoots somos San Francisco del Mar, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, y Santa María del Mar, aunque ellos se autoidentifican como pueblo zapoteco, de hecho por eso ellos pidieron adscribirse al municipio de Juchitán, que es un municipio zapoteco. Pero originalmente son personas de aquí de la comunidad que se fueron mezclando con gente zapoteca.
Pero eso sí, de los que formamos parte del pueblo Ikoots, San Mateo del Mar es el único que aún conserva sus instituciones comunitarias, que aún se rige por Asamblea, que aún tiene sus fiestas, danzas, tradiciones, gastronomía, vestimenta… somos los únicos que estamos conservando aún. Y la lengua, claro.
Beatriz Gutierrez Ruiz (BGR): Quisiera agregar esto de que sí nos regimos por asamblea comunitaria porque nosotros tenemos una forma de elección tradicional ancestral que es un sistema de rotación. Al igual que nuestra lengua ombeayiuts, es única en el mundo. Como lengua, está en peligro de extinción. Y en el municipio donde más se conserva la lengua, es aquí en San Mateo del Mar. Hay niños desde chiquitos, su primera lengua es el ombeyets. También hay niños que desde chicos, su primera lengua es el español, pero en menor grado.
Y en el caso de nuestra forma de elección tradicional, tenemos documentos de 1890, que nuestra forma de elección tradicional de autoridades, es de manera rotativa. Estamos nosotros divididos por secciones. Entonces, si a una sección le toca en un año la presidencia, al próximo año le toca a otra sección. Y se van rotando los cargos. No es como en otras comunidades que se rigen, solamente una asamblea, y de la asamblea sale el que va a ocupar el cargo. Y si se pierde esta forma de elección que tenemos, es un etnocidio. Etnocidio porque está atentando en contra de nuestra autonomía nuestro derecho a la libre determinación. En ese sentido nosotras defendemos también no nada más nosotras, sino la comunidad como asamblea.
Porque un presidente municipal va más allá de cuestiones administrativas, porque la autoridad, aquí el presidente municipal, se le entrega un bastón de mando que tiene que ver con toda la vida ritual de la comunidad. Y esta forma de vida ritual que tenemos nosotros es lo que va determinar si vamos a tener camarones, si vamos a tener pescados para nuestra propia vida. Si una autoridad comunitaria electa en la forma en la que ahorita se está haciendo, o como hace dos años, en el 2017, se eligió una autoridad que despachó desde Huazantlán del Río, y que no cumplió con los rituales de nuestra comunidad. El bastón de mando se entrega en un ritual especial que dura de la una de la mañana o las dos de la mañana, hasta las seis de la mañana. Y que llega la comunidad a tomar una bebida tradicional como símbolo de que la autoridad ya está sentada, ya recibió el bastón de mando. Entonces, no es nada más ser una autoridad administrativa, que solamente se va encargar de los recursos tal como pasó en esos dos años. Lo que estamos defendiendo, va más allá del manejo de recursos económicos.
Al poner los aerogeneradores a la orilla de la laguna, con la experiencia que tienen las otras comunidades, que les ponen malla y que no pueden entrar a sus terrenos, estamos pensando que a nosotros también nos van a poner malla, y que no vamos a poder entrar. Y al poner una base de concreto, de cemento, de 20 por 20, va evitar la filtración de las aguas de lluvia hacia la laguna, y prácticamente nos condenan a un exterminio como comunidad.
Quisiera saber si una parte del conflicto por el paso y después el tema agrario, y ahora administrativo que les quieren imponer una elección por partidos políticos, ¿ustedes lo enlazan, lo ven como algo que no está aislado, que son una misma estrategia para dividirlos, para despojarlos? ¿Esta lectura mía es correcta?
LF: Considero que el conflicto agrario tiene mucho que ver con el tema de los aerogeneradores. Porque nos quieren forzar a celebrar un convenio con empresas para instalar a qui los aerogeneradores y para que nosotros como pueblo podemos aceptar eso. Por supuesto que las empresas y el gobierno están ayudando para que Santa María del Mar pueda llevar a cabo eso, y también forzándonos como pueblo, a aceptar ese convenio. Por otro lado, el tema administrativo del que habla Betty, claro que es una invasión. Claro que están sobre nosotros, a lo mejor no directamente de las empresas eólicas, pero sí están viendo a San Mateo del Mar como si nosotros… están acabando con nuestra identidad, con nuestros recursos.
Las organizaciones Fundar, Poder, Oxfam México y CartoCrítica alertaron sobre la centralización de la asignación de recursos, la falta de transparencia y nula participación de comunidades y autoridades locales a partir de las modificaciones aprobadas al Fondo Minero. Con las modificaciones al fondo y la nueva Ley de Derechos se asignan los ingresos un 85% a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para financiar infraestructura educativa principalmente, 5% a la Secretaría de Economía para acciones de fortalecimiento del sector minero, y 10% al Gobierno Federal para programas de infraestructura. Para las organizaciones, el nuevo modelo desdibuja la figura del Fondo Minero y desaparece el objetivo original de elevar la calidad de vida de los habitantes de las zonas mineras, pues centraliza la asignación de fondos a presupuestos del gobierno, no se crean espacios para transparentar la información ni procurar la participación de las comunidades a las que destinan proyectos. “En el nuevo esquema no habría cómo mitigar ni resarcir los daños a las comunidades en donde tuvo lugar la actividad extractiva, pero además la propuesta favorece la centralización y discrecionalidad”, además, califican de inaceptable que las decisiones sobre los proyectos financiados del fondo surjan directa y exclusivamente de la SEP. Las organizaciones exhortaron al Ejecutivo y al Congreso a reconsiderar mecanismos que garanticen los derechos y necesidades de comunidades y a transparentar los recursos y proyectos financiados por el fondo hasta ahora, así como incorporar mecanismos para asegurar la participación ciudadana y de las comunidades afectadas por la minería.
Un estudio reveló que agricultores hidalguenses cosechan maíz contaminado con metales tóxicos como cadmio y plomo, por encima de los límites permitidos por las normas nacionales e internacionales.El estudio publicado en Environmental Gepchemistry and Health menciona que Hidalgo, junto con otros estados de México, fue un lugar minero durante varios siglos por lo que los desechos y productos químicos se encuentran aún en su suelo, agua y tierra. Algunos análisis han sugerido que el maíz, el alimento básico de los mexicanos, puede asimilar metales tóxicos presentes en el suelo donde se cultivan e incorporarlos a distintas partes de la planta. Pero esa cantidad varía según el suelo, clima del lugar y el tipo de contaminante, dice María Aurora Armienta, geoquímica ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad de México. Para saber si esa contaminación afectaba al maíz mexicano, Armienta y sus colegas decidieron enfocarse en Zimapán, una de las zonas mineras más antiguas de Hidalgo que ha sostenido una explotación durante casi 400 años. El equipo obtuvo y analizó muestras del suelo de parcelas de maíz ubicadas a 20 y 30 metros de un depósito de desechos mineros, llamado relave. También recolectaron suelo de otro campo más lejano y menos contaminado. Todas las muestras contenían rastros de arsénico, plomo, cadmio, hierro y zinc, con concentraciones más altas en los sitios más cercanos al relave. Cabe recordar que en 2012 en otro estudio, la misma investigadora junto con Esther Aurora Ruíz Huerta, también de la UNAM, comprobaron la acumulación de arsénico y metales pesados en el maíz en el municipio minero de Taxco, Guerrero.
“No entendemos por qué en su discurso el Presidente dice que está con los pobres y los indígenas , pero en su administración regatea los derechos de los pueblos y favoreces a las empresas “ , argumentaron.
Autoridades municipales agrarias de distintos municipios y comunidades de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca se pronunciaron ante el proyecto de presa hidroeléctrica promovido por el gobierno de Andrés López Obrador
Miguel Quiroz cruz edil de Santiago Ixtayutla ; Regino Ruiz Cortés, agente de San Lucas Atoyaquillo, Jaime Jimenez agente de Paso de la Reyna , Jamiltepec , entre otros, informaron en Julio de este año recibieron el oficio número SGPA/DGIRA/DG/04734 fechado el 20 de Junio en la Ciudad de México , de la Subsecretaria de Gestión para la protección Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y recursos naturales (Semarnat)
De acuerdo con su explicación , en ese documento les fue comunicado que la empresa Generación Enersi S.A de C.V presento para análisis y evaluación el proyecto denominado “Proyecto Hidroelectrico para la generación de Energía Renovable PH Río Verde.
Este proyecto advirtieron afectara a los municipios de Santa Cruz Zenzontepec , Santiago Ixtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec , Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional.
El pasado cinco y seis de octubre, se llevaron a cabo reuniones de seguimiento de la llamada Consulta Indígena, que pretende legitimar, vía autoridades comunitarias, la imposición de los megaproyectos incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, informa la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM) en un pronunciamiento. Se reporta que en las reuniones que tuvieron lugar en Jaltepec de Candayoc y Salina Cruz, se enfatizó que el proyecto de desarrollo del Istmo ya está ejecutándose y no hubo espacio para debatir. “Constatamos de la falta de seriedad por parte de personal de las diferentes secretarías de gobierno, ya que cada sesión envía a personal diferente para coberturar las reuniones, que la mayoría de las veces, desconocen los compromisos entablados con las comunidades en reuniones pasadas (…) la prioridad del gobierno federal no está en resolver las necesidades básicas de las comunidades, ya que éstas no han sido atendidas, a pesar de la petición expresa de las comunidades respecto a salud, educación, reconstrucción, empleo, los funcionarios sólo informan que no fue posible resolver la solicitud, no retoman las propuestas, ni tampoco dan opciones a las personas”. En fin, las propuestas de desarrollo del gobierno federal no responden a las necesidades de las comunidades, “no hay impulso a su pequeña industria, porque ésta no genera explotación y ganancia, no hay propuestas sustentables, no hay perspectiva de género ni ruptura con los antiguos sistemas de explotación que vulneran a las comunidades originarias”.
Decenas de ciudadanas y organizaciones civiles, entre ellas EDUCA, denunciamos la deplorable alianza que se ha formado entre la décima edición del Oaxaca FilmFest (del 4 a 10 de octubre) y la Compañía Minera Cuzcatlán. Mientras ignoramos los alcances, profundidad, términos y condiciones de dicha alianza, decidimos no ignorar el hecho de que la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines Inc., es responsable de múltiples violaciones a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, así como de violaciones a tratados internacionales de derechos humanos, ya que se impuso de manera violenta e irresponsable con el Proyecto Minero “San José” en los Valles Centrales. De ahí que se desatara una serie de conflictos que llegaron al extremo de cobrar la vida de opositores a la mina y defensores de la tierra y el territorio, como fue el caso (en 2012) de los asesinatos de Bernardo Vázquez Sánchez y Bernardo Méndez Vázquez, miembros de La Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán (CPUVO). Por si fuera poco, la comunidad de Magdalena Ocotlán ha señalado la responsabilidad de Fortuna Silver Mines en la contaminación del río Coyote con residuos y desechos tóxicos, ocurrido hace un año. Es por todo lo anterior que condenamos la engañosa maniobra de Minera Cuzcatlán que pretende lavarse las manos, pues al financiar iniciativas como Oaxaca FilmFest no sólo intenta ocultar los efectos destructivos de su lucro (y tal vez deducir impuestos de paso), sino que pretende justificarse (y tal vez burlarse) sobre la ridícula cantidad de dinero que seguramente le dan a sus “aliados”, como las migajas que dejan en el pueblo de San José del Progreso, y en general en la República Mexicana, a cambio de envenenar tierras, ríos y vientos.
“Los megaproyectos en el gobierno de la 4T (Cuarta Transformación) representan una grave amenaza para el ejercicio y respeto pleno de los derechos de los pueblos indígenas en el estado de Oaxaca“, afirmaron organizaciones y comunidades de pueblos originarios en defensa de sus territorios.
Más de 25 colectivos, redes y frentes contra megaproyectos convocaron a participar en la jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de sus Territorios al que autonombraron “Samir Flores Vive” para exigir el respeto pleno del derecho a su libre determinación ante los megaproyectos que violentan gravemente los derechos de los Pueblos Indígenas.
Y es que “los grupos de poder económico han iniciado una cuarta embestida contra la vida y territorios de nuestros Pueblos en México (y) tienen como su aliado al gobierno que sirve a sus intereses”.
“Ante esta realidad, nuestros Pueblos tienen la claridad de que esta nueva forma que ellos llaman ‘desarrollo’ ha representado la muerte de nuestra cultura, la implantación del capital sobre nuestros derechos y la destrucción de nuestro tejido social de nuestras comunidades”, puntualizaron.
En el marco del Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular y la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y de Nuestros Territorios a conmemorarse el próximo 12 de octubre, pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos de Oaxaca convocaron a la Jornada de los Pueblos Indígenas en Defensa de Nuestros Territorios ¡Samir Flores Vive! para denunciar las violaciones a los Derechos Humanos y Derechos Indígenas y reivindicar su derecho de libre determinación como pueblos y comunidades indígenas.
Oaxaca y Chiapas son los dos estados más mortíferos para ambientalistas y defensores de los derechos humanos. En lo que va del año, al menos 12 activistas fueron asesinados, según datos recogidos por Amnistía Internacional (AI). Cinco de estas víctimas fueron atacadas en Oaxaca y otras cuatro en Chiapas. La organización de defensa de los derechos humanos inició recientemente la campaña “No Más Asesinatos: Alza la Voz por las y los Ambientalistas en México” para denunciar estos ataques. Según los informes publicados por Global Witness, la cantidad de personas asesinadas cada año por su activismo ambiental está en aumento. En 2017, Global Witness registró un incremento de 3 a 15 muertes con respecto al año anterior en el país. En 2018, la misma organización señaló que 14 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas ese año en México, manteniéndose cifras similares a las del 2017. En lo que va de 2019, Amnistía Internacional ha registrado el asesinato de 12 personas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente. “El Estado mexicano, debe reconocer públicamente la situación de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente y el gobierno actual debe tomar acción contundente para garantizar que ellas puedan trabajar de manera segura”, reitera Amnistía.
Padres de familia de la escuela primaria Adolfo López Mateos de la comunidad El Cuajilote protestaron en la entrada de la minera Cuzcatlán, en San José del Progreso. Protestaron el incumplimiento a promesas hechas por la empresa minería y por eso cerraron los accesos a la mina. La protesta impidió la entrada y salida de trabajadores, maquinaria, y vehículos a la mina.
Consideraron que fueron engañados porque, a cambio de permitir que la empresa minera se estableciera en la zona, acordaron que les construirían caminos, obras y la escuela, mismas que a la fecha no han cumplido. Los padres quieren comunicar con los directivos de la empresa para llegar a algunos acuerdos y obtener los beneficios sociales que se les prometieron.
La minera Cuzcatlán asegura que en San José del Progreso han hecho inversiones por 177.2 millones de pesos en programas sociales y pecuarios.
La Unión de Comunidades Forestales Zapotecas y Chinantecas (UZACHI) exigió a los gobiernos a asumir compromisos con las empresas forestales comunitarias del país porque “la política pública prioriza otro tipo de actividades económicas que han ocasionado severas afectaciones ambientales y sociales en los territorios forestales como la minería y la agroindustria”. Están preocupados por las concesiones del agua y los depósitos minerales que el Estado ha estado entregando exponencialmente en los últimos 25 años porque eso lleva a despojo.
Las empresas forestales comunitarias invierten más del 60% de sus ganancias en la restauración del bosque y en obras sociales como escuelas, centros de salud, caminos y más. Sin embargo, deben cumplir con la misma carga fiscal que una empresa privada. Estos cargas fiscales además de tramitología oneroso resulta en la desarticulación de los emprendimientos comunitarios que resulta muchas veces en la privatización de los terrenos.
La UZACHI formó en 1989 con el objetivo de cuidar y mantener los bosques y proveer la comercialización pero del punto de vista de sostenibilidad de y por los comunidades. Pidieron a los gobiernos y legisladores a apoyar políticas que apoyan las comunidades forestales en vez de crear mas desafios.
La UZACHI explica que “en el país existen alrededor de mil empresas forestales comunitarias, que son un referente a nivel internacional de la conservación activa de los recursos forestales. Sin embargo, en el país, los gobiernos, las empresas…han optado por otro tipo de políticas conservacionistas…que no han tenido buenos resultados, pues no han logrado frenar la deforestación en el país ni la ilegalidad en el comercio de productos forestales ni han permitido el desarrollo de emprendimientos productivos que les generen ingresos a las comunidades forestales”.
La explotación de los recursos hídricos en el estado de Jalisco por parte de un puñado de empresas tienen en pie de lucha a los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que, por lo pronto, decidieron unir fuerzas y crear el frente “Revolución del Agua” a través del cual pretenden defender su fuentes de abastecimiento de agua natural. Y es que, con la anuencia de los gobiernos en turno, seis empresas de la región del Bajío buscan apropiarse de dos de los caudales más valiosos para el país, los ríos Lerma y Verde. Las aguas del río Verde son las más cotizadas de la región, esto debido a que no se encuentran tan contaminadas como las del Lerma-Santiago o el río Turbio. Sobre su cause intentan imponer la presa el Zapotillo. Cansados de las promesas oficiales de los gobernantes, los habitantes de las comunidades afectadas decidieron unir fuerzas y crear un frente de lucha por la defensa del agua y de sus tierras con la constitución de la agrupación Revolución del Agua. Leer el reportaje de Project PODER
Hidalgo alertaron sobre la instalación de una nueva línea de transmisión eléctrica, que abarcará de Unión Hidalgo a Ciudad Ixtepec y que es promovida por el Banco Invex y Siemens Gamesa. El proyecto partirá de la Subestación SET y concluye en la subestación Ixtepec Potencia, atravesando los municipios de Unión Hidalgo, Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec y Ciudad Ixtepec, además tendrá una tensión nominal de 400 kilovolts y se instalaran 80 torres de acero, de tipo suspensión, deflexión y remate, según el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Semarnat. Edgar Martín Regalado, defensor comunitario explicó que se enteraron del proyecto a través de una búsqueda en la pagina electrónica de la Semarnat y asimismo a través de una publicación de inserción pagada por Siemens Gamesa y Banco Invex en un diario de circulación estatal, por lo que recurrieron a la solicitud de la reunión informativa se la Semarnat el próximo jueves 12 de septiembre con carácter de urgente. Cabe recordar que las empresas Eólica de Francia (EDF) y Siemens planean construir tres parques eólicos más en Unión Hidalgo.
En una decisión unánime, los ejidatarios de Ojo de la Casa, en Samalayuca decidieron ir contra el decreto que desde el 2009 los incluyó dentro del área natural protegida, hace un año le ganaron al Gobierno Federal y concesionaron una parte de sus tierras a una empresa canadiense para la explotación de yacimientos de cobre a cielo abierto que se ubican en esa zona del municipio de Juárez.
Los ejidatarios hicieron un contrato de ocupación temporal de los predios con VVC Exploration Corporation, empresa que el pasado 7 de agosto anunció que su junta directiva aprobó la operación de una mina piloto en Samalayuca, la cual se espera pueda estar en operación en seis o nueve meses.
Para Santiago González Reyes, abogado derechohumanista que alista un amparo para frenar el proyecto, “cambiar de área natural protegida por una mina es una aberración”. Las excavaciones estarán 50 kilómetros de la mancha urbana de Ciudad Juárez, que para Reyes se pone en riesgo la única reserva de agua de Ciudad Juárez. Reyes es parte del Frente de Ciudadanos contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca.
“Es un proyecto altamente contaminante que traerá consecuencias en nuestro medio ambiente”, advierte a su vez Lydia Graco, vocera del Frente Ciudadano Contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca e integrante del movimiento Para Que No Mine la Mina.
A la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo lo conocen como: “tierra de las mujeres bonitas”, pero estas mujeres prefieren que ahora las conozcan como “mujeres defensoras de la vida y el territorio” porque su mayor anhelo es recuperar los ríos limpios, los terrenos cultivados de maíz y las flores endémicas curativas que disfrutaban antes de la llegada de las empresas eólicas europeas. Ahora han dejado de hacer sus quehaceres por ir a informar a su gente sobre el nuevo proyecto eólico “Parque eólico Gunaa Sicarú” que impulsa la trasnacional Eólica de Oaxaca, filial Electricité de France (EDF), el cual contaría con 96 aerogeneradores con una producción anual estimada de 825.7 gigawatts hora por un tiempo de 30 años. No es la primera vez que en Unión Hidalgo las mujeres se organizan, sin embargo sí es la primera que se unen usando “la palabra” para defender la vida y el territorio, en este poco tiempo de estar juntas han sabido caminar, organizar y compartir lo que saben; algunos las llaman las rebeldes y otros “opositoras al desarrollo”, también les han dicho que de nada servirá lo que hacen, que no gasten su tiempo en distracciones. Sin embargo siguen y en sus visitas domiciliarias han conseguido aliadas, que motivan su lucha y refuerzan su colectivo al que llaman “Mujeres gubiñas en defensa de la vida”. Andrea Manzo Matus, estudiante de Antropología Social, dice: “hace doce años llegó a Unión Hidalgo una empresa eólica, que es Demex, en ese entonces nadie nos consultó nada, ni nos preguntaron si queríamos que esas gigantescas torres eólicas invadieran los cultivos, a veces aunque no nos guste, los dueños de las tierras son los que decidieron, pero en esta ocasión no queremos que se repita lo mismo”.
“Poca gente sabe que los parques eólicos nuevos que se instalaran en la zona van a dotar de energía eléctrica a las empresas extranjeras que se ubicaran en el corredor transismico que el gobierno federal y de Oaxaca intentan ubicar para “crear economía” en esta zona, expuso Rubén Valencia, defensor de la vida e integrante del Comité Ixtepecano Vida y Territorio.
Las autoridades de San Pedro y San Pablo Ayutla desmienten la existencia de una “mesa permanente” y señalan que es una estrategia del gobierno estatal “para evitar que se cumpla el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador” de enviar a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero a atender la problemática, el despojo de agua y terrenos por parte de su comunidad vecina, Tamazulápam del Espíritu Santo. En el comunicado hacen un recuento de las negociaciones durante más de dos años y dan a conocer que hubo tres acuerdo firmados entre las comunidades en conflicto y el gobierno estatal, sin embargo los acuerdos fueron incumplidas “y los grupos violentos de dicha comunidad junto a sus autoridades impidieron su ejecución”. Por lo tanto, las autoridades de Ayutla reiteran que rechazan “toda narrativa del gobierno estatal en el que se pretende lavarle las manos al gobernador sobre su irresponsabilidad en la problemática y sus abiertas mentiras. Nos hemos dado cuenta que el gobierno del estado protege al que usa la violencia, al que destruye nuestros tanques, al que asesina, secuestra y viola, eso parece no ofenderle al gobernador, le ofende más nuestra denuncia social”, y por eso exigen la intervención de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero.
Los Pueblos Chatino y Mixteco nos pronunciamos ante la nueva amenaza de la construcción de un nuevo Proyecto Hidroeléctrico en el Río Verde, promovido por la empresa GENERACIÓN ENERSI S.A. de CV.
En el mes de julio recibimos el oficio No. SGPA/DGIRA/DG/04734, fechado el 20 de junio en la Ciudad de México, de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT donde nos comunican que la empresa arriba mencionada presentó para análisis y evaluación el proyecto denominado “Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable PH Río Verde”. Este proyecto afectará a los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional. Se proyecta la construcción, operación y mantenimiento de una central hidroeléctrica para la generación de 30 MW de energía para lo cual se pretende utilizar el caudal del Río Verde
A lo largo de nuestra vida como Pueblos hemos convivido, cuidado y defendido el Río Verde porque es la madre de nuestras aguas y representa la fuente de vida en la Cuenca y los territorios mixtecos, chatinos y afromexicanos. Por lo cual por este medio notificamos a la SEMARNAT y a la empresa GENERACIÓN ENERSI S.A. de CV. que no estamos de acuerdo con dicho proyecto y no permitiremos estudios ni su construcción por las graves afectaciones que esto traería a nuestra vida y a la madre naturaleza.
Los pueblos y nuestras autoridades en base a nuestros sistemas normativos internos y con derechos que nos conceden los tratados internacionales y nuestra constitución hemos emprendido los medios de defensa por vías pacíficas, administrativas y legales para que se respeten nuestros modos de vida y nuestro territorio.
Nos sorprende que el actual gobierno federal insista en este tipo de proyectos, por más de diez años hemos argumentado nuestra oposición al Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina que fue promovido por la entonces paraestatal Comisión Federal de Electricidad. Ahora ante la privatización del sector energético las empresas privadas tienen su mira sobre nuestros bienes.
El Río Verde se encuentra actualmente protegido por el amparo (701/2018) interpuesto en julio de 2018 por el ejido de Paso de la Reyna. Este recurso contra la declaración de zonas de reserva – decretos publicados al final del gobierno de Enrique Peña Nieto – fue otorgado por un juez federal y no se podrá construir ningún proyecto de infraestructura. Sin embargo, a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la SEMARNAT y CONAGUA interpusieron un recurso de revisión, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE UN JUEZ FEDERAL. No entendemos porque la SEMARNAT pretende negar un derecho demostrado y ganado en tribunales. No entendemos porque Andrés Manuel López Obrador en su discurso dice que esta con los pobres y los indígenas, pero en su ADMINISTRACIÓN regatea los derechos de los pueblos y favorece a las empresas.
Estamos en alerta y organizando a pueblos y municipios de la región de la Costa y Sierra Sur, no permitiremos más saqueo.
¡¡Pueblos Vivos, Ríos Libres!!
¡¡Ríos para la Vida no para la Muerte!!
ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO IXTAYUTLA
COMISARIADO EJIDAL DE SAN LUCAS ATOYAQUILLO, IXTAYUTLA, JAMILTEPEC
AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE CORRAL DE PIEDRAS, IXTAYUTLA.
NUCLEO RURAL DE LAS TROJES, IXTAYUTLA
AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS ATOYAQUILLO, JAMILTEPEC
COMISARIADO EJIDAL DE PASO DE LA REYNA, JAMILTEPEC
CONSEJO DE VIGILANCIA DEL EJIDO DE PASO DE LA REYNA JAMILTEPEC
AGENCIA MUNICIPAL PASO DE LA REYNA, JAMILTEPEC
CONSEJO DE PUEBLOS UNIDOS EN DEFENSA DEL RIO VERDE
La minera Cuzcatlán de San José del Progreso, Oaxaca, es la sexta mina del país de donde mayor cantidad de plata se extrajo en 2017, màs de 8 millones onzas de plata en 2018; adicionalmente se extraen cada año más de 50 mil onzas de oro. Sin embargo, lo que se encuentra alrededor, el pueblo de San José del Progreso está marcado por la marginación, el conflicto social y las enfermedades de sus pobladores. En San José del Progreso, 97.2% de los habitantes carecen de servicios básicos (agua potable, drenaje) en su vivienda y el 96.2% no tiene acceso a seguridad social, de acuerda a los estudios de Coneval.
Aun con recursos etiquetados para 2019 por al menos 65 millones de pesos para obras en la comunidad y sus agencias, mil 591 viviendas carecen de agua potable y mil 261 de drenaje. Por si fuera poco, el insuficiente personal de la clínica a cargo de los Servicios de Salud de Oaxaca en la agencia de Maguey Largo sostiene que cada vez son más frecuentes los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en menores de edad, pues en una semana llegan un promedio de tres niños con esos padecimientos.
Por su parte, Cuzcatlan informò que a lo largo del presente año han invertido 243.8 millones pesos en San José del Progreso, y para 2019, 26 millones pesos en programas sociales y comunitarios. Pero, la gente siguen en pobreza. Aunque la mina genera mil trabajos directos, una mujer del pueblo compartió que, “mi hermano trabaja en la mina pero tampoco gana màs de mil 200 o mil 500 a la semana, es cierto que ya no tuvo que ir a otro estado a buscar empleo pero no es suficiente su ingreso para mantener una familia.”
El presidente de la Coordinacion Pueblo Unidos del Valle Ocotlán, Bernardo Vásquez, dijo que mucha gente no quiere la ampliación de la mina. Ya hicieron mucho daño al ecosistema, nuestros pozos han bajado su nivel hasta un 60 o 70 %. Pero nadie dice nada.”
Es “urgente e inaplazable” la reconexión del sistema de agua de Ayutla para garantizar los mínimos vitales de la población, concluye la Misión Civil de Observación que durante el 5-7 de agosto visitó la sierra Mixe para entrevistarse con las partes involucradas en el conflicto. En las reuniones realizadas con autoridades civiles y tradicionales de ambas comunidades, la misión pudo constatar que “hay un manejo parcial de la información por parte de la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal del Agua, con acuerdos verbales que no cuentan con un debido respaldo documental, así como la dilación en los procesos de negociación y atención del conflicto, lo que no abona a garantizar el derecho al agua”.
Los derechos a la educación, salud y una vida libre de violencia para las mujeres de Ayutla no se respete, concluyeron integrantes de la Misión Civil de Observación. Ante la falta de este vital líquido, la comunidad ha optado por recolectar el agua pluvial; estos métodos resultan insuficientes, por lo que las enfermedades han incrementado, en particular infecciones de vías urinarias, principalmente en niñas, niños, adolescentes y personas adultas.
Además, los delitos de asesinato, secuestro, intimidación, daños a propiedad, abigeato y despojo de tierras siguen impunes y en consecuencia las amenazas van en aumento. Entre las observaciones la Misión recalca que esta problemática “requiere de una atención integral, la cual necesariamente pasa por atender diligentemente el conflicto agrario derivado del despojo de tierras y de la falta de delimitación de los límites entre ambas comunidades”. La Misión, conformada por ocho organizaciones, entre ellas Educa, y respaldada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, posteriormente presentará un informe con mayores detalles.
En sesión pública de cabildo convocada por la autoridad municipal que encabeza Florencio de la Cruz Valdivieso y ante la presencia de ciudadanos/as se declaró al municipio de San Francisco Ixhuatán, ubicada en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, como “territorio libre de la minería.” Por varios años la gente han vivido en resistencia contra la minería, eólicas, y altas tarifas sin embargo es la primera vez que la autoridad municipal de Ixhuatán realiza esta declaratoria pública.
El 19 de diciembre de 2017, la Secretaría de Minería otorgó la concesión para exploración minera a RECUPERADORA AG, S.A. DE C.V. con el título: 246002 Nombre del Lote: AMPLIACIÓN CERRO GRANDE II F1. con una vigencia de 50 años que se asentará en una superficie de 29.5431 hectáreas de tierras, que abarca desde la zona poniente del municipio de Chahuites, otra parte de la localidad de Tapanatepec casi hasta llegar a Rincón Juárez, parte de Yerba Santa, Coyotera Carlos Ramos, todo Reforma de pineda, Parte de los terrenos de Zopilote y la parte norte de San Francisco Ixhuatán.
El alcalde recalcó que el territorio se defenderá donde existen afluentes naturales como “El Rio Ostuta” uno de los más grandes e importantes en Oaxaca. “Con esa sesión pública reafirmamos nuestro compromiso con la naturaleza y la vida, aquí somos gente trabajadora y de campo, amamos la siembra y los recursos naturales, no vamos a permitir que lleguen empresas mineras y acaben con nuestro territorio, estamos para defenderlo,” recalcó.
Además de esta comunidad, existen otros diez 10 títulos de concesiones en la zona Oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, cuya principal búsqueda es oro, plata y cobre están asentadas sobre el río Ostuta, río Zanatepec y río Novillero que alimentan la Laguna Superior, la Laguna Inferior y el Mar Muerto.
Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por una reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado se realizó la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería que tuvo como objetivo “celebrar la resistencia y autonomía de los pueblos y comunidades afectadas por proyectos mineros”.
Al evento asistieron autoridades agrarios y municipales de San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, El Vergel, los Ocotes, Santa Catarina Minas, Magdalena Ocotlán, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y Magdalena Teitipac.
Durante su participación, Salvador Martínez Arellanes, defensor comunitario de Santa Catarina Minas dijo que en el año de 1582 con la llegada de los españoles todo cambio en su comunidad, pues se llamaba Santa Catarina Martir Zoquiapa pero por la actividad minera se modificó al nombre actual “Santa Catarina Minas”, sin embargo resaltó que actualmente se vive una defensa por el territorio debido a que en esta comunidad se elabora el mezcal con 35 variedades con magueyes silvestres por lo que cuenta con la denominación de “mezcal ancestral”. El defensor comunitario resaltó que por fortuna el agua que tienen todavía es pura, pero no van a permitir que lleguen empresas mineras y exploren a cielo abierto su comunidad, porque acabaría con su actividad de vida que es la mezcalería.
Cabe mencionar que a tres kilómetros de distancia, en San José del Progreso, la empresa minera Cuzcatlán filial de la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines realizó una Guelaguetza para justificar que promueven las tradiciones. En la ciudad, Oaxaca de Juarez, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa presidiendo las fiestas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza oficial a la que destinó 21 millones 712 mil 620 pesos, sin embargo, se estima que entregó 42 millones de pesos a empresas “favorecidas en proceso de licitación irregulares”, según el periódico Centro. Con su propio Guelaguetza, lo que buscan las comunidades era recuperar la esencia de la Guelaguetza donde la cooperación, el amor al prójimo, y una actitud de compartir la naturaleza y la vida son el enfoque y que en celebrando así, refuerzan el tejido social de las comunidades indígenas que participaron.
Pueblos y organizaciones de Oaxaca y Veracruz, pertenecientes a la campaña El Istmo es Nuestro, rechazaron el proceso de consulta para la Reforma Constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas que lleva a cabo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Los pasados 13 y 14 de julio el INPI organizó las consultas indígenas en las comunidades oaxacaqueñas de Santo Domingo Yanhuitlán, Santiago Juxtlahuaca, Santiago Jamiltepec, Santa María Alotepec, Santiago Laollaga y San Bartolomé Zoogocho.
Pueblos Ikoots, Binnizá, Ayuuk, Chontal, Chinanteco, Zoque, Tzotzil, Texistepequeño, Sayulteco, Oluteco, Nuntaj yi y Nahua rechazaron la consulta porque no respeta su propio protocolo, “ya que está realizando la etapa deliberativa sin haber realizado la etapa informativa”, no respeta los ritmos ni las formas organizativas de los pueblos y porque “planteamientos importantes” de grupos organizados no son expresados en la plenaria, como ocurrió en Acayucan, Veracruz.
Entre las organizaciones y pueblos que expresaron su rechazo a la consulta y a los megaproyectos se encuentran la CODEDI, EDUCA, Asamblea Comunitaria de San Dionisio del Mar, Asamblea Comunitaria de San Mateo del Mar, Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta (Sur de Veracruz), Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), y el Bachillerato Comunitario José Martí de San Francisco Ixhuatán.
Defensores de la etnia ayuuk (mixe) interpusieron ante el juez séptimo federal con sede en el puerto de Salina Cruz un amparo contra autoridades federales que promueven el organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de junio. Los activistas aseguraron que el megaproyecto viola sus garantías individuales y diversas normas que salvaguardan los derechos de los pueblos indígenas, entre ellas la Constitución y diversos tratados internacionales. Los inconformes, pobladores de la zona norte del Istmo de Tehuantepec, acusan al gobierno estatal, así como al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes y de Economía de tratar de expedir el decreto en forma “irregular e inconstitucional”. Las autoridades señaladas “están actuando en contra de nuestros derechos como integrantes de pueblos indígenas”, afirma Juana Villegas, defensora comunitaria y una de las promotoras del juicio. Leer la nota completa de Diana Manzo:
Han pasado 112 días desde que un grupo de indígenas tzotziles, presos en cárceles chiapanecas, iniciaron una huelga de hambre para denunciar tortura, falta de traductor y otras violaciones a sus derechos humanos durante el proceso de detención y posterior confinamiento. A la fecha son cinco los que permanecen en lucha y han tomado una determinación: “libertad o muerte”. A más de 100 días en lucha los cuerpos de los compañeros se encuentran muy débiles. Tienen serios problemas de salud. Por ello han solicitado el apoyo de otros presos para que les ayuden a llevar agua a su campamento para lavar sus vasos y bañarse. Sin embargo, el director de la cárcel de San Cristóbal de Las Casas interceptó a los presos que proporcionaban esta ayuda para acusarles de “pasar alimento” a nuestros compañeros en lucha y les prohibió hacerlo más. El fin de semana pasado, Juan de la Cruz Ruiz, fue trasladado al Hospital de Las Culturas de manera urgente ya que presentaba fiebre, dolor abdominal y debilidad muscular. Ayer, también Germán López Montejo ingresó al hospital. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) documentó las graves condiciones de los 5 presos indígenas y denuncia la indiferencia del gobierno morenista de Rutilio Escandón:
La zona mixe es un espacio inmenso de valles seguido de montañas, una tras otra, con el sol apenas entrando en la llovizna. Sus pueblos son herederos de una tradición de guerreros y adivinos. Son de los pocos linajes del México antiguo que no fueron conquistados por las armas españolas. “Hoy los vuelve oscuros la pobreza, las leyes agrarias, la pugna por la tierra fértil, sus cerros escondidos donde se siembra amapola y grandes voladeros que han sido apropiados por los caciques y los narcos”, cuentan Antonio Mundaca y Karen Rojas Kauffmann de Página 3, en un nuevo reportaje sobre la lucha de San Pedro y San Pablo Ayutla por el agua. En entrevista, la escritora e investigadora Ayuuk Yásnaya Elena Aguilar Gil explica: “De unos años para acá algo cambió en la sierra, se ha perdido la paz, no sabemos de dónde el pueblo de Tamazulápam del Espíritu Santo ha sacado tantas armas pero después del ataque, la Base de Operaciones Mixtas de la Policía entró a nuestro pueblo como ladrones, sin avisarnos, a patrullar un terreno que no conocen…El gobierno siempre ha sido parcial, ha hecho tratos unilaterales con Tamazulápam. Desde el principio intentaron manejarlo como un enfrentamiento, pero nosotros íbamos caminando, desarmados y vino la lluvia de balas, nos quedamos en shock, los heridos, la revictimización, ¿dónde se ha visto que la ley o el gobierno proteja a los agresores y no a los agredidos? Eso está sucediendo aquí”. El reportaje analiza el conflicto en un contexto regional de creciente violencia debido a las plantaciones de amapola y marihuana y los esfuerzos concomitantes para dominar la tierra y el agua. Además destaca como el gobernador Alejandro Murat Hinojosa ha emprender una maquinaria de simulación y propaganda en vez de atendar al conflicto.
Pobladores de la comunidad zapoteca de Magdalena Ocotlán, ubicada al sur de la ciudad de Oaxaca, protestaron el 28 de junio de 2019 ante la visita exprés del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al estado, exigiendo la cancelación de concesiones mineras en el valle de Ocotlán. Autoridades municipales y agrarias hicieron una petición al presidente para que cancele las 46 concesiones en la zona, que abarcan una superficie de 77,533 hectáreas. Los reclamos fueron de pobladores ante el derrame del pasado 8 de octubre del 2018 y la nula respuesta de las instancias federales. Con consignas de ¡Fuera la minera! y ¡Minera asesina! el presidente recibió la petición y se comprometió con enviar a un grupo para realizar una visita y abrir una investigación de los hechos denunciados. La comunidad que se encuentra a sólo unos metros de las instalaciones de la mina de San José del Progreso, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ha sido la principal afectada por este proyecto minero. Cabe recordar que el 6 de mayo del año 2009, durante el operativo policíaco-militar para desalojar pobladores que tenían tomada la entrada de la mina vieja, donde actualmente se encuentra el complejo minero San José, la comunidad de Magdalena fue agredida y reprimida por las fuerzas policíacas llegando a cateos, detenciones arbitrarias y varias decenas de personas lesionadas hasta dejar la comunidad en estado de sitio por varios días. En esta década el hostigamiento no ha cesado, la empresa tiene interés de ampliar su proyecto que abarca casi la totalidad del territorio de Magdalena.
Activistas y comuneros ocuparon lugares estratégicos en el campo deportivo Adolfo López Mateos de este pueblo mágico para el arribo y despido de López Obrador, y lanzaron: “No a la mina, sí a la vida, no a la mina, sí a la vida”.
Antes de retirarse, el Ejecutivo recogió algunos folders con información del daño al medio ambiente que pueden causar la minería, junto con la fracturación hidráulica y los megaproyectos hidroeléctricos.
En entrevista, Guillermo Rodríguez Curiel, portavoz de LAVIDA, dijo que el mandatario ha asegurado que su gobierno está en contra de la minería tóxica y el fracking, y en ese sentido pidieron que esa voluntad “la exprese” gestionando el “retiro de las empresas” que continúan trabajando y tramitando permisos en Veracruz.
“Él dijo que está en contra de la minería tóxica, del fracking y de los transgénicos y que se comprometía con los mexicanos a defender la vida. Aquí en Veracruz quieren instalar minería tóxica y le decimos: no al proyecto y sí a la vida”.
Rodríguez Curiel recordó que el pasado 24 de abril la organización formalizó una solicitud en la que pidieron que dejen de entregarse concesiones mineras en Veracruz, se cancelen las que están vigentes y que la entidad se decrete como “libre de minería tóxica”.
De los bosques que originalmente poblaron la Tierra, 80% han sido desmontados, fragmentados o degradados. Hoy en día, los bosques tropicales siguen desapareciendo en todo el planeta a un ritmo acelerado: sólo en el año de 2017 su pérdida fue el equivalente a 40 campos de fútbol por minuto, explica Frances Seymour, del World Resources Institute (WRI). Brasil, la República Democrática del Congo, Indonesia, Madagascar y Malasia sufrieron las mayores pérdidas en ese año.
Un informe intitulado “Global Forest Watch” publicado por el WRI también revela que durante el año de 2018 se perdieron 12 millones de hectáreas de cobertura forestal a nivel global. De esas 12 millones de hectáreas, casi la tercera parte (3.6 millones) eran bosques primarios, y de estos, poco más de la mitad se perdieron en Latinoamérica.
En el continente, Brasil es el país que perdió más bosques con 1,347,132 hectáreas desaparecidas en el último año. Le sigue Colombia con 176, 977 hectáreas perdidas, Bolivia con 154,488 hectáreas y Perú con una extensión de 140,185 hectáreas.
Miguel Ángel Mijangos Leal, activista e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) manifestó que la minería debería ser prohibida en México porque ya no genera inversión, pero sí mucho daño a la salud y al medio ambiente.
En un encuentro que sostuvo en la región del Istmo de Tehuantepec, Mijangos Leal explicó que el gobierno de México no atiende los problemas de salud y medio ambiente que causan las mineras, por lo que debería entenderse que la minería “ya no es un motor de desarrollo”.
“No entendemos por qué el gobierno de López Obrador le apuesta a la minería, ya no se necesitan hacer más extracciones para crear condiciones como ellos le llaman, expertos dicen que se puede reutilizar los minerales, porque en cuestión de daños y afectaciones, el gobierno de México no atiende esos daños que han causado desplazamiento forzado y males al cuerpo”.
Según datos de la REMA, hasta 2018 están concesionadas a mineras 55, 370, 777.00 hectáreas que comprende el 28.25 por ciento de territorio mexicano, las cuales están distribuidas en 4 mil 102 concesiones solicitadas, 25 mil 515 concesiones vigentes y 7 mil 788 concesiones canceladas.
El activista relató que cuando una concesión se cancela para una minera después de un juicio promovido por pueblos no significa que ya no se usará el territorio, lo que sucede aclaró es que se le quita la concesión a la empresa y queda libre a concurso de ser usada por otra empresa.
El pasado fin de semana, 59 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Zapoteco, Mixteco, Chontal, Cuicateco, Ikoots y Mixe se reunieron en Santa Catarina Lachatao y Capulálpam de Méndez para “reflexionar e intercambiar las situaciones que amenazan a nuestra madre tierra, a través de diversos proyectos extractivos que violentan nuestra forma de vida comunitaria, nuestros cuerpos, nuestra relación: con la tierra, con nuestro maíz, con nuestra agua, con nuestra espiritualidad y con nuestros territorios sagrados.” En la declaratoria del Tercer Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decidimos Sí a la Vida No a la Minería”, comunidades y 34 organizaciones, la amenaza de extinción de las abejasentre ellas Educa, coincidimos que es necesario escuchar y atender el reclamo de la madre tierra, toda vez que es ella la que nos da vida. Además coincidimos en que a pesar de la «cuarta transformación» (4T), tenemos un Estado colonialista, con doble discurso respecto a los derechos de los pueblos indígenas, y que el actual gobierno ha dejado en el olvido los compromisos para la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas como prometió en campaña, así como el reconocimiento pleno en los ámbitos constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas. Afirmamos la comunalidad como fundamento de nuestra vida y negamos el desarrollo que nos niega a nosotros. Por lo tanto, exigimos la cancelación de las concesiones mineras otorgadas ilegalmente en nuestro territorio, además rechazamos categóricamente el proyecto del Canal Interoceánico Seco que pretende realizarse en el Istmo de Tehuantepec.
Con un desfile y a través de una sesión solemne de su cabildo, Magdalena Ocotlán, comunidad indígena zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca, se declara hoy -en el marco del 100 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata- territorio prohibido para la minería: “En correspondencia con nuestra historia, queda estrictamente prohibida cualquier actividad de prospección, exploración y explotación de minerales así como de cualquier proyecto nacional o transnacional que tenga por objeto modificar o extraer los bienes naturales de nuestro territorio”, afirman. Desde 2009, Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la imposición del proyecto minero San José (en el municipio vecino de San José del Progreso) y ha exigido a las autoridades estatales y federales la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en su territorio: “Durante 10 años, la comunidad ha sufrido diversos impactos por explotación minera, caracterizados por explosiones y vibraciones durante la noche, polvo excesivo, contaminación al agua, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones”, y además en octubre del año pasado se registraron dos derrames de la presa de jales secos, por lo que el pueblo continua comprando agua ya que las conclusiones de las autoridades sobre el derrame “no proporcionan ninguna certeza sobre la posible contaminación”
Más de 40 organizaciones de la sociedad civil y organismos sindicales emitieron un pronunciamiento en el que rechazan el proyecto de corredor transístmico y el gobierno del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, por “servir a intereses de empresarios”. Denunciaron que el nuevo gobierno ha dejado su discurso de “primero los pobres” y que están engañando los pueblos con este proyecto del desarrollo en el Istmo, en que dicen que es por el pueblo cuando en realidad está sirviendo a intereses económicos.
Los varios organizaciones están parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Durante los consultas, había gente que señalaron que estes proyectos del desarrollo y modernización no ayudarán sus comunidades. Específicamente, habían mujeres indígenas que urgen por escuelas, hospitales, apoyos para el trabajo, agua potable, y exigen que su palabra sea respetada. Que los pueblos necesitan estos más de otro megaproyecto, pero nadie han sido tomadas en cuenta.
Denunciaron el proyecto, que solo es una continuación de los proyectos impulsados por los gobiernos neoliberales de antes. Se preocupen que va a despojar de tierras y aguas, daños ambientales, mayor inseguridad y la violación para los derechos de los pueblos del Istmo. Mantuvieron “que la pobreza en su región no es producto de la marginación o de la falta de inversiones, sino que es resultado del saqueo promovido por los gobiernos en beneficio de empresas trasnacionales. “ Un ejemplo es el megaproyecto eólico en que se han invertido más de 4 mil millones de dólares pero todo ese dinero no ha beneficiado a la población regional
El Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) presume que el Programa de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, del que forma parte el proyecto del Corredor Transístmico, fue autorizado por los pueblos de la región mediante una consulta realizada el 30 y 31 de marzo que cumple con los estándares del Convenio 169 de la OIT. “Se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano de acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas”, dice el PND. Sin embargo, según la convocatoria que lanzaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), las consultas se realizaron en siete municipios de Oaxaca y Veracruz, pero sólo dos están en la zona por donde pasará el Tren Transistmico: Santiago Laollaga, Oaxaca y Oteapan, Veracruz. Quedaron fuera los que se verán directamente afectados por el tren.
“Fuera de que se utiliza un discurso diferente para engañar a las comunidades no existe ninguna diferencia entre las Zonas Económicas Especiales (ZEE),” mantuvo Carlos Beas, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo. Como otros proyectos neoliberales, las comunidades preocupan que este plan va a beneficiar a empresas transnacionales, pero por ellos va a generar más violencia, inseguridad, despojos y pobreza. No solo va a afectar las comunidades indígenas en las zonas aledañas al ferrocarril porque junto con este hay planes por desarrollo de gasoductos, tendidos eléctricos, y minería. Advirtió Beas, “Sólo se pretende impulsar un proyecto maquilador, donde en el mejor de los casos los pueblos serán arrendatarios de sus tierras, nada más.”
La Comunidad Nahua de Tecoltemi, en Ixtacamaxtitlan, Puebla, ganó un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado dos concesiones ilegales. El juez determina que las concesiones violaron el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
La empresa, la canadiense Almaden Mineral, discutió en el juicio que en el municipio afectado por las dos concesiones, Ixtacamaxtitlan, no hay población indígena y por eso no tiene la protección de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT de consulta y consentimiento. Pero el juez rechaza estas afirmaciones y mantiene que la comunidad se auto adscribe al Pueblo Nahua.
El juez ordenó que “la Secretaría de Economía declararlas insubsistentes y dar una nueva respuesta a la empresa respecto de su solicitud original de concesiones, teniendo presente que se trata de territorio indígena.” También, el juez estableció que la Ley Minera falta incluyir el derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado. Eso refleja que el Congreso de la Unión ha incumplido con su obligación de adecuar los derechos a la Ley Minera. Las organizaciones involucrados continuarán con su lucha sobre este tema, para asegurar que la Ley Minera está de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales y que no permite que las autoridades pueden entregar a las empresas sus territorios sin avisar las comunidades.
Durante un bloqueo en el acceso al parque eólico “El Retiro”, diez ejidatarios fueron detenidos y desalojados con violencia por la policía estatal. Ellos rentan sus tierras a la empresa eólica “Grupo México”, propietaria del parque eólico. Con más de 35 propietarios empezaron un bloqueo para exigir una reunión con altos mandos de “Grupo México” porque la empresa no ha respetado los acuerdos del contrato firmado hace 5 años. Específicamente, que, “La promesa más importante era que daría empleo a nuestros hijos, pero no cumplió. Lo que pedimos es lo que dice el contrato, y ahora con violencia se aprovechan de nosotros, los dueños de las tierras” dijo un representativo de la comunidad.
Las familias no saben dónde están sus familiares. Los elementos de la policía estatal llegaron lunes en la mañana y, sin una orden de aprehensión, se llevaron a los manifestantes a un lugar desconocido. Los propietarios suponen que “Grupo México” solicitó ayuda ante las autoridades para el desalojo por la toma del parque eólico. Los manifestantes retuvieron una pipa de gas y una unidad propiedad de la empresa Gamesa la cual es la que se encarga de dar el mantenimiento a este parque eólico. Además, ellos mantendrán bloqueado la carretera federal Panamericana hasta que regresen sus compañeros y puedan negociar con la empresa.
En San Francisco Ixhuatán, un grupo de jóvenes de la Preparatoria Comunitaria José Martí escribió una carta para rechazar la consulta. Analizó como cada parte del consulto rompió con las reglas de sus mismos. Falta un estudio comprehensivo sobre los impactos del proyecto en la región y tampoco estuvo de buena fe o culturalmente adecuada. Pidió que todo los jóvenes exigen el Gobierno Federal para dejar de concesionar sus tierras, y “que no se dejen llevar por el sueño iluso del desarrollo que nos mata.” Les motivo a unir con diversos movimientos en sus distintas comunidades para organizar y parar cualquier proyecto de la ZEE.
Las comunidades no recibieron información sobre las fases de construcción, funcionamiento y posibles impactos negativos, solo información superficial. Carlos Beas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, explicó que “la consulta es una maniobra con el fin de imponer los proyectos de la ZEE. Para justificarlo, al mismo tiempo, preguntaron si las comunidades querían carreteras o proyectos ganaderos en sus comunidades y, la respuesta de varios pueblos fue afirmativa…No es una consulta previa, sino que es más bien un requisito administrativo, porque las licitaciones de estos proyectos ya están en camino. Esta consulta nació muerta.”
El activista Samir Flores Soberanes, opositor del Proyecto Integral Morelos (PIM), fue asesinado esta mañana afuera de su casa, en el municipio de Temoac, Morelos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el asesinato del dirigente y dijo que se trata de “un crimen vil, cobarde“.
El dirigente opositor a la termoeléctrica fue asesinado de varios balazos afuera de su domicilio. Samir Flores fue llevado a un hospital de Jonacatepec para ser atendido; pero murió en el camino. El activista se dirigía a la radio comunitaria en la que trabajaba cuando fue atacado desde dos vehículos.
El Presidente López Obrador dijo desde Monterrey: “Lamento mucho lo del asesinato de un dirigente en Morelos opositor a la termoeléctrica. Es un crimen vil, cobarde”.
Fue cuestionado sobre si por este crimen se cancelaría la consulta popular para decidir sobre la termoeléctrica. Destacó que el proceso ya ha comenzado y no descartó que el crimen haya sido cometido justo para “afectar la realización de la consulta”
“La consulta la tenemos que continuar porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea, ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla porque no sabemos con qué intención se cometió este horrendo crimen, a lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta”
El Frente No a la Minería, por un Futuro de Todas y Todos, integrado por 16 comunidades de Oaxaca, exigió del presidente López Obrador para que se revoque las concesiones mineras en sus territorios. Querían el respeto de sus derechos colectivos en la libre determinación, autonomía, y medio ambiente. El Frente demandó la cancelación del proyecto minero San José que está en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán. Y a todos las concesiones mineras en sus territorios.
También exigió una investigación imparcial y exhaustiva de responsabilidad penal y administrativa derivado de la contaminación del Río Coyote provocado por la empresa minera Cuzcatlán. Querían la reparación integral del daño a los pobladores por los impactos negativos al medio ambiente. Además, la creación de una comisión independiente con la participación de las comunidades afectadas para una auditoría ambiental, social y de derechos humanos al proyecto minero “San José”.
Finalmente, pidieron replantar el modelo económico por uno basado en el fortalecimiento de los pueblos originarios donde han manifestado su profundo rechazo al extractivismo y proyectos mineros que afectan a las comunidades indígenas y violentan sus derechos humanos.
Hace siete años, el 15 de marzo de 2012, recibimos con indignación la noticia del artero asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, agrónomo, defensor comunitario y opositor al proyecto minero “San José” en los Valles Centrales de Oaxaca.
Bernardo Vásquez iba acompañado de su hermano Álvaro Andrés Vásquez y Rosalinda Dionicio Sánchez, cuando fueron emboscados en su vehículo. Bernardo había recibido amenazas por parte del H. Ayuntamiento de San José y la empresa minera Fortuna Silver Mines, quien opera a través de su filial Cuzcatlán S.A. de C.V. las amenazas fueron denunciadas públicamente y ante las autoridades competentes, sin embargo fueron ignoradas por las autoridades federales y estatales.
Hoy, siete años después de estos lamentables hechos, la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) nuevamente enfrenta un clima de hostigamiento y amenazas en la comunidad, a partir del anuncio del Presidente Municipal de “recuperar” el palacio municipal de San José del Progreso. La COPUVO ha manifestado en diferentes comunicados y en mesas de trabajo con el gobierno estatal su preocupación en torno a este clima de violencia, nuevamente se ha enfrentado a la omisión de dichas autoridades en torno a la exigencia de justicia, reparación del daño y paz en la comunidad.
El Juzgado Primero de Distrito otorgó un amparo a los habitantes del Ejido Paso de la Reyna contra el decreto firmado el 6 de junio de 2018 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que suprime las vedas de agua y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales. Pese al fallo favorable, Paso de la Reyna presentó un recurso de revisión este 12 de marzo, pues busca “la nulidad y suspensión definitiva del levantamiento de decreto de veda”. Con el recurso de revisión presentado por la autoridad agraria del Ejido Paso de la Reyna, se busca que el caso sea remitido al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa”.
Este amparo fue dado a conocer en el marco del Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, que se celebra cada 14 de marzo en todo el mundo. El fallo también fue celebrado por las comunidades que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), que resisten al proyecto de Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina. Cabe recordar que el decreto de Peña Nieto 300 cuencas del país significa que el agua sea concesionado hasta por 50 años a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos, ya que gran parte de esas cuencas coinciden con los sitios donde se prevén esas actividades.
SANTIAGO IXTAYUTLA, Oax. (apro).- Pueblos chatinos, mixtecos, mestizos y afromexicanos advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no van aceptar ninguna consulta sobre la presa hidroeléctrica Paso de la Reyna que se pretende construir en el río Verde o Atoyac.
El vocero del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), Eloy Cruz Gregorio dijo que en breve solicitarán “una audiencia con el presidente López Obrador para saber cuál es su postura sobre la presa Paso de la Reyna ahora que está sentado en la presidencia”.
“Ya que cuando López Obrador anduvo en campaña siempre dijo que iba a respetar la voluntad de los pueblos y que iba a respetar sus derechos y no los iba a violentar, entonces, como COPUDEVER exigimos nos otorgue audiencia para saber su postura hoy en día”.
Y respecto “a la consulta no vamos aceptar ninguna consulta porque las consultas son viciadas por parte de ellos” como las que han realizado recientemente para temas importantes como el tren Maya o el caso de Huesca, Morelos.
Al insistirle sobre si el gobierno decidiera llevar a consulta el caso de la hidroeléctrica Paso de la Reyna, Cruz Gregorio dijo “podríamos aceptar una consulta con las condiciones y reglas que pusiéramos nosotros como pueblos mixtecos, chatinos, mestizos y afromexicanos”.
Las comunidades del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) que resisten al proyecto de “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina”, celebrarán este 14 y 15 de marzo el Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, por medio de la espiritualidad que practican en la cuenca del Río Verde, en la Costa de Oaxaca. Cabe recordar que el COPUDEVER organiza de forma exitosa la resistencia comunitaria pacífica contra la ejecución del proyecto “Paso de la Reina” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este Consejo se conformó en 2007 y poco después se integró al Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). El Consejo está formado por 43 comunidades de pueblos mixtecos, chatinos, negros y mestizos. Estas comunidades denuncian las violaciones de sus derechos fundamentales, principalmente el derecho a decir “No a la presa”. El COPUDEVER reitera que “el agua no es una mercancía, el agua es la vida misma, es un bien común y colectivo», y por eso, el objetivo principal del COPUDEVER es la defensa y cuidado de sus territorios, de manera especial, el Río Verde. La cuenca del Río Verde o Atoyac es la segunda más extensa del estado de Oaxaca, ocupando 20% de la superficie estatal.
100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la organización Greenpeace consideró que la política energética adoptada por el mandatario, contraviene de manera radical la lucha en contra del cambio climático y los compromisos del Acuerdo de París que él mismo ha ratificado. En un comunicado refirió que de acuerdo a una evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), las acciones que se estaban tomando desde el gobierno para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) están siendo borradas por completo para dar paso a energías altamente contaminantes. “Así, los cien días de mandato de López Obrador se cumplen en medio de una crisis climática insostenible que tiene a cientos de miles de jóvenes protestando alrededor del mundo debido a la inacción de los tomadores de decisiones; de una grave situación de contaminación atmosférica en el país que provoca la muerte prematura de al menos 17 mil personas cada año y de instituciones gubernamentales como el INECC advirtiendo que las estrategias climáticas no se están cumpliendo”, afirmó. Entre las acciones que colocan al país lejos del combate al cambio climático destaca “el plan nacional de refinación -que busca reconvertir el sistema de refinación, que hasta el momento está diseñado para procesar crudo ligero, a crudo pesado (el tipo de petróleo dominante en las reservas mexicanas) junto con la construcción de una refinería más en el municipio de Dos Bocas, Tabasco, con el objetivo de aumentar la producción de combustibles refinados a un millón 600 mil barriles diarios entre diésel y gasolina”.
PASO DE LA REYNA, Jamiltepec, Oax. (apro).– El Juzgado Primero de Distrito otorgó un amparo a los habitantes del Ejido Paso de la Reyna contra el decreto firmado el 6 de junio de 2018 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que suprime las vedas de agua y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales.
Pese al fallo favorable, el pueblo indígena chatino presentó un recurso de revisión este 12 de marzo, pues busca “la nulidad y suspensión definitiva del levantamiento de decreto de veda” y no sólo el amparo 701/2018.
Argumentan que se violaron los derechos colectivos al territorio indígena, a la consulta, al agua, al medio ambiente y al uso preferente de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas; en su sentencia, el juez no se pronunció sobre los esos derechos.
En su resolución, el juez de Distrito afirmó que “se debió garantizar el derecho a la consulta y participación en todas las fases de planeación y desarrollo de dicho decreto, en la medida que se pueda afectar la posesión y uso de las aguas de la comunidad indígena del Ejido Paso de la Reyna, y probablemente al medio ambiente sano del territorio en que habitan, así como de otros derechos esenciales para su supervivencia”.
Con el recurso de revisión presentado por la autoridad agraria del Ejido Paso de la Reyna, se busca que el caso sea remitido al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa”.
Este amparo fue dado a conocer en el marco del Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, que se celebra cada 14 de marzo en todo el mundo.
Mantienen resistencia
El fallo también fue celebrado por las comunidades que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), que resisten al proyecto de Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina.
El Copudever organiza la resistencia pacífica contra la ejecución del proyecto Paso de la Reina, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dicho consejo se formó en 2007 con 43 comunidades de pueblos mixtecos, chatinos, negros y mestizos que también forman parte del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).
Comunidades, pueblos y organizaciones de Oaxaca asentadas en lo largo del Río Verde lograron amparos que frenan la construcción de la hidroeléctrica Paso de la Reyna y en contra de la privatización del agua.
El amparo demuestra que el levantamiento de las vedas (que realizó Peña Nieto en 2018) se hizo sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos. Lograr el amparo significa que el decreto no pueda entrar en vigencia hasta que se resuelva el tema de la consulta y que ninguna persona pueda acceder a esa concesión en esa parte del río, salvo la propia comunidad, explicó Ana María García, integrante de Educa Oaxaca.
Los amparos interpuestos por el Comisariado de Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, en defensa del Río Verde como zona de reserva, señala que, para la comunidad y poblaciones aledañas, el Río Verde es “la madre de nuestras aguas, es el ser que brinda vida a nuestros pueblos”.
El 14 de marzo se realizará una rueda de prensa, convocada por comunidades y organizaciones en el ejido Paso de la Reyna, para anunciar el resultado del amparo y las acciones que emprenderán una vez recibida la notificación formal.
El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), Servicios para la Educación Alternativa (Educa) y el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) convocaron a la conmemoración del Día Internacional Contra las Presas y en Defensa del Río Verde, los días 14 y 15 de marzo del 2019.
La Asamblea Emergente Nacional ante la Violencia de Estado y la Autodeterminación de los Pueblos declaró al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador como “persona no grata en Morelos por incumplir su palabra empeñada en 2014 y del mismo modo exigimos la destitución del Delegado en Morelos Hugo Erik Flores y la atracción del caso de Samir por la Fiscalía General de la República”.
Reunidos en Amilcingo, este fin de semana, los participantes convocaron a una movilización nacional “e internacional” en Chinameca el próximo 10 de abril, pues “no permitiremos que la muerte de nuestro caudillo del sur sea insultada con la presencia de quien busca impulsar los proyectos de muerte en tierra zapatista”.
Representantes de una centena de organizaciones indígenas, campesinas y populares, así como ejidatarios y comuneros que son afectados en diversas partes del país por los megaproyectos impulsados por el gobierno federal, convocaron a luchar contra la cancelación del Proyecto Integral Morelos (PIM) y “todos los megaproyectos de despojo que se están imponiendo por el gobierno” de Andrés Manuel López Obrador.
Además, se sumaron a la exigencia de justicia para Samir Flores Soberanes, uno de los líderes indígenas más visibles en contra del PIM que incluye la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto que atraviesa toda la zona volcánica del Popocatépetl, así como el acueducto que despojaría de agua a más de seis mil ejidatarios, sus familias y las que colaboran con ellos. Este líder fue asesinado el pasado 20 de febrero, unos días antes de llevarse a cabo la consulta convocada por el gobierno federal para decidir sobre el PIM.
Colombia y México son los dos países mayor número de líderes sociales a nivel mundial, de acuerdo con el último informe de la organización Front Line Defenders, en el que se detalla que de los 321 asesinatos de defensores de derechos humanos 2018, 75 por ciento se concentró en América Latina.
De los 241 asesinatos de líderes sociales cometidos la región, 174, es decir, 54 por ciento, se concentraron en Colombia y México, con 126 y 48 defensores víctimas de homicidio en 2018.
De acuerdo con la organización, los defensores de los pueblos indígenas, la tierra y el medio ambiente fueron las principales víctimas, pues 77 por ciento de los asesinados eran líderes que trabajaban en el campo, y agregó que los asesinatos son precedidos por campañas a nivel nacional que catalogan a los defensores como “anti-desarrollo”, “anti-estado”, “traidores”, “terroristas o “criminales”.
La organización explicó que los asesinatos en América Latina se registraron en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela. En la mayor parte de la región, los asesinatos de líderes sociales están vinculados con “el conflicto entre la explotación de los recursos naturales, incluida la captura de tierras indígenas o afrodescendientes de larga data con fines de lucro privada, y los esfuerzos de los defensores de los derechos a la tierra, el medio ambiente o los pueblos indígenas para proteger el medio ambiente y sus comunidades”.
Los pueblos integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rechazaron las políticas de despojo y las consultas “ciudadanas, populares, e incluso las que se organicen bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”, en ejercicio de sus derechos de autonomía y territoriales.
Como resultado de la Tercera Asamblea Nacional del CNI y el CIG, las organizaciones denunciaron en un comunicado que las consultas que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas organiza sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el Tren Maya y el Corredor Transístmico “son una simulación para su convalidación”.
Asimismo, acusaron que el gobierno federal, al realizar sus consultas, “busca la indiferencia y a ella se dirige para preguntarle si está o no de acuerdo en la destrucción a la que viste de ‘progreso’”, y denunciaron que el nuevo gobierno profundiza el neoliberalismo y la integración al imperialismo de Estados Unidos.
Con respecto del al asesinato de Samir Flores Soberanes –opositor al Proyecto Integral Morelos e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala–, consideraron que los ofrecimientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sentaron las bases de su asesinato: “a Samir lo mató el régimen neoliberal; no sabemos si el gobierno, si los empresarios, si sus cárteles delincuenciales, o, si los tres juntos”.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG) calificaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como la “continuidad” de los gobiernos neolibeales, desde Miguel de la Madrid, quien empezó la verdadera “Cuarta Transformación”.
Es más, subrayaron, el actual gobierno “profundiza el neoliberalismo” y la Cuarta Transformación” sigue el mismo camino de sus tres predecesoras, “aunque con más brutalidad y cinismo si posible fuera”.
Acusaron que, con sus “consultas simuladas”, el nuevo gobierno sólo pretende imponer los megaprpoyectos en todo el país y le apuesta al exterminio de todos los pueblos originarios.
Desde la Tercera Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, donde participan los pueblos ayuuk, binizza, chinanteco, chol, chontal, guarijío, maya, mayo, mazahua, mazateco, mixteco, nahua, nayeri, otomí, popoluca, purépecha, raramuri, tepehuano, tlapaneco, tojolabal, totonaco, tzeltal, tsotsil, wixárika, yaqui, zoque y quichua (Ecuador), los indígenas rebeldes lamentaron y condenaron la muerte de Samir Flores en Morelos quien luchó hasta el último momento de su vida contra la termoeléctrica de Huexca.
Acusaron que el gobierno del tabasqueño ofrece a los empresarios poner a su disposición la tierra con la supuesta nueva Ley de Desarrollo Agrario, para terminar de desmantelar la propiedad y organización colectivas, llamando “desarrollo” al “robo descarado y a la destrucción”, amenazando militarmente a los pueblos con su Guardia Nacional y reconfigurando el país.
Lo que arriba llaman “transformaciones”, abundaron, para los pueblos originarios siempre ha significado que ellos ponen los muertos “en función de los intereses de las oligarquías y de los que tienen el poder, que son cada vez más poquitos y grandes, que no dejan de vivir de la opresión, explotación, y destrucción por los mismos de siempre”.
Sara Méndez, Carmen Santiago Alonso, María Isabel Jiménez López y Guadalupe Ramírez son cuatro mujeres defensoras de los derechos humanos y de la tierra y territorio en Oaxaca, no son sumisas y tampoco tienen miedo pero sí les preocupa el alto grado de violencia, vulnerabilidad y criminalización que actualmente viven por resistir contra megaproyectos y un gobierno que maneja un discurso que busca desprestigiar la defensa social.
Según el informe “Bajo ataque, los derechos humanos en Oaxaca”, dado a conocer el año pasado por organizaciones sociales y que fue elaborado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) ante la ONU, el estado de Oaxaca se encuentra entre los tres primeros lugares del país en ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y en primer lugar en el caso de mujeres defensoras.
Las defensoras oaxaqueñas aseguran que en ningún momento son un peligro para la paz social, pues cada una desde sus espacios ha contribuido por años en la vida social, en el caso de Sara Méndez, es coordinadora de la organización civil Código DH y defensora de los derechos humanos, su labor es brindar acompañamiento a grupos y personas que defienden la tierra y el territorio y también los que viven tortura.
Aunque la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) no ha presentado algún informe, un estudio preliminar elaborado por una organización civil confirma que el derrame de la presa de jales de la mina La Trinidad, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, contaminó las aguas del río El Coyote, que se esparcieron a un retén y a La Ciénega, donde se encuentra el principal pozo de esta comunidad zapoteca de los Valles Centrales.
Por esta razón, la autoridad municipal aún mantiene la prohibición de usar el pozo decidida desde octubre del año pasado, cuando se registró la dispersión de contamianntes procedentes de San José del Progreso, donde se encuentra el yacimiento de oro y plata en explotación; desde entonces se decidió que la población no consuma el agua entubada, hasta en tanto la Profepa no presente un informe y se determine el tipo de sustancias derramadas por la presa de jales.
De acuerdo con el estudio de la organización civil en el análisis aplicado al río, en el retén y el pozo se encontró aluminio, fierro y manganeso en altos niveles y en menor proporción de bario, sodio y plomo, así como escasa de arsénico, cadmio, cromo, cobre mercurio y zinc.
“A nosotros, nos preocupan estos resultados, porque evidencia la contaminación que no ha querido reconocer la Profepa”, afirmó el síndico municipal Efrén Sánchez Aquino.
Aunque de por sí, la autoridad municipal y la población desconfían en la Profepa, porque acudió tardíamente a recoger muestras de la contaminación, a pesar de la evidente corriente de agua color blanco y las manchas dejadas en la tierra y en la hierba.
Después de casi 20 años de disputas, un grupo de aldeanos nahuas podría hacer historia este mes en México cuando un tribunal falle en una disputa por tierras en la que está involucrada una minera canadiense.
Un abogado de los pobladores de Tecoltemi, en el estado de Puebla, en el centro de México, dijo que era la primera vez que un tribunal decidía si la legislación minera del país, que da prioridad a las actividades mineras sobre otros usos de la tierra, era constitucional.
Los casos anteriores solo habían reconocido el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, dijo Itzel Silva, del Fundar Centro de Análisis e Investigación, una organización sin fines de lucro en México.
Durante un siglo, México ha otorgado a los indígenas títulos legales sobre tierras ancestrales, pero muchas veces han visto cómo se les ha otorgado derechos a esas tierras a empresas mineras después de que el gobierno le dio prioridad a la minería en la década de 1990, dijeron los abogados.
El caso, que se escuchará en un tribunal federal de Puebla, se refiere a dos concesiones otorgadas a Minera Gorrion, una subsidiaria local de la canadiense Almaden Minerals, que ha provocado divisiones entre los aldeanos al tiempo que enfrenta a algunos contra la compañía.
La demanda se presentó contra el Ministerio de Economía, que es responsable de la minería, en nombre de algunos aldeanos, quienes dicen que la actividad de exploración en los depósitos de oro y plata ha contaminado las fuentes de agua locales.
Comunidades indígenas interpusieron una decena de amparos ante jueces estatales de Morelos, Tlaxcala y Puebla contra la construcción y operación de las dos termoeléctricas, el gasoducto y el acueducto que integran el Proyecto Integral Morelos (PIM), señaló Juan Carlos Flores Solís, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA).
Flores Solís explicó que la comunidad de Huexca, donde se encuentra una de las termoeléctricas del PIM, consiguió la suspensión definitiva luego de que presentó un amparo para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se abstenga de descargar aguas contaminadas en el río Cuautla, así como una suspensión provisional contra el ramal del gasoducto que iría de la termoeléctrica del lugar a empresas con sedes en Cuautla y Cuernavaca.
“Hemos visto durante todo este tiempo que está la mano del gobierno sobre los juzgados, eso provoca que se retrase la justicia, pero al final van cayendo las sentencias, tarde o temprano, en favor del pueblo”, indicó Flores.
Pobladores de Anenecuilco también lograron la suspensión definitiva a través de un amparo para evitar que la CFE llevara el agua de riego de la comunidad a la termoeléctrica de Huexca, mientras que los habitantes de Atlixco, en Puebla, ganaron un amparo para que se consulte a los pueblos y se revoque la licencia de construcción del gasoducto.
Ante las manifestaciones que se han desatado por la muerte de Samir Flores Soberanes, líder natural del estado de Morelos, los integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), han informado que en la Mixteca están en riesgo más de 60 mil hectáreas, las cuales puede ser explotadas por empresas extranjeras en esta demarcación.
Misael Velásquez Tadeo, líder de MAIZ en Huajuapan, dijo que la zona que más peligra es la de San Miguel Amatitlán, San Jerónimo Silacayoapilla y Ayuquililla, en donde empresas de origen canadiense han mostrado su interés para extraer oro, zinc y cobre.
“Esto viene muy fuerte, no hay ningún cambio respecto a esta decisión, se van a seguir impulsando este tipo de acciones, incluso existe un proyecto eléctrico que pasaba por el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y Morelos, la súper vía área, la cual atravesaba comunidades de la Mixteca; tenemos entendido que hasta este momento está suspendida temporalmente”, recalcó.
Manifestó que gracias a las protestas que han mantenido los militantes de MAIZ en el Istmo de Tehuantepec, este proyecto fue suspendido; sin embargo, este puede ser reactivado en cualquier momento y se puede afectar a las comunidades indígenas, por lo que siguen en la lucha para saber qué va pasar con esta acción.
Dos académicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y de la Montfort University hicieron un mapeo de los conflictossociambientales en México generados a partir de proyectos mineros y energéticosdurante los últimos doce años. Lograron detectar más de 879 conflictos distribuidos en casi todo el país.
Gisela Zaremberg (de Flacso) y Valeria Guarneros-Meza (de la inglesa Montfort University) revisaron un total de 964 notas periodísticas para crear cuatro diferentes mapas: de los conflictos por proyectos mineros; por proyectos eólicos; por campos petroleros; y por gasoductos.
CONFLICTOS POR PROYECTOS MINEROS
Las académicas hallaron un total de 879 conflictos: 374 por minería; 188 por hidroeléctricas; 127 por campos petroleros; 116 por eólicas; y 74 por gasoductos.
Los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán.
El documento detalla que en los conflictos derivados por proyectos de minerías, las empresas más involucradas son: Grupo México (con 30 casos registrados); Ternium (con 25); Goldcorp Inc (con 22); Grupo Frisco (con 18); Almaden Minerals Ltd (con 17); Minera Autlán (con 13); First Majestic Silver Corp (con 12); y Escellon Resources Inc (con 10).
Las académicas hallaron también que en 28 conflictos por minería, que involucraron a 14 proyectos diferentes, estuvo involucrado el crimen organizado. Los casos se registraron en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Sonora y Chihuahua.
Para revisar los conflictos por este tipo de proyectos, las académicas revisaron 463 notas periodísticas sobre el tema. Y de los 374 reportes de conflictos hallados, se involucra a un total de 134 proyectos.
En sesión de Cabildo Municipal se declaro el territorio de Santo Domingo Zanatepec como territorio libre de minería por el periodo 2019 – 2021, en esta sesión la Presidenta Municipal señalo que no autorizará proyectos de este tipo, por afectar a la salud y la producción agropecuaria del municipio.
en Zanatepec la empresa canadiense Minaurum Gold pretende llevar a cabo el proyecto Santa Marta, que abarcaría unas 30 mil hectáreas en las comunidades La Cristalina, San Antonio y Sol y Luna, en San Miguel Chimalapa, y de Zanatepec, con cinco títulos mineros para extraer a cielo abierto cobre, oro y plata, lo que afectaría ríos y arroyos, además de parcelas de sorgo, maíz, melón, sandía, ajonjolí, frijol y mango.
Esta declaratoria fue respaldado por organizaciones locales que desde hace varios años están sensibilizando a la población sobre los impactos que traería la minería, y en reiterados ocasiones han realizado denuncias en el tema.
El Juzgado Cuarto de Distrito dio entrada a la demanda amparo que presentó la comunidad indígena chontal contra la empresa Minera Zalamera, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc., y concedió la “suspensión de plano” que impide la exploración y explotación en su territorio.
Así lo dio a conocer la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio (APCHDT), que promovió un juicio de amparo en contra del título de concesión minera número 238447, otorgada por la Dirección General de Minas de la Secretaria de Economía a la Minera Zalamera S.A de C.V.
Detalló que el pasado 18 de diciembre de 2018, la comunidad indígena de Santa María Zapotitlán, Ecatepec, perteneciente al distrito de Yautepec, Oaxaca, promovió el juicio de amparo, mismo que le concedieron.
El Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en el estado de Oaxaca, dio entrada a la demanda bajo el número 1208/2018 y concedió la “suspensión de plano, a efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se lleven a cabo actos que puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios al núcleo de población comunal quejoso”.
Las comunidades indígenas chontales que integran la Asamblea y Tequio Jurídico consideran que este acuerdo emitido por el tribunal es un paso importante en la defensa de su territorio, ya que dicha concesión fue impuesta.
Aunque el derrame de la presa de jales de la mina La Trinidad, propiedad de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines ha disminuido, sobre el cauce del río El Coyote la contaminación se ha esparcido en tierras de cultivo, en un abrevadero y en una zona de recarga de acuíferos, donde se encuentra el principal pozo de agua potable que abastece a esta comunidad zapoteca de los Valles Centrales.
El fuerte olor a azufre que ronda por la corriente de agua color blanca, procedente de San José del Progreso, donde se encuentra el yacimiento de oro y plata en explotación, y las manchas dejadas en la tierra, en los sedimentos y en la hierba, hacen suponer a los pobladores que su territorio se ha infestado de químicas tóxicos.
Ante esto, como una medida emergente para atender esta eventualidad, la autoridad municipal decidió suspender temporalmente el suministro de agua potable y pidió a los habitantes no consumir el líquido, mientras se conoce el tipo de sustancias derramadas de la presa de jales.
El río El Coyote constituye la principal fuente de recarga de los mantos acuíferos del paraje La Ciénega, donde se localiza el pozo de agua para uso humano, a no más de cinco metros de distancia.
Integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, denunciaron el abandono de las dependencias gubernamentales que tienen la obligación de acompañarlos en las etapas que conforman la Consulta indígena que se promueve en los Valles Centrales.
En presencia de organizaciones sociales y civiles, así como de las autoridades municipales de los 16 municipios que participan en este proceso de consulta, fueron testigos de la presentación de un informe de la etapa consultiva que presentó el Colectivo.
Los representantes de las comunidades informaron que se invitaron a funcionarios de las dependencias que han vigilado esta actividad, como la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa), Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretarían de Asuntos Indíegenas (SAI) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El informe contiene el proceso de consulta indígena y consentimiento previo, libre e informado sobre la modificación del decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como valle de Oaxaca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1967.
Sin embargo, aunque recibieron invitación en tiempo y forma no se presentaron los representantes de estas dependencias, por lo que consideraron que esto corrobora el patrón de violación a derechos por parte de las instituciones del gobierno federal y estatal que ha sido permanente durante todo el proceso de consulta indígena.
Se informó que en la etapa consultiva que inició en febrero del 2017, como observadores se han constituido en al menos 10 actividades (asambleas, mesas de trabajo y reuniones), sin embargo, los representantes de estas dependencias han mostrado en su participación, irregularidades en su asistencia y cambios en el personal que han dificultado los compromisos, y en general, el desarrollo de las actividades y compromisos previstos.
Exigieron a los responsables de estas dependencias, subsanar las violaciones a los derechos de las comunidades consultadas, identificadas desde la etapa informativa a la etapa consultiva, reiterando que no hacerlo ´pondría en riesgo todo el proceso de Consulta Indígena:
Como invitado, acudió Adelfo Regino Montes, propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador como titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien recibió el informe.
«Vamos a trabajar por el respeto al derecho a las tierras, territorios y recursos naturales de nuestros pueblos», apuntó Regino Montes, tras reunirse con las asociaciones civiles que por años han luchado por defender sus recursos naturales.
En la sierra mazateca, donde hace 124 años nació la sacerdotisa María Sabina, 86 mil hectáreas se encuentran en la indefinición, a merced de los notarios públicos, porque nunca se promovieron acciones agrarias, de manera que las tierras podrían ser enajenadas para que las transnacionales impongan megaproyectos.
Así lo destacó el Colegio Oaxaqueño de Abogados y Profesionistas en Materia Agraria, al resaltar que 11 de los 19 municipios de la región enfrentan esa problemática, toda vez que existe ocupación y posesiones, pero los habitantes no cuentan con la documentación idónea para respaldarse como ejido, bienes comunales o propiedad privada.
De acuerdo con los integrantes del colegio, en Oaxaca –donde 65.7% de la población (2 millones 607 mil 917 habitantes) se considera indígena– conviven 16 grupos originarios: mixteco, amuzgo, chinanteco, triqui, chocholteco, ixcateco, popoloca, náhuatl, cuicateco, mixe, zoque, huave, chontal, zapoteco, chatino y mazateco, pero este último es el más abandonado.
Los “Ha shuta enima”, que en lengua mazateca significa “los que trabajamos el monte, humildes, gente de costumbre”, fueron desplazados en 1950, cuando se construyó la presa “Miguel Alemán”, y actualmente se calcula que cuenta con una población de 164 mil 673 hablantes.
José Servién Bolaños, Anabel Díaz Cruz, Magdiel Hernández Caballero, Carlos Moreno Derbez y Heraclida Pérez Espino, integrantes del Colegio, destacaron que a los exgobernadores Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué Monteagudo, así como al actual mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa, les pidieron atender el conflicto de manera profesional, para que haya un ordenamiento y certeza en la tenencia de la tierra, pero hasta ahora no han sido escuchados.
Y, mientras, la zona mazateca se encuentra en la indefinición total porque “no son ni ejidos, ni comunales, ni pequeñas propiedades; los campesinos no tienen nada en qué basarse para resolver su problema”.
Mencionaron que alguna vez el Colegio propuso un programa de ordenamiento de las 86 mil hectáreas, porque ni siquiera son bienes nacionales, más bien se trata de bienes abandonados, de manera que están a merced de los notarios o de cualquier institución que quiera regularizar, y lo harían de manera parcial porque no hay certeza jurídica de los poseedores.
“Llevamos tres intentos de propuesta, pero se necesita una reforma a la Constitución local para darle efectividad al asunto agrario, pero a los gobiernos de diferentes colores no les interesa y eso nos mantiene sumidos en un conflicto agrario”, subrayaron.
De acuerdo con la radiografía de la conflictividad agraria en Oaxaca, la entidad está dividida en 570 municipios y mil 500 núcleos agrarios, de los cuales 856 son ejidos y 754 bienes comunales, y persisten 350 conflictos agrarios.
Por otra parte, de las 9.3 millones de hectáreas que conforman el territorio de Oaxaca, solo 7% es propiedad privada y 10% está en la indefinición, porque nunca se promovieron acciones agrarias, principalmente en las regiones mazateca y mixteca.
El reciente fallo que la Corte Suprema de California emitió contra Monsanto podría bien resumir 17 años de lucha de las comunidades oaxaqueñas de la Sierra Juárez.
Y es que los campesinos se rebelaron desde 2001 contra el uso de transgénicos de esta empresa en la entidad, condenando el daño a la tierra y a la salud humana provocado por los productos de Monsanto.
Ni las autoridades gubernamentales ni federales les respaldaron en su lucha y, por el contrario, permitieron la entrada silenciosa de los transgénicos.
Sin embargo, los jueces del Estado de California, partiendo de una proceso legal que un ciudadano americano inició contra Monsanto, dio la razón a los campesinos oaxaqueños y asentó que los productos de esta empresa, en efecto, son dañinos.
Lucha y silencio
El Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) refiere que en los últimos 30 años, México se ha invadido de productos transgénicos.
En 2004, se creía que Agroproductos Monsanto, empresa que ahora forma parte de Bayer, expandía su producto sólo en 24 estados del país, que era donde tenían autorización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Sin embargo, desde 2001, un grupo de científicos oaxaqueños e investigadores de la Universidad de Berkeley descubrieron semillas de maíz transgénico en Ixtlán; Guelatao; Santa María Jaltianguis y Capulálpam.
Desde ese entonces, los campesinos y habitantes se pronunciaron en contra de Monsanto, pero las autoridades hicieron caso omiso.
En 2013, 53 científicos y 22 organizaciones interpusieron una demanda colectiva contra la Sagarpa y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y exigieron detener los permisos para siembra de maíz transgénico.
El efecto dañino a la salud humana, su inocuidad; sus efectos en el medio ambiente, en el desarrollo evolutivo y la infertilidad de la tierra fueron algunas de las razones.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene «suspendida» la siembra y comercialización de los productos de Monsanto; en la bolsa de trabajo Bumeran se puede ver que esta empresa sigue firme en Oaxaca, pues desde hace 41 días busca un Supervisor de Transformación Agrícola para laborar en la entidad.
