FICHA TÉCNICA
PROYECTO “SAN JOSÉ”
El día 8 de noviembre de 2015, nueve comunidades, mediante una asamblea regional, deciden emitir una declaratoria que se entrega a las distintas instancias estatales y federales, declarándose territorio libre de minería, y exigiendo la cancelación del proyecto y los títulos de concesión otorgados.
Durante 2014, la empresa minera Fortuna Silver Mines gestionó permisos ante las autoridades mexicanas para la expansión del proyecto minero. Esto a través de la ampliación de la capacidad de almacenamiento de su presa de Jales, la explotación de 5 niveles subterráneos, la expansión de la capacidad de su molino y obras internas para permitir la explotación de plata y oro hasta 2024 (inicialmente el proyecto contemplaba la explotación del mineral hasta 2018), asimismo en este mismo año anunció una producción récord de sus minas, en contraste con el pago de impuestos entregado al gobierno mexicano, dicha información se describe a detalle a continuación:
- En diciembre de 2013, la empresa minera Cuzcatlán S.A. de C.V. ingresó ante la SEMARNAT permisos para la explotación minera de 5 niveles (de los 8 que tiene planeados), el aumento de la capacidad de almacenamiento de la presa de jales en un 38% (de una capacidad de 1, 427, 775 m3 a 2, 306, 752 m3)1. Asimismo durante 2014, Fortuna Silver Mines publicó en su página electrónica la expansión de su molino en un 50% de su capacidad, es decir de 2000 toneladas por día a 3000, así como la construcción de una pila de relaves y la instalación de filtros2.
- En abril de 2014, Fortuna Silver Mines, anunció que sus minas de Perú y México alcanzaron una cifra récord en producción de plata y oro3, previamente en el mes de marzo, anunció nuevos resultados en la exploración de la veta “trinidad norte”, dichos resultados confirmaron el hallazgo de altas leyes de plata y oro, y fueron obtenidos a partir de 8 barrenaciones en el ejido4.
- De igual manera la secretaría de Gobernación documentó a inicios de 2014 que la empresa minera obtuvo ganancias por 2 mil 124 millones 252 mil pesos y sólo pagó impuestos por 4 millones 252 mil pesos, lo que significa únicamente el 2.001% de sus ganancias5.
- Para el año 2015, la empresa considera una producción estimada de 4.3 millones de onzas de plata y 33.300 onzas de oro, planeando aumentarla en un 50% junto con la expansión del proyecto hacia la comunidad de Magdalena Ocotlán para 2016.
1 Gaceta Oficial Ecológica de la SEMARNAT, 19 de junio de 2014.
2 http://www.fortunasilver.com/s/san_jose.asp
3 http://proactivo.com.pe/minera-fortuna-silver-registra-produccion-record-en-sus-minas-en-peru-y-mexico/
4 http://www.mundominero.mx/notacompleta.php?id=2285
5 http://www.alcalorpolitico.com/informacion/mineras-extranjeras-evaden-impuestos-y-seguiran-aun-con-las-nuevas-reformas-cnpa-132805.html#.VOzaEHyUdu5
El proyecto minero se encuentra localizado en el municipio de San José del Progreso, en la región de los valles centrales de Oaxaca, dicho municipio cuenta con 12 localidades: San José del Progreso, Lachilana, San José la Garzona, Maguey largo, El Porvenir, Rancho Los Vásquez, El Cuajilote, El Jagüey, Los Días, La Alianza y Los Patiño6.
San José del Progreso limita al norte con los municipios de Asunción Ocotlán, San Pedro Mártir y Santa Lucía Ocotlán, al Sur con Ejutla de Crespo y Coatecas Altas, al oriente con San Jerónimo Taviche, al poniente con San Pedro Apóstol, Magdalena Ocotlán y San Martín de los Cansecos7.
Según datos del último censo del INEGI, la población del municipio es de 6759 habitantes. Según esta misma fuente, las actividades productivas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: la agricultura ocupa una superficie de 21.39% del territorio, la zona urbana un 2.50%, pastizal inducido un 41.20% y el bosque un 34.91%. Es importante mencionar que la actividad minera no figura dentro de los datos oficiales proporcionados por el INEGI8.
