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El Observatorio de Derechos Territoriales es una iniciativa promovida por Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C. enfocada al monitoreo, investigación, análisis, difusión y denuncia de violaciones a derechos territoriales de pueblos y comunidades del estado de Oaxaca, por empresas trasnacionales, el Estado y grupos de poder.
El Observatorio tiene como objetivo general incidir en las políticas del Estado y la opinión pública para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades de Oaxaca, mediante el monitoreo de casos específicos, sistematización de la información, sesiones de análisis con diversos sectores de la sociedad y boletines/información periódica.
Durante 2015, el Observatorio centrará su monitoreo en tres proyectos específicos: Paso de la Reina, promovido por la CFE; San José, promovido por la empresa minera Fortuna Silver Mines y el Doctor, promovido por la empresa minera Plata Real. A continuación mostramos información sobre los tres proyectos mencionados anteriormente.
Proyecto minero en etapa de exploración ubicado en la comunidad de Magdalena Teitipac, Oaxaca. Por decisión de la asamblea general, el proyecto se encuentra suspendido desde julio de 2012. Seguidamente, en 2013, la comunidad fue declarada por las autoridades municipales como “Territorio Prohibido para la Minería”.
Proyecto Hidroeléctrico en etapa de Estudios de Factibilidad, los municipios considerados por la CFE para la realización de dicho proyecto son: Santiago Tetepec, Tataltepec de valdés, Santiago jamiltepec y San Pedro Tututepec, en la costa de Oaxaca. Desde 2006, las comunidades chatinas, mixtecas, afromexicanas y mestizas han exigido la cancelación del proyecto y respeto a la determinación de los pueblos y comunidades de la Costa en defensa del Río Verde.
Proyecto de minería subterránea en etapa de explotación comercial ubicado en San José del Progreso, Oaxaca. Actualmente ciudadanas y ciudadanos de la comunidad desconocen la magnitud y alcance del proyecto, las afectaciones ambientales, así como los beneficios económicos de la empresa. De igual forma se han cometido violaciones sistemáticas a los derechos de la población, por lo que exigen cancelar las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en el municipio.