El pasado viernes 3 de agosto, como parte de su política de puertas abiertas para que las organizaciones sociales, grupos organizados, escuelas y comunidades conozcan la operación de Minera Cuzcatlán, el Grupo de Mujeres Empresarias y Constructoras del Estado de Oaxaca OMEC, realizaron un recorrido por las principales áreas operativas de la empresa.
Durante el recorrido, las mujeres emprendedoras conocieron de manera directa lo adecuado en las condiciones de seguridad, tecnología, trato a los trabajadores y principalmente el uso responsable de los programas ambientales en la unidad minera San José.
Al bajar y conocer el interior de la mina, son ellas las que han referido que Minera Cuzcatlán no obtiene de corrientes o yacimientos subterráneos el agua para las operaciones en la mina.
Como parte del testimonio Lucía Hernández Pérez de la Comunidad de Tamazulapam del Espíritu Santo, de la Región Mixe, comentó que este tipo de visita ayuda a promover un cambio paradigma de lo que se piensa sobre la minería en el estado, además de resaltar la labor social que la empresa realiza en la comunidad mediante programas educativos y de participación de las mujeres en los proyectos productivos que proveen productos y servicios la mina.
Mediante la visita a la planta de procesos, se aclararon dudas respecto al uso de sustancias nocivas para la separación del mineral, además de comprender que durante el proceso industrial se usa un circuito cerrado en el uso de agua lo que evita se desperdicie.
Isaura Janeth Granado Ordoñez presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Constructoras del Estado de Oaxaca, señaló en entrevista la importancia de que en el estado de Oaxaca existan inversiones que generen derrama económica, haya inclusión para los jóvenes y principalmente para las mujeres, que es el fin que buscan como organización.
La vista finalizó en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ocotlán de Morelos, en donde comprendieron el papel que la empresa ha jugado para rehabilitar esta planta y obtener el agua para sus operaciones sin afectar a las comunidades, compartiendo el agua tratada con el municipio y resolviendo problemas de salud y contaminación en Ocotlán y los pueblos vecinos.
Las masacres ocurridas en la entidad este año, con un saldo de por lo menos 31 muertos, “no son hechos aislados”, sino el resultado de una inexistente política pública del actual gobierno y la falta de atención y de respeto a los derechos humanos.
Así lo afirmó el Colegio Oaxaqueño de Abogados y Profesionistas en Materia Agraria al fijar un posicionamiento por el conflicto de tierras en la entidad, y criticó el argumento del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en el sentido de que las muertes derivadas de esa disputa son hechos aislados o no representan problema significativo para la gobernabilidad.
“Los antecedentes y rasgos del conflicto demuestran lo contrario”, subrayó.
Tampoco aceptó el argumento de que el conflicto agrario es materia federal, porque “la experiencia demuestra que ésta es una respuesta basada más en formalidades que en la disposición para realizar un trabajo preventivo. En la práctica esto ha conducido no a la solución, sino a la administración de los conflictos agrarios”.
El Colegio señaló lo anterior en respuesta a las declaraciones que hizo Murat Hinojosa el pasado 18 de julio, cuando calificó como un “hecho aislado” la masacre perpetrada dos días antes en el paraje Cerro de Cara. En esa ocasión, 13 comuneros de Santa María Ecatepec fueron emboscados y asesinados por sus vecinos de San Lucas Ixcotepec.
Al término de la ceremonia por el 146 aniversario luctuoso de Benito Juárez, el gobernador se lavó las manos y responsabilizó a otras instancias por no tomar cartas en lo referente a las disputas por territorio en la entidad:
“Desde la perspectiva legal y jurídica, quiero dejar en claro que son otras instancias las responsables (y) tanto la Procuraduría Agraria como el Tribunal Agrario deben sumar soluciones”.
El pronunciamiento firmado por el presidente del Colegio de Abogados, Carlos Moreno Derbez, y la secretaria Heraclida Pérez Espino, hace referencia a los 350 conflictos agrarios que persisten en la entidad, y destaca “la indignación por los acontecimientos suscitados en Santa María Ecatepec con San Lucas Ixcatepec, pero también con otros 10 más de reciente emergencia y que serán dados a conocer en su momento”.
De acuerdo con el Colegio, en los asuntos relacionados con el territorio y la propiedad de las comunidades agrarias es necesaria la atención permanente con sentido de justicia social y respeto a los derechos humanos colectivos.
De igual manera, reconoció el trabajo de los visitadores, conciliadores, abogados, líderes agrarios y los comisariados de núcleos agrarios, sin embargo, consideró que “los esfuerzos por lograr la conciliación basándose en el potencial demostrado en múltiples casos responden más a la voluntad de las partes que a la disponibilidad de las dependencias que deben intervenir en el problema”.
Además, reconoció la importancia del registro documental o la existencia de minutas, trabajos técnicos informativos de carácter topográfico y otros documentos sobre el ejercicio conciliatorio, sin embargo, negó que sea la cantidad de esos documentos el indicador de que un conflicto está en vías de solución.
El Colegio de Abogados y Profesionistas en Materia Agraria se pronunció por la creación de una instancia única de atención a través de una Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Agrario, modificando el artículo 91 de la Constitución Política del estado de Oaxaca, iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados desde hace 10 años.
El trato del conflicto agrario y territorial en el contexto de la presencia de los pueblos indígenas debe trabajarse colegiadamente mediante un consejo agrario, recalcaron.
Aunque el Colegio ha propuesto una serie de modificaciones constitucionales y reglamentarias de la administración pública estatal, éstas no han sido valoradas por el Poder Legislativo local por falta de voluntad política.
El conflicto entre pescadores de la agencia Pueblo Viejo de San Francisco del Mar y el intento de imposición de un megaproyecto eólico en esa comunidad del Istmo ha dejado como saldo quema de viviendas, bloqueos y cortes de energía eléctrica. Este martes en la madrugada finalizaron las negociaciones entre habitantes de Pueblo Nuevo y autoridades de la Secretaría General de Gobierno (Segego), sin embargo no mostraron tener resultados. El pasado miércoles, un grupo de habitantes y autoridades de Pueblo Nuevo incendiaron las casas de un grupo de pescadores que se oponen a ceder el derecho de explotación de sus tierras. Como respuesta a la quema de sus viviendas, los pescadores bloquearon el camino que conduce a la agencia de Pueblo Viejo, y les cortaron el suministro de energía eléctrica.
El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://oaxaca.quadratin.com.mx/escala-conflicto-en-san-francisco-del-mar-por-proyecto-eolico/
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SAN PABLO GÜILÁ, Santiago Matatlán, Oax.- Por acuerdo de las asambleas general y ejidal, esta comunidad indígena zapoteca dio un no a la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, que pretende explotar una mina de oro en su territorio, ante la contaminación que causará al medio ambiente, especialmente en la tierra y en el agua, por dedicarse casi por completo a la agricultura.
Aunque también está en desacuerdo porque la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal asignó la concesión denominada Reducción Tlacolula 2 en el 2009, sin su consentimiento previo.
Inicialmente, la SE otorgó la concesión a la empresa Geometales del Norte S. A. de C. V. (Geonorte), después de que la Dirección General de Minas, declarara la libertad del terreno abandonado por lotes mineros.
Sin embargo, Fortuna Silver Mines se apropió posteriormente de su titularidad, por ser junto con Minerales de Oaxaca S.A. de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., una de sus empresas filiales.
Esta autorización, registrada con el número 233392, abarca 12 mil 642 hectáreas de tierras pertenecientes no solamente a San Pablo Güilá y sus núcleos agrarios Rancho El Colorado, Tierra Blanca, Rancho Blanco y San Felipe, sino también a las comunidades indígenas zapotecas vecinas, San Baltazar Chichicapan, San Dionisio Ocotepec y San Nicolás Yaxe, entre otras.
De esta manera, la compañía canadiense empezó en el 2013 los trabajos de exploración en el paraje Lom Ru Min (Boca de la Mina), para constatar la existencia de yacimientos de oro.
El descubrimiento
Ante el hallazgo, los habitantes se preocuparon porque no tenían conocimiento de la presencia de la minera, ni habían otorgado su permiso para que hicieron trabajos en sus tierras.
“En ese año, hubo dos asambleas del Comisariado Ejidal, donde se discutió esta situación y se determinó que no se aceptaría la mina”, contó Carlos López Gómez, presidente de la mesa directiva de la primera sección, una autoridad tradicional que auxilia a la autoridad municipal constitucional.
Sin embargo, no todo quedó ahí, porque también fue destituido el secretario del Comisariado Ejidal, Juan José Santiago Pérez, por tener supuesta relación con la empresa.
“Eso fue lo que se dijo, pero no fue cierto. El secretario, que es mi hermano, tenía información de la mina por el cargo, pero no estaba convenciendo a que se aceptara o algo así”, señaló.
Después de esto, Fortuna Silver Mines dejó de intentar ingresar a esta comunidad zapoteca hasta principios de este año, a través del cabildeo del entonces secretario de Asuntos Indígenas de la administración estatal, Francisco Montero López.
“Fuimos la autoridad municipal y las mesas directivas a una reunión, el 26 de abril, a la Ciudad Administrativa. Ahí nos pretendió convencer que habláramos con el representante de la minera canadiense Javier Castañeda y su abogado, Antonio Martínez, porque tenían interés en la extracción de oro”, apuntó.
Obra pública, negocio privado
Para convencer, el funcionario ofreció que Fortuna Silver Mines, a cambio de la autorización para la explotación minera, apoyaría a San Pablo Güila con la pavimentación de calles y el mejoramiento de las escuelas, así como de la introducción de la energía eléctrica y el drenaje.
“Eso fue lo que propuso, a pesar de ser una institución que está para defender los derechos de los pueblos indígenas. Pero, no se aceptó y mejor le pedimos que se vieran otras opciones de apoyo, especialmente la producción del campo”, añadió.
Sin embargo, en la comunidad se generó una gran desinformación y surgieron rumores sobre que la autoridad municipal había otorgado la autorización a la compañía canadiense. Y fue así, que el agente municipal, Víctor Hernández Gómez fue destituido en asamblea general, el 17 de junio pasado, y reemplazado por el actual, Inocente Antonio Melchor.
“Se mal interpretaron las cosas, no fue así, no hubo ningún permiso a la minera, por el contrario, fue un no rotundo, por todas las consecuencias que puede originar en el medio ambiente”, indicó.
Aunque, la empresa minera no ha dejado de presionar a la comunidad, porque casi todas las noches sobrevuelan drones (vehículos aéreos no tripulados), para aparentemente hacer estudios de prospección.
“Muchos ciudadanos los han visto volando a gran altura en el territorio, pensamos que era algo aislado, pero no, vuelan seguido a la media noche. Pero la decisión del pueblo ya está tomada, es un no rotundo”, refirió.
Tomate, el oro rojo
SAN PABLO GÜILÁ, Santiago Matatlán, Oax.- “Desafortunadamente ciertas personas, algunos ciudadanos, entendieron mal la información, sobre nuestro rechazo a la propuesta de la mina que hizo el secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Montero, y así me destituyeron.
Fueron comentarios sin sustento, que yo estaba detrás de la mina, que había vendido concesiones, cuando todo fue al revés. De esa reunión hay documentos donde se dio un no a la mina, porque contaminará el agua y a la producción de tomate que tenemos y que incluso ha detenido la migración a los Estados Unidos.
Dependemos del agua y en ocasiones es escasa cuando no llueve. El funcionario nos dijo que íbamos a tener oro, pero le respondí que ya teníamos oro rojo con el tomate”: Víctor Hernández Gómez, ex agente municipal.
Después de manifestarse con una marcha hasta la casa de transición, los pueblos de Atenco presentaron los resultados de su propio dictamen, en el que se insiste en que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) no debe construirse.
“Estamos convencidos de que el proyecto debe cancelarse y podemos defender esa posición, con argumentos técnicos y científicos, frente a quien sea. Por eso, proponemos un proceso de diálogo públicoen que se puedan confrontar nuestros argumentos con los de aquellos que están de acuerdo con la continuación del NAIM”, pidió América del Valle al dar lectura a un comunicado con la posición de los pueblos de ese frente.
“Estamos en condiciones para debatir con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), con los empresarios que serían beneficiados del proyecto (Slim, Hank Rohn, ICA, etc.) con el gobierno de Peña Nieto, con las mineras que devastan nuestros territorios y con todos aquellos que defienden el NAIM, sean organizaciones y gobiernos. Podemos debatir con ellos en cualquier sede, ya sea que se trate de un centro de convenciones y en nuestras comunidades”.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Pueblos Unidos contra el Nuevo Aeropuerto criticó que el equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se ha sentado a platicar con las comunidades afectadas por las obras ni con otros ciudadanos inconformes, como sí lo ha hecho con los empresarios.
El Gobierno mexicano y las empresas “siembran” células del crimen organizado en distintas partes de la República Mexicana –especialmente en comunidades indígenas– en donde existe oposición a la instalación de megaproyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros y carreteros, denunció Daniel Zúñiga Maldonado, vocero Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA–MN), cuyos miembros han sido blanco de amenazas, hostigamiento, criminalización e incluso asesinato en los últimos meses.
El domingo pasado, durante la primera audiencia pública del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, en Cuetzalan del Progreso, Puebla, líderes indígenas y rurales de Chiapas, Nayarit, Estado de México y el estado anfitrión, alertaron que la presencia de grupos criminales ha provocado el desplazamiento de pobladores para facilitar los planes de la Reforma Energética.
Los inconformes expusieron ante abogados del Tribunal algunos casos en los que se ha pretendido dar paso a megaproyectos que, además de dañar el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes, pasan por encima de sus derechos al territorio, a la libertad de expresión, a la autodeterminación de los pueblos, al consentimiento y a la consulta previa, libre e informada.
Comunidades indígenas y organizaciones civiles someterán a “juicio popular comunitario” a empresas extractivas nacionales e internacionales, así como al Estado mexicano, por las 322 concesiones otorgadas para 41 proyectos mineros en Oaxaca, sin consultar a pueblos originarios.
El juicio popular comunitario se realizará los días 11 y 12 de octubre próximo en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces internacionales y peritos expertos en minería, con el propósito de articular las resistencias.
De acuerdo con los pueblos afectados, esos proyectos mineros han ocasionado división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares, además de graves impactos ambientales y a la salud de la población.
En un comunicado destacaron que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos, de los cuales 41 se encuentran en el estado de Oaxaca.
“Ante las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras)”, subrayaron.
En una conferencia de prensa realizada frente al templo de Santo Domingo, los representantes de aproximadamente 60 comunidades y más de 30 organizaciones sociales reiteraron la necesidad de articularse entre los pueblos “para exigir el respeto a nuestros derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales”.
Explicaron que en el juicio popular se recibirán las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios, y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto.
Durante el mes de Julio del año 2018, tres defensores de la tierra y el territorio han sido asesinados en el Estado de Oaxaca. Con ellos, suman al menos 13 desde el principio de la actual administración (diciembre del 2016) con la mitad de los homicidios ocurridos en lo que va de del 2018.
Mientras el gobierno del priísta Alejandro Murat se jacta en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de estar promoviendo el desarrollo social y económico, la seguridad y la sustentabilidad, la entidad se ha convertido en uno de los estados más inseguros del país para quienes son defensores de los derechos de los pueblos.
“Los ataques del Estado a defensoras y defensores de derechos humanos han aumentado significativamente en Oaxaca, tanto en frecuencia como en el nivel de violencia empleado”, denuncia el informe ciudadano Bajo ataque, los Derechos Humanos en Oaxaca 2013-2018.
El martes 17 de Julio, aproximadamente a las once y media de la mañana, hombres fuertemente armados y vestidos de militares secuestraron a Abraham Hernández Gonzales en la comunidad de Salchi, San Pedro Pochutla. Después de varias horas, quien se desempeñaba como coordinador local del Comité Por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), fue localizado sin vida cerca de la misma comunidad.
El crimen del activista se suma a la ejecución de otros tres integrantes del CODEDI ocurrida el 12 de febrero pasado, en la carretera 175 Oaxaca-Puerto Ángel. Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez, fueron emboscados a balazos después de una reunión con el gobierno del estado. Abraham Ramírez Vázquez sobrevivió al ataque.
“Estamos seguros que el trasfondo de toda esta violencia contra CODEDI y los pueblos de la región es el proyecto de construcción de tres presas hidroeléctricas en el Río Copalita, llamados “Copalita” “Alemania” y “San Miguel” por parte del gobierno federal y del estado”, denuncia CODEDI, sobre el plan para instalarlas en el municipio de San Miguel, donde la asamblea comunal rechazó la entrada de la Comisión Federal de Electricidad.
Al menos un muerto dejó un enfrentamiento entre las comunidades de San Juan Bosco Chuxnaban y San Miguel Quetzaltepec, en la sierra mixe, derivado de un conflicto agrario y las participaciones municipales.
El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios urgió la intervención inmediata y efectiva del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para evitar más pérdidas de vidas entre ambas comunidades en disputa por la tierra.
Al tiempo que la Secretaría General de Gobierno hacía un llamado a las comunidades mixes a evitar agresiones, ocurrió el nuevo atentado en el que fue asesinado Higinio Martínez Quirino.
Los hechos ocurrieron ayer jueves, en que fue asesinado Higinio presuntamente cuando un grupo armado de San Miguel Quetzaltepec atacó a habitantes de Chuxnaban.
Con este homicidio suman tres los habitantes de Chuxnaban los que han sido privados de la vida en lo que va del año, entre los que se encuentran Natalia Jiménez, asesinada el 4 de marzo; el 29 de julio mataron al tesorero municipal Ramberto Romero Martínez, y ayer ejecutaron a Higinio Martínez Quirino.
El colectivo integrado por Servicios del Pueblo Mixe, Tequio Jurídico, Servicio para una Educación Alternativa, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunciaron que el enfrentamiento entre las comunidades es resultado de la omisión del gobernador priista Alejandro Murat.
Igual señalaron que el domingo 29 de julio, a las 4:00 horas, se suscitó una emboscada en el camino que conduce a la comunidad de Santa Cruz Condoy, cerca de la comunidad de San Juan Bosco, donde fue asesinado Romero Martínez.
Antes, el 3 de abril, tras una emboscada perdió la vida una mujer de la comunidad que iba acompañada de su hijo de 13 años, cuando se dirigían a cuidar su ganado en la comunidad de San Juan Bosco.
Por tal razón, las organizaciones hicieron un llamado urgente a Alejandro Murat para evitar un enfrentamiento de consecuencias funestas e investigar exhaustivamente los crímenes cometidos, así como solucionar el conflicto agrario.
Por su parte, la Secretaría General de Gobierno (Segego) hizo un llamado a los habitantes de San Miguel Quetzaltepec y de la agencia municipal de San Juan Bosco Chuxnabán a cumplir los acuerdos de paz que se han firmado a fin de hacer prevalecer el orden y respeto entre ambas comunidades.
El titular de la Segego, Héctor Anuard Mafud Mafud, lamentó y reprobó este hecho violento ocurrido en inmediaciones de la agencia municipal de San Juan Bosco Chuxnaban.
Mafud informó que el miércoles pasado sostuvo una reunión con autoridades municipales de Quetzaltepec y este jueves hizo lo propio con representantes de San Juan Bosco para dar continuidad en la atención de los múltiples y complejos problemas que enfrentan.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado ha iniciado ya las investigaciones por el asesinato de Higinio Martínez, derivado de este conflicto, a fin de esclarecer y detener al o los culpables.
A su vez, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca llamó a autoridades y habitantes de la cabecera municipal de San Miguel Quetzaltepec, y de su agencia municipal San Juan Bosco Chuxnaban, a resolver por la vía pacífica del diálogo las diferencias entre ambas comunidades, mismas que el 2 de agosto último provocaron un enfrentamiento armado en el que una persona resultó muerta.
La Defensoría destacó que tiene conocimiento de los graves problemas que han surgido en la zona mixe entre autoridades y habitantes de San Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnaban, derivados de la repartición de los recursos presupuestales municipales de los ramos 28 y 33, que corresponden a la cabecera municipal y sus agencias.
“Esto ha provocado un clima de elevada tensión político-social en esa región que se localiza en la sierra Norte de Oaxaca”, puntualizó el organismo defensor.
Con protestas contra empresas mineras y reclamos por la desatención de su gobierno, la Unión de Ayuntamientos de La Sierra Sur cuestionó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa porque “ha sido difícil escucharnos” y eso los ha obligado a manifestarse en la capital del estado.
De igual forma, lo cuestionaron por la frase “Oaxaca lo tiene todo”, una frase que ha puesto de moda, una frase que se ha utilizado mas como comercial” y ofertar el territorio a las transnacionales, le recriminó el presidente municipal de Teojomulco, Bonifacio Pérez Cruz.
Desde la radio indígena “La voz del rinconcito” se dieron a conocer las protestas que se realizaron desde la llegada del gobernador al Hospital Básico Rural de “La Paz” ubicado en los límites de Teojomulco y Texmelucan para entregar una ambulancia y equipamiento médico con una inversión de cinco millones de pesos.
Con lonas colocadas a la entrada del Hospital y pancartas durante el evento realizado este martes 31 de julio, las autoridades de los municipios zapotecos y chatinos de Zenzontepec, Tlacoltepec, Toejomulco, Texmelucan, Zaniza, Textitlán, Yucutindoo y Amoltepec agrupados en la Unión de Ayuntamientos,recibieron al gobernador.
El ayuntamiento de San Miguel Chimalapa manifestó su rechazo al establecimiento de la compañía minera canadiense Minaurum Gold Inc en más de cinco mil hectáreas de su municipio, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec.
En un comunicado, suscrito por el presidente municipal, Fernando Miguel Contreras y demás miembros del Cabildo, el gobierno municipal dio a conocer ese acuerdo, porque la explotación minera, en este caso, oro y plata, provocará un gran impacto en el medio ambiente, principalmente en ríos y lagunas de ese pueblo zoque y de nueve municipalidades circunvecinas.
Entre estas, Santo Domingo Zanatepec, San Pedro Tapanatepec, Ciudad Ixtepec, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Unión Hidalgo, Ixhuatán y Reforma de Pineda.
“Por lo tanto, reiteramos nuestro rechazo y no permitiremos el establecimiento de la empresa minera en nuestro municipio”, asentó.
La compañía minera canadiense pretende explotar la mina Santa Martha, ubicada en la comunidad La Cristalina, mediante una concesión otorgada por la Secretaría de Economía en 2008, por un periodo de 50 años.
La concesión abarca una superficie de cinco mil 610 hectáreas de selva baja caducifolia, subcaducifolia y selva mediana de su territorio de bienes comunales.
El día 26 de julio del 2018, integrantes del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) fueron atacados cuando un convoy de militares pretendió instalar un retén en la Finca Alemania, espacio en el que se ubica su centro de capacitación. Nuevamente el día 27 de julio, un helicóptero de la Marina estuvo sobrevolando la finca. Cabe destacar que el convoy permanece hasta el momento cerca de la finca y se instaló en Santa María Xanica.
Este último hecho se suma a una serie de ataques particularmente graves contra la organización y sus integrantes:
• El 12 de febrero 2018: fueron asesinados tres integrantes de CODEDI después de acudir a una reunión con autoridades gubernamentales; en este mismo ataque sufrió un intento de asesinato Abraham Ramírez Vásquez, cofundador y coordinador general de CODEDI . A partir de allí se intensificaron las amenazas de muerte en su contra, mismas que ya estaban ocurriendo desde aproximadamente un año y ya habían sido denunciadas ante la ONU. Hasta la fecha, permanece en una situación de riesgo inminente.
• Durante los meses de febrero y marzo 2018: 5 integrantes de CODEDI sufrieron vigilancia y amenazas, durante este periodo también fue allanado el domicilio de otro integrante de CODEDI .
• El 26 de febrero 2018: fue allanado el domicilio de la defensora de DH Silvia Gabriela Hernández Salinas quien acompaña a la organización CODEDI y es parte de distintos colectivos del movimiento social oaxaqueño.
• El 20 de junio 2018: fue detenido de manera arbitraria en Santa María Tonameca, Fredy García Ramírez, vocero de CODEDI. Cabe destacar que días antes había recibido amenazas de muerte.
• El 17 de julio 2018: Abraham Hernández González, Coordinador Regional de CODEDI en la Sierra Sur fue asesinado luego de que hombres armados encapuchados y vestidos de militares entrarán a su domicilio ubicado en la comunidad de Salchi, San Pedro Pochutla y se lo llevarán.
crece tensión entre San Juan Lajarcia y sus pueblos vecinos: San Bartolo Yautepec y Llano Santiago.
Mientras las autoridades no terminan por resolver a fondo lo que originó la masacre en Santa María Ecatepec, donde 13 campesinos perdieron la vida, representantes del municipio de San Carlos Yautepec, alertaron que al menos otros dos conflictos agrarios están a punto de estallar en este distrito.
Autoridades comunales de este municipio, informaron que desde enero de 2018 la Secretaría General de Gobierno (Segego), descuidó los conflictos políticos y agrarios que prevalecen en la zona.
Culparon al Gobierno del Estado y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) de pretender desaparecer el sistema de usos y costumbres para elegir a sus autoridades y favorecer a ciertos grupos sobre el control de los recursos naturales y económicos de la región.
San Carlos Yautepec es catalogado por la autoridad electoral como cabecera distrital donde convergen 12 municipios, mientras como cabecera municipal cuenta con 27 agencias, entre ellas San Lucas Ixcotepec, donde estalló el conflicto agrario con sus vecinos de Santa María Ecatepec.
Édgar Aragón Parada, a quien los comuneros reconocen como su presidente municiapal, explicó que los conflictos que se encuentran latentes en este distrito y municipio son San Juan Lajarcia con San Bartolo Yautepec y Llano Santiago con San Juan Lajarcia.
Aunado a la tensión que prevalece entre San Lucas Ixcotepec y Santa María Ecatepec, advirtió que en cualquier momento se podría reactivar el añejo conflicto entre San Juan Lajarcia con San Bartolo Yautepec, debido los bloqueos carreteros que han realizado en la zona.
Crispín Adrián Cortés Zárate, presidente de Bienes Comunales, detalló que estos conflictos se mantienen activos ante el abandono del gobierno en la región, pues a pesar de ser cabecera distrital, desde enero de 2018 la Segego retiró el delegado Érik Job López Martínez.
«Este funcionario uno de los que promovió la desaparición de nuestros usos y costumbres, por eso ya no se ha parado por el municipio, el distrito se quedó sin representante», denunció.
A decir de los comuneros, el gobierno estatal descuidó todos los conflictos agrarios y políticos que prevalecen en este distrito, y de continuar de esta manera podrían suscitarse más casos de violencia.
Ambas agrupaciones destacaron que, de acuerdo con el análisis del Colegio de Biólogos, tales decretos, que calificaron de “ilegales e inconstitucionales”, dejan 51 billones de litros de agua expuestos a ser concesionados por periodos de hasta 30 años renovables, con la posibilidad de ser libremente transferidos.
Los amparos, subrayaron, demuestran que el levantamiento de vedas fue realizado sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos y dejan 51 billones de litros de agua al año expuestos a concesiones bajo el principio de la actual ley de aguas que reza: “el agua es de quien la solicita primero”.
En el marco del Día Nacional de Acción por el Agua, organizaciones y pueblos indígenas realizarán este viernes una serie de acciones frente a las oficinas de la Conagua en todo el país, para protestar contra los abusos y negligencia en el manejo de las aguas nacionales.
En particular, informarán sobre los más de 30 amparos presentados por los pueblos indígenas Teenek y Nahuas, así como organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos, incluidas la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Centro Mexicano por el Derecho Ambiental (Cemda), Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Central Campesina Cardenista (CCC), Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Colectivo de Abogados, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Salvemos Temaca, Instituto Vida e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).
Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca (SURCO) presenta la primera parte de su investigación que analiza 15 proyectos mineros en Oaxaca. Este trabajo se enfoca en 7 proyectos de la empresa minera estadounidense Gold Resource Corp (GRC), que tiene como subsidiaria en México a Don David Gold México S.A. de C.V, su zona de influencia abarca municipios de Valles Centrales y de la Sierra Sur en el estado de Oaxaca. Esta empresa tiene ya dos proyectos mineros en etapa de producción: el proyecto El Águila que consta de 19 concesiones mineras las cuales suman 30,215 hectáreas. Han trabajado en dos minas: El Águila, a cielo abierto, y Arista, una mina subterránea en la que están trabajando actualmente. Y el proyecto Alta Gracia que abarca 3 concesiones, haciendo un total de 5,175 hectáreas. Está en operación después de recibir en el 2016 los permisos necesarios.
La mina se llama El Mirador y todo el material extraído se traslada 32 kilómetros para ser procesado por los molinos del proyecto El Águila. Otros cinco proyectos se encuentran en etapa de exploración. Las concesiones afectan a los territorios de los municipios: San Pedro Quiatoni, San Dionisio Ocotepec, San Carlos Yautepec, Nejapa de Madero, San Pedro Totolápam y Tlacolula de Matamoros, que suman un total de 69 mil 889 hectáreas de tierras oaxaqueñas concesionadas. Cabe recordar que el municipio de Nejapa de Madero denuncia que la minera El Águila, en San José de Gracia, contamina el afluente que abastece de agua a la comunidad.
Defensores de la tierra y del territorio de 30 comunidades campesinas zapotecas de los valles de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, así como 25 organizaciones sociales, constituyeron en el municipio de San Antonino Castillo Velasco la Asamblea de los Valles Centrales contra la minería en Oaxaca.
En la escuela Esteban Vásquez se reunieron integrantes de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Tequio Jurídico AC y Servicios para una Educación Alternativa Educa, que repudiaron todo proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, los sistemas productivos, el tejido social, el medio ambiente y ‘‘nuestros sistemas normativos y territorios’’.
Recordaron que hace una década territorios de Oaxaca fueron concesionados a mineras sin el consentimiento de los pueblos, pues no se hicieron consultas, como estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Fortuna Silver Mines Inc. Informó los resultados de producción para el segundo trimestre de 2018 de sus dos minas operativas en América Latina , la mina San José en México y la mina Caylloma en Perú. La Compañía produjo 2.3 millones de onzas de plata y 14,557 onzas de oro más subproductos de metal base. La producción de plata y oro durante los primeros seis meses ascendió a 4.7 millones de onzas y 29,597 onzas respectivamente; siendo un 13 por ciento y un 20 por ciento superior a la proyección de mitad de año de la compañía. Fortuna tiene previsto producir 8.3 millones de onzas de plata y 48.3 mil onzas de oro o 11.4 millones de Ag Eq 1 onza en 2018 de acuerdo con nuestra guía de producción.
Producción de plata de 2,321,315 onzas; 10 por ciento de aumento con respecto al segundo trimestre de 2017
Producción de oro de 14,557 onzas; en línea con Q2 2017
Producción de plomo de 7,186,541 libras; en línea con Q2 2017
Producción de zinc de 11,436,243 libras; 8 por ciento de aumento con respecto al segundo trimestre de 2017
El costo en efectivo 2 para San José es de US $ 60,5 / t
El costo en efectivo 2 para Caylloma es de US $ 76,9 / t
PUEBLOS Y ORGANIZACIONES SE AMPARAN, Y EXIGEN QUE ENRIQUE PEÑA NIETO REESTABLEZCA LAS VEDAS QUE LEVANTÓ AL FIRMAR LOS 10 DECRETOS DE RESERVAS EL 5 JUNIO
Pueblos indígenas y organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos han presentado más de 30 amparos en 12 estados frente a los 10 Decretos levantando vedas firmados por EPN el 5 de junio
Los amparos demuestran que el levantamiento de vedas fue realizado sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos; dejan 51 billones de litros de agua al año expuestos a concesiones bajo el principio de la actual ley de aguas: “el agua es de quien la solicita primero”
La reforma constitucional reconociendo el derecho al agua exigió reemplazar la actual ley antes de febrero 2013, con una ley que garantice el acceso equitativo y sustentable al vital líquido
Exigen que EPN vuelva a establecer las vedas, y proponen que el nuevo Congreso de la Unión priorice una ley de aguas que cumpla con la Constitución
Este 27 julio a las 11 am, en el contexto del 2º Día Nacional de Acción por el Agua, se realizarán nuevamente acciones frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en todo el país, para protestar sus abusos y negligencia en el manejo de las aguas nacionales.
En particular, se darán informes de los más de 30 amparos presentados por los pueblos indígenas Teenek y Nahuas, así como organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos, incluyendo la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Mexicano por el Derecho Ambiental (CEMDA), el Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Central Campesina Cardenista (CCC), La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Colectivo de Abogados, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Salvemos Temaca, Instituto Vida e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), cuestionando la legalidad y la constitucionalidad de los 10 Decretos de Reservas firmados por Enrique Peña Nieto el 5 junio del presente.
Ante el peligro que representa que 90 mil hectáreas de los Valles Centrales fueron concesionadas a la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp., 30 comunidades indígenas y campesinas que conforman los distritos de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, convocaron al “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca”.
El juicio popular tiene como “objetivo hacer frente al modelo extractivo, visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros”.
El juicio se realizará los días 11 y 12 de octubre de 2018 en la Ciudad de Oaxaca con el lema: “Este verso es un tesoro, y pronunciarlo sí se debe, el agua vale más que el oro, porque el oro no se bebe…”
En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, 30 comunidades indígenas y campesinas y 25 organizaciones decidieron “rechazar categóricamente cualquier proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, nuestros sistemas productivos, nuestro tejido social, medio ambiente, nuestros sistemas normativos y territorios”.
Reunidos en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, denunciaron que desde hace más de diez años sus territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin su consentimiento, lo que significa que “hasta el momento 90 mil hectáreas de los Valles Centrales se encuentran en peligro, principalmente por la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.”
Insistieron en que “los pueblos y comunidades de los Valles Centrales, hemos decidido por la vida, la paz y el desarrollo comunitario desde nuestras propias cosmovisiones y en respeto profundo de nuestra madre tierra; manifestamos que la minería no representa ninguna opción de desarrollo para nuestros pueblos y sus habitantes”.
Además, mencionaron que “nos reconocemos como parte del pueblo zapoteco, por lo que asumimos el compromiso de defender nuestros territorios desde nuestras asambleas, de manera organizada, pacífica y por todos los medios legales”.
También “rechazamos el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR) que pone en riesgo nuestra propiedad social.
Finalmente se dirigieron a los gobiernos federal y estatal, a las autoridades electas del poder ejecutivo y legislativo, y a las autoridades municipales para exigirles “la cancelación inmediata del Corredor Industrial Minero que pretenden imponer en los Valles Centrales.
Particularmente exigieron la cancelación de los proyectos mineros “San José”, “Trinidad Norte” y “El Águila”, operados por las compañías Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, en los municipios de San José del Progreso y San Pedro Totolapan.
Los temas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las insistentes amenazas del presidente estadounidense por una eventual derogación del acuerdo, trajeron a la Ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, a México para sostener reuniones con el presidente Enrique Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray, el titular de Economía Ildefonso Guajardo y con el encargado a partir del 1 de diciembre de dirigir el país.
Parece que la visita de la comitiva del Canadá ha sido fructífera para la relación bilateral entre el gobierno de Justin Trudeau y el gobierno entrante de López Obrador.
En voz del perfilado como próximo Secretario de relaciones exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, el TLCAN no fue el único tema que López Obrador y Chrystia Freeland abordaron en la reunión privada realizada un día antes del reinicio de la renegociación del acuerdo en Washington.
“Fue una reunión exitosa. El Tratado de Libre Comercio es importante, pero hay otro temas igual de importantes. Hay afinidad en posturas, ideas y principios”, dijo Ebrard Casaubón. “El virtual Presidente electo les dijo que esperaba tener un aumento en inversión y participación de Canadá en el desarrollo de México. Habrá reuniones desde diciembre”, detalló el ex jefe de gobierno de la capital mexicana.
Si bien el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es la principal base para el intercambio comercial entre México y Canadá, estos dos países se han caracterizado por mantener una buena relación de socios y de naciones amigas.
Ante el embate de Estados Unidos con los aranceles y la falta de avances en temas importantes del TLCAN, México y Canadá fortalecen su relación y de manera formal, los dos gobiernos han manifestado su posición para mantenerse unidos y cuidar los intereses comunes.
Tras este encuentro, la ministra canadiense aseguró que su país “cree mucho en el TLCAN como un acuerdo trilateral”, además de que destacó los resultados positivos y el impacto que ha tenido en toda la región.
“El TLCAN es una relación trilateral y ha estado funcionando casi un cuarto de siglo, las cadenas de suministro y las relaciones de negocio han sido construidas en estas bases y desde la perspectiva del gobierno canadiense y de la mayoría de los canadienses, es un acuerdo que funciona”, dijo Freeland, en declaraciones que retoma.
Así, el secretario de Relaciones Exteriores afirmó que “estamos frente a la coyuntura que habrá de definir si América del Norte capitaliza su potencial para ser la región más competitiva”, por lo que el trabajo en equipo es fundamental y “tenemos que actuar como una sola región”, puntualizó.
Otro tema que ha unido aún más a México y Canadá, es el de los aranceles que ha impuesto el gobierno Donald Trump a las importaciones de acero y aluminio, pero sobre todo, en su intención de gravar también a los autos nuevos bajo el argumento de proteger la “seguridad nacional” de su país.
Sin embargo, la ministra canadiense fue contundente al afirmar que “México y Canadá están oponiéndose a esto, igual que diferentes socios de Estados Unidos”, debido a que “la perspectiva de que los autos y las autopartes pueden representar una amenaza, es totalmente absurdo”.
En una conferencia de prensa posterior a este encuentro, Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores en el nuevo gobierno, aseguró que los temas principales que se abordaron fueron comercio, migración y oportunidades de negocios.
Ebrard aseguró que “el virtual presidente electo les dijo que esperaríamos tener en los próximos 6 años, un aumento significativo de la inversión y una participación mayor de Canadá en el desarrollo económico de México”.
El nuevo gobierno también invitó a empresas canadienses a invertir en los nuevos proyectos de infraestructura en el sur del país y Ebrard confía en que “Canadá puede participar en el tren de la zona maya o el proyecto que tiene que ver con el Istmo”.
De esta manera, la relación entre México y Canadá se refresca y fortalece, con muy buenas expectativas hacia el futuro.
Para oponerse a cualquier proyecto o política que atente contra el medio ambiente, su vida comunitaria, sus sistemas productivos, su tejido social, sus sistemas normativos y sus territorios, 30 comunidades indígenas zapotecas y campesinas de Tlacolula de Matamoros, Ocotlán de Morelos, Ejutla de Crespo, Zimatlán de Álvarez y Miahuatlán de Porfirio Díaz, constituyeron la Asamblea de los Valles Centrales contra la Minería.
De acuerdo con el pronunciamiento de las comunidades y 25 organizaciones, sus territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin su consentimiento desde hace más de diez años y hasta ahora, 90 mil hectáreas de los Valles Centrales se encuentran en peligro, debido la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.
Esas empresas han impulsado a Oaxaca como el octavo estado de la república en explotación de oro y plata, sin embargo para las comunidades su operación se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones físicas, daños irreversibles al medio ambiente, así como han causado el rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos.
De acuerdo con el manifiesto, las 30 comunidades y las 25 organizaciones acordaron seguir defendiendo a la madre tierra, a cuidar y defender el agua y todos los bienes comunes presentes en sus territorios, porque son prohibidos para la minería.
Además, convinieron en firmar ni autorizar ningún tipo de permiso, convenio, contrato, documento o instrumento legal, que tenga por objeto extraer sus bienes comunes, tampoco autorizarán el cambio de uso de suelo para realizar actividades mineras en sus territorios.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y la Plataforma contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) sostuvieron una reunión con una comisión encabezada por Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para reafirmar su postura contra el proyecto en la Cuenca del Valle de México y llamar a la reconstitución de los pueblos.
“Los pueblos decimos NO al AEROPUERTO en el Lago de Texcoco, No a sus obras alternas e inducidas, No a la Aerotrópolis, No al ecocidio que está acarreando y amenaza con extenderse en toda la Cuenca del Valle de México”, publicó el FPDT en su cuenta de Twitter.
En la reunión con los funcionarios del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los representantes del FPDT y la Plataforma contra el NAICM señalaron que “es importante y sería congruente” que la nueva administración escuche y atienda a los pueblos, “pero no como un acto protocolario y de simulación”, por lo que exigieron trato digno y que se les reconozca como actores sociales y defensores de los derechos humanos.
“Sostenemos que somos los pueblos que vivimos en las orillas de antiguo Lago de Texcoco, así como todas las comunidades y pueblos afectados directamente por el proyecto del NAICM quienes debemos ser los primeros en ser escuchados”, destacaron.
Los pueblos también reafirmaron su posición contra “la destrucción de las evidencias y memorias” de su cultura ancestral y a la destrucción de la vida comunitaria y productiva.
Por último, resaltaron su postura a favor de la vida y de la reconstitución de los pueblos y de los ecosistemas en la Cuenca del Valle, así como del impulso del desarrollo y la vida digna de las comunidades y de la defensa y conservación del patrimonio cultural en la zona.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) condenaron y exigieron justicia por el asesinato de Rolando Crispín López, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y de la Asamblea Popular de Álvaro Obregón en Juchitán, Oaxaca, sucedido el pasado 22 de julio al terminar su servicio como policía comunitario.
“Fue cobardemente asesinado por una persona encapuchada, al parecer policía municipal de Juchitán, quien desde un mototaxi disparó y asesinó al compañero”, expresaron el CNI y el CIG.
Aseguraron que el asesinato del policía comunitario y defensor del territorio forma parte de la ofensiva emprendida por los gobiernos y las empresas transnacionales en contra de la comunidad binnizá de Álvaro Obregón, la cual “con dignidad y determinación defiende su territorio ante la invasión y destrucción por parte de los megaproyectos eólicos”.
De acuerdo con la APIITDTT y la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón, cuando Crispín terminó su jornada como policía comunitario se acercó a una tienda en la calle Benito Juárez, a donde llegó un mototaxi rojo con un sujeto encapuchado “quien de manera artera y cobarde disparó en repetidas ocasiones”.
“Varios vecinos de la comunidad pudieron identificar al agresor, cuyo apodo es ‘escarda’ y quien responde al nombre de Alejandro Matus Chávez, conocido por ser policía municipal activo, trabajador al servicio del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza”, agregaron las asambleas.
El futuro canciller Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que en la reunión entre el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, hubo afinidad “en posturas, ideas y principios”, y en temas como derechos humanos y laborales, medio ambiente y respeto a las comunidades originarias.
En este primer encuentro, Ebrard dijo que se planteó una fuerte relación entre ambos países, que incluye inversiones de Canadá en México, y se invitó a ese país a participar en algunos proyectos “prioritarios”, como el Tren Maya –que unirá a Cancún (Quintana Roo) y Palenque (Chiapas)– y el plan de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Además, abundó que el próximo gobierno buscará que Canadá invierta en materia aeronáutica, de trenes, vías férreas y logística de transportación entre puertos.
“Vamos a encontrar un sector nuevo de cooperación entre México y Canadá, quizás más importante o igual a la actividad minera, pero no me quiero adelantar, esa es nuestra perspectiva, vamos a ver si lo logramos, ese es el objetivo”, comentó Ebrard.
Resaltó que una política será que todas las empresas de origen canadiense cumplan en México las mismas normas ambientales, laborales y de todo tipo de su país, porque a veces se hace algo aquí y allá otra cosa.
“Un principio que vamos a defender es que se respete el mismo trato en su país que el que aquí les damos”, soltó.
Sobre las presuntas violaciones a derechos humanos que cometen las empresas mineras en las comunidades indígenas, el futuro secretario de Relaciones Exteriores respondió: “No entramos en materia, habría sido muy difícil, pero te diré que la política que se fijó, y así se dijo en la reunión, fue homologar para México y Canadá las exigencias que tienen que ver con libertades y derechos humanos, medio ambiente y derechos laborales”.
El gobierno de López Obrador no sólo promoverá la inversión, también exigirá el mismo tipo de regulación que se aplica en otras naciones, subrayó.
Según datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en México las empresas canadienses operan 65% de los 850 proyectos mineros que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y exploración en el país. En 19 casos se ha documentado que esas mineras ocasionan daños medioambientales, violan el derecho a la consulta de las comunidades indígenas e incluso han incurrido en amenazas.
Ativistas y juristas de la asociación civil «Tequio Jurídico», exhortaron a las comunidades involucradas en conflictos agrarios a propiciar ellas mismas el diálogo y buscar acuerdos para evitar más derramamiento de sangre.
Condenan que el sector más afectado por esta problemática han sido las personas indígenas y las mujeres.
«Se hace visible la violencia en contra de las mujeres en los conflictos por la tierra, afectando la vida, la integridad física y emocional de las mujeres y sus derechos agrarios, quienes anteponen sus cuerpos en la defensa de su territorio.», señalan.
Explican que los asesinatos y en general la violencia generada en la Sierra Sur obedecen no solamente a conflictos históricos por límites de tierra «sino que implica un control territorial por parte de poderes específicos como los partidos políticos, megaproyectos que implican minería, parques eólicos, líneas de alta tensión y concesiones de agua», entre otros.
La asociación civil exige que las autoridades implementen y garanticen los derechos humanos en este tipo de confrontaciones y su solución.
«Se deben crear alternativas de diálogo para su solución y evitar en todo momento actos de provocación y violencia. Es importante que las mujeres participen en los espacios de toma de decisiones para la construcción y participación de alternativas no violentas en la resolución de los conflictos agrarios.»
OAXACA, Oax. (apro).- “Oaxaca no sólo es fiesta, es rebeldía, es coraje”. Esa fue la frase que resonó en el estadio donde se realizó la décimo tercera “Guelaguetza Magisterial y Popular”, mientras los “cuerudos” de Miahuatlán, con sus sones y bailes, denunciaron su rechazo a las concesiones de minas que atentan contra su territorio.
A su entrada al estadio Tecnológico de Oaxaca, un “cuerudo” mostró una manta con la leyenda: “Alto a la concesión de minas en Miahuatlán! ¡No licence to open mines in Miahuatlán Oaxaca!”. Y, mientras, en el ambiente resonaba: “Seguimos resistiendo a los embates de un sistema que busca aniquilar nuestros pueblos, nuestros derechos y nuestros territorios”.
Este lunes, aquí en la capital, el dirigente magisterial de la Sección 22, Eloy López Hernández, y su invitado especial José Manuel Mireles Valverde, exlíder de los grupos de autodefensa en Michoacán, se pronunciaron contra los megaproyectos.
Los “cuerudos” recordaron igualmente las deudas de los “partidos asesinos, porque aún no olvidamos la matanza de Nochixtlán, a 43 estudiantes y a tantos que no están, por eso todos presentes con sus voces gritaran: ha triunfado otro partido y han muerto el PRI y el PAN”.
Antes de iniciar la Guelaguetza Popular, los organizadores resaltaron que la cultura no es mercancía ni se comercializa, en clara alusión a la “máxima fiesta de los oaxaqueños” organizada por el gobierno estatal, que este lunes desplegó a más de mil 400 elementos de seguridad, vialidad y socorro de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) para participar en el operativo “Guelaguetza 2018”.
la destitución anticipadade Víctor Villalobos, anunciado secretario de Agricultura del próximo sexenio.
TLC transgénico, que permitió que la importación de maíz a México tuviera
hasta un 5 por ciento de transgénicos como presencia accidental. Este acuerdo tuvo un enorme efecto facilitador para aumentar el dumpingde maíz industrial, mayoritariamente transgénico, a México.
es un hecho vergonzoso, porque México es centro de origen del maíz pero hoy importa millones de toneladas del grano. ( La Jornada del Campo, marzo 2018)
Rolando Crispín López, opositor a la instalación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, y miembro de la policía comunitaria de la localidad Álvaro Obregón, fue asesinado la mañana de ayer con armas de fuego, denunció la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierrra y el Territorio.
La organización culpó del homicidio a policías municipales de Juchitán de Zaragoza, quienes presuntamente dispararon contra el activista cuando ingresaba a una tienda en la calle Benito Juárez.
según la denuncia, Crispín lópez, quien desde hace cinco años forma parte de la policía comunitaria de Álvaro Obregón, fue asesinado cuando terminó su turno de guardia en la agencia municipal se acerco a una tienda para realizar unas compras pero un sujeto encapuchado que bajó de un mototaxi rojo le disparó en varias ocasiones; en el ataque armado, aseguró, una niña de ocho años resultó herida de bala.
Varios vecinos de la comunidad pudieron identificar al agresor, cuyo apodo es «escarda» y quien responde al nombre de Alejandro Matus Chávez, conocido por ser policia municipal activo del ayuntamiento de Juchitan de Zaragoza.
La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo agregó que desde el 2012 la comunidad de Álvaro Obregón se encuentra en la lucha defendiendo su territorio en contra de la empresa eólica Mareña Renovables, y en febrero de 2013 se constituyó la policía comunitaria con el objetivo de cuidar su territorio y defenderse contra las agresiones de la empresa eólica y de las autoridades.
«A partir de ese día, tanto el compañero como los demás integrantes de la policía comunitaria han sufrido agresiones que han puesto en peligro sus vidas, por parte de quienes intentan ocupar la barra Santa Teresa para desarrollar el proyecto eólico Mareña Renovables, y despojar del territorio a quienes dignamente los defienden», puntualizó.
En un comunicado, exigió justicia por el asesinato de Crispín López y responsabilizaron del homicidio al gobierno federal y estatal por su incapacidad para dar seguridad a los defensores de derechos humanos.
El ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la pasada administración estatal, Adelfo Regino Montes, recomendó al Gobierno Federal implementar una estrategia para distender la crisis que se vive entre las comunidades de Santa María Ecatepec y San Lucas Ixcotepec.
Entrevistado vía telefónica desde la capital del país, exhortó también al Gobierno del Estado, preservar la seguridad de las viudas y garantizar el acceso a la educación y la salud de los huérfanos que perdieron a sus padres en la masacre del pasado lunes.
Quien es propuesto por Andrés Manuel López Obrador para ser el coordinador de asuntos indígenas en sustitución de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en la próxima administración, lamentó que se sigan dando estos hechos que enlutan cada vez más hogares oaxaqueños.
Hizo “un llamado también al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para que genere una mesa de distensión; en estos momentos es muy importante que se averigüe con claridad quiénes son los responsables de los homicidios”.
Sangre no debe regar agro oaxaqueño
Indicó que el campo de Oaxaca no puede seguir ensangrentándose con asesinatos como el de Abraham Hernández González, coordinador del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) en Pochutla.
Reiteró que buscar una estrategia de distensión en este momento es muy necesario y un segundo momento, la solución de fondo de los graves conflictos agrarios que se están viviendo.
Rechaza destino de violencia
Con suma preocupación, señaló que la confrontación y la violencia no pueden ser el destino de las comunidades indígenas de Oaxaca; por ello se tiene que hacer un llamado enérgico al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal para que, con las atribuciones que tienen, puedan intervenir en este contexto que viven las comunidades.
Seguridad inmediata a zonas de conflicto
Señaló que es importante que haya una estrategia de paz y seguridad inmediata en todas las zonas que tienen otros conflictos agrarios, entre ellas Los Chimalapas y actuar de manera preventiva para que no se siga derramando la sangre de los indígenas.
Un manifiesto firmado por alrededor de 280 organizaciones comunitarias, sociales, campesinas y estudiantiles, representantes de pueblos, investigadores y activistas exigió a las autoridades cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) por ser “una expresión más de una agresión masiva del capital contra el trabajo, los pueblos y la naturaleza”.
“La obra tiene características de ecocidio, etnocidio, urbanicidio, de despojo y destrucción del patrimonio natural, territorial, cultural e histórico”, aseguraron los firmantes en el documento.
Las organizaciones también exigieron la implementación de un proyecto de restauración y corrección de los daños ocasionados por las obras del aeropuerto y la extracción de materiales pétreos con la explotación de 160 minas en la zona.
Agregaron que es urgente que se decrete a la Cuenca del Valle como área natural protegida en su modalidad de reserva de la biosfera u otra modalidad pertinente para los terrenos agrícolas, pecuarios y forestales.
Los firmantes destacaron que el NAICM no debe ser construido “por el ecocidio que representa y porque es técnicamente inviable”, ya que el vaso del ex lago de Texcoco “es el peor sitio elegido para construir la terminal aérea” por el tipo de suelo salino sódico, el cual es altamente corrosivo del concreto y metales como el acero, además de que el agua del subsuelo está a un metro de profundidad, como señalaron especialistas en múltiples investigaciones.
Por ello, los firmantes demandaron el respeto a las tierras de los pueblos de la Cuenca del Valle y suspender definitivamente la construcción del NAICM y la Aerotrópolis, la cual es un proyecto complementario que ocupará 4 mil 431 hectáreas de los municipios de Atenco y Texcoco y que representa “hasta 20 veces más el costo del nuevo aeropuerto”.
En México, la actividad minera forma parte de la historia de pueblos y comunidades. México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial.
En el estado de Oaxaca existe un total de 27 establecimientos relacionados con la minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas, de los cuales 20 son micro y pequeñas empresas, 04 medianas y 03 grandes empresas (DENUE, 2017).
“Oaxaca se configura como uno de los estados de mayor potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no metálicos como: micas, zeolitas, mármol, travertinos y granito” (Minería Sustentable, 2016).
Uno de los grandes problemas para la actividad minera en el estado es la oposición por la extracción de sus minerales, es así que, de acuerdo con la Revista Minería Sustentable (2016) existen 21 minas inactivas, debido a la oposición de grupos defensores del territorio y a la negatividad por que entren empresas trasnacionales, es así que, actualmente en Oaxaca “solo existe una mina activa de minerales metálicos” (Minería Sustentable, 2016).
Por otra parte, un dato relevante es que “el valor de la producción minera estatal durante el periodo enero-diciembre de 2010 ascendió a 1 mil 061 millones 931 mil 058.00 pesos participando con el 0.56% del valor total nacional” (Minería Sustentable, 2016).
La mujer minera en el estado de Oaxaca
La incursión de las mujeres en el ámbito laboral en nuestro país se ha incrementado de acuerdo con Amaya et al.(2012) una de las cifras históricas data de un incremento gradual del 21% en 1979 a un 34% para el año 1995, cifras significativas en segmentos segregados como: secretarias, maestras, meseras y enfermeras. Dentro del contexto de comunidades indígenas, según el censo de población del 2000, la mujer indígena tiene una participación en el ámbito laboral del 25.6% frente a un 70.8% de los hombres; “esta situación no permite el reconocimiento del valor económico de la mujer e impide sean consideradas como población económicamente activa” (Amaya et al., 2012, p. 732).
Según el Instituto de la Mujer de Oaxaca, los bajos niveles de educación y la carencia de un sector industrial que absorba mano de obra principalmente femenina deja sólo dos opciones: emigrar hacia mercados laborales más desarrollados o el trabajo independiente en servicios o comercio (IMO, 2001 en Cunningham & Cos-Montiel, s.f.).
Un dato representativo de esta situación es el Índice de Desigualdad de Género (IDG) que es de 0.410 para Oaxaca, muy por encima del valor nacional que es de 0.393 (PNUD, 2014), lo cual significa que existe una brecha entre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
El análisis de contenido de las entrevistas realizadas nos permitió verificar que la mujer se desarrolla en varias esferas de la vida. Casi siempre, los roles dentro se esas esferas son igual de demandantes: se debe ser madre, hija, hermana, esposa, ama de casa, proveedora, conciliadora y muchas otras cosas más. El pensamiento común dicta que, si una mujer no cumple con las demandas que cada uno de los roles tiene, se le puede acusar y juzgar, sobre todo en el estado donde se realizó el estudio Oaxaca, estado tradicionalista donde priman los usos y las costumbres.
El principal conflicto que la minera tiene es lograr la armonía entre su papel como trabajadora comprometida y los diferentes roles que le corresponde cumplir en sus núcleos de desarrollo (trabajo, familia y sociedad). De acuerdo con la mayoría de las encuestadas, no es fácil sobrellevar las presiones socioculturales, laborales y familiares cuando van en contra de todo lo que les posibilita su autorrealización.
Puede afirmarse que se encuentran entre un dilema, por un lado trabajar en la industria minera las llena de satisfacción, pero por otro, el hecho de trabajar en la mina les provoca discriminación y juicio social y a veces familiar.
Ese vaivén entre ser, querer ser y deber ser es lo que finalmente desgasta y empuja a las trabajadoras a desertar o luchar contra ellas mismas y los que las rodean. A pesar de que aquí se aborda desde la particularidad minera, el conflicto femenino de los roles y las expectativas depositadas en ellos se replica en todos los ámbitos y contextos en donde ellas participan.
En el centro del estado de Guerrero, al sur de México, tres pueblos enfrentan sus demonios. Los que llegaron del extranjero, los que surgieron desde el fondo de ellos mismos y los que tienen una presencia que más vale tolerar porque hay caldo de cultivo para que pervivan y se empoderen. Todo por el oro.
Huitziltepec, Nuevo Balsas y Carrizalillo son tres pueblos encaramados en el cinturón de oro ambicionado lo mismo por las canadienses Minaurum Gold, Goldcorp y Torex Gold Resources, que por grupos criminales.
Apenas el 21 de junio pasado, funcionarios del Gobierno estatal y municipal firmaron un convenio para “convertir la minería en fuente de desarrollo”, con el mismo potencial que el sector turístico. Pero en la zona, también hay producción de goma, opio, así como heroína. En medio, quedaron los pobladores.
En Coaxtlahuacán, comunidad de Mochitlán, también en el centro del estado, donde la empresa australiana Pacifico Minerals, avanza con las perforaciones de prueba.
Es Guerrero y su tesoro de oro que más que desarrollo le ha traído desgracia. Es Guerrero con una tranquilidad que en 2018 huele a resistencia.
En solo un año, el nivel de violencia contra los defensores ha aumentado drásticamente. En 2016 se registraron tres homicidios, para 2017 ocurrieron 15 asesinatos, según el informe de Global Witness.
Las comunidades Coloradas de la Virgen y Choreachi, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, estuvieron involucradas en una larga disputa legal contra el otorgamiento de concesiones madereras en sus tierras. Siete miembros de estas comunidades fueron asesinados entre 2013 y 2016. Ninguno de los asesinos ha comparecido ante la justicia.
México ha sido desde hace tiempo un país peligroso para los defensores de la tierra y el territorio, en 2017 la situación se agravó: de tres asesinatos en 2016 se escaló a 15 durante el año pasado. 13 de esas personas asesinadas pertenecían a comunidades indígenas.
También a nivel global 2017 fue el año más sangriento para los defensores de la tierra. Casi cada semana cuatro activistas fueron asesinados por defender sus hogares y el ambiente. 60% de esos ataques se registraron en América Latina.
Todos estos problemas, en la Sierra Tarahumara, en México y en otras partes del mundo, se agravan, dice Ben Leather, encargado de Incidencia de Global Witness por la falta de una implementación adecuada de un marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas que asegure una consulta y un consentimiento previo, libre e informado sobre los proyectos que se planea llevar a cabo en sus tierras.
También hacen falta medidas de protección para personas defensoras, en contextos de defensa frente a la actividad empresarial, pero también de crimen organizado. México, señala el informe, es uno de los pocos países con una legislación y un mecanismo específicos para proteger a personas defensoras de derechos humanos, pero en la práctica esto no funciona.
“Se necesita una política gubernamental integral para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatiza a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema de forma estructural”.
El informe de Global Witness insta al Estado mexicano, pero también al equipo de transición y a la nueva administración que está por entrar, a trabajar para implementar tres grandes líneas de acción:
1.- Atacar las causas, combatir la corrupción, asegurar los títulos de propiedad de las tierras, respetar los derechos colectivos y consuetudinarios sobre la tierra y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a otorgar o negar consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales.
2.- Apoyar y proteger a las personas defensoras, darles las herramientas necesarias para que lleven a cabo eficazmente su activismo y garantizar su seguridad.
3.- Garantizar la rendición de cuentas para evitar amenazas futuras; los responsables de los ataques contra las personas defensoras deben comparecer ante la justicia, y quienes no les apoyen ni protejan, deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales.
El virtual presidente electo impulsará la construcción de 300 caminos en comunidades marginadas.
Los 500 mil millones de pesos que Andrés Manuel López Obrador anunció ayer para financiar siete proyectos productivos de infraestructura convertirán en Oaxaca en uno de los estados con mayor atención del gobierno federal.
Entre los proyectos prioritarios del próximo gobiernos se encuentra la atención a zonas afectadas por sismos, la generación de 50 mil empleos por la construcción de caminos y la priorización de la Zona Económica Especial de Salina Cruz.
Sobre los daños causados por sismos, el virtual presidente electo anunció que el próximo 19 de septiembre presentará el plan nacional de reconstrucción con el que se apoyará «a los dignificados que todavía están viviendo en campamentos en la intemperie».
De los siete proyectos anunciado por Obrador, cuatro involucran al estado: la construcción del corredor interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos para conectar Asia con Estados Unidos, la construcción de 300 caminos en comunidades marginadas, la comunicación con Internet de todas las zonas del país y el plan para la reconstrucción tras los sismos de septiembre pasado.
Para los sietes proyectos se contempla una inversión de 500 mi millones de pesos. «esos recursos se van a reunir con el dinero que vamos a obtener por ahorros, porque se van a reducir como ya se ha dicho, los sueldos de altos funcionarios públicos, va a haber un gobierno austero, va a haber compras consolidadas, no se va a comprar caro, se va a comprar lo indispensable».
Sobre las zonas económicas especiales, aseguró que el programa continuará, «pero la prioridad en el marco de ese programa la va a tener el Istmo de Tehuantepec, otra zona prioritaria va a ser al de la frontera norte».
López Obrador resaltó además que solo 25% del territorio nacional cuenta conexión a Internet, por lo que se atenderá de inmediato la promesa de campaña de conectar a todo el territorio nacional.
En el próximo gobierno se debe retomar lo que quedó pendiente de cumplir, en 2001, de los Acuerdos de San Andrés, esencialmente el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, dijo Adelfo Regino Montes.
Antes de reunirse esta mañana con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador -quien sostiene un encuentro con su equipo económico- el abogado que será el próximo enlace con los pueblos indicó que también debe haber un proceso de revisión de las concesiones y permisos de explotación de recursos naturales en las regiones indígenas.
Antes de reunirse esta mañana con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador -quien sostiene un encuentro con su equipo económico- el abogado que será el próximo enlace con los pueblos indicó que también debe haber un proceso de revisión de las concesiones y permisos de explotación de recursos naturales en las regiones indígenas.
«Tiene que haber un proceso de revisión y pedir, en cada uno de los casos, que se cumpla con los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos que pedir que se respete el estado de derecho y esto incluye el respeto a los derechos a sus tierras, territorios y, en particular, a la consulta previa, libre e informada», indicó.
«Tenemos información de que se han expedido concesiones, permisos sobre los recursos naturales de los pueblos y comunidades, sin que muchos de los casos estén enterados de que existen», indicó.
«No hay un proceso de diálogo, de acuerdo, con las comunidades indígenas. De ahí que tenemos que hacer un mapeo de las concesiones y permisos que se han expedido, para que podamos tener un conocimiento de primera mano de cuál es la situación de estos actos de carácter administrativo y se pueda hacer una revisión para ver si se ajustan a los derechos de los pueblos indígenas».
Recordó que López Obrador ha comprometido que, en el futuro, cada proyecto y obra tendrá que ser bajo un proceso de diálogo, de consulta con los pueblos y comunidades, cumpliendo el convenio de la OIT.
«Esperamos que se construyan con la participación de los pueblos y comunidades. Vamos a convocar a un proceso de consulta, para que las autoridades comunitarias y municipales sean debidamente escuchadas en sus planteamientos de desarrollo», expuso.
Asimismo se presentará una estrategia de regionalización de los pueblos y comunidades «porque queremos que los 68 pueblos indígenas de México y el pueblo afro mexicano, de la Costa de Oaxaca y Guerrero, sean debidamente atendidos».
Por la sobreexplotación de la mina El Tezoyo, en el municipio de Tezoyuca, estado de México, alrededor de 90 viviendas de las comunidades La Concepción y Resurrección presentan cuarteaduras en muros y losas y están en riesgo de desplomarse, pues quedaron junto a los desfiladeros y taludes que deja la extracción de materiales pétreos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
‘‘Calculamos que diariamente entran y salen unas 400 góndolas que se llevan el material. Trabajan 20 horas al día y la explotación ya avanzó hacia zonas más cercanas’’, denunciaron los vecinos.
Agregaron que las tierras se agrietaron por el uso de la dinamita para extraer el material, además de que René Martínez, dueño de la mina también conocida como Ocupulco, se apropió de varias calles.
‘‘Las grietas en nuestras casas son cada vez más evidentes y con las lluvias se filtra el agua. Hemos tenido que hacer reparaciones para evitar un mayor deterioro”, señalaron.
El material que se extrae de la mina es el tezontle, utilizado para la construcción del NAICM. Por las operaciones en la mina cientos de familias están en peligro, pues sus casas quedaron a distancias de uno a cinco metros de los taludes y desfiladeros.
Los vecinos acusaron que ya han presentado denuncias por los daños ocasionados en sus viviendas, pero éstas no han procedido porque el empresario y dueño de la mina está protegido por las autoridades estatales y federales.
Organizaciones contra la minería enviaron un comunicado al nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador para manifestar su rechazo a los proyectos mineros y asegurar que “ya no es posible dar continuidad de este modelo extractivo depredador”, por lo que exigieron que todas las concesiones mineras en el país sean canceladas “de forma inmediata”.
Aseguraron que todas las empresas mineras “sin excepción, han violado las leyes, han violado los derechos humanos y han trastocado y vulnerado la participación y la toma de decisiones de los pueblos y de la gente”.
Las organizaciones y colectivos pidieron “cortar de facto con esta política indiscriminada y entreguista de concesiones mineras”, con las cuales las empresas naciones e internacionales despojan a las comunidades para explotar la mina, que además conlleva consecuencias ambientales y de salud para las poblaciones.
“El gobierno electo debe terminar con la simulación y prohibir tajantemente la contaminación de aquellas empresas que tienen proyectos en operación actual”, señalaron en el comunicado y agregaron que quienes contaminen deben reparar los daños ocasionados a la salud y al medio ambiente, “no importando el costo que ello les signifique, así como también reciban las sanciones penales correspondientes”.
En pro de la vida, la paz y el desarrollo comunitario; desde nuestras propias cosmovisiones y en respeto profundo de nuestra Madre Tierra, manifestamos que la minería no representa ninguna opción de desarrollo para nuestros pueblos y sus habitantes.
Así lo ratificaron más de 30 pueblos y comunidades indígenas y campesinas de los Valles Centrales de Oaxaca, acompañadas por organizaciones y colectivos del estado, en el marco del Encuentro de los Pueblos de los Valles Centrales Contra la Minería denominado “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”, evento que tuvo lugar el pasado 22 de Junio, día estatal de Rebeldía contra la minería, en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, distrito de Ocotlán y que PBI acompañó.
El desarrollo del evento dio cumplimiento a los acuerdos generados en el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, realizado en la comunidad de Magdalena Teitipac el pasado 23 de febrero de 2018. El encuentro tuvo los objetivos de: crear una estrategia para preparar el próximo juicio popular y comunitario contra la minería y refrendar la Declaratoria Regional de Valles Centrales contra la minería, donde las comunidades se posicionaron anteriormente, en contra de la actividad minera en el año 2015. El encuentro también fue un confluente de pueblos y comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca que defienden su territorio frente a proyectos mineros, específicamente en oposición del establecimiento de un “corredor minero” de más de 100.000 hectáreas concesionadas sin una consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas; aquí, las personas compartieron, identificaron y diseñaron estrategias comunitarias para enfrentar las múltiples afectaciones sociales, ambientales y culturales, producto de la intervención de proyectos mineros en sus territorios.
Según organizaciones asistentes, actualmente en el estado de Oaxaca existen 322 concesiones para explotación de los recursos naturales, que se concentran principalmente en territorios de los Valles Centrales y la Costa Oaxaqueña. Por su parte, Servicios para una Educación Alternativa A.C. – EDUCA, organización acompañada por PBI en el estado de Oaxaca, recalcó que las múltiples concesiones otorgadas a empresas mineras generan un despojo masivo de tierras a las comunidades indígenas y que eventos como éste, son el resultado de los procesos que se vienen articulando desde el año 2008, cuando tuviera lugar el primero de estos encuentros.
Además de generar redes de información y trabajo regional conjunto entre diferentes sectores sociales, connotar el profundo respeto y consideración que se tiene por la naturaleza y sus recursos y diferenciar la visión de desarrollo, divorciada del concepto economicista del extractivismo, la relevancia del evento radicó en puntos específicos como el establecimiento de los acuerdos para desarrollar un juicio popular y comunitario en contra de la minería el próximo mes de Octubre, la firma de la “Declaratoria Regional No a los proyectos mineros”, documento construido, ajustado y firmado por los participantes, quienes determinaron colectivamente que “El agua vale más que el oro, porque el oro no se bebe”. También se llevó a cabo la constitución de la “Asamblea Comunitaria en Defensa de la Vida No a la Minería” que como ente representante de las comunidades de los valles centrales se encargará de accionar legalmente frente a la intervención minera en dichos territorios.
Debido a que es una gran preocupación para PBI la situación de seguridad de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente (ver publicación Defender la Vida), es fundamental resaltar la legítima labor de muchas organizaciones que al igual que EDUCA, acompañan y abordan procesos de defensa de los derechos humanos de comunidades y pueblos, la soberanía de sus territorios y el respeto y cuidado de los recursos naturales a lo largo del territorio nacional.
Si bien el Estado mexicano ha adquirido una serie de compromisos en términos de normas y suscripción a tratados internacionales, la situación de riesgo para personas defensoras sigue siendo alta y los mecanismos de protección propuestos no parecen ser lo suficientemente eficaces a la hora de abordar la problemática (Ver informe “La deuda del Estado mexicano”del Espacio de organizaciones de la sociedad civil – Espacio OSC). Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionó haber observado en la región “la ausencia de adopción e implementación de medidas efectivas de reconocimiento y protección para quienes defienden y promueven los derechos del territorio, medio ambiente y aquellos ligados al acceso a la tierra”.
Entre tanto, y actuando a petición de las organizaciones locales que acompaña, PBI seguirá trabajando en la protección y ampliación de lo espacios de trabajo de las personas y organizaciones que promueven derechos humanos y de tierra y territorio. Al mismo tiempo, PBI hace un llamado a las autoridades competentes a proteger y propender por el respeto de la labor, la seguridad y la vida de las personas defensoras que diariamente abordan esta problemática.
En la presente administración han sido asesinados 12 activistas, todos ellos pertenecientes a organizaciones vinculadas con la defensa de los pueblos indígenas y su territorio.
La mitad de ellos han perdido la vida violentamente en lo que va del 2018.
El pasado 9 de enero, Felix Guerrero, secretario del Codep fue asesinado a balazos en Putla. Habitantes de esa población encontraron sobre un camino de terracería el cuerpo sin vida del activista, quien tenía un disparo en la frente.
Esta organización está conformada por indígenas y campesinos bajo las consignas de defender los derechos ciudadanos de los pueblos.
Al mes siguiente, el 12 de febrero, un grupo de hombres armados asesinó a tres activistas del Codedi cuando viajaban por la carretera Oaxaca- Huatulco, agrupación que según sus estatutos, busca la defensa de los derechos indígenas y el territorio.
El profesor de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Calixto Pedro Guillermo, fue asesinado el pasado 8 de junio en San Juan Guichicovi, región del Istmo de Tehuantepec. El también luchador social era miembro de la UCIZONI, organización activa en la defensa de la tierra, territorio y empoderamiento de mujeres indígenas.
El último atentado contra activistas tuvo lugar apenas antier. El coordinador regional del Codedi, Abraham Hernández González, de 42 años de edad, fue asesinado en la comunidad de Salchi, Pochutla.
Antes del mediodía, un comando armado entró al domicilio de la víctima y se lo llevó a bordo de una camioneta. Horas más tarde, el cadáver de Hernández González fue localizado con huellas de tortura.
En el marco del Día Mundial contra la Megaminería, celebrado el 22 de julio, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que durante al menos los últimos 24 años se ha implementado una política de Gobierno neoliberal que ha incurrido en la violación a los derechos humanos de comunidades enteras y en la entrega de los recursos naturales.
Las organizaciones urgieron al próximo Gobierno, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, a que escuche las voces de las comunidades, a poner fin a las concesiones mineras y a detener “los proyectos de muerte” a lo largo y ancho de la República Mexicana.
En entrevista con SinEmbargo, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, del Colectivo Azul, explicó que los “proyectos de la muerte” son todos aquellos que atentan contra los bienes y la herencia biocultural de los territorios. El extractivismo de energéticos y minerales, subrayó, son especialmente depredadores.
Denunció que este tipo de proyectos “fracturan a las comunidades y las dividen”. “Hay todo un modus operandi muy bien definido para llevar a cabo la explotación del territorio y todo es a partir de ilegalidades y de impunidad”, añadió.
Durante una conferencia, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Ivette Lacaba indicó que desde las organizaciones existe “un poco de esperanza” de que el nuevo Gobierno muestre disposición de hacer un cambio. Sin embargo consideró que en el tema, el discurso del próximo Presidente de México ha sido ambiguo.
Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), pidió que el nuevo Gobierno los escuche, pero manifestó que la lucha continuará ya sea con un “Gobierno amigo o con un Gobierno enemigo”.
Ruiz Guadalajara enlistó una serie de puntos que el Gobierno de López Obrador podría seguir, si tiene como objetivo proteger al medio ambiente y la salud de la población:
1. Impartir justicia y rendir cuentas.
2. Cancelar concesiones mineras de forma inmediata.
3. Armonización legislativa para la protección del ambiente y de los derechos humanos.
4. Poner fin a la corrupción institucional.
5. Establecer democracia participativa.
6. Recuperar la soberanía y la paz social.
Finalmente, los organismos no gubernamentales dieron a conocer que en distintas ciudades y comunidades alrededor del mundo habrá manifestaciones en contra de la contaminación y el saqueo que produce la actividad extractiva, en el marco del Día Mundial contra la Megaminería.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales( SEMARNAT), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) entregó entregó el “Reconocimiento de excelencia ambiental” junto con otras 58 empresas de alto desempeño ambiental en todo el país.
n 2017, la dependencia informó en un comunicado, estas industrias disminuyeron emisiones de CO2 en 3.5 millones de toneladas, cantidad que generan 684 mil vehículos compactos durante un año, lo cual es un dato que representa el 8% de la meta comprometida para el sector industrial por México para el año 2030.
En el reconocimiento se incluyó a operaciones mineras como las de Minera Roble Unidad Velardeña, Minera Penmont Unidad La Herradura y Minera Saucito, estas dos últimas de Fresnillo PLC, subsidiaria de Industrias Peñoles.
Fernando Alanís Ortega, director general de Peñoles, recibió el reconocimiento que distingue a la Unidad Velardeña por el alto compromiso que tiene la empresa con la preservación del medio ambiente.
Para que peñoles se hiciera merecedor de este reconocimiento destaca:
• Certificación en el máximo Nivel de Desempeño (NDA2)
• Instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales;
• programa de ahorro de energía;
• domo para evitar emisiones de partículas de polvo a la atmósfera;
• un sistema de recuperación y recirculación de agua bajo la administración de “cero descargas”;
• manejo controlado y de minimización de residuos;
• campañas de reforestación;
• promoción de educación ambiental;
• apoyo a comunidades vecinas
Industrias Peñoles siempre ha demostrado interés ambiental y compromiso para dejar un mejor planeta para generaciones futuras.
Alrededor de 300 hectáreas de cultivos han sido afectadas por la mina “El Águila” al contaminar el río Tehuantepec, situación que motivo al Congreso del Estado a solicitar un informe del expediente administrativo de responsabilidad de esta empresa minera filial de Gold Resource Corporation.
Según el directorio del sector minero de la Secretaría de Economía, la unidad El Águila, se ubica a 120 kilómetros de la capital de Oaxaca y es una mina de yacimiento de oro y plata extraíbles a través de un rajo abierto por la empresa Don Juan Gold México S.A. de C.V., cuya propiedad pertenece al grupo estadounidense Gold Resource Corporation.
En la planta de la empresa Don David Gold México S.A. de C.V., que inicio sus actividades en 2010 se procesan los minerales de oro y planta que provienen de la mina El Águila y que contamina al rio “Tehuantepec.
El pleno de la LXIII Legislatura local aprobaron solicitar a los titulares de la delegación en Oaxaca de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un informe del estado que guarda el expediente administrativo de esta empresa minera.
En sesión ordinaria, integrantes de la legislatura expusieron que a la fecha, los desechos de la mina “El Águila” que van al río “Tehuantepec” ya han secado el 40 por ciento de 50 hectáreas de cultivo de limón, cuyo número de hectáreas afectadas asciende a las 300.
Recalcaron que los terrenos de cultivo de papaya, pepino, maíz, frijol y miltomate han sido los principales afectados que se nutren mediante el sistema de riego y ahora por los trabajos realizados por la mina afecta de manera directa a la economía de las familias dedicadas al campo.
De igual forma, coincidieron en la necesidad de solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), para que de manera inmediata implemente programas de apoyo emergente para los campesinos de la región, que han perdido sus cosechas a consecuencia del daño ambiental ocasionado por la mina.
En asociación con empresas de otros países, el gobierno venezolano explota el Arco Minero del Orinoco, una vasta región rica en minerales. Las graves consecuencias sociales y ambientales de estas actividades han pasado mayormente desapercibidas. La devastación de Venezuela es también ecológica.
El régimen de Nicolás Maduro, siguiendo los pasos de su predecesor Hugo Chávez, quien ya lo había anunciado en 2011, abrió las compuertas al apocalipsis ambiental cuando puso en marcha en 2016 el llamado Arco Minero del Orinoco:
una vasta extensión de 111 mil 846 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 12,2 % del territorio venezolano, que atraviesa selvas del sur como la sierra de Imataca, La Paragua y El Caura y las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, todos sistemas ecológicos frágiles, habitados por comunidades indígenas.
La voracidad del gobierno chavista, escaso de divisas petroleras debido a su propia incapacidad y corrupción en el manejo de PDVSA, ha hecho que Maduro y sus cómplices se vuelquen hacia la explotación de recursos mineros. El Arco cuenta con grandes reservas de coltán (mineral codiciado por la industria de la electrónica), bauxita, diamantes y oro que algunos cálculos valoran en unos 2 trillones de dólares. Bajo un esquema de asociaciones estratégicas, el gobierno venezolano ha dado concesiones de explotación minera a diversas empresas chinas, rusas, canadienses, surafricanas, australianas y de otros países. Una de las empresas concesionarias es la llamada Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la porción del “pastel” que le ha tocado a la casta militar, soporte principal del régimen.
Las comunidades de pueblos indígenas han sido una de las principales víctimas de la participación militar en las regiones mineras. Esto ha resultado en enfrentamientos con fuerzas militares, en crímenes contra representantes de esos pueblos, y en una red de manejos oscuros de un negocio que pudre el tejido social, sanitario y moral de esas regiones. En un extenso y muy documentado reportaje, el periodista Edgar López relata los horrores asociados con la exploración del Arco Minero, un cóctel destructor que mezcla “crimen, corrupción y cianuro”.
La migración de personas hacia las zonas selváticas para trabajar en la minería es una de las razones (no la única) que explican un incremento de los casos de malaria en Venezuela. Estos movimientos de población hacia los campos mineros también han resultado en un incremento de la prostitución, el tráfico de seres humanos (especialmente en tiempos de crisis humanitaria), y la explotación de los trabajadores. Todo esto en un país donde no existe el Estado de derecho, y el sistema judicial y de protección de los derechos humanos, incluyendo a la Fiscalía de la República y el Defensor del Pueblo (ombudsman), están al servicio del régimen de Maduro.
Algunos chavistas han denunciado la devastación del Arco Minero del Orinoco. Antiguos ministros y funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, incluyendo al Mayor General Clíver Alcalá Cordones, introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano para detener la explotación minera en esa zona, pero la máxima instancia judicial la declaró improcedente. Varias organizaciones no gubernamentales venezolanas, entre las que está la Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) también han alertado contra los efectos nefastos del Arco Minero. Pero el gobierno venezolano ha hecho caso omiso a todas estas denuncias. Recientemente anunció que un primer cargamento del mineral coltán había sido despachado a Italia, noticia que no aparece confirmada por ninguna fuente independiente.
En el plano internacional también se han escuchado algunas voces de alerta. Sin embargo, llama la atención el silencio de los grandes del ecologismo, como Greenpeace (un grupo llamado Greenpeace Venezuela, que no parece representar oficialmente a Greenpeace, hizo una tímida denuncia en su página Facebook) o el WWF. También resulta curioso que un vocero del ecologismo como el canadiense David Suzuki haya aceptado participar en una conferencia organizada en 2015 por la Embajada de Venezuela en Canadá bajo el título IV Encuentro de Saberes, pero que en la misma no haya mencionado el bien documentado impacto ecológico de la explotación petrolera en Venezuela, y particularmente del petróleo extra pesado de la Faja del Orinoco.
La exploración y explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ha causado graves impactos en el medio ambiente en San José del Progreso y en sus alrededores, pero también el rompimiento del tejido social y el homicidio de dos opositores que aún siguen sin castigo.
De acuerdo con el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, la preparación del proyecto incluyó desmonte, remoción de suelo, nivelación, compactación y creación de nuevos caminos, que han originado en consecuencia, impactos permanentes al ambiente, como alteración de la geoforma y de la profundidad del suelo, así como erosión y pérdida de suelo natural.
Otros daños
Además, el ruido y vibraciones en suelo que causan la detonación de explosivos para la extracción de los minerales, se perciben hasta ocho kilómetros de distancia, en las comunidades aledañas Monte del Toro, Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa y la Noria de Ortiz.
Aparte de esto, la explotación de la mina tiene un impacto sobre la fauna local debido a la luminosidad por trabajo nocturno en las áreas de extracción y operación.
Independientemente de esto, el consumo de agua de la mina es de mil 500 metros cúbicos por día, lo que equivale a un millón 500 mil litros, que corresponde a 150 tinacos de 10 mil litros por día.
Para la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua (Copuda), los decretos de reserva de agua recientemente publicados por el gobierno federal, son una traición a México.
“Es un despojo a los pueblos originarios”, señaló Job Manuel Juárez Díaz, representante de COPUDA, organización que desde hace 13 años enfrenta una lucha legal por levantar el decreto de veda que restringe el uso del vital líquido en los Valles Centrales.
Existe -dijo- un trato diferenciado de parte del gobierno federal que privilegia a los empresarios por sobre la ciudadanía.
Recordó que desde 1967, por decreto presidencial se estableció una veda en el Valle de Ocotlán y Zimatlán. Al paso de los años, pobladores de 12 comunidades empezaron a organizarse para establecer acciones articuladas para el mantenimiento y fortaleza a los mantos freático con el objetivo de tener acceso al agua.
Alimentos contra minería
Indicó que mientras que en las comunidades requieren de agua para la producción de alimentos en el trabajo de agricultura, las grandes empresas la utilizan para acciones de minería y fracking.
La Copuda presentó en distintos momento peticiones a la Conagua para que revisara una posible modificación del decreto de veda de 1967 debido a que fueron ignorados recurrió a un amparo ante el juzgado de distrito por incumplir el derecho de petición.
En 2012 la Copuda ganó un amparo directo y en abril de 2013 la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente 9216/11-17-01-5, dictó sentencia a favor de los pueblos.
Ante el desacato de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, al acuerdo de la asamblea ejidal para prohibir la minería en su territorio, los campesinos de esta comunidad están molestos porque vulnera su derecho a la libre determinación, pero también están más decididos a no permitir su ingreso y el desarrollo de cualquier actividad en su jurisdicción.
Por mayoría, la asamblea ejidal convino, el 13 de octubre de 2016, rechazar alguna autorización en favor de personas, dependencias, empresas, organizaciones civiles, investigadores y a cualquier instancia de gobierno, para realizar estudios de prospección, exploración y explotación de minerales en su territorio, al descubrir que la Secretaría de Economía (SE) había otorgado la concesión Progreso II a la compañía canadiense en su territorio y en otras comunidades vecinas, para expandir las operaciones de la mina La Trinidad, localizada en San José del Progreso.
Sin embargo, los campesinos se percataron el 30 de junio de 2017, que la empresa canadiense había hecho excavaciones en sus tierras, en los límites con San José del Progreso, a pesar del acuerdo de la asamblea ejidal, que fue presentado en el Registro Agrario Nacional (RAN).
Los ejidatarios se opusieron a la ampliación de Fortuna Silver Mines, porque la concesión Progreso II contaminará un área eminentemente agrícola y forestal, ubicada en el paraje Las Marías, donde se encuentran las presas Bordo Vallito y Yoguvene, en jurisdicción de San José del Progreso y San Martín de los Cansecos, que se utilizan para el consumo humano y el campo.
Además, el paraje Las Marías tiene una gran importancia para las comunidades, por ser una de las zonas principales para la recarga de mantos acuíferos y como consecuencia, la minería se convertirá en una grave amenaza ambiental.
El Gobierno mexicano emitió en total una decena de decretos para suprimir vedas existentes en más de la mitad de las cuencas hidrológicas del país, por ello, investigadores y académicos en temas de agua y medio ambiente urgieron al Presidente Enrique Peña Nieto a abrogarlos, pues prevén que el vital líquido podría ser entregado a distintas industrias entre las que incluyen mineras, inmobiliarias, fracking, cerveceras, refresqueras, entre otras.
