Alejandro Murat Hinojosa envió al Congreso local el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016 – 2022, mismo que toma la participación ciudadana como base de la gobernanza.
En el PED plantea un crecimiento económico del 4 al 6.5% en promedio anual, con lo cual se pasaría de un PIB estatal percapita de 54 mil 34 pesos a 64 mil 220 pesos con un incremento anual del 2.91%.
Otros de los aspectos que marcan el Plan son la Salud, Acceso a la alimentación, Finanzas Públicas, Transparencia y Rendición de Cuentas, Gobernabilidad y Paz Social, Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia e Impulso a la Economía y Zonas Económicas Especiales.
El PED contiene 221 páginas, distribuido en
Eje I: Oaxaca Incluyente con Desarrollo Social
Eje II: Oaxaca Moderno y Transparente
Eje III: Oaxaca Seguro
Eje IV: Oaxaca Productivo e Innovador
Eje V: Oaxaca Sustentable
El Gobierno Federal, la iniciativa privada y el Congreso del Trabajo suscribieron tres convenios de colaboración para que las organizaciones empresariales y obreras puedan capacitar y certificar a trabajadores para hacer viables las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Los acuerdos fueron firmados por el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani; y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. Además por los dirigentes de las Confederaciones de Trabajadores de México (CTM), Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y Regional Obrera Mexicana (CROM), Carlos Aceves del Olmo, Isaías González Cuevas y Rodolfo González Guzmán, respectivamente.
El propósito es que las organizaciones empresariales y centrales obreras, a través de sus sindicatos, puedan capacitar, certificar y proporcionar el capital humano para detonar el alto potencial productivo de las regiones de Lázaro Cárdenas, Michoacán; el corredor del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; y Puerto Chiapas.
Se busca impulsar a esta región a través de la conciliación entre los factores de la producción, así como impulsar la educación, capacitación y certificación de la mano de obra con el objetivo de generar competitividad en la zona.
El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que esta estrategia brindará mayores oportunidades de empleo formal en las regiones más rezagadas del país. Apuntó que este plan busca aumentar las habilidades y destrezas de los trabajadores, el desarrollo industrial y el crecimiento de la productividad laboral, así como inversiones productivas, aprovechando los recursos naturales y humanos de cada zona.
La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) analizará en el seno de sus comunidades la propuesta de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentada durante la tercera reunión de seguimiento a la consulta, para dar respuesta a su demanda de levantamiento del decreto de veda aprobado en 1967 para limitar el acceso del líquido en los Valles Centrales.
La secretaria del Consejo de Vigilancia de ese organismo, María de los Ángeles Santiago Sánchez dijo que la Copuda reclama el reconocimiento de sus derechos territoriales, el derecho de libre determinación y la autonomía de las 16 comunidades zapotecas integrantes, para tener la facultad de elaborar y emitir las normas de regulación comunitaria del uso y disfrute de las aguas del subsuelo.
Para esto, explicó que propone el levantamiento del decreto de veda de 1967 en esa micro-región denominada por las 16 comunidades zapotecas Xnizaa (nuestra agua, traducción del zapoteco), y asumir la responsabilidad de implementar un reglamento comunitario.
Detalló que la propuesta de la Copuda se analizará en cada una de las 16 comunidades zapotecas conforme a sus sistemas normativos y de esta manera, construir una respuesta colectiva. Santiago Sánchez dijo que la Copuda entregará su respuesta colectiva el 16 de agosto próximo durante la cuarta reunión de seguimiento a la consulta.
Este 24 de mayo se llevó a cabo la tercera reunión de seguimiento a la consulta indígena en los Valles Centrales de Oaxaca, en que La Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y en Defensa del Agua (COPUDA) propone que se levante el Decreto de Veda de 1967 en la micro-región que las 16 comunidades zapotecas denominan Xnizaa (Nuestra Agua), y asumir la responsabilidad de implementar un reglamento comunitario para el uso y cuidado del agua subterránea.
De este modo, representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México (ONU DH) y de la Unión Europea, así como organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional que presenciaron el evento, subrayaron la importancia y vigencia del Convenio 169 de la OIT, haciendo un llamado a CONAGUA para que el Gobierno Federal siga demostrando buena fe y voluntad para llevar a cabo este proceso de consulta en el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
Indicó que en el transcurso de las próximas semanas, la COPUDA llevará el documento propuesto por CONGUA a cada una de las 16 comunidades zapotecas para ser analizada de acuerdo a sus sistemas normativos, y de esta manera construir una respuesta colectiva que será entregada el día 16 de agosto de 2017 a CONAGUA, en la cuarta reunión de seguimiento de la etapa consultiva de la consulta.