En 1927 es reconocido por Resolución Presidencial el ejido de San José del Progreso, años después el ejido tuvo 2 ampliaciones (1936 y 1986), reconociendo un total de 5, 040 hectáreas, 137 áreas y 89.10 centiáreas9.
En 1999 el ejido aceptó la entrada del PROCEDE y fue aceptado por la asamblea de ejidatarios con el objetivo de delimitar sus colindancias y solucionar los conflictos que sostenían con las comunidades de San Martín de los Cansecos, Lachigalla y La Garzona. Durante la entrega de Certificados Parcelarios, hubo una serie de irregularidades: los nombres de un número importante de ejidatarios no coinciden con los de su parcela, los conflictos agrarios con San Martín y La Garzona no se solucionaron, se desconoce la situación legal del área de uso común del ejido. Además desde el 5 de abril de 2009, no existe autoridad agraria en el ejido10.
6 Informe de la Misión Civil de Observación: Justicia para San José del Progreso. Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, noviembre de 2013.
7 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/municipios/20072a.html
8 Prontuario de Información Geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Magdalena Teitipac, Oaxaca.
9 http://sicoaga.ran.gob.mx/sicoagac/
10 Informe de la Misión Civil de Observación: Justicia para San José del Progreso. Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, noviembre de 2013.
- Autoridades federales: Secretaría de Economía, SEMARNAT, SEDATU, SEGOB
- Empresas: Fortuna Silver Mines/Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., Minerales de Oaxaca S.A. de C.V.
- Organizaciones: Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, EDUCA, Centro Prodh, Flor y Canto, Ser Mixe, Tequio Jurídico, UNOSJO, Misión Civil de Observación: Justicia para San José del Progreso, Sección 22, Frente Popular Revolucionario.
- Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca.
- H. Ayuntamiento de San José del Progreso.
- Diputadas y diputados locales.
- Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
La etapa de exploración inició a partir de 2006, con la suscripción de diversos convenios de usufructo entre la empresa Cuzcatlán y algunos ejidatarios, así como negociaciones con las autoridades municipales para realizar actividades de exploración por barrenación, así como exploración subterránea a través de obras previamente existentes, para la explotación y beneficio de las vetas “Trinidad” y “Bonanza”.
El proyecto “San José” abarca dos polígonos de actividad (norte y suroeste) con una superficie total de 92.01 ha, consiste básicamente en la profundización de las obras subterráneas y la creación de infraestructura necesaria para llevar a cabo la explotación de plata y oro durante doce años de operación, sin considerar la etapa de preparación, construcción y abandono.
Contempla la reutilización de obras anteriores, la construcción de una rampa y acceso previos, así como la excavación y construcción de galerías, cámaras de acceso, conductos de traspaso de mineral y estructuras de ventilación. Además, se prevé la construcción de la planta de beneficio, depósitos superficiales de suelo estéril y fértil, presa de jales, sistema de drenaje, subestación de energía eléctrica y sistema de abastecimiento de aguas tratadas. En cuanto al agua, el proyecto contempla la utilización de aguas residuales provenientes de la planta de tratamiento de Ocotlán, y aguas extraídas del Río Atoyac, además de la reutilización del agua saliente de la mina y la que resulte de los diferentes circuitos de la planta. El proyecto prevé una explotación y beneficio de 1,500 TMS (toneladas métricas secas) por día durante doce años, a partir de 201111.
A principios del 2014, la empresa decide iniciar los procesos de gestión para ampliar la minera, argumentando que se hará una mayor inversión y que se podrán retirar 3.000 toneladas de mineral diarios en vez de las 2.000 que extraen.
11 Ibíd.
En Junio de 2015, ante la falta de resultados en la investigación por el homicidio de Bernardo Vásquez Sánchez, los detenidos como victimarios; Bartolo Aguilar, Domingo Aguilar y Albino Hernández, fueron puestos en libertad, donde hubo participación de ciertos partidos políticos para promover su liberación.
No existe un avance sustantivo en materia de procuración de justicia por las amenazas, agresiones y asesinatos producidos por grupos armados presuntamente contratados por la empresa minera y las autoridades locales; hechos que constituyen una violación sistemática a los derechos humanos de las personas que habitan en esta región.