De inicio, ¿qué es una zona de veda? De acuerdo con el propio Gobierno federal son “áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos”.
Pero el pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el mandatario mexicano firmó diez decretos para eliminar las vedas de 300 cuencas y la acción fue presumida como una “reserva hídrica para uso ambiental”, incluso hoy, un día después de que medios de comunicación nacionales dieran a conocer la noticia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un comunicado en el que aseguró que “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”.
Vecinos de la agencia Boca del Río, en Salina Cruz del Istmo de Tehuantepec, denunciaron que la tarde de este martes se registró un nuevo derrame de crudo sobre sus terrenos ejidales, lo que agrava la contaminación en la zona.
Información vertida ante el medio local, RCP Noticias, señala que fue cerca de las 14:00 horas que vecinos de la zona, sobre la carretera que conduce a la agencia que comenzó a filtrarse el olor a combustible a los hogares y fue que dieron aviso al presidente del ejido, Sergio Martínez.
El hidrocarburo también afectamanglares en al menos 100 metros y sigue avanzando.
Según el presidente ejidal, no es la primera vez que un derrame contamina incluso los afluentes cercanos, pues ya el año pasado se registraron dos fugas y pese a haber hecho la denuncia, incluso ante la Secretaria de Gobernación, las autoridades han hecho caso omiso.
Fue el Consejo de Vigilancia de Petróleos Mexicanos quien llegó a la zona y comenzaron a colocar mamparas.
Los ciudadanos están alertando sobre que la fuga alcance la laguna cerca a la zona.
Con la concesión Monte Albán IV de unas 10 mil hectáreas, que ha solicitado al gobierno federal, la empresa canadiense Fortuna Silver Mines pretende ampliar su zona de explotación en territorio de los municipios de Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y Asunción Ocotlán, ante el total rechazo de las comunidades del Valle de Ejutla, colindantes a San José del Progreso, donde funciona la mina La Trinidad.Una de ellas, fue esta comunidad y su anexo Los Ocotes, quienes dieron un rotundo no y declararon su territorio libre de minería, a pesar de las presiones y amenazas de la compañía, debido a los conocidos efectos nocivos del modelo extractivista en el medio ambiente.
Pero también, porque el gobierno federal no respetó el derecho al territorio, ni convocó a una consulta libre, previa e informada en las comunidades de los Valles de Ocotlán y de Ejutla de Crespo, al otorgar la concesión a la compañía canadiense.
Pues, al no conocer su parecer sobre el proyecto en San José del Progreso, quebrantó la Constitución Política federal, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Además, la empresa canadiense, a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán, que se encarga de las operaciones de La Trinidad, realizó estudios hidrogeológicos en el ejido de la comunidad y su anexo, sin informar o dar parte a sus órganos de decisión interna.
Por esta razón, los habitantes del ejido El Vergel y su anexo Los Ocotes se mantienen organizados y en resistencia ante otra eventual ofensiva de Fortuna Silver Mines, por el rechazo que se empieza a dar en Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y Asunción Ocotlán.
El ingreso al Tratado de Libre Comercio (TLC) detonó la grave contaminación de los ríos mexicanos, que en números, significa el 70% de los ríos mexicanos.
Agua para Todos publicó en su página de internet un artículo en que se señala que especialistas en diversas disciplinas en Ciencias de la UNAM, así como el Relator de la ONU sobre el Manejo de Sustancias Peligrosas coincidieron en que fue a partir de 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en México detonó la proliferación de industrias extractivas.
Señalaron que “con ello se instauró también la laxitud de la normatividad para permitirles operar con impunidad, lo que ha puestos sus recursos naturales, principalmente el agua, en un verdadero riesgo”.
Raúl García Barrios, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, alertó que el 70 por ciento de los ríos mexicanos está contaminado gravemente por las industrias extractivas, privadas y también por parte de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, lo que tiene al país en una “catástrofe”, indicó Agua para Todos.
Las industrias extractivas son aquellas que se dedican a extraer y explotar los recursos del subsuelo: minerales, gas y petróleo; aclaró.
Las industrias extractivas en México, tanto las que administra el Estado como las privadas, han provocado una situación “catastrófica” en los cuerpos de agua, ya que alrededor del 70 por ciento de los ríos presenta contaminación grave, denunciaron especialistas en materia y organizaciones civiles.
“Además, todo ese deterioro lo han realizado con el permiso y la omisión de funcionarios del Gobierno federal y de las autoridades estatales y municipales, explicaron”, se detalla en el artículo.
Una vez que se ha corrido la voz de alerta sobre la intención de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, de obtener una nueva concesión minera en el Valle de Ocotlán, los habitantes de esta comunidad ya empezaron a compartir información y a coordinarse, para evitar su emplazamiento.
Muchas son las causas de su desacuerdo, pero es fundamentalmente, la eventual contaminación al medioambiente, por las experiencias conocidas en el vecino San José del Progreso, donde la empresa canadiense opera la mina La Trinidad, a través de su filial Cuzcatlán.
Además, como comunidad dedicada completamente al campo, no tiene ningún interés en el desarrollo promovido por la actividad minera, por su gran respeto a la madre tierra y al agua.
«Solamente trae muerte»
“Como campesinos, no queremos ese desarrollo, porque la minería solamente trae muerte”, aseguró el presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), Ángel Ruiz Méndez.
Ante la intención de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines de obtener una nueva concesión, esta comunidad zapoteca del Valle de Ocotlán ha comenzado a informarse y a organizarse para impedir cualquier trabajo de exploración y explotación minera en su territorio.
Pues una gran parte de su superficie, donde se encuentran grandes extensiones de tierra dedicadas a la agricultura, quedaría dentro del polígono de la mina.
Además, afectaría todas las obras de captación de agua de lluvia que ha desarrollado la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) durante más de una década, para mantener el nivel de los mantos acuíferos y con esto, poder enfrentar la sequía registrada en los últimos años.
Las afectaciones
“Después de conocer la información, empezamos a organizarnos porque no vamos a permitir la entrada de la minera. Las minas solamente causan muertes”, aseveró la representante de la Copuda en la comunidad, María de los Ángeles Santiago Sánchez.
La activista dijo que los detalles de la nueva concesión de Fortuna Silver Mines, especialmente el plano del polígono de la mina, ha causado una enorme preocupación en la comunidad, porque una gran parte del casco quedaría en su interior.
Ante la eventual entrega de una nueva concesión a la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, esta comunidades y otras del Valle de Ocotlán se declararon en alerta para evitar el ingreso a su territorio de personal de esa compañía a desarrollar trabajos de exploración.
“Esa es la decisión del pueblo, no queremos ese tipo de desarrollo por todas las consecuencias que origina la explotación de una mina”, aseguró Román Cruz Varela, representante del Equipo Kruz, un colectivo que se ha dedicado a documentar los alcances de la nueva concesión a la empresa canadiense.
A principios de este año, Fortuna Silver Mines requirió a la Secretaría de Economía (SE) el otorgamiento de la concesión denominada Monte Albán IV –en las inmediaciones de la mina en explotación La Trinidad, ubicada en San José del Progreso–, que abarca una superficie de 10 mil hectáreas, sobre los cuatro municipios más grandes del Valle de Ocotlán, entre estos, Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y Asunción Ocotlán.
Aunque, también ocupa alguna parte del territorio de los municipios de San Juan Chilateca, Santa Ana Zegache, Santa Lucía Ocotlán, San Pedro Apóstol y Magdalena Ocotlán.
El activista dijo que el pueblo de San Juan Chilateca se opone a la explotación de la minería porque provocará una severa contaminación en la tierra, el aire y el agua de su comunidad, así como por los riesgos en la salud de sus habitantes.
La mina en San José del Progreso –aseveró–, fue el mejor ejemplo para San Juan Chilateca y demás comunidades, por el rompimiento del tejido social, la contaminación en el medio ambiente y las enfermedades provocadas en trabajadores y pobladores.
“Es pleito de minas”. De esta forma, un poblador de Potrerillos define la causa de la violencia que ha dejado una estela de muertes y de desplazamientos forzados en la sierra del municipio de Concordia, desde hace un año.
Ya no es la producción de drogas ilegales, lo que produce la violencia en la zona montañosa de Concordia es la disputa de grupos armados por el control del territorio ligado a la minería, en el distrito minero de Pánuco-Copala, una región rica en yacimientos de oro y plata, sobre todo plata.
El miedo y el silencio dominan en esa región, enclavada en la Sierra Madre Occidental sobre una gran riqueza, que parece ser el motivo de su infortunio.
Mientras las víctimas relatan cómo tuvieron que salir de sus comunidades para dejar sus casas, sus animales y sus huertos, dos bandas de gavilleros pelean por el “derecho” de extorsionar.
No se limitan a los mineros. Van por otros empresarios: de la madera, agricultores, comerciantes, transportistas… En Potrerillos extorsionan a los madereros, también de eso se ha mermado el trabajo, comenta el entrevistado. Pero lo que más parece interesar a los maleantes, advierte, son las minas.
Tiene 51 años y salió de esta localidad luego de que el 28 de julio de 2017, asesinaron a ocho personas, de las cuales cinco fueron decapitadas.
Aun cuando la superficie concesionada a la minería aumentó 16.4 mil hectáreas de 2016 a 2017, Mazapil, uno de los municipios donde se desarrolla con mayor medida la actividad minera, se posiciona a nivel nacional como uno de los más pobres, a pesar de que reciba recursos del Fondo Minero.
Según el informe Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio, creado por la organización Fundar, Mazapil y Fresnillo concentran 50 por ciento del recurso del Fondo Minero. Son los primeros lugares en la recepción de recurso del fondo federal, es decir, como estado se recibe 80 por ciento del dinero.
En el informe correspondiente a 2016 y 2017 se da a conocer el caso específico de Mazapil. A pesar de ser uno de los municipios que ha recibido la mayor cantidad de recursos del Fondo Minero, de 2014 al 2016, 60 por ciento de los habitantes del municipio vive en la pobreza y 13 por ciento en pobreza extrema.
Dentro del estudio realizado por Fundar se especifica que no sólo la actividad minera en los municipios deja pobreza, sino también el desplazamiento forzado. Alude el caso de Salaverna, Mazapil, donde desde 2012 los habitantes se han empeñado en visibilizar dicho problema.
Otros estragos son: violencia sexual forzada por parte de trabajadores de la mina en contra de las habitantes del municipio; afectaciones a la salud porque los habitantes presentan problemas en la piel y en los ojos, producto del polvo que proviene de la planta de lixiviados, ya que el oro se obtiene mediante el uso de cianuro; asimismo, las afectaciones económicas son mayores en mujeres que en hombres.
El desbordamiento de la presa de jales en la mina Río Tinto, en el poblado de Cieneguita, del municipio de Urique, ayer por la mañana, cobró la vida de tres personas, además de dos heridas y una cifra desconocida de desaparecidas que oscila entre ocho y 23 personas, y que podrían estar sepultadas en el lugar.
Según se estableció, el accidente ocurrió a las 10:40 horas al momento en que se derrumbó el muro de contención del presón de los jales –donde se acumulan residuos y materiales extraídos de la mina— y arrastró todo a su paso.
Horas más tarde, se logró rescatar a dos trabajadores, quienes resultaron policontundidos y fueron trasladados en un taxi aéreo a la capital del estado, a donde arribaron por la tarde. Se trata de José Enrique Bustamante Aguirre, de 37 años, y Jesús Antonio Vega Trasviña, de 36, ambos trabajadores de la mina, quienes fueron hospitalizados.
De acuerdo con el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentran estables y al parecer no presentan severos daños neurológicos.
Aun cuando la Fiscalía General del Estado no proporcionó información oficial, personal del gobierno municipal de Urique dio a conocer que al menos tres personas habían fallecido. Uno de ellos identificado como Óscar Castellón, otro como Óscar Minjares y del tercero aún no se establecía su identidad.
Testimonios de familiares de los afectados y pobladores destacaron que la corriente de desechos cobró tal fuerza que arrastró maquinaria pesada y a las personas que laboraban en la parte baja del cerro de la mina de cielo abierto dedicada a la extracción de oro y plata.
Tanto Conagua como la Profepa descartaron el riesgo de que el jales de la presa que se derrumbó en Urique, pueda llegar a las presas y contaminar el agua que llega a las potabilizadoras de Los Mochis.
Conagua emitió un comunicado donde informa que no existen riesgos el accidente en la mina La Cieneguita hacia la cuenca del río Fuerte.
Ramón Loo, Directivo de la empresa Minera Río Tinto, informó que la mina La Cieneguita produce oro mediante el método de flotación con uso de espumantes biodegradables, es decir, que no usan cianuro.
La presa de jales está sobre un arroyo que no presenta escurrimiento y es afluente del río Fuerte.
La distancia entre la presa y el río es de 30 kilómetros, mientras que el material cayó 6 kilómetros por el cauce del arroyo.
Ante la advertencia que hicieran las mineras Candelaria Mining y Gold Corp de reanudar trabajos de exploración pasando las elecciones, pobladores y organizaciones ambientalistas se manifestarán en la ciudad de Actopan en protesta de la actividad minera.
Lo anterior lo dio a conocer el integrante de Pobladores A.C., Guillermo Rodríguez Curiel quien dijo que ese 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el alcalde de Actopan, Paulino Domínguez Sánchez entregará un acta de Cabildo donde declara al municipio libre de minería metálica y tóxica.
“Vamos a seguir firmes en contra de las empresas mineras Candelaria Mining y Gold Corp para que desistan de sus intenciones de explorar y explotar la zona, vamos a seguir firmes por más de 50 años”, afirmó.
Recordó que las citadas mineras se ubican en los municipios de Alto Lucero y Actopan, y tienen los enclaves mineros de Caballo Blanco, La Paila, El Cobre, Banderas Norte y Sur, entre otros, que abarcan un total de 80 mil hectáreas.
Más del 50 por ciento de los principales municipios mineros de México tienen niveles de pobreza que rebasan el promedio nacional, y alrededor del 13 por ciento rebasa los límites de pobreza extrema, lo cual demuestra que el desarrollo que aporta esta industria es un mito, reveló el informe “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio” de la organización Fundar.
De acuerdo con el documento presentado hoy, bajo la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se incrementó la entrega del territorio mexicano a mineras y petroleras para la exploración y extracción de minerales e hidrocarburos, pasando incluso por encima de los ordenamientos ecológicos y derechos humanos.
De este análisis se desprende que el 54 por ciento de los principales municipios que han recibido recursos del Fondo Minero se sitúa en niveles por arriba de la línea de pobreza promedio a nivel nacional establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), mientras que el 29 por ciento está por encima de la línea de pobreza extrema promedio a nivel nacional.
La medición de pobreza del Coneval utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes.
Las personas pobres en México son aquellas que tienen una o más carencias sociales y tienen un ingreso mensual menor a los 2 mil 650.8 pesos al mes en el caso de las zonas urbanas y a mil 498.27 pesos en rurales.
Esto supone que, pese a la actividad minera histórica en los municipios analizados por Fundar, los niveles de pobreza siguen siendo críticos y que en poco más de la mitad de los municipios la situación de pobreza rebasa la línea promedio nacional.
Las personas pobres en México son aquellas que tienen una o más carencias sociales y tienen un ingreso mensual menor a los 2 mil 650.8 pesos al mes en el caso de las zonas urbanas y a mil 498.27 pesos en rurales.
Esto supone que, pese a la actividad minera histórica en los municipios analizados por Fundar, los niveles de pobreza siguen siendo críticos y que en poco más de la mitad de los municipios la situación de pobreza rebasa la línea promedio nacional.
Vecinos de las comunidades La Nueva Evangelista, San Juan, Maquixco, Palomar y Atlatongo denunciaron que las constantes explosiones que se realizan en la mina Temeyo a fin de extraer materiales pétreos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) han dañado viviendas y los tienen atemorizados.
Explicaron que la tarde del lunes ocurrió un estallido mucho más intenso, que cimbró la tierra y estrelló vidrios en varias casas.
“Estamos muy preocupados. Fue como la explosión de un tanque de gas muy cerca. Seguramente usaron más explosivos –dijo un vecino cuya vivienda resultó dañada–. Nosotros vivimos a un kilómetro de la mina y desde hace un mes hay explosiones a cada rato.”
Explicaron que desde septiembre de 2016 las empresas Estrella y Porvenir comenzaron a explotar la mina El Temeyo, en el cerro de Ocuila, localizado aproximadamente a seis kilómetros del centro de Teotihuacán. Sin embargo, en los seis meses recientes la explotación ha sido permanente.
Antes las explosiones eran cada siete días, en promedio; hoy son cada dos o tres días, pero seguidas. Están trabajando a marchas forzadas y quieren sacar todo el material cuanto antes. Ya hay más empresas trabajando. Las viviendas más cercanas se ubican a 200 metros de las minas y hay varias de ellas cuarteadas
, señaló el informante.
Recordaron que antes de empezar a explotar la mina, las empresas arrasaron con miles de árboles de palo dulce, biznagas, abrojos, nopaleras, magueyes y plantas de xoconostle. Además, desaparecieron zorros, liebres, conejos, ardillas, palomas, cenzontles, serpientes y codornices, entre otras especies.
“Ya han ya explotado 50 por ciento del cerro. Hemos acudido a las autoridades municipales, pero no quieren hacer nada porque reciben dinero de las empresas.
Queremos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las autoridades de Protección Civil actúen, porque corremos riesgo con las explosiones
, finalizó.
Rafael Huízar Álvarez, investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha advertido que las constructoras están destruyendo cerros que son centros ceremoniales, lo que además alterará las condiciones climáticas en esta región, que es de recarga de acuíferos.
La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, en México, obtuvo a inicios del mes de mayo la suspensión definitiva de la Consulta Indígena sobre el proyecto eólica Gunaa Sicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. –filial de la transnacional francesa EDF EN-, y la suspensión de la construcción y operación del parque eólico.
El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Oaxaca resolvió la suspensión por no existir condiciones naturales, dado el sismo ocurrido en septiembre de 2017 y los subsecuentes. También por no haber condiciones sociales por los conflictos internos que pudieran surgir en la propia comunidad por los próximos comicios electorales a nivel municipal, ya que esos aspectos podrían influir en el proceso de consulta.
Juan Antonio López, abogado y coordinador del Área Jurídica de ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), organización que asesora juridicamente a la comunidad de Unión Hidalgo, informa que la suspensión definitiva es una medida cautelar hasta que se dicte la sentencia final de los dos amparos solicitados por comuneros de Unión Hidalgo donde piden la cancelación de la consulta por falta de condiciones sociales, políticas y económicas, por el terremoto del 7 de septiembre.
“La suspensión que obtuvimos no significa que ya se haya logrado detener definitivamente el proyecto. Esta suspensión es definitiva y está vigente mientras se resuelva la sentencia del amparo, así que el juicio sigue su procedimiento”, explica el abogado de ProDESC.
La suspensión definitiva, por lo tanto, es una medida que se toma durante el litigio en la espera de que se resuelva el amparo. El objetivo de la medida es evitar que se violen los derechos humanos, mientras no se resuelve el amparo.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la libertad de expresión en México enfrenta ataques endémicos.
De acuerdo con la Relatoría, en México tanto periodistas como defensores de derechos humanos enfrentan una profunda crisis de seguridad.
A través de un comunicado, dicha relatoría condenó el asesinato del periodista Juan Carlos Huerta en Villahermosa, Tabasco, México y solicitó al gobierno mexicano que investigue el crimen con “debida diligencia” para esclarecer su posible relación con la actividad periodística del fallecido.
“Recordamos que la obligación de conducir la investigación con debida diligencia y agotar todas las líneas lógicas de indagación reviste especial relevancia en casos de violencia contra periodistas”
La relatoría insistió en la necesidad de crear tanto cuerpos como protocolos de investigación debido a que los crímenes perpetrados contra periodistas amedrentan el trabajo de otros y las denuncias ciudadanas contra los abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.
La Secretaría de Economía (SE) otorga permisos para proyectos de minería a cielo abierto por la generación de empleos que generan, Arcelio Sosa, comisionado de la dependencia federal a la supervisión de Candelaria Mining Corp para los trabajos mineros en el cerro La Paila.
En un recorrido en zonas bajas del cerro mencionado, ubicado en Palma Sola, municipio de Alto Lucero, el funcionario aseveró que el proyecto La Paila, antes conocido como Caballo Blanco, representaría una importante derrama económica para la zona.
«Estos proyectos son importantes para el gobierno federal, porque tienen que ver con la generación de empleo, con la derrama económica en la zona que se aplica».
El servidor público consideró que Veracruz no es un estado minero y, por ello, mucha gente se opone a los nuevos proyectos.
Por tal motivo, la Secretaría de Economía pidió a la empresa Candelaria Mining Corp que realice una campaña informativa en las comunidades cercanas al cerro La Paila.
«Se están pidiendo estos complementos de darle a conocer a la gente el proceso de la explotación de una mina, que es de total desconocimiento de la zona, entonces de ahí la misma comunidad a través de encuestas deberá dar su punto de vista, pues la necesidad de empleo sí es una importancia en la zona».
El fin de semana pasado se realizó la fiesta de Tierra Caliente, un festival cultural de comunidades serranas que se encuentran a las orillas del Río Grande. Las actividades dieron inicio el día sábado en la comunidad de Capulálpam de Méndez donde fueron recibidos afectados de la región carbonífera de Coahuila, participando en la radio comunitaria y posteriormente en la proyección de documentales. El domingo la banda de música acompañaba el recorrido hacia «Agua Blanca», habitantes de Capulálpam así como autoridades municipales y comunales de los pueblos convocantes y organizaciones de la sociedad civil se enfilaron para hacer el recorrido místico-religioso. A la llegada a «Agua Blanca», el presidente Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam, C. Netzar Arreortua dio las palabras de bienvenida a todos los asistentes invitando a las comunidades serranas a reflexionar: “Comparto un dato muy importante: Hasta marzo 2018, solamente en el territorio de Capulálpam hay 13 concesiones mineras. Así en Ixtlán de Juárez hay una concesión minera que abarca más de 5 mil hectareas. Y lo mismo lo tiene San Miguel Amatlán, Santa Catarina Lachatao, los pueblos del Rincón, Los Cajonos, allí están las concesiones mineras. Por lo tanto no podemos permitir estas cosas. Hoy en día recibimos con mucho agrado los hermanos de Pasta de Conchos, Coahuila. En el 2006 quedaron sepultados 65 mineros. De estos 65 mineros, solamente rescataron 2 cuerpos, 63 siguen allí en el subsuelo, y nadie ha hecho nada. Los recibimos desde el día de ayer, y con mucho beneplacito ellos ven que es posible una lucha de resistencia contra la minería”.
Los más ancianos aun recuerdan la marca del dolor y enfermedad que la Compañía Minera de Oaxaca S.A., filial de la Texas Mining & Smelting Division of National Lead Co., dejó en Loma Reyes Almacén, San Juan Mixtepec, en la década de los 40. Por ello cuando a mediados de febrero la Compañía Nacional de Minerales y Metales, S. A. de C. V., llegó sin avisar a las autoridades municipal y agraria, sobre su presencia en el lugar para reiniciar la extracción del antimonio, este pueblo mixteco les dio un ultimátum para abandonar el lugar en un plazo de 15 días. Con el amparo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas que establece la autorización sujeta al proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado de la comunidad pese a la concesión otorgada por la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal. «No queremos la minería porque contamina el suelo, el agua, el medio ambiente. Esa, es la experiencia que se tiene de los años 40, que no dejó ningún beneficio económico al pueblo. Al contrario, muchas familias se quedaron desamparadas porque murieron bastantes trabajadores por enfermedad, cuando tenían entre 35 a 40 años”, explica Antonio Gómez Bautista, presidente municipal, además señala que el 29 de abril pasado, se acordó en asamblea comunal no permitir el ingreso a esa empresa ni a cualquier otra a explotar la mina.
23 organizaciones sociales exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) “que las líneas de investigación” sobre el caso del defensor de derechos humanos y del territorio, Manuel Gaspar Rodríguez, “incluyan el posible vínculo de su asesinato y los intereses afectados de la Minera Autlány del presidente municipal de Cuetzalan, Óscar Paula Cruz”. Representantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, el Consejo Tiyat Tlali y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, entre otras, ofrecieron una rueda para medios en la que dieron a conocer un comunicado, en la que advirtieron que la compañía y el edil panista estarían agraviados “al detenerse proyectos como El Aretón, la Línea de Alta Tensión Cuetzañan entronque Teziutlán II Tajín y al cancelar la actividad del relleno sanitario intermunicipal de Cuetzalan”. Acusaron que las autoridades fueron omisas, pues aunque “se denunció el constante hostigamiento” en contra de Gaspar Rodríguez y su quehacer, el gobierno mexicano no atendió las exigencias de medidas cautelares y tampoco inició investigación alguna al respecto, por lo que incumplió con su obligación de proteger sus derechos humanos, especialmente tratándose de amenazas hacia un defensor de derechos humanos”. Indicaron que el caso del crimen ya está siendo presentado ante organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos.
La llamada “consulta popular” supone interlocución con la población en general para incorporar sus aspiraciones en materia de desarrollo y planeación democrática. De ahí derivó la práctica de realizar foros temáticos dirigidos al público en general, sin mecanismos de seguimiento sobre los planteamientos presentados.
Se observa con preocupación que criterios similares fueron trasladados al congreso y a las políticas públicas respecto a consultar a pueblos indígenas como un procedimiento. Pomposamente le denominan “sistema” por organizar diversos foros, sin referencias a construir acuerdos con instancias representativas de los pueblos indígenas, previos a la autorización de proyectos que han de desarrollarse en las tierras y territorios que actualmente ocupan.
Uno de los principios básicos del derecho a la consulta previa es que se realice mediante la buena fe.
Lamentablemente este principio ético jurídico está ausente. De pronto los legisladores recordaron que tendrían que hacer como que consultaban antes de presentar un proyecto de ley y convirtieron cuatro iniciativas previas, inconsultas, en un texto formalmente presentado al que denominan Anteproyecto de Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas. ¿A quien pretenden engañar? Las iniciativas previas e inconsultas se pueden encontrar en las respectivas Gacetas Parlamentarias.
Peor aún, la primera de ellas, la llamada Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, del 4 agosto de 2003, fue aprobada en el Senado el 14 de diciembre de 2005 y enviada formalmente a la Cámara de Diputados. Las otras iniciativas formales y en proceso de dictamen son la Ley del Sistema de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, del 27 de abril de 2004; la Ley General del Sistema Nacional de Consulta Indígena, del 18 de septiembre de 2008, y la Ley Federal de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, del 25 de marzo de 2010.
Es obvio que estas iniciativas no son producto de ninguna consulta conforme a derecho ni conforme a la abundante y significativa jurisprudencia internacional de la oit o del Sistema Interamericano. Marcan el acento en el procedimiento de foros regionales abiertos. Algunos incluyen asambleas comunitarias, encuestas y entrevistas, la creación de organismos técnicos para procesarla o de instancias de coordinación bicamaral o en la propia CDI. (…)
Por todo ello, Un juez federal ha ordenado a los diputados de congresos locales a crear la Ley de Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena fe para los pueblos y comunidades indígenas. Ello debieron haberlo hecho desde hace 17 años, se indica en la resolución emitida el pasado 18 de mayo.
El amparo fue promovido por el abogado Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena, asociación que también logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara a las autoridades oaxaqueñas el saneamiento de los ríos Atoyac y Salado.
Ambas resoluciones, indica el jurista, son históricas, no solo a nivel estatal sino nacional.
Morales Sánchez representó a tres personas indígenas de la entidad, en un inicio ante el juez décimo primero de Oaxaca, por la omisión de las autoridades gubernamentales de no consultarnos para aterrizar – o no – proyectos mineros, ambientales o forestales en sus territorios. Y también sobre la falta de mecanismos legales para exigir la consulta.
Un derrumbe en la mina ubicada en el poblado de Santa María Coatlán, de dónde se extrae material pétreo para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) dejó un trabajador muerto y otro más lesionado, tras quedar sepultado el trascavo con el que laboraban.
Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves cuando un deslave ocurrió en la mina que explota la empresa Grupo Carso y de dónde se extrae basalto. El material cubrió el trascavo donde se encontraban dos trabajadores.
En el lugar murió Doroteo Santiago Santiago, de 33 años originario del estado de Oaxaca. Mientras que el trabajador Leobardo González Morales, de 38 años originario de Puebla fue rescatado lesionado por sus compañeros.
Según las autoridades ejidales durante la madrugada de hoy , la empresa realizó constantes detonaciones de explosivos para desprender el material.
Los vecinos y ejidatarios hace dos meses se manifestaron para exigir el cierre de la mina por los daños que ha causado.
Actualmente son 150 minas ubicadas en 12 municipios de la zona que están siendo explotadas para extraer material para la edificación del NAICM.
El 6 de agosto de 2014, en México ocurrió el «desastre ambiental más grave de la minería en México»: 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado fueron derramados en los ríos Bacánuchi y Sonora.
Por desgracia para las 22 mil personas de siete municipios situados en las orillas del Río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviá- Cora y Ures, el hecho les cambió la vida, las preguntas que se hicieron poco después del derrame y las que se hacen ahora, casi cuatro años después, han cambiado poco: ¿Por qué la empresa no tomó medidas para evitar el desastre? ¿Qué ha hecho el gobierno para garantizar que se reparen los daños a la población? ¿Es posible que una empresa contamine un río y siga operando como si nada hubiera ocurrido?
A partir de septiembre de 2014, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), grupo ciudadano creado a raíz del derrame para luchar por la remediación y limpieza de los ríos Bacánuchi y Sonora, se ha dado a la tarea de buscar cómo respondieron la empresa y el Estado a esta emergencia medioambiental para exigir cuentas.
Las respuestas del Estado y de la empresa llegaron dos meses después y sorprenden por sus múltiples contradicciones.
A continuación les compartimos los principales hallazgos que fueron recogidos en el informe realizado por los Comités junto a la organización PODER para el Relator Especial de la ONU sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Baskut Tuncak, durante una visita este mes.
Cuando el director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña, Juan José Consejo Dueñas, habla del impacto que tiene la minería en los recursos naturales, abarca tres niveles: las alteraciones que ésta tiene en la vegetación, el aire y sobre todo el agua, por la gran cantidad que requiere esta industria extractivista.
Sin necesidad de conocer de cerca la problemática que enfrentan productores de Nejapa de Madero, quienes advierten que sus huertos de limones se están secando al regarlos con el agua del Río Verde o Grande, hasta donde la mina El Aguila tiene conectado un tubo que le ayuda a verter agua, recordó que esta industria está ligada a la contaminación.
Para despejar toda duda, apeló a la responsabilidad que tienen la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para realizar estudios químicos y bacteriológicos que permitan saber o descartar si la mina El Aguila, establecida en San José de Gracia, genera alguna contaminación directa al Río Verde o Grande.
Consideró la probabilidad que el sedimento verde y blanco que se acumula en el agua que cae de un tubo que conecta a dicha mina con el cause del Rio Grande, pueda tener “un exceso de nitrógeno” que aprovechan algas y bacterias para multiplicarse”, pero ante todo debe hacerse un estudio de las sustancias que se vierten al afluente.
Con fuertes impactos ambientales y violaciones a los derechos humanos de las comunidades, es como operan los dos proyectos mineros vigentes en la entidad, las minas El Águila en San José de Gracia, Totolapam y la mina San José, en San José del Progreso, Ocotlán.
La observación la hace Neftalí Reyes Méndez, coordinador del Área de Derechos Territoriales de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), quien reprocha que en ambos casos las autoridades mantienen el mismo patrón de impunidad.
“Hay fuertes impactos ambientales”. Su afirmación la refuerza con la reciente noticia de parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual en su momento hizo público que la mina de San José de Gracia no cuenta con la autorización ambiental para operar.
Pese a ello, “sigue operando con una sanción muy pequeña”, por eso Reyes Méndez asegura que “las autoridades actúan con total impunidad, pese a que la ley minera es muy laxa, aun con eso se siguen generando violaciones a los derechos de las comunidades.
Aunque conoce más de cerca la experiencia de la mina que en San José del Progreso tiene la Compañía Minera Cuzcatlán, no tiene duda que por tener las mismas características como el sistema de flotación para la extracción de minerales y que en las zonas aledañas existen tierras para el cultivo de alimentos que se alimentan de los cuerpos de agua a donde llegan desechos de las minas.
“Las autoridades vecinas de San José han denunciado que su agua se encuentra contaminada, hay una emisión de polvos en el ambiente que afectan su calidad del aire; la empresa realizó estudios de exploración en sus límites agrarios y el agua presenta signos de contaminación, una capa de blanquecina, que incluso animales de pastoreo han muerto al beberla”, detalla.
Esa capa blanca se puede observar también en las rocas del río Grande o Verde, en el área donde la mina El Águila desecha agua, sin que quede claro si es de planta de jales mineros.
El Istmo de Tehuantepec abarca los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz en la república mexicana y ocupa una posición geoestratégica privilegiada pues en su punto más angosto, sólo 203 kilómetros separan el Océano Pacífico del Golfo de México (Océano Atlántico).
En ambos extremos del istmo se encuentran los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, lo que convierte a esta ruta en una vía alternativa al Canal de Panamá pues implica una menor distancia entre la costa este de Estados Unidos y los países asiáticos –entiéndanse fundamentalmente China-.
Además la región del Istmo cuenta con abundancia de bienes naturales como el agua, la vida animal y silvestre, el subsuelo mineral e hidrocarburos, la posibilidad de aprovechamiento y producción de energía eólica y solar, entre varias características que constituyen a este espacio geográfico como estratégico en la lógica capitalista actual.
Así en este nuevo espacio capitalista trasnacional se constituyen nuevas explotaciones mineras impulsadas por empresas canadienses, se impulsa la ampliación de la refinería de PEMEX Ing. Dovalí con participación de empresas españolas y estadounidenses junto con la construcción de ductos y gasoductos.
Así mismo se modernizan y amplían tanto la carretera transitsmica de Salina Cruz a Coatzacoalcos como las vías férreas.
En este istmo está el clúster petroquímico más importante de Latinoamérica.
El puerto de Coatzacoalcos está constituido por dos recintos: el de Coatzacoalcos, orientado a la carga general, y el Recinto Portuario Pajaritos, para el manejo de petróleo y derivados, fluidos y gráneles minerales.
El principal activo de este puerto es la industria petroquímica y de refinación, ya que en la región Coatzacoalcos-Minatitlán se ubican cuatro complejos petroquímicos de gran importancia: Pajaritos, Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera, además de empresas químicas tan relevantes como Celanese, Innophos Fosfatados y Etileno XXI, esta última la inversión privada industrial más cuantiosa de México en los últimos 15 años. (…)
Estas Zonas Económicas Especiales son un proceso de despojo impresionante que plantea básicamente grandes procesos que ya se visualizan en el Istmo:
1) La reconversión productiva hacia el dominio agroenérgetico del campo con la construcción de fincas de energías eólicas o solares;
2) la privatización de recursos energéticos y del agua ya que se construyen presas hidroeléctricas y acueductos;
3) el impulso al turismo convencional en detrimento de los bienes naturales y la vida sociocultural; y
4) el diseño de megaproyectos para obras de infraestructura como son las carreteras, vías férreas, aeropuertos, etc.
Estas nuevas Zonas Económicas Especiales traerán consigo un conjunto de transformaciones socioterritoriales con la consiguiente construcción de infraestructura que impactará de manera creciente en la dinámica extractivista de las entidades.
Se requiere una pedagogía para comunicar en las comunidades los efectos sociales, ecológicos y económicos al respecto: Miguel Ángel Mijangos, integrante de la Rema
La única forma de prever el asentamiento de desarrollos extractivistas es la información; se requiere una pedagogía para comunicar en las comunidades los efectos sociales, ecológicos y económicos al respecto, la experiencia es que cuando estas los conocen, dicen “no” a los proyectos.
Las empresas transnacionales están entrando a las comunidades no debido a su pobreza, sino a la falta de información, ésta puede cambiar el proceso como ha ocurrido ya en 2 mil de ellas en el país que “están haciendo uso de su libre autodeterminación”, dijo Miguel Ángel Mijangos, integrante de la Rema.
La defensa del territorio desde la construcción y tejido de comunidad fue tema reiterado en las exposiciones del panel “Extractivismo minero y alternativas comunitarias en América Latina” en el que participaron Roberto Diego Quintana (UAM-Xochimilco), Pavel Camilo López (CIDES-UMSA Bolivia) y Miguel Ángel Mijangos de la Red de Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
La falta de homologación de las leyes ha ocasionado que se entreguen concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas (ANP), incluso en zonas núcleo de gran importancia para la biodiversidad.
En México actualmente hay unas 24 mil 500 concesiones mineras que ocupan el 14 por ciento del territorio nacional, muchas de ellas otorgadas en zonas naturales del país que, paradójicamente, están bajo algún esquema de protección, ya sea ANP a cualquier nivel de gobierno o zona de conservación privada, señaló Francisco Cravioto, Coordinador de Incidencia del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
El marco jurídico de la Ley Minera, refirió Cravioto, no coincide en absoluto con el marco jurídico de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, “es más, ni se reconocen mutuamente”.
Debido a esto, para entregar una concesión minera solamente se tiene que revisar si en el espacio a explotar no hay otra concesión, asignación o reserva del sitio, “así que si hay una área natural protegida o una zona arqueológica, lo que sea, eso no entra en consideración”, lamentó el conservacionista.
Por ello “urge en México una homologación de los marcos normativos para que no pueda existir una ley minera o una ley de hidrocarburos que operen al margen de la ley agraria, o de la ley general de equilibrio ecológico u otros marcos normativos que también deberían involucrarse en determinar cómo se regulan estos sectores”, expresó Cravioto.
Los desechos que la mina El Águila vierte al río Tehuantepec o Grande, en San José de Gracia, han secado el 40 por ciento de 50 hectáreas de cultivo de limón. Esa es la certeza de productores de este municipio: su temor, que el daño se extienda a las 300 hectáreas de tierras de donde extraen papaya, pepino y tomate verde.
Los primeros árboles que desnudó el agua fueron los 450 que, en una huerta de 1.5 hectáreas, tenía Constantino Martínez Miguel. De ese plantío durante una década extrajo limones. Ahora tienen el mismo valor que si estuviera repleta de espinos.
La huerta de Constantino, en el paraje Los Corralitos, a 4 kilómetros de la entrada principal de Nejapa -municipio situado a 130 kilómetros de la ciudad de Oaxaca- se nutría con el sistema de riego que alimentaba el río que “viene de muy lejos”, pero que al pasar por San José de Gracia, en inmediaciones de Totolapa -donde desde el 2010 opera la mina El Águila- cambia sus propiedades por una maldición.
El limón que cosechaba Constantino no se da más. Casi todo el año, pero sobre todo en las temporadas buenas, se cosechaba hasta una tonelada dos veces por semana. La Central de Abasto de la ciudad era el punto de comercialización de esa producción.
Autoridades municipales y agrarias, así como pobladores de San Juan Mixtepec, rechazaron la reapertura de la mina Los Tejocotes y hoy se manifestarán en sus accesos, para impedir los trabajos de exploración y explotación que realiza una compañía aparentemente extranjera.
En los años 40 esta mina alimentó de antimonio a la industria militar de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
l presidente municipal, Antonio Gómez Bautista dijo que este pueblo mixteco ha determinado oponerse a la minería, a pesar de estar encima de grandes yacimientos, por la experiencia dejada años atrás la explotación de esa mina.
Expuso que esa decisión está fundamentada principalmente en el saldo negativo provocado por la operación de la mina, donde murieron muchos peones por accidentes y otros por enfermedad.
“Muchos de quienes trabajaron murieron ahí por tuberculosis o sepultados”, apuntó.
Además, mencionó que la mina operada en ese entonces por la Compañía Minera de Oaxaca S.A., filial de la Texas Mining & Smelting Division of National Lead Co., fue la única en enriquecerse por la explotación del antimonio en plena Segunda Guerra Mundial.
“Al pueblo, solamente dejó muerte y enfermedades, porque todo el dinero fue para los estadunidenses y para que ganaran la guerra”, anotó.
Además, mencionó que ningún representante o directivo de la empresa ha acudido con las autoridades municipales o agrarias para reportar su presencia y el inicio de los trabajos.
La comunidad de Belém está ubicada en el municipio de Tlaltica, Estado de México, a 29.8 kilómetros de distancia del terreno donde se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
De entre todos los pueblos de la zona, que ya son un territorio de minas, Belém había logrado detener la extracción de basalto del cerro de Texcatitla. En enero, el pueblo se dio cuenta de las tareas de limpieza del lugar y días después se les notificó que ahí habría una mina que llevaría piedras para la construcción del NAIM, la principal obra de infraestructura de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
Organizados de manera inmediata en asambleas, los pobladores coincidieron en que no permitirían la actividad extractiva. Obligaron, “con Ley en mano” a sus autoridades a respaldar esa decisión y en apariencia lo habían logrado.
Sin embargo, información que obtuvieron hace una semana a través de transparencia les dejó claro que Jesús Alfaro Rojas, Presidente Municipal de Otumba, firmó desde ese mismo mes los permisos para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), use 990 kilos de explosivos por un periodo de 10 años con posibilidad de ampliar otros 10.
¿Con qué fin? Para que la empresa Obra Civil, Movimiento de Tierras y Transportaciones México S.A. de C.V., pueda cumplir con sus objetivos con el NAIM.
Durante 12 años, los deudos de los trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos recorrieron instancias judiciales intentando que se investigara lo ocurrido, recuperar los cuerpos, obtener indemnizaciones y pensiones justas, además de erradicar la precariedad en las condiciones de seguridad, salud y de derechos laborales prevaleciente en la región carbonífera de Coahuila.
Fue infructuoso. La empresa declaró, con un peritaje de dudoso rigor científico, que era imposible avanzar en el filón. Los gobiernos estatal y federal aceptaron sus argumentos; sin cuerpos, emitieron actas de defunción que se usaron para tasar cotizaciones bajas, dejando a las familias en la miseria sin reconocerles siquiera “interés jurídico” y, con todo eso, fue posible dar carpetazo a la averiguación previa federal abierta por el siniestro del 19 de febrero de 2006, que causó la muerte de 65 trabajadores y daños irreparables a la salud de ocho más.
Con todas las puertas del sistema de justicia cerradas, en 2010 finalmente llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero por condiciones de procedimiento fue hasta el pasado 24 de febrero cuando, con base en el Informe de Admisibilidad 12/18, se aprobó abrir el caso 13.552, lo que se notificó a las víctimas el 26 de marzo.
Por no respetar el gobierno federal su derecho a la consulta libre, previa e informada durante la asignación de las concesiones a compañías canadienses y estadunidenses, al menos 40 comunidades indígenas de los Valles Centrales, Sierra Sur, Mixteca y el Istmo de Tehuantepec han declarado sus territorios libres de minería.
En algunos casos, esa disposición ha surgido de la decisión de la organización comunitaria, pero en otros, producto de la determinación del Cabildo o de los comisariados de bienes comunales, como en el caso de Ciudad Ixtepec, Santo Domingo Zanatepec, San Miguel Chimalapa, región del Istmo de Tehuantepec, así como en Santa María Zaniza, Santo Domingo Teojomulco, San Lorenzo Texmelucan, San Jacinto Tlacotepec, Santiago Minas, Santa Cruz Zenzontepec, San Mateo Yucutindoo, Santiago Textitlán y Santiago Amoltepec, región de la Sierra Sur.
Así como en San Jerónimo Silacayoapilla, San Juan Mixtepec y Buena Vista, Cañada de Galicia, Vergel, Primavera, Santa Catarina Cuanana, Huanacaxtle y Los Cuajilotes, perteneciente a Santiago Yosondúa, región de la Mixteca.
Además, en Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche y Cerro de las Huertas, correspondiente a Ejutla de Crespo, en Magdalena Teitipac y en San Matías Chilazoa, Ejutla de Crespo; Asunción Ocotlán; San Felipe Apóstol, Tejas de Morelos y San Jacinto, agencias municipales de Ocotlán de Morelos; San Antonino Catillo Velasco; El Porvenir y Maguey Largo, agencias del municipio de San José del Progreso; San Martín Tilcajete; San Pedro Apóstol; San Pedro Mártir; San Isidro Zegache, agencia municipal de Santa Ana Zegache; La Barda Paso de Piedra, agencia de Santa Gertrudis; San Sebastián Ocotlán y Santiago Apóstol, agencias del municipio de Santiago Apóstol Ocotlán –estas últimas, integrantes de la a Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), en la región de Valles Centrales.
Integrantes del Grupo Ecologista Zanatepec, estudiantes, padres de familia y sociedad civil de la localidad de Zanatepec en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec celebraron el séptimo festival infantil que en esta ocasión llevó el lema “sí a la vida, no a la mina”.
Los estudiantes y organizaciones civiles participantes desfilaron por las principales calles de la ciudad portando carteles y pancartas privilegiando el amor a la vida y al medio ambiente.
En el 2008, la Secretaria de Economía entregó tres concesiones mineras “Aurena, Santa Martha y la Ventosa” que abarcan 19 mil 795 hectáreas en terrenos colindantes de San Miguel Chimalapa y Zanatepec con la finalidad de extraer cobre, plata y oro, por lo que desde entonces se ha emprendido una resistencia en la comunidad.
Alejandro García, presidente del Grupo Ecologista Zanatepec quién puntualizó que desde el 2014 ellos tuvieron accesos a los permisos de las mineras que intentan ubicarse en su localidad sin embargo y por fortuna se cuenta con el apoyo y respaldo de la autoridad municipal para estar en resistencia.
Explicó que este evento es para recordar a las autoridades federales y de Oaxaca que en Zanatepec se rechaza la actividad minera por que la consideran que implica matar los recursos naturales como ríos, arroyos y también cultivos de sorgo, maíz, camote, ajonjolí, mango entre otros.
Habitantes de las comunidades Coyotes, Cerro Gordo, Guarumbo, Mozomboa, El Jícaro, Villa Rica, El Porvenir, Los Baños, entre otras del municipio de Actopan y comunidades de Alto Lucero marcharon hasta llegar a la bodega de la minera Almadex Minerals –quien a través de su filial Gavilán S..A de C.V. y Minera Alondra S.A. de C.V. han perforado 100 barrenos– en donde hicieron una clausura simbólica para exigir se retire y frene los trabajos de exploración y explotación de cobre y oro, en lo que será la mina El Cobre I, II, III IV, V y VI.
Con pancartas, los habitantes expresaban su rechazo a la instalación de las minas en el municipio de Actopan, proyectos que denominan de «destrucción y muerte». El punto de reunión fue en la explanada central de Tinajitas, lugar en donde la empresa tiene su bodega en donde guarda la maquinaria que está utilizando para realizar los barrenos.
En medio de la lluvia, los gritos alentaban a pobladores para que no permanezcan en silencio, «Fuera mina» «Súmate a ti también te va a perjudicar». Caminaron un kilómetro hasta llegar al lugar indicado, «el mensaje es que la empresa vea que la mayor parte de la población está inconforme, que no nos chupamos el dedo cuando dicen que va a haber empleos, que nos va a ir bien, esos son engaños», dijo un poblador, que no se escribe su nombre porque algunos tienen miedo a la empresa y al gobierno.
Algunos de los manifestantes ya están integrados en la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica, otros a Lavida y otros más están ahí en una «lucha para que nos dejen en paz, hoy vivimos bien».
En Mozomboa «nosotros queremos que todos los seres vivos estén bien, los árboles, animales, no queremos que nada de eso, además tenemos hijos, aún tendremos nietos y que les depara con la contaminación, por eso no estamos de acuerdo», dijo Maribel Álvarez.
Las mineras a cielo abierto pueden traer graves problemas, afectando a los sistemas, a los habitantes no es sustentable estos tipos de proyectos para la zona , porque nos van a dejar una deuda ecológica que con ningún tipo de mitigación. Tememos porque aquí empieza el Sotavento y en el caso que haya una mucha evaporación cuando existan las lagunas que tienen agua con cianuro va a impactar la zona por los eventos del norte que pueden llegar hasta el Cofre de Perote, sostuvo Jesús Blanco de la comunidad Arroyo de Piedra.
Derivado de juicios de amparo interpuestos con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, obtuvo suspensiones provisionales para efectos de que no se continúe el Procedimiento de Consulta indígena sobre el proyecto central eólica GunaaSicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. –×lial de la transnacional francesa EDF EN-, ni se inicie la construcción y operación de dicho parque eólico. Así lo informó a través de un comunicado ProDESC, quien explica que de manera histórica y creando un precedente favorable a la defensa de los derechos de comunidades indígenas, un Juzgado de Distrito en el estado de Oaxaca resolvió que “no existen condiciones naturales (dado el sismo ocurrido en septiembre de 2017), ni condiciones sociales por los conØictos internos que pudieran surgir en la propia comunidad, dados los próximos plebiscitos electorales a nivel municipal, así como eventos culturales por ×estas patronales, ya que esos aspectos podrían inØuir en la decisión que en su caso, adopte la comunidad indígena; así como para que no se inicie la construcción y operación del proyecto central eólica GunaaSicarú”
Cuando un integrante del Comité de Cuenca del río Los Perros llevó un oficio a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el refuerzo de bordos del río de Las Nutrias, el funcionario que lo recibió le dijo que ya no tenía caso, que con la construcción de la presa Tablón de Primavera, de todos modos ya no tendría agua.
El proyecto hidroeléctrico Tablón de Primavera, que se pretende construir en la zona en donde comienza el afluente del río Los Perros, es un proyecto que se concibió hace varias décadas.
El tema de su construcción se planteó en el municipio de Ixtepec, cuando integrantes del Comité Ixtepecano en Defensa de la Tierra y el Territorio, en una de sus asambleas, consideraron que su construcción estaría relacionada con el proyecto de las minas de esta zona.
Sigue sin resolverse la titularidad del contrato colectivo del trabajo de quienes laboraban en la mina San Martín, en Sombrerete, luego de que tras casi 11 años de huelga se hiciera un recuento de votos y éste fuera impugnado.
Fue en febrero de 2018 cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, perdió ante el Sindicato de Exploración de Minas de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.
Sin embargo, este martes en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mixta, un juez federal concedió la suspensión definitiva para que no se dicte el laudo-resolución dentro de la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.
Esto significa que la empresa y el sindicato del beneficio no pueden tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo mientras está este amparo, promovido por el líder sindical J.Jesús Jiménez, explicó Nahir Velasco, representante legal del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.
Dijo que Grupo México, propietario de la Mina, ha generado una campaña agresiva en contra del sindicato, de su líder y de todos los mineros de la Sección 201 en el sentido de que daba por perdida la huelga y todas las luchas que se han hecho.
La minería no puede ser considerada sustentable, ya que además de quitarle sus tierras y el servicio de agua potable a las comunidades, en ocasiones se convierten en una amenaza mortal para los habitantes y generan ecocidio por los componentes que utilizan, confirmó la arqueóloga Silvia Garza Tarazona, ante las declaraciones que en días pasados realizó el candidato a la presidencia de la República por la coalición «Todos por México», José Antonio Meade Kuribreña, donde confirmó que los proyectos mineros valen la pena porque generan empleos, son compatibles con el medio ambiente y pueden brindar beneficios directos o indirectos a las comunidades.
Garza Tarazona mencionó que las minas a tajo abierto no pueden considerarse ecológicas, ya que la piedra que sacan la muelen e introducen en ácidos para quitarle los minerales que buscan, la cual vuelven a esparcir posteriormente dentro de la mina, lo que provoca que no pueda utilizarse como cultivo. Asimismo, el agua que es derramada con los ácidos llega a fugarse y contamina los ríos de diferentes entidades. «Les están quitando sus tierras a los habitantes de la región y les quitan el agua», señaló.
Asimismo, puntualizó que en el caso de Morelos tiene información de que los mineros pagan cinco pesos con 80 centavos por hectárea al año, «y yo me pregunto, ¿cuántos agricultores tiene una hectárea y cuántos agricultores pueden vivir con 5.80 al año; ese el gran beneficio que tenemos?», agregó.
La investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recordó que un ejemplo de estas afirmaciones es el proyecto minero de Huautla, el cual tiene en el centro la zona arqueológica de Xochicalco, donde en caso de empezar a utilizar bombas para explotar más la mina, se pueden ocasionar daños graves en la zona considerada patrimonio cultural de la humanidad.
Los llamados proyectos de muerte, entre los que destacan mineras a cielo abierto, el fracking e hidroeléctricas contaminan severamente los ríos y desplazan comunidades enteras, subrayó Gerardo Pérez Muñoz, integrante de la Asamblea Social del Agua(ASA) y de la Asamblea de Afectados por las mineras.
En rueda de prensa para anunciar un foro ambientalista que se realizará el domingo 22 de abril en el mercado Hidalgo, el activista social afirmó que en Puebla ya operan más de mil mineras y hay más de 26 permisos de mineras a cielo abierto.
Ya son mil las mineras en Puebla
Pérez Muñoz sostuvo que las mineras en el estado aumentaron de manera exponencial en los últimos años por las facilidades otorgadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, además de que los permisos para una concesión no superan los 100 mil pesos.
Agregó que al tener México leyes muy laxas las mineras se llevan todo el oro en breña para procesarlo en su país pero dejan su tiradero en la Sierra Norte.
Adicionalmente, como en el caso de la minera canadiense Almaden Minerals ocultan información a la población, al gobierno y a la opinión pública respecto a la cantidad de agua que utilizan para operar y extraer los minerales que se llevan a sus países.
Al respecto, cuestionó que estas firmas realicen prácticas que no les son permitidas en sus países por la corrupción que hay en México.
“Corren” a la población
Manifestó que tanto las mineras, como el fracking y otros proyectos de muerte en la región literalmente “corren” a los pobladores, por lo que ya se puede hablar de comunidades desplazadas.
Gerardo Pérez agregó que las empresas cuentan con un manual de ingeniería social, a través del cual dividen a la población.
En el último lustro, la Secretaría de Economía (SE) liberó 827 concesiones para la explotación minera en Puebla, lo cual ubica al estado en el tercer lugar nacional.
Actualmente, la industria minera en Puebla posee, a través de sus concesiones, el 28.5 por ciento del territorio de la entidad federativa.
Las empresas transnacionales que acaparan el territorio en Puebla son la canadiense Almaden Minerals, con el 6.9 por ciento; y la Mexicana Industria Peñoles SA de CV, con el 4.9 por ciento.
Tan solo en 2016, la SE reportó 236 permisos para el estado de Puebla, mientras que en 2017 se elevó a 310, lo cual significa que el año pasado se emitieron 74 concesiones más. Esto representa un incremento del 30 por ciento.
Sin embargo, el estudio “Industria extractiva en Puebla, panorama del sector minero” indica que hay nueve países con injerencia en el subsuelo de la entidad. Se destacan tres: Canadá tiene concesionadas el 7.7 por ciento de hectáreas (263 mil 957 has); México el 5.7 por ciento (194 mil 568 has); y Estados Unidos el 1.5 por ciento (51 mil 550 has).
Asimismo, reveló que Puebla es un territorio estratégico, que forma parte del corredor industrial Ciudad de México-Puebla-Veracruz, lo cual despierta el interés para la industria extractiva. Hasta el año 2016 hay registradas 753 concesiones mineras que compiten con la población por la tierra y el agua.
Empresas mineras extraen más de mil millones de litros de agua al año en la entidad. Con este líquido se podrían satisfacer las necesidades de higiene y consumo de alrededor de 18 mil oaxaqueños. Esta cifra rebasa lo permitido a los concesionarios ganaderos y el uso domestico.
Destacan los grupos mineros Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), y Penta Cal, entre otras con concesiones para el uso y extracción de agua en las regiones de la Costa y la Sierra Mixe respectivamente, según los datos obtenidos por el grupo de investigación Carto Crítica.
La empresa ICA tiene bajo su poder tres concesiones de las que extrae 35 mil 020 m3 anuales en cada una, en total su volumen de extracción al año asciende a 10 mil 060 m3; La empresa Penta Cal extrae anualmente 13 mil 365 m3 y una empresa cementera 1 millón 151 mil 815 m3 en el mismo periodo. Cada metro cúbico equivale a mil litros de agua.
La cantidad de agua que extraen estas compañías al año en conjunto alcanza 1 millón 256 mil 875 metros cúbicos, con este volumen se podía satisfacer la necesidad de hidratación e higiene de al menos 17 mil 955 habitantes, tomando en cuenta que el Banco Mundial asegura que un ser humano necesita aproximadamente 73 metros cúbicos anuales para ello.
Integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) señalaron a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Conagua de poner en riesgo el protocolo de consulta indígena. Provenientes de 16 comunidades zapotecas pertenecientes a los distritos de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla de Crespo informaron en conferencia de prensa que autoridades de ambas dependencias federales no han acudido a las reuniones para aplicar la consulta en relación a un proyecto que se pretende construir en una zona reglamentada comunitaria. Uno de sus representantes, Conrado Sánchez Aguilar dijo que el pasado 4 de abril habían acordado una reunión para que les entregaran un documento con los términos y conceptos de la propuesta de obra pero las autoridades de gobierno no acudieron y hasta el momento no se han comunicado con ellos.
Con este tipo de irregularidades, agregó, se violenta el derecho a la consulta pues no tienen acceso a la información detallada del proyecto y menos les han explicado los pormenores.
La minería es un sector industrial sumamente privilegiado en el país. Por un lado, goza de una laxitud en la aplicación de regímenes fiscales pocas veces visto en otras industrias, y por otro, una batería de leyes la protegen y privilegian.
Contrario a lo que pueda suponerse, la minería no es ese motor de desarrollo económico para el país. Es una industria que ha incumplido con obligaciones fiscales importantes como es el pago de derechos mineros a los que está sujeta desde 2014, de acuerdo con los informes que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para los años 2015 y 2016 sobre el pago de derechos. Los documentos revelan que apenas un 0.8 por ciento de los titulares de concesiones mineras en México realizó el pago del derecho especial sobre minería y tan sólo el 32.4 por ciento realizó el pago del derecho extraordinario. Sobre el derecho adicional, el SAT no contó con información para determinar cuántos concesionarios estaban obligados al pago correspondiente. Ojalá fuese así de bondadoso con el resto de los mexicanos.
Aunque la situación mejoró ligeramente para 2016, de nueva cuenta la ASF encontró más irregularidades en la entrega de los informes sobre la producción, beneficio y destino de minerales o sustancias y en los informes de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación a los que están obligados. La entrega de estos informes es importante, puesto que es un paso previo a la identificación de las empresas mineras que deben pagar derechos sobre minería, al no contar con esta información, tampoco es posible la exigencia de sus pagos.
La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.
La actividad minera provoca daños a la salud que incluso propicia distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.
En el tema medioambiental, los problemas se esparcen por suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. El cianuro utilizado para la extracción de algunos minerales contamina fuentes hídricas y tierras que llegan a perder fertilidad.
Los impactos sociales que surgen en las zonas de extracción se centran en el desplazamiento y migración local, así como en conflictos que incluyen la resistencia y la división en la comunidad entre las personas que están de acuerdo contra quienes se oponen a los proyectos.
n palabras de Isabel Clavijo, investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), “las empresas tienen patrones y tácticas que contribuyen a la generación de conflictos sociales, ya que buscan desestimar y eliminar cualquier proceso de resistencia organizativa por parte de las comunidades, la mayoría indígenas y pobres, que estén en contra de los proyectos”.
Fortuna Silver Mines difundió hoy los resultados del primer trimestre del 2018 de la producción de sus dos minas operativas en Latinoamérica, la mina San José en México y la mina Caylloma en Perú.
Durante los tres primeros meses del año, la minera canadiense produjo 2.4 millones de onzas de plata y 15,041 onzas de oro o 3.4 millones de onzas Ag Eq, más subproductos de metales básicos.
Fortuna, con sede en Vancouver, está en camino de cumplir con el pronóstico de producción anual de 8.3 millones de onzas de plata y 48,300 onzas de oro o 11.4 millones de onzas Ag Eq en el 2018.
Aspectos destacados de la producción del primer trimestre:
Mina San José, México
La Mina San José produjo 2,185,913 onzas de plata y 14,882 onzas de oro en el primer trimestre, 19% y 22% por encima del presupuesto, respectivamente. Las leyes promedio de cabeza para plata y oro fueron 284 g / t y 1.94 g / t, 18% y 22% por encima del presupuesto, respectivamente. La mayor producción de plata y oro se debió principalmente a un cambio en la secuencia de explotación planificada para el trimestre y a leyes más altas de lo esperado en el nivel 1000.
La secuencia de minería de la mina se modificó para mejorar la eficiencia y la productividad, aprovechando la flexibilidad de tener múltiples rebajes en el inventario. Los rebajes planificados con leyes más bajas en los niveles 1200 y 1000 fueron reprogramados para producción más adelante en el año y reemplazados con mineral de rebajes en el nivel 1100, con grados más altos programados.
La planta de procesamiento trató 3,011 tpd.
Mina Caylloma, Perú
La mina Caylloma en Arequipa produjo 215,545 onzas de plata en el primer trimestre, 5% por encima de lo presupuestado, con un grado de contenido en plata promedio de 61 g / t, 6% por encima del presupuesto.
La producción de zinc y plomo fue de 11’028,463 libras y 7’039,703 libras respectivamente, 3% y 10% por encima del pronóstico. Los grados de contenido promedio de zinc y plomo fueron 4.31% y 2.72%, 5% y 12% superiores a lo presupuestado, respectivamente. La planta de procesamiento trató 1,473 toneladas por día.
Ante la amenaza que representa la construcción de una presa hidroeléctrica, las comunidades indígenas Paso de la Reyna y San Lucas Atoyaquillo elaboraron un reglamento interno ejidal, donde establecen disposiciones para la protección de su territorio y de sus bienes naturales, así como el fortalecimiento de su organización interna.
La coordinadora del Área de Derechos Territoriales de la organización civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Ana María García Arreola explicó que el estatuto fue hecho de acuerdo al reconocimiento de la otorgado por propia Constitución a la autonomía de los pueblos indígenas sobre el control de sus territorios y sus recursos naturales existentes.
Ambos ejidos forman parte del proceso de organización territorial en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), para enfrentar la imposición del proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina, añadió.
Detalló que el reglamento interno ejidal de cada comunidad surgió de reuniones mensuales durante dos años de trabajo, porque se cuestionaron las necesidades y preocupaciones en torno al cuidado y protección del río Verde, las plantas, los animales y el entorno comunitario.
Este trabajo fue asesorado por Educa y Tequio Jurídico, quienes también acompañaron el proceso de inscripción del estatuto en el Registro Agrario Nacional (RAN), órgano que valida el control de la tenencia de la tierra en el país, agregó.
Mencionó que el reglamento interno ejidal fue entregado por las autoridades agrarias a sus integrantes en cada una de las comunidades, durante las Jornadas de Diálogos Interculturales por el Territorio, efectuadas en marzo pasado.
El proceso de consulta para validar el derecho de 16 comunidades de los distritos de Ocotlán-Zimatlán a administrar los recursos hídricos que han renovado y conservado desde 2008, dio un paso vital ayer, cuando representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH), realizaron un recorrido de observación, en el que expresaron su respaldo y admiración por este proyecto. A pesar de las constantes violaciones al derecho a la consulta cometidas por las dependencias federales vinculadas al proceso –la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)-, con esta misión el trabajo de las comunidades integradas en la Comisión de Pueblos Unidos para la Defensa del Agua (Copuda), alcanza un nivel de atención internacional. De avanzar la consulta y ser avalado el proyecto, la Conagua dejaría de tener el control sobre el uso del agua, cuya administración pasaría a mano de las comunidades.
La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.
La actividad minera provoca daños a la salud que incluso propicia distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.
En el tema medioambiental, los problemas se esparcen por suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. El cianuro utilizado para la extracción de algunos minerales contamina fuentes hídricas y tierras que llegan a perder fertilidad.
Los impactos sociales que surgen en las zonas de extracción se centran en el desplazamiento y migración local, así como en conflictos que incluyen la resistencia y la división en la comunidad entre las personas que están de acuerdo contra quienes se oponen a los proyectos.
La adquisición de la megaempresa transgénica Monsanto por la vieja fabricante de venenos y farmacéuticos Bayer fue aprobada en marzo de este año por la Dirección General de Competencia de la Unión Europea y la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Aunque falta la aprobación de otros países, estas decisiones marcan la consolidación de la última de las megafusiones de las industria de semillas y agrotóxicos que comenzó en 2015. Las otras fueron la de las trasnacionales estadunidenses Dow y DuPont, que formaron una nueva división agrícola para sus negocios de semillas y agrotóxicos llamada Corteva Agrisciences y la de la trasnacional de origen suizo Syngenta con la empresa nacional de ChemChina, que planea fusionarse además con Sinochem, otra estatal china.
Las oficinas de competencia consideraron que las tres fusiones eran problemáticas, pero especialmente la de Monsanto-Bayer. Para aprobar las fusiones, plantearon a todas que debían deshacerse de parte de sus negocios para evitar el dominio del mercado
, una expresión a todas luces retórica y sin sentido real.
El actual proceso electoral representa un factor de riesgo en la comunidad de Unión Hidalgo, pues sus pobladores están siendo presionados para avalar un nuevo proyecto eólico, denunció la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC). Elena Villafuerte, integrante del Área de Justicia Transnacional de la asociación que ha dado asesoría legal a los pobladores de este municipio istmeño desde 2013, señaló que uno de los principales responsables de esta situación es el presidente municipal, Wilson Sánchez Chevez, quien busca la reelección y pretende que el proyecto se autorice antes de las elecciones. “Hay una preocupación de los comuneros por lo que va a implicar para su seguridad el proceso electoral, en donde el presidente municipal, que forma parte del comité técnico interinstitucional encargado del desarrollo de la consulta, es juez y parte, en distintos momentos ha promocionado los bene×cios o posibles bene×cios del proyecto”, aseguró Villafuerte.
A petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Energía federal (Sener) informó la suspensión de la consulta indígena en Unión Hidalgo, en la que se sometería a la aprobación de la comunidad la instalación del proyecto eólico GunaaSicarú, promovido por la empresa Eólica de Francia. Tras aproximadamente cinco horas de asamblea, el representante de la secretaría, Rodolfo Salazar, informó a los aproximadamente 500 pobladores asistentes la solicitud de la comisión. La consulta del proyecto, que constará de 116 aerogeneradores de 2 mil 625 megawatts cada uno -89 a instalarse en Unión Hidalgo- ha sido cuestionado al promoverse en un momento en el que la reconstrucción de este municipio cuenta con muy pocos avances. La asamblea de comuneros rechazó la realización de esta consulta indígena “hasta que todas las viviendas afectadas, así como instalaciones públicas estén de nuevo en pie”.
En la asamblea de acuerdos previos ayer estuvieron presentes Juan José Moreno Sada, subsecretario de Energía estatal, Rodolfo Salazar, director de Impacto Social de la Sener federal, y el presidente municipal de Unión Hidalgo, Wilson Sánchez Chevez. Ayer mismo pobladores denunciaron que autoridades pretenden manipular la consulta entregando información falsa sobre los bene×cios para la población que traería la instalación de este proyecto. En un folleto sin ×rma ni sellos o×ciales, se menciona que con este proyecto se entregarán desde becas para estudiantes, se construirá un fraccionamiento de viviendas de interés social para familias de escasos recursos y apoyo a productos para el campo. En el folleto se usa además la imagen de uno de los murales realizados por el colectivo de arte BinniCubi, cuyo proyecto de retratar a los héroes cotidianos de la comunidad ha sido reconocido mundialmente.
Hoy a las 16:00 horas la Secretaria Nacional de Energía (SENER) convoca a la población para una asamblea de información, aunque los comuneros de la localidad denuncian que desde hace algunos días operadores del presidente municipal Wilson Sánchez Chevez y de la SENER recorren la población y pueblos circunvecinos convocándolos para participar en esta reunión informativa, la intención es abarrotar el recinto, con el que pretenden dar por hecho la Consulta Indígena, para la instalación del nuevo proyecto eólico en esta localidad.
Esta acción crea inestabilidad social, pues por otra parte, los comuneros convocan a una reunión a las 15:00 horas frente al palacio municipal, en donde se prevé que habrán de participar la totalidad de la población.
De acuerdo a la información recabada, la SENER ante la conclusión de su periodo de funciones (1º de diciembre), tiene la urgencia de que el proyecto eólico sea aprobado, de manera pronta, sin importar cumplir con los estándares internacionales que los obliga realizar la consulta a sus pobladores.
Por su parte los comuneros señalaron que en estos momentos la comunidad no se encuentra en condiciones para la consulta, debido al terremoto que daño seriamente casi la totalidad del municipio y que sus habitantes se encuentran en la reconstrucción de sus viviendas, por ello demandaron la presencia de observadores internacionales para frenar este atropello a sus derechos constitucionales.
Junto con otros hombres de su comunidad zapoteca de Unión Hidalgo , Laureano Toledo conocido como “El palmerito” se ha convertido en un defensor comunitario de la reserva natural “El palmar”, un espacio de 829 hectáreas que recientemente sobrevive ante la amenaza de empresas eólicas como la trasnacional Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) y dos empresas eólicas más que no definen su razón social pero buscan instalar aerogeneradores en sus tierras.
La defensa de este lugar para Laureano y los palmeros es valiosa por que aquí crecieron y vivieron su niñez y ha sido el sustento para sus familias, por eso se oponen a donar 20 hectáreas que la autoridad municipal actual encabezada por Wilson Sánchez Chévez les solicitó para instalar 4 torres eólicas.
La oposición de ceder las 20 hectáreas para un proyecto eólico se debe a que los palmeros lo consideran el pulmón natural de la comunidad y el sustento económico de cientos de personas, el alcalde desconoció al comité de los palmeros encabezado por Laureano y nombró a otras personas que nunca se han dedicado a la palma como forma de vida.
“Nos oponemos a que nuestro palmar, un espacio natural que con tanto orgullo hemos conservado ahora se le siembre torres eólicas, no queremos donarle las 20 hectáreas por que no se trata de un pastel que puedan ocupar a su antojo, pedimos a las autoridades y a las organizaciones defensoras de la vida y el territorio a que nos apoyen en esta lucha, porque nosotros estamos listos como siempre para defenderla”, expresó Laureano.
Comunidad zapoteca de Unión Hidalgo presenta Queja ante Comisión Nacional de Derechos Humanos y Amparo ante Juzgado de Distrito de Salina Cruz, por violaciones a su derecho a la Consulta y al consentimiento previo, libre e informado
La Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de SENER, autoridades gubernamentales municipales, estatales y federales, convocaron a la primera Asamblea de Consulta para el 11 de abril de 2018 a las 17:00hrs. (en la Fase de Acuerdos Previos), sobre el parque eólico de la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V.–filial de la transnacional francesa EDF EN- a pesar de que no existen condiciones adecuadas y su realización generaría afectaciones contra la comunidad y en específico contra las personas defensoras de la tierra y el territorio.
El Protocolo propuesto por la Secretaría de Energía para el proceso de consulta no contempla ningún tipo de medida para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de las y los participantes en el proceso, así como tampoco una participación libre y efectiva en condiciones de seguridad, paz y confianza a una comunidad que es vulnerable y que ya tiene Medidas Cautelares desde el 2013 por la defensoría de su tierra y territorio.
La Comunidad de Unión Hidalgo con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), por tal situación interpuso Queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que se solicitó nuevamente las medidas cautelares y un Amparo para solicitar la protección de la justicia federal, ante Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca; y el hecho se suma a las acciones realizadas desde julio de 2017, contra del permiso de generación de energía eléctrica respecto del parque eólico Gunaa Sicarú, por haber sido otorgado sin consulta, violentando el principio previo de este derecho y el debido proceso antes de su otorgamiento.
El Istmo de Tehuantepec, resultó severamente afectado por los sismos del 7 y 23 de septiembre de 2017 y –la Comunidad Unión Hidalgo es la segunda comunidad más afectada de la región-, por tal motivo no existen condiciones de normalidad pues del total de viviendas de la comunidad al menos el 70% del total de viviendas se encuentran dañadas y al menos 300 viviendas familiares se desplomaron completamente.
A pesar de que la comunidad fue incluida en la Declaratoria de Emergencia correspondiente, a la fecha las necesidades de salud, educación, vivienda y vida digna no han se han restablecido y ha prevalecido la entrega irregular de los apoyos correspondientes.
La Comisión para el Gobierno Comunitario del Municipio de Chilón, representa la voluntad de más de 400 comunidades Tseltales que buscan renovar el sistema político a través del ejercicio del derecho a la libre determinación y con ello nombrar a sus autoridades municipales desde su sistema normativo indígena.
En noviembre pasado ingresaron una solicitud ante el IEPC de Chiapas para exigir se les reconozca este derecho. Por muchas situaciones, largas y requerimientos inconstitucionales, se llevó el caso ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.
Las comunidades jaliscienses de Temacapulín, Acasico y Palmarejo exigieron una vez más el desmantelamiento de la presa El Zapotillo y alternativas sostenibles que garanticen agua para todos.
“Ahora, nuevamente en tiempos electorales, volvemos a escuchar las mismas promesas por parte de todos los candidat@s, y les decimos que ya no les creemos, el agua no es un botín político, no es panfleto de campaña”, subrayaron en comunicado.
Añadieron: “Somos comunidades que hemos resistido durante 13 años los embates de los tres niveles de gobierno, demostrando nuestra capacidad de organización por la defensa del territorio, y gracias a esto hemos evitado que los gobiernos traidores del PRI y del PAN de Jalisco y Guanajuato dejaran sin agua a los Altos de Jalisco y desaparecieran nuestras comunidades”.
Luego de precisar que el proyecto El Zapotillo ha generado afectaciones sociales, ambientales y económicas, destacaron que éstas son cuantiosas y van en aumento: “pérdida de casas, desplazamientos forzosos, más de 3 mil hectáreas de tierra cultivable, corrupción y derroche de dinero público, violación a nuestros derechos humanos, 6 mil familias productoras de Los Altos que verían afectadas su fuente de trabajo, pérdida de biodiversidad y daño al abastecimiento de agua subterránea”, entre otros.
A pesar de que las empresas mineras provocan diversos daños sociales, medioambientales y de salud, en México tienen la puerta abierta para operar con total impunidad, ya que tanto el Gobierno federal como los locales favorecen los intereses de las compañías y no los de la población, denunciaron especialistas en materia.
La semana pasada, Primero Empresa Minera SA de CV, perteneciente al grupo canadiense Primero Mining Corporation, vertió 200 litros de solución cianurada al río Piaxtla, ubicado en el municipio de San Dimas, Durango, localidad donde se extrae oro y plata.
A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el derrame se dio a causa “de un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba remanente de solución cianurada, la cual se quedó sin combustible en un terreno con pendiente, ocasionando que drenara la solución hacia el río Piaxtla”.
Ante este panorama, el doctor Rodolfo García Zamora, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y Gustavo Lozano, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), alertaron que la impunidad juega un papel importante en el tema de los desastres ambientales que provocan las mineras en el país, ya que, las empresas –la mayoría de procedencia extranjera–, al no hacerse acreedoras a sanciones justas, continúan con la destrucción.
Las y los sembradores de agua se dieron cita este Miércoles 4 de abril en la comunidad de Santiago Apóstol, al igual que algunas de las instituciones públicas participantes en el proceso de Consulta Indígena, con el propósito de discutir y acordar un glosario común que será la base para la elaboración de una propuesta de administración del acuífero de los Valles Centrales, a dicha reunión también asistiría la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), quien fungiría como moderador del encuentro.
Debido a su inasistencia y al no avisarle al resto de las instituciones Federales la CDI violentó el protocolo de consulta, poniendo en riesgo el proceso de consulta, calentando los ánimos de los miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) “Ya llevan rato haciendo esto, no llegan uno, no llegan dos, ya llevamos muchos años con esto, ¿Por qué son tan irresponsables los servidores públicos?” demandaron.
La Lic. Luz Vergara, de la Subsecretaria de Derechos Humanos, de la Secretaria de Gobernación (SEGOB) exhortó a la CDI a actuar con responsabilidad y comunicar a las dependencias Federales la realización de las reuniones “Hablamos a CONAGUA Nacional y no sabían de esta reunión, ¡Si se va a cancelar que avisen!, por respeto al tiempo de vida de todos los que estamos aquí”.
“Durante gran parte del proceso de Consulta Indígena la CDI ha incurrido en este tipo de prácticas, sembrando en los miembros de la COPUDA y en las personas que siguen de cerca este proceso, una estrategia por parte del gobierno para frenar o debilitar esta lucha por el agua, que lleva 13 años y sigue aún sin resolverse debido a estas inasistencias” comentó Carmen Santiago Alonso, Directora del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A.C.
Los integrantes del Movimiento Civil del Municipio de Chalchihuites (MCMC), conformado por habitantes del lugar y los integrantes del Cabildo, lanzaron un llamado para que la empresa canadiense First Majestic “no opere más en Chalchihuites”, por lo que “exigimos al gobierno federal cancele de inmediato las concesiones otorgadas a dicha empresa”.
En el año 2007, señalaron los integrantes del MCMC, la compañía canadiense fundó la Unidad Minera El Toro, tras haber adquirido los derechos de tres minas del lugar: San Juan, San Nicolás y Dolores, “y empezó a operar sin que los habitantes ni el cabildo fuésemos consultados”.
“A lo largo de este tiempo hemos sufrido diferentes afectaciones; empezamos a ver cómo desaparecía el cerro y nuestro paisaje, comenzó el desabasto de agua, miramos cómo nuestras casas se han ido cuarteando y debilitando por las explosiones y la operación minera”.
La operación de la mina de capital canadiense El Toro, acusan los integrantes del MCMC, ha significado un problema comunitario, pues “nuestras tierras han sido devastadas por la empresa y poco a poco sentimos en nuestros cuerpos el inicio de diferentes manifestaciones de daños a la salud, asociados a la actividad minera”.
El MCMC señala que ante esta problemática, desde hace más de una década, “ni la empresa ni el gobierno quieren reconocer estos daños, y en consecuencia nos encontramos en total indefensión, sin atención médica adecuada y sin dinero para poder atender el tamaño de los problemas que actualmente tenemos y que nunca nos mencionaron como parte del supuesto ‘progreso’ y ‘desarrollo’ que la mina traería”.
Defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente, así como académicos, alertaron sobre la privatización de los recursos naturales en México, a través de aprobación de la Ley General de Biodiversidad, promovida por diputados del Verde y del PRI.
En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad (LGB) demandaron una consulta pública antes de aprobar en el pleno de la Cámara de Diputados la minuta, misma que fue avalada el 22 de marzo.
Adelita San Vicente, de la organización Semillas de Vida, denunció que la aprobación del proyecto “no cumplió con el quórum necesario, se realizó a puerta cerrada, sin grabación de la misma y pasando por alto el tiempo reglamentario de 30 minutos para integrar el mencionado quórum”.
Más aún, acotó, a la reunión sólo llegaron 15 legisladores de 30 que integran la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados (Comarnat), cuando por normatividad se requiere la presencia de 16 integrantes.
San Vicente advirtió que, tras este proyecto de ley, habría intereses económicos muy fuertes de las industrias de generación de energía, extractiva, farmacéutica, cosmética y de alimentos.
La activista identificó como uno de los conglomerados implicados al “Grupo Salinas Pliego, que tiene intereses no sólo en televisoras sino en la generación de energía, en las mineras; la minera de Baja California la están explotando ellos encima de la defensa que se ha hecho por parte de la población, y ahora presumen intereses en el acceso a los recursos genéticos”.
Cinco integrantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar en Defensa de la Tierra y el Territorio, (APSDDTT) fueron atacados a balazos cuando realizaban la dramatización de “El Judío”, la noche de este Jueves Santo en las calles principales de la comunidad ikotjs.
Cada año, en este municipio se realiza esta dramatización como parte de la celebración de la Semana Santa; sin embargo, en esta ocasión se tiñó de rojo debido a que las personas recibieron más de cinco balazos en diversas partes de su cuerpo y uno de ellos de nombre Teodosio G.G. de 43 años se encuentra grave de salud.
Los representantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar responsabilizaron de esta situación a la alcaldesa Teresita de Jesús Luis Ojeda, debido a que personas afines a ella fueron quienes dispararon en contra de los defensores de la tierra y el territorio cuando visitaban uno de los negocios que se ubican en la comunidad.
Señalaron que los cinco heridos “Luis Daniel A.M de 16 años, José de Jesús G.R. de 18 años, Osvaldo T.E. de 19 años, Daniel R. M. De 38 años y Teodosio G.G. de 43 años” fueron llevados de emergencia al hospital general de Juchitán que se encuentra temporalmente atendiendo en oficinas del Instituto de la Cultura Zapoteca para su atención médica, sin embargo uno de ellos se encuentra de gravedad.
Dijeron que esta situación tiñe de oscuro el proceso electoral que se aproxima debido a que la actual alcaldesa Teresita de Jesús Luis Ojeda ha manifestado su interés de reelegirse, pero ellos se oponen debido a que lejos de haber conseguido paz durante su gobierno, la violencia creció en el municipio.
Ejidatarios rechazan explotación de arcilla en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlan por parte de la empresa Minera Sumex, sociedad mexicana con acciones alemanas. La región es considerada una de las joyas naturales de nuestro país enclavada en los estados de Puebla y Oaxaca; muchas de sus especies no existen en ningún otro lugar del planeta.
“Ejidatarios de Acatepec y Zapotitlán Salinas acordaron por audiencia pública no permitir la entrada de una empresa alemana que haría la exploración de cientos de hectáreas en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán para la extracción de arcilla y silicio, informó el vocero Martín Barrios Hernández”, señaló el periodista Enrique Hernández en Municipios.
La Minera Sumex S.A de C.V, tiene seis años haciendo prospección en la zona, incluyendo un área del territorio oaxaqueño como Chazumba, donde también ha recolectado muestras para conocer la composición del suelo, indicó
Hernández señala que en la zona, busca le permitan la entrada, al contar con una concesión federal de mil 536 hectáreas por un periodo de 50 años para la extracción de arcilla mediante bancos a cielo abierto.
“El material extraído sería para la elaboración de jabones, cuando es un mercado mínimo que no requiere de tantos años y excavaciones profundas para ese tipo de proyecto”, explicó el representante de los ejidatarios.
La Unión Europea (UE) aprobó la semana pasada la fusión entre las empresas Bayer AG de Alemania y la controvertida Monsanto de EE.UU., con lo que se abre la posibilidad para que Washington haga lo propio, dice un informe del ETC Group.
Para esta organización, el visto bueno de EE.UU. consolidaría la última de las tres megafusiones de la industria de semillas y pesticidas, que se gestan desde el año 2015.
Al concretarse la unión entre Bayer y Monsanto, dos terceras partes del mercado global de semillas y más del 70% del de pesticidas quedará en poder de solo cuatro compañías:
En la actualidad, Bayer y Monsanto extienden su dominio al ámbito de los “insumos agrícolas biológicos”, explica Verónica Villa, responsable de programas del ETC Group en México.
“Eso significa, por un lado, que se extiende la propiedad privada monopólica sobre más ámbitos comunes (microorganismos, reproducción de los suelos, etc) y, por otra parte, que los cuatro gigantes de la agroindustria se apoderan de componentes cruciales para la seguridad alimentaria global”, añade Villa.
Control total
El ETC Group, autor del informe, es una organización no gubernamental internacional que trabaja para “vigilar el poder, monitorear la tecnología y fortalecer la diversidad”, explica su sitio web.
Esta organización ha estudiado, desde 1977, la concentración de los negocios agrícolas y considera que las actuales megafusiones son una prueba de que los gobiernos no han sabido manejar el tema en función del interés público.
En México hay alrededor de 120 conflictos ambientales originados por la explotación minera y los problemas sociales y ecológicos que derivan de ella, pues desde 2014 se han desarrollado 888 proyectos de exploración y explotación mineros operados por 268 empresas transnacionales, principalmente Canadá, reportó el apartado “Política pública sobre minería, medio ambiente y su soberanía nacional” en la Agenda Ambiental 2018, diagnóstico y propuestas, realizada por expertos de universidades.
De acuerdo con el proyecto, coordinado por Rodolfo García Zamora, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, los proyectos extractivos mineros están previstos en 112.82 millones de hectáreas, las cuales equivalen a 57.4 por ciento del territorio nacional. Sin embargo, por cada mil pesos obtenidos por las empresas mineras, las comunidades afectadas sólo recibieron 15 centavos por conducto de gobiernos estatales y municipales.
Entre las principales consecuencias de la minería se encuentran la transformación del suelo y las cuencas hidrológicas, los cuerpos de agua y los suelos, así como afectaciones en la flora y fauna, pérdida de la cobertura forestal y, a nivel social, el desplazamiento y destrucción de las comunidades aledañas a la mina.
De acuerdo con las cifras, la empresa Grupo México en Sonora y la Gold Corporation en Zacatecas consumen más agua que toda la población de cada entidad, lo que se suma a los problemas de contaminación y destrucción masiva de la tierra.
Comuneros zapotecas de Unión Hidalgo reafirmaron ante la presencia de Rodolfo Salazar, Director General de Impacto Social de la Secretaría de Energía (SENER) que la comunidad indigena “no está lista” para participar en una consulta indigena sobre el parque eólico propiedad de Eólica de Francia (EDF).
Explicaron que despues de vivir un terremoto como el del 7 de septiembre en donde el 80 por ciento de las viviendas resultaron afectadas y muchas personas viven en espacios provisionales, lo que importa en la comunidad es la reconstruccion de viviendas dignas y un segundo censo, no una consulta indigena.
