Después de 13 años, van a rescatar los 63 cuerpos de los mineros que fallecieron en la minera de Pasta de Conchos, Coahuila. La minera pertenece a Grupo México, la empresa minera más grande en México. En el 19 de febrero 2006, había una explosión en la mina que resultó en 63 trabajadores habían quedado atrapados. En abril de 2006, la empresa ordenó el cierre de la mina y el cese definitivo del rescate de cuerpos porque “entre 25% y 75% de la mina estaría inundada y que existía “contaminación bacteriológica que podría contagiar a los rescatistas, sus familiares, y poblaciones” enteras según un representativo de la empresa.
Por 13 años, las familias exigieron por el rescate de cuerpos de sus familiares y por el castigo de la empresa Grupo México. Al final hay un rumbo planes para rescatar los cuerpos. Dijo Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía que “el rescate de los restos de nuestros compañeros de Pasta de Conchos, de los 63 que faltan, vamos a hacer todo el esfuerzo y es una oportunidad de oro que tenemos de llegar a esta reconciliación.” Quieren hacerlo de manera segura y no crean que habrían dificultades en el rescate. Dijo que es un esfuerzo del sector minero por cerrar esta herida pero todavía, el Grupo México no ha sido castigado por el accidente.
En Sinaloa, en la sierra del Triángulo Dorado, el crimen organizado se vincula con la expansión minera. En esta región, la industria extractiva ha prosperado sobre los territorios de los desterrados por la violencia. En febrero de 2019, existían en Sinaloa mil 487 concesiones, 112 proyectos y entre ellos 20 que estaban activos. Además, de los años 2006 a 2016 el valor de producción minera en Sinaloa subió 122% esté incluso en los municipio donde había violencia constante: Choix, El Fuerte, Cosalá, Badiraguato, San Ignacio, Sinaloa, Concordia y Rosario.
En Sinaloa, los narcotraficantes buscan controlar el territorio y cobrar “cuotas” a los empresarios. A veces personas involucrados con crimen organizado incluso participan directamente en la operación y vigilancia de las minas a veces incluso que aparecen sus nombres como concesionarias de títulos mineros. Sin importar de si hayan aliados oficialmente o no la presencia del crimen organizado en estas regiones se ha ayudado la expansión de empresas mineras en esta región. Por violencia, se han desplazado al menos 234 comunidades de 2006 – 2018 en Sinaloa. Eso se conviene la industria extractiva porque pueda realizar sus operaciones prácticamente sin oposición. Además, los ciudadanos/as que quedan viven con miedo de violencia y haya menos posibilidad que van a unirse para protestar la minería en sus comunidades.
Un ejemplo descarado ocurrió el 8 de abril de 2015 cuando el empresario canadiense Rob McEwen dijo públicamente que “Los cárteles están activos en esa región, y en general, tenemos buenas relaciones con ellos”. Aunque unos días después, intentó aclarar que sus declaraciones habían sido malentendido es un hecho que durante ese tiempo cuando se intensificaron violencia entre dos carteles, los de Sinaloa y de los Beltran Leyva, en esta región la minería hizo crecer su producción y ganancias.