Desde la instalación del proyecto minero, no existe transparencia en la información proporcionada por la empresa minera y las autoridades involucradas en el caso, dicha información ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por las comunidades involucradas en el proyecto respecto a: la magnitud y alcance del proyecto, las afectaciones ambientales producidas, así como los beneficios económicos de la empresa, sin embargo ha sido entregada de forma parcial y a través de mecanismos de difícil acceso para la población.
Es importante señalar que desde la llegada de la empresa minera, hasta la actualidad, diversas instancias y órdenes de gobierno se han pronunciado respecto al proyecto12, entre las que destacan: compromisos para revisar el otorgamiento de la concesión minera y permisos para extracción, los permisos otorgados por las autoridades locales sin el consentimiento de la población y sanciones hacia la empresa minera por el incumplimiento de normas ambientales, sin embargo hasta 2015 no han realizado ninguna acción para establecer dichas sanciones y revisiones hacia el proyecto.
Las y los defensores comunitarios que se oponen al proyecto permanecen en riesgo latente debido a la actividad constante de los grupos a favor de la empresa minera, criminalizando las demandas y lucha social, los cuales ante la impunidad continúan con su estrategias de amenaza hacia el movimiento, además de una abierta acción de “gestión social” de la empresa a través de la entrega de recursos, programas y proyectos que de alguna manera condicionan a las y los habitantes para que argumenten a favor de las bondades de la explotación minera.
12 http://www.milenio.com/estados/Revisaran-extraccion-San-Jose-Progreso_0_268173810.html
Después de 5 años de resistencia al proyecto minero, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), junto con organizaciones promoventes de una Misión Civil de Observación, realizada en 2012, presentaron una agenda de demandas13, que abarcan aspectos en materia de procuración de justicia, cambios en la forma de otorgación de concesiones, entre otros. Las demandas se presentan a continuación:
- A la Secretaría de Economía cancelar las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II-Bis y Progreso III, autorizadas a la empresa Minerales de Oaxaca S.A. de C.V. asimismo promover y respetar el derecho de acceso a la información, transparentando los procesos de otorgamiento de concesiones mineras.
- Ponderar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sobre los derechos e intereses de las empresas mineras, ya que bajo este argumento se están violentando los derechos humanos en el estado de Oaxaca.
- Hacer cumplir las obligaciones legales establecidas por el derecho mexicano y el derecho internacional sobre implementación de megaproyectos y respeto de los derechos humanos, incluida la aplicación del convenio 169 de la OIT en casos relacionados con pueblos indígenas, y aplicar en todos los casos el principio pro-persona (es decir, cuando el derecho mexicano y el derecho internacional difieran, deberá prevalecer el marco normativo que otorgue una protección más amplia a los derechos humanos y las comunidades afectadas).
- Respetar y exigir el cumplimiento del derecho a la información y promover una mayor transparencia gubernamental, procurando que todos los documentos relativos a propuestas de megaproyectos estén disponibles de manera inmediata al público y difundiendo todas las manifestaciones de impacto ambiental en un formato fácilmente accesible y a través de diversos medios.
- A la SEMARNAT informar sobre las afectaciones reales que estos proyectos producen en los territorios, de igual forma, someter a revisión exhaustiva de la población de San José del Progreso, El Manifiesto de Impacto Ambiental del proyecto minero San José, generando las condiciones necesarias para que dicha revisión se desarrolle de manera libre, informada y autónoma, respetando además la decisión que asuma la comunidad, una vez revisados dichos estudios.
- Garantizar el derecho de asociación y reunión de los integrantes de la CPUVO.
- Garantizar el derecho a la vida, integridad física y psicológica de la población de San José del Progreso.
- Realizar una investigación expedita sobre las denuncias plasmadas por la CPUVO en razón de la relación existente entre la empresa minera Fortuna Silver Mines, las autoridades locales de San José del Progreso, así como la presunta relación entre dicha empresa y grupos armados en la comunidad.
- Al gobierno estatal exigen que asuma un papel activo en la defensa de las poblaciones que enfrentan violaciones a sus derechos humanos por la instalación de proyectos en sus territorios, interviniendo en el monitoreo, revisión e interposición de recursos legales para la revocación de concesiones mineras y autorizaciones de manifiestos de impacto ambiental otorgados por el gobierno federal.
13 Informe de la Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”. Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios. Noviembre de 2013.