En esta comunidad, la empresa Eólica de Francia (EDF) pretende instalar un parque eólico llamado “Gunna Sicarú”, sin embargo los defensores de la tierra y el territorio señalaron que en ningún momento ha existido una consulta indígena.
Los comuneros expresaron durante una reunión sostenida con Salazar y el secretario de asuntos indigenas de Oaxaca Francisco Montero que la comunidad lo que necesita es un refugio digno y no una consulta indigena, por lo que desconocen “la rapidez y urgencia” de las autoridades de impulsar este proyecto cuando aún la emergencia continua.
“Vemos que Salazar tiene una conducta parcial, alejada de la verdad y conduciendo en un solo carril, que arriesga con descarrilar la vida político y social y económica de la comunidad, a nosotros nos invitaron a escasas horas de la visita, fuimos pasados por un filtro de discriminación por parte de quienes determinaron nuestra asistencia”, dijeron.
Oscar Marín, representante de los comuneros explicó que Salazar conoce la postura que tienen los comuneros sobre el rechazo a una consulta indigena en la comunidad la cual no solo es por la reconstruccion que vive Unión Hidalgo sino porque ya no puede darse debido a que ya carece de previa, libre e informada, tal y como lo estipula el convenio 169 de la OIT.
Este día un grupo de personas que arrendan sus tierras a la empresa denominada Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), bloquearon el acceso a las instalaciones, para exigir que se cumplan las peticiones que con anterioridad les habían sido solicitadas.
Debido a que no han podido cumplirse las peticiones que arrendadores de unión hidalgo solicitaron a la empresa DEMEX desde el 2017, el acceso a los parques eólicos “Piedra Larga 1 y Piedra Larga 2” ubicados en esta población, fueron bloqueados por los inconformes que piden urgentemente a los representantes de la empresa, den una solución pronta y favorable.
Los manifestantes dieron a conocer que entre las peticiones requeridas están la revisión de contrato y obras de responsabilidad social, de las cuales, -dijeron-, han entregado solicitudes en tiempo y forma para poder ser atendidos por los directivos, mismos que no han querido recibirlos sin dar explicación alguna.
Para llegar del ejido Paso de la Reyna a San Lucas Atoyaquillo, Oaxaca, se tiene que transitar poco más de tres horas de camino, pese a que las comunidades se encuentran a tan solo 92 kilómetros de distancia. Ambas en su orografía, como en sus aspectos culturales brillan por sus diferencias: la primera se encuentra a los pies de las montañas, la otra enclavada en ellas; una chatina y la otra mixteca; una de risa fácil, la otra más reservada. Sin embargo, el deseo por conservar su principal afluente: el Río Verde, las hermana en una lucha jurídico y social por la defensa del territorio.
Fue en 2006, cuando en la región se inició un proceso de organización territorial para enfrentar la imposición del Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina. Una central hidroeléctrica con una cortina de 155 metros de altura, que se ubicaría a tan solo un kilómetro arriba de Paso de la Reyna, y cuyo embalse inundaría más de 3 mil hectáreas de diversas comunidades, afectando así a cerca de 17 mil habitantes dedicados a la pesca y la agricultura, que tienen en el Río Verde su principal sustento. Una de estas comunidades es también San Lucas Atoyaquillo, municipio de Santiago Ixtayutla.
Los pasados 13 y 15 de marzo, en el marco de las Jornadas de Diálogos Interculturales por el Territorio que se realizaron para conmemorar el Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, cada comunidad presentó un reglamento interno en el que se establecen las disposiciones para la protección del territorio, sus bienes naturales y el fortalecimiento de su organización interna, esto de acuerdo al reconocimiento que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga hacia la autonomía de los pueblos indígenas sobre el control de sus territorios y sus recursos naturales existentes.
El 14 y 15 de marzo de 2018 una Brigada Internacional de Solidaridad acudió al Centro de Capacitación Finca Alemania del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), ante la violenta agresión sufrida el pasado 12 de febrero en donde fueron cobardemente asesinados los tres defensores comunitarios Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Basilio Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez. La brigada formada por personas de 10 países (Suiza, Portugal, México, Italia, Estado Español, Colombia, Brasil, Bélgica, Austria y Argentina) escuchó el testimonio de los sobrevivientes y el análisis del contexto actual de los integrantes de los diferentes comités de la organización. En su boletín, la brigada denuncia: “ Aunque se han iniciado investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, a más de cinco semanas de la agresión no ha habido ningún resultado. El gobierno de Alejandro Murat aun no se ha pronunciado sobre la agresión, por lo que el CODEDI, junto a muchas otras organizaciones, hacen responsable al gobierno estatal, por complicidad u omisión”. Los observadores hacen enfásis en que “los compañeros habían acudido a una reunión con funcionarios del gobierno del estado para discutir sobre el conflicto postelectoral en Santiago Xanica.
Para proteger su territorio, bienes comunales así como sus modos de vida y de organización, ante la amenaza latente por la instalación de un megaproyecto en la región, autoridades comunitarias presentaron la semana pasada el Reglamento Interno del ejido Paso de la Reyna(Jamiltepec, Oaxaca). El documento que tardó dos años en su elaboración, ya que fue el resultado de una vasta serie de asambleas y reuniones colectivas para su redacción, actividades que fueron asesoradas por las organizaciones Educa y Tequio Jurídico, quienes además lograron que dicho reglamento fuera avalado, en octubre de 2017, por el Registro Agrario Nacional (RAN). Durante la presentación, en la que participó se destacó su importancia como una herramienta para la defensa del territorio ya que posee un capítulo destinado a advertir sobre la prohibición de megaproyectos: “en el territorio del ejido Paso de la Reyna queda estrictamente prohibido la implementación de programas, proyectos, e inversiones que pongan en riesgo los bienes naturales comunes del ejido, la vida de las personas que habitan el ejido, así como su integridad”, sentencia el artículo 88 del reglamento. Esta advertencia se contextualiza a través del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reyna, impulsado desde el 2006 por la Comisión Federal de Electricidad (al cual la comunidad se ha opuesto reiteradamente). Cabe mencionar que este actividad se realizó en el marco del en las Jornadas de Diálogos Interculturales por el Territorio y en la celebración por la defensa del Río Verde.
De acuerdo cоn María Teresa Sánchez Salazar, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM y titular del estudio La industria minera-metalúrgica en México en el marco de las políticas neoliberales, desde los años 80 del siglo XX, con las reformas que introdujera el gobierno federal, prácticamente la totalidad de las reservas, unidades y plantas mineras del sector paraestatal han sido privatizadas.
El principal incоnveniente, menciоnó la experta en entrevista, radica en que lоs capitales extranjerоs han cоncentradо un gran númerо de minas, sоbre tоdо las enfоcadas a la extracción de metales preciоsоs cоmо el оrо y la plata.
Sánchez Salazar explicó que “el prоblema nо sоn las empresas; las pоlíticas y las leyes están a su favоr, pues les han puestо tоdо en charоla de plata: pagan pоcоs impuestоs, оbtienen cоncesiоnes a preciоs muy bajоs, pоr hectárea cоncesiоnada y nо pоr valоr del vоlumen de mineral extraídо,vigentes pоr 50 añоs, y que luegо pоdrán renоvarse pоr оtrо periоdо igual. Ellоs pueden desalоjar pоblaciоnes, prоvоcar grandes prоblemas ambientales y las autоridades cоmpetentes nо aplican ninguna sanción.”
Recursоs desaprоvechadоs
Según datоs recоpiladоs pоr la investigadоra del Institutо de Geоgrafía, la Cámara Minera de Méxicо (Camimex) repоrtó que del tоtal de prоyectоs de explоración, 30% es de empresas mexicanas, mientras que el 70% está en manоs de capitales extranjerоs, mayоritariamente canadienses.
Al respectо, la universitaria cоmentó que “Méxicо es el principal país receptоr de inversión extranjera en Latinоamérica en el ámbitо minerо, y el cuartо a nivel mundial. Y lо cоnfirma el Metals Ecоnоmics Grоup (MEG) quien también lо ubica en el quintо lugar (desde 2006) en cuantо a las ventajas que оfrecen lоs países para invertir en el sectоr.”
El derrame de cianuro al río Piaxtla en San Dimas, Durango, mantiene en alerta a activistas por defensa del agua en Sinaloa, debido al inminente riesgo de que la contaminación provocada por la minería en esta zona repercuta en las actividades económicas en territorio sinaloense.
Luego de que el pasado 11 de marzo, Primero Empresa Minera S.A. de C.V., que pertenece al grupo canadiense Primero Mining Corporation, vertió 200 litros de solución cianurada a este cuerpo de agua, Conselva y Voces Unidas por el Agua exigieron una valoración real de los impactos ambientales, ya que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se limitó a informar de la “muerte de un número indeterminado de peces”.
Explicó que el río Piaxtla nace en la sierra de Durango, pero en su recorrido hacia el Oceáno Pacífico atraviesa el municipio de San Ignacio, Sinaloa, donde abastece de agua a tierras de riego para la agricultura; desemboca a la altura del campo pesquero Barras de Piaxtla, además de colindar con el área natural protegida de la Meseta de Cacaxtla.
“Son hechos que nos preocupan debido a que la mayoría de nuestros ríos tienen su origen en la zona serrana de Durango y Chihuahua, estados con alta actividad minera y donde los accidentes son frecuentes y difíciles de monitorear”, advirtió.
Sandra Guido urgió a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a intervenir debido a que el cianuro, así sea en pequeñas cantidades, es altamente tóxico y no es degradable.
Campesinos y ejidatarios del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron al Alcalde Eleazar Hernández Arroyo, negar los permisos a la minera canadiense Almaden Minerals, la cual planea abrir un tajo del tamaño de 140 estadios de futbol para sacar oro y plata de sus tierras.
A nombre de las organizaciones campesinas e indígenas de Puebla, Daniel Zúñiga Maldonado, Vocero de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, expresó su rechazo a la instalación de la minera y todas sus filiales en el estado y acusó que más de la mitad del territorio nacional ha sido concesionado a esa empresa extranjera.
De acuerdo con los pobladores, en el municipio de Ixtacamaxtitlan nace el río Apulco que recorre la sierra norte y nororiental que pasa por Cuetzalan hasta desembocar al mar; es decir, la contaminación sería letal y abarcaría gran parte del territorio poblano.
La minera Almaden Minerals necesita obtener el permiso de uso de suelo para explotar los depósitos de oro y plata de Ixtacamaxtitlán, para lo cual necesita del permiso del Alcalde Eleazar Hernández.
De acuerdo con reportes de la prensa local, durante la caravana los pobladores de este municipio denunciaron los abusos a los derechos de la salud, agua y un medio ambiente sano, así como a la consulta previa sobre el destino de esta región que el Gobierno mexicano está obligado a cuidar.
Diversas organizaciones sociales de Oaxaca repudiaron el ataque contra los integrantes del Comité de Defensa de los pueblos Indígenas (CODEDI), defensores de los derechos de los pueblos indígenas e impulsores de importantes procesos de autonomía en Oaxaca.
Más de una centena de organismos como Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., Consorcio Oaxaca A.C., Centro de Apoyo al movimiento popular Oaxaqueño CAMPO A.C., Centro Calpulli A.C., Espiral por la Vida A.C., Código DH A.C., Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca SURCO A.C., entre otros condenaron estos hechos y exigieron a las autoridades justicia.
Según describieron en un comunicado, fue alrededor de las 23:30 horas del pasado 12 de febrero, tras sostener una reunión con representantes del gobierno de Oaxaca encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, fueron emboscados, en la carretera 175 del estado, integrantes CODEDI.
En el ataque fallecieron tres activistas, dos de ellos menores de edad e hirieron a Abraham Ramírez miembro cofundador de la organización.
“El mensaje de terror es claro para quienes defendemos derechos humanos en Oaxaca, buscan paralizarnos, desmovilizarnos y acallarnos, por eso decimos que el hecho evidencia la existencia de una política de Estado encaminada a silenciar las voces disidentes, en este caso, vía el extermino de las personas defensoras de derechos humanos y activistas sociales”, indicaron.
Hoy hace seis años, en la noche del 15 de marzo de 2012, fueron interceptados cerca de San José del Progreso y víctimas de disparos a quemarropa con armas de fuego, los compañeros Bernardo Vásquez Sánchez, quien resulto asesinado después de recibir dos balazos en el pecho, así como su hermano Andrés Vásquez Sáchez quien fue herido de bala en un brazo y la compañera Rosalinda Dionicio, quien recibió dos impactos de bala en la pierna y el hombro; todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO). Días antes, la COPUVO denunció el asesinato del compañero Bernardo Méndez Vásquez. Cabe destacar que la comitiva de la COPUVO fue emboscada saliendo de una mesa de negociación con el gobierno estatal, situación similar al reciente caso de los tres compañeros de CODEDI acribillados en la Sierra Sur. Dos presuntos asesinos del representante de la COPUVO fueron procesados pero salieron libres en 2015. Seguimos exigiendo a las autoridades estatales y federales justicia y castigo para los responsables de la muerte de Bernardo Vásquez Sánchez y de los demás defensoras y defensores heridos en la violencia creada por la empresa minera Cuzcatlán S.A de C.V. filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, que actualmente busca expandir su proyecto sin consentimiento de las comunidades.
Este 14 de marzo, los pueblos y comunidades amenazados con el despojo y desplazamiento por los proyectos de presas La Parota Guerrero, El Zapotillo Jalisco-Guanajuato, Paso de la Reina Oaxaca, Las Cruces Nayarit, cuenca de La Antigua Veracruz y al menos diez en la Sierra Norte de Puebla y otros más en cuencas hídricas de Chiapas, hacen un llamado al pueblo de México de “Volver a la raíz” para celebrar los ríos, luchar contra las represas y fortalecer la organización en defensa de nuestras fuentes de agua, sustento de vida, y de los procesos de resguardo del territorio. El Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, en el marco del Día Internacional de Acción contra las Presas y por los Ríos, el Agua y la Vida, denuncia “la gravedad de las afectaciones ambientales y de carácter social que significan dichos proyectos y las agresiones sufridas por la decisión de imponerlos a toda costa pasando sobre la voluntad y el rechazo de pueblos y comunidades”. El MAPDER advierte que en 2018 ha enfrentado “una escalada de agresión, agravios, hostigamiento y criminalización que incluyen ataques armados, como en el Acapulco Rural donde defendemos y celebramos el río Papagayo en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o la criminalización de defensoras y defensores de Temacapulín, Jalisco. (…) Hoy, transcurren para nosotros quince años de lucha y nuestra exigencia y convicción es la misma, a una voz: ¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!”
Ante el eventual daño al medio ambiente, comunidades indígenas chinantecas de San Felipe Usila, región de la Cuenca del Papaloapan, rechazaron el proyecto hidroeléctrico que pretende construir la empresa transnacional sudamericana Generación Enersi, S.A. de C.V., en la subcuenca del río Usila, con una inversión inicial de 350 millones de pesos.
El director general de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid, dijo que las comunidades indígenas chinantecas determinaron oponerse en asamblea general, en febrero pasado, porque la generación de energía eléctrica sobre el cauce de los ríos Perfume, Santiago, Verde y Grande –afluentes del río Usila–, implicará afectaciones al hábitat de la selva de La Chinantla, ante el establecimiento de bordos o presas derivadoras, tuberías a presión, compuertas, casas de máquinas con turbinas y tanques de carga.
Explicó que la compañía transnacional sudamericana presentó una primera solicitud en 2014 a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para construir el proyecto hidroeléctrico, pero no prosperó por el mismo rechazo de las comunidades indígenas chinantecas porque afectaría unas 20 mil hectáreas de bosques y selvas.
Detalló que según un estudio del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), el proyecto hidroeléctrico impactaría las áreas voluntarias de conservación de San Pedro y Santiago Tlatepusco, San Antonio Analco, San Antonio del Barrio y Cerro del Mirador, así como las colindantes áreas de conservación de Nopalera del Rosario, San Felipe de León, La Tierra del Faisán y San Juan Teponaxtla.
Subrayó que el proyecto hidroeléctrico provocará la disminución del caudal de los ríos y pondrá en peligro a sus especies, porque las cortinas a levantarse en diferentes se convertirán en barreras para peces y crustáceos e impedirán a las truchas remontar la corriente para desovar.
En un entramado de relaciones capitalistas extractivas se ubica la consulta a los pueblos indígenas —que por derecho merecen de acuerdo al convenio 169 de la OIT— la cual pareciera ser un resquicio jurídico en el andamiaje de reformas estructurales en materia de hidrocarburos, energía, minería y de seguridad interna aprobadas en los últimos años. En este escenario se encuentra el municipio binnizá de Unión Hidalgo (Ranchu Gubiña), con 11 mil 317 hectáreas de tierras comunales de las cuales más de la mitad han sido concesionadas a empresas eólicas. Actualmente opera el parque eólico Piedra Larga de Desarrollos Eólicos de México (Demex), filial de la española Renovalia Energy, mientras Électricité de France (EDF) Énergies Nouvelles pretende instalar el parque eólico “Gunaa Sicarú” sobre 4 mil 400 hectáreas de la planicie al norte del estero de la comunidad, con una inversión de 600 millones de dólares.
Tienen prisa por construir el parque eólico; se entrevé en la consulta que quieren realizar en Ranchu Gubiña pese a la ausencia de condiciones físicas, políticas y económicas para una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, ya que la situación de la población binnizá después del sismo de 8.2 el siete de septiembre de 2017 ha exacerbado la crisis económica y política de la región.
Los comuneros, las mujeres gubiña en defensa del territorio, organizaciones independientes y colectivos, en la reunión del 12 de febrero con el director general de impacto social y ocupación superficial de la Secretaria de Energía, hicieron saber que no existen condiciones para la consulta, ante la emergencia de la reconstrucción de viviendas y medios de trabajo. La situación es tensa y complicada ante la prisa que muestran los pequeños propietarios y las autoridades municipales para la realización de la consulta y la instalación del parque eólico.
Para fortalecer los procesos de defensa del territorio a través intercambio de puntos de vista y saberes tradicionales, del 13 al 15 de marzo de 2018, comunidades cercanas al río verde Río Verde, ubicadas en la Costa chica de Oaxaca, llevarán a cabo la Jornada de Diálogos Interculturales por el Territorio. Este evento se enmarca en el Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, que se celebra cada 14 de marzo. El plan de actividades de este foro contempla la presentación de dos reglamentos ejidales a fin de establecer un dialogo al interior de las comunidades participantes, que serán comentados por el escritor y abogado de origen mixteco Francisco López Bárcenas. Cabe destacar que estos foros se debatirá en torno a los sistemas normativos y su importancia como herramienta para la defensa del territorio. Y es que desde 2006, las poblaciones aledañas al Río Verde iniciaron un proceso de organización regional territorial que aglutina a Pueblos y Comunidades en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para enfrentar el Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina, se trata de una central hidroeléctrica con una cortina de 155 metros de altura y cuyo embalse inundaría 3 mil 320 hectáreas de los pueblos, afectando a 17 mil habitantes dedicados a la pesca y la agricultura.
“No van a ver a las mujeres en las calles gritando, no verán a las mujeres en la carretera haciendo marchas; nosotras estamos haciendo tlayudas, porque aquí en Teitipac somos las mujeres quienes trabajamos más, pero nosotras somos conscientes”, refiere Lorena García, mujer ícono de la lucha contra la empresa minera Plata Real y que en 2013 fue expulsada de la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac. Para las mujeres de esta población, ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca, el territorio, es la vida, es una madre cariñosa: porque de ella nace el maíz y brota el agua para sus tlayudas, el principal sustento alimenticio y económico de la comunidad, dejando a un lado las remesas. Cuando en 2013 se comenzó a divulgar que la empresa minera estaba contaminando el agua de la comunidad, las ventas de sus tlayudas en los mercados empezaron a bajar. “y eso nos hizo enojar a las mujeres y nos organizamos para correr a la empresa minera”, cuenta Lorena y abunda “le preguntamos a las autoridades sobre la situación, y pues… nosotras al ver tanta problemática generada por la minería y que los hombres estaban tardando en solucionarlo, (porque en un principio eran ellos quienes tomaban las decisiones en las asambleas comunitarias) decidimos entrar a fortalecer la resistencia, las mujeres hicimos marchas, asambleas y protestas”.
En los últimos 30 años, México pasó de la prohibición al paulatino apogeo de la producción y comercialización legal de productos transgénicos en gran parte de su territorio, refiere el informe Treinta años de transgénicos en México, realizado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM).
La expansión del cultivo de transgénicos ha sido tan evidente que, entre 2005 y 2017, sólo la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Tabasco permanecieron como territorios “libres” del cultivo experimental y comercial de este tipo de productos. Sin embargo, existen casos documentados del uso ilegal de transgénicos en estos lugares y en toda la República mexicana.
finales del año pasado, por ejemplo, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) reveló que a pesar de que en México está prohibida la siembra y distribución de maíz transgénico, el 91.3 por ciento de los productos industriales de maíz contienen algún producto genéticamente modificado –inclusive en aquellos etiquetados como “artesanales” o “libres de transgénicos”–.
Pese al aumento, hasta 2016, México tenía 100 mil hectáreas de cultivo de productos transgénicos, refieren datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de la Agrobiotecnología (ISAAA, por sus siglas en inglés).
Considerando la cercanía e influencia entre nuestra nación y Estados Unidos, que es el país que más produce transgénicos -tiene 72.9 millones de hectáreas de siembra de estos alimentos-, México produce pocos OGM’s.
Las empresas que aterricen en Oaxaca para invertir en la Zona Económica Especial (ZEE) del Istmo de Tehuantepec tienen que ser amigables con el medio ambiente, de lo contrario en lugar de desarrollo traerá problemas y conflictos en las comunidades, sostuvo la doctora Flor Brow Grossman.
Durante su intervención en el séptimo Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económica-Administrativa 2018, la especialista en economía planteó a los gobiernos estatal y federal, así como a la población cuidar que grandes firmas no se establezcan en comunidades indígenas, bajo el pretexto de inversiones millonarias.
“Una de las consecuencias que puede ocurrir es que pueden desplazar a las comunidades, dañando su modus vivendi y en consecuencia al medio ambiente porque pueden ser instaladas en reservas naturales o ríos”.
La especialista consideró que no puede ni habrá un desarrollo y avances si no se cuida esta parte.
“El problema es que se tiene que consultar a las comunidades para enterarlas de los proyectos, si están de acuerdo y cómo podrán contribuir con ellas, es decir, apoyarse mutuamente. No se pueden establecer e ignorar a los habitantes de las localidades”.
Fueron 60 comunidades y 36 organizaciones sociales de la entidad oaxaqueña que se pronunciaron ayer contra la que denominaron «invasión minera», en manos de empresas canadienses, australianas, peruanas, estadounideneses, y en menor cantidad, empresas registradas en México.
El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios asegura que en Oaxaca están vigentes hasta el día de hoy 322 concesiones mineras.
Anteriormente, en 2016 se contaban en Oaxaca 417.
A inicios del 2017 se tenía el registro de 299 concesiones mineras activas, según Neftalí Reyes Méndez del área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).
Así pues, el año pasado se reactivaron en Oaxaca al menos 23 concesiones. Lo que significa, de acuerdo con el Colectivo, el 5 por ciento del territorio oaxaqueño en manos de empresas mineras.
– Alzamos la voz para detener y denunciar estos proyectos extractivos que, con el falso discurso del progreso, desarrollo o generación de empleo están minando la vida- refirieron los actívictas en el marco de su conferencia de prensa sobre la Declaratoria del Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones «Aquí decimos si a la vida no a la minería.»
Los mismos detallaron que actualmente se registran 41 proyectos mineros, de estos 2 se encuentran en etapa de desarrollo: Proyecto El Telón y Proyector Trinidad norte, 2 en etapa de producción: Proyecto San José y Proyecto El Aguila y 1 en etapa de Postergación: Proyecto Ventosa.
En México hay más de 15.000 conflictos sociales ligados a la industria minera, documenta la no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
El activista Miguel Ángel Mijangos Leal asegura que es en el contexto del trabajo de Rema como han estimado ese número, pues en 31 de las 32 entidades federativas han conocido conflictividades en distintos grados de tensión.
Estas, indica, van desde el rechazo comunitario a las concesiones que otorga sin consulta previa el gobierno federal, hasta movilizaciones por daños a la salud o el medio ambiente causados por minas activas.
Pero también se incluye el tema laboral, con represiones, protestas y huelgas en varios estados; e incluso de familiares de víctimas, como ocurre en Pasta de Conchos, en el norteño Coahuila.
Ese caso –cuya mina operada por Grupo México explotó el 19 de febrero de 2006 causando la muerte de 65 trabajadores– es tan vigente que el pasado 18 de febrero las familias instalaron un “antimonumento” en la Ciudad de México y nuevamente exigieron al gobierno que rescate los cuerpos.
Entre los más de 15.000 conflictos, Rema destaca los más tensos. Uno de ellos es el laboral en la mina de oro Media Luna, de la transnacional canadiense Torex Gold, en el estado de Guerrero.
En demanda de una modificación sindical, se inició un paro en noviembre de 2017. Desde entonces, tres mineros fueron asesinados, incluido Quintín Salgado, uno de los líderes.
“Reunidos en la comunidad de Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, lugar donde llevamos el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí decimos Si a la Vida, No a la Minería”, en el Encuentro participamos 60 comunidades del estado de Oaxaca, 33 autoridades comunitarias, y 36 organizaciones quienes nos encontramos luchando por la defensa de la tierra y el territorio y la imposición del Modelo Extractivo de diferentes megaproyectos que violentan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas bajo el amparo de las leyes mexicanas. (…) Nos pronunciamos por la vida, en ese sentido denunciamos el hostigamiento, la persecución y el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, así como las estrategias de violencia que las empresas y el gobierno han utilizado para generar un clima de terror y miedo para mermar la lucha de las comunidades. (…) Nos sumamos a la exigencia para la cancelación inmediata de los proyectos mineros (…) otorgados por el Gobierno Federal, sin la consulta ni el consentimiento de los pueblos. Exigimos el respeto irrestricto del derecho a la libre determinación y autonomía para que respeten nuestra forma de vida y nuestras aspiraciones que mejor nos convenga como pueblos y comunidades”.
La Dirección de Protección (PC) del Estado de Zacatecas documentó ayer nueve casas, de muchas más, ubicadas en la cabecera municipal de Chalchihuites que presentan grietas derivadas de vibraciones que pobladores atribuyen a la actividad de la empresa canadiense First Majestic, quien explota en la demarcación las minas Perseverancia, Dolores y San Juan, las tres que conforman la Unidad del Toro.
Este jueves se celebró en la Escuela Primaria Justo Sierra de la demarcación una sesión de cabildo abierta a la población convocada por el ayuntamiento para tratar el tema, se expuso en el citatorio, porque teme por la integridad física de las personas, pero que no concluyó en acuerdos luego de que fuera abandonada por los representantes de la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Minas del estado y de la empresa extractiva, en tanto que el presidente municipal solicitó tiempo para que su departamento jurídico revise la petición por escrito hecha por habitantes integrados al Movimiento Civil Chalchihuites a la que dijo, dará respuesta el próximo sábado.
El documento solicita al gerente general de Firt Majestic Silver Corp, Rosalío Sánchez Bonilla, el cierre precautorio de su Unidad del Toro sin afectar el salario de los trabajadores, en tanto pueda realizarse un estudio técnico independiente que determine el origen de las afectaciones, que sugirieron los solicitantes haga el Instituto de Geofísica de la UNAM.
La petición del cierre precautorio refrenda lo planteado en una ya signada el pasado 19 de febrero por el presidente municipal, Manuel Rosales Pérez, y en representación de la Movimiento Civil Chalchihuites, Manuel Miranda Guadarrama, está dirigida al titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, Idelfonso Guajardo Villarreal.
Según diversos testimonios, desde hace un mes se han registrado estruendos y movimientos de tierra en la cabecera municipal que siguen un patrón, es decir, ocurren en periodos regulares, el más fuerte ocurrido el viernes 9 de febrero alrededor de las 17:30 horas, las vibraciones han logrado dañar casas e inmuebles de carácter público como el auditorio municipal.
La representante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) calificó de “lamentable que a todas estas gentes que se les criticó por corrupción y abusos, ahora les den impunidad para seguir cometiendo delitos” a través de candidaturas.
“Estamos tan mal que los hermanos Humberto y Rubén Moreira gozan de total impunidad en su partido político, y ahora al líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia lo postula Morena como candidato plurinominal al Senado de la República”, deploró.
Antes de participar en el Segundo Encuentro Estatal: Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería, luego de que el gobierno federal ha entregado más de 300 concesiones mineras en el estado de Oaxaca, la activista advirtió que “es infame que la minería esté en territorios como Oaxaca, que cuenta con reservas naturales y gran riqueza de la biodiversidad”.
Luego recordó que ya pasaron “dos sexenios, tres presidentes (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) y varios secretarios de Gobernación y aún no se atienden las condiciones en Pasta de Conchos.
Es lamentable que “robarse una vaca (en Coahuila) es un grave delito, pero matar mineros no. Matar mineros no es delito en ningún lado porque no hay sanción para las empresas que gozan de absoluta impunidad”, sostuvo.
En un informe que presentaron recientemente, dijo, consta que de 1900 a octubre de 2017 murieron 3 mil 130 mineros de carbón, y los únicos que no han sido rescatados en México son un inglés y los 63 mineros de Pasta de Conchos, que siguen bajo tierra, por lo que los deudos insisten en sus demandas de rescate de los restos, verdad y justicia, sanción a los responsables y reparación del daño.
En el marco del quinto aniversario de la lucha contra la minería, el pueblo zapoteco de Magdalena Teitipac realizará los días 23 y 24 de febrero el segundo encuentro estatal “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”.
En dicho encuentro participarán con sus experiencias el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña de Guerrero, así como de Sombrerete, Zacatecas; Pasta de Conchos, Coahuila, y Chicomuselo, Chiapas.
En el evento se tiene programado un ritual de agradecimiento a la madre tierra, y el abordaje de temas como el Territorio Prohibido para la Minería, un Foro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones para Fortalecer Estrategias de Defensa, además de la proyección de videos y un panel nacional de análisis.
También se presentarán las experiencias en el estado de Oaxaca, donde la resistencia contra la minería ha cobrado varias vidas, además del encarcelamiento de activistas.
De acuerdo con una investigación de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), la empresa canadiense Fortuna Silver Mines (FSM) acapara 26 concesiones mineras, de las 300 que ha entregado el gobierno federal en el estado.
Según el estudio, pese a la política de opacidad de la empresa, se pudo conocer que sus cuatro filiales (Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., Minerales de Oaxaca S.A de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.) monopolizan 80 mil hectáreas de 35 municipios de los Valles Centrales, que equivalen a diez veces el tamaño de esta capital.
Cada vez más empresas en México y en el mundo necesitan cumplir o por lo menos aparentar que cumplen con estándares de buenas prácticas ambientales y sociales para poder dar brillo a su marca o para evitar pérdidas financieras millonarias cuando cometen errores o negligencias que dejan severas consecuencias.
El mundo corporativo y financiero ha fomentado la creación de mecanismos que permiten a las grandes corporaciones “comprar” una máscara que les permite publicitarse como empresas “socialmente responsables” o “sustentables”, pese a que en sus operaciones del día a día no tienen un comportamiento ejemplar.
LA “SUSTENTABILIDAD” EN LA BMV
Al interior de la Bolsa Mexicana de Valores existe un Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) Sustentable, en donde las emisoras son reconocidas o no, por sus prácticas de responsabilidad social y a favor del medio ambiente, aunque en la práctica no lo reflejen.
El número de emisoras que integran el IPC Sustentable ha crecido un 247 por ciento desde su creación en 2012. Al inicio contaba con 23 emisoras participantes y hoy, seis años después, son ya 80 las compañías que lo integran.
En entrevista para EconomíaHoy.mx, Eugenia López, directora de Vinculación del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), detalló que las empresas en México que participan de este índice asumen ciertos compromisos iniciales para cumplir con los requisitos de entrada, pero estos no se sostienen en el largo plazo.
Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por la situación que vive la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, donde la Comisión Reguladora de Energía (CRE), otorgó un permiso para la generación de energía eléctrica a la empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., filial de la transnacional Électricité de France (EDF) Energies Nouvelle, sin haber realizado una consulta libre, previa e informada.
En un manifiesto, expusieron que diferentes organismos y actores internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos y el Relator para la situación de las personas defensoras de la ONU, se han pronunciado a través de recomendaciones al Estado mexicano, sobre cómo debería realizarse una consulta en ese pueblo indígena zapoteca y cuáles son los criterios a tomar en cuenta para que el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado se realice bajo los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Además, subrayaron que según los más altos estándares de derechos humanos, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado se debe garantizar en las etapas preliminares de los proyectos.
Esto incluye actos administrativos y cada una de las fases que impliquen la implementación de los mismos, ya que su propósito es garantizar que los pueblos indígenas participen de forma activa en las decisiones y acciones que afecten su vida, su tierra, territorio y bienes naturales, señalaron.
El año pasado 116 personas murieron en países latinoamericanos por defender sus tierras y enfrentar prácticas que afectan el medio ambiente. Brasil encabeza la lista en Latinoamérica con 46 asesinatos, seguido de Colombia con 32, México con 15 y Perú con 8.
Los ambientalistas viven amenazados en todo el planeta y en América Latina esta situación es muy preocupante. De acuerdo con el informe que acaba de ser publicado por Global Witness y el diario británico The Guardian, hubo un total de 197 ambientalistas asesinados en todo el mundo durante el año 2017. De ese número, 116 personas murieron en países de América Latina, “por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron el medio ambiente, y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron”, señala la publicación.
Brasil ocupa el primer lugar no solo en la región sino también en todo el mundo, con 46 asesinatos de defensores del medio ambiente. Le sigue Colombia con 32, México con 15 y Perú con 8 fallecidos durante el año 2017. Completan esta lista Honduras con cinco asesinatos, Nicaragua con cuatro, Guatemala con tres, República Dominicana con dos y Venezuela con una persona.
Ante las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía (SE) sin el consentimiento de los propietarios, la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines (FSM), a través de cuatro filiales mexicanas, ha acaparado más de 80 mil hectáreas del territorio de pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, equivalente a diez veces más al tamaño de la ciudad capital.
De acuerdo con una investigación de la organización no gubernamental Servicios para una Educación Alternativa (Educa), la compañía se ha hecho propietaria del 100 por ciento de 26 concesiones, ubicadas en los distritos de Ocotlán de Morelos, Ejutla de Crespo y Tlacolula de Matamoros, región de los Valles Centrales, bajo un esquema de compra-venta a sus filiales, que está permitida por la Ley Minera.
El traspaso fue conocido mediante un comunicado publicado por FSM en agosto pasado, donde reporta la compra a la empresa Radius Gold, el 100 por ciento del proyecto “Tlacolula”, que abarca 82 mil 630 hectáreas.
Sin embargo la información publicada no menciona que dichas hectáreas no corresponden únicamente al citado proyecto, porque también en esa área están involucrados al menos dos concesiones mineras más, identificadas con los nombres “San José”, en etapa de explotación comercial, y “Trinidad Norte”, en etapa de desarrollo.
La demanda contra la embajada canadiense en México por abrió el debate sobre la protección sistemática que ha dado la diplomacia de ese país a empresas que poseen concesiones mineras en México, a pesar de las denuncias por contaminación y violación a los derechos de los pueblos que son dueños de la tierra donde se encuentran los yacimientos.
No se trata de protección o encubrimiento ocasional, sino acciones continuas que demuestran que “la embajada ha hecho suyos los intereses de las empresas”, sostienen las organizaciones sociales demandantes, académicos y activistas de México y Canadá.
Desde el 3 de febrero, José Luis Abarca, hijo del ambientalista chiapaneco Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009 por oponerse a la minera Blackfire, recorre varias ciudades de Canadá para presentar ante ciudadanos de este país y sus autoridades los argumentos que sostienen la primer demanda formal que se presenta contra la diplomacia canadiense en México. El joven es acompañado por integrantes de las organizaciones Mining Watch, la Red de Méxicanos Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, y el Proyecto Justicia para la Integridad Corporativa de la Universidad de York, que son también partes demandantes.
La primera parada fue en las oficinas del Comisionado para Integridad de la Administración Pública de Canadá, donde se presentó la demanda. Esa institución tiene la función de investigar casos de conductas deshonestas de los servidores públicos canadienses.
En esa oficina, los familiares de Roblero y organizaciones demandantes presentaron argumentos y evidencias documentales que muestran que la diplomacia canadiense violentó las políticas del gobierno de Canadá al apoyar a la empresa Blackfire Exploration para imponer la operación de una mina en la comunidad de Chicomuselo, en Chiapas y que esas acciones desembocaron en el homicidio de Abarca Roblero, quien tres meses antes de su muerte había solicitado directamente la atención de la embajada en su sede en la Ciudad de México, pero fue ignorado.
Representantes del Comisionado recibieron la demanda, e informaron que tienen 90 días para analizarla y decidir si investigarán el hecho.
En los días consecutivos a la entrega de la demanda, la delegación mexicana y organizaciones canadienses que acompañan a Abarca tuvieron reuniones con estudiantes de diversas universidades, que organizaron foros a donde también acudieron otros ciudadanos canadienses. También se reunieron con representantes del Poder Legislativo, y directivos de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá
En todas estas reuniones expusieron cómo las empresas mineras canadienses que operan en México han seguido un mismo patrón de conducta para imponer la extracción a pueblos y comunidades que rechazan estas acciones. Estas conductas han dejado una secuela de homicidios, desplazamiento de personas, contaminación medioambiental, enfermedades y muertes por el envenenamiento.
Un caso sobresaliente, señaló Miguel Mijangos, representante de la REMA, es el que enfrenta la comunidad de Carrizalillo, en Guerrero. Ahí le fue concesionado a la empresa Gold Corp la mina de oro más grande que posee México. Gold Corp, detalló Mijangos, “ha violado sistemáticamente los derechos ambientales, a la salud y la vida de las personas. Hoy la mitad de la población de Carrizalillo ha tenido que huir de la región. Lo mismo ha ocurrido en 81 poblados que componen lo que se llama El Cinturón Dorado de Guerrero”, conocido así por sus minas de extracción de oro.
En cada una de las reuniones y foros, la delegación que acompaña la demanda de justicia para Mariano Abarca explicó que uno de los factores que permiten y propician estas violaciones es el apoyo que abiertamente han tenido las empresas mineras por parte de la embajada de Canadá en México.
La Ley General de Biodiversidad ya está en la Cámara de Diputados a pesar de las múltiples críticas de organismos civiles, quienes han señalado que da manga ancha a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas por su importancia ambiental en México.
El pasado 15 de diciembre, de manera apresurada, 88 senadores aprobaron la Ley General de Biodiversidad, en medio de otra polémica discusión: la de la Ley de Seguridad Interior.
En entrevista para SinEmbargo, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, señaló la existencia de un potencial conflicto de interés, ya que, afirmó, la promovente de la iniciativa fue la Senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que impulsa actividades mineras en el país.
asi 200 defensores de la Tierra y del medio ambiente fueron asesinados en 2017 por enfrentarse contra gobiernos y empresas alrededor del mundo, con América Latina en el primer lugar de esta represión, y México como el cuarto país más peligroso para estos activistas.
El nuevo informe de Global Witness, proyecto realizado en alianza con The Guardian, registra que 197 activistas fueron ultimados el año pasado en el mundo por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron el medio ambiente, y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron
Eso es un promedio de casi cuatro crímenes de activistas cada semana. El saldo de 2017 es cuatro veces superior al registrado en 2002, el primer año en que se publicó.
El informe señala que los defensores del medio ambiente se encuentran en las primeras líneas de un campo de batalla global
, enfrentando en diversos lugares del planeta las mismas amenazas en sus luchas contra minas, plantaciones, proyectos de infraestructura y comerciantes ilegales.
Reporta que ahora México es mucho más peligroso para quienes luchan por proteger su tierra, situándose en el cuarto lugar en la lista mundial de las naciones con mayores riesgos para ser un defensor del medio ambiente
–anteriormente ocupaba el lugar 14–, con un saldo de 15 asesinatos (cifra cuatro veces superior a la de 2016).
Con la minería México apuesta a un proyecto que le resta soberanía sobre su territorio y sus recursos, genera conflictos comunitarios, contaminación y deja ínfimos ingresos a la Federación debido a una de las legislaciones más laxas en cuanto a cobro de impuestos y regalías para las empresas extractivas.
Como los presenta la Secretaria de Economía, México tiene diversos motivos para estar orgulloso de esta actividad: Es también el principal productor de plata del mundo y el tercer lugar de América Latina y el séptimo a nivel mundial con mayor atracción de gasto de empresas para exploración, con una participación de 5.8 por ciento del total global de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2016.
En este año, aunque el Producto Interno Bruto del sector registró un decremento de 1.6 por ciento respecto a 2015, las ganancias generadas alcanzaron los 473.8 mil millones de pesos, que superan 419.5mil millones del año anterior.
La producción de minerales metálicos se incrementó 21.4 por ciento con relación a 2015 y generó 270.5 mil millones de pesos. La minería en general avanzó 12.9 por ciento en su valor de producción. En el país operan dos de los cinco grupos mineros más importantes de America Latina sin embargo, a diferencia de Chile y Perú, los impuestos que les cobra están entre los más bajos de la región. Para Chile, por ejemplo, entre 2010 y 2014 el 13.8 por ciento de la recaudación fiscal nacional provino de impuestos a mineras; 5.4 por ciento lo aportaron empresas del sector privado; en Perú, en el mismo periodo, 6.4 por ciento del PIB provino de impuestos de estas empresas. A México, las mineras solo aportan el 1 por ciento de su PIB de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Francisco López Bárcenas ha investigado la forma en la que operan las mineras en México y resalta que el paso inicial lo dio el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993, cuando se concreto la reforma que propuso al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), la Ley Minera y la Ley de Inversión Extranjera en el país.
Texto retomado de http://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/120900/el-oro-no-brilla-para-oaxaca/
El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, solicitó a la 63 legislatura otorgue el consentimiento para que los bienes inmuebles que formarán parte de la Zona Económica Especial (ZEE) de Salina Cruz sean considerados jurisdicción exclusiva de los poderes federales, por lo que su seguridad, resguardo y protección serían exclusividad del ejército y policías de la Federación.
El documento, de fecha 25 de enero del 2018, número CIGEO70016/2018, está suscrito por el consejero jurídico del gobierno estatal, José Octavio Tinajero Zenil, y fue turnado a comisiones en la sesión ordinaria del 30 de enero del año en curso.
Los bienes inmuebles de la zona económica de Salina Cruz están integrados por dos fracciones de terreno que miden en su totalidad 57 hectáreas, 31 áreas y 22 centiáreas, mismos que se propone sean ahora de jurisdicción exclusiva federal.
De acuerdo al proyecto de dictamen, la zona económica especial debe entenderse como un área delimitada geográficamente, ubicada en lugares con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva que contribuya a la disminución de las brechas de desigualdad que dividen a las tres grandes áreas del territorio nacional.
Detonarán nuevos polos de desarrollo en regiones rezagadas económicamente y potencialmente productivas, a través de herramientas como un enfoque integral, ubicación estratégica, proyectos de infraestructura, incentivos fiscales, atractivos a la inversión y ventanilla única.
¿Sabías que México es el cuarto país más peligroso para los activistas del medio ambiente? En 2017 se registraron 15 asesinatos de defensores de la Tierra en ese país, de acuerdo al nuevo informe de Global Witness.
A escala global 197 activistas fueron asesinados el año pasado tras defender sus tierras de empresas que buscan apropiarse de ellas, por denunciar proyectos que han dañado el medio ambiente o prácticas corruptas.
En promedio, cada semana se cometieron al menos cuatro crímenes de activistas. La cifra de asesinatos registrados el año pasado fue cuatro veces más alto que en 2002.
¿Por qué los defensores del ambiente están en la mira?
De acuerdo al informe, los líderes ambientalistas son blanco debido a que ellos luchan contra empresas y proyectos relacionados con infraestructuras, actividades, plantaciones y minas ilegales que dañan el ambiente y afecta a sus habitantes.
Brasil ocupa el primer puesto (46 asesinatos) y le sigue Colombia con 32 crímenes. En Asia, Filipinas fue el país más mortal, con 41 muertes, mientras que en África, la República Democrática del Congo registró los peores casos.
La minería extractiva sigue siendo la actividad más vinculada al asesinato de activistas, con 60 por ciento de los casos públicos, es decir, 36 homicidios –incluyendo los Andes en India y Turquía.
Son 9.8 millones de pesos los que deberá pagar de multa la empresa Industria Metalúrgica de oro y plata Don David Gold en México, instalada en San Pedro Totolápam, Oaxaca por operar sin licencia ambiental, sanción impuesta por la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa).
La Licencia Ambiental Única (LAU) o Licencia de Funcionamiento debe expedirla la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La minera con sede en Totolápam no cuenta con dispositivos de conducción y control de emisiones a la atmósfera en los equipos generadores de partículas ubicados a la intemperie en el área de trituración; carece de bitácoras de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso y de los generadores de energía eléctrica.
Los referidos hechos y omisiones fueron constatados desde el siete de octubre del 2016 durante una visita de inspección realizada por la PROFEPA con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera.
Casi 200 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2017 por enfrentarse contra gobiernos y empresas alrededor del mundo, con América Latina en el primer lugar de esta represión, y México es el cuarto país más peligroso para los defensores de medio ambiente.
En el nuevo informe de Global Wtiness, en un proyecto en alianza con The Guardian, se registró que 197 activistas fueron asesinados e a lo largo de 2017 alrededor del mundo “por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron el medio ambiente, y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron”.
Eso es un promedio de casi cuatro asesinatos de defensores de tierras y del medio ambiente cada semana. El saldo de 2017 es cuatro veces más que el registrado en el primer año de este proyecto en 2002.
El informe señala que los activistas se encuentran en las primeras líneas de “un campo de batalla global”, enfrentando en diversos lugares del planeta las mismas amenazas en sus luchas contra minas, plantaciones, proyectos de infraestructura y comerciantes ilegales.
En su informe, Global Witness reporta que en 2017, América Latina mantiene el primer lugar en asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente.
“México ahora es un lugar mucho más peligroso para quienes luchan por proteger su tierra, situándose en el cuarto lugar en la lista mundial de países más peligrosos para ser un defensor del medio ambiente” -México ocupaba anteriormente el 14 lugar- con un saldo de 15 asesinatos (un total cuatro veces superior a 2016).
Brasil se mantiene como el país más mortal para defensores, con 46 asesinatos. Colombia lo sigue con 32 muertes.
A nivel mundial, la agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas -ambos sectores en conjunto representan el 60 por ciento de los casos conocidos. La mayoría de los asesinatos ocurrió en bosques y selvas en países en desarrollo, con la minería y otras industrias extractivas entre los más mortíferos. Conflictos sobre mineras fueron responsables de 36 asesinatos -incluyendo en India y Turquía a los Andes.
Filipinas fue el país más letal de Asia, con 41 asesinatos. En África, la República Democrática del Congo fue el peor caso.
Una pequeña urbe crece hacia el noroeste de la capital del estado. El proyecto denominado Parque Industrial y Maquilador Oaxaca 2000, desarrollo semi-urbano planeado y ejecutado hace 20 años, desde1998, concebido como un espacio de atracción de capitales y creación de empleos, se observa subutilizado.
La carretera federal 190 conduce hacia Magdalena Apasco, municipio ubicado a 26 kilómetros de la capital oaxaqueña en donde, desde 1998 fue inaugurado el complejo industrial.
Hoy en día 40 empresas están aquí instaladas, de las cuales 16 están inactivas, 20 activas y 4 en proceso, estas firmas generan de 900 a mil empleos.
La mañana inicia como todos los días. Grupos de trabajadores ingresan al lugar que, a la vista común, pasa inadvertido escondido entre casetas de comida.
En la entrada principal identificada con el nombre del parque, el vigilante establece un estricto control de acceso.
Pobladores de 16 comunidades se esfuerzan para que el gobierno reconozca su derecho a decidir sobre los mantos acuíferos de su territorio.
Sin el trabajo de estos pobladores el campo de sus comunidades se hubiera acabado. Se llaman a sí mismos “sembradores de agua”, son pobladores de 16 comunidades de los distritos de Ocotlán y Zimatlán, cuyos campos agrícolas en 2005 se quedaron sin agua y que desde entonces iniciaron un proyecto para recargar los mantos acuíferos de su territorio; hoy, pese a los obstáculos del gobierno federal y la indiferencia del Gobierno del Estado, están a punto de vencer al presidente Gustavo Díaz Ordaz, al decreto que firmó en 1967 y que hoy, 50 años después, les prohíbe utilizar el recurso que han recuperado.
Grupo México y Germán Larrea sufrieron un revés por parte de la autoridad, luego de que Rebeca Patricia Ortiz Alfie, juez del Quinto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, concedió el amparo al Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM) que dirige Napoleón Gómez Urrutia, por el desalojo que padecieron los huelguistas de la Mina San Martín de Sombrerete.
La huelga inició el 30 de julio de 2007 y sigue vigente hasta hoy, pues se originó por las pésimas condiciones de seguridad, higiene, violaciones al contrato colectivo y el desconocimiento de la dirigencia a nivel local y a nivel nacional.
Después de cinco años de instalada la huelga en la mina San Martín, Grupo México creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de “Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la RM” (SNTEEBMRM) denominado “blanco”, y el 31 de agosto de 2012, con violencia desalojaron a los huelguistas y se apoderaron de las instalaciones hasta el día de hoy.
De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), después de seis años y medio de acciones ilegales y violentas de Grupo México, en contubernio con las autoridades, contra la huelga minera, los huelguistas ganaron el amparo y pudieron regresar a su manifestación por la exigencia de sus derechos y mejores condiciones laborales.
La administración de Enrique Peña Nieto ha resultado la más letal para los defensores del territorio y el medio ambiente, destaca una investigación de campo de la organización internacional Global Witness, que ha documentado al menos 44 ejecuciones desde 2010, ocho de ellas cometidas durante los primeros meses de 2017.
Coordinada por Ben Leather y bajo el auspicio de Brigadas Internacional de Paz (PBI), la investigación revela que México se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente.
Global Witness, que documentó 200 asesinatos de ambientalistas cometidos en varios países en 2016, puntualizó que en México el incremento de la violencia contra los defensores se ha agudizado desde que el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, pero además ha sido alentada por la impunidad en la que permanecen los ataques.
La organización ha documentado 33 asesinatos de defensores de 2010 a 2015, y otros 11 entre 2016 y 2017, ocho de ellos en los primeros cinco meses del año que acaba de concluir.
Luego de permanecer al margen de las tres primeras declaratorias de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), hoy el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, emitirá la Declaratoria en Salina Cruz, Oaxaca. Se calcula que podrían instalar hasta mil 126 millones de dólares en inversiones. El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó, que la ZEE de Salina Cruz, Oaxaca, era viable jurídica, económica, ambiental y socialmente, y que atraerá inversiones productivas y la creación de empleos formales en la región sur-sureste del país, a través de las facilidades administrativas y fiscales que el gobierno otorga. Sin embargo, tanto como investigadores y organizaciones sociales, han advertido sobre los procesos de despojo territorial a partir de la implementación de las ZEE ante el avance de la maquinaria extractiva bajo el ensamble capital-Estado que sobrepone la movilidad de los negocios ante el bienestar social, los recursos naturales y su conservación, entre otros. Ejemplo de ello es la angustia en la que viven comuneros de la Unión en Michoacán a los cuales les serán expropiadas 218 hectáreas de tierra para implementar la ZEE Lázaro Cárdenas-Puerto Unión.
Como parte del documental “¡Arriba las manos!: ¿el oro o la vida?” dirigido por el cineasta Demián Revart, el compañero Isaías del poblado de Nuevo Balsas, ofrece un análisis a gran panorama de la explotación tanto territorial como laboral de la minera Media Luna -filial de la empresa canadiense Torrex Gold Resources-, así como la serie de trabas que ha puesto en las exigencias de las comunidades afectadas, como la omisión de estudios de impacto ambiental y contaminación del río Balsas, las promesas de proyectos económicos que muchas veces son nulos, y en mayor medida, las amenazas de desempleo y penalizaciones a los trabajadores y subcontratistas que se atreven a denunciar las injusticias que se se viven al trabajar para la mina.
El pasado domingo 26 de noviembre los nahuas de la comunidad de Zacualpan, Comala, en el estado de Colima, estuvieron de fiesta. Ese día celebraron el IV aniversario del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), una organización comunitaria que integraron para defender su territorio y sus recursos naturales, principalmente los minerales, el agua y el bosque. Los comuneros andaban contentos porque en cuatro años de lucha han tenido varios triunfos, parciales pero triunfos al fin, en la defensa de su patrimonio, pero también han aprendido a organizarse y establecer alianzas con otras organizaciones regionales y nacionales que luchan por lo mismo. Saben que no están solos y que su lucha es también asumida por otros mexicanos, o al menos así lo constataron con la presencia de varias organizaciones que los acompañaban en el festejo.
Desde hace dos años hemos confirmado la existencia de una política de despojo por parte del Estado Mexicano en beneficio de las empresas. En abril de 2015, la comunidad nahua y Ejido de Tecoltemi, en Puebla, presentó —acompañada por Fundar y por el Consejo Tiyat Tlali— una demanda de amparo en contra de dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó en 2003 y 2009 a la empresa Minera Gavilán, filial de la canadiense Almaden Minerals.
Las violaciones a derechos eran evidentes: las concesiones habían sido emitidas sin que la comunidad hubiera sido consultada y sin que los habitantes Tecoltemi, en el municipio de Ixtacamaxtitlán hubieran dado su autorización. El juicio sigue su curso y aún no hay sentencia definitiva.
Tras haber probado mediante un peritaje en antropología que son un pueblo originario, los macehuales de la Sierra Nororiental de Puebla demandaron al Juez Quinto de Distrito en el estado, para que haga valer sus derechos respecto al territorio en el Juicio de Amparo y eche atrás las concesiones entregadas a Minera Autlán, Minas de Santa Marta y el Grupo Ferrominero.
En la comunidad de Yohualichan, municipio de Cuetzalan, durante la 23 Asamblea de Defensa de la Vida y el Territorio, la última que harán este 2017, representantes de 212 pueblos de 23 municipios de Puebla y tres del estado de Veracruz hicieron un balance de los logros que han tenido y ratificaron su rechazo a los megaproyectos que se pretenden echar a andar en la región y su decisión de fortalecerse como organización.
Tras recordar que desde el año 2015 presentaron un juicio de amparo colectivo con el que consiguieron suspender toda obra de exploración y explotación para los proyectos Atexaco I y II en las concesiones entregadas por el gobierno federal a la empresa minera Autlán, que se registró con el número de expediente 1017/2015 en el Juzgado Quinto de Distrito en el estado, los macehuales demandaron al tribunal dejar sin efecto las licencias que permitirían la explotación de su territorio.
Organizaciones y comunidades del Istmo alertan que autoridades de los tres niveles de gobierno, junto a empresarios e inversionistas, “colocaron la primera piedra” para la construcción del parque de Eólica del Sur y anunciaron un avance del 22 por ciento en las obras, “sin importarles que aún existe un proceso legal pendiente en la Suprema Corte de Justicia”. En un boletín, la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO) recuerda que interpusieron el amparo colectivo 454/2015 en septiembre de 2015 “por violar el derecho del pueblo indígena Binizá a la consulta previa”. Actualmente este amparo se encuentra en análisis para su atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, rechazan “enérgicamente la construcción del parque de Eólica del Sur” y repudian “la actitud servil del gobierno federal, estatal y municipal ante las empresas e inversionistas”. Cierran solicitando a la Suprema Corte determinar sobre este caso.
Para ser escuchados sobre los abusos en contra de sus derechos humanos y exigir respeto, una delegación de la comunidad nahua de Ixtacamaxtitlán, Puebla, se encuentra en Canadá para convencer al gobierno de Justin Trudeau e inversionistas de ese país para que detengan el proyecto minería a cielo abierto Ixtaca, el cual se encuentra en fase de exploración. Y es que la empresa omitió informar a las autoridades ambientales mexicanas que realizó 236 excavaciones más de las reportadas. Tampoco dijo que en algunas de ellas perforó el subsuelo hasta 700 metros, contra los 160 autorizados por ley. Por si fuera poco, la empresa Almaden Minerals mintió al afirmar que la zona que pretende explotar se trata de un sitio «vacío», con uso de suelo «nulo», cuando en realidad se trata de un municipio con 20 mil habitantes quienes realizan diversas actividades productivas las cuales se vendrían abajo ante los daños irreversibles al ecosistema y a la salud que implica la minería a cielo abierto. Los afectados también señalarán en su visita que la compañía ha violado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pues al tratarse de pueblos originarios debieron ser consultados sobre el proyecto.
“No me voy de acá, ni por nada de este mundo vamos a entregar nuestras tierras, de aquí no salimos nosotros… estamos en pie de lucha… Tilzapote jamás será vencido,” se escucha decir en un video a niños, ancianos y padres de familia de esta comunidad zapoteca ubicada en el municipio de Santa María Tonameca, Costa de Oaxaca, quienes enfrentan desde el 2008 un intento de despojo de 300 hectáreas de tierras comunales a orillas de la playa, con arena suave y mar cristalino: un lugar idílico. Los más de 200 pobladores de Tilzapote tienen la notificación de que este vienes 8 de diciembre tendrán que dejar sus hogares pues el Tribunal Unitario Agrario favoreció a Pedro Martínez Araiza, quien hace unos años se atribuyó la propiedad de este paradisiaco lugar pero al que los comuneros jamás han visto. “Yo tengo 40 años viviendo y ni lo conozco… Cuando se hizo la escuela primaria hubiera venido a reclamar sus tierras… ¿Por qué hasta ahora?», se escucha decir a un hombre de tez morena y sencilla vestimenta que al igual que muchos de sus vecinos cultiva sus propios alimentos como: maíz, frijol, cacahuate, melón, sandía, jamaica, entre otros productos. La comunidad a la que atraviesa la carretera costera Puerto Escondido- Salina Cruz, cuenta con una casa de salud y energía eléctrica.
El ambientalista Gustavo Castro Soto expone los riesgos que implica la imposición de una Zona Económica Especial (ZEE) en la costa chiapaneca, describiéndola como una “especie de ciudad amurallada, territorio liberado a las empresas trasnacionales”. La ZEE Puerto Chiapas será alrededor de dos veces más grande que la ciudad de San Cristóbal de las Casas. “Las empresas que se instalen en la ZEE no pagarán impuestos y tampoco lo hará por el uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Federación, lo que significará disminuir los ingresos públicos que podrían ser destinados a educación, salud, entre otros rubros. Se acrecentará la pobreza y encarecerá la vida de la región. Su operación implicará un exceso de consumo de energía pero además de agua que la competirá con las comunidades y la región aledaña. Sus residuos sólidos y líquidos pondrán en crisis no sólo la actividad pesquera local sino la Reserva La Encrucijada que pretende proteger el bosque de manglar”, advierte Castro, sentenciando que “así, los más ricos se harán más ricos”.
Ante la “devastación actual” generada por la empresa minera canadiense Almaden Mineral en la región de Ixtacamaxtitlán, Puebla, un grupo de pobladores viajó hoy a Canadá para convencer al gobierno y los inversionistas de ese país que detengan el proyecto, el cual se encuentra en fase de exploración.
Los habitantes de la zona realizarán una visita de 10 días en Canadá, donde presentarán a funcionarios, inversionistas y comunidades indígenas un informe sobre las violaciones a los derechos humanos provocados por el proyecto minero, con el afán de poner fin a la mina y exigir que el gobierno de Justin Trudeau obligue las empresas a respetar los derechos humanos “en todas sus operaciones”.
La organización PODER, que acompaña a las comunidades aledañas a la mina, documentó en abril pasado que Almaden Minerals mintió tanto a las autoridades ambientales mexicanas como a los propios inversionistas.
Según la organización, la empresa omitió informar a las autoridades ambientales mexicanas que realizó 236 excavaciones más de las reportadas. Tampoco dijo que en algunas de ellas perforó el subsuelo hasta 700 metros, contra los 160 autorizados por ley.
La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Alto Comisionado en México, Jan Jarab, volvió a declararse en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, misma que atentaría preocupantemente contra los Derechos Humanos.
En una carta dirigida a los Senadores, presidentes de las comisiones de Seguridad, Marina, Estudios Legislativos, Derechos Humanos, Gobernación, así como a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, el Alto Comisionado pidió que no se apruebe la reforma que ya pasó en la Cámara de Diputados.
En la carta se detalla que la ONU está preocupada por el contenido de la Minuta, misma que “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”, indica la carta.
En 2017, cumplió diez años la resistencia al proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, en la Costa Chica de Oaxaca, y se perfila al 2018 en pie de lucha. Cientos de indígenas mixtecos y chatinos, ribereños de las regiones Sierra Sur y Costa Chica de Oaxaca, llegaron a San Antonio Río Verde, municipio de Tututepec –a dos horas tierra adentro de Puerto Escondido, playas del Pacífico mexicano-, el sábado 18 de noviembre, donde fueron recibidos, igual que los invitados de lejanas regiones del país y de la Guardia Nacional Indígena de Colombia, por otros cientos que apenas amaneció se congregaron frente a la Agencia Municipal y a un lado de la Iglesia donde instalaron el fuego de una cocina de leña y el almuerzo con base en guisos, frijol y queso, café, pan y tostadas servido en largas mesas bajo techos de palma, como preludio del 4° Festival Cultural por la Defensa del Río Verde. Convocados por el sonido de tambor o huéhuetl, caracol y sonajas, llegaron camino abajo a la orilla del majestuoso cauce del Río Verde, que no es verde sino azul, la segunda cuenca más extensa del estado de Oaxaca.
Un total de 947 proyectos mineros de 275 empresas con capital extranjero operan en México, según el último diagnóstico de la Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM).
De 32 estados de la República Mexicana, en 25 hay presencia de estas empresas; Oaxaca ocupa el octavo lugar en la lista con 34 proyectos, ubicados principalmente en cuatro regiones del estado: Valles Centrales, Istmo, la Costa y Sierra Norte, que representan 300 concesiones*.
El mayor número de proyectos está en Sonora con 224, Chihuahua con 127, Durango con 106, Sinaloa con 102, Zacatecas con 73, Jalisco 61, Guerrero con 38, Oaxaca con 34, Nayarit con 22, Michoacán con 25, Guanajuato con 20, San Luis Potosí con 22.
Le siguen Coahuila con 13 y Baja California con 12, y Colima tiene 11, Puebla 10, el Estado de México cuenta con 11 también; Chiapas siete, Baja California Sur también con siete proyectos; Querétaro e Hidalgo con seis; Veracruz con cuatro; Morelos tiene tres, Tamaulipas con dos.
Finalmente, el estado de Nuevo León con un solo proyecto. En Aguascalientes actualmente no hay inversión extranjera en minería.
La actividad minera está en 25 estados, pero se habla solo de los minerales concesibles; pero si consideramos a todos, incluidos los de construcción, hablaríamos prácticamente de que tienen presencia en todo el territorio nacional, de acuerdo con el mapa de proyectos mineros con capital extranjero en México, de la Secretaría de Economía.
Los megaproyectos mineros y otras actividades extractivas vulneran el derecho al agua de casi 12 millones de mexicanos, advirtió Federico Guzmán López, investigador de la Unidad Académica de Estudios Críticos del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
Al presentar su estudio Vulnerabilidad del derecho humano al agua en México por minería, durante un foro organizado por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y otras organizaciones en esta ciudad, explicó que este despojo hídrico
en contra de 10 por ciento de la población del país ocurre en varios estados, particularmente en aquellos donde hay minería.
En entrevista, Guzmán López explicó que en México hay 106 acuíferos sobrexplotados, lo que afecta a 11.9 millones de mexicanos que son proclives a la ecomigración
no sólo por escasez del líquido, sino también por su contaminación. En el país, 20 por ciento del agua subterránea ya está contaminada, al igual que 24 por ciento de las superficiales
.
Para lograr la siembra de maíz genéticamente modificado en México, la agroindustria trasnacional, encabezada por Dupont, solicitó a la Suprema Corte que declare inconstitucionales las facultades que el Código Federal de Procedimientos Civiles, otorga a los jueces para ordenar medidas de protección de los derechos de grupos sociales o colectividades, frente a hechos que causen daños, vulneren derechos o puedan llegarlos a causar. Así lo denunciaron académicos poblanos que junto con científicos, campesinos y defensores de derechos humanos de todo el país, han litigado por más de cuatro años, un juicio de acción colectiva y medidas cautelares que hasta la fecha han impedido que se otorguen permisos de siembra de maíz transgénico en todo el país.
En rueda de prensa ofrecida por Julio Glockner, Argelia Arriaga y Armando Domínguez, el coordinador de los abogados de la Colectividad del Maíz, René Sánchez Galindo, explicó que tratándose de juicios sobre derechos colectivos los jueces tienen facultades para ordenar cuatro tipos de medidas, tales como la suspensión de actos o acciones, la orden de realizarlas, el retiro de productos del mercado y las medidas de protección, detalló. Son precisamente las medidas de protección, sobre las que se emitirá un dictamen de constitucionalidad de la Suprema Corte, luego de que un tribunal Colegiado ordenara mantener la suspensión de siembra y remitirle el expediente.
La empresa minera FSM, con sede en Vancouver, Canadá, opera en el estado de Oaxaca con cuatro filiales registradas en México, acaparando y despojando 80 mil hectáreas de territorios de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, la cual equivale a diez veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca.
Esta situación coloca a pueblos zapotecas y campesinos en una seria desventaja frente a la empresa minera, ya que FSM no está obligada a entregar cuentas a los mismos. Bajo un esquema de compra-venta de concesiones a través de sus filiales (permitido por la ley minera), la empresa se ha hecho propietaria del 100% de 26 concesiones aproximadamente, todas ellas ubicadas en los Valles Centrales, principalmente en los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula.
La información fue publicada parcialmente por la empresa, en un comunicado (agosto de 2017)[1] donde informa que compró a la empresa Radius Gold el 100% del proyecto “Tlacolula”, abarcando 82, 630 hectáreas, sin embargo la informacióbn publicada no menciona que dichas hectáreas no corresponden únicamente al citado proyecto. En el área concesionada también están involucrados al menos 2 proyectos mineros más con los nombres: “San José” en etapa de explotación comercial y “Trinidad Norte” en etapa de desarrollo.
La compra-venta de concesiones y proyectos mineros se ha dado de la siguiente manera:
En agosto de 2017 FSM emitió un comunicado donde informa que compró a la empresa Radius Gold el 100% del proyecto “Tlacolula”[2]. Para nuestra sorpresa, existe una concesión denominada “Tlacolula” con título 230278 en el municipio de San Juan Guelavía con una extensión de 16, 465 hectáreas, sin embargo el titular de la concesión es una empresa llamada Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V. la cual tiene dos concesiones más en la región, con títulos 232270 y 233392, con una superficie de 6,699.28 y 12, 642.00 hectáreas respectivamente.
Cabe recordar que FSM tiene un proyecto en etapa de explotación comercial denominado “San José”, en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca. Revisando la lista de concesiones proporcionada por la Secretaría de Economía (SE) en 2017, encontramos que las concesiones que amparan la explotación de plata y oro en este municipio son 4: Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III, con títulos: 217626, 217624, 217625 y 215254, respectivamente, las cuales suman 702 hectáreas. Sin embargo el titular de dichas concesiones es Minerales de Oaxaca S.A. de C.V.
Sobre “Trinidad Norte” es importante mencionar que en enero de 2013, FSM anunció la compra parcial y total en un futuro de la concesión “Taviche Oeste” que “rodea el proyecto actual”[3]. Revisando la lista de concesiones encontramos que la concesión a la que hace referencia el comunicado de FSM se denomina actualmente Reducción Taviche Oeste con título 215542, la empresa concesionaria se denomina Plata Panamericana S.A. de C.V. y cubre una extensión de 6, 254.00 hectáreas.
De igual forma desde hace más de dos años, comunidades del valle de Ejutla, han denunciado una serie de trabajos y actividades de FSM en sus territorios sin su consentimiento, además de la entrega de concesiones mineras por la SE en esta misma región[4]. Revisando la lista de concesiones, encontramos que en esta región han sido entregadas 13 concesiones mineras a la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. (la misma empresa que realiza obras de exploración y explotación en San José del Progreso) con una superficie de 42, 107.00 hectáreas.
Si analizamos los datos descritos anteriormente, la empresa minera FSM ha mantenido una política de opacidad en términos de transparencia en la información. Por supuesto esta condición le ha permitido acaparar más de ochenta mil hectáreas en los Valles Centrales de Oaxaca a través de 4 filiales: Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., Minerales de Oaxaca S.A de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.
Las concesiones “propiedad de FSM” afectan directamente 35 municipios de los Valles Centrales, los cuales son: Taniche, Coatecas Altas, San Miguel Ejutla, Ejutla de Crespo, Santa Lucía Ocotlán, Santa Catarina Minas, San Pedro Taviche, San Miguel Tilquiapam, San Martín de los Cansecos, San Jerónimo Taviche, San Baltazar Chichicapam, Magdalena Ocotlán, Ocotlán de Morelos, San Pedro Apóstol y San José del Progreso en la región Ocotlán-Ejutla y San Lorenzo Albarradas, San Dionisio Ocotepec, Santa María del Tule, Yaxe, Santo Domingo Tomaltepec, Santiago Matatlán, Santa María Guelace, Santa Cruz Papalutla, San Sebastián Teitipac, San Sebastián Abasolo, San Lucas Quiaviní, San Juan Teitipac, San Juan Guelavía, San Baltazar Chichicapam, Rojas de Cuahutémoc, Magdalena Teitipac, San Francisco Lachigoló, San Jerónimo Tlacochahuaya, Teotitlán del Valle y Tlacolula de Matamoros, en la región de Tlacolula.
Por supuesto esta condición, (desventajosa para los pueblos mencionados anteriormente, pero legalizada a través de la Ley Minera) favore a la empresa con sede en Vancouver.
Ante este panorama comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula han definido la defensa de su territorio como eje principal, por lo que durante 2016 y 2017 emprendieron una serie de exigencias a las autoridades federales, en las que la demanda más sentida corresponde a la cancelación de las concesiones mineras, cabe destacar que ninguna concesión ha sido informada o consultada formalmente con los titulares de derechos de estos territorios. Por el contrario las autoridades federales y la empresa minera Fortuna Silver Mines han mantenido una política de opacidad en razón de la información proporcionada.
[1] http://www.nvinoticias.com/nota/67354/adquiere-fortuna-silver-mina-en-tlacolula-oaxaca
[2] Ídem
[3] https://www.fortunasilver.com/investors/news/2013/fortuna-silver-mines-signs-acquisition-and-option-agreement-for-the-taviche-oeste-concessions-surrounding-the-san-jose-mine-mex/
[4] http://www.proceso.com.mx/493892/autoridades-agrarias-ocotlan-ejutla-repudian-proyecto-minero-en-oaxaca
En rechazo a las llamadas Zonas Económicas Especiales y megaproyectos que alteran la vida de las comunidades, así como exigir el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano, integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) bloquearon durante ocho horas el crucero de Santa María Huatulco en el entronque de la carretera federal 200 con la vía local que conduce a la cabecera municipal.
Como parte de la jornada de protestas organizada por la Red Nacional de Resistencia Civil, diversos grupos de la sociedad se manifestaron en lugares como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Campeche y Ciudad de México, en contra del saqueo permanente de recursos naturales por parte de empresarios y gobierno, y a la vez, para demandar el esclarecimiento del asesinato del activista José Alberto Toledo, acaecido hace siete meses en la región del Istmo.
En entrevista, Cristóbal Ramírez Cruz, vocero de Codedi, explicó que la protesta obedece a la oposición de los pueblos ante la proliferación de megaproyectos que afectan la soberanía de los pueblos y sus recursos naturales como la extracción minera, las hidroeléctricas, las Zonas Económicas Especiales y los aerogeneradores, pues todos ellos provocan un inminente despojo a las comunidades.
“Esos proyectos no nos van a traer nada de ganancia a los pueblos, más que miseria y muerte; los únicos beneficiados son los ricos y los grandes empresarios”, afirmó.
Después de cinco demandas de amparo, la comunidad otomí de San Pablito en Pahuatlán, Puebla, logro suspender la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula Tula con que la empresa TransCanada quiere atravesar el cerro N´vite, que es sagrado para la comunidad. Agrupados en el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, para decir que este megaproyecto “no pasará”, los habitantes de este Pueblo Mágico (que destaca por su belleza natural, pues se encuentra rodeado de valles y barrancas) informaron ayer que el juez Tercero de Distrito en el estado ordenó suspender cualquier obra de construcción y la consulta del gasoducto. Así que ni la empresa TransCanada, ni la constructora Bonatti, pueden hacer cualquier tipo de trabajo relacionado con la instalación de la tubería que transportará gas natural desde el sur de Texas, en Estados Unidos, a una planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad ubicada en la ciudad de Tula, Hidalgo, detalló el abogado Raymundo Espinoza y adelanto que ni la Secretaría de Energía (SENER) ni cualquier otra instancia podrá realizar o continuar con la consulta de este megaproyecto a los habitantes de San Pablito, hasta que se dicte sentencia interlocutoria en el Incidente de Suspensión y si es favorable para la población, la interrupción continuará hasta que se resuelva el juicio.
La empresa productora de insumos químicos para la minería, Chemours Company, amenaza la vida ambiental y de los habitantes en La Laguna al iniciar operaciones a partir de junio del 2018 y por un periodo, por lo menos, de 50 años
Un nuevo conflicto social se está gestando en la zona de La Laguna, en Durango: contra la voluntad de los pobladores, la empresa de insumos químicos para la minería, Chemours Company, pretende instalar un planta de producción de Cianuro de Sodio que atentaría no sólo contra la salud de las personas, sino contra el entorno ambiental.
La planta de producción de químicos venenosos, que también producirá Hidróxido de Sodio, Dióxido de Titano Amoniaco, anilinas y odorificante para gas natural, entre otros utilizados en la industria minera, ha logrado los permisos del gobierno federal, estatal y municipal para operar en la zona por al menos un periodo de 50 años, a partir del 2018.
110Millones de dólares inversión para la planta de producción de Cianuro de Sodio
A Chemours Company, de capital de norteamericano, el gobierno de Guanajuato y los vecinos del municipio de San Luis de La Paz, le prohibieron instalarse en esa localidad por considerar su actividad altamente peligrosa para los habitantes y el entorno ecológico de la zona.
Desde el 2009, la empresa canadiense Almaden Minerals, ha ingresado a la fuerza al municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, aseguran sus pobladores en entrevista para Diario de México.
Ignacio Carmona Cruz, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la Tierra, el Agua y la Vida ATCOLHUA, refiere que la empresa primero quiso comprar favores, “regalando pinturas para nuestras casas”, luego, al ver la negativa de los pobladores, se ponían más agresivos: “decían que vendrían los federales, que tenían permiso de “arriba”; pero el gobierno no tiene permiso de dar autorización sin permiso de nosotros”, asegura.
Incluso han recibido amenazas de muerte. “Pero nosotros hemos ido investigando, no nos dejamos”.
Para Francisca Zamora Morales, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la Tierra, el Agua y la Vida ATCOLHUA, Almaden Minerals ingresó a su municipio con engaños: “dijeron que querían trabajar”.
Coincide con Ignacio que poco tiempo después empezaron a surgir las amenazas.
Y es que desde hace 5 años, los pobladores indígenas fundaron la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la Tierra, el Agua y la Vida ATCOLHUA, para “luchar contra la minera canadiense”.
Almaden Minerals busca llevar a cabo el proyecto “Depósito Ixtaca” para la exploración de oro y plata en el territorio poblano. Actualmente se encuentran en fase de exploración: “colocan un tubo a 350 metros de profundidad para sacar pruebas de metales en la tierra, y ver qué tanta cantidad de oro y plata hay en el área”, explicó Francisca Zamora Morales.
El Primer Tribunal Colegiado en materia Civil en la Ciudad de México decidió hoy enviar el expediente judicial sobre las medidas cautelares que impiden la siembra de maíz transgénico en México a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que esta instancia decida si se mantiene la suspensión de siembra o se permite. Esta decisión implica que se mantiene la prohibición hasta que la Corte emita pronunciamiento.
El argumento del Tribunal se basó en que corresponde a la Suprema Corte estudiar los casos en que se impugna la constitucionalidad de la ley. Dentro del expediente se incluye el amparo de las trasnacionales Dupont y Pioneer donde argumentan que es inconstitucional que la ley permita a los jueces dictar las medidas que estimen pertinentes para proteger a las colectividades afectadas.
Sin embargo, la Colectividad de científicos, campesinos y defensores de derechos humanos, afirma que la empresa interpreta equivocadamente la ley puesto que el Código Federal de Procedimientos Civiles no faculta a dictar medidas contrarias a la ley ni medidas que usurpen funciones del gobierno.
El pasado 26 de agosto, el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila de la sierra costeña de Chiconquiaco (Veracruz, México) retiró el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la finalidad de comenzar la fase de explotación y extraer oro en un proceso a cielo abierto.
Tras una consulta pública, como establece la ley, en la que las comunidades de la región presentaron argumentos sólidos y mostraron una organización fuerte en contra del proyecto minero, finalmente, la empresa lo suspendió a finales de octubre de este año.
Es la segunda vez que un proyecto minero de extracción de oro a cielo abierto es cancelado en esta zona. En 2012, las comunidades pertenecientes a los municipios de Actopan y Alto Lucero se organizaron por primera vez y lograron la suspensión de este plan. Cinco años después, el proyecto fue vendido a otra empresa que decidió impulsarlo de nuevo.
Hace 10 días comenzó una nueva batalla: comunidades mayas de Holpechén, Campeche, y organizaciones civiles y de derechos humanos denunciaron ante las autoridades la presunta siembra ilegal de más de 23 mil hectáreas de soya transgénica y aseguran que la semilla es propiedad de Monsanto. Las denuncias incluyen documentación en foto y video de cultivos y evidencias de fumigaciones con glifosato, herbicida que se usa principalmente para garantizar que la leguminosa modificada crezca sin malezas o insectos que puedan afectarle. Desde que México autorizó la siembra comercial de soya transgénica en la Península de Yucatán en 2012, sin consultar a los agricultores locales que defienden los cultivos tradicionales, la leguminosa modificada que patentó la empresa Monsanto se convirtió en la semilla de la discordia. Cabe recordar que la empresa alemana Bayer compró Monsanto, pero la fusión ha sido rechazada hasta enero de 2018 por autoridades que temen un monopolio.
Comunidades chontales acordaron con Petróleos Mexicanos implementar el Programa Empleo Temporal (PET) para compensar los daños que ocasionó el derrame de hidrocarburo de la Monoboya 3 en playas costeras.
La comisión negoció 921 empleos temporales, y de manera adicional presentó un pliego petitorio para la realización de obras sociales para las seis comunidades afectadas con la contaminación.
Los representantes de las comunidades de Zanjón Garrapatero, Santa Cruz Bamba, Concepción Bamba, Santa Gertrudis Miramar, Morro Mozatán y Guelaguichi presentaron una propuesta general enfocada en la limpieza de las playas que fueron contaminadas por Pemex, que permitirá además reactivar la economía de la zona.
El próximo martes, integrantes de la comisión técnica de las comunidades chontales afectados se reunirán para definir el inicio de los trabajos y las propuestas adicionales que expusieron durante la mesa de negociaciones. El encuentro será en un punto aún por definir.
Algunas de estas obra sociales que entrarán en una segunda etapa en la mesa de dialogo refieren a construcción de aulas, pavimentación de calles, asfaltado de los caminos a las playas, alumbrado público, y otros, los cuales serán analizados de manera conjunta con el ayuntamiento quien intervino en el diálogo con Pemex como interlocutor de las comunidades, dijo Maviael Oseas Cruz Pérez, director de proyectos productivos del municipio de Tehuantepec.
San Antonino Castillo Velasco, a 22 de noviembre de 2017. La consulta indígena realizada en los valles centrales oaxaqueños a 16 comunidades zapotecas de la micro región Xnizaa, que comprende los distritos de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla ayer sostuvieron su primera mesa de trabajo con la Comisión Nacional del Agua, como acuerdo tomado en sesión de consulta indígena.
Las 16 comunidades de la COPUDA, junto con la CONAGUA analizaron ayer la parte jurídica de la tercera propuesta de levantamiento del decreto de veda que la Comisión Nacional del Agua entregó el pasado 16 de noviembre de 2017. Esto, para ir llegando a los acuerdos finales de la cuarta etapa de la consulta indígena “la etapa consultiva”.
Reunidos en Santa Rosa de Lima, municipio de San Pedro Tututepec, Oaxaca, el 17 de noviembre del 2017, en el V Encuentro de Defensoras y Defensores Comunitarios, intercambiamos estrategias de seguridad comunitaria y expresiones de resistencia desde las prácticas culturales que hemos utilizado los movimientos y comunidades de México y Colombia. En el encuentro participamos personas defensoras comunitarias de diversas regiones de Oaxaca, México y Colombia y reflexionamos sobre el modelo capitalista depredador que continúa impulsando proyectos de desarrollo e infraestructura en pueblos y comunidades y como la imposición de estos proyectos contribuye a la violación de derechos colectivos de los pueblos y comunidades y los derechos de las y los defensoras de derechos humanos. También se reflexionó sobre la criminalización de la labor de las personas defensoras y las amenazas y descalificaciones a su labor. Con base en las experiencias compartidas de las defensoras y defensores comunitarios del Comité Salvemos Temacapulín, del Comité de Defensa de la Integridad Cultural y Territorial de Magdalena Teitipac, de la Comunidad de Jaltepec de Candayoc, de Chimalapas, de la resistencia en la Sierra Norte de Capulálpam de Méndez, de los pueblos Mixtecos, Chatinos y Negro Afromexicano, del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, de la Red de Defensores y Defensoras Comunitarias de los Pueblos de Oaxaca y la de la comunidad del Tilzapote, así como integrantes de la Guardia Nacional Indígena de Colombia y de las mujeres de la comunidad Kamëntsä del Valle de Sibundoy Putumayo- Colombia
Integrantes de 16 comunidades zapotecas de los distritos de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla de Crespo, que conforman la coordinadora de pueblos unidos por el cuidado y la defensa del agua (Copuda), afirmaron que CONAGUA está desplegando estrategias y recursos para el incumplimiento de la resolución judicial convirtiendo la consulta en un mero trámite formal.
Indicaron que el día de mañana 22 de noviembre, en la comunidad de san Antonino Castillo Velasco, reiniciamos las mesas de trabajo de la cuarta etapa de la consulta indígena en donde a través de nuestros representantes y en presencia de nuestras autoridades comunitarias, la CONAGUA y las instancias federales y estatales, que han firmado el protocolo nos sentaremos para revisar y dar debido cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), para ello como comunidades integrantes de la microregión “XNIZZA”, exigimos se respeten los principios que rigen este proceso, en especial el principio de buena fe,e l cual tiene que ser basado en un clima de confianza y respeto mutuo a través de un diálogo intercultural, con base en el respeto de nuestros derechos e intereses como pueblos y comunidades consultadas.
Demandamos a la autoridad responsable de este proceso CONAGUA, para que en términos de la sentencia se apegue al cumplimiento del mismo, así como el respeto de los principios establecidos en el protocolo de la Consulta.
A la secretaría de gobernación, solicitaron intervenga para el debido cumplimiento de este proceso e impida que se sigan violando los derechos de nuestras comunidades integrantes de la coordinadora.
A las organizaciones sociales, civiles, académicas, a los medios de comunicación y a cada uno de los pueblos que están defendiendo su territorio a seguir de cerca el desarrollo de este proceso de consulta indígena, ya que como hemos visto en otras consultas, el estado mexicano, en este caso de la dependencia responsable CONAGUA está desplegando estrategias y recursos para el incumplimiento de la resolución judicial convirtiendo la consulta en un mero trámite formal.
Con la participación de cientos de hombres, mujeres y niños de la Costa Chica de Oaxaca, este sábado 18 de noviembre se llevó a cabo San Antonio Río Verde, Tututepec, el IV Festival Cultural por la Defensa del Río Verde, un espacio en el que la población afectada por el proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina pudo estrechar lazos de solidaridad en la lucha por la defensa del territorio a través de diversas expresiones culturales: desde la poesía, el canto, y las danzas, bajo el enfoque de que las grandes represas destruyen los ríos y la vida. En este evento también se contó con la participación defensores comunitarios como: Alfredo Acosta de la Guardia Nacional Indígena de Colombia; Sirley Jacanamejoy Muchavisoy de la región del Sibundoy Putumayo-Colombia; y Maria de Jesús García del Comité Salvemos Temacapulin (Jalisco), quienes compartieron y refrendaron sus compromisos hacia la defensa del territorio. Cabe mencionar que fue en 2007 cuando 20 poblaciones de la región crearon el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para evitar la construcción del megaproyecto que pretendía bloquear el cauce del río, lo que supone acabar con la forma de vida de distintos pueblos de la región.
El maíz es uno de los cultivos más consumidos en México, pero producirlo es tan poco redituable, que solo pocos agricultores logran salir de la pobreza.
En el caso del maíz amarillo y para los 10 municipios más productivos del País, en promedio, sólo 15.5 por ciento de la población es considerada como no pobre, no vulnerable.
Y para los 10 municipios menos productivos el volumen baja a 3.6 por ciento, de acuerdo con el estudio «Con mejor maíz habrá mejor País», del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Los poblados con mayor rentabilidad pertenecen a Chihuahua y Sinaloa, mientras que los que tienen menor grado se ubican en Yucatán y Quintana Roo (…)
En el caso de Oaxaca, el 75 por ciento de los productores de maíz siembran para autoconsumo, por lo que almacenan su grano en pequeños silos familiares para el resto del año y sólo si tienen excedentes los venden, resaltó Raúl Narváez, representante del Sistema producto maíz en esa entidad.
México debe terminar con el patrón de discriminación en contra de los pueblos indígenas, urgió la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en una declaración que dictó hoy en la sede de la ONU en México al concluir su visita en el país.
“A medida que integrantes de pueblos indígenas iban compartiendo conmigo sus problemas y sus historias, pude reconocer un serio patrón de exclusión y discriminación, que a su vez se refleja en la falta de acceso a la justicia, entre otras violaciones de derechos humanos”, apuntó la experta.
Su declaración de cierre de misión incluye hallazgos preliminares y expresa preocupaciones en un amplio rango de problemáticas entre las que se incluyen: tierras y territorios, autonomía, auto-determinación y participación política, auto-adscripción, violencia, impunidad y acceso a la justicia.
Durante su misión, la Relatora Especial se encontró con más de 200 personas de 23 diferentes grupos indígenas – la mitad de las cuales eran mujeres – provenientes de 18 estados de México. La experta destacó la discriminación histórica y estructural que afecta a los pueblos indígenas en México, haciéndoles mas vulnerables a la pobreza, la marginación, la violencia y la impunidad que toca al país.
Recordó los datos de la CONEVAL que indican que el 71.9% de la población indígena vive la pobreza o la extrema pobreza, cuando la proporción es de 40.6% entre la población no indígena, y subrayó que 87.5 % de las municipales indígenas presente condiciones consideradas de altos o muy altos niveles de marginalizacíon.
Tauli-Corpuz hizo mención de un 99% de impunidad en los casos de violaciones de los derechos humanos que afectan particularmente a personas indígenas, como casos de feminicidios, masacres, asesinatos, trafico de personas, o despojo de tierras.
La Relatora Especial de la ONU hizo hincapié en la violencia que enfrentan los grupos indígenas que luchan por sus derechos, en particular en casos de implementación de megaproyectos, sin consulta previa. Tauli-Corpuz recordó que 35% del territorio nacional esta afectado por mas de 29,000 concesiones mineras, hidroeléctricas, y de energía eólica, el 17% en territorios indígenas.
La relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, informó que, como una experta independiente, revisará las recomendaciones que en su momento hizo su antecesor, Rodolfo Stavenhagen, al gobierno mexicano “para saber si se han implementado o si se tienen que reiterar”. En Guerrero, Victoria Tauli-Corpuz se reunió con mujeres víctimas de tortura sexual por parte de soldados, desplazados, representantes de pueblos indígenas como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, quienes aún son objeto de hostigamientos y criminalizaciones. También recibió a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria. Con motivo de la visita de Tauli-Corpusz, la sociedad civil elaboro un informe donde se aborda el tema de las violaciones al derecho al territorio derivado de una multiplicidad de causas como la implementación desmedida de megaproyectos de infraestructura y desarrollo que se autorizan, construyen y operan sin respetar la tierra y territorios de los pueblos, ocasionando impactos significativos en su integridad cultural, social, y económica entre otros derechos.
Campesinos de los Valles centrales de Oaxaca exigen se levante la veda de agua que hay en su territorio, por tiempo indefinido. A contracorriente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende que continúe este mandato impuesto desde 1967, pese a las obras que hacen los lugareños para recuperar el acuífero.
Importante por la producción de alimentos para dotar a la ciudad del estado y distribuir en el país, el acuífero del Valle se recupera a manos de los labriegos, sin que la Conagua genere instrumentos en beneficio de la comunidad. Por el contrario, realiza una consulta que a decir de los pobladores tiene inconsistencias.
Sumado a ello, el organismo encargado de generar políticas públicas relacionadas con el agua en el país, ha pretendido cobrar “excedentes” por el uso del líquido en regiones donde escasea y donde decenas de ellos han tenido que abandonar sus campos de cultivo para dedicarse a otra labor y sobrevivir.
“El agua es la sangre de la madre Tierra”, dice Carmelina Santiago, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Flor y Canto, organización encargada de acompañar a los indígenas zapotecos de esta región en el proceso de consulta.
El parteaguas que se ha establecido a partir de los sismos que han afectado el Istmo de Tehuantepec se ha tornado en una realidad que lastima no sólo a las comunidades, sino a los que somos testigos del viacrucis en el que se ha tornado ser parte de las estadísticas de damnificados. Para la mayoría de la población del Istmo hay un antes y un después del siete de septiembre. Antes, la vida transcurría dentro de la cotidianidad, la gente, a pesar de las dinámicas complejas en las que han visto envueltos sus modos de vida, se han esforzado por no dejarse avasallar por la difícil realidad que los rodea. Desde el sismo, las actividades económicas y culturales prácticamente se han detenido. A poco más de dos meses, la gente aspira a algo de tranquilidad.
Hacer un recuento significa volver los ojos hacia las acciones y omisiones que por años han alimentado dinámicas de exclusión de las comunidades originarias, pero que por la situación que permea, se han exponenciado. En medio de todos los inconvenientes a los que se tienen que enfrentar dentro de sus espacios de sobrevivencia, ahora, las tensiones se trasladan para acceder a los recursos públicos en el afán de recuperar algo de la cotidianidad perdida. En este calvario se enfrentan cara a cara contra la indiferencia y el abuso ante escenarios y personas insensibles que representan otros intereses.
La violencia institucional ejercida sobre las comunidades afectadas inicia desde el cuestionamiento a sus modos de vida. Dentro del censo que permite acceder al folio que a la vez permite acceder al recurso destinado por el Fonden para la reconstrucción, no son consideradas las casas construidas de manera tradicional y con materiales propios de la región que reflejan en su contorno la manera como los pueblos han articulado sus formas de vida alrededor del espacio que significa la casa. En San Mateo del Mar, las casas siniestradas construidas de carrizo y palma no fueron consideradas como damnificadas a pesar de que las familias llevan más de dos meses sobreviviendo bajo lonas de plástico, que además, cabe el apunte, es un área donde el viento golpea de manera intensa durante siete meses.
Así, las mujeres y los hombres van de consternación en consternación al descubrirse ignorados por un sistema que sólo los toma en cuenta como moneda de cambio para lucrar con su desgracia. El primer censo posterior al siete de septiembre arrojó un aproximado de afectados, sin embargo, el número y la intensidad de réplicas ha provocado que las viviendas que en un primer momento no mostraron daños, ahora presentan averías estructurales que impiden que las familias puedan habitarlas. Al duelo que han vivido las familias de los pueblos del istmo por la pérdida de sus familiares, se ha sumado la imposibilidad de cumplir con sus rituales, no hay espacios para el luto si todo está reducido a escombros, si no se tiene la certeza de que ese espacio vacío volverá a albergar alegría.
A inicios del 2017, tanto los ciudadanos de San Mateo Macuilxóchitl, como de Tlacolula de Matamoros y de Villa de Mitla rechazaron la construcción de una base militar en tierras comunales. Al parecer el gobierno y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), tras la decisión de la población, por asamblea de no aceptar la base militar y, por lo tanto, no ceder sus tierras, habían cambiado la intención de la reubicación, pero lo que sucedió fue un cambio de estrategia. Contrataron a una empresa inmobiliaria que ha estado utilizando gente de la misma comunidad para facilitar la compra de tierras de manera individual. “Esta vez, una empresa cuyo nombre se ha negado a proporcionar a los propietarios de dichos terrenos, se ha acercado a través de intermediarios para no sólo hacer explícita su oferta, sino para acordar un precio específico por metro cuadrado, mismo que se liquidará del 20 al 30 de este mes de noviembre del 2017, sin mencionar que estas tierras serán utilizadas para instalar la Base Militar”, denuncian los pobladores del municipio de Tlacolula de Matamoros, en un comunicado emitido este 13 de noviembre de 2017.
Habitantes de los poblados de Nuevo Balsas, La Fundición, El Limón, Atzcala, Mezcala, Colonia Valerio Trujano, se sumaron el fin de semana al paro de labores que desde hace diez días mantienen los trabajadores de la empresa Minera Media Luna, ubicada en el municipio de Cocula, Guerrero, en la zona norte de la entidad, que demandan el reconocimiento de su sindicato, y la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores de la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold que explota la mina El Limón-Guajes, iniciaron el paro en demanda de la cancelación del contrato laboral con el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y piden agremiarse al Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM). Los trabajadores decidieron salirse de la CTM ante las “anomalías, atropellos e injusticias y malos tratos” que ha cometido la empresa minera en su contra con el respaldo del sindicato cetemista. Ayer, un convoy de seis camionetas y un camión pesado con al menos unos 130 oficiales de la Gendarmería, llegaron al sitio del paro que tienen los mineros inconformes fuera de la minera Media Luna, y se dirigieron hacia las instalaciones de la extractora sin mediar palabra.
La inyección de desechos generados por el fracking o fractura hidráulica empleada para extraer hidrocarburos no convencionales, la explotación convencional de petróleo y gas y la minería inciden en la sismicidad natural de México, considerado un país altamente sísmico por asentarse en cinco placas tectónicas.
Estas industrias acaparan gran parte del territorio mexicano: la minería tiene concesionadas 22.1 millones de hectáreas, según el Quinto informe de gobierno de Enrique Peña, mientras que para la explotación de hidrocarburos se tienen identificados 278 bloques en áreas terrestres, que abarcan más de 70 mil kilómetros cuadrados, de los cuales 42 mil 965 kilómetros son de recursos no convencionales (en los que se emplea el fracking), refieren datos de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Estrictamente hablando, estas actividades sí inciden en la sismicidad del país, explica a Contralínea el científico Víctor Manuel Cruz Atienza, jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El investigador señala que el impacto es en la sismicidad local, específicamente donde se realizan esas actividades.
Este video documenta un intercambio de experiencias entre las resistencias contra proyectos hidroeléctricos de comunidades la Costa de Oaxaca y Panamá. Los diálogos interculturales por la defensa del territorio cerraron su intenso recorrido a lo largo del Río Verde en la Costa de Oaxaca. Las experiencias que se compartieron dejaron evidentes las afectaciones de los proyectos hidroeléctricos y la política hídrica en México y Panamá en contra de los Pueblos y los Territorios. Los modos de vida de los Pueblos asentados en la cuenca del Río Verde hoy por hoy son una esperanza, la fiesta, la organización comunitaria, la lengua, la comida, el maíz, el agua son los elementos que dan fortaleza a la defensa del territorio. Los lazos de solidaridad se expresaron en las luchas contra el proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina en Oaxaca y el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco en Panamá. En cada visita, en cada dialogo se animaron los corazones, se animaron las resistencias, se confirma que la comunalidad es vida en los Pueblos de Oaxaca.
Desde una orden del gobierno federal, el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció, en los primeros meses de este año 2017, que el campo de la 28 Zona Militar, hoy ubicado en el municipio de Santa Lucia del Camino, sería reubicado y ampliado con infraestructura y con el número de militares en el municipio de Tlacolula de Matamoros, a tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Este anuncio provocó una respuesta inmediata de los habitantes de esta región para expresar que no permitirían la instalación de dicha base.
Para dicha reubicación de este nuevo complejo militar, en un primero momento, se planteó al gobierno estatal la donación de 300 hectáreas de tierras comunales, aunque dichas tierras están jurídicamente bajo responsabilidad y resguardo de los comuneros de esta región, donde la máxima autoridad son las asambleas comunitarias. El primer intento por parte de la SEDENA y del gobierno estatal fue acercarse a San Mateo Macuilxóchitl, donde fueron rechazados en asamblea general. Después se acercaron a la comunidad vecina de Teotitlán del Valle y, por último, a Tlacolula de Matamoros y Villa de Mitla donde también obtuvieron la misma respuesta de las asambleas.
Al parecer el gobierno y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), tras la decisión de la población, por asamblea, de no aceptar la base militar y, por lo tanto, no ceder sus tierras, habían cambiado la intención de la reubicación, pero lo que sucedió fue un cambio de estrategia.
Contrataron a una empresa inmobiliaria que ha estado utilizando gente de la misma comunidad para facilitar la compra de tierras de manera individual. “Esta vez, una empresa cuyo nombre se ha negado a proporcionar a los propietarios de dichos terrenos, se ha acercado a través de intermediarios para no sólo hacer explícita su oferta, sino para acordar un precio específico por metro cuadrado, mismo que se liquidará del 20 al 30 de este mes de noviembre del 2017, sin mencionar que estas tierras serán utilizadas para instalar la Base Militar”, denuncian los pobladores del municipio de Tlacolula de Matamoros, en un comunicado emitido este 13 de noviembre de 2017.
Rosalinda Dionicio Sánchez, originaria de la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, se integró al proceso en defensa del territorio a partir de la llegada de una empresa minera a la comunidad: “En ese caminar se logró la participación en varios espacios de la comunidad, se logró tener un municipio autónomo, realizando nuestras tradiciones (mayordomías), las fiestas que eran un punto de reunión, pero en el año 2012 al notar la empresa que su proyecto no lograba su objetivo empieza a realizar amenazas, al ver que la gente no se detenía y seguía trabajando en actividades para la comunidad, y las personas identificaron que la empresa no era necesaria y que tampoco se requería de su dinero y sus famosos programas de desarrollo para que la gente saliera adelante. El 15 de marzo de 2012 tuvimos un atentado donde matan a un compañero de lucha y yo quedo lesionada por 2 heridas de bala (pierna y brazo), después de un largo proceso de sanación no podían faltar todas las negligencias médicas.
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, llevará a cabo una visita oficial a México durante los días 8 al 17 de noviembre. Durante esos días recibirá información de los pueblos y comunidades indígenas, los gobiernos estatales y federal, así como de empresarios, sobre las diferentes problemáticas que les afectan. Será en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Chiapas y Chihuahua donde la Relatora escuchará los planteamientos que representantes indígenas y organizaciones aliadas le harán. «Revisaré los procesos de consultas que se han realizado para buscar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de que se apruebe cualquier proyecto que afecta sus tierras, territorios o recursos», dijo la Relatora Especial. La situación de los derechos de las mujeres indígenas es de especial interés para la Relatora, por lo que proporcionará espacios especiales de diálogo con ellas durante su visita. EDUCA envió insumos para el apartado de territorio. El informe final será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2018.
Se les conoce como sembradores de agua. Son campesinos de 16 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, que luego de padecer la sequía, pese a un decreto de veda de 1967 decidieron solucionar el problema mediante unos 300 pozos de absorción para captar el agua de lluvia.
Lograron recuperar hasta 80 por ciento de la recarga del acuífero; sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no les permite utilizar el líquido.
Lo anterior, debido a que el decreto sigue vigente, lo cual les impide aprovechar los pozos agrícolas, ya que no existe el libre alumbramiento y requieren títulos de concesión por parte de la Conagua.
Desde 2011 han pedido la revisión del decreto de veda, con el argumento de que va en contra de la consulta libre, previa e informada, por lo que en abril de 2015 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordenó a la Conagua consultar a los pueblos indígenas, proceso que actualmente está en la fase de asambleas, informó en entrevista Ángel Ruiz Méndez, presidente de la Coordinadora de Pueblo Unidos por la Defensa del Agua (Copuda), que integra a comunidades de Ocotlán y Zimatlán.
Hace dos años comenzó la resistencia de las mujeres zapotecas y del pueblo de Ciudad Ixtepec por la defensa de su tierra y territorio.
Su lucha no es por una hectárea, ni diez y tampoco cien, son 8 mil 150 hectáreas que el gobierno federal de Felipe Calderón concesionó a las empresas mineras Plata Real -filial de la estadounidense Sunshine Mining and Refining-; y a la japonesa Dowa, como parte del corredor minero de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
El área que esta empresa pretende explotar es parte de un corredor minero de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), principal modelo económico del gobierno de Peña Nieto para combatir la pobreza en los estados del sur del país, señalando que una de sus principales virtudes es generar empleos con la llegada de capital extranjero, pero les favorecerán con no pagar impuestos.
El corredor minero del Istmo de Tehuantepec además de Ciudad Ixtepec abarca otros cinco municipios:
haciendo un total de 19 mil 795 hectáreas para la explotación minera a cielo abierto para esta zona de Oaxaca.
Ixtepec es uno de los municipios istmeños “privilegiados” y sus tierras forman parte de la Comisariado de Bienes Comunales con un padrón de 863 comuneros y registra 30 mil hectáreas.
Comunidades chontales acordaron con Petróleos Mexicanos implementar el Programa Empleo Temporal (PET) para compensar los daños que ocasionó el derrame de hidrocarburo de la Monoboya 3 en playas costeras.
La comisión negoció 921 empleos temporales, y de manera adicional presentó un pliego petitorio para la realización de obras sociales para las seis comunidades afectadas con la contaminación.
Los representantes de las comunidades de Zanjón Garrapatero, Santa Cruz Bamba, Concepción Bamba, Santa Gertrudis Miramar, Morro Mozatán y Guelaguichi presentaron una propuesta general enfocada en la limpieza de las playas que fueron contaminadas por Pemex, que permitirá además reactivar la economía de la zona.
El próximo martes, integrantes de la comisión técnica de las comunidades chontales afectados se reunirán para definir el inicio de los trabajos y las propuestas adicionales que expusieron durante la mesa de negociaciones. El encuentro será en un punto aún por definir.
Algunas de estas obra sociales que entrarán en una segunda etapa en la mesa de dialogo refieren a construcción de aulas, pavimentación de calles, asfaltado de los caminos a las playas, alumbrado público, y otros, los cuales serán analizados de manera conjunta con el ayuntamiento quien intervino en el diálogo con Pemex como interlocutor de las comunidades, dijo Maviael Oseas Cruz Pérez, director de proyectos productivos del municipio de Tehuantepec.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) investigará a la empresa Eólica del Sur, tras una denuncia presentada por los abogados de la profesora, Catalina Dehesa Castillejos, propietaria de un terreno que mantiene un contrato con la empresa, desde hace más de cinco años.
Raúl Toledo Dehesa, informó que el BID nombró una comisión de investigación que se trasladará al Istmo de Tehuantepec para entrevistarse con la profesora, Catalina Dehesa Castillejos y sus hermanos, quienes se dicen afectados de manera directa por el incumplimiento del contrato suscrito con la empresa operadora del parque eólico Bii niza.
Se trata de una extensión de 2 mil 832 hectáreas -en los municipios de Juchitán y El Espinal- con una inversión de mil 200 millones de dólares del Grupo Mitsubishi Corp, donde se planean instalar 70 aerogeneradores.
La profesora, Catalina Dehesa, recibió de parte del BID la notificación de la denuncia presentada ante las instancias correspondientes de dicho banco, derivado a que es esta institución, la que otorgó el crédito al proyecto ME-L1107 con número de operación 2644A/OC-ME, para realizar la construcción del parque eólico.
En junio pasado, la denunciante presentó la solicitud de amparo 235/2017 ante el juzgado sexto de Distrito con sede en Salina Cruz; a partir de la decisión del presidente municipal de cobrar únicamente 14.5 millones de pesos, de los 65 que le correspondían pagar por concepto de licencia de construcción y modificación de uso de suelo, de agrícola a industrial.
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, está a favor del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, del consumo de la mariguana y los derechos de pueblos indígenas. Pero en sus dos años de gestión y a pesar de las reiteradas peticiones de organizaciones y la prensa internacional, el carismático Maestro en Geografía Medioambiental no ha regulado el despojo y las violaciones cometidas por mineras canadienses a los habitantes de África, América Latina y, por supuesto, México, país que visita por primera vez luego de estar en Estados Unidos, en el marco de la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Las empresas canadienses están “aprovechando los sistemas legales débiles” de los países latinoamericanos y el apoyo financiero de Canadá, así como el incumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas para expandirse mediante represión contra los ciudadanos que se oponen, reveló el informe de 30 organizaciones civiles “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” presentado en 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre el 50 y el 70 por ciento de toda la minería en América Latina es realizada por empresas canadienses, documentó.
En el caso de México, del total de los proyectos mineros, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). En 37 de los casos en que 17 mineras han dañado comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en territorio mexicano, incluyendo tres asesinatos y amenazas a ejidatarios, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. En Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense.
Entre las compañías que violan el derecho al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica destacan Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Alamos Gold en Sonora; Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Excellon en Durango; y First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas.
Las acciones en materia de reforestación en San José del Progreso, se fortalecen con la participación de las autoridades, habitantes y de Compañía Minera Cuzcatlán (CMC).
Programas de reforestación en San José del Progreso, Ocotlán; logran la restauración ecológica con árboles de la región, adicionalmente se rescata la vegetación natural que se trasplanta en nuevas áreas de forma definitiva.
La normatividad ambiental vigente exige que las empresas cumplan con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada y, condiciona a producir plantas de la región para cumplir con su actividad de reforestar, desde el inicio de las operaciones hasta el cierre.
Organizaciones de la sociedad civil integradas al Espacio Civil demandaron la destitución del ombudsman Arturo Peimbert Calvo por “actuar contrariamente a su mandato”, al pedir al gobierno del estado la “militarización” en la zona del Istmo de Tehuantepec, donde los pobladores han frenado proyectos mineros, eólicos y otros planes extractivistas.
Mas de 30 organizaciones calificaron de “inaceptable” la anuencia del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que favorecen las políticas públicas federales y estatales de despojo, cuya última manifestación es la estrategia de Zonas Económicas Especiales.
Por separado, tres integrantes del Consejo Ciudadano de la Defensoría también cuestionaron al ombudsman por solicitar la intervención del Ejército, cuando tiene instrumentos jurídicos que le permiten ser una voz contundente para denunciar y exigir el respeto a los derechos humanos y, por lo tanto, puede emitir alertas tempranas, recomendaciones e incluso solicitar la coadyuvancia de otras instancias nacionales e internacionales.
El pueblo de San Agustín de Zaragoza, está ubicada por el municipio de Huautla de Jiménez, uno de los pueblos que forman parte de la Sierra Mazateca, al norte del estado de Oaxaca. Empezando en 1971 y 1972, había expedicionarios de los EEUU que llegaban a la comunidad por lo menos una vez al año. Principalmente, son espeleólogos, que estaban investigando las cuevas que con parte de un complejo conocido como Sistema Huautla que es el más profundo del hemisferio occidental. Las cuevas llegan una profundidad de 1,560 metros (que correspondería al Himalaya al revés) y una longitud total de 64.2 kilómetros. Uno de los espeleólogos cuento sobre las cuevas, “el Sistema Huautla es uno de los más impresionantes sistemas de cuevas profundas en el mundo.”
Después de tantos años, el pueblo está empezando a preguntar qué están haciendo en su comunidad. Josefa Flores, una mujer indígena que viva en el pueblo mazateco, dijo, “La verdad es que en todo este tiempo nadie les cuestionó, nadie les preguntó lo que ellos observaban o sacaban de nuestras cuevas. ¿Por qué no lo hicimos? Creo que el sentimiento era de ¿Cómo los morenos iban a cuestionar a los güeros, los más preparados y llenos de equipos? Pues decían que eran científicos, investigadores y la gente los aceptaba.”
La información que tiene la comunidad es insignificante. Cuando la comunidad les preguntó a las expediciones les dieron publicaciones en inglés. Entonces, la comunidad de San Agustín decidió en una asamblea a prohibir la entrada de los investigadores en su territorio. A hora, no pudieron terminar sus investigaciones pero todavía tienen acceso al sistema por entradas existentes en otras comunidades.
Los pasados 27 y 28 de agosto, apoyados por la organización Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca (SURCO) y por la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNESJO), las comunidades posiblemente afectadas por las Zonas Económicas Especiales (ZEE) realizaron el foro regional por la Defensa de Nuestros Territorios Zapotecas ante las Amenazas de los Megaproyectos, para informarse y discutir acerca de este proyecto carretero y de otras inciativas, como las concesiones mineras y las hidroeléctricas que están destinadas a esta región.
El 22 de mayo, como parte de las acciones previstas en el nuevo Gobierno del estado de Oaxaca, su titular, Alejandro Murat, hizo dos grandes anuncios sobre infraestructuras: en primer lugar, señaló que se harían las reparaciones necesarias de la carretera existente entre el municipio de Tuxtepec y la capital oaxaqueña; en segundo lugar, anunció la construcción de una ‘supercarretera’ que uniría con mayor rapidez estas dos localidades y, para ello, inició la solicitud de más de 100 mil millones de pesos —5 mil 600 millones de dólares— al erario público.
Las comunidades zapotecas que habitan en la región de Sierra Juárez no se muestran del todo conformes con el anuncio de Murat y, mucho menos, con el hecho de que su territorio sea visto como un botín al cual hay que exprimir hasta las últimas consecuencias. En otras regiones de Oaxaca, la explotación minera y la destrucción de zonas con un amplio nivel de biodiversidad son ya una realidad y esto no ha venido acompañado de mejoras en las condiciones de vida de las personas afectadas.
Alrededor de 500 personas de distintos puntos de la región y diversas organizaciones civiles marcharon este medio día en Unión Hidalgo, población zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, para mostrar su rechazo de los nuevos proyectos eólicos que el gobierno prevé instalar en la zona.
En esta protesta participaron integrantes de la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar, de Álvaro Obregón, San Mateo del Mar, Santa María Xadani, de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, San Miguel Chimalapa, y Comité Ixtepecano Vida y Territorio.
Partió de la explanada de Los Pescadores y recorrió las principales calles de la población, para concluir frente al palacio municipal, donde realizaron un mitin.
Son unos dos mil productores de mango de Tapanatepec, Chahuites, Zanatepec e Ixhuatán quienes manifestaron su preocupación ante el peligro de la puesta en operación de los proyectos mineros contemplados y aprobados dentro del Plan Estratégico de la Zona Económica Especial (ZEE) del Istmo de Tehuantepec, debido a que contaminaría el agua, el suelo y el aire de sustancias químicas en las 25 mil hectáreas de mango que anualmente se exportan a los Estados Unidos.
En el 2008, la Secretaría de Economía entregó tres concesiones mineras Aurena, Santa Martha y La Ventos”, mismas que abarcan 19 mil 795 hectáreas en terrenos colindantes de San Miguel Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec, con la finalidad de extraer cobre, plata y oro en el Istmo de Tehuantepec.
Productores del Istmo consideran proyectos de muerte que acabarán con todos los cultivos en la zona oriente, incluido el rentable fruto del mango; el producto istmeño, por su calidad, es altamente apreciado en mercados internacionales
Por lo menos 312 conflictos indígenas persisten en el país ocasionados por megaproyectos, principalmente los mineros, seguido de problemas agrarios y servicios gubernamentales, donde Oaxaca ocupa el segundo lugar, reveló un informe de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
Este órgano político dependiente de la Secretaría de Gobernación detalló que los estados donde se concentra la mayor conflictividad social son Chiapas con 60 problemas, Oaxaca con 46; Puebla con 32; Guerrero con 29; y Michoacán, Chihuahua y estado de México con 14 cada uno.
Entre los casos más emblemáticos de resistencia se encuentran los que mantienen los indígenas mixtecos del municipio de San Jerónimo Silacayoapilla, que rechazaron el proyecto de la empresa minera Arco Resoursces Corporation para explotar una mina en terrenos comunales.
También las comunidades zapotecas de San José del Progreso solicitaron que la Secretaría de Economía cancele las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II Bis, y Progreso III, autorizadas a la empresa Cuzcatlán, filial de la empresa Fortuna Silver Mines, que fueron otorgadas sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado.
Por lo menos 312 conflictos indígenas persisten en el país ocasionados por megaproyectos, principalmente los mineros, seguido de problemas agrarios y servicios gubernamentales, donde Oaxaca ocupa el segundo lugar, reveló un informe de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
Este órgano político dependiente de la Secretaría de Gobernación detalló que los estados donde se concentra la mayor conflictividad social son Chiapas con 60 problemas, Oaxaca con 46; Puebla con 32; Guerrero con 29; y Michoacán, Chihuahua y estado de México con 14 cada uno.
Entre los casos más emblemáticos de resistencia se encuentran los que mantienen los indígenas mixtecos del municipio de San Jerónimo Silacayoapilla, que rechazaron el proyecto de la empresa minera Arco Resoursces Corporation para explotar una mina en terrenos comunales.
De igual forma, indígenas zapotecos del municipio de Magdalena Teitipac, de la región de los Valles Centrales, se oponen a la minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, por contaminar los mantos freáticos durante sus trabajos de exploración.
Por lo menos 312 conflictos indígenas persisten en el país ocasionados por megaproyectos, principalmente los mineros, seguido de problemas agrarios y servicios gubernamentales, donde Oaxaca ocupa el segundo lugar, reveló un informe de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
Este órgano político dependiente de la Secretaría de Gobernación detalló que los estados donde se concentra la mayor conflictividad social son Chiapas con 60 problemas, Oaxaca con 46; Puebla con 32; Guerrero con 29; y Michoacán, Chihuahua y estado de México con 14 cada uno.
Un documento de Jaime Martínez Veloz, titular de la comisión, reconoce que los principales conflictos son derivados de las resistencias a proyectos mineros donde se han identificado 48 casos, seguido de los problemas agrarios con 47; programas y Servicios gubernamentales con 28; derechos indígenas con 27; política social 27, proyectos de infraestructura con 26 y proyectos hidráulicos con 24.
En el caso de Oaxaca existen 46 conflictos producto de resistencias de comunidades indígenas, principalmente mixtecos, zapotecos, mazatecos, chatinos, zoques y mixes.
En conferencia de prensa, representantes de comuneros de la región del Istmo de Tehuantepec, manifestaron estar en contra del establecimiento de la Zona Económica Especial (ZEE), por considerar que el proyecto pretende despojar a los pueblos del Istmo.
Mariano López Gómez, de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), indicó que a través de la ZEE se entregan los recursos naturales y la soberanía nacional, «se trata de un modelo económico que sólo beneficia a empresarios y no al pueblo de México».
Postrados al pie del Monumento a la Madre que se localiza en el parque central Independencia de este puerto, los inconformes dijeron: «las Zonas Económicas Especiales implica la venta total de la patria, de este México; queremos responsabilizar a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal por el despojo.».
El proyecto es un despojo de las tierras y un pisoteo a los derechos de las distintas comunidades, y a los distintos pueblos; debido a que estas únicamente representan los intereses transnacionales, pero además, los gobiernos están obligados a destinar una partida del presupuesto que el pueblo pagar con sus impuestos.
«Los integrantes de distintas comunidades de la región del Istmo tenemos más derecho que quienes se dicen empresarios, debido a que ellos nos tienen que preguntar qué tipo de desarrollo queremos, porque las Zonas Económicas Especiales, hablan justamente de desarrollo, pero no nos dicen que el desarrollo es para unos cuantos, para personas de fuera; mientras qué para el pueblo sería un despojo, no está bien que nos sigan manipulando a trevés de informaciones falsas».
Organizaciones no gubernamentales y de resistencia anunciaron una manifestación este próximo miércoles con la finalidad de dejar un precedente por el rechazo a las Zonas Económicas Especiales.
En un comunicado que envió dicha organización en la que manifiestan estar en desacuerdo por la integración y la presunta venta de tierras a través de las Zonas Económicas a manos de extranjeros.
De acuerdo con Lesbia Villalobos Sosa, integrante de la Asamblea de Pueblos, expresó que en respuesta al rechazo a la venta de las tierras del Istmo, se ha convocado a las organizaciones políticas, sociales, colectivas, movimientos en resistencia a unirse en la defensa del Istmo de Tehuantepec.
Reconoció que el gobierno federal y estatal en común acuerdo quiere pactar presuntamente con las empresas extranjeras para instalar maquiladoras e industrias que vengan a acabar con los recursos naturales y llevárselos a otros paises.
Pueblos originarios y organizaciones sociales advirtieron que se avizora una oleada de devastación para el Istmo de Tehuantepec con la operación de más parques eólicos y la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Por lo cual, la asamblea general de San Dionisio del Mar refrendó su rechazo a la operación de empresas extranjeras que pueden llegar a causar daños catastróficos a todo el medio ambiente de la región.
“El trabajo que tenemos como pescadores y cuya actividad que nos da la vida y el sustento diario, se pone en riesgo si permitimos que estas empresas se instalen con sus proyectos de energía”, advirtieron.
Nos pronunciamos en contra de la instalación de un proyecto extractivo y disfrazado de recursos del FONDEN en nuestro territorio, sin darnos información, sin preguntarnos si lo necesitamos y dividiendo nuevamente a nuestro pueblo, lanzaron.
Acusaron a la presidenta municipal Teresita Luis Ojeda de no tomarlos en cuenta para la toma de decisiones.
Dijeron que solicitaron información veraz y oportuna a las autoridades de gobierno, respecto a la entrada de maquinaria pesada a la población y en respuesta recibieron acoso, hostigamiento, criminalización y una campaña de difamación de su lucha.
Demandaron el retiro de la maquinaria que introdujeron en nuestra población en los primeros días del mes julio, además de que se sustente jurídicamente la presencia de quienes escoltaron dichas maquinarias para poder entrar a la comunidad, sin haber informado, consultado, ni presentado ninguna manifestación de impacto ambiental y social de este proyecto que nos amenaza.
Organizaciones acusaron que las autoridades pretenden llevar a cabo el proyecto Presa El Zapotillo- Acueducto Zapotillo León bajo la justificación de abastecer de agua potable a la cuidad de León, Guanajuato, al área metropolitana de Guadalajara y a los 14 municipios de los Altos del estado de Jalisco.
De acuerdo con sus denuncias, la presa sepultaría alrededor de 4 mil 500 hectáreas de tierras fértiles y cerca de 600 mil agricultores, ganaderos y productores de los Altos de Jalisco quedarían sin agua para la producción de alimentos, ocasionando impactos drásticos en la economía de la región.
En 2011, la operación y construcción del proyecto fueron adjudicadas a la empresa Abengoa México. Los inconformes señalaron que al inicio se proyectó que la presa mediría 80 metros, con lo que las tres comunidades no serían inundadas, no obstante, después promovieron que la cortina llegara a 105 metros, lo que provocaría “la desaparición de Temacapulín, Acasico y Palmarejo”.
Cabe mencionar que hoy en día, desde 2013, el proyecto se encuentra detenido, gracias a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Gobierno Federal Violenta flagrantemente el derecho a la consulta previa, libre e informada al iniciar la construcción de un muelle y un dren de 300 metros en la playa Copalita de San Dionisio del Mar
La Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar (AGPSDM) denuncia que el gobierno federal con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) pretende construir en la Playa Copalita de San Dionisio del Mar un muelle de 300 metros y un dren, la constructora irrumpió en la playa retirando a los pescadores coperos y sus instrumentos de trabajo; dicha constructora no se ha identificado, pero está representada por un ingeniero de origen francés, quien el día 17 de junio ante la solicitud de los compañeros se presentó a la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, y con actitud altanera y prepotente dijo que era un proyecto que se había gestionado hace 20 años ante el FONDEN, y que ahora estaban allí para construirlo, y que si querían información preguntaran al FONDEN y a Pesca.
Frente a estos hechos, se convocó de manera urgente a una asamblea general de los pueblos el día 10 de julio en San Dionisio del Mar, donde se tomó la decisión de no permitir la obra, porque a la comunidad no se le informó, consulto y no hubo acuerdos previos para la autorización de la misma, además que es una obra que no se le identifica utilidad para la misma comunidad, en cambio sí puede ser la entrada de las empresas eólicas en territorio Ikoots.
Denunciamos que el día de hoy 11 de julio de 2017, el gobierno estatal ha enviado 15 patrullas de la policía a nuestra comunidad para proteger a la empresa y amenazar nuestra justa resistencia en defensa de nuestro territorio.
Declaramos que como pueblos y comunidades indígenas Ikoots y binnizá del istmo de Tehuantepec, no permitiremos la instalación de ningún proyecto extractivista más en nuestro territorio, y nos mantenemos en alerta máxima ante las acciones de criminalización y hostigamiento que los diferentes niveles de gobierno y las empresas pretendan imponer a nuestros pueblos y nuestra organización.
Una jueza de distrito otorgó un amparo “histórico” a la comunidad me’phaa San Miguel del Progreso Juba Wajiín, Guerrero, que garantiza los derechos colectivos de la población ante una declaratoria de la Secretaría de Economía (SE), que en 2015 consideró los terrenos libres para la explotación minera.
En conferencia de prensa, representantes de los pobladores de la zona e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan indicaron que se trata de “una resolución histórica” que no sólo echa atrás la decisión del gobierno federal, “sino que obliga a dejar sin efectos el acto violatorio para garantizar los derechos al territorio y la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, cumpliendo así con los más altos estándares internacionales en la materia”.
El Centro Tlachinollan enfatizó que con esta resolución “el Estado mexicano está obligado a garantizar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas no impugnando la sentencia. De hacerlo, redundaría en la negación de los derechos de la comunidad indígena-agraria de Juba Wajiín”.
Valerio Amado Solano, presidente del comisariado de bienes comunales de esta comunidad del municipio de Malinaltepec, destacó que la resolución es un triunfo de la organización de los pueblos de la Montaña.
Integrantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar se oponen a los trabajos de drenado en la playa copalito de esta localidad que ha comenzado a realizar la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) a través de su responsable de obra de origen francés, en la cual aseguran que podría ser el arranque de obra del parque eólico Santa Teresa.
Denunciaron que con el aval de la alcaldesa Teresita de Jesús Luis Ojeda y el acompañamiento de la policía municipal, la maquinaria pesada que es una draga de más de 40 metros y dos excavadoras grandes con oruga y plataforma ingresaron a la localidad el pasado domingo y lunes y desde el miércoles han comenzado a realizar los trabajos en la playa sin que hubiera información a la comunidad al respecto.
El vocero de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, Isaúl Celaya López dijo que el responsable de la obra quién no proporcionó su nombre y solo su origen que es Francés les informó sin precisar y de forma confusa que el proyecto en Playa Copalito consiste en la construcción un muelle de 300 metros y un canal como parte de un proyecto antiguo que data hace más de diez años de Conapesca y que con la tormenta tropical Beatriz se reactivó con apoyo del Fondo Nacional de Desastres.
Celaya López dijo que los integrantes de la asamblea y gran parte del pueblo que se han opuesto a los proyectos eólicos consideran que es mentira que se trate de una obra para beneficiar a los pescadores, sino más bien es parte de los trabajos del parque eólico “Barra Santa Teresa” sobre el océano pacífico debido a que según los datos que tienen contempla un muelle que servirá como conexión entre la barra Santa Teresa y playa copalito.
Los integrantes de la Asamblea de pueblos exigieron a las autoridades más información sobre la obra, quién la había solicitado, el monto y el estudio de impacto ambiental, sin embargo los encargados le respondieron que no había tiempo para el estudio de impacto ambiental porque tenían un mes para realizarla, y que la autoridad ya estaba enterada.
Finalmente tanto la ONG como los asambleístas y pescadores libres exigieron el retiro de la maquinaria del lugar, toda vez que no han dado su consentimiento para la realización de los trabajos y se corre el riesgo de confrontación ante lo que la comunidad considera un proyecto disfrazado y una provocación.
Por su parte la Alcaldesa de San Dionisio del Mar, Teresita de Jesús Luis Ojeda informó que no fue notificada de la llegada de la maquinaria y desconocía la obra a realizarse.
Desde el gobierno de Felipe Calderón se agravó la depredación de los recursos naturales,
existe una devastación del territorio nacional, pero también se ha dado una lucha importante de los pueblos
en defensa de sus tierras, afirma el abogado Francisco López Bárcenas, autor del libro El régimen de la propiedad agraria en México: primeros auxilios jurídicos podrá la defensa de la tierra y los recursos naturales.
Esta depredación significa que en México 30 por ciento del país está en manos de las mineras; el agua y los bosques están prácticamente acabados y se presenta también la explotación de los recursos genéticos es decir, la composición química de estos recursos naturales, sobre toda la industria farmacéutica y alimentaria: hace dos años entró en vigor el protocolo de Nagoya que prácticamente permite que las empresas vengan a ver qué plantas tenemos, de qué se alimentan los mexicanos, con qué se curan, y patentarlas
.
Existe sí una devastación del territorio nacional, pero también hay una lucha importante de los pueblos; hay muchas resistencias, algunas más integrales que otras, en todas ellas el componente jurídico es importante. Lo que vemos en las resistencias es que los pueblos se organizan, se movilizan, hacen cabildeos, buscan alianzas, pero dentro de todas ellas está el derecho, y el derecho en México por un lado el agrario se ha especializado mucho. En este libro hablo de los tipos de propiedad, como la privada, comunal, ejidal, pero hay uno que no está en la Constitución: la indígena
, explica López Bárcenas.
Los juristas en México suponen que no hay propiedad indígena, porque no está en la Constitución ni en la ley agraria. Sin embargo, está en el convenio 169 y se han dictado sentencias reconociendo derechos de territorios indígenas en México.
Además, desde 1992 se permite la renta y venta de tierras y desde la reforma de 2003 agregaron una cosa que se llama ocupación temporal y otra que se llama servidumbre, que desde mi punto de vista son anticonstitucionales
.
El problema en la explotación de recursos, muchos a manos de compañías extranjeras, se persiste porque el gobierno mexicano liberalizó mucho las leyes. Ese es el gran problema. No creo que las leyes sean obsoletas ni que el tipo de propiedad que tenemos sea obsoleto. El problema es cómo le volvemos a dar un sentido social, es decir, que si se necesita capital para el campo está bien, pero necesitamos cuidar los recursos y sobre todo encontrar herramientas para que sirva a los mexicanos
.
Afortunadamente las asambleas tienen muchísimo poder todavía, por eso me parece importante que se estén informadas: una buena asamblea puede decidir el destino de las tierras.
El libro El régimen de la propiedad agraria en México fue publicado por los centros de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas y el de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, así como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y Servicios para una Educación Alternativa.
La campaña estatal impulsada desde la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca y la organización Servicios para una Educación Alternativa A.C busca dar a conocer lo que implica ser un defensor o defensora comunitaria, así como el trabajo que distintos defensores y defensoras comunitarias realizan en sus comunidades de origen. Al mismo tiempo se pretende posicionar ante instancias de Derechos Humanos y ciudadanía en general, el trabajo que se realiza desde las diferentes regiones para la defensa de los derechos humanos, la vida y el territorio.
La campaña comprende varias acciones por distintos canales de comunicación, por la radio estarán difundiéndose cápsulas radiofónicas donde se aborda ¿qué implica ser un defensor o defensora?; ¿cómo se defienden?; ¿por qué se es defensor o defensora?
En distintas plataformas en redes sociales se difundirán carteles, infografías y artículos sobre historias de vida de las personas defensoras en el nuevo escenario oaxaqueño. Con la campaña que inicia el 3 de julio del presente año, se persigue el fortalecimiento de la identidad del quehacer de los defensores y defensoras comunitarias, así como la exigencia al Estado para que salvaguarde y respete los derechos de las personas defensoras de derechos humanos.
De acuerdo al Anuario 2016 de las actividades extractivas en México publicado por Fundar, más de la mitad de los 22 municipios dedicados a la producción de oro sufre una tasa de pobreza extrema mayor al promedio nacional; mientras que un 76% de ellos supera el promedio de población en situación de pobreza.
Beatriz Olivera agregó que la minería es una de las actividades más contaminantes y generadoras de conflictos en el país y que generó solo un 0.32% de los ingresos nacionales de 2016.
Aunado a este desequilibrio, el sector minero comete muchas infracciones que son ignoradas por la Secretaría de Economía (SE), encargada de sancionar a los que evaden impuestos, inspeccionar obras y llevar un registro de los consorcios mineros.
El sector minero cuenta con el privilegio de ser considerado estratégico para la economía nacional, por lo que tiene prioridad sobre las otras actividades, así como una legislación que los protege en caso de conflicto social.
Una superficie de 21 millones de hectáreas es cubierta por las 25 mil 178 concesiones mineras del país, de las cuales mil 609 se encuentran en Áreas Naturales Protegidas (ANP).
A su vez, las empresas mineras cuentan con mil 36 títulos de aprovechamiento del agua, equivalente a 436 millones de metros cúbicos anual del vital líquido, otorgados por el gobierno mexicano. Poco más de la mitad es extraída de los estados de Sonora, Zacatecas y Michoacán.
Por si fuera poco, durante el mes de mayo un grupo de diputados priistas presentó una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que permitirá a las empresas mineras deducir de sus impuestos 100% de los costos de exploración de yacimientos.
Con la finalidad de compensar los daños que causa la actividad minera en los estados donde se realiza y sacar mayor provecho de la industria, el gobierno mexicano instauró tres nuevos tipos de derechos mineros que las empresas tendrían que pagar a partir de 2015.
El primero es el derecho «especial», que cobra el 7.5% de los ingresos sobre las ventas derivadas de la minería. El segundo es el «extraordinario», que establece un cobro adicional de 0.5% sobre la venta de oro, plata y platino. Finalmente, el derecho «adicional» exige una recaudación para los concesionarios que no realizaron obras.
En 2015 solo 227 empresas de 2 mil 884 pagaron derechos mineros. Ciento cuarenta pagaron el especial; 80, el extraordinario y siete, el adicional.
Una de las empresas sospechosas de evasión es la Compañía Minera Cuzcatlán, filial del grupo canadiense Fortuna Silver Mines, ubicada en el municipio oaxaqueño de San José del Progreso desde 2011 y hasta el 2050.
Su productividad es muy grande. El año 2015 extrajo una tonelada de oro y 138 toneladas de plata. Aún así, a solo 2 kilómetros de los 6 mil 600 habitantes viven de manera precaria, pues cuatro de cada 10 padecen pobreza extrema y nueve de cada 10 son pobres.
La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, asevera que los únicos beneficiados han sido los miembros de los tres gobiernos municipales que ha habido en los últimos años.
Lo que queda claro es que cuatro personas han sido asesinadas en relación al proyecto minero desde 2011. Las víctimas fueron dos opositores y dos promotores, quienes murieron en un atentando. La coordinadora señala que también recibió amenazas debido a su oposición al proyecto.
Datos publicados por fundar indican que al menos 35 conflictos socioambientales en el país son a causa de la industria minera. Además, en 2016, 10 de las 63 agresiones contra activistas fueron relacionadas a la oposición minera.
Por falta de consensos tras el proceso de consulta indígena y las posibilidades que hoy otorga la Ley de Amparo, la construcción de la hidroeléctrica Puebla I lleva un año tres meses detenida junto con la inversión de más de 1,000 millones de dólares y el compromiso de que la constructora incremente en el equivalente a 27% anual el presupuesto de los tres municipios involucrados en la sierra de esta entidad.
Fernando Barrera, responsable del proyecto en Deselec, filial de la empresa Comexhidro, explicó que la empresa llegó en el 2010 (cuando la reforma energética no obligaba a la consulta indígena) y desde entonces comenzaron a negociar con las siete comunidades nahuas y totonacas de los municipios de San Felipe Tepatlán, Tlapacoya y Aguacatlán.
En el 2015, cerraron las negociaciones y acordaron beneficios a 25 años para las comunidades, como la entrega de 3 millones de pesos anuales para infraestructura en estos municipios que tienen presupuestos de 10 millones de pesos cada uno, más otros 5 millones al año aproximadamente en proyectos de salud y educación.
Pero según él, tras obtener el financiamiento en abril del 2016, la empresa recibió la notificación de un amparo contra los permisos otorgados por las distintas autoridades: Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional del Agua y municipios. El recurso lo promovieron cuatro personas, asesoradas por el Consejo Tiyat Tlali y Fundar, que argumentaron afectaciones y con ello, el juzgado civil primero de Atlixco, ordenó la suspensión de la obra.
Cuando recibieron la notificación de la suspensión, la empresa ya había comprado o arrendado como servidumbre de paso 290 terrenos en las 15 hectáreas donde pretende instalar las máquinas y el embalse en el río Ajajalpan, para esta planta con capacidad de 60 megawatts.
Deselec-Comexhidro llegó al juicio como tercero involucrado y a la par de miembros de las comunidades (que esperaban los 800 empleos prometidos) lograron que el juez levantara la suspensión para iniciar las obras en San Felipe Tepatlán y Tlapocoya. Pero un error administrativo en la redacción de un cargo impidió que hasta el día de hoy se levante la suspensión en Aguacatlán. Y la obra sigue detenida, aunque así seguirá, dijo el representante de Comexhidro, hasta que exista una sentencia, porque los socios consumidores de este proyecto legado de autoabasto, que son Walmart, Suburbia, Waldo’s Dólar, Operadora Vips, Colchas México e Ileana Jinich Mekler, así como los financiadores, no invertirán en un proyecto con este grado de incertidumbre.
Con la reforma del 2013 a la Ley de Amparo, se concede el amparo indirecto a quienes se autodenominen indígenas, por su personalidad y no por la materia de la queja, con lo que los jueces están obligados a suspender la ejecución de las obras mientras dictan sentencia.
Para evitar llegar a estas instancias, desde las modificaciones legales de la reforma energética se estableció que antes del otorgamiento de cualquier permiso debe existir una consulta previa, libre e informada en que se negocie la autorización de las comunidades. La Secretaría de Energía tiene la obligación de realizar estas consultas con sus propios recursos.
Integrantes del Comité Pro Defensa de la Tierra y Territorio presentaron 40 amparos colectivos con 700 firmas de indígenas de Unión Hidalgo ante el juez séptimo de distrito con sede en el puerto de Salina Cruz por la violación a sus derechos a una consulta libre, previa, informada y de buena fe conforme a lo establece el articulo 2 de la constitución federal y el convenio 169 de la OIT.
Romel Matus, representante de este Comité Pro Defensa de la Tierra y el Territorio explicó que las autoridades del gobierno federal como es la Secretaria de Energía, el gobierno de Oaxaca a través de la Comisión Permanente de Fomento de Energía Renovable y también el municipal de Unión Hidalgo otorgaron concesiones, permisos y autorizaciones para inversionistas nacionales y extranjeros para que ampliaran su infraestructura en terrenos de la comunidad sin previa consulta indígena.
“Se sabe que las empresas Fuerza y energía Bii Ioxho y Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1 y 2 recibieron permisos para seguir expandiéndose, la Comisión Reguladora de Energía nos informó que estas dos empresas aparecen en el listado relacionado a la nuestra comunidad , lo que sabemos es que podrían ubicar sus torres cerca del Estero Guie’ y también el Palmar”, indicó.
Integrantes del Comité Pro Defensa de la Tierra y Territorio presentaron 40 amparos colectivos con 700 firmas de indígenas de la comunidad Unión Hidalgo, ante el juez séptimo de distrito con sede en el puerto de Salina Cruz ante el desarrollo de parques eólicos.
Los proyectos que se pretenden impulsar: Fuerza y energía Biío Hioxo y Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca (esta última, filial de Desarrollos Eólicos Mexicanos en la que es accionista Grupo Bimbo).
A través de la organización oaxaqueña Educa, Servicios para una Educación Alternativa, AC, se informó que Romel Matus, representante del Comité explicó que las autoridades del gobierno federal, a través de la Secretaria de Energía; el gobierno de Oaxaca, mediante la Comisión Permanente de Fomento de Energía Renovable y la autoridad de Unión Hidalgo otorgaron concesiones, permisos y autorizaciones para que inversionistas nacionales y extranjeros ampliaran su infraestructura en terrenos de la comunidad sin previa consulta indígena.
La empresa ubica este proyecto a 3 kilómetros de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, abarca 2 mil hectáreas de terrenos, donde se pretenden instalar 117 aerogeneradores. Esta infraestructura lo podría convertir en el tercer parque eólico más grande de América Latina.
Información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) indica que Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca, SAPI de CV es 51.01 por ciento de Desarrollos Eólicos Mexicanos, SA de CV, y 48.99 por ciento de First Reserve Inversiones Eólicas 1, S de RL de CV. Esta se dedica a la generación de energía eléctrica en la región la Ventosa, Oaxaca.
En 2015 y 2014, indica la BMV, la empresa obtuvo el 100 por ciento de sus ingresos por “venta de energía a Bimbo, SA de CV, accionista de la compañía”.
Los pueblos originarios y organizaciones sociales convocan a “legitimar el derecho a la rebeldía para defender su territorio frente a las políticas depredadoras de un gobierno colonialista y corrupto (de Enrique Peña Nieto) que renuncia a sus responsabilidades y solo presta oídos a las empresas transnacionales y a los gobiernos extranjeros imperialistas”.
Luego del Foro sobre las “Zonas Económicas Especiales (ZEE) y sus implicaciones en la vida comunitaria y al medio ambiente”, realizado el pasado 22 de junio en el Zócalo de Oaxaca con la participación de más de 250 participantes de diversas organizaciones, los pueblos manifestaron que “el territorio es parte de nuestra memoria” y por ello están convocando a defenderlo.
Dijeron que las intenciones del gobierno son evidentes pues “han anunciado y promovido mineras, nuevos parques eólicos, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, siderúrgicas, gasoductos y terminales de gas, presas hidroeléctricas, construcción de vías férreas y carreteras. Todas estas industrias de despojo y destrucción se agrupan, organizan y legitiman desde el andamiaje legal, fiscal y administrativo que provee la ley de las ZEE y las llamadas reformas estructurales.
Agregaron que “se avizora una nueva oleada de devastación para el Istmo y para todo el Estado. El capital internacional y la élite política mexicana se ciernen sobre el territorio oaxaqueño con avaricia, avidez y rapacidad. Son los nuevos tiempos de un capitalismo cada día más burdo, delirante y genocida”.
Asimismo, hicieron un llamado para “fortalecer nuestras asambleas y autoridades comunitarias y a construir caminos por la defensa de la tierra y el territorio, y contra cualquier proyecto invasivo y destructivo que atente contra la vida comunitaria de nuestros pueblos”.
Pueblos originarios y organizaciones sociales advirtieron que se avizora “una nueva oleada de devastación para el Istmo y para todo el estado” con la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Por ello, el pasado jueves 22 convocaron a “legitimar el derecho a la rebeldía” para defender su territorio “frente a las políticas depredadoras de un gobierno colonialista y corrupto que renuncia a sus responsabilidades y solo presta oídos a las empresas transnacionales y a los gobiernos extranjeros imperialistas”.
Durante el Foro sobre las Zonas Económicas Especiales y sus implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente, alrededor de 250 participantes de 50 organizaciones sociales y civiles expresaron su rechazo a “la implementación de las ZEE dentro el Istmo de Tehuantepec y en cualquier otro lugar del estado”.
En ese encuentro acordaron realizar una “campaña masiva de contra información sobre las ZEE y los megaproyectos”, y a realizar foros regionales y estatales “para el fortalecimiento de la defensa de nuestros territorios”.
Las comunidades se quejaron de que han perdido su tierra y el control sobre su entorno, además de que se han destruido acuerdos y dinámicas comunitarias “que los pueblos hemos construido por siglos”.
Advirtieron que con las palabras “progreso, desarrollo y empleo” se pretende repetir el ciclo de destrucción, robo y explotación que ha caracterizado a estos proyectos que hoy el Estado Mexicano promueve a través de las ZEE sin revisar la historia.
Integrantes del foro: “zonas económicas especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y al medio ambiente” que aglutina a diversas organizaciones sociales, comunidades y activistas sociales se pronunciaron contra la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que promueve el gobierno del Estado en la región del Istmo de Tehuantepec y alertaron sobre posibles daños irreversibles que se registrarían en la entidad.
Los proyectos promovidos por entidades gubernamentales basados en modelo de los Clústers, son un riesgo, aseguraron los activistas.
Señalaron que “la construcción de la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués y la creación del distrito de riego 19, trajo el debilitamiento del río Tehuantepec y la destrucción irreparable de la cubierta vegetal en la zona.
También ejemplificaron los daños que ha causado la Refinería Antonio Dovalí Jaime, instalada en Salina Cruz, la cual, según los activistas, encareció la vida en la zona, destruyó la pesca ribereña y de altura en el Golfo de Tehuantepec, así como también convirtió en un foco de contaminación y riesgo regional toda la zona.
Acusaron del mismo modo, el “falso modelo” de industria verde de los parques eólicos, “no sólo porque ha despojado de tierras y cuerpos de agua a los campesinos istmeños; sino que además ha corrompido y destruido el tejido social, propició la violación a los derechos humanos, sociales y ambientales y “doblegó a las autoridades judiciales coludidas, con autoridades de todos los niveles.
Los integrantes del foro también señalaron que la región del Istmo, donde se pretenden desarrollar las ZEE tiene enormes ventajas geográficas por su riqueza natural y humana por lo que despierta intereses económicos y políticos en el país y en el mundo.
Sin embargo, en los últimos cien años-los proyectos- han sido los más invasivos y agresivos contra el medio ambiente y sus habitantes.
Un estudio realizado por la consultora GMI Consulting identificó cuatro conflictos mineros en los municipios de Ixtlán de Juárez, San José del Progreso, Magdalena Teitipac y Magdalena Ocotlán; y en energía 20 conflictos, casi todos en el municipio de Juchitán de Zaragoza.
Organizaciones de la sociedad civil, como Servicios para una Educación Alternativa (Educa) entre otras, han advertido como amenazas la intención de llevar a cabo 64 proyectos de pequeñas hidroléctricas, un proyecto de gran hidroeléctrica y ocho de aerogeneradores, además de las cerca de 300 concesiones mineras.
Uno de los proyectos más ambiciosos en riesgo se encuentra en el municipio de Salina Cruz, el cual trata de una inversión de 1 mil 300 millones de dólares o 24 mil 76 millones de pesos para la construcción del gasoducto P. M. I. Cinturón Transoceánico Gas Natural. Este proyecto ha encontrado oposición de organismos civiles porque denuncian que no se ha realizado ninguna consulta pública.
Otros más, son el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reyna en el municipio de Santiago Jamiltepec, en la región de la Costa, que importa una inversión de 15 mil 410 millones de pesos; el proyecto eólico Eurus de 592 millones de dólares o 10 mil 963 millones millones de pesos y el de Santo Domingo, en el municipio de Santo Domingo Ingenio, con una inversión de 500 millones de dólares o nueve mil 260 millones de pesos.
Las mayor inversión minera en riesgo corresponde a la del municipio de Magdalena Ocotlán denominada San José, que implica mil 35 millones 268 pesos.
Dentro de los proyectos también se encuentran algunos de inversión pública, como los dos parques eólicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los municipios de San Blas Atempa y Ciudad Ixtepec, para los que se invierten alrededor de mil 100 millones de pesos.
La consultora GMI Consulting detalla que los conflictos sociales en Oaxaca tienen que ver con denuncias por daños ambientales: derrame de aceite y contaminación del agua; con conflictos de tierras, defensa de comunidades agrarias y desplazamiento de poblaciones; con reclamos de pagos de utilidades y pagos más justos, y con actividades económicas, como la eliminación de la pesca; e “indolencia oficial”.
Inversionistas, presidentes municipales del Istmo, legisladores y funcionarios estatales y municipales, firmaron un acuerdo el pasado jueves 22 de junio para potencializar la inversión eólica en el Istmo de Tehuantepec. A escasos metros del lugar, del otro lado del zócalo, representantes de distintas comunidades de esa misma región y organizaciones sociales manifestaban su rechazo y su preocupación por el impacto que la industria eólica y minera tienen en sus comunidades.
De espaldas a la catedral de la ciudad, unas 20 organizaciones sociales y representantes de comunidades del Istmo, manifestaron que la región ha sido una especie de laboratorio donde las ideas de progreso y modernidad en voz de gobernantes y empresarios han ido permeando en la sociedad y afectando el medio ambiente desde hace 10 décadas aproximadamente desde la entrada del ferrocarril hasta las eólicas y desarrollo de mineras.
Los representantes de los colectivos y pueblos señalaron que las inversiones y desarrollo anunciados en ese tiempo han justificado la imposición de otros modos de vida ajenos a las comunidades que ahí radican, citaron como ejemplo, la Presa Jalapa del Márques, la refinería Antonio Dovalí y desde hace algunos años los parques para la producción de energía eólica.
En el mismo espacio, Ramón Benjamín, investigador de Panamá, expuso algunas de las similitudes que observa en entre el Canal de Panamá como zona de tránsito y la propuesta de las Zonas Económicas Especiales. Dijo que Panamá ha tenido una función a lo largo de la historia que podría asimilarse con el contenido de la ley de las Zonas Económicas Especiales de México en cuanto al control del territorio, a los beneficios e incentivos para la explotación de la zona y de las personas que ahí viven, y lo que es “una concesión de la soberanía a terceros actores”.
Derivado de un análisis sobre la Ley de las ZEE en México, expuso que en esta propuesta se promueve como una opción del desarrollo a través del crecimiento económico sostenido en beneficio de las personas, del trabajo, de la productividad mayores ingresos, pero advirtió que si se toma como ejemplo de éxito a Panamá hay que ver mucho más profundo.
La investigación denominada Desigualdad extrema y tendencias de desarrollo. El caso del estado de Oaxaca, México presentado por la organización OXFAM, señala que estos proyectos económicos que se han implementado en la zona del Istmo, contemplada en la Ley de Zonas Económicas Especiales, benefician sólo a una pequeña parte de la población lo que hace que las brechas de desigualdad se amplíen y en algunos casos se profundicen.
El día jueves 22 de junio se llevará a cabo el Foro Las Zonas Económicas Especiales y sus implicaciones en la vida comunitaria y al medio ambiente, en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, de 9 am a 6 pm.
En la mañana, después de una ofrenda ritual, habrá paneles con invitados con los temas: “Las ZEE y los acuerdos internacionales de libre comercio” y “Panamá, experiencias de la función de tránsito en el modelo extractivista, a la luz del concepto de zona económica especial”. Luego, se realizará un encuadre histórico de los proyectos impulsados en la región del Istmo: “La experiencia de la comunidad de Jalapa del Márquez en el caso de la construcción de la presa Benito Juárez, sus impactos a más 50 años”, entre otras experiencias.
En la tarde, se discutirá el tema “Los Derechos Humanos frente a los proyectos de despojo”, seguido de un panel con experiencias significativas de defensa de territorios en Oaxaca. El foro cierra con una plenaria de propuestas y un pronunciamiento.
En la necesaria reflexión colectiva de los impactos que tendrá la ZEE en los modos de vida de los Pueblos y Comunidades de Oaxaca, nos reuniremos organizaciones y comunidades de la Sierra Sur, Costa, Istmo y Valles Centrales.
En Unión Hidalgo, una conferencia impartida del Dr. Francisco Lopez Bárcenas y Xochitl Zolueta se realizó frente a propietarios, avecindados, posesionarios, comuneros y la población interesada en conocer los “mecanismos adecuados para realizar consultas indígenas”.
El Dr. Bárcenas hizo énfasis en que la consulta no debe de ser realizada en simples comités que limitan la participación, restricción de análisis y de estudios propuestos por la población como libre ejercicio de una democracia participativa.
En el espacio hubo un debate entre los presentes haciendo preguntas concretas sobre a quiénes se debe de consultar y de qué manera, coincidiendo todos en la necesidad de consultar a toda la población en general e “incluso a aquellas que puedan ser indirectamente afectadas, como los municipios que están a pie del sistema lagunar”.
Así, con esta visita de los especialistas en derecho indígena se busca dotar de herramientas analíticas a la comunidad para evaluar la construcción del nuevo parque eólico de la empresa Eólica de Francia Electricité de France. Esta empresa que intenta construir un parque en tierras de uso común en la zona del Palmar y el Llano además en partes del sistema de riego de la comunidad.
A seis días del incendio en la refinería «Antonio Dovalí Jaime» en la región del Istmo, este martes amanecieron peces muertos así como una gran mancha negra en la playa «La Ventosa» en Salina Cruz.
De acuerdo con habitantes de la zona, decenas de animales marinos comenzaron a quedar varados en la zona luego de la conflagración de 500 mil barriles de crudo en las instalaciones de la refinería de Petróleos Mexicanos el pasado 14 de junio, que dejó una persona muerta.
Señalaron que son alrededor de 500 familias las afectadas directamente en este lugar entre pescadores, restauranteros y prestadores de servicios. Ante el hecho, ni autoridades ambientales ni Pemex se han hecho responsables, pese a que, también, días después del incidente, campesinos reportaron la muerte de sus animales tras beber agua contaminada.
Los responsables de PEMEX no han salido a dar a conocer en qué situación se encuentra la flora y fauna marina, a pesar de que la población en general sabe y conoce que la situación es crítica y grave. El silencio de la paraestatal no es ajeno, debido a que desde hace más de 37 años, ha sido esta su tónica de trabajo
Los pueblos binnizá e ikots acusan que la proliferación de más de 20 parques eólicos en territorios del Itsmo de Tehuantepec, en Oaxaca, han sido impuestos sin respeto a la autodeterminación y sin consentimiento previo, libre e informado, además de que a su paso han dejado graves impactos ambientales, sociales y culturales en el entorno.
Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio en Oaxaca, informó que en las últimas décadas se han instalado 15 parques eólicos sólo en Juchitán de Zaragoza y 25 más en la región del Istmo, sin que se haya realizado consulta alguna para conocer la opinión de los habitantes.
Actualmente, Eólica del Sur, que de acuerdo con Cruz, está financiada por transnacionales como Mitsubishi, Femsa Coca- Cola, Siemens, Walmart, Cemex, entre otras marcas, busca imponer el parque eólico más grande de América Latina, con 132 torres cada una de 125 metros de altura, que provocará, alertó, contaminación ambiental, auditiva y visual, afectación del paisaje, deforestación y desplazamiento de las comunidades.
En septiembre 2015, los inconformes obtuvieron el amparo 554/2015 que entró al Juzgado Séptimo de Distrito. En aquel entonces, el Juez otorgó la suspensión provisional y después la suspensión definitiva, con lo que se impedía la realización de los trabajos, en tanto se demostrara que los derechos de los habitantes no se violaban. Sin embargo, recordó doña Bettina, “el Gobierno castigó al Juez y lo mandó a Tamaulipas, que es una zona donde domina el narcotráfico”.
En junio de 2016, continuó, “el nuevo Juez sobreselló nuestro amparo y dijo que la consulta había sido previa, libre e informada y aunque nos quejamos, el colegiado apoyó al Juez, por eso acudimos a la Suprema Corte, para que atrajeran nuestro caso”.
Por ello, denunció, las autoridades “se dieron a la tarea de subastar nuestro territorio con las empresas multinacionales en varios coloquios realizados en Huatulco. A partir de allí llegaron las empresas y al estilo colonial se les entregaron pedazos de nuestro territorio”. Y añadió que a partir de ese momento “ofertaron” las tierras y “las empresas llegaron a ocupar espacios sin que nosotros supiéramos y en la región vivimos cinco pueblos indígenas que interactuamos en el territorio y somos parte de él”.
Las empresas y las autoridades se han valido del hostigamiento, las amenazas y la criminalización a fin de intimidar a los habitantes del Istmo.
En estos últimos años estamos viviendo una situación alarmante a escala mundial, debido a que el agua se despilfarra y contamina sin escrúpulos. En este contexto, el agua fluye hacia el poder generando una profunda desigualdad, pues no todas las personas tenemos acceso a este bien, violándose nuestro derecho humano al agua.
Al tratar de entender las causas de la desigualdad en el contexto mexicano, se advierte que el elemento central es la prevalencia de un sistema político histórico insostenible que excluye y despoja a los pueblos y comunidades campesinas e indígenas de este bien común natural.
Pese a este entramado jurídico y político que vive toda la ciudadanía, las comunidades y pueblos de campesinos e indígenas siempre hemos buscado una alternativa para solventar con todos los medios a nuestro alcance; lo hacemos porque dependemos del agua no sólo para el consumo humano sino también para garantizar nuestra existencia misma, a través de nuestra agricultura.
Con esta visión, la COPUDA ha implementado un manejo comunitario que siembra y cosecha agua, además, nos nutrimos de los comentarios de expertos, implementamos tecnologías novedosas y nos abrimos constantemente al diálogo.
Hemos tenido en cuenta todas estas consideraciones durante la Etapa deliberativa del proceso de consulta y consentimiento que está en curso en nuestras comunidades; en nuestras asambleas comunitarias, analizamos la situación que actualmente estamos viviendo, así como la información que disponemos respecto de nuestros derechos y el estado del acuífero en nuestra región para generar una propuesta que realmente armonice nuestros derechos.
No obstante, con el ánimo firme de lograr acuerdos que den certeza al uso y disfrute del agua, su control y administración, así como el futuro de nuestro acuífero, decidimos construir una propuesta base para el diálogo con la Comisión Nacional del Agua del Estado mexicano, encargado de implementar el proceso de consulta que nos ocupa. El documento, tiene como finalidad presentar dicha propuesta, explicar su contenido, así como las razones que le dan sustento.
La forma en que han operado los megaproyectos mineros es para poder implementar una serie de iniciativas e individualizar los derechos parcelarios y quitarle facultad a las formas colectivas, organizativas que son los ejidos y bienes comunales, dio a conocer, Cástulo Juvenal López Pacheco, integrante del observatorio internacional de los derechos del pueblo.
Hoy en día el gobierno mañosamente entrega certificados de derechos parcelarios, en lo individual, donde los dueños ya pueden vender sus tierras a empresas mineras para que ellas hagan la explotación de los minerales, sin tomar en cuenta a la asamblea, se abusa de la pobreza de los indígenas y de una manera a su desconocimiento sobre este tema.
Ahora los proyectos mineros están contemplados en la región Mixteca, particularmente en el distrito de Tlaxiaco, desde el municipio de Santiago Nundichi, San Juan Ñumi, atraviesa la ciudad de Tlaxiaco y llega hasta la localidad de Santa Cruz Nundaco.
Violan sus derechos a la autonomía, al territorio y atentan contra sus sistemas comunitarios en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, al generar división y romper su tejido comunitario.
En la región Mixteca, por ejemplo, mediante la Procuraduría Agraria, entregaron documentación a los comuneros y ejidatarios anunciándoles que es con el fin de que adquieran la certeza y seguridad jurídica de sus tierras y demás derechos agrarios, en la localidad de San Martín Peras.
Fueron resueltos 237 juicios agrarios y se entregaron 257 certificados de derechos sobre las tierras de uso común, con los cuales acreditan sus derechos como comunero. Así mismo, realizaron 202 testamentos agrarios o listas de sucesión, ellos ya son candidatos a las ventas de sus propias tierras y con que uno lo haga, los otros le seguirán porque necesitan dinero.
El agua de la presa Benito Juárez del municipio de Jalapa del Marqués arrasó con los cultivos de maíz, frijol y calabaza de alrededor de 200 campesinos, informó Juan López Vásquez, representante de los afectados.
Las lluvias intensas por más de nueve días en la región del Istmo de Tehuantepec, generadas por las tormentas tropicales Beatriz y Calvin propiciaron el crecimiento de los cauces que desembocan en la presa. Hasta ayer, según reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el nivel del agua se encontraba por encima del 97 por ciento; es decir, al límite de su capacidad.
La sequía de más de tres años en el estado de Oaxaca orilló a los campesinos a buscar la humedad en las tierras cercanas a la presa Benito Juárez, para la siembra de sus cultivos y poder llevar a cabo su principal actividad económica. Con el aumento en los niveles del agua, ésta se extendió hasta donde se encontraban sus sembradíos y acabó con todos ellos.
El representante de los campesinos informó que ya tuvieron comunicación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) para solicitar ayuda para quienes sufrieron la inundación de sus cultivos.
La respuesta de la dependencia estatal es que envíen una solicitud a las oficinas que se encuentran en el municipio de El Espinal, y una copia de la solicitud a las oficinas centrales, para impedir que se pierdan sus documentos como sucedió cuando pidieron apoyo para los campesinos afectados por la sequía.
La explotación minera en el país ocasiona problemas de abasto y contaminación de agua, además de que genera conflictos sociales. Sólo en Chiapas hay al menos 21 concesiones y en San José del Progreso, Oaxaca, sigue el diferendo por la operación de la empresa Cucaztlán, que comenzó a explotar plata hace seis años.
En Ejutla y Ocotlán, Oaxaca, comunidades se oponen a la expansión del proyecto minero San José, de las empresas Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines, y han advertido que el presidente municipal de San José del Progreso, Servando Díaz Vásquez, en diversas ocasiones ha solicitado la participación de elementos armados ante protestas de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Los integrantes de ésta argumentan que por mandato de asambleas comunitarias se han declarado los territorios como prohibidos para la minería desde noviembre de 2015.
En tanto, una coalición de organizaciones civiles ha solicitado a las agencias gubernamentales de Canadá y Estados Unidos, encargadas de regular las leyes de valores en esos países, que investiguen si la empresa Almaden Minerals, de origen canadiense, ya que infringió los requisitos de divulgación que deben cubrir las compañías que cotizan en esos mercados al no revelar información clave sobre el proyecto de exploración de oro y plata conocido como Depósito Ixtaca, en el municipio Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.
La consulta indígena, prevista por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está cada vez mas presente en el discurso de los Estados y empresas, incluso es requisito para que se logre financiamiento de las instituciones internacionales, como el BID y el Banco Mundial, que se jactan en sus relatorías e informes publicitarios de respetar el derecho de decisión de los pueblos indígenas.
Mientras en muchos rincones de América Latina, pueblos invocan el Convenio 169 y su derecho a ser consultados sobre la implementación de megaproyectos, para la OIT está claro: los pueblos no tienen derecho a veto, o sea, no se respeta la autodeterminación de los pueblos.
El equipo de este reportaje recorrió el sur de México y los países de Centroamérica continental y registró diferentes estrategias de empresas y gobiernos para implementar megaproyectos en territorio indígena. La consulta es una de ellas.
Este trabajo reporta cómo las consultas están llegando a los territorios de pueblos indígenas en dos países, Costa Rica y Honduras, cuáles son las implicaciones y conflictos generados. Son localidades que están en fases distintas de implementación de la consulta. En Costa Rica, hay un proceso nacional de construcción de un protocolo de consulta. En Honduras se está finalizando las votaciones por el Congreso Nacional de una ley para regularizar el proceso.
El “Anuario de Industrias Extractivas: Situación actual 2016”, realizado por organizaciones de la sociedad civil, alertó que sólo el año pasado se registraron más de mil títulos de aprovechamiento de agua otorgados para realizar actividades mineras, que significaron el uso de 436 millones 643 mil 287 metros cúbicos del recurso natural. La cifra, calculan, equivale al volumen necesario para satisfacer la demanda de 11 millones 962 mil 830 personas en un año.
Las empresas que consumen los mayores volúmenes de agua en el país suman 184 millones de metros cúbicos al año y son Goldcorp, ArcelorMittal y Grupo México, dice el estudio.
El estudio destaca que la minería es la industria que más conflictos sociales provoca, dada la falta de mecanismos efectivos y garantías del derecho a la participación, la autodeterminación, a la tierra, al territorio y a los recursos naturales de los pueblos indígenas. En 2016, sostiene, se contabilizaron 37 casos relacionados con esta industria.
Pescadores de Juchitán, nuevamente emplazaron a los representantes de la empresa Eólica del Sur, para que les otorguen apoyos anuales, de lo contrario advirtieron que volverán a bloquear la carretera federal.
Sebastián Hernández Baltazar, integrante de la Alianza de Cooperativas Pesqueras, señaló que después del bloqueo carretero realizado la semana pasada, se acordó una reunión con los representantes de la empresa, donde únicamente se les notificó que el apoyo que se les ofrece será por única ocasión.
Indicó que el acuerdo que tomaron los pescadores en la última reunión es que si la empresa no les da respuesta a esta demanda, no les permitirán el inicio de la construcción del parque eólico.
Autoridades agrarias y municipales de los distritos de Ocotlán y Ejutla exigieron que se cancele el proyecto minero de la empresa Fortuna Silver Mines, así como se respeten las tierras de las comunidades zapotecas que han declarado sus territorios prohibidos para actividades extractivas.
De igual forma, culparon a la Semarnat, Conagua y Profepa por incumplir con sus responsabilidades, al permitir daños ambientales generados por el proyecto minero San José de las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines.
Además, advirtieron que la presa de jales es una amenaza muy grave de contaminación para las comunidades, ya que con las últimas lluvias ha estado en su máxima capacidad y, en caso de desbordarse, afectará sus tierras de cultivo.
Los inconformes exigieron que la empresa Fortuna Silver Mines respete las tierras de las comunidades, mismas que han declarado sus territorios prohibidos para la minería, principalmente los límites ejidales de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos.
La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) analizará en el seno de sus comunidades la propuesta de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentada durante la tercera reunión de seguimiento a la consulta, para dar respuesta a su demanda de levantamiento del decreto de veda aprobado en 1967 para limitar el acceso del líquido en los Valles Centrales.
La secretaria del Consejo de Vigilancia de ese organismo, María de los Ángeles Santiago Sánchez dijo que la Copuda reclama el reconocimiento de sus derechos territoriales, el derecho de libre determinación y la autonomía de las 16 comunidades zapotecas integrantes, para tener la facultad de elaborar y emitir las normas de regulación comunitaria del uso y disfrute de las aguas del subsuelo.
Para esto, explicó que propone el levantamiento del decreto de veda de 1967 en esa micro-región denominada por las 16 comunidades zapotecas Xnizaa (nuestra agua, traducción del zapoteco), y asumir la responsabilidad de implementar un reglamento comunitario.
Detalló que la propuesta de la Copuda se analizará en cada una de las 16 comunidades zapotecas conforme a sus sistemas normativos y de esta manera, construir una respuesta colectiva. Santiago Sánchez dijo que la Copuda entregará su respuesta colectiva el 16 de agosto próximo durante la cuarta reunión de seguimiento a la consulta.
Este 24 de mayo se llevó a cabo la tercera reunión de seguimiento a la consulta indígena en los Valles Centrales de Oaxaca, en que La Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y en Defensa del Agua (COPUDA) propone que se levante el Decreto de Veda de 1967 en la micro-región que las 16 comunidades zapotecas denominan Xnizaa (Nuestra Agua), y asumir la responsabilidad de implementar un reglamento comunitario para el uso y cuidado del agua subterránea.
De este modo, representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México (ONU DH) y de la Unión Europea, así como organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional que presenciaron el evento, subrayaron la importancia y vigencia del Convenio 169 de la OIT, haciendo un llamado a CONAGUA para que el Gobierno Federal siga demostrando buena fe y voluntad para llevar a cabo este proceso de consulta en el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
Indicó que en el transcurso de las próximas semanas, la COPUDA llevará el documento propuesto por CONGUA a cada una de las 16 comunidades zapotecas para ser analizada de acuerdo a sus sistemas normativos, y de esta manera construir una respuesta colectiva que será entregada el día 16 de agosto de 2017 a CONAGUA, en la cuarta reunión de seguimiento de la etapa consultiva de la consulta.
Comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca exigieron el reconocimiento de sus derechos territoriales, el derecho de libre determinación y la autonomía de las comunidades en esa región. Pretenden facultarse para elaborar y emitir las normas que regulen el uso y disfrute de las aguas del subsuelo.
Por ello, “proponen que se levante el Decreto de Veda de 1967 en la microrregión que las 16 comunidades denominan Xnizaa (Nuestra Agua), y asumir la responsabilidad de implementar un reglamento comunitario para el uso y cuidado del agua subterránea”, informó a través de un comunicado la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y en Defensa del Agua (COPUDA).
Al respecto, el pasado 24 de mayo se llevó a cabo la tercera reunión de seguimiento a la consulta indígena en los Valles Centrales de Oaxaca para levantar el Decreto de Veda que desde 1967 limita el acceso justo al agua en la región.
A través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno Federal entregó un documento que propone posibles cambios legales, y que da respuesta a la propuesta de la COPUDA.
La COPUDA llevará el documento propuesto por Conagua a cada una de las 16 comunidades zapotecas para ser analizada de acuerdo a sus sistemas normativos, y de esta manera construir una respuesta colectiva que será entregada el día 16 de agosto de 2017 a Conagua, en la cuarta reunión de seguimiento de la etapa consultiva.
Se llevó a cabo la tercera reunión de seguimiento a la consulta indígena en los Valles Centrales de Oaxaca para levantar el Decreto de Veda que desde 1967 limita el acceso justo al agua en la región. A través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Gobierno Federal entregó un documento que propone posibles cambios legales y que da respuesta a la propuesta de la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y en Defensa del Agua (COPUDA).
Representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México (ONU DH) y de la Unión Europea, así como organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional que presenciaron el evento, subrayaron la importancia y vigencia del Convenio 169 de la OIT haciendo un llamado a CONAGUA para que el Gobierno Federal siga demostrando buena fe y voluntad para llevar a cabo este proceso de consulta en el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
La COPUDA llevará el documento propuesto por CONGUA a cada una de las 16 comunidades zapotecas para ser analizada de acuerdo a sus sistemas normativos, y de esta manera construir una respuesta colectiva que será entregada el día 16 de agosto de 2017 a CONAGUA, en la cuarta reunión de seguimiento de la etapa consultiva.
Alrededor de 60 propietarios que rentan su tierras en el parque eólico Bii Ioxho en Juchitán que pertenece a Gas Fenosa Natural, bloquearon los accesos para exigir que la empresa los escuche y atienda sus demandas relacionadas a los beneficios que ha incumplido.
Los manifestantes señalaron que la empresa se niega a escucharlos y siempre pone excusas para no asumir su responsabilidad como lo es la entrega de recursos acordados, que hasta la fecha se ha olvidado de entregarlos.
Encabezados por su presidenta, Juana Sánchez así como integrantes de la mesa directiva de propietarios Francisco y Ángel López señalaron que continuaran con su manifestación hasta que reciban respuesta para el dialogo.
Los propietarios señalaron que hace un mes realizaron un bloqueo que se prolongó más de una semana por la misma situación, la falta de diálogo con los representante de Gas Fenosa Natural, quienes se niegan a escucharlos y atenderlos.
La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio– APOYO informó que el proyecto Eólica del Sur aún tiene litigios pendientes y que mientras el proceso jurídico no se resuelva, el proyecto no cuenta con una base legal sólida para iniciar su construcción, aseguraron.
A través de un comunicado exigieron a “a los inversionistas y bancos que financian el proyecto (Macquarie, Mitsubishi, Banco Interamericano de Desarrollo, HSBC, Santander, BBVA, Credit Agricole etc) que respeten el curso de la justicia y desistan de cualquier intento de comenzar la construcción del proyecto”
Asimismo exhortaron a Banobras y Fonadin que sigan el ejemplo del fondo de pensiones holandés PGGM y se retiren del proyecto, demandando por daños y perjuicios a la empresa Macquarie. “Tanto el gobierno como las Afores invirtieron en Eólica del Sur a través del Fondo de Infraestructura Macquarie México (FIMM)”.
Finalmente exigieron a los gestores del proyecto y a los gobiernos estatal y municipal que detengan la actual campaña de desinformación “con la que pretenden crear la falsa sensación de que el proyecto ya cuenta con luz verde en el ámbito judicial. Esto es completamente falso, pues nuestra demanda judicial 454/2015, que cuenta con amplio apoyo social y mejores fundamentos jurídicos contra el proyecto, aún está por resolverse”.
Entre las demanda de amparo para detener este proyecto se encuentran: el 454/2015, promovido por las organizaciones que conformamos la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio– APOYO. Presentada en septiembre de 2015 ante el Juez Séptimo de Distrito de Salina Cruz, fue firmado por 1,166 personas del pueblo indígena zapoteca de Juchitán. Su objetivo es anular los permisos que se le concedieron a la empresa Eólica del Sur.
Representantes de comunidades de la región otomí-tepehua, así como organizaciones sociales, reiteraron su rechazo a la presencia en su territorio del gasoducto Tuxpan-Tula, a cargo de la empresa TransCanada, y exigieron que el proyecto sea cancelado. En el marco del 3° Encuentro Regional de Pueblos en Defensa del Territorio de la Huasteca y el Totonacapan, las comunidades denunciaron que TransCanada ha ingresado a su territorio en diversas ocasiones con la intención de marcar el trazo por donde pasaría el ducto, pese a no contar con los permisos de las comunidades y a que hay un rechazo al proyecto manifestado por los pueblos indígenas de la región. En total, 350 personas y 18 organizaciones y colectivos de la región reflexionaron sobre el modelo de despojo de empresas mineras, hidroeléctricas, petroleras y de construcción de infraestructura. Además de la cancelación del gasoducto Tuxpan-Tula, las comunidades pidieron el el cese al hostigamiento del que son parte por su labor como defensores de sus derechos y el medio ambiente y que sea respetado su derecho a la autodeterminación como pueblos indígenas. Señalaron que los megaproyectos “vienen persiguiendo nuestra vida”, pero dicen saber también que unidos y “megaorganizados” pueden brincar barreras.
La organización social Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (Código DH) dio a conocer que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) favorecen a la militarización más que al desarrollo social y económico.
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) es un modelo económico basado en uno de los países asiáticos más poderosos del mundo como lo es China y según el gobierno federal se instalará en estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Veracruz.
Código DH en una misiva aseguró que desde agosto de 2016 se comenzó a incluir en los discursos oficiales del gobierno federal y de los mandatarios de los cinco estados sobre las Zonas Económicas Especiales (ZEE), aunque destacan conceptos comunes como desarrollo económico, inversiones; muy poco se habla de la militarización que lo regula.
La ONG señaló que conforme a la exigencia de los empresarios, en el marco del discurso sobre la prevención de la delincuencia para proteger las inversiones, se ha llevado a cabo una militarización en el entorno de las ZEE en las que hay cierto interés político de oprimir una sociedad civil muy activa, como sucede en Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec.
El Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, anunciaron la inversión de 30 millones de pesos que se destinarán a Oaxaca de manera inmediata a través del Fondo Minero, para impulsar el desarrollo en las comunidades mineras.
Asimismo, el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, inauguraron obras de mejoramiento urbano del Fondo Minero, realizadas en la agencia San José de Gracia de esta localidad, en el que se invierten 10 millones de pesos.
Se trata de la pavimentación de más de dos mil metros cuadrados con concreto hidráulico realizada en la calle Lambimbos, y la construcción de seis aulas, cancha y techado de la Escuela Rural “Presidente Madero”, en la agencia San José de Gracia; así como el techado de la cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria “Aquiles Serdán” en la cabecera municipal.
El titular del Poder Ejecutivo agradeció en todo lo que vale el apoyo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha destinado a Oaxaca a través del Fondo Minero, y el cual –dijo- obedece a un acto de justicia social para beneficiar a las y los habitantes de las comunidades mineras.
Por su parte, la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, reiteró el apoyo del Gobierno Federal para impulsar el desarrollo de la entidad oaxaqueña, a través de este Fondo que busca aplicar los recursos de manera eficiente y en proyectos que beneficien a las comunidades.
Pobladores del municipio de El Espinal denuncian que las negociaciones para la construcción del parque eólico “Eólica del Sur” no fueron transparentes, y que sus dirigentes aceptaron «lo mínimo» ofrecido por Grupo Mitsubishi Corp. Señalaron que la negociación por el pago de 14 millones de pesos que ingresó al municipio de El Espinal que encabeza Raúl Benítez Meza por concepto de los permisos no fue transparente y solo se hizo a través de dos dirigentes José Luis Toledo y Francisco Toledo y la autoridad municipal sin tomar en cuenta a los 300 propietarios. Este parque eólico se ubicará en dos polígonos, uno que se construirá en Juchitán y el otro en El Espinal, ambos con una inversión de inversión de mil 200 millones de dólares del Grupo Mitsubishi Corp. Cabe recordar que en El Espinal supuestamente se llevó a cabo una consulta indígena que concluyó en noviembre de 2013. Tanto el proceso como los resultados de esta consulta no se hicieron públicos, como tampoco se conocen los resultados de la consulta en Juchitán, esta última severamente criticada por violaciones a derechos humanos por parte de observadores y investigadores que acompañaron el proceso de consulta
Propietarios de este municipio que arrendarán una extensión de 2 mil 832 hectáreas para la construcción del parque eólico Eólica del Sur denunciaron actos de corrupción en la negociación con sus dirigentes, autoridad municipal y directivos de la empresa en cuanto al recurso del pago de licencia de construcción y permiso de uso de suelo.
Señalaron que la negociación por el pago de 14 millones de pesos que ingresó al municipio de El Espinal, que encabeza Raúl Benítez Meza, por concepto de los permisos no fue transparente y sólo se hizo a través de dos líderes José Luis Toledo y Francisco Toledo, así como la autoridad municipal sin tomar en cuenta a los 300 propietarios.
Este parque eólico se ubicará en dos polígonos, uno que se construirá en Juchitán y el otro en El Espinal, ambos con una inversión de mil 200 millones de dólares del Grupo Mitsubishi Corp.
Se trata de una inversión histórica y sin precedente que constará de 132 aerogeneradores de la más alta tecnología, con una capacidad de 396 megavatios, lo que lo convierte en el parque más grande de Latinoamérica por su inversión y tamaño.
La molestia de un grupo de propietarios es porque en Juchitán la empresa eólica del Sur pagó 64 millones de pesos por ambos conceptos -licencia y cambio de uso de suelo-, además pagará un 30 por ciento para reducir las tarifas de energía eléctrica, y se construirán dos parques eólicos.
“Suponemos que negociaron muy bien, no exigieron a la empresa más que lo mínimo, en nuestro municipio hay muchas carencias, y esos 14 millones solo servirán para ciertas cosas, lo más lamentable es que el presidente municipal jamás nos informó, recibió el pago y se quedó callado”, expresó Raúl Toledo Dehesa.
En su visita a México, Léo Heller, Relator Especial para el agua y saneamiento de la ONU, señaló en su informe preliminar al finalizar su estancia: “me preocupa que haya autocomplacencia” porque aunque los funcionarios mexicanos le aportaron estadísticas de que el 94 por ciento de la población tiene acceso al agua potable y 93 por ciento al saneamiento, “esto no se traduce en acceso a los mismos, sino que únicamente reflejan la existencia de alguna infraestructura”.
Al finalizar su visita a México, Heller declaró: “Hay significativas partes de la población para quienes la prestación de servicios de agua y saneamiento es extremadamente limitada o no existente. Incluso dentro de la Ciudad de México, el panorama es sumamente variable e incluye la no disponibilidad de servicios de agua continuos y confiables para la mayoría de la población.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 70 por ciento de la población recibe agua durante menos de 12 horas al día. Algunas comunidades en la Ciudad de México se quejaron conmigo de que a pesar de que hay fuentes de agua adecuadas en sus localidades, el agua está siendo desviada a áreas de alto consumo y áreas de mayor nivel económico, a usuarios en zonas residenciales, comerciales, industriales o turísticas, dejando a los pobladores de las comunidades sin la provisión adecuada, obligados a depender de pipas de agua, manantiales y agua embotellada. Pude conocer que esta situación se repite en muchas otras partes del país”.
El Relator especial para el agua y saneamiento durante su visita del 2 al 12 de mayo visitó distintos lugares de la Ciudad de México que enfrentan enormes retos para abastecerse del vital líquido y a servicios de saneamiento como son Santa María Aztahuacán y Lomas de San Lorenzo en Iztapalapa, la comunidad de San José Obrero en Xochimilco. En el estado de Veracruz, visitó los municipios de Papantla (Emiliano Zapata) y Filomeno Mata. En Chiapas, fue a comunidades en Tuxtla Gutiérrez y en los alrededores de San Cristóbal de las Casas. También estuvo en San José del Rincón en el Estado de México.
En su informe preliminar al concluir la visita, Heller recordó al gobierno mexicano que los derechos humanos al agua potable y al saneamiento significan “que las necesidades domésticas de todos los individuos, familias y comunidades tengan la más alta prioridad entre los diversos usos que puede tener el agua” y, respecto a los asentamientos irregulares, aunque diversos funcionarios argumentaron que proveer servicios de agua y saneamiento a dichas localidades y poblaciones significaría legitimar un asentamiento u ocupación ilegal de la tierra les recordó también “que los derechos humanos al agua y al saneamiento deben ser respetados y promovidos, protegidos y cumplidos para toda la sociedad, sin importar su condición social y económica, ni su situación de vivienda”.
La noche del pasado viernes, representantes de la empresa Eólica del Sur recibieron la licencia de construcción y el cambio de uso de suelo, por parte de las autoridades de este municipio zapoteca, para arrancar la construcción del proyecto eólico Bií niza que proveerá energía al Fomento Económico Mexicano SAB de C.V. (FEMSA) bajo el marco legal del Programa de Autoabastecimiento.
El representante de la empresa, Eduardo Centeno Garza Galindo, hizo entrega de dos cheques por una suma de 65 millones de pesos a la presidenta municipal Gloria Sánchez López, quien a su vez le hizo entrega de estos documentos, en presencia de todos los integrantes del Cabildo y del Consejo Ciudadano.
Además de esta contribución, Garza Galindo reveló que también suscribieron un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para aportar anualmente la cantidad de 4 millones 988 mil pesos hasta la operación del parque, donde se instalarán 132 aerogeneradores.
“Este recurso será aplicado para el apoyo de cada usuario con tarifa residencial o doméstica del municipio de Juchitán”.
Subrayó que este apoyo iba a iniciar originalmente después de terminado el parque, pero en las pláticas con la edil, la empresa decidió adelantar los beneficios.
Los geógrafos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) elaboraron un mapa a petición del Colectivo Geocomunes, para mostrar algunos megaproyectos mineros en la región del Istmo de Tehuantepec.
El mapa se realizó con información de la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano, con la propuesta de presentar, además, un mapa de todo el modelo extractivo para el Istmo de Tehuantepec, con fines didácticos para los ciudadanos y que sirva para los trabajos de concientización a los grupos que luchan por la defensa del territorio, tanto en Ixtepec, Laollaga, Zanatepec y en los puntos donde están situados los proyectos mineros.
El colectivo Geocomunes también ha desarrollado a lo largo de estos últimos años, tres mapas: el primero, sobre el conjunto de megaproyectos en operación o en desarrollo en el Istmo de Tehuantepec (concesiones mineras, parques eólicos, hidroeléctricas, geotérmicas, refinería, gasoductos, autopistas).
El segundo es un mapa cronológico de los parques eólicos en el Istmo y de las empresas a cargo de su operación y un mapa del proyecto minero de la empresa Plata Real (filial de Primero Mining) en Ixtepec y de los bienes comunes amenazados por este proyecto.
En la ciudad de Juchitán, Oaxaca, se estaba llevando a cabo el mes pasado una limpieza en torno a un generador propiedad de Electricité de France. Los trabajadores, que llevaban gafas de seguridad y máscaras, estaban limpiando un lubricante de color cobre que goteaba de la turbina.
Habían envuelto tela alrededor de su base, para absorber más fugas, y rellenaron bolsas de basura plásticas con la tierra y las piedras contaminadas.
Flor, dueña de la tierra donde se encuentra la turbina y que la alquila a EDF, dijo que llegó a la escena tras ser alertada por un vecino. «Era una pestilencia, olía como una especie de aceite quemado o amoníaco», dijo, pidiendo no ser identificada por su apellido por temor a represalias. «Los árboles brillaban de petróleo».
Se ha informado sobre problemas similares a lo largo del istmo de Tehuantepec, uno de los lugares más ventosos del hemisferio occidental.
Si bien las fugas tienen un alcance limitado y probablemente no representen un riesgo inmediato para la salud, parecen malas, y eso es otro dolor de cabeza para los reformadores de energía de México, que buscan aprovechar más las fuentes renovables, en tanto los monopolios estatales se abren al capital privado.
El plan ha tenido éxito en atraer la inversión global, y la energía eólica está consiguiendo su parte, con más de 6 mil 900 millones ya comprometidos. Pero también está provocando todo tipo de oposición local, lo que pronto podría repercutir contra el presidente Enrique Peña Nieto en las urnas.
Las mujeres indígenas zapotecas de Puente Madera, agencia municipal de San Blas Atempa así como los hombres que son campesinos se han unido en la defensa de su tierra y territorio, a ellas nadie las detendrá porque aseguran que defienden su espacio de vida, su lugar de origen de donde obtienen recursos naturales para comer y que ahora se ve amenazado por la construcción de una subestación eléctrica que beneficiará a un parque eólico de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena). Las mujeres aseguran que construir una subestación acabaría con la flora y la fauna de su reserva natural “El Pitayal” y también del Cerro Igu, que es un centro religioso de los zapotecas y que ha sido venerado de generación en generación. Conflictos como la devastación del paraje El Pitayal, la explotación del cerro Igú, el encarcelamiento de sus autoridades comunitarias y la agresión por parte de la autoridad de la cabecera municipal, han fracturado sus dinámicas cotidianas. Su autoridad comunitaria emitió un grito de auxilio y ellas respondieron. Han dejado de cocinar para sus familias, de preparar a sus hijos para la escuela, de limpiar la casa, lavar la ropa o salir a mercar sus productos. Las mujeres de Puente Madera retan la inercia del tiempo y se dividen entre la cocina comunitaria y las guardias en la carretera.
Los terrenos ejidales con que cuenta el Puerto de Salina Cruz representan una oportunidad de negocio para los inversionistas de la zona Económica Especial, que ahí instalará el Gobierno federal.
Los empresarios compran barato las tierras, las cuales multiplicarán su valor al convertise en propiedad privada.
Enrique Alcalá, especialista en bienes raíces, explicó que las empresas compran estos predios a precios bajo debido a su condición de propiedad social, y una vez que los adquieren, los transfieren al régimen de propiedad privada lo que multiplica 10 veces su valor.
Informó que el precio promedio del metro cuadrado de estas tierras oscila entre los 40 y 50 pesos.
“Toda la industria está sobre terrenos ejidales o comunales, nosotros le vendimos a una concesionaria de automóviles bajo este régimen, y después ellos hicieron los trámites para regularizar las tierras, las convirtieron en propiedad privada, y el precio del lugar se elevó considerablemente”, comentó Alcalá, en entrevista.
Organizaciones y redes publicaron su “Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México”, que fueelaborado con motivo de la visita oficial a México de Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento. Además, el 3 de mayo de 2017, se le entregó al Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento Léo Heller, una compilación de 72 fichas de casos de violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en 16 estados. En el informe, las organizaciones hacen mención de la situación actual en Oaxaca y Puebla: “A muy poco tiempo de aprobada la Reforma Energética encontramos casos como la Sierra Norte de Puebla con megaproyectos hidroeléctricos y Juchitán, Oaxaca, con campos eólicos, en los que el gobierno y las empresas han comenzado a violar los derechos de los pueblos afectados. Por ejemplo, en estas comunidades se realizaron “consultas” ya después de que se dieron los permisos, no se respetó el Derecho a la Autodeterminación de los pueblos y la consulta fueron procesos amañados y de simulación”. (…) Y constatan que en las regiones de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Campeche y que en principio no debería de haber problema en que las poblaciones tengan acceso al agua, “son las regiones donde existe la mayor falta de cobertura del agua potable.
Gonzalo Bustillos, integrante del Foro Ecológico Juchiteco señaló que, a medida del crecimiento de los parques eólicos, la desertificación en aquella zona irá creciendo y consecuentemente la pérdida de agua en el subsuelo. Un aerogenerador -explicó- esta sobre base de media hectárea es decir 50 por 50, si hay 2 mil aerogeneradores son al menos mil hectáreas deforestadas. “En esas hectáreas cubiertas por bloques de cemento no va a crecer nada. Hay que considerar también los caminos abiertos para llegar a todos los parques. En la terracería no va a crecer nada ahí”, dijo el activista. Aunque en la medida de mitigación de impacto ambiental se ha establecido la compensación con la siembra de especies, ésta no se ha realizado de manera adecuada, asentó. Según el activista sólo el 1 por ciento de lo reforestado ha logrado sobrevivir. El impacto no ha sido analizado desde aquél punto de vista, ya que cada vez son más los aerogeneradores asentados en el Istmo, pues es en este rubro en donde se han centrado la mayoría de las inversiones.
En una denuncia pública, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) denunció nuevos actuso de hostigamiento hacia defensoras y defensores del territorio en Valles Centrales y acusa que “Fortuna Silver Mines y autoridades municipales quieren callar nuestras voces”. Previa a una reunión regional el día 7 de mayo de 2017, el Presidente Municipal de San José del Progreso Servando Díaz Vásquez, amenazó públicamente a nuestra organización, comunidades de la región y organizaciones civiles, con “no permitir la entrada a la población para la realización de un foro” además instó a la policía estatal y federal a “poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que este próximo 7 de mayo impidan el ingreso de las organizaciones…” de igual forma mencionó “que la postura de las autoridades municipales es no permitir que gente agrupada a estas organizaciones antiminas ingresen a la comunidad… para no generar más derramamientos de sangre”. Por su parte, la COPUVO anima a “construir la hermandad y unidad entre las comunidades y pueblos de Ejutla y Ocotlán, ya que compartimos un mismo territorio y las afectaciones generadas por el proyecto minero, repercutirán en otras comunidades, como ya se ha constatado en los últimos años en la región”
Organizaciones opositoras a la minería en San José del Progreso, Oaxaca, y Acacoyagua, Chiapas, denunciaron acoso e intimidación por parte de las autoridades de sus municipios, en el marco de reuniones para manifestarse en contra de los proyectos mineros en ambas regiones.
La Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) informó que las comunidades de Ejutla y Ocotlán, Oaxaca, habían acordado reunirse en la comunidad de San José del Progreso, donde desde hace ocho años han defendido su territorio frente al proyecto minero “San José”, impulsado por la empresa Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.
Previo a la reunión, el presidente Municipal de San José del Progreso Servando Díaz Vásquez, “amenazó públicamente a nuestra organización, comunidades de la región y organizaciones civiles, con ‘no permitir la entrada a la población para la realización de un foro’”, denunció Copuvo a través de un comunicado.
Además, dice la organización, la autoridad municipal instó a la policía estatal y federal a “poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que el 7 de mayo impidan el ingreso de las organizaciones…” y mencionó “que la postura de las autoridades municipales es no permitir que gente agrupada a estas organizaciones antiminas ingresen a la comunidad… para no generar más derramamientos de sangre”.
En una denuncia pública, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) denunció nuevos actuso de hostigamiento hacia defensoras y defensores del territorio en Valles Centrales y acusa que “Fortuna Silver Mines y autoridades municipales quieren callar nuestras voces”. Previa a una reunión regional el día 7 de mayo de 2017, el Presidente Municipal de San José del Progreso Servando Díaz Vásquez, amenazó públicamente a nuestra organización, comunidades de la región y organizaciones civiles, con “no permitir la entrada a la población para la realización de un foro” además instó a la policía estatal y federal a “poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que este próximo 7 de mayo impidan el ingreso de las organizaciones…” de igual forma mencionó “que la postura de las autoridades municipales es no permitir que gente agrupada a estas organizaciones antiminas ingresen a la comunidad… para no generar más derramamientos de sangre”. Por su parte, la COPUVO anima a “construir la hermandad y unidad entre las comunidades y pueblos de Ejutla y Ocotlán, ya que compartimos un mismo territorio y las afectaciones generadas por el proyecto minero, repercutirán en otras comunidades, como ya se ha constatado en los últimos años en la región”.
Flor S. V. es arrendataria de más de 4 hectáreas de tierras en el parque eólico Bii Stinu, Juchitán, propiedad de la empresa Eólica de Francia (EDF), hace un mes su parcela se contaminó por un derrame que arrojó una turbina por falta de mantenimiento, la empresa no ha querido hacerse responsable; al contrario, por exigir la reparación de daños ha sido amenazada, hostigada y discriminada por directivos. “Nunca me avisaron que mi terreno había sido afectado por hidrocarburo, llegué por sorpresa y vi cómo levantaban bolsas negras de este aceite, que además olía muy mal. Según el dictamen que hizo la empresa ambiental (Tecóatl) que contrató EDF y señaló que solo una pequeña parte se dañó, pero la realidad es que fueron 40 litros de aceite, por eso exijo que paguen un peritaje de mi confianza, que realmente diga cuántos metros contaminó, pero la empresa se niega y está más preocupada en que su aerogenerador funcione”, recalcó. “Las empresas llegan y te pintan todo bonito con sus representantes, te dicen de los beneficios, pero jamás te explican que una torre puede arrojar aceite y contaminar tu parcela, es triste saber que vienen más proyectos a nuestra zona, por eso les recomiendo a los propietarios que lo piensen dos o tres veces antes de firmar y también lean muy bien sus contratos, me he decepcionado de todo esto”
La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua de Ixtacamaxtitlán y el Consejo de la Tierra responsabilizaron a todos los niveles de gobierno de la seguridad y la integridad física de los opositores a la minera amenazados por impedir el acceso a empleados de Almaden Minerals a sus propiedades y de los actos de violencia que pudiera haber contra ellos.
Pobladores de la comunidad de Loma Larga en el municipio de Ixtacamaxtitlán fueron citados por el agente subalterno del Ministerio Público en esta demarcación, después de que bloquearon un camino para evitar el paso de vehículos de la minera Almaden Minerals y su filial minera Gorrión, pues el pasado lunes dos trabajadores invadieron una propiedad privada.
Las organizaciones denunciaron que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnar) ha sido incapaz de solucionar el conflicto derivado de la pretensión de la empresa canadiense de extraer oro y plata en terrenos de la demarcación a pesar de las violaciones a los derechos humanos y las irregularidades en las que ha incurrido.
Aseguraron que pese a no tener permisos Almaden Minerals continuó sus actividades de exploración en las comunidades de Loma Larga y Almeya, durante los meses de febrero y marzo de 2017, circulando por brechas de propiedad privada y, ante esta situación, los dueños y vecinos de la comunidad de Loma Larga se organizaron para taparles el paso pues los caminos se dañan con la circulación de vehículos pesados de la empresa.
La tarde del 1 de Mayo “con amenazas y uso de lenguaje obsceno, los representantes de la empresa minera Almaden Minerals, Alfredo Martínez y Daniel Santa María, intentaron obligar a Ignacio Carmona Cruz, poblador de Loma Larga, para que los dejara circular por una de las brechas que son propiedad privada en esta población… los empleados de la minera se encontraron con Carmona y lo amenazaron para que los dejara pasar”.
Comunidades zapotecas en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, se han mantenido en resistencia contra las concesiones mineras en su mayoría de origen canadiense, a pesar de que las asambleas comunitarias realizadas en diferentes comunidades afectadas por los megaproyectos se han opuesto a la ola de despojos de la tierra y el territorio.
Uno de los aspectos fundamentales que ha atraído a las trasnacionales al Estado de Oaxaca deriva de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), las cuales se han planteado por el Banco Mundial y el Gobierno Federal como “uno de los proyectos con miras a la atracción de inversión privada, con el objetivo de mejorar el bienestar de la población en las regiones”, acompañado de megaproyectos eólicos, minería a cielo abierto, extracción de agua para la fractura hidráulica, extracción de materiales para compañías cementeras, entre otras, no obstante, este hecho desencadenó la oposición de los pobladores oaxaqueños y que en 2017 se reunieran más de 7 mil firmas, así como un amparo colectivo y la creación de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño, ante las consecuencias negativas a la vida de las comunidades, bajo la demanda de la defensa de la madre tierra y el territorio, enfatizan.
La comunidad de Santiago Laollaga, es una de las múltiples comunidades oaxaqueñas que ha mantenido la defensa del manantial ojo de agua de la región ante las transnacionales, sin embargo, la falta de información por parte de las autoridades y de las industrias, han puesto a la población en conflicto tras la defensa de los bienes naturales.
Miembros de las Asambleas General de San Pablo Villa de Mitla y de Tlacolula de Matamoros exigieron a las autoridades municipales, estatales y federales a respetar el acuerdo de cabildo y asambleas para la no instalación de la Octava Región Militar en ambos municipios.
Los ciudadanos mencionaron que es indispensable que las autoridades cumplan con estos acuerdos, argumentando de que tanto los representantes del Gobierno Estatal como Federal pretenden no avalar el resolutivo e iniciar con las nuevas instalaciones.
Roberto Martínez, representante mencionó que en el caso de Villa de Mitla que ya hubo un acuerdo de la autoridad municipal y ejidal, y falta por concretarse a los representantes comunales.
Mientras que en el caso de Tlacolula de Matamoros detalló ya hay un acuerdo entre autoridades y ciudadanos para que no se instale la zona militar, luego que habrá afectaciones en agua, medio ambiente y la generación de aguas residuales y basura.
En este aspecto, mencionaron que serán vigilantes para que no se de revés a la decisión tomada, luego que no descartaron el acercamiento de los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con particulares.
Las concesiones para la extracción de minerales se redujeron en un 26.5 por ciento en el estado de Oaxaca al pasar de 407 a 299 concesiones vigentes, de acuerdo a Neftalí Reyes Méndez, del área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).
El activista detalló que en junio de 2016, EDUCA realizó una Solicitud de Acceso a información Pública con el objetivo de conocer el listado de concesiones mineras en el estado a la Secretaría de Economía (SE).
Esta información, dijo, coincide con los datos generales de la SE en la cual establece que en México disminuyeron las concesiones mineras de 26 mil 71 en 2012 a 25 mil 315 en mayo de 2015.
“La SE, así como otros actores relevantes del tema, informan que esta realidad se debe al desplome del valor de las exportaciones minero metalúrgicas, la Reforma Fiscal de 2014 que en palabras de los productores ‘se ha traducido en un obstáculo para la inversión en el país’, así como “las dificultades para desarrollar proyectos en tierras comunales”.
Neftalí Reyes apuntó que no existen razones claras para establecer los motivos de la cancelación de concesiones en el estado.
Pero cree que podría “tratarse de una estrategia de persuasión de empresas mineras en comunidades que han prohibido la exploración o explotación minera, como en los Valles Centrales, Sierra Norte e Istmo, entre las más importantes”.
Léo Heller, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento, iniciará mañana una visita de 10 días a México, en la que evaluará la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad del agua potable y el saneamiento en el país, con atención particular a las personas más vulnerables como poblaciones indígenas, migrantes y personas en situación de pobreza.
Organizaciones defensoras del Derecho al Agua dieron hoy la bienvenida al experto, de nacionalidad brasileña, y adelantaron que en México “se han aplicado políticas que han promovido el acaparamiento, la privatización y el manejo insustentable del agua, incluyendo la sobreexplotación y la contaminación de los cuerpos de agua”.
En un comunicado, las organizaciones aseveraron que durante sus reuniones con Heller, tratarán de “visibilizar el fracaso de las políticas que el Estado mexicano ha implementado en la materia y que han agudizado las desigualdades sociales”.
En la Ciudad de México, Veracruz y Chiapas, el relator sostendrá reuniones con autoridades, así como representantes de la sociedad civil y comunidades rurales y urbanas.
La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño (APOYO) denunció las amenazas e intimidación hacia el defensor del territorio Rodrigo Flores Peñaloza, en un contexto de trabajo movilizaciones realizadas en defensa de la tierra y el territorio frente a los megaproyectos que el gobierno y las empresas quieren imponer al Istmo de Tehuantepec.
través de un comunicado, expresaron:
Como Articulación “APOYO” estamos muy preocupados por la serie de amenazas que ha recibido a lo largo de este año el compañero Rodrigo Flores Peñaloza, quien es parte de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT). Coincidentemente las últimas amenazas se dan luego de intensas movilizaciones realizadas para la exigencia de castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestro compañero José Alberto Toledo Villalobos. Y del apoyo activo a la defensa del cerro Iguú, llevada adelante por las comunidades indígenas zapoteca de Puente Madera, Rancho Llano y Loma Bonita de San Blas Atempa.
Este clima de amedrentamiento coincide también con la presentación del amparo colectivo por la infraestructura eléctrica a ser construida por CFE, la cual permitirá la instalación de más parques eólicos en nuestro territorio sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado. Esto sin mencionar que el amparo que presentó la Articulacón contra el proyecto de Eólica del Sur, recientemente ha sido atraido por la Suprema Corte, por lo que este proceso jurídico aún no está cerrado.
Como Articulación tomaremos todas las medidas necesarias de apoyo y protección a nuestro compañero Rodrigo Flores, así como también reiteramos firmemente que no dejaremos de lado nuestra lucha en defensa de la tierra y el territorio.
El campamento de mujeres zapotecas de San Blas Atempa sigue firme al igual que el bloqueo que mantienen sus esposos sobre la carretera federal panamericana 190 en el Istmo de Tehuantepec, ha cumplido 30 horas consecutivas y sin solución, su única demanda es que los trabajos de la obra de la subestación eléctrica del parque eólico Sedena se detenga, por que nadie los consulto. Son más de 100 personas los que se concentran en este bloqueo carretero, con piedras y palos impiden el transito vial, son habitantes de Puente Madera, Rancho Llano y Loma Bonita, aseguran que su territorio está en peligro porque donde construyen la sub estación es una zona de reserva comunal llamada “El Pitayal” y que no lo cederán para megaproyectos. Es la segunda vez durante esta semana que el bloqueo se prolonga por más de 30 horas debido a que en las dos reuniones con integrantes de la Secretaria General de Gobierno (Segego) los acuerdos de detener los trabajos de construcción que realiza la empresa Tradeco no se han detenido.
El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” manifiestó su preocupación ante la estrategia implementada por empleados mineros para que los y las campesinas del ejido Ricardo Flores Magón, municipio de Chicomuselo, Chiapas, quienes se oponen a la actividad minera, accedan finalmente a facilitarles el paso a su comunidad. En un comunicado emitido por el Comité, revelaron que el Dr. Alfonso Alarcón se presentó en el ejido y, tras informar que posee concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo que pretende explotar en los próximos meses, ofreció regalos para el Día del Niño y 50 mil pesos para que la el festejo del 10 de mayo “Día de las Madres”, además de la construcción de obras sociales como el agua potable, clínica o el Colegio de Bachilleres entre otros. En su boletín, el comité “manifiesta su preocupación ante la estrategia implementada por empleados mineros para enfrentar a campesinos” y solicita que “se garantice la integridad y seguridad de las personas y colectivos que trabajan en la defensa de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el municipio, estado y país”.
Habitantes de Tlacolula, reiteraron su rechazo a la construcción de una base militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en su comunidad.
Con esta determinación los habitantes de Tlacolula se suman a la negativa de los pueblos de San Mateo Macuilxóchitl, Teotitlán del Valle y la Villa de Mitla, todos en la región de Valles Centrales.
En sesión pública de cabildo, habitantes de Tlacolula y autoridades municipales coincidieron en que la posible edificación de esta base militar no es una necesidad básica ni sumaría al desarrollo de su pueblo, por el contrario podría tener un impacto negativo en el tejido social y el poder de decidir sobre su territorio.
La decisión fue acatada por la autoridad municipal y plasmada de manera oficial ayer miércoles en el acta de sesión de cabildo, encabezada por el presidente municipal, Fausto Díaz Montes.
Antes, durante la asamblea comunitaria celebrada el viernes 21, los habitantes se manifestaron en contra argumentando afectaciones a su vida comunitaria y denunciaron la presencia de personas vinculadas a la zona militar del estado de Oaxaca, quienes aseguraron, se han reunido con autoridades municipales, campesinos y personas propietarias de terrenos con el objetivo de adquirirlos para la construcción de dicha base militar.
De acuerdo con organizaciones integrantes de la Red de Esfuerzos en Defensa del Territorio, este proyecto de la nueva base militar, que ha sido rechazado en estos pueblos zapotecas, podría desatar la violencia y la represión en las comunidades que resuelvan defender su espacio territorial.
La pretensión señalaron, es la militarización de la región para facilitar la instalación y desarrollo de la industria extractiva y energética en esa zona. La Red tiene contabilizada hasta ahora 39 concesiones mineras distribuidas a los largo y ancho de este distrito, más otras 7 que por su colindancia y extensión ocupan parte del distrito.
Aunado a esto, precisaron, se encuentra la instalación de torres eléctricas de alta tensión para el proyecto energético Ixtepec – Yautepec Morelos.
De acuerdo a la conferencia de prensa ofrecida hoy, por los propietarios de tierras donde se encuentra asentado este parque eólico y que lleva aproximadamente 19 días de bloqueo en su acceso, Bi hioxo no ha cumplido con los acuerdos firmados con los dueños de las tierras.
Según Eduardo Jiménez y Juana Sánchez Carrasco como representante de los propietarios de las tierras, ellos demandan a la empresa 4 puntos específicos en esta lucha que tiene más de 19 días de bloqueo y que por ello la empresa ha criminalizado su manifestación a pesar de no cumplir con los acuerdos previamente firmados con anterioridad, pende sobre ellos ordenes de aprensión y acusaciones de extorción.
Por estos 19 días de inconformidad la empresa no ha cubierto el pago de trimestre que les corresponde, jineteado el dinero a la más vieja usanza de los agiotistas de antaño.
Eduardo Jiménez y Juana Sánchez refieren que el los 4 puntos han solicitado a la empresa:
1. El cerdo de sus propiedades de acuerdo al convenio firmado con anterioridad, que los trabajos de cercado lo lleven a cabo los mismos propietarios, quienes conocen y saben de estas actividades, qe en el cercado de las propiedades se debe de hacer de manera general, sin embargo la empresa insiste que solo cambiara los postes podridos y que traerá a compañías foranes para llevar a cabo este trabajo.
2. Solicitan el aumento de los apoyos hacia los propietarios debido a que de manera compensativa reciben la cantidad de 10 mil pesos al estilo de las tiendas de raya del viejo porfirismo, la empresa les entrega un vale equivalente a esa cantidad que van a cambiar por especies, cabe señalar que los lugares donde son canjeables los vales son definidas y determinadas por la misma empresa eólica.
3. La seguridad se supone que debieron de contrata a los hijos de los propietarios de la tierra, esta contratación se lleva a cabo pero no les pagan las horas extras que realizan los trabajadores, quienes exceden sus horarios normales de jornada laboral, por lo que solicitan una revisión a este tema.
4. Exigen el pago del trimestre que debido a este problema de inconformidad de los propietarios de la tierra no se les ha pagado.
Indígenas zapotecas de las agencias municipales de San Blas Atempa reactivaron el bloqueo carretero sobre la vía federal 190 a la altura de Puente Madera para exigir se detengan los trabajos de construcción de la obra de subestación eléctrica que realiza la empresa Tradeco y que beneficiará al parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los campesinos y mujeres retiraron los palos, piedras y su campamento que habían mantenido durante dos días la tarde del martes después de una reunión con integrantes de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Segego) que acordaron detener los trabajos de obra y con ello iniciar una mesa de dialogo este jueves en la capital oaxaqueña.
“No nos cumplieron por tercera vez el gobierno de Oaxaca nos mintió, ayer por la tarde acordamos que los trabajos de construcción se iban a detener este miércoles, pero cual va siendo nuestra sorpresa que continúan, así no se puede dialogar, nosotros pusimos nuestra parte, pero la Segego no cumplió”, indicaron.
El agente municipal de Puente Madera, David Hernández Salazar, recalcó que la única petición de las agencias municipales es que se detengan los trabajos y se consulte al pueblo mediante el convenio 169 de la OIT, porque aseguró en ningún momento el presidente Comisariado de Bienes Comunales de San Blas Atempa, Inocencio Patiño Esteva, les informó al respecto.
Los opositores a la obra de la subestación señalan que en este espacio es una reserva natural que por tradición acuden campesinos a realizar la caza de animales silvestre y cortan leña que sus esposas ocupan para realizar sus alimentos, todo de modo sustentable, pero que ahora se ve amenazado por la entrada y salida de grandes camiones de carga.
“Se está destruyendo un sitio sagrado del pueblo zapoteca, no es cualquier cosa, hacemos un llamado a las autoridades y también a la sociedad en general a que conozca el ecocidio que se está haciendo, pedimos respeto a nuestra voluntad, que nos escuchen, que nos entiendan, estamos luchando por nuestra casa, por nuestra vida y por la tierra”
La Minera Gavilán, propiedad del grupo canadiense Almadén Minerals, insiste en realizar su proyecto en Actopan, ofrece dádivas a pobladores, por ejemplo 150 pesos diarios por permitir estar en sus terrenos, les engaña y les amenaza para poder realizar la mina a cielo abierto El Cobre; sin embargo, el pueblo la rechaza. «La minera desde siempre, desde que llegó allí, tuvo su discurso de que queramos o no, ellos se van a quedar, esa es una coacción, una manera de amedrentar, una manera de fortalecerse con sus mentiras, con sus discursos de prosperidad, pero tenemos plena conciencia de que la prosperidad sólo sería para la empresa y el grupo financiero, de particulares, porque ni el mismo gobierno tendría un beneficio», afirmó Ascención Sánchez Vázquez habitante de la comunidad de Los Baños. La empresa sigue avanzando con los barrenos y está por la parte norte de la región, a 50 km de Xalapa. Guillermo Rodríguez Curiel, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa ambiental (Lavida) indicó que “estas minas representan alto riesgo, ya que se ubican a escasos kilómetros (entre 2 y 3) de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, y es zona de sismicidad, misma que sería estimulada con las microexplosiones provocadas por las mineras al trabajar para la extracción de oro».
Rosalba López Jiménez y más de 50 mujeres indígenas zapotecas de las agencias municipales de San Blas Atempa son defensoras de su tierra y territorio, junto con sus esposos, que son campesinos cumplieron más de 30 horas de bloquear la carretera federal panamericana 190 a la altura de la comunidad de Puente Madera, exigen que se detengan las obras de construcción de la subestación para el parque eólico de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
Las mujeres no se han ido a dormir, ahí preparan comida y cuidan a sus hijos, son artesanas, elaboran totopos, que son tortillas hechas a mano en una olla de barro bajo la tierra, aseguran que se oponen a que destruyan su espacio de vida, que es una reserva natural llamada “El Pitayal” y que se ubica en los terrenos comunales de su localidad.
Con piedras, palos y enormes lonas impiden el paso a todo vehículo y camiones, aseguraron que el gobierno de Oaxaca y también comisariado de bienes comunales Inocencio Patiño Cristóbal, no acataron una minuta pactada el pasado 12 de abril en la cual acordaron detener la obra de construcción que realiza la empresa Tradeco y realizar una consulta mediante una asamblea.
Rosalba López Jiménez aseguró que su defensa es por la vida, en el Pitayal sus maridos recogen leña y practican la cacería de animales silvestres de modo sustentable para comer.
“No queremos que nuestra vida cambie, nosotras queremos vivir libres, esta sub estación y los ventiladores no nos traerán beneficios, a nosotros nadie nos preguntó si queríamos que llegaran, simplemente se pusieron y listo, pedimos que se vayan”.
En ese sentido, ambas partes se comprometieron a restablecer la armonía y la paz social, buscando siempre privilegiar la vía del diálogo y evitar que se obstaculicen los trabajos de la empresa y de las vías de comunicación.
La comisión representativa de la empresa, integrada por Víctor Tamayo Galindo y Rafael Cacho López, se comprometió a no ejercer ninguna acción jurídica contra los ejidatarios que participaron en el bloqueo del parque eólico Cinco Palmas por más de dos meses.
Por parte de los ejidatarios, estuvieron presentes en la reunión y firmaron la minuta: Osmar Escobar Santiago, José Abel Manuel Carrasco, Benigno Antonio Santiago, Johana Gutiérrez Santos y Gorgonio Carrasco Santos.
Según los datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) existen 35 conflictos activos en México y 653 lugares contaminados por actividades mineras. Pero Oaxaca es considerada como un “hervidero de conflictos agrarios, mineros, electorales, indígenas, estudiantiles” (Rodríguez y Matías, 2016).
Este estado al sur de México acumula los 35 proyectos mineros y energéticos, convirtiéndolo en la entidad más conflictiva del país. Pero… ¿Qué hace a Oaxaca tan vulnerable para acumular en 93 793 km² la mayor cantidad de conflictos en un sólo estado?
Especialistas, como Miguel Ángel Vázques de la Rosa, del comité directivo de la organización civil Educa, considera que el origen de estos conflictos reside en “la falta de reconocimiento a los derechos indígenas y a la ausencia de garantías que configuran un escenario de confrontación, gestando conflictos en las comunidades afectando a los pueblos y la gobernabilidad democrática”.
Esta situación se agravó con el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pues incrementó la cantidad de fraudes y robos a ciertos sectores de la población; con reformas estructurales complejas que no se enfocan en las necesidades de sus comunidades ni en las de la biodiversidad de la región; y el impacto de proyectos energéticos que han resultado devastadores e incrementado la desigualdad, tales como el de la refinería Salina Cruz, los parques eólicos y las minas.
Los datos de Educa reflejan que en Oaxaca hay 35 proyectos mineros en activo, 407 concesiones mineras que aún no se explotan, medio centenar de proyectos hidroeléctricos en etapa de estudios y parques eólicos que saturan el Istmo de Tehuantepec. De hecho, es esta región en Oaxaca en donde se ubica la mayor parte de los proyectos energéticos y concesiones mineras, y por tanto de operativos policiacos.
Frente a esta situación, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio López Sánchez ha promovido la reforma Ley Minera para incorporal el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad como requisito indispensable para otorgar concesiones mineras en territorios de pueblos indígenas.
Para él, para enfrentar la conflictividad, es fundamental incorporar el consentimiento de las comunidades indígenas antes de que las minas operen en sus territorios. Pues incluso es una medida preventiva de denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos relacionados con la destrucción de la biodiversidad, el agotamiento de mantos acuíferos, despojo de tierras y desplazamiento forzado de los habitantes.
La oposición al establecimiento del nuevo cuartel general fue articulada por un grupo de ciudadanos preocupados por las eventuales afectaciones que originaría la edificación de un cuartel para cinco mil soldados y un hospital de tercer nivel en una superficie de 320 hectáreas, especialmente, el rompimiento del tejido social, la escasez de agua y la contaminación por aguas residuales.
El munícipe dijo que el acuerdo surgió de común acuerdo de la autoridad y de la población en una asamblea general, celebrada el domingo pasado en la Villa de Mitla, después de escuchar las opiniones de colonos, grupos de comerciantes, mercado de abasto, mercado de artesanías, taxistas, mototaxistas y diferentes sectores de la población.
El coordinador del Área de Justicia Internacional de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC), Juan Antonio López, consideró que en México prevalece la impunidad contra las comunidades indígenas que defienden sus derechos a la tierra, el territorio y los bienes naturales ante la industria eólica en México.
Entrevistado vía telefónica desde sus oficinas en la capital del país, informó que después de un año y ocho meses de dilación, el Sexto Juzgado de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, emitió una sentencia que niega el acceso a la justicia para la comunidad indígena zapoteca de Juchitán.
Interponen amparo
La comunidad, por medio de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), interpuso un amparo en agosto de 2015 por violaciones a los principios del derecho a la consulta realizada en Juchitán, para la instalación del proyecto de Eólica del Sur en tierras de Juchitán de Zaragoza y El Espinal.
El amparo se presentó por el cierre de la primera consulta indígena que se llevó a cabo en México, en el marco de la reforma energética. Ésta se realizó en Juchitán en 2014, a través de la Secretaría de Energía (SENER).
Este proceso fue documentado por la Misión de Observación (MO), integrada por varias organizaciones, incluida el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), quienes reportaron distintas violaciones al derecho a la consulta libre, previa e informada.
El representante común de la resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica en Chahuites, José Alberto Toledo Villalobos, fue asesinado el pasado fin de semana, denunció la organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo de Tehuantepec (Apoyo).
El defensor de los derechos humanos y también de la tierra y territorio contra las altas tarifas y minería en la localidad de San Pedro Tapanatepec, fue agredido a golpes el pasado sábado 8 de abril, alrededor de las 20:00 horas en el tramo carretero entre la colonia San José y la gasolinera de Tapanatepec y falleció un día después en el Hospital de Juchitán.
El cuerpo presentaba múltiples huellas de golpes y contusiones en la cara, mientras que el moto taxi número 13 de la Unión de Mototaxis 12 de octubre de Chahuites, se encontraba destruido totalmente.
Integrantes de Apoyo denunciaron que Toledo Villalobos, quien pertenecía a la Red Nacional de Resistencia Civil, llegó a recibir amenazas de muerte y advertencias de que dejará de exigir bajas tarifas de energía eléctrica.
Según versiones, el defensor fue atacado por varias personas hasta dejarlo en estado de gravedad, razón por la que ingresó al hospital básico comunitario de Tapanatepec, sin que se le brindara la atención médica adecuada y finalmente lo trasladaron al Hospital General de Juchitán donde falleció.
Precisaron que Toledo Villalobos, era el representante común de los compañeros que se encuentran en resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica en Chahuites, además era un acérrimo defensor del territorio contra la mineras que se piensan instalar en esa zona oriente de la región del Istmo.
Durante el mes de febrero, integrantes de Apoyo de Tapanatepec, Zanatepec y Chahuites realizaron diversas acciones de resistencia contra la CFE, porque la superintendencia de la Zona Istmo no estaba respetando los acuerdos nacionales, entre la Red Nacional y la paraestatal.
Al menos 32 concesiones de explotación minera amenazan la tierra y el territorio de comunidades indígenas de Oaxaca, advirtieron integrantes de organizaciones agrupadas en el movimiento nacional en Defensa del la Madre Tierra y el Territorio.
En el marco de la clausura de la primera etapa de la campaña en la que están sumados 180 comunidades de todo el país, Rosalinda Dionicio, vocera de la campaña nacional e integrante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), señaló que estas concesiones fueron otorgadas sin el consentimiento de los pueblos en donde se pretenden hacer exploraciones.
“No tenemos un mapa en donde se diga qué puntos serán afectados. Hemos impulsado en conseguir la información porque el gobierno no lo da. Para poder conseguir la información del proyecto Monte Albán 1 pasaron 4 años”, expuso.
Antes, las organizaciones integrantes en el cierre de la campaña nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, demandaron la cancelación de todos los proyectos que transgreden los derechos de los pueblos, comunidades y barrios, como son -dijeron- los parques eólicos.
La comunidad de Magdalena Teitipac decidió iniciar una lucha contra la empresa minera que dividió a la población entre dos grupos quienes se manifestaban a favor y en contra, con incidentes de violencia y con un saldo de 40 personas que afrontan órdenes de aprehensión.
“En el 2009, algunos protestaron. No hubo una consulta previa ni información al pueblo, un año después empezaron a abrir brechas, los animales murieron y lo que más encabronó a las mujeres es que el agua que usaban para la elaboración de tortillas – una de las principales actividades económicas – estaba contaminada”, relata Fernando Martínez Molina, ex tesorero del Comisariado de Bienes Comunales. (…)
En febrero de 2013, la Asamblea General de Magdalena Teitipac tomó la determinación de expulsar de su territorio a la empresa minera Plata Real S. de R.L. de C.V, debido a que sus actividades provocaron contaminación al medio ambiente y al agua, generaron divisiones al interior de la comunidad, así como diversos problemas con sus autoridades locales, asegura Neftalí Reyes
En esta misma fecha la Asamblea nombra al Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac. A mediados del año, en julio de 2013, la empresa minera Plata Real retiró toda su maquinaria en presencia de las autoridades municipales, el Consejo de Ancianos y el Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac.
Al mes siguiente, dice el integrante de Educa, el Municipal en Sesión Solemne de Cabildo realizó la Declaratoria de Territorio Prohibido para la Minería, en presencia de 12 comunidades del distrito de Tlacolula.
Unión Hidalgo, Oax. Guadalupe, Isabel y Rosario son mujeres indígenas zapotecas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente; no son sumisas y tampoco débiles. Al contrario, salen a la calle y defienden sus saberes comunitarios ante los megaproyectos instalados en el Istmo de Tehuantepec. No ha sido fácil porque han sufrido hostigamiento, discriminación y en algunos casos agresiones verbales y sicológicas.
La entidad oaxaqueña, según el Informe (2016) de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ocupa el primer lugar en agresiones a mujeres defensoras indígenas. Del 2012 al 2016 fueron 648 agresiones contra mujeres que defienden su territorialidad.
En esta zona oaxaqueña existen 21 parques eólicos en seis municipios (Juchitán, Ingenio Santo Domingo, Ixtaltepec, Unión Hidalgo, El Espinal y Juchitán) en los cuales están instalados mil 608 aerogeneradores con una inversión de 4 mil 318 millones de dólares que ha posicionado al estado de Oaxaca como uno de los mayores complejos de energía renovable no sólo en el país, sino en todo el Continente Americano.
Norma Cacho, coordinadora de procesos organizativos de Prodesc A. C. compartió que las mujeres defensoras al salir de sus casas y protestar, de manera automática la sociedad las desacredita y sufren violencia, principalmente la de tipo sexual por su condición de género.
La especialista en temas de territorialidad explicó que nada es casualidad que Oaxaca ocupe el primer lugar de agresiones, al igual que Guerrero y Chiapas. Precisamente por que en estos tres estados de la República mexicana se encuentra la mayor cantidad de recursos naturales y la mayor cantidad de megaproyectos que tienen que ver con la territorialidad.
“La situación no es nada fácil para las mujeres defensoras, por eso desde nuestra agrupación le damos el acompañamiento. Recientemente el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció nuevos proyectos: más parques eólicos por lo que el escenario se mira más conflictivo”, expresó.
Resaltó que la defensa de la mujer va más allá de su medio ambiente y su territorio; ellas buscan que ese espacio dador de vida siga fértil y firme para sus descendientes.
“La mujer que lucha propone alternativas por eso están denunciando y por eso están siendo perseguidas”. El Centro de Derecho Mexicano Ambiental (CDMA) en su informe del año pasado dio a conocer que las y los defensores oaxaqueños se encuentran en una de las entidades federativas con los números más altos de agresiones a defensores ammbientales con 35 casos de un total de 86 registrados en todo el país.
Las agresiones más recurrentes para las y los defensores mexicanos en 2016 fueron las amenazas las cuales representaron un 24%, seguidas de la intimidación con un 19%; la criminalización en un 18% y las agresiones físicas se presentaron en un 15%. Otras agresiones registradas fueron el hostigamiento con 11%, la difamación con 6%, la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo, en un dos por ciento cada uno. Sólo se registró un caso de homicidio.
Por su parte, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha identificado la misma tendencia sobre el gran número de casos en que los agresores son autoridades del Estado, pues señala como probables agresores de las personas defensoras de derechos humanos beneficiarias en el periodo de octubre de 2012 a junio de 2016 a 71 servidores públicos; 55 particulares y 66 como no identificados.
La mujer y la defensa de su tierra
Guadalupe Ramírez es integrante del Comité de Resistencia del Proyecto Eólico de Piedra Larga e Isabel Jiménez de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPJ) llevan más de cinco años en la resistencia contra los parques eólicos mientras que Rosario Castellanos originaria de Unión Hidalgo hace apenas unos meses se integró a la concientización social y las tres señalan que los parques eólicos instalados lejos de dejar beneficios han causado divisiones sociales y lo más lamentable se han olvidado de preservar los saberes comunitarios.
Coinciden que ser mujer hoy en día es difícil y más aún ser mujer defensora de la tierra y el territorio porque no está alejada de la violencia, al contrario se ha acrecentado y existe un estigma sobre aquella que deja su casa y sale a manifestarse porque se le discrimina y señala.
Isabel Jiménez se dedica a la elaboración de medicina tradicional desde ha ce 30 años, su vida era colectar flores y plantas del campo, cuando se integró a la lucha de la defensa del medio ambiente todo cambió, sufrió persecución y hostigamiento, no sale sola de su casa, ya no va a su parcela por que teme a que la maten.
“No podemos permanecer callados ante tanta injusticia, es nuestra vida la que esta en juego, mi familia me ruega que deje todo, pero les explico que lo hacemos porque queremos un mejor futuro, queremos que nuestra tierra sea de gente productiva y que ame su cultura, sus sabores y sus olores, no de un pueblo entreguista al mayor postor”, expresó.
La resistencia de Isabel y su agrupación es la consulta indígena que se realizó la Secretaria de Energía en Juchitán en el 2015, interpusieron un amparo para que se anule porque aseguran violó todo lo estipulado en el convenio 169 de la OIT porque no fue previa, libre y tampoco culturalmente adecuada porque no se respetaron los usos y costumbres de la comunidad, tales como la lengua zapoteca y los tiempos comunitarios; no se tomaron en cuenta a las autoridades de la comunidad y la información se presentó en un lenguaje excesivamente técnico.
Carlos Beas Torres, asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) relató que Benjamín Juárez José, el presidente suplente de Ucizoni, fue detenido por policías municipales y con violencia fue subido a una patrulla y trasladado esposado a los separos municipales en donde falleció. Dijo que el ayuntamiento de Matías Romero trató de ocultar lo ocurrido y traslado el cuerpo del líder al Hospital del IMSS-Prospera, y declarando que iba vivo; sin embargo según reporte de la unidad médica ya había fallecido una hora antes. “Exigimos justicia ante la muerte de nuestro líder, estamos en espera de la necropsia de ley, sin embargo ha simple vista se ven hematomas en la cabeza y una herida en la frente de Benjamín”.
Las y los sembradores del agua, campesinos indígenas zapotecos que han asumido la responsabilidad, planeando y construyendo, colectivamente, sus obras de captación de agua de lluvia, para asegurar la reproducción de su economía agrícola, afectada por políticas irresponsables, inconsultas y violatorias de los derechos de los pueblos indígenas por parte de los gobiernos federal y estatal.
La escasez de agua en los valles centrales no proviene de un uso irracional por parte de las comunidades indígenas. Fue el gobierno federal la instancia que desecó las ciénagas de la región, con la justificación de ampliar la tierra disponible para campos de cultivo, perdiéndose, de esta manera, la humedad del suelo, y produciéndose una baja considerable del nivel de los pozos, de tal forma que para el año 2005 se enfrentaba una grave sequía en el territorio.
Por ello, el gobierno federal, hizo efectivo un decreto de veda de agua subterránea para los valles centrales, expedido en 1967 por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, mediante el cual se impide el libre aprovechamiento de los pozos agrícolas si no se cuenta con un título de concesión que otorga la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Esta trama burocrática se aplica en comunidades campesinas de bajísimos ingresos, que por esta vía se les limita su acceso al agua necesaria para sus cultivos, generando un círculo perverso en el que se ven afectados los requerimientos básicos para contar con alimentación y recursos económicos.
El decreto veda, las concesiones y los criterios de renovación y los altos costos por la energía eléctrica que impactan de manera directa a la agricultura, forzando el abandono de la misma, provocando la migración y afectando con ello la vida y la reproducción de las comunidades campesinas zapotecas.
Es en este contexto, las comunidades decidieron organizarse por medio de Copuda, contando con la asesoría jurídica para la lucha legal. Estas organizaciones demandaron formalmente a la Conagua en el año 2011, que realizara un proceso de revisión y posible modificación del decreto de veda.
A partir de entonces, la solicitud de revisión y suspensión del decreto entró a los tribunales competentes, sobre la base de que dicho decreto violenta el derecho a la consulta, libre, previa e informada, así como el derecho preferente para el uso y aprovechamiento del agua.
El proceso de consulta a estas comunidades empezó en agosto de 2015 y tiene cinco fases. A partir del 8 de febrero de 2017, la consulta ha entrado en su tercera etapa, la cual es clave porque involucra reuniones y asambleas en las que la Coordinadora presentará a la Conagua sus propuestas.
La entrada en operación las Zonas Económicas Espéciales (ZEE) proyecto del Presidente de la República, deberá ser una oportunidad para conjugar esfuerzos por el progreso de la región.
Empresarios emprendedores y consolidados de origen oaxaqueño han mostrado su optimismo y le apuestan al desarrollo del Ismo, invirtiendo capital en equipo y maquinaria para que de manera conjunta con las autoridades municipales y estatales, se sumen a esta tarea.
“En ese mismo sentido, todos los sectores debemos de poner lo que esté de nuestra parte para trabajar juntos y salgamos adelante”, así lo aseguró, Luis Manuel Solada Acevedo, representante de la compañía Solana Ingenieros, S. A. de C. V.
Sostuvo que la compañía Solana Ingenieros es una empresa oaxaqueña seria, legalmente constituida, con experiencia en la construcción de naves industriales, calles y carreteras.
“La gente de la región istmeña es trabajadora; de ahí que la mano de obra será aprovechada para generar mayor número de empleos cubriendo el salario vigente así como las prestaciones de ley”, aseguró.
“Sabemos que hay muchos conflictos de intereses pero las autoridades municipales deberán apoyar para crear fuentes de empleo y que haya empleo para todos”, reiteró.
Por su parte, el gerente general de Solana Ingenieros, Francisco Javier Acevedo Cruz, añadió que su representada ha trabajado para el gobierno federal, estatal y municipal en el sureste de nuestro país, por lo que tiene una vasta experiencia en el ramo. Además -dijo- está afiliada a la Cámara Empresarial Mexicana de Ingeniería y Construcción.
En cuanto al Istmo -en donde seguramente- ahora será más atractivo por ser parte de las Zonas Económicas Especiales, “todos debemos conjugar esfuerzos por el progreso de la región, para que los recursos aterricen en beneficio de las comunidades”, recalcó.
Pese a las presiones para que la comunidad zapoteca “donara” 34 hectáreas de tierras comunales para instalar una base militar y un hospital de especialidades castrense, a cambio de otorgarles concesiones de taxis, la población rechazó la oferta de la Sedena, confirmó la Red de Esfuerzos Defensa del Territorio (REDT).
La “donación” que pedía la Sedena era a cambio de una concesión de taxis para los dueños de los terrenos que ocuparía, pero la asamblea comunitaria de Macuilxóchitl lo analizó y decidió rechazar la propuesta, ya que sólo se beneficiaría a unos cuantos y no a toda la comunidad.
Y es que en el distrito de Tlacolula se tiene contabilizadas hasta ahora 39 concesiones mineras distribuidas a lo largo y ancho de este territorio, así como otras siete en su colindancia.
Aunado a esto se encuentra la instalación de torres eléctricas de alta tensión para el proyecto energético “Ixtepec-Yautepec Morelos”.
“Comprendemos así la urgencia del Estado para tener el control de un territorio sumamente concesionado para megaproyectos que, junto con empresas extranjeras y nacionales, tiene planeado para las regiones de Oaxaca”, sostuvo el Colectivo Quiyehuixitao de San Mateo Macuilxóchitl.
La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) demanda a la Secretaria de Gobierno Federal con cede en Oaxaca, a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; a la Secretaria de Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación; a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Estatal del Agua y a la Secretaria de Asuntos Indígenas respetar el protocolo de consulta a 16 pueblos zapotecos de los valles centrales de Oaxaca estando presentes el 29 de marzo para la reunión de seguimiento a la propuesta de levantamiento del decreto de veda en la micro-región Xinizaa entregada el 8 de febrero en el marco del inicio de la cuarta etapa de la consulta indígena.
El día 8 de febrero de 2017 inició la etapa consultiva, donde las 16 comunidades entregaron una propuesta de uso y cuidado comunitario del agua Xinizaa (Nuestra Agua). CONAGUA recibió la propuesta y quedó formalmente en dar una respuesta el día 29 de marzo del 2017.
56 días cumplió el bloqueo en el parque eólico “5 palmas” propiedad de la empresa Eólica de Francia (EDF) en el municipio de Santo Domingo Ingenio que encabezan propietarios de tierras, lo que ha ocasionado que más del 50 por ciento de turbinas eólicas, es decir 52 torres de un total de 80 instalados se encuentren fuera de servicio.
Los ejidatarios comenzaron su manifestación el pasado 21 de febrero, exigen a la empresa un bono “antibloqueo” de 30 mil pesos para cada uno de los 214 arrendatarios, sin embargo la empresa se opone, pues aseguró no contempla esta clausula en el contrato pactado.
l gerente regional de EDF, Rafael Cacho López informó que hasta el momento no hay acuerdos con los manifestantes a pesar de que la Secretaria General de Gobierno de Oaxaca (Segego) ha intervenido.
“Este martes se ha convocado por tercer a vez a una reunión en las oficinas de la Segego, los manifestantes no han asistido en dos ocasiones, tenemos la esperanza de lleguen y podamos acordar levantar la toma del parque eólico, el cual nos ha dejado perdidas millonarias”, expresó.
Los modos de vida de los Pueblos asentados en la cuenca del Río Verde hoy por hoy son una esperanza, la fiesta, la organización comunitaria, la lengua, la comida, el maíz, el agua son los elementos que dan fortaleza a la defensa del territorio. Los lazos de solidaridad se expresaron en las luchas contra el proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina en Oaxaca y el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco en Panamá. En cada visita, en cada dialogo se animaron los corazones, se animaron las resistencias, se confirma que la comunalidad es vida en los Pueblos de Oaxaca. En esta jornada de diálogos interculturales, las y los integrantes del COPUDEVER fueron anfitriones de invitadas e invitados de Panamá, Brasil y México, así como de las organizaciones EDUCA, La Ventana, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas (MAPDER), La Red Latinoamericana por la Defensa de los Ríos y el Movimiento Mesoamericano Alternativas al Capitalismo (MAPCA).
Habitantes de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo presentaron un amparo en los juzgados de distrito de Salina Cruz, ante la posibilidad de que las autoridades federales, estatales y municipales otorguen concesiones para la instalación de nuevos proyectos eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec.
Juan Antonio López, coordinador del Área de Justicia Trasnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), dio a conocer lo anterior para enseguida anotar que decidieron interponer este recurso legal con base en documentación de hechos que han ocurrido en la localidad, así como por recientes declaraciones de autoridades estatales y municipales respecto de la instalación de nuevos proyectos eólicos.
Los indígenas zapotecas de Unión Hidalgo exigen en un pronunciamiento que las autoridades respeten su derecho al consentimiento libre, previo e informado, y a que se le consulte antes de otorgar cualquier concesión para construir parques eólicos, pues lo único que han generado estos proyectos son graves violaciones a sus derechos humanos.
Las empresas eólicas Eléctrica del Valle de México (subsidiaria de Électricité de France); Gamesa y Eólica Unión, ambas de origen español, pretenden instalarse en la comunidad zapoteca Unión Hidalgo, ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, sin consulta de los habitantes de esas tierras.
Los comuneros presentaron un amparo en los juzgados del Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, ante la posibilidad de que las autoridades federales, estatales y municipales otorguen concesiones para la instalación de nuevos proyectos eólicos en la región.
El mecanismo jurídico pretende hacer valer el derecho de la comunidad indígena para que se le respete su derecho al consentimiento libre, previo e informado y a que se les consulte antes de otorgar cualquier concesión para la construcción de estos megaproyectos.
En los últimos años, el incremento de parques eólicos en la región ha representado un aumento a las violaciones de los derechos humanos de las comunidades que habitan en la zona, tales como el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. A la par, se han registrado casos de hostigamientos y amenazas en contra de las comunidades. A esto se suma la falta de cumplimiento por parte de las autoridades para garantizar la protección de la comunidad.
El diseño y planeación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) no sólo quedó a cargo de consultoras privadas y vinculadas con empresas beneficiadas por la Reforma Energética, como Evercore Partners, de Pedro Aspe Armella.
También, de acuerdo acuerdo con la agrupación Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), esta nueva política del Gobierno federal anunciada como medio para “democratizar la productividad” en zonas de marginación económica, como el Itsmo de Tehuantepec, es un endurecimiento del modelo extractivista y un paso adelante en la privatización del territorio mexicano.
Estas zonas son: la del Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye municipios vecinos de Michoacán y Guerrero; la del Corredor del Istmo de Tehuantepec, que incluirá los polos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, y la de Puerto Chiapas, en Chiapas.
Los diálogos interculturales por la defensa del territorio cerraron su intenso recorrido a lo largo del Río Verde en la Costa de Oaxaca. Las experiencias que se compartieron dejaron evidentes las afectaciones de los proyectos hidroeléctricos y la política hídrica en México, Panamá en contra de los Pueblos y los Territorios. Los modos de vida de los Pueblos asentados en la cuenca del Río Verde hoy por hoy son una esperanza, la fiesta, la organización comunitaria, la lengua, la comida, el maíz, el agua son los elementos que dan fortaleza a la defensa del territorio. Los lazos de solidaridad se expresaron en las luchas contra el proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina en Oaxaca y el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco en Panamá. En cada visita, en cada dialogo se animaron los corazones, se animaron las resistencias, se confirma que la comunalidad es vida en los Pueblos de Oaxaca. En esta jornada de diálogos interculturales, las y los integrantes del COPUDEVER fueron anfitriones de invitadas e invitados de Panamá, Brasil y México, así como de las organizaciones EDUCA, La Ventana, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas (MAPDER), La Red Latinoamericana por la Defensa de los Ríos y el Movimiento Mesoamericano Alternativas al Capitalismo (MAPCA).
Las organizaciones y pueblos que integran la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en la Defensa del Territorio (APOYO) denuncian las agresiones que sufrió el excomisariado de bienes comunales Juan Luis Arrona, por defender las tierras comunales de Ixtepec: “El día de ayer domingo 12 de marzo en Ixtepec, un grupo de aproximadamente 50 personas, entre comuneros y avecindados, liderados por German Rosado Valencia, presunto presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ixtepec, llegaron de forma violenta con gritos de intimidación y amenazas al domicilio particular de Juan Luis Arrona (expresidente del Comisariado). La comuna de Ixtepec se encuentra en una situación ilegal, porque el Comisariado enfrenta un juicio de nulidad de elección (…). Este acto violento de intimidación sufrido por el expresidente de Bienes Comunales Juan Luis Arrona, es por su activa participación en el rechazo al proyecto minero en esta comunidad en 2013, cuando fue representante comunal, así como a su negativa a la entregaran de las tierras comunales de Ixtepec a CFE, para proyectos eólicos y mineros de empresas trasnacionales. Desde que el impugnado Germán Rosado asumió el cargo, se ha dado a la tarea de entregar tierras comunales de Ixtepec a CFE para la construcción de líneas de transmisión, una subestación y parques eólicos”.
Hoy hace cinco años, el 15 de marzo de 2012, fue asesinado el defensor comunitario Bernardo Vásquez Sánchez por su oposición a la implementación del proyecto minero “San José”, en San José del Progreso, Oaxaca. El asesinato de Bernardo, portavoz de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), fue presuntamente operado por la compañía minera Fortuna Silver Mines y las autoridades municipales de San José del Progreso. En este mismo atentado fueron heridos de gravedad Rosalinda Dionisio Sánchez y Álvaro Andrés Vásquez Sánchez. Hasta el momento no existe ninguna persona detenida por dicho atentado. Esta condición exhibe la impunidad existente en el sistema de justicia, sobre todo relacionada con agresiones hacia defensoras y defensores de derechos humanos. Desde 2010 Bernardo Vásquez denunció a las autoridades estatales y federales que era objeto de constantes amenazas, además de la presencia de grupos armados en la comunidad, contratados por el ayuntamiento y la empresa minera; en respuesta las autoridades correspondientes hicieron caso omiso a dicha situación.
La concesiones para la extracción de minerales se redujeron en un 26.5 por ciento en el estado de Oaxaca al pasar de 407 a 299 concesiones vigentes, de acuerdo a Neftalí Reyes Méndez, del área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).
El activista detalló que en junio de 2016, EDUCA realizó una Solicitud de Acceso a información Pública con el objetivo de conocer el listado de concesiones mineras en el estado a la Secretaría de Economía (SE).
Esta información, dijo, coincide con los datos generales de la SE en la cual establece que en México disminuyeron las concesiones mineras de 26 mil 71 en 2012 a 25 mil 315 en mayo de 2015.
Neftalí Reyes apuntó que no existen razones claras para establecer los motivos de la cancelación de concesiones en el estado. Pero cree que podría “tratarse de una estrategia de persuasión de empresas mineras en comunidades que han prohibido la exploración o explotación minera, como en los Valles Centrales, Sierra Norte e Istmo, entre las más importantes”.
O como una estrategia de especulación financiera y compra-venta de concesiones, las cuales también representan un jugoso negocio a nivel internacional.
El integrante de Educa mencionó que la presencia de la minería en el estado de Oaxaca ha provocado problemáticas graves en diversas comunidades, principalmente donde se han otorgado concesiones mineras, o donde se realizan actividades de prospección, exploración y explotación de minerales.
Desde enero de 2002 y hasta abril de 2016, detalló, la Secretaría de Economía ha otorgado 972 títulos de concesión minera, de las cuales actualmente 299 están vigentes. Las concesiones cubren una superficie total de 462 mil 974 hectáreas, que representan el 5% del territorio estatal. En el país se encuentran concesionadas 52 millones de hectáreas a empresas mineras.
A la fecha, 22 comunidades han exigido la cancelación de dichas concesiones argumentando violaciones a sus derechos como pueblos y comunidades indígenas, principalmente el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, al territorio, a la libre determinación, al desarrollo desde su propia cosmovisión y a la información pública.
Comunidades afectadas por exploraciones ilegales de la minera Fortuna Silver Mines denunican que persiste la opacidad de SEMARNAT en materia de acceso a la información relacionada a proyecto minero. En un boletín de prensa, dan a conocer que, después de manifestarse frente a las oficinas de SEMARNAT el día 28 de febrero de 2017, con el objetivo de exigir una respuesta del Delegado Federal Tomás Victor Gonzáles Ilescas a un oficio presentado el día 02 de diciembre de 2016, el Delegado Federal “realizó el compromiso de visitar la región con el objetivo de verificar las afectaciones al territorio. Ésta visita se realizaría el 08 de marzo del año en curso en la comunidad de San Martín de los Cansecos, por lo que las autoridades acudimos a dicha reunión puntualmente, sin embargo el Delegado Federal nunca se presentó”. Ante esta situación las comunidades reariman que “bajo el amparo de nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas y campesinas NO permitiremos la realización de ningún trabajo de exploración o explotación minera en nuestros territorios”.
Pescadores organizados y libres de San Francisco del Mar anunciaron su rechazo al proyecto eólico que pretende instalarse en la zona denominada “Boca Barra” que abarca 15 mil hectáreas y que es su principal zona de pesca para el sustento de cientos de familias de esta zona indígena del Istmo de Tehuantepec. Explicaron que en la ultima Asamblea de Bienes Comunales realizada la tarde del sábado, el comisariado de Bienes Comunales, Cayetano Martínez y el alcalde de San Francisco del Mar, Froilán Gaspar Pedro intentaron “a fuerza” con uso de violencia aprobar una asamblea para validar el proyecto eólico. “Hubo disparos en la asamblea, por fortuna nadie resulto herido, y eso ocurrió cuando nosotros empezamos a cuestionar sobre el proyecto y al manifestarnos en contra del proyecto eólico, acudimos a la asamblea para saber más, pero ello recurrieron a la violencia”. Los pescadores denunciaron la intromisión de políticos priistas y del propio gobierno de Oaxaca para avalar un proyecto que lo único que traerá señalaron es despojo y pobreza.
Molestos que a 2 meses de interponer denuncias formales, no hay respuesta ni de SEMARNAT ni de Profepa, comunidades y ejidos de Ocotlán y de Ejutla tomaron hoy simbólicamente las oficinas de Semarnat, Delegación Oaxaca. Exigenque las autoridades correspondientes atiendan las afectaciones causadas por el proyecto minero “San José”, ya que Fortuna Silver opera en total impunidad: “Denunciamos que dos meses después de presentar dicho escrito, no hemos recibido ninguna respuesta por parte de esta autoridad, nosotras y nosotros advertimos a la SEMARNAT que el hecho de permitir estudios de esta magnitud, profundizará las afectaciones hacia nuestro territorio en la región, principalmente afectaciones a los mantos acuíferos y al agua que utilizamos para nuestra siembra y consumo humano”, señalan en su comunidado de prensa. Por su parte, el delegado de la SEMARNAT, Tomás Víctor Gonzáles Ilescas, admitió hoy que la minera Fortuna Silver Mines esta solicitando un permiso para la presa de jales seco, pero manifestó que “estos no contaminan nada, solo son residuos sólidos”.
La empresa minera Fortuna Silver Mines (FSM), a través de su filial Cuzcatlán, realiza trabajos ilegales de exploración del proyecto minero “San José”, toda vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró no haber otorgado permisos para estas acciones.
Ayer, comisariados de bienes ejidales de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista y Cerro de las Huertas, así como integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) y el Comité de Defensa de Magdalena Ocotlán contra la Minería, exigieron un alto a los trabajos de la empresa y advirtieron que no permitirán esa explotación.
A través de una manifestación en las oficinas de la Semarnat, el grupo de antiminas logró ser atendido por el delegado de la Semarnat, Tomás González Illescas, a quien con fecha 1 de diciembre de 2016 le habían girado un escrito en el que denunciaban la realización de trabajos por parte de Fortuna Silver Mines, y exigían que se negara la autorización del Informe Preventivo con número 20OA2016MD086 debido a las afectaciones ocasionadas a la comunidades.
Zapotecos de diversas comunidades del Valle de Oaxaca realizaron este martes una protesta frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para denunciar la indolencia gubernamental frente al avance de los proyectos mineros que atentan contra sus campos agrícolas.
Los manifestantes exigieron una audiencia con el delegado de la dependencia, Tomás Víctor Gonzáles Ilescas, para que no autorice un solo Estudio de Impacto Ambiental o Informes Preventivos tendientes a la exploración o explotación del proyecto minero San José, en virtud de que la empresa Fortuna Silver opera en total impunidad.
Además pidieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que a la brevedad se constituya en el sitio para constatar las afectaciones producidas al ambiente por el proyecto minero San José y las actividades de exploración realizadas en sus límites ejidales.
Y a la Secretaría de Economía le exigieron la cancelación de las concesiones mineras otorgadas a las empresas Compañía Minera Cuzcatlán SA de CV, Minera Aurea SA de CV, Compañía Minera y Metalúrgica Ejutla SA de CV, y Compañía Minera Plata Real SA de CV, que cubren una superficie de 49376.3501 hectáreas.
Por lo pronto, los zapotecos advirtieron a la empresa minera Fortuna Silver que no permitirán “ningún trabajo de exploración o explotación minera en nuestros ejidos y comunidades. Aquí decimos sí a la vida, no a la minería”, subrayaron.
Cerca de 110 proyectos de infraestructura en el país se encuentran en riesgo por conflictos sociales; de éstos, al menos 54 son del sector energético y 31 son producto de la reforma energética, de acuerdo con una investigación de El Economista.
En los últimos cinco años, los estados en los que se han presentado más conflictos sociales por la realización de proyectos de energía son Oaxaca, con 14, seguido de Puebla, con ocho, y Veracruz y Quintana Roo, con cuatro cada uno. Las razones más importantes de los conflictos han sido la falta de consulta a las comunidades y los posibles impactos ambientales.
La falta de normatividad secundaria en la reforma energética para realizar las Evaluaciones de Impacto Social (Evis) y la falta de una Ley de Consulta Indígena han generado un vacío legal aprovechado por diversas organizaciones para frenar proyectos, poniendo en riesgo la efectividad de la reforma.
La investigación realizada tomó como base las consultas públicas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a cada proyecto, así como los informes presentados por las organizaciones civiles que se verían afectadas en caso de que se realice.
La presencia de maquinaria de trituración tipo industrial en la cabecera municipal de Ciudad Ixtepec causó la alerta entre los habitantes, quienes la fotografiaron y denunciaron su presencia a través de las redes sociales.
De inmediato se organizó una comisión del Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, para alcanzar a la maquinaria y a una camioneta con hombres vestidos de naranja que los acompañaban a la altura del puente de Cheguigo, de acuerdo con el relato del propio Comité.
Emiten alerta
Exigieron a los operadores de la maquinaria que informaran el motivo de su presencia, por lo que éstos respondieron que se trataba de un contrato realizado con un particular para triturar piedras y convertirlas en grava, y posteriormente llevarlas a una zona de la autopista donde estaban reparando un camino.
Tras verificar que la versión era cierta, los miembros del Comité permitieron continuar con los trabajos a la empresa.
A través de una carta a la población, convocaron a las personas a continuar alertas ante la presencia de maquinaria o personas extrañas a la población ante el rumor de una agencia de seguridad privada “ASI” rondando los cerros concesionados por el gobierno federal.
Mixtecos, chatinos y negros de la costa de Oaxaca repudiaron los proyectos de “muerte y despojo” que se pretenden imponer en sus territorios, por lo que ratificaron su compromiso de defenderlos, informó el Consejo de Pueblos Unidos en la Defensa del Río Verde (Copudever).
Durante una congregación de los pueblos indígenas en la entidad, los asistentes gritaron consignas como “¡Ríos para la vida, no para la muerte!” y “¡No a la presa Paso de la Reina!” para recordar su propósito con su tierras, principalmente el de proteger el río Verde, “uno de los pocos ríos vivos en México”.
Once comunidades indígenas y ocho organizaciones también se pronunciaron contra los megaproyectos en sus tierras, y “por que no sigamos pagando el costo del gasolinazo, fruto de las reformas energéticas”. Además, condenaron todas las formas de violencia y discriminación en la frontera norte y sur, así como la violencia que la ausencia de justicia y de la desigualdad económica genera en favor de sólo “unos pocos -que- tienen mucho”.
Los pueblos de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca se reunieron en la comunidad de Santa Rosa de Lima en Tututepec para reflexionar sobre las problemáticas y amenazas que enfrentan en sus territorios, la grave situación económica del país y la violencia de la que son víctimas por el simple hecho de ser indígenas.
Reunidos en Santa Rosa de Lima en el marco del taller “La Defensa de los Derechos Humanos frente a Proyectos de Despojo”, autoridades municipales, agrarias, representantes de organizaciones, hombres y mujeres de municipios, comunidades y pueblos de la Sierra Sur y Costa, reflexionaron sobre “las amenazas y problemáticas de nuestros territorios, sobre la grave situación económica que atraviesa el país, así como la violencia que azota nuestras comunidades”. En su pronunciamiento, reiteraron que “desde hace varios años en la región se han realizado esfuerzos por proteger y cuidar el Río Verde, uno de los pocos ríos vivos en México, nuestros pueblos se han organizado y han establecido acuerdos y alianzas a lo largo y ancho del camino de las aguas, desde la montaña hasta la costa”. Hoy reafirman ese compromiso: “Nos pronunciamos contra todo proyecto de muerte que nos quiera ser impuesto, hoy nos pronunciamos porque no sigamos pagando el costo del gasolinazo, fruto de las reformas energéticas, hoy condenamos todas las formas de violencia y discriminación en la frontera norte y sur, condenamos también la violencia generada por la ausencia de justicia, de la desigualdad económica donde unos pocos tienen mucho”
Este martes, desde las 07:00 horas, ejidatarios del polígono Cinco Palmas de Santo Domingo Ingenio, se plantaron frente al acceso principal del complejo eólico para exigir la entrega de apoyos para los campesinos.
Alma Santiago informó que los dueños de las tierras donde se construyó el parque eólico Cinco Palmas, propiedad de la empresa Eléctrica de Francia (EDF), exigen el pago de recursos por concepto de un bono de 30 mil pesos para cada campesino.
Se trata -dijo- de 80 ejidatarios que también exigen que una parte de los recursos que la empresa eólica otorga al municipio para la ejecución de obras sociales, se destine para la rehabilitación de poco más de 20 kilómetros de canales de riego que están en malas condiciones.
Ante la crisis por sequía por la que atraviesa el campo istmeño, señaló que es importante utilizar esos recursos para la rehabilitación de los canales de riego, pues es la base de la alimentación de los campesinos.
“Estamos exigiendo que sean unos 300 mil pesos para poder medio limpiar los canales de riego que se encuentran en muy mal estado, porque para rehabilitarlos en su totalidad se necesitan millones de pesos”.
Reunidos en Santa Rosa de Lima en el marco del taller “La Defensa de los Derechos Humanos frente a Proyectos de Despojo”, autoridades municipales, agrarias, representantes de organizaciones, hombres y mujeres de municipios, comunidades y pueblos de la Sierra Sur y Costa, reflexionaron sobre “las amenazas y problemáticas de nuestros territorios, sobre la grave situación económica que atraviesa el país, así como la violencia que azota nuestras comunidades”. En su pronunciamiento, reiteraron que “desde hace varios años en la región se han realizado esfuerzos por proteger y cuidar el Río Verde, uno de los pocos ríos vivos en México, nuestros pueblos se han organizado y han establecido acuerdos y alianzas a lo largo y ancho del camino de las aguas, desde la montaña hasta la costa”. Hoy reafirman ese compromiso: “Nos pronunciamos contra todo proyecto de muerte que nos quiera ser impuesto, hoy nos pronunciamos porque no sigamos pagando el costo del gasolinazo, fruto de las reformas energéticas, hoy condenamos todas las formas de violencia y discriminación en la frontera norte y sur, condenamos también la violencia generada por la ausencia de justicia, de la desigualdad económica donde unos pocos tienen mucho”.
Para autoridades municipales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) y partidos políticos, Oaxaca es una tierra rica en minerales, pero con el riesgo de ser explotada por empresas transnacionales.
Al respecto, el presidente de las 16 comunidades del Valle de Ocotlán de Morelos Oaxaca, Ángel Ruiz Méndez advirtió sobre el crecimiento de la minera Fortuna Silver, la cual ha afectado los mantos acuíferos de la región.
Recordó que la comunidad de San José del Progreso desde hace años mantienen una lucha desigual para defender el agua de su comunidad.
Urgió a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), responder por esas empresas, “nuestros productos siempre han sido limpios y queremos una explicación”.
Destaco que desde hace once años vienen defendiendo sus tierras, en el 2005 sufrieron de escasez de agua, sin embargo de la CONAGUA no obtuvieron ayuda y fueron ellos quienes recuperaron sus recursos.
Integrantes del Comité Indígena Pro Defensa de la Tierra y Territorio del municipio de Unión Hidalgo, denunciaron la opacidad con la que se conducen las autoridades Federal y Estatal, al ocultar información sobre la llegada de nuevos proyectos eólicos al estado, y principalmente a la región del Istmo de Tehuantepec.
Los integrantes de esta organización, refirieron que solicitaron al Instituto de Acceso de Información Pública y Protección de Datos de Oaxaca y al Instituto Nacional de Acceso a la Información, datos sobre las obras eólicas que, aseguran, el Gobierno del Estado pretende instalar en ese municipio, sin embargo., los organismos les negaron la información.
Romel Matus, uno de los integrantes del Comité indígena pro defensa de la tierra y territorio dijo que es urgente que la autoridad municipal que encabeza Wilson Sánchez Chévez transparente la información, toda vez que la comunidad sabe de la próxima instalación de dos parques eólicos, por ello solicitaron que se cumpla el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y realicen una consulta indígena con todas y todos los actores sociales.
“Nos hemos enterado que están pidiendo credenciales de elector justificando proyectos sociales y posteriormente los ocuparan para avalar la consulta indígena, cosa que no vamos a permitir, por eso exhortamos a la Secretaria de Medio Ambiente de Oaxaca y a la Secretaria de Energía a nivel federal que no violenten los lineamientos, informen con transparencia lo que hemos solicitado ante sus autoridades y se realice una consulta indígena libre, previa e informada y culturalmente adecuada.
Denunció que la llegada de empresas eólicas extranjeras a Oaxaca representa el contubernio de los gobiernos locales y federal, para dar preferencia a la inversión foránea, sin que los recursos que se generen se queden en el estado y el país.
En el año 2011 en esta localidad zapoteca, la empresa eólica Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) instaló el parque eólico Piedra Larga, dos años más tarde, en 2013, construyó el segundo Parque Eólico, ambos agrupan 120 turbinas, que producen 227.5 MW; en ese entonces no hubo consulta indígena y tampoco se ha reflejado una obra de gran impacto para la comunidad que reúne a más de 10 mil habitantes.
El jefe de cooperación de la Unión Europea, Juan Garay, consideró que pareciera que en México se antepone el beneficio económico de las mineras por encima de la supervivencia de las comunidades, en este caso, las zapotecas de los valles de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla, que luchan por el agua.
Al participar como invitado especial en la consulta indígena donde proponen que se levante el decreto de veda de 1967 en la micro-región que las 16 comunidades denominan Xnizaa (Nuestra Agua), que prohíbe a los campesinos el alumbramiento del agua del subsuelo para el cultivo de sus hortalizas, calificó este hecho como un ejercicio de gobernanza.
“Está claro que la minería es una actividad industrial estratégica y necesaria para el desarrollo de México pero debe estar muy bien regulada en el daño medio ambiental y, sobre todo, en uso de un recurso básico como el agua”.
Sin embargo, señaló que hay un desequilibrio porque limitan a unas comunidades de las necesidades más básicas que empiezan con la alimentación y la supervivencia.
El jefe de cooperación de la Unión Europea, Juan Garay, consideró que pareciera que en México se antepone el beneficio económico de las mineras por encima de la supervivencia de las comunidades, en este caso, las zapotecas de los valles de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla, que luchan por el agua.
Al participar como invitado especial en la consulta indígena donde proponen que se levante el decreto de veda de 1967 en la micro-región que las 16 comunidades denominan Xnizaa (Nuestra Agua), que prohíbe a los campesinos el alumbramiento del agua del subsuelo para el cultivo de sus hortalizas, calificó este hecho como un ejercicio de gobernanza.
“Está claro que la minería es una actividad industrial estratégica y necesaria para el desarrollo de México pero debe estar muy bien regulada en el daño medio ambiental y, sobre todo, en uso de un recurso básico como el agua”.
Sin embargo, señaló que hay un desequilibrio porque limitan a unas comunidades de las necesidades más básicas que empiezan con la alimentación y la supervivencia.
Como un “enemigo político depredador”, calificó el escritor e investigador oaxaqueño Víctor Leonel Juan Martínez, los proyectos neoliberales emprendidos por éste y los anteriores gobiernos federales, que han puesto a disposición de inversionistas extranjeros vastos territorios, ricos en recursos naturales, propiedad de los pueblos indígenas.
Planes como las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que en el caso de Oaxaca entrarán en vigor este año, llevan implícito el objetivo de exterminar el capital cultural y el patrimonio intangible de las comunidades, sostuvo el también exconsejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), tras la presentación de su libro “Multiculturalidad, derechos humanos y ciudadanía en México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía indígena”.
Los pueblos originarios, agregó, son el último “reducto” de la resistencia social frente al sistema neoliberal u otras amenazas externas como la que implica el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; no obstante, lamentó que las comunidades lleguen a estas batallas “en las peores condiciones normativas, culturales y económicas”.
Miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA), en una mesa abierta en la explanada del templo de Santo domingo de Guzmán, informaron que presentaron una propuesta a la Conagua para el uso, disfrute y administración comunitaria del agua.
La propuesta demanda que se reconozcan los derechos territoriales y el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades zapotecas de los Valles Centrales para tener la facultad de elaborar y emitir las normas que regulen el uso y disfrute del vital líquido que se encuentra en el subsuelo.
También reiteraron su demanda de que se levante el decreto de veda de 1967 en la microrregión que abarca 16 comunidades en el valle de Ocotlán.
Indígenas zapotecos de 16 comunidades del valle de Ocotlán y Zimatlán serán consultados para la modificación del decreto de veda de 1967, el cual prohíbe a los campesinos el uso del agua del subsuelo para el cultivo de sus hortalizas, mientras que a las empresas mineras les permiten explotar y contaminar los mantos acuíferos. Así lo dio a conocer el presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), Ángel Ruiz Méndez, quien agregó que la 4ta etapa de la consulta indígena consulta indígena se iniciará este miércoles 8 en el municipio de Santiago Apóstol.
El presidente de las 16 comunidades de Valle de Ocotlán y Zimatlán, dijo que la Conagua “nos dejó abandonados, sólo llegaron para imponer multas de los excedentes a los campesinos”. Destacó que se encuentran en un momento histórico del ejercicio de los derechos colectivos de las comunidades y pueblos, “pues nunca como ahora, se había concretado un proceso de consulta como el que ahora nos ocupa”, dijo. A su vez, Wilfrido López Martínez, presidente del consejo de vigilancia de San Pedro Mártir, considera que su lucha es justa porque defienden sus derechos y, en respuesta, “el gobierno, la ley, nos humillan, nos pisotean nuestros derechos. No es posible que se nos dé un trato así siendo que somos pueblos indígenas y por el contrario se apoya a otras empresas de otros países”.
A 100 años de la Constitución Mexicana, indígenas zapotecos de 16 comunidades de los Valles de Ocotlán, Ejutla y Zimatlán exigen que sus derechos como pueblos originarios, su derecho a la vida y su derecho al agua, sean respetados.
Al iniciar la fase de la Consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas zapotecas para modificación del Decreto de Veda de 1967 que prohíbe a los campesinos el alumbramiento del agua del subsuelo para el cultivo de sus hortalizas, las autoridades municipales y agrarias calificaron de histórico este encuentro por la vida.
Aunque la consulta fue desdeñada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, y de la titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) de Oaxaca, Sofía Castro Ríos, estuvo a punto de ser cancelada por la ausencia de funcionarios de Sagarpa y Semarnat que “desprecian al pueblo y pisotean al indígena”.
Ante maás de 300 representantes de 16 comunidades zapotecas, el presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua(COPUDA), Ángel Ruiz Méndez, inauguró la asamblea con el acuerdo de realizarla bajo protesta por las ausencias de la Sagarpa y Semarnat.
Ángel Ruiz Méndez de la comunidad de Santiago Apóstol, presidente de las 16 comunidades del Valle de Ocotlán de Morelos Oaxaca, quién desde hace once años mantienen una lucha para defender el agua de su comunidad, afirmó que su mayor preocupación es la contaminación que puedan tener sus reservas con la llegada de una empresa minera a San José del Progreso.
Por ello, pidió a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), responder por esas empresas. “Nuestros productos siempre han sido limpios, piden una explicación”, dijo.
Recordó que en el año 2000 CONAGUA les envió invitaciones para tener concesiones del suelo y poder hacer pozos para obtener agua más nunca pensaron el porqué de esa concesión.
Por ello se pusieron a investigar descubriendo que en Valles Centrales les prohibían el uso del agua con una veda.
Informó que según el decreto era para conservarla para futuras generaciones, en su información que les dan no llegan a convencerlos porque como campesinos saben muy bien cómo trabajan los pozos.
Subrayó que la sequía del 2005 logro que muchos campesinos dejaran de trabajar el campo y emigraran, los mantos acuíferos fueron recuperados por su propia mano y esfuerzo.
En función de la coyuntura que ha creado la declaratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su intención de construir un muro en la frontera con México y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), causaron extrañeza las palabras de un integrante del Gobierno de Canadá: «Amamos a nuestros amigos mexicanos. Pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después».
Esas declaraciones se podrían aplicar a la actividad minera que algunas empresas canadienses realizan en territorio mexicano. En particular, esas compañías aman el oro y demás minerales que se extraen de la tercera parte de México, que quedó repartido como un pastel a partir del año 2000. Así, el 70 % de las concesiones mineras de ese país México están en manos extranjeras, de las cuales un 74 % se encuentran controladas por compañías canadienses.
Cuando una firma canadiense de ese sector —ya sea Goldcorp, New Gold, Yamana Gold, Torex Gold Resources o Metallica Resources— se asienta en un lugar, provoca enfermedades, desplazamiento de población, corrupción y aumento del crimen organizado, explica a RT Miguel Ángel Mijangos, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
La población de México comenzó a conocer estas consecuencias en la década de los 90, con la instalación de una mina a cielo abierto en el cerro de San Pedro (San Luis Potosí). A pesar de que el pueblo ganó más de 20 juicios contra una subsidiaria de New Gold-Minera San Xavier, la firma nunca detuvo su actividad. Hoy en día, ese pueblo está vacío y padece una gran contaminación ambiental. El cerro, presente en el escudo de armas del estado de San Luis Potosí, prácticamente desapareció.
Ángel López Martínez, quien laboró durante cinco años y cinco meses con la empresa ZENIT “Servicios Integrales S. A de C.V”, subcontratista de empresas eólicas en el Istmo de Tehuantepec denunció que incumple con el pago de su liquidación conforme a ley.
Agregó que durante estos cinco años laboró con otras dos empresas más “Trabajo Especializado en Necesidades Concretas S. A de C.V y Climatik Mexion” de origen colombiano y alemán, con quienes no firmó contrato sino todo corrió a cuenta de Zenit “Servicios Integrales S. A. de C. V”, sin embargo ninguna de las tres quiere responden por una liquidación justa.
“La ley del trabajo indica que por esos años trabajados me tocan 108 mil pesos de liquidación, la empresas me ofrece 30 mil pesos, y yo para no pelear pedí 50 mil pesos, sin embargo en una pasada reunión celebrada en la ciudad de México el pasado 9 de enero ellos me obligaron a firmar mi renuncia voluntariamente, pero me negué, exijo mi pago conforme a derecho”. (…)
De los 23 parques eólicos que están ubicados en esta zona de Oaxaca, la mayoría solicita a empresas externas quienes realizar el mantenimiento de las turbinas.
Hasta la Ciudad de México, capital del país, representantes de más de 100 comunidades de 12 municipios en la zona norte del Istmo de Tehuantepec lllevaron su protesa contra la imposición del gasoducto de Salina Cruz a Coatzacoalcos.
Los manifestantes se trasladaron en caravana de Matías Romero hacia la Ciudad de México para denunciar ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU la imposición del Gobierno Federal derivado de la reforma energética.
AFECTACIÓN A 13 MUNICIPIOS
Desde el año pasado el Gobierno Federal anunció la construcción del Cinturón Transoceánico Gas LP y el Cinturón Transoceánico Gas Natural, que atravesarán 14 municipios de Veracruz y 13 de Oaxaca, a lo largo de 381 kilómetros. La inversión prevista es de más de mil 300 millones de dólares.
Según los detalles, ambos proyectos transportarán el energético desde los campos productores del sur del Golfo de México hasta el puerto de Salina Cruz.
Según el informe, ya están en proceso las manifestaciones de impacto ambiental en una segunda etapa, que consistirá en la construcción de una planta para licuefacción del gas natural, con enfriamiento criogénico y almacenamiento en un rango de 120 mil a 180 mil metros cúbicos, “para venderlo con una alta rentabilidad a Asia y Europa”.
El día 20 de enero, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió con defensoras y defensores de derechos humanos en Oaxaca. En su reunión, participaron movimientos y organizaciones de las 8 regiones del estado quienes denunciaron un incremento en las agresiones en la última década. Documentamos la intervención de la REDECOM y de EDUCA:
Desde hace aproximadamente una década, los gobiernos federal y estatal anunciaron una serie de proyectos de inversión económica para el estado de Oaxaca, entre ellos se encuentran 67 proyectos de presas hidroeléctricas, 21 parques eólicos, el otorgamiento de 299 concesiones mineras vigentes hasta 2016, 2 gasoductos, construcciones inmobiliarias para turismo, además del anuncio reciente de la implementación de la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec.
Esta situación ha provocado una serie de agresiones hacia defensoras y defensores del territorio, quienes realizan su trabajo en contextos comunitarios, rurales e indígenas, Dentro de las agresiones más comunes se encuentran: las amenazas, agresiones directas, criminalización y procesos de judicialización y detención arbitrarias. Por citar un ejemplo, durante 2012, se registró una agresión hacia defensoras y defensores comunitarios cada tres días, por lo que Oaxaca actualmente se encuentra entre los primeros lugares en agresiones hacia defensoras y defensores comunitarios-ambientales.
Los principales agresores se encuentran caracterizados por ser caciques locales, presidentes y cuerpos de seguridad municipal, además de grupos de choque contratados presuntamente por las empresas ligadas a determinado proyecto de inversión.
Por su parte el sistema de justicia, ha sido utilizado para generar procesos judiciales contra defensoras y defensores, fabricando delitos y criminalizando la defensa de derechos humanos. Además, dicho sistema resulta tardío, ineficiente e impune en las denuncias presentadas por defensoras y defensores, para ellas y ellos el sistema de justicia no funciona.
Un joven de 22 años de edad falleció a causa de un derrumbe en la mina “Don David Gold”, ubicada en la localidad de San José de Gracia, agencia de San Pedro Totolapan, Oaxaca, confirmaron autoridades de Protección Civil del estado.
De acuerdo con los primeros reportes, fue identificado como Daniel N y presuntamente el accidente ocurrió desde ayer. Tras las labores de búsqueda por parte de personal de la compañía, el cuerpo fue rescatado la tarde de hoy.
El día 20 de enero, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió con defensoras y defensores de derechos humanos en Oaxaca. En su reunión, participaron movimientos y organizaciones de las 8 regiones del estado quienes denunciaron un incremento en las agresiones en la última década. Documentamos la intervención de la REDECOM y de EDUCA:
Desde hace aproximadamente una década, los gobiernos federal y estatal anunciaron una serie de proyectos de inversión económica para el estado de Oaxaca, entre ellos se encuentran 67 proyectos de presas hidroeléctricas, 21 parques eólicos, el otorgamiento de 299 concesiones mineras vigentes hasta 2016, 2 gasoductos, construcciones inmobiliarias para turismo, además del anuncio reciente de la implementación de la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec.
Esta situación ha provocado una serie de agresiones hacia defensoras y defensores del territorio, quienes realizan su trabajo en contextos comunitarios, rurales e indígenas, Dentro de las agresiones más comunes se encuentran: las amenazas, agresiones directas, criminalización y procesos de judicialización y detención arbitrarias. Por citar un ejemplo, durante 2012, se registró una agresión hacia defensoras y defensores comunitarios cada tres días, por lo que Oaxaca actualmente se encuentra entre los primeros lugares en agresiones hacia defensoras y defensores comunitarios-ambientales.
Trabajadores del parque eólico Bii Ioxho propiedad de la empresa Gas Natural Fenosa cumplieron cuatro días de mantener bloqueado el acceso principal a la central eólica y este viernes encabezaron un bloqueo carretero sobre la vía Unión Hidalgo–Juchitán, para exigir la recontratación de su compañero Jesús López, quien aseguran fue despedido de forma injustificada.
Los trabajadores colocaron piedras, ramas y palos sobre la vía de comunicación y con pancartas en mano denunciaron que su compañero, quien se desempeñaba como un trabajador ejemplar pero fue despedido y acusado de estar alcoholizado sin que exista un sustento como un examen clínico de por medio.
José López dijo que su compañero había cumplido dos años de laborar en la empresa y que nunca había existido queja alguna de su desempeño, por lo que existe una violación a sus derechos laborales.
Integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) conformada por 126 comunidades de 12 municipios en el Istmo de Tehuantepec se manifestaron en la Ciudad de México contra la imposición del gasoducto de la Refineria Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz – a la refinería de Coatzacoalcos Veracruz.
Los manifestantes se trasladaron en caravana de Matías Romero hacia la Ciudad de México para denunciar ante el alto comisionado de la ONU de los Derechos Humanos esta imposición del gobierno federal derivado de la reforma energética.
Es preciso mencionar que La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, impulsado por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, tiene la finalidad de superar los rezagos en la región Sur de México, mediante el aprovechamiento del potencial productivo y ventajas logísticas de la región a través de un nuevo modelo de desarrollo.
El Corredor Industrial Inter-Océano en el Istmo de Tehuantepec, que conectará al Océano Pacífico con el Golfo de México, promoverá la creación de un gasoducto Transoceánico de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, buscará la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo e impulsará la Carretera Transístmica.
El artista plástico Francisco Toledo pedirá al gobernador Alejandro Murat que promueva una ley para la protección del maíz nativo y declare a Oaxaca como un estado libre de transgénicos o cultivos genéticamente modificados.
Mientras tanto, aclaró, “seguimos recabando firmas, nos faltan como 55 para llegar al millón en rechazo a los transgénicos, ya que contaminar nuestro maíz es herir el corazón de México”.
En abril de 2014, Toledo y el Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (Prooax) iniciaron una campaña para recabar un millón de firmas en rechazo a los transgénicos.
En una carta enviada al presidente Enrique Peña Nieto, la cual no tuvo respuesta, manifestaron que “estamos convencidos de que el maíz transgénico es malo para México. Las empresas transnacionales que promueven estas semillas buscan ganar dinero, para nosotros la salud del cuerpo y la salud de la tierra no tienen precio. Sabemos que el maíz transgénico va a contaminar nuestros maíces nativos si se siembra en México”.
Lo que es peor, advirtieron, “sabemos que esa contaminación no tendrá remedio una vez que comience. Sabemos que esa contaminación significará una ganancia para unos, a costa de perjudicar a la mayoría de los mexicanos”.
El proyecto eólico que tenía contemplado la empresa Mareña Renovable en la franja de San Mateo y Santa María del Mar (y en la Barra de Santa Teresa, perteneciente a San Dionisio del Mar) fue lo que desató el bloqueo terrestre y agudizó el conflicto agrario por 1.500 hectáreas con San Mateo del Mar, estos últimos opositores al proyecto. Esta situación crítica que hace una semana añadió tres muertes al conflicto agrario, tiene al pueblo de Santa María sin camino terreste desde hace siete años y sin energía eléctrica desde hace dos años. En 2003 Preneal comenzó a desarrollar el proyecto en el área y en 2006 el contrato que la comunidad ikoot de Santa María del Mar firmó con la trasnacional española Preneal reservó 2 mil hectáreas para instalar 30 aerogeneradores. Este contrato, vendido después a Mareña Renovables, agudizó el conflicto agrario con la comunidad vecina. La situación se agravó el 7 de enero pasado, en que volcó una lancha con ocho ocupantes, tres de los cuales perdieron la vida, al intentar salir por vía marítima hacia San Dionisio del Mar.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo la clausura total temporal de mina La Natividad, ubicada en la Sierra Norte, debido a que ésta no cuenta con la autorización de impacto ambiental.
En un comunicado, se informó que en atención a una denuncia ciudadana, personal de la Delegación Federal de la Profepa en la entidad acudió al municipio de Natividad, donde inspeccionó en materia de impacto ambiental a la empresa minera, el pasado 1 y 2 de marzo de 2016.
Indicó que los inspectores de la Procuraduría constataron la ejecución de obras y actividades de beneficios de minerales, así como el cambio de uso de suelo por la construcción de una presa de jales.
Por ello, solicitó al inspeccionado la autorización en materia de impacto ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero durante la diligencia no mostró documento alguno.
La nueva autoridad municipal de San Francisco Ixhuatán, César Augusto Matus, se comprometió a declarar a este municipio libre de minería para que no sea contaminado con los residuos tóxicos que desprenderá el proyecto en Zanatepec.
El Consejo Oaxaqueño del Sistema Producto Mango, informó que el alcalde se comprometió a expedir un documento firmado por todo el Cabildo para pronunciarse contra el proyecto minero de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc, destinado a la explotación de 7 mil 310 hectáreas en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec.
Los mangueros esperan que ésta sea de las primeras acciones concretas y en defensa del pueblo, que realice la administración municipal.
De esta manera, Ixhaután será el segundo municipio del Istmo que de manera legal diga no al Gobierno Federal por el proyecto minero. El primero que lo hizo con actas de Cabildo fue el de Zanatepec a finales del 2016.
En Zanatepec, específicamente a finales de noviembre, el alcalde Ricardo Hernández, en compañía de integrantes de su Cabildo, colocó el documento en las instalaciones de la empresa para informarle sobre la decisión de la autoridad.
Para los productores del campo, tanto de Zanatepec como de Ixhuatán, la afectación será catastrófica para la producción del mango, producto que ocupa el primer lugar como generadora de divisas.
Los programas a desarrollarse en Oaxaca, específicamente en el Istmo, no deberán ser un nuevo modelo de conquista o esclavitud para los pueblos indígenas, y en este caso, los de viabilidad social deberán ser consultados directamente con los nativos, sin injerencia de extraños, señaló el obispo emérito de la Diócesis de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes. (…)
los proyectos de la Zona Económica Especial (ZEE), incluidos los mineros y eólicos, deberán pasar el «filtro» de las asambleas comunitarias, como órganos máximos de autoridad.
Sí a la consulta libre
Si los gobiernos federal y estatal le apuestan a una nueva relación con los pueblos indígenas de Oaxaca, deberán tomar en cuenta la voluntad y las decisiones de las comunidades, señaló.
«Sí, a la consulta libre, previa e informada en las comunidades indígenas, pero sin la intromisión de extraños que se infiltran en la vida interna de los pueblos, y que sólo buscan satisfacer intereses económicos para beneficio personal», anotó.
Empresarios de la región del Istmo de Tehuantepec encabezados por la asociación civil Profesionistas y Empresarios del Istmo de Tehuantepec (Proempi) exigieron a los tres niveles de gobierno y también a las y los diputados locales y federales restablecer el estado de derecho en esta zona de Oaxaca ante el impulso de las Zonas Económicas Especiales.
En una conferencia dictada en el auditorio del Instituto de Educación Superior del Istmo de Tehuantepec (Iesit), los empresarios exigieron a las próximas autoridades municipales, al recién gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y a las y los diputados locales y federales atender el tema de seguridad, libre tránsito y gobernabilidad en la entidad.
Explicaron que las Zonas Económicas Especiales es una realidad en la entidad oaxaqueña pero que no puede aterrizar mientras no exista un estado de derecho que se aplique y se respete.
“Como empresarios avalamos este proyecto de zonas económicas especiales, es un sueño anhelado por todos, el Istmo tiene que despertar ante tanto rezago y pobreza, no podemos seguir hundidos en la falta de oportunidades que hacen que siempre estemos atrasados y rezagados”, detallaron.
Juan José Gonzales Dávar quién encabeza la Asociación Civil “Profesionistas y Empresarios del Istmo de Tehuantepec” expresó en una misiva que los representantes de asociaciones civiles y cámaras empresariales de la región del Istmo se pronuncian a favor del desarrollo y la paz de Oaxaca.
“Como empresarios estamos anhelando que la economía desarrolle en esta zona de Oaxaca, por eso respaldamos la ley de las Zonas Económicas Especiales que recientemente impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) porque sabemos que reducirá la pobreza a través de la inversión, eso es lo que tanto pedimos pero sin olvidar la gobernabilidad y la aplicación de leyes”, recalcó.
Expresó que es necesario que las autoridades oaxaqueñas de todos los niveles asuman su responsabilidad constitucional de propiciar condiciones adecuadas para acceder a las ZEE, porque de no ser así, entonces se vería un total desbalance solo para las inversiones extranjeras.
Autoridades municipales y agrarias de Santo Domingo Zanatepec clausuraron las oficinas de la empresa minera canadiense Minaurum Gold Inc Co, ubicadas en esa población del Istmo de Tehuantepec, confirmó el presidente municipal Ricardo Hernández Rodríguez.
En respuesta a la marcha que realizaron alrededor de cinco mil habitantes para declarar “Sí a la vida. No a la minería”, y luego de que el cabildo decidió prohibir todo proyecto minero, el alcalde y el síndico municipal Ramiro Velásquez Nataret, acompañados de autoridades y delegados de la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias de Zanatepec (UECAZ), clausuraron legalmente las oficinas de Minaurum Gold Inc Co.
De acuerdo con Hernández Rodríguez, la decisión de ayer se tomó por acuerdo del cabildo, el pasado 24 de octubre, cuando las autoridades municipales manifestaron su “profundo rechazo al proyecto minero”.
El día 29 de noviembre de 2016, la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, en complicidad con la Procuraduría Agraria, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, además de una Notaría Pública presionaron a las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán para aceptar la firma de contratos o convenios de exploración mediante la simulación de una consulta, la cual no se consumó debido a la oposición de la comunidad. Esta acción generó una fuerte confrontación, ya que la empresa minera con la finalidad de lograr la aceptación de dicha consulta, trasladó a trabajadores de la localidad al palacio municipal, lugar donde se realizaría la actividad. Por su parte el representante legal de la empresa minera, el ing. Javier Castañeda Pedraza y el Subdelegado de la Procuraduría Agraria presionaban a las autoridades locales para que la ciudadanía firmara la boleta por un “sí”. La “consulta” estuvo plagada de una serie de irregularidades, además de que fue amañada y tendenciosa por lo que generó una fuerte indignación en la comunidad. Actualmente existe un clima de enojo y hostilidad, estos hechos violentan el derecho a la paz social, a la libre determinación, a la integridad del territorio, así como el derecho al consentimiento previo libre e informado, derechos reconocidos por el gobierno mexicano.
El domingo 20 de noviembre fue una día especial en la región del istmo, además de conmemorarse un año más de la revolución mexicana, más de cinco mil personas salieron a manifestarse pacíficamente en contra de los megaproyectos mineros, eólicos y Zonas Económicas, que amenazan esta región. Esta actividad se realizó en el marco de la “Acción Cultural en Defensa de la Madre Tierra”. Las comunidades, municipios y ejidos que participaron fueron: Zanatepec, Río Ostuta, Río Manzo, Pascual Fuentes, Huanacastal, Ixcatal, San Mateo del Mar e Ixtaltepec, entre otras comunidades. El Comité Ixtepecano se pronunció en contra de la instalación de la Zona Económica: “Para lograr sus objetivos necesitan despojarnos de nuestras tierras y garantizar la protección de las inversiones de las grandes empresas nacionales y extranjeras, afectando irreversiblemente el medio ambiente, nuestros bosques, ríos, atentando nuestros derechos colectivos y la vida de los pueblos que los habitamos.
Comunidades de la Costa Oaxaqueña realizaron una jornada de acción contra la imposición de los denominados “megaproyectos de desarrollo económico” en la zona y particularmente contra los complejos hidroeléctricos que pretende instalar sin consulta ni consentimiento la Comisión Federal de Electricidad. Con actividades como la elaboración de un mural sobre los impactos de los megaproyectos en la comunidad del Mamey, la elaboración de platos de cartón y acciones de reforestación en San Felipe Tututepec, los eventos contaron con una nutrida participación de la ciudadanía y fueron encabezados por las comunidades eclesiales de base. “Nuestra tierra clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella, creyendo que éramos propietarios y dominadores autorizados para expropiarla. La contaminación es una consecuencia dramática por una explotación desconsiderada de la naturaleza”, se leía en el mural sobre los impactos de los megaproyectos. Actualmente la Comisión Federal de Electricidad pretende instalar 11 proyectos hidroeléctricos en la Región de la Costa de Oaxaca, incluido el Proyecto de Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reyna.
Los días 21 y de 22 de Octubre en Tehuantepec se realizó el taller sobre Derechos de Pueblos Indígenas con la finalidad de fortalecer el conocimiento acerca de los temas de megaproyectos y Zonas Económicas Especiales para así poder elaborar herramientas en la lucha contra su imposición, puesto que el Istmo de Tehuantepec – en detrimento de su populación – desde unos años está en el epicentro de los esfuerzos que ponen empresas nacionales e internacionales en la apropiación de tierras para el establecimiento de proyectos eólicos, mineras e hidroeléctricas, una situación que muy previsiblemente se va a agravar enormemente con la instalación de una Zona Económica Especial en Oaxaca en el mismo Istmo de Tehuantepec el próximo año.
El taller, en el que participaron defensores y defensoras de los municipios Ixtepec, San Francisco Ixhuatán, San Mateo del Mar,Juchitán, y de Salina Cruz, fue organizado por las tres organizaciones de la sociedad civil: CODIGO DH, TEPEYAC y EDUCA y se llevó a cabo alrededor de una ponencia de Francisco López Bárcenas, abogado especialista en materia agraria y asesor de comunidades en defensa de sus territorios y derechos colectivos.
A lo largo del taller se destacó que los megaproyectos ya existentes así como Zonas Económicas en otros países de América Latina conllevaron una multitud de afectaciones negativos para los populaciones residentes, sin que sus promesas de “desarrollo” (término sobre cuyas implicaciones discursivas se discutió críticamente) hayan sido cumplidos.
Se declaró que la lucha en contra de dichos efectos negativos se debe basar en un análisis meticuloso de los actores involucrados en los casos concretos, en la coordinación de acciones, en acopiar y compartir informaciones y en insistir en la mayor relevancia de los derechos garantizados por la constitución y por declaraciones universales de Derechos Humanos frente a leyes puntuales como la nueva Ley de Zonas Económicas Especiales.
Concluyendo que las armas de defensa más importantes que tienen los pueblos indígenas contra un invasor que parece abrumador son la ley, la información, la unidad; deberían ser aplicados antes que la inversión ya se haya cumplido.
En una reunión entre comuneros y ejidatarios de Santo Domingo Zanatepec, organizaciones sociales y el cabildo municipal, el alcalde Ricardo Hernández Rodríguez mediante un acta rechazó toda actividad minera en la comunidad y anunció que solicitará a la empresa de consultoría en minería “ADD consultores” cerrar sus oficinas que aperturó el pasado mes de septiembre.
Este acuerdo se realizó después de haber escuchado la postura de los campesinos y también de organizaciones como el Grupo Ecologista Zanatepec quienes desde hace más de dos años luchan para evitar la explotación de la mineria en esta zona oriente debido a las afectaciones mortales en ríos, medio ambiente y en la propia comunidad.
En el 2008, la Secretaria de Economía entregó tres concesiones mineras “Aurena, Santa Martha y la Ventosa” que abarcan 19 mil 795 hectáreas en terrenos colindantes de San Miguel Chimalapa y Zanatepec con la finalidad de extraer cobre, plata y oro.
El munícipe dio lectura a un oficio que le envió la empresa Minaru Gold en la cual le solicita el dialogo entre la comunidad sobre el tema de la mineria.
Agregó que nada se puede hacer si la asamblea de pueblo pone resistencia, aclaró que anteriormente no había realizado algún tipo de reunión porque solo eran especulaciones, sin embargo ahora se sabe que la Secretaria de energía otorgó el permiso y la empresa viene con todo a Zanatepec.
“Esta cita es primeramente con ustedes, con la gente que he visto que esta defendiendo la tierra y el territorio para decirles que no voy a permitir que ninguna empresa de mineria realice acciones con el pueblo, mientras mi administración siga vigente hasta el 31 de diciembre, así será”, recalcó.
![]() Santo Domingo Zanatepec, Oax; 24 de octubre 2016.-Los integrantes del Ayuntamiento de este municipio de la zona Oriente del istmo realizaron una sesión de Cabildo con el punto único de declarar municipio libre de minería a Zanatepec. Esta tarde se celebró la sesión de Cabildo donde el ayuntamiento de Zanatepec, encabezado por el presidente Ricardo Hernández Rodríguez por unanimidad de votos, se pronunció en contra de la minería declarando libre de minas al municipio y también por unanimidad, personas “non gratas” a los representantes mineros de la empresa Mineurum Gold. |
¿Disminución de concesiones mineras en Oaxaca?
En junio de 2016, EDUCA realizó una Solicitud de Acceso a información Pública con el objetivo de conocer el listado de concesiones mineras en el estado. La Secretaría de Economía (SE) respondió a dicha solicitud enviando el listado de concesiones mineras actualizada al 31 de marzo del presente año. Para nuestra sorpresa las concesiones mineras se redujeron un 26.5%, es decir de 407 a 299 concesiones vigentes[1].
Esta información coincide con los datos generales de la SE en la cual establece que en México disminuyeron las concesiones mineras de 26 mil 71 en 2012 a 25 mil 315 en mayo de 2015[2].
Reformas fiscales y tierras comunales: “obstáculos para el desarrollo minero”.
La SE, así como otros actores relevantes del tema informan que esta realidad se debe al desplome del valor de las exportaciones minero metalúrgicas, la Reforma Fiscal de 2014 que en palabras de los productores “se ha traducido en un obstáculo para la inversión en el país”[3], así como “las dificultades para desarrollar proyectos en tierras comunales”[4].
Por otro lado, y contrariamente a los reportes de la SE, la Cámara Minera de México (CAMIMEX) coloca en sus informes al país como el principal productor de plata en el mundo: “Durante 2015 la producción minera de plata en México ascendió a 191.5 millones de onzas, es decir, 3.3 por ciento más que la correspondiente a 2014, y por sexto año consecutivo nuestra nación fue el principal productor de este metal precioso en el mundo, seguido por China y Perú”[5].
La Coordinación General de Minería, también establece en su Portafolio de Proyectos Mineros, que México es el “primer destino de inversión en América Latina. Es importante mencionar que en 2014, México recibió el 7 % de la inversión mundial total, mientras que participa con el 1.8% de la producción mundial. En 2014, la inversión total fue de $4,947.7 millones de dólares”[6].
De igual forma, es de extrañar la declaración del Gobernador del Estado de Oaxaca, Gabino Cué, al colocar al estado en el 7° lugar en producción minera a nivel nacional[7].
Tenemos entonces dos versiones encontradas por parte de actores vinculados a la producción minera en el país, la primera de ellas establece que existe una disminución en las concesiones mineras debido a las condiciones desfavorables de la “nueva” legislación, así como el marco jurídico de la tierra en el país; por otro lado encontramos las declaraciones de las mismas autoridades argumentando un incremento en la explotación de plata y oro a nivel latinoamericano e incluso mundial.
Esta es la cuarta entrega del proyecto de investigación realizado por EDUCA dentro del proyecto Observatorio de Derechos Territoriales. En junio de 2016, EDUCA realizó una Solicitud de Acceso a Información Pública con el objetivo de conocer el listado de concesiones mineras en el estado. La Secretaría de Economía (SE) respondió a dicha solicitud enviando el listado de concesiones mineras actualizada al 31 de marzo del presente año. Para nuestra sorpresa las concesiones mineras se redujeron un 26.5%, es decir de 407, que fue nuestro último registro de 2015, a 299 concesiones vigentes a la fecha de hoy. Esta información coincide con los datos generales de la SE en la cual establece que en México disminuyeron las concesiones mineras de 26 mil 71 en 2012 a 25 mil 315 en mayo de 2015. Tenemos entonces dos escenarios, por una parte existe una disminución en las concesiones mineras debido a las condiciones desfavorables de la nueva legislación, así como el marco jurídico de la tierra en el país. Por otro lado encontramos las declaraciones de las mismas autoridades argumentando un incremento en la explotación de plata y oro a nivel latinoamericano e incluso mundial. De acuerdo al reporte del tercer trimestre de Fortuna Silver Mines (FSM), en este trimestre de 2016 extrajeron en la mina San José 1,780,825 onzas de plata con un valor de 34 millones de dólares. Y 13,951 onzas de oro con valor de 19 millones de dólares.
Aproximadamente 500 representantes y pobladores de siete municipios formaron el Comité de Defensa Regional contra la Minería en el Istmo de Tehuantepec, ante la inminente instalación de empresas en 30 mil hectáreas de la zona oriente de esa región.
Los participantes acordaron impedir la minería por tóxica
y formar comités para informar a la región; asimismo, anunciaron una marcha para el 20 de noviembre en defensa de su territorio.
Entre 2005 y 2013 el gobierno federal otorgó cinco concesiones a tres compañías mineras canadienses, entre ellas Minaurum Gold Inc, en los municipios de Zanatepec, Chahuites, San Pedro Tapanatepec y San Miguel Chimalapas.
En la asamblea, realizada en San Pedro Tapanatepec, participaron representantes de bienes comunales y ejidales, agricultores, pescadores y ganaderos de Reforma y San Francisco del Mar e incluso los alcaldes electos de Niltepec, Chahuites e Ixhuatán.
El gobierno vendió los permisos sin preguntarnos y violando nuestros derechos, pero les recordamos que las tierras son de nosotros, no de ellos
, expuso Roberto Gamboa, representante de los bienes comunales de Zanatepec.
La presencia de la minería en el estado de Oaxaca ha provocado problemáticas graves en diversas comunidades, principalmente donde se han otorgado concesiones mineras, o donde se realizan actividades de prospección, exploración y explotación de minerales.
Concesiones mineras otorgadas sin el consentimiento de las comunidades
Desde enero de 2002 y hasta abril de 2016 la Secretaría de Economía ha otorgado 972 títulos de concesión minera, de las cuales actualmente 299 están vigentes[1]. Dichas concesiones cubren una superficie total de 462’974 hectáreas, que representan el 5% del territorio estatal. A nivel nacional se encuentran concesionadas 52 millones de hectáreas a empresas mineras[2].
Las concesiones mineras se otorgaron en 90 municipios del estado de Oaxaca por un periodo de 50 años, dichos municipios no fueron consultados al momento de entregar las concesiones mineras, éstas han sido entregadas en ejidos y comunidades agrarias que tradicionalmente tienen uso para la agricultura comercial y de autoconsumo, ganadería, pesca, son sitios sagrados e incluso abarcan centros poblacionales, en consecuencia las comunidades no tienen información sobre el tamaño de la concesión, su vigencia, el titular, entre los datos más relevantes. Es necesario señalar que la información proporcionada a las comunidades en Oaxaca por el gobierno federal, estatal y empresas involucradas ha sido discresional, no se informa sobre la escala del proyecto o los posbiles impactos que esta actividad ha generado en otros estados de la república en los ámbitos social, político, ambiental y cultural.
Veintidós[3] comunidades han exigido la cancelación de dichas concesiones argumentando violaciones a sus derechos como pueblos y comunidades indígenas, principalmente el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, al territorio, a la libre determinación, al desarrollo desde su propia cosmovisión y a la información pública; sin embargo el marco legal, no establece ningún mecanismo para su cancelación, a excepción de la decisión de la empresa para desistirse,terminación de la vigencia o resolucion judicial[4], aunado a que la actividad minera tiene preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que se da a la tierra[5]. Estos elementos colocan en total desprotección a los pueblos y comunidades del estado de Oaxaca y al ejercicio de sus derechos, incluso el derecho a la defensa.
Los megaproyectos eólicos son lapunta de lanza
de la zona económica especial anunciada por el gobierno federal para el Istmo de Tehuantepec, con la finalidad de concretar el despojo de tierras y bienes de Oaxaca, denunciaron diversas organizaciones y movimientos de resistencia campesinas e indígenas de la entidad.
Las 25 centrales de energía eólica que operan en ese estado ocupan ya casi cien mil hectáreas sólo en la región istmeña, superficie que podría duplicarse en los próximos años con el anuncio que el pasado miércoles hizo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, de las empresas ganadoras de la segunda subasta eléctrica, autorizadas para construir 36 nuevas centrales generadoras de energía eólica, solar y geotérmica a escala nacional.
Bettina Cruz Velázquez, de la organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, afirmó que tan sólo en los años recientes de esta resistencia popular, más de 60 líderes comunitarios y defensores de derechos humanos han sido encarcelados, y algunos todavía enfrentan procesos judiciales, en un intento por desactivar la movilización en contra de esos megaproyectos, los cuales tienen como únicos beneficiarios a las empresas privadas.
Durante la implementación de proyectos mineros, parques eólicos y gasoductos, las comunidades indígenas de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca no se benefician de ese desarrollo económico. En contraste, las empresas que operan en su territorio han pisoteado sus derechos humanos: arriban, no realizan una consulta libre, previa e informada a los habitantes, sobornan a las autoridades ejidales para despojarlos de las tierras que emplean para sus actividades económicas como la agricultura y afectan su identidad, cultura y medio ambiente, denunciaron miembros. Ante ello, reclaman una transición energética democrática, participativa y acorde con sus derechos sociales y ambientales. No están en contra de la energía, dijeron, sino de la forma en como se está procediendo.
Además, de acuerdo con la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) legitima ese arrebato de su viento, mar y tierra; los obliga a subsidiar a empresas privadas con su presupuesto municipal y riquezas naturales, y elimina su capacidad de decisión democrática. Estas medidas, por sí mismas, frenan el desarrollo social prometido.
“El país está siendo realmente avasallado, pero creemos que el riesgo del maíz, es el riesgo del país”, advirtió la activista Jesusa Rodríguez al invitar a conmemorar el Día en Defensa del Maíz Nativo y la Milpa con un foro de conferencias para la defensa de este alimento. “Sabemos que la embestida en México es en todos los frentes, en la minería, el petróleo, la venta de terrenos marítimos”, sin embargo, “una de las amenazas al maíz nativo es la multinacional Monsanto, que si ya era un monstruo gigantesco, ahora que fue adquirida por la empresa Bayer será más poderosa”. Esta mañana en Tlaxiaco, en el marco del 4to Festival Estatal de Maíz, se hermanan con un ritual de agradecimiento, pueblos y comunidades en defensa del maíz nativo y la milpa. “Somos la base de nuestra soberanía alimentaria aunque parezca que somos los últimos”, fue el mensaje de Natividad Miguel García de la A.C. Desarrollo Agroecologico de la Mixteca. “El maíz crece en un territorio que debe estar controlado por las comunidades. Como defender el maíz si nuestros territorios están siendo invadidos? El maíz es la riqueza de nuestros pueblos y hay que defenderlo”, enfatizó Jesús Leon Santos del CEDICAM.
Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO)
Articulación Social sobre Energía Renovable en Yucatán
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2016
De nueva cuenta sin consultar a las comunidades que serán gravemente afectadas, la Secretaría de Energía presentó ayer la lista definitiva de ganadores de la Segunda Subasta de Largo Plazo para proyectos de generación de energía. Entre ellos se encuentra el proyecto “Gunaa Sicarú”, un parque eólico de 252 Megawatts que la empresa Eólica de Oaxaca pretende construir en tierras ilegalmente privatizadas de los Bienes Comunales de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec.
Al respecto, Bettina Cruz Velázquez, representante de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), afirmó:
Nuevamente el Gobierno mexicano otorga un contrato a un megaproyecto eólico, de 252 MW, que se pretende instalar ilegalmente en las tierras comunales de Juchitán1, , contradiciendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas de la ONU tras su visita a México2. El gobierno dispone de nuestro territorio para beneficio de empresas privadas, incluyendo industrias sumamente contaminantes, sin importarle los impactos destructivos en nuestros pueblos y cultura. Estas consecuencias están claramente reflejadas en el informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) adoptado por el Directorio Ejecutivo del BID el 14 de septiembre de 20163, que concluye: “consideramos que efectivamente las comunidades indígenas del Istmo enfrentan el riesgo de pérdida de identidad y costumbres. Esto se refiere en particular a la pérdida del principio de gobernanza comunitaria y bien común a favor de esquemas de decisión y desarrollo centrados en el individuo.” Este informe del BID atribuye directamente este grave impacto social “al intenso y rápido desarrollo eólico en la región del Istmo’. También reconoce que estos proyectos ocasionan serios conflictos que ponen en riesgo la vida y seguridad de quienes defendemos los territorios, valores y derechos comunitarios.
Integrantes del Grupo Ecologista Zanatepec (GEZ) pioneros en la defensa de la tierra y el territorio y también de la resistencia ante proyectos mineros en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, comenzaron con la conformación de comités de barrios y secciones de la localidad ante la presencia de unaconsultoría “ADD consultores” que ha empezado a difundir las “bondades” de la minería a modo. Los ecologistas señalaron que a inicio de mes, tres consultores de la empresa se reunieron con comuneros, ejidatarios, grupos sociales y algunos representantes para comentarles sobre los proyectos y que “vienen a quedarse” a la comunidad. En el 2008, la Secretaria de Economía entregó tres concesiones mineras Aurena, Santa Martha y la Ventosa a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc que abarcan 19 mil 795 hectáreas en terrenos colindantes de San Miguel Chimalapa y Zanatepec con la finalidad de extraer cobre, plata y oro. En la zona oriente de la región, el rechazo a mineras ha sido permanente: En las localidades de Ciudad Ixtepec, Tapanatepec, Reforma de Pineda, Unión Hidalgo, San Francisco Ixhuatán, entre otras también han acudido para hacer conciencia a través de videos, trípticos y de boca en boca.
Los integrantes del Colectivo Antiminero de Zanatepec, integrado por diversas organizaciones civiles ecologistas, comuneros y ejidatarios, así como activistas del medio ambiente, presentaron en una reunión distintas propuestas de lucha para hacer frente al proyecto minero que promueve el gobierno federal.
En la reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del CECACI, cada grupo participante presentó propuestas y estrategias, entre los presentes estuvo el Grupo Ecologista de Zanatepec, de las primeras agrupaciones que comenzaron a trabajar en la concientización de los ciudadanos.
El grupo hizo dos propuestas: primero, que se nombren comités de defensa en todas las agencias y colonias de todas las organizaciones sociales y políticas, en donde no debe de excluirse a nadie y estén bien informados, además de que cada comité nombre a dos representantes para integrar el «Frente Zanatepecano».
Y que el Comisariado de Bienes Comunales y el ejido nombren, cada uno, un comité especial en donde sus integrantes asistan a talleres y seminarios, ya que ambos desconocen gran parte del proceso.
La segunda propuesta presentada es que se lleve a cabo el 25 de octubre, –tentativamente– el “Foro Minero» con la participación de los pueblos afectados, aunque esas fueros las propuestas de uno de los participantes, continúan invitando a todos los ciudadanos o grupos aportar sus ideas.
“Todos tienen el derecho de participar y proponer, pues la lucha debe de organizarla el pueblo y sus líderes”, argumentaron los miembros del Grupo Ecologista de Zanatepec.
Boletín de prensa
Desde inicios de 2015, la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines ha realizado trabajos de exploración minera en los límites ejidales de San José del Progreso, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos, sin el consentimiento de nuestras asambleas comunitarias. Ante esta situación firmamos en noviembre de 2015 una Declaratoria Regional de Territorio Prohibido para la Minería, que entregamos ante diversas dependencias del ejecutivo federal y estatal. Denunciamos que hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta que garantice el ejercicio y respeto de nuestros derechos por parte de dichas autoridades.
Las comunidades denunciamos las graves afectaciones sociales, políticas y ambientales producidas por el proyecto “San José” en la comunidad de San José del Progreso. Donde los asesinatos, las personas heridas por armas de fuego, los enfrentamientos, la contaminación ambiental continúan en completa impunidad.
Comunidades campesinas de los distritos de Ejutla y Ocotlán exigieron la cancelación de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, porque ha realizado trabajos de exploración en su territorio sin el consentimiento de las asambleas comunitarias.
Aunque en noviembre de 2015 esas comunidades se declararon Territorio Prohibido para la Minería, la empresa, en su interés por ampliar su proyecto, ha invadido ejidos y realizado trabajos de exploración mediante barrenaciones y explosiones, sin los permisos respectivos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Ante la cerrazón gubernamental para escuchar sus demandas, las asambleas ejidales y comunales de Monte del Toro, San Martín de los Canseco, Las Huertas, Los Ocotes, El Vergel y Coatecas Altas, además de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), el ayuntamiento de Santa Catarina Minas y habitantes de Santa Lucía Ocotlán, advirtieron que van a defender su territorio a costa de sus vidas.
“No vamos a permitir que el gobierno nos siga matando, autorizando que perforen nuestros terrenos. Vamos a unirnos y defendernos legalmente”, afirmó Pablo Pacheco Antonio, de la comunidad Monte del Toro.
En esta segunda entrega del trabajo de investigación realizado por EDUCA en el proyecto Observatorio de Derechos Territoriales, se revela que la CFE proyecta la construcción de 11 proyectos hidroeléctricos en la región de la Costa de Oaxaca, incluido el proyecto Paso de la Reina. Esta información fue obtenida por solicitudes de acceso a la información y se encuentra publicada en el Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) de la Secretaría de Energía. Estos proyectos son: Copalita, Plan de Guadalupe, Colotepec, Coyula, Zimatán, San Miguel, Alemania, Nopala, Reforma, Tataltepec y Paso de la Reina. (Observar el mapa). De acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 en el apartado de Sector Energía, se plantean los principales proyectos de inversión, dentro de los cuales, se ubica al Proyecto de Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina, Oaxaca, consistente en una central hidroeléctrica con capacidad de 543 MW, la cual contempla una inversión total estimada de 15,408 mdp. En este apartado es pertinente hacer tres anotaciones de contexto: a).- La organización COPUDEVER solicitó al gobernador Gabino Cué una audiencia para informarle sobre los impactos negativos del proyecto en sus comunidades, el gobernador nunca les recibió, b).- El gobernador electo, Alejandro Murat, señaló durante una entrevista con el “Proyecto Por el Derecho a Saber”, que impulsará en su gobierno la hidroeléctrica Paso de la Reina y c).- La próxima estructura gubernamental contará con una Secretaría del Medio Ambiente y es probable que con una Secretaría de Energía. El próximo gobernador de Oaxaca enfrentará una férrea resistencia comunitaria en la defensa de sus territorios.
En esta segunda entrega del trabajo de investigación realizado por EDUCA en el proyecto Observatorio de Derechos Territoriales, se revela que la CFE proyecta la construcción de 11 proyectos hidroeléctricos en la región de la Costa de Oaxaca, incluido el proyecto Paso de la Reina. Esta información fue obtenida por solicitudes de acceso a la información y se encuentra publicada en el Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) de la Secretaría de Energía. Estos proyectos son: Copalita, Plan de Guadalupe, Colotepec, Coyula, Zimatán, San Miguel, Alemania, Nopala, Reforma, Tataltepec y Paso de la Reina. (Observar el mapa). De acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 en el apartado de Sector Energía, se plantean los principales proyectos de inversión, dentro de los cuales, se ubica al Proyecto de Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina, Oaxaca, consistente en una central hidroeléctrica con capacidad de 543 MW, la cual contempla una inversión total estimada de 15,408 mdp. En este apartado es pertinente hacer tres anotaciones de contexto: a).- La organización COPUDEVER solicitó al gobernador Gabino Cué una audiencia para informarle sobre los impactos negativos del proyecto en sus comunidades, el gobernador nunca les recibió, b).- El gobernador electo, Alejandro Murat, señaló durante una entrevista con el “Proyecto Por el Derecho a Saber”, que impulsará en su gobierno la hidroeléctrica Paso de la Reina y c).- La próxima estructura gubernamental contará con una Secretaría del Medio Ambiente y es probable que con una Secretaría de Energía. El próximo gobernador de Oaxaca enfrentará una férrea resistencia comunitaria en la defensa de sus territorios.
Luego de la visita del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre empresas y derechos humanos a México, el organismo reveló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa estatal con más quejas de derechos vulnerados. Durante los primeros días de septiembre, los expertos de la ONU, Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, escucharon los testimonios de comunidades afectadas por actividades empresariales. Astrid Puentes, coordinadora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), señaló que entre los 68 casos documentados, los sectores donde se detectaron más abusos fueron: minería con 11; hidrocarburos con nueve; energía con ocho; construcción con ocho y agroindustria con seis. Precisamente en el rubro de energía es donde destacan las quejas de CFE, de acuerdo con Puentes. Por su parte, Elena Villafuerte y Sandra Alarcón, de ProDESC y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, coincidieron en que la violencia en torno a megaproyectos y la extracción de minerales en estados de Oaxaca y Guerrero, está estrechamente relacionada con “la corrupción con autoridades y colusión con el crimen organizado”. Benjamin Cokelet, de la organización Poder, reconoció que las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU no tiene “carácter vinculante”, y emplazó al gobierno de Peña Nieto a implementar un plan general de acción para la aplicación de los principios rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresas.
http://aristeguinoticias.com/wp-content/uploads/2016/08/Xochicuautla_Mitin-9-600×274.jpgLos proyectos de minería, infraestructura y energéticos presentan los mayores casos de abusos contra derechos humanos, de acuerdo con uninforme realizado por cien organizaciones no gubernamentales, quienes pidieron a la ONU documentar dichas irregularidades con motivo de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
De acuerdo con el diagnóstico de las agrupaciones civiles, se reportaron más de 60 casos en todo el país, en los cuales se vieron implicadas 99 empresas: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas.
“En más de la mitad de los casos hubo algún tipo de intimidación y/o ataque contra defensores de derechos humanos y las violaciones más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos indígenas”, aseguraron las organizaciones en un comunicado.
Las agrupaciones y comunidades afectadas darán a conocer durante la visita del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos los impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura, explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros.
Por sugerencia de sociedad civil, el grupo se reunirá con empresas como Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo, Goldcorp, Transcanada, Eólica del Sur y CEMEX, así como con las paraestatales, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, debido a supuestos impactos graves ocasionados por éstas.
“Pedimos que sean nuestra voz ante el mundo de lo que está pasando en México, que hagan que aflore la verdad”, esta fue la petición que más de 28 representantes de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la última reunión con actores sociales que se realizó el pasado domingo, en el municipio de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, y antes de que los integrantes de este Grupo den a conocer su informe preliminar este miércoles 7 de septiembre.
Esta visita oficial comenzó la semana pasada en la Ciudad de México, y a lo largo de estos días se han encontrado en seis ocasiones con representantes de comunidades, movimientos y organizaciones sociales en distitos estados de la República bajo un mismo objetivo: revisar a detalle el cumplimiento o no en México de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.
Niñas, niños, mujeres y hombres de distintos lugares de México recibieron a dos integrantes del Grupo de Trabajo, Dante Pesce y Pavel Sulyanziga (actual presidente del Grupo), y cuatro representantes más de Naciones Unidas entre cantos, música, collares de flores y abrazos; uno por uno expusieron casos en donde denunciaron violaciones a sus derechos humanos con un factor común: empresas transnacionales y nacionales buscando despojarles de sus tierras y bienes comunes para beneficio económico privado.
Al dar a conocer el inicio de la tercera fase deliberativa del proceso de consulta en los Valles Centrales, que les permitirá avanzar en un acuerdo de modificación del Decreto de Veda de 1967, autoridades municipales y agrarias de Ocotlán de Morelos y Zimatlán advirtieron que los índices de migración y abandono del campo se incrementan de manera alarmante.
Los también integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) denunciaron que, a más de un año de la consulta indígena para modificar el decreto de veda del agua de 1967 en el valle de Ocotlán y Zimatlán, el trámite avanza lento y en medio de irregularidades que entorpecen un claro proceso.
Las reformas y los cambios en leyes
México ha cambiado legal y estructuralmente el sistema energético a través de la llamada reforma energética, que se tradujo en la reforma al artículo 27 constitucional y más de 12 leyes secundarias. Este cambio implica que la Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa productiva que competirá al igual que cualquier otra empresa por el mercado energético. El nuevo esquema permite la entrada de empresas a todas las etapas del proceso productivo lo cual representa una gran oportunidad de negocios para las mismas, pero una amenaza para los territorios.
Por otra parte a la par de la apertura del sector energético a capital privado, el impulso a la política de la energía limpia adquiere mayor preponderancia, se promueve ahora la captación de recursos a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL para el cumplimiento de metas contra el cambio climático. En este año se realizó la primera subasta de 6.3 millones de Certificados de Energías Limpias (CEL) por parte de CFE para empresas privadas1. Esta subasta concluirá con la asignación de contratos de largo plazo de 15 a 20 años entre las empresas generadoras de “energías limpias”. El gobierno mexicano pretende cubrir la meta de 5% de su consumo en CEL para 2018. Cualquier empresa ahora podrá por ejemplo vender un paquete de energía y CELS. La primera subasta la ganaron Sun Power Systems, Enel, Parque Eólico Reynosa III, Gestamp Wind, Recurrent Energy, Alten Energías Renovables del Istmo, que invertirán en su conjunto 2 mil 116 millones de doláres de 2016 a 2018.2
Sin embargo para varios expertos existe un problema en la definición de energías limpias en las leyes mexicanas, por ejemplo se consideran a las hidroeléctricas y la energía nuclear, sin considerar los graves impactos ambientales que están han tenido.
El panorama para Oaxaca
Oaxaca ofrece bienes comunes como los ríos, manantiales, vientos y otras fuentes de agua, que podrán ser concesionados a empresas para la producción de energía. A través de un análisis realizado por EDUCA3 del Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) elaborado por la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía del Gobierno Federal se han identificado posibles proyectos de inversión “verde” en territorios oaxaqueños. Existen proyectados al menos 66 proyectos de “pequeñas” hidroeléctricas, 1 proyecto de gran hidroeléctrica y 8 proyectos de aerogeneradores.
La Comisión Federal de Electricidad todavía es la ejecutora de algunos proyectos hidroeléctricos, pero en Oaxaca han presentado proyectos las empresas Electricidad del Istmo, ENERSI, COMEXHIDRO y Electricidad de Oriente4. La distribución de la energía también abierta a empresas está abriendo un potencial mercado a empresas nacionales y extranjeras.
De acuerdo con una investigación realizada por EDUCA, en el proyecto Observatorio de Derechos Territoriales, se revela la intención, del gobierno federal y estatal, de impulsar en Oaxaca 67 proyectos hidroeléctricos. De este total, 66 son considerados como “pequeñas hidroeléctricas” y uno tiene la categoría de “gran proyecto”. Por las características de estos proyectos podemos afirmar que no serán pequeños, más aún cuando en algunos casos como en la cuenca de Choapam Mixe se proyectan nueve presas en el mismo río o en la cuenca del Río Verde, donde se planean construir 14 presas. En esta primera entrega, de un total de seis notas informativas que se publicarán quincenalmente, EDUCA ofrece información respaldada en investigaciones, que dan cuenta del despojo y devastación del territorio oaxaqueño a través de proyectos de inversión, especialmente en materia energética. El mapa que se presenta incluye los proyectos que se encuentran en el Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) de la Secretaría de Energía. Es fundamental que las comunidades y pueblos emprendan acciones para ejercer sus derechos de acceso ala información pública, a la libre determinación y a la defensa de sus territorios.
El Grupo de Trabajo de la Organizacion de Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos se encuentra en México realizando una visita oficial que inició el 29 de agosto y terminará el próximo 7 de septiembre.
La jornada de trabajo cerrará con una conferencia de prensa donde el grupo presentará su informe preliminar, mismo que incluirá algunas recomendaciones al respecto de las visitas regionales que realice durante su estancia y las diferentes reuniones con empresas, entidades de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas.
De cinco miembros, este grupo de trabajo fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2011. Su mandato incluye promover la ejecución de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La tarde del jueves 1 de septiembre se realizó la primera visita regional al Estado de Oaxaca. La visita fue coordinada por las organizaciones del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC (ProDESC) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CODIGO DH).
Los expertos independientes Dante Pesce y Pavel Sulyandziga se reunieron con comunidades afectadas principalmente por proyectos mineros, eólicos, de extracción de hidrocarburos, entre otros; un total de 25 casos.
En la etapa final del juicio y en vísperas de la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, la empresa Desarrollos Eólicos de México SA empezó a otorgar la cancelación de los contratos a la comunidad agraria de Unión Hidalgo, confirmó el coordinador del área de Justicia Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Juan Antonio López Cruz.
Sin embargo, consideró que se trata de una acción tramposa de la empresa Desarrollos Eólicos de México, filial de la compañía española Renovalia Energy, debido a que la acción se da en vísperas de la sentencia agraria y la visita que realizará un Grupo de Trabajo de la ONU por la crisis de los derechos humanos en el país como resultado de las llamadas “reformas estructurales”.
También adelantó que la demanda agraria de los posesionarios de Unión Hidalgo continuará para que sea el Tribunal Agrario de Tuxtepec el que emita la sentencia de nulidad de los 24 contratos firmados mediante engaños para la instalación de un parque eólico en esa comunidad del Istmo de Tehuantepec.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos visitará México del 29 de agosto al 7 de septiembre próximos con el propósito de observar que el gobierno mexicano y las empresas (eólicas, mineras o hidroeléctricas) cumplan con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos. En la primera visita oficial del Grupo de Trabajo, sostendrán reuniones en la Ciudad de México y en los Estados de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora, en donde existe resistencia a polémicos megaproyectos energéticos. En Oaxaca, se presentarán a esta representación de la ONU los casos de las comunidades de Unión Hidalgo y de Juchitán afectados por la implementación de parques eólicos, así como de comunidades afectados por proyectos mineros e hidroeléctricos. El experto en derechos humanos Pavel Sulyanziga, quien actualmente encabeza el Grupo de Trabajo, manifestó desde Ginebra, Suiza, que su visita pretende examinar los esfuerzos del gobierno de Enrique Peña Nieto y las empresas para prevenir y abordar los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos.
En un reportaje sobre el Istmo de Tehuántepec, el periódico The New York Times describe la pobreza en La Ventosa: Por la noche, Juan Piñeda López escucha el zumbido de una turbina de viento que gira a 275 metros de su casa de adobe. A veces le llega el olor a lubricante que se derrama por el mástil del aerogenerador. Más allá de esos detalles, dijo Piñeda, el bosque de turbinas que en años recientes ha surgido en los llanos de esta parte del estado sureño de Oaxaca no afecta su vida cotidiana. He ahí el problema. Ocho años después de que México se comprometió a luchar contra el cambio climático quienes viven en comunidades indígenas pobres están divididos en cuanto a los beneficios de la revolución ecológica. El caso enfatiza la necesidad de equilibrar los deseos de energía limpia con las preocupaciones de quienes son dueños de los terrenos que la producen, dijo Beatriz Olivera, una ingeniera que durante varios años dirigió la campaña de cambio climático de Greenpeace México. Agregó: “Queremos energía eólica pero no a cualquier precio”. Carlos Tornel, un consultor de energía en Ciudad de México, dijo que la resistencia a los proyectos eólicos podría extenderse a otras regiones.
Comuneros en Defensa del Territorio y de la Comunidad de Ciudad Ixtepec acusaron al comisariado de bienes de Ciudad Ixtepec, German Rosado Valencia, -quién se encuentra impugnado-, de querer pactar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acuerdos para abastecer de energía eléctrica a proyectos mineros en la zona.
Lo acusaron de entregar al Registro Agrario Nacional (RAN) un acta falsa de Asamblea en la que afirma que los comuneros le otorgan “facultades generales para actos de dominio a fin de suscribir con Comisión Federal de Electricidad los contratos de Servidumbre Legal de Paso ante el Notario Público” y que la Comisión Federal de Electricidad determine, lo que significa que es la entrega de las tierras comunales de Ixtepec.
Según el acta falsa, los comuneros otorgan al Comisariado un poder general para firmar todo lo que CFE determine, en condiciones abusivas. Por tanto, CFE podría obtener gracias a esta acta las servidumbres de paso necesarias para suministrar electricidad al proyecto de minería a cielo abierto .
En esta localidad se pretende ubicar un proyecto minero que abarca una concesión de 8,150 hectáreas, denominada “lote NIZA”, con número de título 232089 fue otorgada por el Gobierno Federal a través de la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía en el año 2008 a la empresa Minera Plata Real, para extraer oro y plata de territorio ixtepecano por un periodo de 50 años.
Sin una consulta previa, libre e informada con los dueños ancestrales de las tierras y sin importar que afectará a la gran biodiversidad que caracteriza a Oaxaca, la Secretaría de Economía (SE) entregó 389 títulos de concesión minera entre enero de 2002 a junio de 2011, principalmente a compañías canadienses y estadunidenses, para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre, en una superficie de 742 mil 791.02 hectáreas, que equivale al 7.78 por ciento del territorio estatal.
Aunque a la SE no le importó que las concesiones otorgadas estén dentro de los bosques de la Sierra Norte, las selvas de los Chimalapas, en el destino de playa de Puerto Escondido e incluso, hasta en Santa María Huatulco, donde se localiza el desarrollo turístico sustentable y hasta un área natural protegida.
Estos títulos de concesión, distribuidas en las ocho regiones, pertenecen fundamentalmente a 13 empresas canadienses y dos estadounidenses, con vigencia hasta los años 2023, 2039, 2059, 2050 y 2062.
De estas, se han generado 33 proyectos mineros, pero solamente dos están en la etapa de explotación comercial. El primero, denominado El Águila de la empresa estadunidense Gold Resource Corp, localizado en San Pedro Totolapan, y el segundo, San José de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ubicado en San José del Progreso.
Fidel Heras Cruz, presidente del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER) advierte que los pueblos indígenas viven en una lucha constante por la defensa de su territorio contra el gobierno y contra empresas transnacionales por lo que consideró que en el marco del día internacional de Pueblos Indígenas “no hay nada que celebrar”. Asegura que la “lucha, la resistencia no la vamos a dejar: Yo escucho que la gente grande cuenta que alrededor de 50 años entrababa la Comisión Federal de Electricidad haciendo trabajos, hacer estudios, abrir brechas y nunca decían nada, no consultaron nada”. Sin embargo dijo, que fue hasta el 2007 cuando la gente se empezó a dar cuenta de este proyecto que contempla la construcción de una Hidroeléctrica para la generación de energía. En ese año también en las comunidades el gobierno intervino con programas para delimitar las tierras y que cada quien fuera propietario, sin embargo según el presidente de este consejo de pueblos esto solo venía a perjudicar. Igualmente empezaron a meter la maquinaria para iniciar el proyecto sin ninguna autorización ni consulta previa con toda la violación a los tratados internacionales, pero fue cuando gente pidió información “dijeron que iban sobre el proyecto, pero a los pobladores no les convenció”.
Autoridades Municiaples y Agrarias de las comunidades que integran la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidadp y defensa del agua (COPUDA), el Frente de Autoridades Municipales y Agrarias por el cuidado y defensa del territorio del Valle de Oaxaca, (FAMA) y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., informaron sobre los retos que enfrentan ante la Tercera Fase o deliberativa del Proceso de Consulta en los Valles Centrales sobre la modificación del Decreto de veda de agua de 1967, esto, mediante una conferencia de prensa ofrecida en la capital.
Explicaron que deliberarán con base a la información enviada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la cual exhortaron para que les envíe los datos del monitoria acuífero y el control de agentes contaminantes del agua, asimismo, para que al término de la Fase respecte lo acordado por los pueblos y con ello se construya una propuesta para la modificación del decreto.
La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) de los Valles Centrales de Oaxaca advirtió que las irregularidades cometidas por autoridades en el marco del proceso de consulta a las comunidades sobre la veda de la utilización del Acuífero Valles Centrales serán objeto de una queja en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el Tribunal que conoce el caso y organismos internacionales competentes, y podrían conducir a la suspensión del proceso.
La organización denunció que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) están violando los principios rectores de la consulta: ser libre, previa e informada; ser de buena fe; y de acomodo. Especialmente, integrantes de la coordinadora denunciaron que a través de los recibos de luz, las dependencias están llamando a renovar los títulos de concesión y asignación vencidos, que son objeto de la consulta.
Autoridades comunales y agrarias, comunidades y organizaciones de Oaxaca y otros estados de la República, se reunieron en el zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez el 21 de julio de 2016, fecha que del Día Estatal de Rebelión Contra la Minería. Al concluir el intercambio de reflexiones y experiencias de lucha dieron a conocer un pronunciamiento, en el cual denuncian “con dolor e indignación los continuos atropellos que hemos estado sufriendo comunidades y pueblos de Oaxaca y otros estados de la República por parte de corporaciones privadas y autoridades de los tres niveles de gobierno” y que “que se nos sigue tratando como si fuéramos colonias y que el empeño colonizador comprende no sólo nuestras tierras y territorios, sino también nuestras formas de ser y de pensar y todos nuestros valores y creencias, así como nuestras raíces espirituales”
En el marco de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, que realizó en Oaxaca la “Jornada Cultural en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio”, los días 21 y 22 de Julio, organizaciones sociales y comunitarias compartieron sus experiencias de lucha en defensa de sus bienes comunes; entendidos por los Gobiernos como “recursos” al servicio del capital, señalaron los participantes. Entre las experiencias invitadas se encontraban: Atenco, Cherán, Capulalpám de Méndez, el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio en Oaxaca y la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), así como otros movimientos de defensa en el Estado.
Durante las reflexiones del Foro “Estrategias de lucha para la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio” los participantes discutieron sobre el Diagnóstico del Despojo Territorial en México y la Construcción de la Esperanza a través de las experiencias de lucha en defensa de la vida. “Nunca como hoy, la vida y la tierra están en peligro”, aseguró el indígena mixteco, Francisco López Bárcenas, al participar con su análisis sobre ¿porqué? Y ¿de quién? Se defiende a la Madre Tierra para finalizar su intervención con la frase zapatista: ¡Otro mundo es posible!
Organizaciones sociales, civiles y comunitarias de Oaxaca invitan a pueblos, comunidades, movimientos en defensa del territorio, organizaciones y público en general a participar en la Movilización Estatal en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. La movilización se realizará los días 21 y 22 de julio en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca. El 21 de julio se efectuará el Foro Estrategias de Lucha para la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio que tiene el objetivo de analizar, reflexionar y denunciar el contexto actual de despojo del territorio y generar estrategias de defensa y resistencia de comunidades en México y Oaxaca a la luz de la coyuntura actual. |
Organizaciones sociales, civiles y comunitarias de Oaxaca invitan a pueblos, comunidades, movimientos en defensa del territorio, organizaciones y público en general a participar en la Movilización Estatal en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. La movilización se realizará los días 21 y 22 de julio en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca. El 21 de julio se efectuará el Foro Estrategias de Lucha para la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio que tiene el objetivo de analizar, reflexionar y denunciar el contexto actual de despojo del territorio y generar estrategias de defensa y resistencia de comunidades en México y Oaxaca a la luz de la coyuntura actual |
Organizaciones sociales, civiles y comunitarias de Oaxaca invitan a pueblos, comunidades, movimientos en defensa del territorio, organizaciones y público en general a participar en la Movilización Estatal en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. La movilización se realizará los días 21 y 22 de julio en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca. El 21 de julio se efectuará el Foro Estrategias de Lucha para la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio que tiene el objetivo de analizar, reflexionar y denunciar el contexto actual de despojo del territorio y generar estrategias de defensa y resistencia de comunidades en México y Oaxaca a la luz de la coyuntura actual. |
Pobladores y activistas de este municipio, de la región del Istmo de Tehuantepec, conformaron el Comité Prodefensa de los Recursos Naturales en rechazo a la construcción de una mina y una central hidroeléctrica.
En entrevista, aseguraron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende instalar una hidroeléctrica en la presa Cerro Tablón de Primavera, construida hace 25 años.
Explicaron que la presa se edificó en un río que nace en la sierra mixe zapoteca, donde se localiza el lote Pablito, que consta de 12 mil 426.67 hectáreas, en el cual la empresa Plata Real obtuvo una concesión en 2008 para explotación minera.
Creemos que la hidroeléctrica afectará los recursos naturales de forma drástica, acabará con todo, la minería a cielo abierto es la actividad más depredadora que existe
, alertaron.
En México las oportunidades de desarrollo deben estar al alcance de todos los ciudadanos, “no puede haber dos Méxicos”, y ese es el propósito de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, afirmó este martes el presidente Enrique Peña Nieto.
“(Es) una iniciativa de gran alcance que busca revertir siglos de rezago”, declaró el mandatario en Michoacán.
Peña Nieto afirmó que en México aún conviven la prosperidad y la marginación, así como la vanguardia y el rezago.
Sin embargo, el mandatario aseveró que su gobierno está decidido a cambiar la historia de desigualdad con esfuerzos adicionales para detonar la productividad de todas las zonas del país, especialmente la región sur.
En la promulgación de la ley, el Ejecutivo giró instrucciones a la Secretaría de Hacienda, como la creación de un órgano desconcentrado encargado del establecimiento de las zonas, y que en junio se complete la legislación secundaria de la ley, así como acelerar el inventario de obras prioritarias para cada región, entre otras.
El día 6 de mayo de 2009, aproximadamente 1200 elementos de la policía federal y estatal realizaron un operativo paradesalojar a las y los manifestantes de San José del Progreso en el perímetro del proyecto minero “San José” con armas, perros, camionetas, helicópteros y gases lacrimógenos. A 7 años del brutal desalojo en el cual integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) comunica que “fuimos golpeados y encarcelados, continuamos exigiendo la salida inmediata de la empresa minera Fortuna Silver Mines. Por tal motivo el pueblo de San José del Progreso, en el marco de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio ha determinado hacer una toma simbólica en la entrada principal de las instalaciones del proyecto minero” y exige “la cancelación inmediata del proyecto San José, así como su expansión en municipios y ejidos vecinos”.
Ademas la CPUVO hace “un reconocimiento a las comunidades que han fortalecido su resistencia en las regiones de Valles Centrales, Sierra Sur, Sierra Norte, Mixteca e Istmo contra los proyectos mineros de muerte”.
Oaxaca.-La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió este 5 de mayo una alerta temprana dirigida al ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, y al poder Ejecutivo del estado a fin de que garanticen la libre manifestación de las ideas, derecho de reunión y asociación de las y los habitantes de esa comunidad y quienes participen en las actividades convocadas para esa fecha por la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), frente a las instalaciones de la Minera Cuzcatlán.
El organismo defensor tuvo conocimiento que el 6 de mayo defensoras y defensores de derechos humanos de la CPUVO realizarán una serie de actividades frente a las instalaciones de la Minera Cuzcatlán, ubicada en el municipio de San José del Progreso, en conmemoración del desalojo que dicha organización sufrió en ese lugar el 6 de mayo de 2009.
La medida fue tomada por la Defensoría ante los antecedentes reiterados de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos en ese municipio y, específicamente, en relación con el activismo de integrantes del CPUVO.
Ante ello, la institución autónoma expresa su preocupación por la posibilidad de la reaparición de violencia en San José del Progreso, que pudiera vulnerar de manera grave los derechos humanos de las y los participantes a dicho manifestación, así como también de las y los habitantes de dicha población.
En la comunidad de Santa María Zoogochí, Ixtlán, Oaxaca, los días 24 y 25 de abril del año 2016, nos reunimos autoridades municipales y comunales, docentes y estudiantes de los diferentes niveles educativos de las comunidades de San Juan Tepanzacoalco, San Pedro Yaneri, Santa María Zoogochí, Santa Cruz Yagavila, Santiago Teotlasco, San Juan Yagila, Santa María Josaa, San Miguel Tiltepec y La Luz, pertenecientes a la Unión de Comunidades Cafetaleras del Rincón Alto de Ixtlán, así como autoridades de la comunidad de Tanetze de Zaragoza y Capulálpam de Méndez, con la finalidad de participar en el Foro regional “La minería en Oaxaca. Impactos sociales y ambientales”, en el cual analizamos información sobre las repercusiones sociales y ambientales que ha provocado la minería en Oaxaca y otros lugares, a partir de las cuales generamos, los posicionamientos, propuestas y acciones que emitimos en el presente
PRONUNCIAMIENTO:
Nuestras comunidades no fueron informadas en ningún momento por ninguna institución del gobierno federal, que en el año 2010 se otorgaron las concesiones mineras El Roble y el Roble II, que abarcan 21,072 hectáreas, a la Compañía Minera Teocuitla, o Sundance, o First Mining Corporation, mismas que afectan nuestras tierras y territorios.
El gobierno federal, al otorgar de manera clandestina las concesiones antes mencionadas, ha violado nuestro derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado; máxime cuando a la fecha tenemos información de que se han realizado: muestras exploratorias a lo largo de 15 kilómetros, donde se ha encontrado material altamente magnético asociado con una mineralización de oro de alta calidad en venas; así como muestras “reconnaissance” con helicóptero (es decir de reconocimiento, “reconnaissance” es un término utilizado para operaciones militares)
Observamos que es práctica común de las empresas mineras despojar de sus tierras a las comunidades donde pretenden establecer sus proyectos, a partir de su privatización; para lo que cuentan con el apoyo de funcionarios públicos que implementan los programas Procede o Fanar.
Sabemos que las empresas mineras tienen como política, romper el tejido social de las comunidades donde pretenden establecerse o se han establecido, provocando: la confrontación entre familias y miembros de la comunidad, la desaparición de asambleas comunitarias u otros espacios para la toma de decisiones colectivas, la corrupción de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales, el establecimiento de grupos paramilitares o de otra naturaleza violenta que provocan intimidación entre los habitantes, así como el asesinato de defensores comunitarios.
Hace apenas unos días, el Senado de la República, aprobó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), con la finalidad de dar facilidades fiscales, aduaneras y tributarias a inversionistas que apuesten por el crecimiento económico de las regiones más pobres del sur-sureste del país. Dicha ley supone también, saqueo de bienes naturales, contaminación de ríos, tierras y aire, a cambio de empleos y obras sociales.
Esta es la “oferta” que ahora tiene la población del istmo de Oaxaca y la Costa de Chiapas con el proyecto de ZEE que impulsa el gobierno federal.
En conferencia, Latani Melendez Bravo, del posgrado en Geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el área “sociedad y territorio”, expuso algunas de las consecuencias de los megaproyectos que acompañan dicha iniciativa en el sureste del país.
Con mapas diseñados por el colectivo multidisciplinario GeoComunes, dijo que la costa chiapaneca y el Istmo de Tehuantepec son puntos estratégicos para la creación de proyectos transnacionales de libre comercio, por tanto, no es casualidad que de las tres Zonas Económicas Especiales anunciadas en 2014, dos se encuentran en esta región, Puerto Chiapas y Salina Cruz.
Melendez dijo que estos proyectos son la “reedición” de proyectos ya presentados que favorecerán únicamente los intereses de las empresas bajo la argumentación de “llevar desarrollo y progreso”. Además, subrayó que con los mapas se puede entender la “actual reconfiguración geopolítica del territorio, así como sus posibles impactos, como el despojo del territorio, saqueo de bienes comunes, contaminación de ríos, tierras y aire; además de la descomposición social y cultural que viene aparejada con el proceso industrial, en este caso manufacturero, impuesto en territorios de países en vías de desarrollo”.
Pobladores de Santiago Laollaga se manifestaron en contra del proyecto hidroeléctrico “Tablón de Primavera” en este municipio, el cual –aseguran– afectaría las mejores tierras para la producción agrícola, así como sitios de riqueza arqueológica, además de favorecer la instalación de empresas extractivas sin beneficio para la población.
En vías de conformación, el Comité Vida y Territorio de Laollaga, convocó a una reunión informativa este domingo 17 de abril para consolidar la defensa de sus bienes comunales, así como la realización de un mapa comunitario y la recolección de firmas de apoyo en contra de este proyecto, vinculado a la intención de instalar una mina de oro y plata en Ciudad Ixtepec.
De acuerdo a campesinos y ganaderos de la región, con la construcción de la presa Benito Juárez en el municipio de Jalapa del Marqués, dos tercios del agua fueron quitados del campo y se emplearon a la refinería Antonio Dovalí Jaime de Petróleos Mexicanos (Pemex)en Salina Cruz.
“Es absurdo que la producción de alimentos sea sobrepasada por industrias que buscan únicamente extraer los bienes naturales de la comunidad”.
Ciudad de Ixtepec fue declarado como territorio libre de minería, por unos mil colonos y representantes de organizaciones campesinas, ganaderas, educativas, comisariados de bienes comunales, colectivos de jóvenes, artistas, promotores culturales y ecológicos del Istmo de Tehuantepec; esto debido a las afectaciones que representa la extracción de minerales a cielo abierto a gran escala (envenenamiento de las tierras, aguas y viento), que han sufrido otros pueblos. Durante el foro regional sobre las afectaciones de la minería se sumaron 2500 firmas en contra de este proyecto minero, asimismo se fortaleció la articulación regional y estatal para la defensa de la vida, en contra de la ambición de empresas irresponsables y de la corrupción en algunas autoridades locales, estatales y federales. Se destacó la participación de las mujeres istmeñas que físicamente han enfrentado el “saqueo y despojo” de empresas extranjeras, el cual ha permitido y hasta alentado el Gobierno Federal, Estatal y de algunas autoridades municipales y comunales. Este primer foro, se consideró como un llamado a las autoridades y ciudadanía en general a no esperar a que la mina se establezca, sino reforzar el mensaje, “enérgico y firme”, de que el pueblo dice NO A LA MINA.
Uno a uno, los representantes de organizaciones estatales y locales se pronunciaron en contra de los megaproyectos extractivos en el Istmo de Tehuantepec, debido a que la contaminación de la tierra, agua y viento no sería exclusiva del municipio en el que se exploten los minerales. Es decir que al contaminar la cuenca del Guigu Bicu (Rio los perros) los elementos tóxicos como cianuro y arsénico llegarían hasta las lagunas marinas de San Mateo del Mar, de igual forma al contaminarse la cuenca del río Ostuta y Espíritu Santo, contaminando las lagunas a San Francisco y San Mateo del Mar, de la cual dependen miles de personas a través de la pesca.
“NOSOTR@S somos quienes habitamos estas tierras, aguas, montes y cerros. Somos guardianes del territorio. No sólo venimos del campo y de las comunidades indígenas, también venimos de la ciudad y luchamos por el deber que tenemos de dejarle a nuestros hij@s la misma casa común que nos heredaron nuestr@s abuel@s. Aquí estamos 179 pueblos y comunidades, barrios y organizaciones de 8 diferentes regiones del país que poco a poco nos vamos uniendo en esta celebración de esperanza junto con académicos, científicos, religiosos y artistas, frente a la amenaza que se viste de muchos colores y se presenta con un discurso de progreso y desarrollo. Llamamos con urgencia a ser parte de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio a todos los pueblos, comunidades, barrios y colonias que sufren del despojo; a quienes sufren de la destrucción provocada por los proyectos depredadores forestales o que hacen del agua una mercancía; a aquellos que luchan contra los agrotóxicos, los monocultivos; o las comunidades que son avasalladas por megaproyectos energéticos (hidroeléctricas, eólicas, termoeléctricas, gasoductos, fracking), de infraestructura (autopistas, aeropuertos, trenes) y de minería. (…) Es por eso que a partir de este 10 de abril y hasta el 20 de noviembre de 2016 realizaremos una campaña nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio”.
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe «Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo». El informe destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano aplicables a este tema.
En el informe se abordan las obligaciones que tienen los gobiernos estatales frente a las actividades de extracción en cualquiera de sus territorios, donde las consecuencias negativas afectan directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Las obligaciones estatales en estos contextos giran en torno a seis ejes centrales: (i) adoptar un marco normativo adecuado y efectivo, (ii) prevenir las violaciones de derechos humanos, (iii) supervisar y fiscalizar las actividades de extracción, explotación y desarrollo, (iv) garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información, (v) prevenir actividades ilegales y toda forma de violencia, y (vi) garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y acceso a la reparación adecuada de las violaciones de derechos humanos cometidas en estos contextos.
Se destaca también, que estas situaciones de violación de derechos no son supervisadas ni monitoreadas por los Estados de manera frecuente ni sistemática, donde además existen nulos mecanismos para prevenir las violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, el informe intenta visibilizar las formas en que estas actividades extractivas afectan el efectivo goce de los derechos humanos de los pueblos, particularmente afectaciones al derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, y comunidades afrodescendientes sobre sus tierras, territorios y recursos naturales; al derecho a la identidad cultural y libertad religiosa; a la vida; a la salud, integridad personal y a un medio ambiente sano; a derechos económicos y sociales vinculados con la alimentación, acceso al agua2 y derechos laborales; al derecho a la libertad personal y la protesta social; y a la protección frente al desplazamiento forzado.
Se centra especialmente en la necesidad de diseñar un marco regulatorio efectivo que aborde de manera adecuada a las compañías extranjeras, con métodos de supervisión, de acceso correcto a la justicia y procesos responsables de negociación. Todo esto no se lleva a cabo debido a miedos de los gobiernos de que estas empresas dejen el país. Se proponen diferentes medidas que prometan ser eficientes para sancionar a las empresas extranjeras, a modo de disminuir las violaciones y abusos de derechos de las comunidades. Estas medidas se asocian a compensaciones a las víctimas, sanciones administrativas, diagnóstico permanente, y eliminar las barreras jurídicas para la denuncia.
Con respecto a la protección de los derechos de los pueblos, se pone especial énfasis en la protección de la vida, de la no criminalización de la protesta social, y a la protección de las comunidades frente al desplazamiento forzado. Además, es necesario poner doble cuidado en grupos con mayor riesgo, tales como líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, niños y niñas, adultos mayores, y personas con discapacidad.
El informe cierra con una serie de recomendaciones para los Estados: construir un marco legislativo eficiente, derogar las disposiciones internas que no sean compatibles con la protección de los derechos de los pueblos, dar seguimiento permanente a todos los proyectos que puedan afectar a las comunidades, generar mecanismos que hagan frente a cualquier situación de violación de derechos, mantener a la población informada, todo proceso de fiscalización debe ser transparente y libre de cualquier tipo de influencia, emprender acciones urgentes para la lucha contra la impunidad de casos de violación de derechos humanos, modificar las legislaciones que impidan la consulta previa de manera participativa, libre e informada, establecer indicadores específicos para el monitoreo de cada uno de los proyectos, garantizar a los pueblos indígenas el libre uso de sus territorios garantizar la protección de personas amparadas por medidas cautelares y a quienes se quiera someter a juicios injustos por proteger sus tierras, y gestionar el regreso de personas y comunidades desplazadas.
El Frente de Autoridades Municipales y Agrarias de los distritos de Ocotlán y Zimatlán tienen como objetivos esenciales cuidar y preservar el medio ambiente, que la ciudadanía haga uso racional del agua, para evitar la contaminación del suelo, ríos y arroyos. Además de promover la construcción de retenes y ollas de agua, a fin de evadir la contaminación y explotación irracionales de los recursos naturales, como son las minas, flora y fauna. Así lo dio a conocer en entrevista, el secretario general, Alejandro Salas López, al asegurar que para ello se requiere el apoyo de la sociedad, dependencias federales y estatales. Por otra parte, dijo, evitarán que empresas extranjeras sigan explotando los recursos naturales, como desgraciadamente ocurre actualmente en San José del Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos, donde con el apoyo del gobierno federal y estatal, la empresa Canadiense, sin aportar beneficio alguno a las comunidades, explota importantes Minas y la finalidad es de echarlas fuera de Oaxaca.
A cuatro años de los hechos sangrientos, no hay justicia. Al contrario, en junio del 2015 fueron liberados los presuntos asesinos de Bernardo Vásquez Sánchez. La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán exige la cancelación del proyecto minero “San José” y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez. En un pronunciamiento por el cuarto aniversario de la muerte de Bernardo, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios exige justicia para la comunidad de San José del Progreso:
«El día de hoy se cumplen cuatro años del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), el crimen permanece en la impunidad a pesar de que existen señalamientos claros sobre la autoría intelectual y material del homicidio. No sólo eso: la empresa a la que Bernardo combatió, Fortuna Silver Mines pretende expandirse hacia comunidades de los distritos de Ejutla y Ocotlán.
Desde 2008, la CPUVO manifestó su rechazo al proyecto minero de la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. En repetidas ocasiones la CPUVO señaló que la minera estaba financiando grupos armados en San José del Progreso con la participación del entonces presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez, y denunció los constantes hostigamientos que sufrían sus integrantes, quienes nunca recibieron protección.
El 15 de marzo de 2012, Bernardo Vázquez fue emboscado y asesinado poco después de haber asistido a una reunión con funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca para analizar el conflicto generado a partir de la instalación de la mina. En el ataque también resultaron heridos Rosalinda Dionisio Sánchez y Andrés Vásquez Sánchez, integrantes de la CPUVO.
Hasta el día de hoy, no se ha investigado a los autores intelectuales del asesinato de Bernardo. En 2015, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca permitió que salieran en libertad Bartolo Aguilar, Domingo Aguilar y Albino Hernández, acusados de ser los autores materiales del crimen. Además, y a pesar de los daños ambientales y de ruptura del tejido social causados por los trabajos de la mina en San José del Progreso, la empresa minera, con anuencia del gobierno federal y el estatal, buscan expandir el proyecto a comunidades que expresaron su rechazo mediante una declaratoria a nivel regional, el 30 de noviembre de 2015.
Bernardo es recordado en las comunidades de los Valles Centrales y el estado de Oaxaca como un ejemplo en la defensa del territorio frente a la destrucción que generan las empresas mineras, por lo que las organizaciones firmantes exigimos justicia para él y la comunidad de San José del Progreso. De igual forma exigimos a las autoridades estatales y federales respeten la decisión de las comunidades de Ocotlán y Ejutla, centrada en no permitir ningún proyecto extractivo en la región.»
Atentamente: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., Tequio Jurídico A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca,-UNOSJO S.C., Centro de Derechos Humanos Míguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh A.C.
Aún cuando se encuentra contenido en el Plan Nacional de Infraestructura, el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reyna no será construido, es la advertencia de habitantes de aquella localidad aglutinados en el Consejo de Pueblos Unidos para la Defensa del Río Verde (Copudever). Un documental proyectado por las organizaciones reveló la oposición de la ciudadanía de Paso de la Reyna, municipio Santiago Jamiltepec, quienes ven en el Río Verde una fuente de vida en riesgo por el mega proyecto.
Ana María García Arreola, integrante de Servicios para una Educación de Calidad (Educa), precisó que las y los pobladores han levantado actas de acuerdos ejidales para dejar en claro su rechazo a la obra. Señaló que al menos 50 mil personas han sido desplazadas por la construcción de proyectos hidroeléctricos en Oaxaca a lo largo de los años. En el marco del Día Internacional de Acción contra Presas y a favor de los Ríos el Agua y la Vida y con la participación del investigador Scott Robinson, se discutieron las condiciones que revisten la imposición de proyectos hidroeléctricos en una serie de foros comunitarios en los municipios de Tataltepec de Valdés, Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec y ayer en la capital del estado.
24 agrupaciones locales manifestaron su rechazo al proyecto minero en Ciudad Ixtepec, el cual abarca una concesión de 8,150 hectáreas, denominada “lote NIZA” con número de título 232089, otorgada por el Gobierno Federal a través de la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía en el año 2008 a la empresa Minera Plata Real, para extraer oro y plata de territorio ixtepecano durante 50 años.
A través del “Manifiesto Zapoteca en contra de la minería en Ixtepec”, Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio fijó la postura de negar el permiso al proyecto minero, con el respaldo de las actas firmadas por las asambleas del Comisariado de Bienes Comunales, la Sociedad Agrícola y la Sociedad Ganadera, que desde hace 5 años emitieron su rechazo. En el año 2014, se ratificó el acuerdo de impedir la actividad minera junto autoridades agrarias zoques y zapotecas y organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec al suscribir la “Declaratoria de Zanatepec”, en contra de la minería.
“A través de nuestro propio modo de vivir se han preservado los bosques y mantenido la biodiversidad y la vida del pueblo”, en ese sentido exigieron respeto a los bienes de la comunidad y a su historia como pueblo zapoteca, con base en los tratados internacionales ratificados por el gobierno Mexicano, como el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se estipula que como pueblo originario se tiene derecho a ser consultados previamente, así como a tener información libre y verdadera, sobre proyectos de impacto social, cultural y ecológico en sus comunidades.
La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca confirmó el registro de 69 casos relativos a agresiones a personas defensoras de los derechos humanos, 33 contra mujeres y 36 en agravio de varones. La información fue proporcionada en atención a la solicitud del Ombudsman de Oaxaca, para documentar la recomendación general número 25 sobre agravios a personas personas defensoras de los derechos humanos, que hizo pública el lunes.
El órgano nacional pone especial énfasis en las actividades desarrolladas por algunos de los defensores de los derechos humanos, particularmente los comunitarios, en aquellos casos en que sus labores de defensa se relacionan con los megaproyectos de industrias extractivas, de represas y eólicos, promovidos por la iniciativa privada o los gobiernos, con la afectación directa de pueblos o comunidades indígenas. Los defensores comunitarios centran sus actividades buscando que el estado garantice el derecho a la consulta, a fin de obtener su conocimiento previo, libre e informado, respecto de esos megaproyectos. La defensa se centra en el espero a las tierras, territorios y recursos naturales de los indígenas, tal y como dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En cumplimiento del mandato de la asamblea, autoridades comunales y municipales así como jóvenes voluntarios del colectivo Matza acudieron a inspeccionar el estatus de los proyectos mineros en La Cristalina, territorio Chimalapa, en los límites con el municipio de Zanatepec. En el lugar señalado por una de las mojoneras, correspondiente al título de concesión número 231753 a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc, sobre el lote Mar de Cobre, con una superficie de cinco mil 610 hectáreas, constataron el uso de explosivos en años pasados.
Los jóvenes del colectivo Matza, así como estudiantes de la preparatoria por cooperación José Martí en Ixhuatán, clausuraron simbólicamente la mina colgando una manta.
El peligro no es exclusivo para Chimalapas, sino que con la explotación de yacimientos, los ríos Ostuta, Zanatepec y Novillero pagarían las consecuencias. Horas más tarde, en la comunidad de La Cristalina, los titulares de la autoridad comunal y municipalidad, encabezaron una reunión en miras de realizar una asamblea general del pueblo de San Miguel Chimalapa, con la intención de unificar a todas las agencias y núcleos de población en defensa de la vida y el territorio.
Representantes de Organizaciones no Gubernamentales, comuneros e indígenas ikoots, mixes, y zapotecas del Istmo de Tehuantepec, se pronunciaron durante el foro denominado “En defensa del territorio, bienes comunales y cultura indígena” al no despojo de su “hogar”, que consideran sus mares, sitios sagrados y recursos naturales. En este lugar se pretenden ubicar proyectos mineros, eólicos y el llamado “gasoducto Salina Cruz- Minatitlán”, y los asistentes expresaron que no permitirán ser domesticados por empresas extranjeras.
Benito Canales, Comisariado de Bienes comunales de San Mateo del Mar expresó que la voz del pueblo ikoots es la de vivir en paz y en armonía con los recursos naturales y también con sus rituales. “Sabemos que los proyectos eólicos están latentes en nuestros mares y en el subsuelo, al igual que los mineros y la zona económica especial que viene para el Istmo de Tehuantepec, como comuneros nosotros estamos en la defensa de la tierra, pedimos a las autoridades agrarias respetar nuestra tierra y poner fin al conflicto con los compas de Santa María del Mar», expresó.
Al mismo tiempo, la autoridad comunal declara que “la molestia nuestra fue que supimos que el comisariado de bienes comunales de Santa María del Mar, negoció o estaba negociando esta parte de nuestro territorio con la empresa Preneal, que después se llamó Mareña Renovables y destruirían nuestra única herencia, por eso es que comenzó esta lucha y exhortamos a la Procuraduría Agraria a hacer valido nuestro documento y mapas que acreditan que es nuestro territorio”.
El primer comandante del segundo turno de la policía municipal de Santiago Jamiltepec, Jorge Armando Santiago Martínez, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) al estar acusado de ser autor material de la muerte del corresponsal de Noticias en la Costa, Marcos Hernández Bautista.
En el homicidio, según el informe de la Fiscalía General, también se encuentra implicado Daniel Clímaco Barete, quien el 10 de febrero del 2016 fue detenido por elementos de la AEI en Acapulco, al ser acusado del homicidio de la joven Beatriz López, hija del excomisariado de Santiago Jamiltepec. El ex integrante de la policía municipal de Santiago Jamiltepec, Miguel Ángel Clímaco Barete, también fue detenido en Acapulco, el 10 de septiembre del 2015, al ser acusado del delito de homicidio con las agravantes de ventaja y alevosía cometido en agravio del diputado perredista, Everardo Hugo Hernández Guzmán.
El periodista Marcos Hernández Bautista, de 38 años de edad, fue asesinado el pasado 21 de enero en la comunidad de San Andrés Huaxpaltepec. Trascendió que el móvil del crimen es porque tenía posibilidades de ser el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Jamiltepec.
El día martes 16 de febrero fue ejecutado Alberto Mauro Sánchez, ex presidente municipal de San José del Progreso en el municipio de Ocotlán de Morelos y a plena luz del día, con varias personas como testigos. Con este crimen, aumenta a seis el número de muertes vinculadas al inicio de las actividades mineras en este municipio. Ante esto, las autoridades tienen la obligación de aclarar el caso y dar con los culpables. Se dice que existen grabaciones donde autoridades estatales exigen a la empresa la entrega de medio millón de doláres por los respaldos otorgados. Ante esto existe la suposición que tras la ejecución existan demasiados intereses que se quieren silenciar.
Desde el año 2006, varios de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) han sido asesinados por la oposición a la minera, entre estos Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, muertes de las cuales se había responzabilizado a Alberto Mauro Sánchez.
Ciudadanas y ciudadanos de Magdalena Ocotlán denuncian la construcción ilegal de un pozo en su comunidad, el cual está afectando a pozos de varios ciudadanos.
El presidente municipal de Magdalena Ocotlán, Nabor Méndez Sánchez ha iniciado la obra sin contar con el permiso que otorga la CONAGUA, además hizo una asamblea comunitaria donde anunció que ya contaba con los permisos, esto nos lleva a deducir que él hará la obra aún en contra de la ley.
El día sábado 13 de febrero la maquinaria inició la perforación de un pozo, por lo que los vecinos se alarmaron respecto a esta situación y la alteración de sus derechos donde se entiende que el presidente puede tener otros fines para que se lleve a cabo dicha obra.
A nivel de la comunidad no se tiene clara la justificación de la realización de ese pozo profundo, ya que existen dos pozos que abastecen la comunidad y además se debe verificar la tubería que no está en condiciones adecuadas para la distribución del agua potable.
Desde el COPUDEVER se ha generado un counicado demandando justicia por el asesinato del periodista y ex regidor de cultura, Marcos Hernández:
«El asesinato del periodista Marcos Hernández se une a una larga lista de hechos violentos en la región de la costa, la mayoría han quedado impunes. Existen intereses de grupos de poder económico y político en la región por seguir controlando la vida de las comunidades.
Tras el encuentro donde reunieron en la explanada de la comunidad Cerro de las Huertas, Ejutla de Crespo, Oaxaca, 48 comunidades, 30 organizaciones, dos centros de investigación, y 3 radios comunitarias de los Valles Centrales, Sierra Sur, Costa, Istmo y Cañada, para generar reflexión a nivel estatal sobre los avances y desafíos de los movimientos contra la minería, y el fortalecimiento de las resistencias y comunidades afectadas por esta industria. En este contexto, las comunidades reunidas DENUNCIAN:
Manifestado lo anterior:
Exigimos la cancelación de las concesiones y proyectos mineros en el estado de Oaxaca, NINGÚN PROYECTO MÁS SIN LA AUTORIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS.
Hacemos un llamado a comunidades, pueblos y organizaciones a defender la tierra y el territorio contra los proyectos de muerte.
De igual forma convocamos a todas las comunidades, pueblos, organizaciones sociales, colectivos a la articulación de esfuerzos para hacer un frente estatal contra la minería. En este sentido DECLARAMOS EL 22 DE JULIO DE CADA AÑO CÓMO DÍA ESTATAL DE RESISTENCIA CONTRA LA MINERÍA EN OAXACA.
29 y 30 de Enero del 2016.
Desde Monte del Toro, un cuerpo de agua artificial de mayor tamaño llama la atención: es el embalse de jales de la Compañía Minera Cuzcatlán, que recoge aguas residuales con tóxicos de la mina en San José. “Es una ‘bomba de tiempo’; no sabemos cuándo va a explotar, pero de que sucede, sucede. Tiene muchos químicos mortales que no solamente va a matar nuestros animales, sino acabar con nuestros cultivos y contaminar el subsuelo”, dicen los campesinos de Monte del Toro. En medio de su temor, un funcionario de la Procuraduría Agraria en lugar de proteger al campesino, favorece a la minera y presiona para que los ejidatarios vendan sus tierras a la empresa, denuncian.
La empresa minera en contubernio con un funcionario federal, presionan a su núcleo agrario La Noria de Ortiz, para que se separen del comisariado y creen su propio órgano y así poder vender sus tierras a la compañía que se encuentra en expansión. “Nos intentan dividir para lograr su propósito”, dicen.
“Lo sometimos a asamblea, y ésta dijo que no, que no iba a ser posible; preguntamos quién quiere usufructos de la mina y repitieron que nadie; no entendemos por qué esa persona está insistiendo que vendamos, si su función principal es proteger a los campesinos, no a las empresas”, refiere Alfredo Ramírez, subdelegado de Conciliación Agraria.
La preocupación llevó a los campesinos a buscar el apoyo de distintas organizaciones sociales y también la unión con otros pueblos de los distritos de Tlacolula, Ocotlán y Ejutla. Fue así como firmaron una declaración que denominaron “Territorio prohibido para la Minería”, y que fue presentada a inicios de diciembre del año pasado. El documento fue signado desde el 8 de noviembre por Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac.
La asamblea general de ciudadanas y ciudadanos de Monte del Toro, Ejutla de Crespo, denunciamos que hemos recibido un hostigamiento constante por parte del Antropólogo Alfredo Ramírez Gómez, el cual funge como Subdelegado de Conciliación Agraria de la Procuraduría Agraria para dividir nuestro ejido y generar condiciones favorables a la empresa minera “Fortuna Silver Mines”, misma que opera en el ejido vecino de San José del Progreso y que pretende expandir el proyecto minero sin el consentimiento de las comunidades vecinas.
El Antropólogo Alfredo Ramírez Gómez se presentó en las oficinas del Comisariado de Bienes Ejidales los días 14 y 20 de enero de 2016 para pedir a las autoridades la separación de parcelas ubicadas en la agencia municipal de la Noria.
Ante esta situación hemos definido defender nuestros territorios por la vía legal y pacífica, por lo cual el día 8 de noviembre del año pasado junto con otras comunidades y ejidos del distrito de Ejutla declaramos nuestro territorio como “prohibido para la minería”, por tal motivo exigimos a la Procuraduría Agraria, se apegue a lo establecido en el artículo 5, fracción VIII de su reglamento interno, donde establece que “esta dependencia tiene la facultad de promover la defensa de los derechos y salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas”.
![]() Señalaron que los últimos 10 años el gobierno federal ha concesionado alrededor del 90% del territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac de los Valles Centrales de Oaxaca a las empresas mineras Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Compañía Minera Media Luna, sin que esto haya implicado un proceso de consulta y consentimiento libre, previo, informado y de buena fe a los pueblos que ahí habitamos. Las comunidades firmantes asumimos el compromiso de defender regionalmente nuestro territorio de manera pacífica, organizada y por todos los medios legales, a partir de nuestros territorios ejidales y comunales, declarándonos como territorios prohibidos para la minería, con base en asambleas agrarias formalmente convocadas. Difundiéndolos ante los medios de comunicación, organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en el ámbito estatal, nacional e internacional. En este sentido, el día 08 de noviembre de 2015, mediante una asamblea regional, decidimos emitir la presente declaratoria, la cual será entregada a distintas instancias estatales y federales exigiendo la cancelación de los títulos de concesión minera denominadas: San José, Los Ocotes Dos, Los Ocotes Cuatro Fracc 1, Los Ocotes Cuatro Fracción 2, Los Ocotes Tres, Ejutla Fracc 2, Ejutla Fracc 1, Marissa, Los Ocotes Cinco Fracc 1, Los Ocotes Cinco Fracc 2, Los Ocotes, Los Ocotes Seis, Fracción 1, las cuales afectan una superficie de 49376.3501 hectáreas de nuestros territorios. Denunciaron el papel de la Procuraduria Agraria en la región para respaldar y generar las condiciones necesarias para el desarrollo de los proyectos mineros. |
![]() Señalaron que los últimos 10 años el gobierno federal ha concesionado alrededor del 90% del territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac de los Valles Centrales de Oaxaca a las empresas mineras Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Compañía Minera Media Luna, sin que esto haya implicado un proceso de consulta y consentimiento libre, previo, informado y de buena fe a los pueblos que ahí habitamos. Las comunidades firmantes asumimos el compromiso de defender regionalmente nuestro territorio de manera pacífica, organizada y por todos los medios legales, a partir de nuestros territorios ejidales y comunales, declarándonos como territorios prohibidos para la minería, con base en asambleas agrarias formalmente convocadas. Difundiéndolos ante los medios de comunicación, organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en el ámbito estatal, nacional e internacional. En este sentido, el día 08 de noviembre de 2015, mediante una asamblea regional, decidimos emitir la presente declaratoria, la cual será entregada a distintas instancias estatales y federales exigiendo la cancelación de los títulos de concesión minera denominadas: San José, Los Ocotes Dos, Los Ocotes Cuatro Fracc 1, Los Ocotes Cuatro Fracción 2, Los Ocotes Tres, Ejutla Fracc 2, Ejutla Fracc 1, Marissa, Los Ocotes Cinco Fracc 1, Los Ocotes Cinco Fracc 2, Los Ocotes, Los Ocotes Seis, Fracción 1, las cuales afectan una superficie de 49376.3501 hectáreas de nuestros territorios. Denunciaron el papel de la Procuraduria Agraria en la región para respaldar y generar las condiciones necesarias para el desarrollo de los proyectos mineros. |
Durante su tercer encuentro anual, más de 50 defensoras y defensores comunitarios de las regiones Costa, Istmo, Valles Centrales y Cuenca del Papaloapan se solidarizaron con el magisterio oaxaqueño. En su declaración, afirman que “en este momento tan dificil, externamos nuestra solidaridad con el magisterio oaxaqueño para que pueda enfrentar esta ola represiva del estado con inteligencia y dignidad y así mantener su lucha pacífica en las calles y en las aulas”. Según esta red, la actuación de las autoridades “clava el ultimo clavo en el ataud de la ilusión de la transición en Oaxaca”.
También denunciaron el despojo de los territorios de los pueblos indígenas que “se disfraza como desarrollo “verde” industrial, por ejemplo las anunciadas Zonas Económicas Especiales” y los violaciones a los derechos humanos que significa “la implementación ilegal de proyectos para la supuesta mitigación de la crisis climática, como lo son las hidroeléctricas y las eólicas”. Se manifestaron en contra de los actos de hostigamiento que sufren las y los defensores comunitarios en las distintas regiones del estado de Oaxaca al mimo tiempo que insistieron en la necesidad de seguir en la defensa de los derechos al territorio de los pueblos indígenas y campesinos frente a los proyectos de inversión que ponen en grave riesgo los territorios:
No al proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina
No a los proyectos mineros en San José del Progreso y Magdalena Teitipac
No la privatización de los territorios
Rechazamos la pesadilla militar
Rechazamos la criminalización de activistas, defensoras y defensores
A dos meses de iniciada la fase informativa del proceso de consulta indígena, no cumple con los mínimos principios básicos de los estándares internacionales, señalan organizaciones defensoras de los Derechos Humanos integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio.
En este sentido quienes han dado seguimiento este proceso de consulta, en los Distritos de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, ven con gran preocupación la falta de cumplimiento de la sentencia emitid por la Primera Sala Regional Metropolitana, dentro del expediente: 9216/11-17-01-5, para la realización de la Consulta Indígena en los Valles Centrales.
Consideramos que el proceso de Consulta Indígena no tiene que ser un mero trámite o proceso, sino que tiene que estar cimentado en el principio de buena fe, en todas y cada una de las actividades con miras de obtener el consentimiento de las comunidades.
En este sentido expresan que en las reuniones informativas del proceso de consulta, la Comisión Nacional del Agua no ha cumplido con los mínimos acuerdos dentro del proceso de consulta como son las convocatorias, por lo que dejan en la vulnerabilidad a la población para ejercer su derecho a la participación.
![]() Una de las participaciones en el Foro, fue Alfredo Acosta, líder de la Guardia Nacional Indígena de Colombia, se dirigió al público para enfatizar los aspectos culturales y espirituales de la lucha de defensa territorial. Según él, los pueblos indígenas en todo Latinoamérica comparten un amor por la madre tierra. El modelo de desarrollo impuesto por los megaproyectos no reconoce esta relación de los seres humanos con el medio que nos alimenta y nos define en gran parte, y mucho menos las cosmovisiones que la revindican. Por lo tanto, “no hay que dejar que nuestro ombligo se aleje de la tierra:” las acciones de defensa se deben hacer con las y los ancestros en la mente, y desde el corazón. Como parte de la declaratoria del Foro Regional se manifesto un rechazo a los proyectos Hidroeléctricos y mineros que sido relanzados por autoridades federales en conjunto con el gobierno de Oaxaca. Reiteramos que este tipo de estrategias vulneran desde nuestro derecho al acceso a la información, hasta el derecho a preservar nuestros territorios y decidir sobre nuestro propio desarrollo. Los proyectos de presas como de minas, generan graves daños en nuestros territorios y medio ambiente, devastan nuestra agua y con ello ponen en riesgo la continuidad de nuestra vida como pueblos, generan daños sociales y culturales, nos dividen para permitir la entrada de empresas trasnacionales. También son devastadores de nuestro medio ambiente pues buscan inundar nuestras tierras y usan químicos que contaminan el agua, el suelo, el subsuelo e incluso el propio aire que respiramos. Estas nuevas leyes, son continuidad de programas anteriores que han buscado desnaturalizar el carácter social y colectivo de nuestras tierras, para individualizarlas, como en su caso fue PRODECE ahora FANAR. Por ello, reivindicamos nuestras tierras indígenas, nuestra propiedad ancestral y el poder de decidir sobre las mismas y los bienes comunes. Este foro también respalda a nuestras autoridades agrarias, muncipales y comunitarias en sus acciones de defensa del territorio en la región de la costa. En conclusión, hoy alzamos nuestra voz unida para refrendar que nuestros territorios indígenas son territorios prohibidos para presas, minería y todos los proyectos de extracción y exigimos que sea respetado nuestro rechazo. ¡Que fluyan los ríos libremente y sin fronteras! ¡No a la Presa Paso de la Reina! ¡Sí a la vida, no a la minería! |
Integrantes de la delegación «Sí a la vida y la madre tierra, no a la minería» provenientes de países como Canadá, Tailandia y Estados Unidos denunciaron a las empresas mineras establecidas en las comunidades de Oaxaca, al exponer que les importa más la ganancia que la salud, la seguridad y la libertad de los pueblos. En su pronunciamiento, precisan: «La tierra es vida. Sin la tierra, no podemos existir. Sabemos que la mega-mineria pone en peligro el derecho de vivir en nuestro territorio y defenderlo como pueblos autónomos con autodeterminación. No confiamos en los gobiernos y las empresas quienes esconden sus prácticas sucias tras discursos de responsabilidad social y falsas promesas de desarrollo.
En México los proyectos mineros se realizan bajo el amparo de los gobiernos en sus tres niveles. durante las visitas conocieron la historia y procesos de resistencia y defensa de los derechos territoriales que están impulsando en cada comunidad, así como los riesgos que esto a implicado para las y los Defensores comunitarios.
Señalaron los graves daños que generan los proyectos mieros en Oaxaca, señalaron que contabilizaron unos 40 proyectos mineros en Oaxaca, a cargo de 18 empresas, de las cuales, 16 son de origen canadiense y 2 con sede en Estados Unidos. Tan solo en la región de los Valles Centrales hay 18 proyectos.
Señalaron que las empresas Fortuna Silver, Sundance Resources, Plata Real Minerals, Tungkum Limited, Imperial Metals Corporation, Taseko Mines LImited, Barkerville Gold Mines, Consol Energy, son entre las que operan en este territorio.
La delegación de activistas extranjeros “Sí a la vida y la madre tierra, no a la minería” está integrado por 19 activistas extranjeros, entre ellos: Miguel Anguilar de ENGAGE, Coordinador national USA; Paw Mai, líder del Grupo que ama su pueblo (Tailandia) y Sacheen Seitcham, Ancestrab Pride.
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![]() En México los proyectos mineros se realizan bajo el amparo de los gobiernos en sus tres niveles. durante las visitas conocieron la historia y procesos de resistencia y defensa de los derechos territoriales que están impulsando en cada comunidad, así como los riesgos que esto a implicado para las y los Defensores comunitarios. Señalaron los graves daños que generan los proyectos mieros en Oaxaca, señalaron que contabilizaron unos 40 proyectos mineros en Oaxaca, a cargo de 18 empresas, de las cuales, 16 son de origen canadiense y 2 con sede en Estados Unidos. Tan solo en la región de los Valles Centrales hay 18 proyectos. Señalaron que las empresas Fortuna Silver, Sundance Resources, Plata Real Minerals, Tungkum Limited, Imperial Metals Corporation, Taseko Mines LImited, Barkerville Gold Mines, Consol Energy, son entre las que operan en este territorio. La delegación de activistas extranjeros “Sí a la vida y la madre tierra, no a la minería” está integrado por 19 activistas extranjeros, entre ellos: Miguel Anguilar de ENGAGE, Coordinador national USA; Paw Mai, líder del Grupo que ama su pueblo (Tailandia) y Sacheen Seitcham, Ancestrab Pride. |
«Vamos para delante, ni un paso atrás. Nosotros no vamos a retroceder. Si con nuestras vidas fuera necesario pagar este sacrificio, lo vamos a hacer, porque no nos queremos ir de aquí. Aquí nacimos y aquí nos vamos a morir. Las tierras son nuestras y nadie nos las va a venir a quitar, somos los legítimos dueños, porque nosotros las trabajamos», afirmó el presidente del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), Jaime Jiménez Ruiz, al reiterar su rechazo a la construcción de una presa hidroeléctrica que tiene proyectada la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construir en inmediaciones de este poblado de la región de la Costa. Esto lo declaró al participar en una asamblea informativa que encabezó el Promotor de la Soberanía Nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Salomón Jara Cruz, en la comunidad de El Paso de la Reyna.
De su parte, el dirigente estatal de Morena en Oaxaca, Salomón Jara Cruz, sostuvo que el movimiento de los pueblos por la defensa del Río Verde, es un ejemplo de lucha, por lo que manifestó su solidaridad con los pobladores en resistencia. «Nos solidarizamos con esta lucha. Morena está con ustedes, porque nuestro líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, nos ha pedido defender siempre al pueblo y eso es lo que vamos a hacer en Oaxaca. Por eso venimos a decirles que estamos en el mismo camino», enfatizó. A petición de los pobladores de El Paso de la Reyna, Jara Cruz se comprometió que en todas las asambleas informativas de Morena, se abordará el tema del Copudever, a fin de romper el cerco informativo que se tiene contra este movimiento social.
![]() La manifestación se enmarca en el registro de una nueva denuncia por el derrame de solución cianurada en la mina de oro Molimentales del Noroeste, en el municipio de Santa Ana, Sonora y por la cual, autoridades federales investigan una posible afectación ambiental. Con respecto a los desastres ecológicos causados por la minería, en Estados como Guerrero, Puebla y Oaxaca, la ciudadanía ha denunciado reiteradamente que el establecimiento de las empresas mineras destruyen los territorios, dejan daños irreversibles a la salud y al ambiente, promueven la división y la confrontación social y fomentan condiciones ideales para la implantación de territorios plagados de inseguridad, impunidad y sin procuración de justicia. |
Pese a la exigencia de la comunidad y pruebas aportadas por las asamblea general sobre la inocencia de las personas defensoras, el día 30 de julio de 2015 fueron liberadas órdenes de aprehensión contra Pedro Aguilar Aguilar y Pablo Aguilar García, de los cuales, el primero se encuentra recluido en el penal de Santa María Ixcotel, Centro Oaxaca. El mismo Pedro y su esposa Cresencia García Gómez, fueron también detenidos en agosto de 2014. De igual forma, el 30 de julio del 2012 y 30 de mayo del 2013, fueron detenidos Fernando Martínez Molina e Hipólito Alvarado Ignacio. |
1er Concurso de Canciones: “La minería afecta a la madre tierra y al agua” se realizo el 26 de agosto en la comunidad de Magdalena Teitipac con el objetivo de encontrar alternativas y saberes que nos ayuden a sanar el agua, el río y la tierra, así como para crear mas y mayor conciencia sobre el impacto de la minería a cielo abierto, en la salud y en la organización comunitaria.
al finalizar se premiaron a los tres lugares, reconociendo a todas y todos los participantes su creatividad en el desarrollo de las canciones que refleja también el compromiso por la defensa de los derechos a la tierra y territorio.
En el evento, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios (CODET) denunció la detención arbitraria del defensor comunitario Pedro Aguilar y otras 14 personas que enfrentan procesos penales con delitos prefabricados por oponerse a la operación de la compañía minera Plata Real en la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac. Los inconformes se quejaron que esta es una práctica sistemática de la empresa para la imposición de su proyecto, el cual ha generado una situación de conflicto social y ambiental desde hace seis años. Con base en la problemática que se vive en Magdalena Teitipac, los 15 participantes del concurso compartieron en sus canciones un mensaje de aliento hacia la comunidad, a quienes reconocieron el valor, la lucha y el coraje que han tenido para mantenerse firmes en la defensa de sus recursos naturales.
Los temas que resultaron ganadores fueron: en 3er lugar, La Serpiente de Adán Lucas, en 2º Lugar, ¿Qué vamos a heredar? del Profesor Eleazar y en el 1er Lugar, “Sangre Jornalera” de Juan García Ortega, originario de San Juan Guelavia.
Para conmemorar sus ochos años de lucha en defensa de la vida y el territorio, contra la edificación la Presa Hidroeléctrica “Paso de la Reyna” en Oaxaca, las comunidades integrantes del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) celebraron el pasado 11 de julio un acto político y una misa de agradecimiento en los que se recodaron los inicios de la resistencia al proyecto.
A este evento se sumo el sexto aniversario del plantón que los pobladores mantienen en el denominado “Campamento del Zanate”, estrategia de lucha no violenta para impedir el acceso de trabajadores de la CFE a la comunidad Paso de la Reyna – municipio de Santiago Jamiltepec, región Costa, Oaxaca.
Reconocieron la importante solidaridad que las personas de la región, ejidatorios y campesinos como las comunidades vecinas han mostrado con la comunidad para mantener el bloqueo permanente del Zanate, al mismo tiempo que señalaron el compromiso mostrado por la población de la comunidad que se ha mantenido en la resistencia y defensa de los derechos.
manifestaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha insistido en construir una presa hidroeléctrica en su territorio, pero han logrado conformar un movimiento con alianzas nacionales e internacionales, que hasta hoy ha frenado la construcción de la obra. La CFE y los gobiernos no informan sobre las problemáticas y afectaciones para las comunidades rivereñas.
Integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) reprocharon a la Procuraduría General de Justicia del estado la falta de resultados en torno a la investigación del homicidio de Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la CPUVO, lo cual permitirá que las dos personas acusadas del asesinato vayan a ser puestos en libertad en próximos días. En conferencia de prensa, los activistas de la CPUVO, en voz de Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, señalaron que pese a que el Ministerio Público asegura que se configuró el delito de homicidio, los victimarios serán puestos en libertad. Por el homicidio se encuentran presos Bartolo Aguilar y Domingo Aguilar, así como Albino Hernández; sin embargo hasta la fecha no se ha esclarecido quien fue el autor intelectual del asesinato, señaló Vásquez Sánchez. Acusó que en el caso se encuentran inmersos partidos políticos como el Revolucionario Institucional que buscan poner en libertad a los victimarios.
El 27 de noviembre de 2014, a tan sólo dos meses de que ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero, Enrique Peña Nieto anunció la creación de tres Zonas Económicas Especiales en el Sur de México con el fin de generar una «estrategia de desarrollo integral e inmediata que permita crear empleos formales y bien remunerados»: el Corredor Industrial Inter-Oceánico, el Puerto Chiapas y el Puerto de Lázaro Cárdenas.
Si bien las Zonas Económicas Especiales no han sido aprobadas como ley, existen suficientes trazos que demuestran la realidad del proyecto, además de la insistente angustia de los voceros empresariales por su urgente aprobación. Hay poca información sobre el tema, no se han realizado análisis y los medios de comunicación que lo anuncian, lo han hecho desde la perspectiva empresarial, justificando el proyecto como parte de la necesidad de llevar a la zona sur del país por el camino del desarrollo y el progreso. Desde este punto de vista, México se encuentra en el rezago del mundo globalizado y se hace necesario abrir sus puertas a la economía mundial y seguir los pasos de las economías emergentes como China. La forma de hacerlo será una historia que ya conocemos en México: ofrecer el territorio al capital extranjero por medio de una excepcionalidad arancelaria, una geografía estratégica y una mano de obra barata.
El Senador del PRD por el estado de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste, participó en este este panel agradeciendo incansablemente a la Canacintra por haber organizado la mesa. En su intervención, no dejó de insistir en la necesidad de apoyar la aprobación de una iniciativa de ley sobre las Zonas Económicas Especiales que beneficie al sur de México.
Robles apareció tres semanas después participando en un «taller de las Zonas Económicas Especiales» organizado por el Banco Mundial. De acuerdo con La Voz del Sur:
El legislador oaxaqueño dijo que esta propuesta permitirá que México se integre de manera más dinámica a los mercados internacionales, y que, al mismo tiempo, contribuya al desarrollo local, regional y nacional (…) El Sur-Sureste merece salir del rezago, de la marginación y estamos obligados a que las tres zonas económicas especiales la de Oaxaca, la de Chiapas y la de Guerrero sean exitosas, se lo debemos a la gente del Sur-Sureste del país.
La Caravana Nacional por la Defensa del Agua, Territorio, el Trabajo y la Vida, llegó la noche del viernes pasado a esta población costeña, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene proyectada la construcción de la presa hidroeléctrica Paso de la Reyna.
Los integrantes de la caravana fueron recibidos por pobladores y un contingente de profesores de la Sección 22. En entrevista con NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca, el presidente del Copudever, Jaime Jiménez Ruiz, comentó que aun cuando el proyecto denominado «Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples de la CFE», aparentemente se ha estancado, persiste la alerta en las poblaciones, debido a que las oficinas de atención social y supervisión, continúan operando en Santiago Jamiltepec.
En el ejercicio de su derecho a la autonomía, el día 17 de marzo de 2009 pobladores de los municipios de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán se plantaron en el perímetro del proyecto minero “San José”con el objetivo de clausurar los trabajos de exploración y preparación que desarrollaba la empresa minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines.
Dos meses después de la toma de la mina, el día 6 de mayo de 2009, aproximadamente 1200 elementos de la policía federal y estatal realizaron un operativo para desalojar a las y los manifestantes de San José del Progreso con armas, perros, camionetas, helicópteros y gases lacrimógenos con el objetivo de restablecer el Estado de Derecho en la comunidad. Durante el desalojo los ciudadanos y ciudadanas fueron objeto de despojo de todas sus pertenencias, además de agresiones físicas y la detención de 22 personas argumentando el delito de ataques a las vías de comunicación, dichas personas presentaron graves lesiones por los elementos policiacos.
Seis años después de este hecho, sus hipótesis en relación a la magnitud del proyecto, la complicidad de las autoridades federales, estatales y municipales con la empresa, el despojo de sus bienes comunes, la pulverización de su tejido social, la violación sistemática a sus derechos humanos, la utilización del agua para fines industriales, entre muchas otras afectaciones, resultaron ciertas. Prueba de ello son los asesinatos de cuatro personas en el contexto del conflicto en la comunidad.
La omisión de las autoridades ante el despojo y violación de los derechos de la comunidad es alarmante, ya que la empresa Fortuna Silver Mines gestionó durante 2014 permisos ante las autoridades mexicanas para la expansión del proyecto minero. Esto a través de la ampliación de la capacidad de almacenamiento de su presa de Jales, la explotación de 5 niveles subterráneos, la expansión de la capacidad de su molino y obras internas para permitir la explotación de plata y oro hasta 2024 (inicialmente el proyecto contemplaba la explotación del mineral hasta 2018), asimismo en este mismo año anunció una producción récord de sus minas, en contraste con el pago de impuestos entregado al gobierno mexicano.
En el Encuentro de Experiencias de Consulta ante Proyectos de Infraestructura y Desarrollo, representantes de pueblos indígenas y campesinos y organizaciones de la sociedad civil de nueve estados de la República analizaron el ejercicio del derecho a decidir sobre proyectos de “desarrollo” que afectan las tierras y territorios. Concluyeron que estos proyectos “han sido impuestos por empresas y Estado sin respetar los derechos de los pueblos y comunidades afectadas, en particular el derecho a la consulta que tiene que ser libre, previa, informada y de buena fe”. En su pronunciamiento, condenan que “el Estado Mexicano está impulsando una serie de consultas que no respetan los estándares internacionales en la materia, sino por lo contrario se dan en un clima de hostigamiento a las y los defensores comunitarios que se oponen a dichos proyectos”. Además, el procedimiento que se sigue “está amañado ya que no hay garantía de imparcialidad, lo que nos lleva a tener consultas simuladas. Asimismo, denunciamos la injerencia de poderes facticos y de grupos armados ligados a las empresas en los procesos de consulta”.
La Campaña Nacional ¡CONAGUA negocia con el agua! documenta y denuncia la corrupción e impunidad de las autoridades del agua en México, un ejemplo reciente que muestra el abuso de poder y la violación al Estado de Derecho con la que actúan los funcionarios del agua, es el cometido por el Director Nacional de la CONAGUA, David Korenfeld, al usar indebidamente un helicóptero de la CONAGUA para su servicio personal y familiar. ¡CONAGUA negocia con el agua! visibilizará los capitales nacionales y transnacionales que promueven los proyectos hidráulicos en México. La búsqueda por parte de la CONAGUA y de las empresas privadas por apropiarse y despojarnos de nuestros bienes naturales, queda completamente evidenciada en la iniciativa de Ley General de Aguas elaborada por la CONAGUA.
Alrededor de las diez de la mañana arribaron al juzgado mixto de Ocotlan de Morelos un grupo de aproximadamente 500 pobladores de San José del progreso, quienes tomaron el acceso de la dependencia por más de una hora.
El motivo de la toma del juzgado según los Manifestantes es porque en ese juzgado han retardado indebidamente la impartición de justicia en perjuicio de Cornelio Canseco Hernández quien actualmente se encuentra interno en el penal de Miahuatlan de Porfirio Díaz, acusado de homicidio.
Asi mismo relataron que hasta la fecha no se ha sentenciado a los autores materiales de los homicidios de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez quienes fueron asesinados en el año dos mil doce.
Ante la oposición de pobladores y organizaciones civiles, el gobierno federal se desistió temporalmente del proyecto de construcción de una hidroeléctrica en San Felipe Usila. Sin embargo, en Paso de la Reina, Jamiltepec, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) insiste en la creación del embalse para generar energía eléctrica, pese al rechazo generalizado, informó la asociación civil Educa.
Ana María García Arreola Servicios para una Educación Alternativa (Educa), expuso que en el caso de la presa “Paso de la Reina”, en inmediaciones de la comunidad del mismo nombre, perteneciente a Santiago Jamiltepec, desde hace varios años existe el rechazo de los pobladores al proyecto, también por los daños que traería al ambiente.
Sin embargo, aun cuando este año no hay asignados recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para dicha obra, la CFE insiste en llevar a cabo el proyecto.
“Mandó a realizar estudios de factibilidad; a raíz de la Reforma Energética, se debe realizar un estudio que se llama ‘Impacto Social’, es un nuevo requisito que marca la Ley de Energía; para hacerlo, contrató a la Universidad de Guadalajara”, explicó.
García Arreola agregó que el muestreo realizado fue a “grupos focales”, según consideraron, y no a la población en general, en incluso cuando aplicaron el sondeo, insistían en las bondades económicos del proyecto de la hidroeléctrica.
Tamales de maíz nativo, tortillas, café, gallinas criollas, jamaica, limón, fueron la base de la comida que ofreció la comunidad chatina de Plan del Aire en el municipio de Tataltepec. Esta comunidad localizada a unos 40 minutos de la cabecera municipal alberga un profundo sentido comunal y su lucha ha sido ejemplar por impedir que el Río Verde sea represado. La reunión se realizó en el marco del 14 de marzo, Día Internacional de la lucha contra las presas que se celebró en todos los continentes del mundo. Esta fecha que emanó de una reunión en Brasil ha ido cobrando fuerza y generado su propio arraigo en diversos lugares del planeta, los millones de afectadas y afectados han encontrado aprendizajes y se ha tejido una gran comunidad internacional.
Los momentos que se viven en el país representan una enorme amenaza para los pueblos y ríos. La reforma energética ha colocado a la tierra, agua, ríos, viento, gas en un gran aparador para ofertar al mejor postor, las leyes han legalizado el despojo. Y como para completar el marco legal el congreso retomó el gran pendiente que tenía desde hace tres años de presentar una iniciativa de Ley de Aguas, el proceso poco transparente y carente de participación ha dejado ver que bajo el argumento del derecho humano al agua es necesario construir y eficientar los medios para poder disfrutarla, eso sí nomas 50 litros por persona no sea que a Coca Cola, Nestlé o Fortuna Silver les falte para su proceso de desarrollar este pobre país.
En el marco del tercer aniversario luctuoso del líder anti mineras de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, Bernardo Vásquez Sánchez, y a partir del seguimiento que EDUCA ha hecho sobre el establecimiento de empresas mineras en nuestro país, se hace del dominio público la primera de tres infografías para compartir datos sobre la problemática que genera permitir la extracción minera en territorio nacional. Los datos contenidos en este material gráfico hacen referencia al número de concesiones, proyectos mineros y la predominancia de estos en México para dar una idea de las futuras afectaciones a la ciudadanía. Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, concesionaron 52 millones de hectáreas a empresas mineras, esto equivale al 26% del territorio nacional.
La Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, denunció que no se ha cumplido la voluntad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al mandatar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para iniciar un procedimiento en el cual se valore la solicitud de los pueblos del Ocotlán y Zimatlán para modificar la veda de acuíferos que se implementó desde 1967.
Activistas de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuco) [sic], realizaron una protesta pacífica en la minera Cuzcatlán, ubicada en San José del Progreso, municipio de los Valles Centrales de Oaxaca, al cumplirse este domingo 3 años del homicidio de Bernardo Vásquez Sánchez opositor al proyecto minero.
Leovigildo Vásquez Sánchez, representante de la Coordinadora indicó que el próximo 6 de mayo solicitaran una mesa de diálogo con el gobierno local, en la que se plantearán los casos de los crímenes que han sucedido a causa de la llegada de la empresa minera Cuzcatlán, desde 2010; hasta la fecha suman cinco. Las acciones de este domingo consistieron en un homenaje cívico que se realizó en el panteón de San José del Progreso, y posteriormente la toma de las instalaciones de la empresa minera que inició desde las 10:00 horas y culminó a las 16:00 horas de este domingo, colocaron una cruz metálica en el lugar donde perdió la vida el líder, como un llamado de la organización a las autoridades para atraer el caso e investigar al fondo sobre los responsables.
A tres años del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, fundador de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), defensor de los derechos humanos y recursos naturales y quien fue emboscado el 15 de marzo de 2012, la organización pide justicia en el caso y castigo para los autores materiales e intelectuales.
Representantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, denunciaron que a un 3 años del asesinato de su dirigente Bernardo Vásquez Sánchez, las autoridades no han presentado avances de las investigaciones a pesar de que han señalado a varias personas de ser las responsables de los hechos.
Encabezados por Celso Vásquez, indicaron que el crimen fue propiciado por la instalación de la minera Cuzcatlán en San José del Progreso, proyecto que las autoridades de los tres niveles de gobierno avalan, lo que ha provocado confrontación con quienes se oponen por considerar que atenta en contra de los derechos de los pueblos.
El mes de marzo es un mes especial para seguir en lucha permanente contra todas las injusticias de la sociedad. En este mes conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres (08 de marzo) el Día Internacional de Lucha Contra las Represas (14 de marzo) y el Día Mundial del Agua (22 de marzo). Debemos denunciar la explotación de nuestro pueblo, en especial de las poblaciones afectadas que son expulsadas de sus tierras; denunciar la entrega de los recursos naturales y de los recursos públicos en las manos de grandes grupos nacionales y multinacionales; denunciar las políticas de los estados nacionales que hieren los derechos de los pueblos y promueven la destrucción de la naturaleza.
Enero y febrero de 2015 se han traducido para pueblos y comunidades del estado de Oaxaca en una serie de violaciones a sus derechos fundamentales, marcadas principalmente por la imposición de mega proyectos, el uso de recursos públicos para presionar a las comunidades, presencia policiaca y militar en diversas regiones, así como una serie de amenazas, intimidaciones y agresiones hacia defensoras y defensores comunitarios, principalmente de derechos territoriales, quienes legítimamente y por las vías legales y pacíficas hemos demostrado la inviabilidad de los mismos.
Pese al rechazo generalizado hacia las reformas estructurales, las cuales fueron aprobadas sin la participación de la ciudadanía, las autoridades continúan promoviendo leyes con una marcada tendencia hacia la privatización de nuestros bienes comunes, tal es el caso de la Iniciativa de Ley General de Aguas, la cual recoge algunos conceptos y criterios reconocidos internacionalmente, pero en la práctica establece notoriamente una limitación de dicho bien, en beneficio de las empresas bajo la causa de “utilidad pública”. Esta misma simulación se reproduce en torno a la consulta indígena en Juchitán, donde se está implementando una consulta a modo, confabulada por instituciones federales, estatales, municipales, empresas y líderes locales para afectar el territorio de las comunidades indígenas zapotecas del Istmo de Tehuantepec.
Ante este contexto la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca, denunciamos que existe una política de criminalización por parte de los tres niveles de gobierno hacia nuestro trabajo, tal es el caso de la fabricación de delitos hacia Carlos Beas Torres, Teófilo García Sarabia y Andrés Pérez Hernández, integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI) y Pedro S. Concha integrante de la Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales del Valle de Tlacolula.
Luego de acusar que la presa Paso Ancho es un negocio más de los funcionarios del gobierno, el presidente del ProOax, José Márquez Pérez, advirtió que la obra lo único que será es abastecer de agua contaminada durante 50 años a la Ciudad de Oaxaca de Juárez. En entrevista, el titular del Patronato Pro Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca (ProOax), precisó que la obra no terminará con el desabasto de agua potable en la Ciudad. “Lo que hará es dotar de aguas negras a la población pues se tomará el vital líquido de los ríos Atoyac y Salado, los cuales están sumamente contaminados de basura, aceites y otro tipo de desechos industriales”, afirmó. La presa Paso Ancho es un negocio de los funcionarios que va a costar 3 mil 500 millones de pesos y lo único que vamos a captar es agua contaminada del río Atoyac y el río Salado los cuales están seriamente contaminados y esa agua es la que nos van a regresar y a qué costo, cuestionó. Consideró que más que una presa se debe promover la sustentabilidad hídrica de los Valles Centrales mediante un programa amplio para recuperar agua que alimente los mantos freáticos que se están acabando. “Cada año le quitamos 40 centímetros al manto freático y llevamos años extrayendo agua y no se recupera, entonces tenemos que retener agua antes de que lleguen a los ríos que están contaminados tanto el Atoyac como el Salado». Informó que hay un proyecto integral del investigador, Antonio González Rosser consistente en el rescate a través de la retención de agua, que registra algunos avances pequeños. Señalo que Ocotlán de Morelos tiene la mejor planta de tratamiento de aguas residuales, esta planta se mantiene porque la sostiene la minera de San José del Progreso, paga 120 mil pesos que cuesta el mantenimiento y parte del agua tratada se aprovecha en la minera. De acuerdo con datos técnicos de la Secretaría de las Infraestructuras, será el río Atoyac que en un tramo también adopta el nombre de río Verde el cual abastecerá de agua a la presa Paso Ancho.
Este río nace en el noroeste de la Ciudad de Oaxaca, atraviesa el centro, la Villa de Zaachila, Zimatlán de Álvarez y Santa María Ayoquezco, más adelante se une con el río Verde formando parte de la cuenca hidrográfica río Atoyac-Verde; se caracteriza por una pendiente suave y un cauce indefinido en algunos tramos.
En entrevista Eloy Cruz Gregorio vocero del COPUDEVER, rechazó que se esté avanzando con el proyecto hidroeléctrico que la CFE pretende construir en la población del Paso de la Reina, aseguro que aunque el gobierno diga que se está avanzando con los estudios en la realidad no es así, ya que el proyecto está estancado desde el 2006.
El vocero indicó que el proyecto ha sido rechazado por los pueblos, al percatarse que la pretensión del gobierno al permitir la inversión extranjera en sus territorios y apoderarse de los recursos naturales. Admitió que inicialmente, participaron en algunas reuniones con la CFE, pero los funcionarios del organismo quisieron convencerlos con una serie de mentiras; por lo que desde entonces se han dado a la tarea de despertar conciencia en las personas de la región; y que aunque no cuentan con el apoyo de las autoridades tienen lo más primordial a su favor, la organización de los más de 40 pueblos costeños, quienes están dispuestos a defender sus tierras hasta sus últimas consecuencias. «No permitiremos la devastación ambiental que pretende hacer el gobierno. Como pueblos indígenas tenemos derecho de defender y decidir qué queremos en nuestros ejidos y qué no queremos», apuntó el dirigente social.
En entrevista Heladio Reyes Cruz, presidente municipal de San Pedro Tututepec, señaló que en el caso de la presa hidroeléctrica «Paso de la Reina», el cabildo de este municipio ha tomado algunas decisiones legales, «como cabildo, acordamos que no vamos a permitir la construcción de la presa mientras se sigan violentando los derechos de las comunidades.
Por eso, todo proyecto de esta magnitud, tiene que pasar primero por el consenso de las autoridades municipales de las comunidades», denunció que desde el inicio del proyecto los funcionarios de la CFE han estado violentando, engañando y dividiendo a las comunidades de los seis municipios, que mayoritariamente rechazan la construcción de la presa.
El sábado 29 de noviembre comunidades de 5 municipios que conforman el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER) se congregaron en la comunidad de San Antonio Río Verde del municipio de Tutututepec en la costa Oaxaqueña para celebrar el Tercer Festival Cultural por la defensa Río Verde.
En este evento hubo participación y presencia de mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños, quienes en conjunto sumaron esfuerzos y demostraron a través del baile, la música, la poesía y el arte, su rechazo al proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina a pesar de que la amenaza del Proyecto se ha tornado más visible, debido a que la reforma energética aprobada en este año promueve el despojo legalizado del territorio y que el gobierno de Peña Nieto lo ha incorporado en el Plan Nacional de Infraestructura el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde sigue tejiendo alianzas regionales con diversos sectores. Este año el festival fue dedicado al maíz como símbolo de unidad para los pueblos ribereños, al evento asistieron representantes del Espacio Estatal en Defensa del Maíz, también participaron grupos de artistas de Pinotepa Nacional, las escuelas de diferentes niveles de Tututepec, la normal rural de Río Verde y el Tianguis Ambiental Itayata quien compartió productos de la orgánicos de la región costeña.
En este marco participó el presidente municipal de Tututepec Eladio Reyes Cruz quien desde el inicio en su administración ha consultado con las comunidades los proyectos que se pretenden desarrollar en la región como la Presa de usos múltiples Paso de la Reyna. En un ambiente festivo a la orilla del río los pueblos del COPUDEVER celebraron un año más de resistencia y cuidado del medio ambiente.
En 2013, las lluvias provocadas por los huracanes Ingrid y Manuel dejaron afectaciones en más de 100 mil viviendas, casi las mismas que sufrieron por Trudy en 2014. Del censo que se hizo para reconstrucción en 2013 se consideraron 100 viviendas afectadas pero personal del gobierno sólo autorizó cuatro beneficiarios quienes recibieron un pie de casa con material prefabricado, sin que tengan servicios como agua potable o drenaje.
En el barrio chico de Paso de la Reyna no hubo beneficiarios ya que de acuerdo a las reglas de operación determinaron que no había pérdida total de su vivienda. Personal de la SEDESOL acudió a levantar un censo para posibles beneficiarios de empleo temporal y el programa Prospera (antes Oportunidades) pero ya no volvieron al ejido. El apoyo que se dio a los afectados durante la contingencia consta de colchonetas individuales y 15 láminas.
El 13 de noviembre de 2013, en un comunicado de prensa, el gobierno de Oaxaca informó que coadyuvó en la reparación de 10 mil 223 viviendas que sufrieron afectaciones por Ingrid y Manuel además de destinar en ese año, 58.6 millones para la reconstrucción de la costa. Ni en esa ocasión ni ahora por Trudy fueron beneficiaros los productores agrícolas de papaya, ajonjolí y frijol, solo se benefició a ganaderos y campesinos.
En días pasados, se hizo pública la noticia sobre la contaminación ambiental producida por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi y la suspensión del suministro de agua a miles de personas del estado de Sonora.
Ante este hecho EDUCA expresa su preocupación ya que lo sucedido evidencia los beneficios legales, económicos y políticos con las que gozan dichas empresas, mismas que amparan violaciones sistemáticas a los derechos colectivos en todo el territorio nacional. En el estado de Oaxaca se vive una preocupación similar ya que no existe información por parte de las autoridades estatales y federales sobre los impactos producidos por esta actividad económica. En el estado se han otorgado hasta julio de 2014, trescientos treinta y tres títulos de concesiones mineras, encabezados por 40 proyectos mineros.
En los Valles Centrales de Oaxaca tan solo en el municipio de San José del Progreso la actividad minera ha generado denuncias por falta de agua a raíz de las actividades que realiza, así como contaminación de algunas fuentes de agua, estas problemáticas han derivado en enfrentamientos uno de ellos derivo en la muerte del activista Bernardo Méndez Vásquez por policías municipales y grupos armados. Estos hechos evidencian una violación sistemática a los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y rurales, donde el discurso del crecimiento económico y la generación de empleos queda vacío ante la negligencia, opacidad y omisión de las autoridades de promover y proteger los derechos de dichos pueblos en Oaxaca y en todo el territorio nacional.
Elizabeth Vásquez Santiago, denunció que fue despojada de un predio de 9 mil metros cuadrados en el paraje “La Arenita”, en el cual se construyó una planta de tratamiento de aguas residuales. Indicó que demostró ser la propietaria del terreno, por los ex presidentes municipales Sergio Mariscal Aguilar y Sergio Meraz Concha, con documentos apócrifos entregaron el predio en comodato a la Minera Cuzcatlán para que construyeran esta planta. Esto lo llevaron a cabo con el ex presidente de Bienes Comunales Gabino Díaz quien actualmente está preso en el penal de Ixcotel, acusado de homicidio de una persona de esa comunidad que se opuso también a ser despojado de un predio. Indicó que enfrentó un juicio reivindicatorio en contra del ayuntamiento en donde se le restituyeron sus derechos como consta en el juicio ordinario civil 16/2006, “esto me da valor y fuerza legal a la escritura pública en la que me fue adjudicado el bien inmueble de refería y sus antecedentes registrales de 1871″. Dio un plazo de dos semanas a las autoridades municipales para que atiendan el caso y se logre un acuerdo, en caso contrario hará uso de sus derechos de propiedad que puede causar problemas a la comunidad.
El día 21 de julio se celebró el día mundial de lucha contra la Mega Minería, en diversas partes del país se realizaron acciones, para expresar su rechazo total al desarrollo de este tipo de actividades económicas en el país, ya que a través de diversos informes se encuentra documentada la violación sistemática de los derechos humanos, originadas por empresas mineras en complicidad con las autoridades federales y estatales. Según la Coordinación General de Minería, instancia dependiente de la Secretaría de Economía, a nivel nacional se encuentran registrados 864 proyectos mineros. Oaxaca se encuentra en la octava posición. Hasta julio de 2014, en Oaxaca se encuentran registrados 40 proyectos mineros, impulsados por 24 empresas registradas en Canadá, USA, Perú y Australia. 32 se encuentran en etapa de exploración, 2 en etapa de producción comercial, ubicados en San José del Progreso y San Pedro Totolapam y 4 más suspendidos en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Santa Catarina Lachatao, Tálea de Castro y Capulálpam de Méndez. Estos proyectos involucran a 22 municipios del estado, los cuales no fueron consultados al momento de entregar las concesiones mineras, mucho menos conocen sobre los graves impactos que este tipo de actividades ha generado en otros estados en los ámbitos: ambiental, social, político y cultural. Las autoridades mexicanas lejos de reconocer los graves impactos producidos por la actividad minera, están generando las condiciones sociales, políticas y legislativas para permitir “legalmente” este patrón de conducta de las empresas. En este sentido es preocupante el paquete de reformas en materia energética y de hidrocarburos aprobados recientemente, ya que proporciona mayores garantías al sector privado, sobre todo trasnacional, en detrimento de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, por lo que exigimos respeto al derecho al territorio de pueblos y comunidades en el estado de Oaxaca.
Una presunta bala perdida hirió en la sien a un menor de 13 años de edad originario de San José del Progreso, Ocotlán. De acuerdo con informes policiacos, cerca de las 20:00 horas de este sábado se recibió el reporte de que desde un lugar desconocido dispararon armas de fuego en un paraje de dicho municipio –que mantiene un conflicto en contra de la minera «Cuzcatlán»–, por lo cual una unidad particular trasladó al menor y a medio trayecto fue escoltado por unidades de la Policía Estatal. De acuerdo con la versión de los padres, Luis Vásquez Pérez y Rosa Martínez Sánchez, el pequeño Fernando Vásquez Martínez, se encontraba en el campo acompañando a su abuelo y a su hermano en el pastoreo de animales. Fue entonces que escucharon detonaciones de armas de fuego, tras lo cual el menor cayó al piso; al revisarlo notaron una herida a la altura de la sien, por lo que decidieron pedir auxilio para su traslado. Hasta la noche de este sábado el estado de salud del menor, con domicilio en la calle Macedonio Alcalá número 4 de San José del Progreso, se reportaba como delicado.
En conferencia de prensa integrantes del COPUDEVER denunciaron que la CFE ha diversificado y aumentado la presión contra presidentes municipales de las comunidades afectadas por el proyecto hidráulico Paso de la Reina con el objetivo de que acepten la realización del proyecto, y que bajo el argumento de agilizar obras de agua potable, electrificación y la edificación de escuelas, la CFE “abusa de su autonomía y condiciona a los habitantes estos proyectos, por lo que incurre en un uso indebido del dinero público”.
Integrantes del COPUDEVER denunciaron actos de intimidación para la realización del proyecto. Pedro Cruz Merino integrante del consejo, explicó que el proyecto está a cargo de la CFE desde 2006, pero que existe resistencia de varias localidades para impedir la colocación de la primera piedra. Mencionó que a la fecha no se les ha informado sobre los impactos que provocaría la obra; y que la principal preocupación de las autoridades es el desplazamiento de comunidades enteras como es el caso de la Agencia Paso de la Reina que sería de las más afectadas, así como otras 20 localidades que se inundaría y 27 más que estarían siendo afectadas de forma indirecta. Eloy Cruz Gregorio, vocero del COPUDEVER, denuncio que en últimas fechas han notado la presencia del Ejercito Mexicano. Manifestó también que el daño ambiental sería irreversible, “habría extinción de flora y fauna, desde donde se pretende edificar la cortina hasta el Parque Nacional Lagunas de Chacahua que por decreto es reserva natural desde 1952. Y que la edificación de la presa es el sólo el primer proyecto que tiene el gobierno federal en la zona, pues en Zenzontepec e Ixtayutla existen minerales preciosos que quieren extraer. Acusaron a la diputada Sonia López de presionar a las autoridades municipales para aceptar el proyecto.
En conferencia de prensa realizada en la ciudad de Oaxaca integrantes del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, se pronunciaron una vez más contra la construcción del proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina». Respaldados por habitantes de las comunidades, indicaron que desde el 2006 mantienen un bloqueo para impedir que se realice el proyecto de la presa; y que en los últimos días se ha presentado personal para realizar algunos estudios, sin embargo no lo permitirán. «Pedimos solo lo que nos toca, y si no nos van a dar que no, nos quiten» dijo tras mencionar que en días pasados convocaron diputados a presidentes municipales para convencerlos de realizar el proyecto. En total son poco más de 37 mil los afectados de diferentes comunidades, mismos que dijeron están siendo intimidados por integrantes del ejército mexicano, quien se ha presentado en el territorio bajo el argumento de dar seguridad en la zona.
El COPUDEVER se encuentra en alerta máxima ante la nueva embestida del Gobierno Federal de imponer el Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina.
A raíz de que Peña Nieto anunció el Programa Nacional de Infraestructura, que contempla la realización de 189 proyectos en la región sur-sureste, entre ellos el de la presa Paso de la Reina, la CFE ha diversificado y aumentado la presión a autoridades locales, en especial Presidentes Municipales de los municipios afectados, para que acepten la realización de dicho proyecto.
El pasado 7 de julio en reunión realizada en las oficinas de la División Sureste de la CFE la diputada local por el PAN, Sonia López, anunció que promoverán una comisión de Presidentes Municipales para que a través de ellos se convenza a los habitantes de la región de la aceptación del proyecto.
Paralelamente la CFE ha promovido una estrategia de uso de recursos públicos para presionar a las comunidades por medio de obras de infraestructura como electrificación, obras de agua potable, escuelas, equipo de cómputo, entre otras.
Esta acción constituye un uso indebido de los recursos y violenta los derechos colectivos de las comunidades, ya que se condicionan los apoyos y proyectos para que acepten la realización de la obra de gran envergadura. Por su parte la Diócesis de Puerto Escondido, en voz de su obispo Pedro Villalobos, se pronunció contra el proyecto de la presa; mediante una carta pastoral suscrita por más de 30 parroquias la iglesia local definió su posición contra el proyecto de energía y denunciaron la presión ejercida por la CFE hacia las comunidades de la región. Denunciaron también que en días recientes el ejército mexicano se ha presentado en el territorio de afectación del proyecto intimidando a la población bajo el argumento de la seguridad en la zona.
En el marco del Seminario Agua y Energía realizado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, el día 14 de julio de 2014, se reunieron organizaciones civiles y comunidades para analizar y denunciar las actuales reformas que se están implementando en nuestro país y que favorecen intereses de empresas nacionales y extranjeras, representando un despojo territorial legalizado. Para la mayoría de los movimientos y comunidades que legítimamente se oponen a estas reformas, han encontrado por parte de los tres niveles de gobierno engaños, mentiras, amenazas, represión, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hasta ejecuciones a defensores y defensoras comunitarias. Por ello denunciaron: Que la política hídrica del gobierno mexicano incumple las cuatro características de la Observación General N° 15 (Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU) para el acceso al agua; El derecho humano al agua se ha convertido en un pretexto para la privatización de este bien, (borrador de la Ley de Aguas/CONAGUA en 2013); Que CONAGUA, no está ejecutando las sentencias de Tribunales, ni respetando las decisiones de comunidades y movimientos; CFE, diputados y senadores locales, presionan y hostigan a comunidades aglutinadas al COPUDEVER para la aceptación del proyecto Paso de la Reina; La Comisión Nacional Forestal, a través de la empresa DIAAPROY S.A. de C.V. desacata la decisión de comunidades de la Sierra Sur y Costa de no permitir la realización de estudios en sus territorios; Exigen la liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui, dirigente de la CECOP e integrante MAPDER y la liberación de todos los activistas, defensoras y defensores del territorio detenidos injustamente; Exigen el respeto al derecho a la consulta y piden deje de ser utilizado por parte del Estado Mexicano como herramienta para legitimar megaproyectos en el estado de Oaxaca y en todo el país.
Integrantes de la Coordinadora “Soy de los Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua de Ocotlán y Zimatlán”, así como integrantes del centro de Derechos Humanos Indígenas Flor y Canto A.C., dieron a conocer la actuación de CONAGUA, a quien señalan de desacato al mandato Judicial del Tribunal Federal, para consultar a las comunidades y pueblos zapotecas de Ocotlán y Zimatlán, Oaxaca en actos que se realicen en esas comunas.
En conferencia de prensa, señalaron que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente: 9216/11-17-01-5 de la Primera Sala Regional, emitió una resolución el 08 de abril del 2013, a favor de las comunidades y pueblos Zapotecos de Ocotlán y Zimatlán, para la revisión y modificación del Decreto de Veda 1967.
Por ello, exigen al organismo federal respete esta determinación judicial, y en caso de no hacerlo, estos harán valer su derecho de protesta.
En el marco del Día internacional del Medio Ambiente, el jueves 5 de junio, se llevó a cabo una misa organizada por la Diócesis de Puerto Escondido, Oaxaca en apoyo total a la comunidad de Paso de la Reina y el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Rio Verde COPUDEVER, en su resistencia ante la construcción de la Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples Paso de la Reina. El Obispo Pedro Vásquez Villalobos, a nombre de la Diócesis de Puerto Escondido, de su presbiterio, religiosas y todos los fieles en general, expreso con claridad la desaprobación de dicha construcción y firmó el pronunciamiento diocesano el pronunciamiento diocesano el cuál se leyó ante unas 600 personas reunidas en la cancha principal provenientes de 33 parroquias pertenecientes a la Diócesis de Puerto Escondido. En un mensaje claro y cercano les decía a los pueblos que están unidos en defensa del Rio Verde: “El proyecto que presenta la comisión dice lo contrario a lo que ustedes dicen… Y ustedes dudan desconfían, porque sienten que no se le ha hablado con la verdad desde un principio… sigan exigiendo que se hable con la verdad….No, no deben ser engañados por más humildes que sean…Exijan que se les hable con la verdad y defiendan su tierra, defiendan su río y nosotros de alguna forma estaremos unidos”.
La Diócesis de Puerto Escondido y agentes de pastoral reiteran su apoyo al Consejo de Pueblos Unidos en defensa del Río Verde: “Estamos unidos como Diócesis en defensa para que no se construya la presa hidroeléctrica en Paso de la Reina, ojalá nuestros gobernantes piensen otra cosa y quieran otra cosa. Que así sea”. El ovispo Pedro leyo el pronunciamiento diocesano ante unas 600 personas reunidas en la cancha de la comunidad de Paso de la Reina y expresó que cuando llego a esta diocesis le hablaron del problema d ela construccion de una presa y del trabajo del ovispo anterior don Eduardo. Durante este año y cuatro meses eh conocido más del problema y no esta olvidado estamos unidos con ustedes, es la unión de la iglesia con ustedes. Al finalizar la ceremonia recibio regalos de niñas y niños de la comunidad, algunas piedras del rio pintadas, dibujo de los alimentos de la región y garzas hechas con material reciclable.
Este 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente será el marco de la celebración de la misa de la Diócesis de Puerto Escondido, encabezada por el Obispo Pedro Vásquez Villalobos en la comunidad de Paso de la Reyna. Se espera la participación de las 29 parroquias que abarcan desde Huatulco, hasta Putla de Guerrero. Existe una honda preocupación en la región ante la actuación de la Comisión Federal de Electricidad, quien ha promovido y gestionado obras para convencer a las comunidades agrarias y ejidos de las bondades del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, al mismo tiempo ha lanzado una campaña de desprestigio en contra de esta Iglesia Diocesana. A pesar de que el proyecto no cuenta con la totalidad de los permisos ni se concluyó con los estudios el gobierno federal recientemente lo incluyó dentro del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2016. Este hecho demuestra que el proceso ya ha violentado la decisión de los Pueblos. Es por eso que la iglesia reunida refrendará su apoyo al Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde para que sean respetados sus derechos. El obispo de la Diócesis de Puerto Escondido, Pedro Vásquez Villalobos, se pronunció en contra de los megaproyectos hidroeléctricos como el de la presa Paso de Reina que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende construir en los municipios de Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Tetepec, Santiago Jamiltepec y Tututepec, en perjuicio de casi 20 mil habitantes de los pueblos mixtecos, chatinos, afromexicanos y mestizos. El religioso expresó también que los indígenas son los dueños legítimos de las tierras y territorios que ahora se ven amenazados con la presa que afectaría directamente 3 mil 100 hectáreas de 40 comunidades pertenecientes a seis municipios. El ovispo reafirmó su compromiso de “profundizar la presencia pastoral en las poblaciones más frágiles y amenazadas por el desarrollo depredador y apoyarlas en sus esfuerzos para lograr una equitativa distribución de la tierra, del agua y de los espacios urbanos”. Los sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral de la Diócesis de Puerto Escondido, reiteraron su apoyo a “la lucha no violenta contra toda forma de violación a la vida: humana y natural” al calificarla como legítima y como un deber de cada cristiano la defensa de los territorios y de los ríos, contra la construcción de grandes proyectos, como los hidroeléctricos. A pesar de que el proyecto no cuenta con la totalidad de los permisos ni se concluyó con los estudios el gobierno federal recientemente lo incluyó dentro del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2016. Este hecho demuestra que el proceso ya ha violentado la decisión de los Pueblos.
Pese a la campaña de desprestigio que ha lanzado la CFE en contra de la Iglesia Diocesana de Puerto Escondido, el Obispo Pedro Vásquez Villalobos se pronunció en contra de los megaproyectos hidroeléctricos como el de Paso de la Reina porque atenta contra los derechos humanos. Obispo, sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral de la Diócesis de Puerto Escondido, reiteraron su apoyo a la lucha no violenta contra toda forma de violencia a la vida humana y natural al calificarla como legitima y como un deber de cada cristiano la defensa de los territorios y de los ríos contra los megaproyectos. Resaltaron su preocupación por que el gobierno federal a través de un documento de la Coordinación de Proyectos Estratégicos de la CFE lanza graves descalificaciones contra su trabajo, señalándolos de ajenos a la región y acusándolos de desinformar y confundir a la opinión publica. Consideran que este tipo de ataques construyen un entorno adverso para los defensores y defensoras de derechos humanos, agentes de pastoral y las comunidades de la Diócesis porque colocan en un gran riesgo su labor. Respecto a la construcción de la presa Paso de la Reina que se pretende construir, dijo afecta a pueblos mixtecos, chatinos, afromexicanos y mestizos. Y que el vivir en las comunidades les ha permitido darse cuenta de lo que sucede, y que como iglesia hoy en día es un imperativo ético, social, económico, ambiental y sobre todo religioso muy urgente la defensa de la vida y de la naturaleza. Es por ello que reiteraron la idea de profundizar la presencia pastoral en las poblaciones más frágiles y amenazadas por el desarrollo depredador, así como buscar un modelo de desarrollo alternativo, integro y solidario.
El obispo de la Diócesis de Puerto Escondido, Pedro Vásquez Villalobos, se pronunció en contra de los megaproyectos hidroeléctricos como el de la presa Paso de Reina que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende construir en los municipios de Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Tetepec, Santiago Jamiltepec y Tututepec, en perjuicio de casi 20 mil habitantes de los pueblos mixtecos, chatinos, afromexicanos y mestizos. A pesar de la campaña de desprestigio que emprendió la CFE en contra de la Iglesia Diocesana Puerto Escondido, el prelado sostuvo que dicho proyecto viola los derechos humanos. Arropado por 29 sacerdotes, el obispo Vásquez Villalobos resaltó su preocupación por los ataques de la Coordinación de Proyectos Estratégicos de la CFE que “lanza graves descalificaciones contra nuestro trabajo señalándonos de ajenos a la región y acusándonos de desinformar y confundir a la opinión pública”, estos ataques generan entorno adverso para los defensores de derechos humanos, agentes de pastoral y las comunidades de la Diócesis porque coloca en un grave riesgo su labor, expresó también que los indígenas son los dueños legítimos de las tierras y territorios que ahora se ven amenazados con la presa que afectaría directamente 3 mil 100 hectáreas de 40 comunidades pertenecientes a seis municipios que tienen grandes riquezas, pero no de las que se guardan en los bancos o cotizan en la Bolsa de Valores. “Son los guardianes del agua, plantas, animales, y el territorio que habitan. Son descendientes de grandes culturas y tienen grandes valores como la fiesta y las lenguas que son parte de su identidad”. El obispo de la Diócesis de Puerto Escondido reafirmó su compromiso y apoyo para lograr una equitativa distribución de la tierra, del agua y de los espacios urbanos”. Y en la búsqueda de un modelo de desarrollo alternativo integral y solidario.
Cerca de las ocho de la noche de este martes 20 de mayo agentes de seguridad privada al servicio de la minera canadiense Fortuna Silver, intentaron detener al ex diputado federal y ex diputado local Flavio Sosa Villavicencio porque el activista tomó fotografías de un convoy de tres tráileres que iban escoltados por patrullas de seguridad privada de la empresa GIA Seguridad Privada Armada e inmediatamente uno de los tráileres se le “cerró” al vehículo donde viajaba el ex legislador, obligándolo a detenerse. Flavio Sosa explicó que cerca de diez agentes de seguridad privada, armados con pistolas y ametralladoras, se acercaron al vehículo y les exigieron mostrar identificaciones bajo el pretexto de parecer “sospechosos”. Los policías privados, que llegaron en cerca de cinco patrullas, retuvieron al ex legislador y a sus acompañantes por cerca de 20 minutos. Los vehículos estaban rotulados como de la empresa GIA Seguridad Privada Armada, con el registro federal DGSP/229-11/1841.
El martes 6 de mayo la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán realizó una actividad cultural donde participaron 250 personas de la comunidad de San José del Progreso en el marco de la conmemoración del aniversario del desalojo forzoso ocurrido 5 años atrás cuando esta organización mantenía bloqueados los accesos al proyecto minero para pedir información a los gobiernos municipal, estatal y federal sobre las afectaciones que produciría el proyecto de la empresa minera Fortuna Silver Mines, quien había manifestado su intención de expandir su proyecto hacia el municipio vecino de Magdalena Ocotlán.
Ante este panorama el informe “Justicia para San José del Progreso” concluye que “el Estado no ha garantizado el ejercicio del derecho de asociación, reunión y libre manifestación. Las instancias responsables de la vigencia de los derechos humanos, como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se han mantenido distantes y no cuentan hasta el momento con recomendación alguna por los diversos derechos violados a la población de San José del Progreso durante los siete años de resistencia frente a la minera Fortuna Silver Mines”.
El defensor comunitario Eloy Cruz Gregorio denuncia que desde 2009 la CFE ha insistido en construir una presa hidroeléctrica en su territorio, este proyecto tiene sus antecedentes desde los años sesenta época en que iniciaron los estudios de aforación, la gente ignoraba sus derechos y las repercusiones que pudiera tener incluso pensaban que nunca se iba a construir. En 1994 la paraestatal retomó el proyecto y envió a sus técnicos a la comunidad para realizar estudios geológicos. El también comisariado dijo «aunque se fueron diciendo que el lugar no era bueno,de aquí llegaron a Santiago Ixtayutla y de ahí los corrieron, por lo que volvieron a bajar en el 2000 aquí; cuatro años después vinieron a hacer un estudio socio-económico en el 2006 se anuncio públicamente el proyecto». Se denuncia también que hubo engaños a la población porque cuando entraron a hacer los estudios de factibilidad les dijeron «si los estudios salen bien la presa se hace, si no, no se hace. Pero si salen positivos y el pueblo dice no, no se hacen».
La gente les creyó nosotros sabíamos que la cortina iba a estar a 1 km de la población que no corríamos ningún peligro, pero después resulta que eran dos cortinas y que el pueblo iba a quedar en medio. Se manifiesta que otro engaño que sufrieron fue el rastreo del camino a la comunidad por parte de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) que envío una motoconformadora, pero la comunidad tenía que pagar el salario y comida del operador así como el diésel, después la CFE para quedar bien se ofreció a pagar esos gastos, pero el pueblo los corrió. En el año 2006 los habitantes de Santigo Ixtayutla formaron el COPUDEVER y dos años después se unió la comunidad de Paso de la Reina, que desde esa fecha ha trabajado con las organizaciones no gubernamentales recibiendo talleres de educación alternativa para dar a conocer los derechos que tenemos los habitantes de las comunidades, en el 2008 han participado en foros locales, nacionales e internacionales para denunciar la pretensión de la CFE y las afectaciones que sufriría la comunidad, a nivel nacional forman parte del MAPDER lo que les permite estar en contacto con otras comunidades del país que viven una situación similar. En el 2009 los ejidatarios decidieron controlar el acceso a la comunidad porque la CFE metió a 5 de sus trabajadores originarios de este pueblo para realizar encuestas. El argumento de la construcción es que van a generar electricidad y van a ampliar la zona de riego, pero en realidad ellos van a tener el control del agua y van a cuidar sus intereses, no los de los ejidatarios.El gobierno del Estado de Oaxaca se ha mantenido al margen del conflicto por la obra Cruz dijo «nosotros hemos solicitado infinidad de veces al gobernador Gabino Cué una audiencia para plantearle el problema, pero nunca nos respondió, incluso interpusimos un recurso legal por violar nuestro derecho de petición, pero nos dijo que había turnado el asunto a la CFE y a la CONAGUA porque no es de su competencia»
Pobladores de San José Río Verde, Río Viejo, Coyuche, El Zarzal, La Tuza de Monroy, La Palmita y Emiliano Zapata bloquearon la carretera federal número 200, en el tramo Pinotepa Nacional-Puerto Escondido, a la altura de la comunidad de El Charquito, con la siguiente consigna: «exigimos al gobierno federal la reconstrucción inmediata de los bordos de protección margen derecha aguas arriba y aguas abajo». Los manifestantes, que resultaron afectados con pérdidas de cultivos agrícolas y ganados, casas inundadas y daños por caminos cosecheros. José Antonio Yglesias Arreola representante de los manifestantes, explico que a pesar de los graves riesgos ante la proximidad de la temporada de lluvias, las autoridades federales y estatales han mostrado total desinterés por garantizar la seguridad de los lugareños, abandonaron los trabajos de rehabilitación de la obra del bordo de protección y a la fecha han incumplido, explicó también que los daños causados por las lluvias, fueron constatados personalmente por los delegados federales de la CONAGUA, SAGARPA, SEDESOL Y CDI, además de la visita del propio gobernador Gabino Cué y el secretario de la SEDAFPA, así como la participación del representante de la SEGOB en Oaxaca, Celestino Alonso. El representante de la CONAGUA en la región de la Costa, José Ramos Solano y las autoridades municipales de las comunidades afectadas, firmaron una minuta de acuerdo donde acuerdan levantar el bloqueo, con el compromiso de que la CONAGUA, el próximo lunes 28 de abril, reinicie los trabajos en el bordo de protección margen derecha, aguas arriba y aguas debajo de la presa derivador «Ricardo Flores Magón». Finalmente, el documento firmado y sellado especifica que si el gobierno de la República incumple los acuerdos establecidos en esta tercera minuta, a partir de las 12:00 horas del día lunes 28, los pobladores bloquearan de forma permanente la carretera hasta tener una respuesta favorable.
La Boquilla, San José Río Verde, Jamiltepec, Oaxaca, en entrevista José Antonio Yglesias Arreola uno de los damnificados por la tormenta tropical Manuel registrada en septiembre del año pasado, dio a conocer que funcionarios de la CONAGUA y las autoridades municipales de las comunidades afectadas, signaron una nueva minuta de acuerdos, en el referido documento el representante de la CONAGUA en la Costa, José Ramos Solano, admitió que en caso de no cumplirse con los compromisos adquiridos, la CONAGUA será la responsable de los daños que se lleguen a causar donde se desborde el Río Verde. Y es que, en la minuta de acuerdos, quedó asentado que la CONAGUA se comprometió a concluir los trabajos de reparación de la parte donde fue destrozado el bordo de protección en un mes y medio (a mediados de junio); además de la realización de obras hidráulicas complementarias, como la construcción de 4 espigones y 2 canales de llamada, también se acordó ejecutar los trabajos de la obra de sobre elevación del bordo de protección margen derecha del Río Verde aguas arriba; mientras que en la periferia de la comunidad de Coyuche, también será restaurado el bordo de protección y un puente vehicular, a fin de restablecer de manera normal el paso vehicular para los pobladores. En caso de no reparar el bordo de protección del Río Verde, que se destrozó a causa de la tormenta tropical «Manuel» registrado en septiembre del año pasado, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), será la responsable de los daños que las próximas lluvias vuelvan a ocasionar en las poblaciones negras asentadas en la zona baja del municipio de Santiago Jamiltepec. Dijo esperaran a ver si cumplen con lo firmado en caso contrario volverán a bloquear la carretera.
16 comunidades y municipios indígenas emitieron una declaratoria para impedir la operación de empresas mineras de origen canadiense en su territorio. Se trata de los poblados de Magdalena Teitipac, Capulalpam de Méndez, San José el Progreso, San Juan Guelavia, San Bartolomé Quialana, Santa Cruz Papalutla, San Pablo Guila, San Marco Tlapazola, Teotitlán del Valle y Maguey Largo, quienes signaron la declaratoria de «Lugar Prohibido para la Explotación Minera». Con la determinación exigen al gobierno federal, y estatal intervenga para cancelar los contratos de concesión y explotación minera que tienen asignado varias empresas de origen extranjero. Dichas autoridades reprocharon la falta de consulta previa los ciudadanos y las razones de viabilidad de los estudios de impacto ambiental además exigieron se respeten los procedimientos de consulta comunitaria que constituyen una práctica ancestral de los pueblos para la participación y toma de decisiones. Magdalena Teitipac determino a través de la asamblea comunitaria cancelar la operación de un yacimiento de plata que realizaba una empresa de origen canadiense.
Integrantes de la COPUVO, Leovigildo Vasquez Sanchez exigió al gobierno del estado atienda la problemática de San José del Progreso acusando a la Secretaría General de Gobierno de indolencia por negarse a atender los problemas que existen. En el año pasado el gobierno del estado busco integrar una sola planilla para las elecciones municipales, sin embargo Germán Arango de la agrupación «Protegiendo nuestros derechos» se negó a que miembros de la COPUVO participaran además el gobierno ofrecio elecciones pacificas. Posteriormente el tribunal avaló una elección que no permitió la integración, aún cuando había el acuerdo de que se integraran cinco integrantes de la COPUVO al cabildo, adicionalmente se había acordado no realizar ninguna obra en tiempos electorales pero aún así el edil comenzó a pavimentar calles lo que provoco la molestia de los vecinos quienes suspendieron la obra y retuvieron a los agentes de vialidad Julián Calderón Pacheco y Everardo Jiménez Martínez junto con la unidad 1079, y los trasladaron al palacio municipal a quienes no se lastimó, finalmente urgio a la SEGEGO coordine una reunión con el representante de la empresa Cuzcatlán para analizar los problemas que genera la mina.La organización dio un plazo de un mes para que se atiendan sus demandas de los contrario se movilizaran y no permitirán que tome protesta el nuevo edil. La COPUVO responsabilizo a la diputada Eva Diego y al senador Benjamín Robles Montoya de alterar el orden social y económico en la comunidad. Es importante que se atienda este conflicto pues el pasado 15 de marzo fecha donde conmemoraban el segundo aniversario de el fallecimiento de bernardo Vasquez algunos pobladores prendieron fuego a la minera.
En conferencia de prensa integrantes del COPUDEVER denunciaron actos de intimidación para la realización del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina. Pedro Cruz Merino integrante del consejo explicó que desde 2006 mantienen una resistencia contra el proyecto, y que a la fecha no se les ha explicado a detalle los impactos que provocaría la obra. Mencionó que la principal preocupación es el desplazamiento de comunidades enteras y que la Agencia de Paso de la Reina sería de las más afectadas. Eloy Cruz Gregorio vocero del COPUDEVER denunció que en últimas fechas han notado la presencia de elementos del ejército mexicano. Manifestó que el daño ambiental sería irreversible y que la edificación de la presa por parte del gobierno federal seria solo el primer proyecto pues en Ixtayutla y Zenzontepec hay minerales que quieren extraer. Los integrantes del COPUDEVER acusaron a la Diputada local del PAN Sonia López de presionar a las autoridades municipales para aceptar el proyecto.
El 14 de marzo en el día internacional de acción contra las presas y por los ríos integrantes de 16 comunidades integrantes del COPUDEVER y 12 delegaciones sindicales de la sección 22 se manifestaron frente a las oficinas de Atención Social del Proyecto Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina ubicado en Santiago Jamiltepec. El vocero Eloy Cruz informó que en la manifestación participan indígenas chatinos,mestizos y afrodescendientes asentados en las riveras del Río Verde y que serán afectadas con la edificación del megaproyecto el cual se pretende construir en la comunidad de Paso de la Reina, dijeron además que actúan en el marco legal y que es una manifestación pacifica. Otras comunidades vecinas también podrían ser afectadas ya sea porque su tierra se sumerja en un embalse o por la canalización del río Verde, también preocupa Chacahua en el que se ubica el parque nacional decretado como reserva natural, donde los manglares se alimentan del río.Los integrantes del COPUDEVER se manifiestan también contra las acciones de presión que realiza la CFE en las comunidades aledañas a Paso de la Reina, ya que están entregando obras y apoyos con el propósito de que los pueblos de la costa acepten la realización del megaproyecto hidroeléctrico. Con dicho proyecto también se atentará contra los pueblos originarios, su territorio, cultura, recursos naturales y practicas de subsistencia. Por otra parte dijeron que se daría una alteración del régimen hidrológico de los sistemas lagunares y con ello de las condiciones que permiten el desarrollo de los ecosistemas presentes y la biodiversidad asociada.
El 13 de marzo de 2014 organizaciones de sociedad civil, presentaron en la ciudad de México el informe «Justicia para San José del Progreso», donde se documentan violaciones a derechos humanos por la empresa canadiense Fortuna Silver Mines por la imposición de un proyecto minero. Denunciaron que las y los habitantes de la comunidad han sido victimas de detenciones arbitrarias y amenazas, lesiones, abuso de autoridad, negación de servicios básicos y afectaciones a su vivienda. Mencionaron también que la complicidad que existe entre empresa-Estado es resultado de la legislación minera de nuestro país, la cual reduce las facultades del Estado para intervenir en la decisiones que las empresas tomen respecto a las concesiones. Por lo que consideran necesario la modificación de la legislación que afecta los derechos.Los representantes de las organizaciones sostendran reuniones para presentar el informe con la embajada de Canadá en México,la delegación diplomática de la UE en México, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El 1 de marzo de 2014, en San Luis Beltrán se reunieron 34 organizaciones y 156 representantes de distintas comunidades y regiones del estado. El Encuentro expresó su solidaridad con el movimiento antiminero en San José del Progreso.
El 1° de marzo de 2014, en San Luis Beltran Oaxaca se reunieron 34 organizaciones y 156 representantes de comunidades y regiones de estado. En el encuentro se denuncio la intención de imponer el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y se pide el apoyo para la toma simbólica de la CFE el 14 de marzo en Santiago Jamiltepec por parte del COPUDEVER.
Marcos Leyva Integrante del Colectivo Oaxaqueño en defensa de los territorios declaro que los proyectos mineros no generan mejor calidad de vida en las poblaciones donde se ejecutan, ya que sólo es ganancia para los que tienen las concesiones. Refirió que las empresas mineras todavía tienen muchos privilegios en nuestro país, pues la ley minera, que aún no está vigente, “no contempla ni siquiera impuestos para las ganancias de las empresas”; afirmó también que el mayor número de empresas mineras establecidas en el país tienen que ver con la sustracción de oro y plata, pero no necesariamente colaboran con el desarrollo social de las localidades donde trabajan.
Integrantes de organizaciones sociales de la Misión de Observación 2012 presentaron en conferencia de prensa el informe de dicha misión. denunciaron que gobierno continua sin atender la violación de los derechos humanos, que no se han implementado las condiciones para estabilizar la ruptura comunitaria que se origino con la llegada de la empresa Fortuna Silver Mines. También exigieron a la Secretaria de Economía cancelar las concesiones mineras las cuales fueron otorgadas sin consentimiento previo.
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa falló a favor de los pueblos zapotecas de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, al ordenar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizar una consultar sobre la posible modificación del Decreto de veda del acuífero en los Valles Centrales de la entidad.
Así lo dio a conocer la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa y el Cuidado del Agua (Copuda) y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, al ganar el amparo directo 282/2012, radicado en el Décimo Primer Tribunal Colegiado.
Debido a la fuerte escasez de agua, en que la mayoría de los pozos noria se había secado en las comunidades de los distritos de Ocotlán y Zimatlán, “muchos campesinos iniciamos una difícil y comprometida lucha para cuidar y defender el agua”, destacaron los peticionarios.