De acuerdo a Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, será en los próximos días cuando el Ejecutivo federal emita las primeras declaratorias para Puerto Chiapas, Coatzacoalcos-Salina Cruz (Istmo de Tehuantepec) y Lázaro Cárdenas, con lo cual se espera que se definan las áreas donde las empresas habrán de concretar las inversiones anunciadas.
Otra incógnita que deberá despejar el gobierno federal es la relacionada con la licitación de la administración integral de estos polígonos, es decir, la empresa encargada de la gestión de estas áreas también llamadas zonas francas o de libre comercio.
A finales del mes pasado, la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) firmó su primer Acuerdo de Colaboración con la International Enterprise Singapore (IE Singapore), una institución dedicada a la promoción del comercio internacional y las inversiones del país asiático en todo el mundo.
La finalidad del acuerdo es estrechar la relación de cooperación entre ambas instituciones, brindar apoyo mutuo para el desarrollo de ZEE en México y aprovechar la experiencia del país que más éxito ha tenido como administrador integral en Asia.
Se llevó a cabo la tercera reunión de seguimiento a la consulta indígena en los Valles Centrales de Oaxaca para levantar el Decreto de Veda que desde 1967 limita el acceso justo al agua en la región. A través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Gobierno Federal entregó un documento que propone posibles cambios legales y que da respuesta a la propuesta de la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y en Defensa del Agua (COPUDA).
Representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México (ONU DH) y de la Unión Europea, así como organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional que presenciaron el evento, subrayaron la importancia y vigencia del Convenio 169 de la OIT haciendo un llamado a CONAGUA para que el Gobierno Federal siga demostrando buena fe y voluntad para llevar a cabo este proceso de consulta en el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
La COPUDA llevará el documento propuesto por CONGUA a cada una de las 16 comunidades zapotecas para ser analizada de acuerdo a sus sistemas normativos, y de esta manera construir una respuesta colectiva que será entregada el día 16 de agosto de 2017 a CONAGUA, en la cuarta reunión de seguimiento de la etapa consultiva.
Comunidades zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca exigieron el reconocimiento de sus derechos territoriales, el derecho de libre determinación y la autonomía de las comunidades en esa región. Pretenden facultarse para elaborar y emitir las normas que regulen el uso y disfrute de las aguas del subsuelo.
Por ello, “proponen que se levante el Decreto de Veda de 1967 en la microrregión que las 16 comunidades denominan Xnizaa (Nuestra Agua), y asumir la responsabilidad de implementar un reglamento comunitario para el uso y cuidado del agua subterránea”, informó a través de un comunicado la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y en Defensa del Agua (COPUDA).
Al respecto, el pasado 24 de mayo se llevó a cabo la tercera reunión de seguimiento a la consulta indígena en los Valles Centrales de Oaxaca para levantar el Decreto de Veda que desde 1967 limita el acceso justo al agua en la región.
A través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno Federal entregó un documento que propone posibles cambios legales, y que da respuesta a la propuesta de la COPUDA.
La COPUDA llevará el documento propuesto por Conagua a cada una de las 16 comunidades zapotecas para ser analizada de acuerdo a sus sistemas normativos, y de esta manera construir una respuesta colectiva que será entregada el día 16 de agosto de 2017 a Conagua, en la cuarta reunión de seguimiento de la etapa consultiva.
Alrededor de 60 propietarios que rentan su tierras en el parque eólico Bii Ioxho en Juchitán que pertenece a Gas Fenosa Natural, bloquearon los accesos para exigir que la empresa los escuche y atienda sus demandas relacionadas a los beneficios que ha incumplido.
Los manifestantes señalaron que la empresa se niega a escucharlos y siempre pone excusas para no asumir su responsabilidad como lo es la entrega de recursos acordados, que hasta la fecha se ha olvidado de entregarlos.
Encabezados por su presidenta, Juana Sánchez así como integrantes de la mesa directiva de propietarios Francisco y Ángel López señalaron que continuaran con su manifestación hasta que reciban respuesta para el dialogo.
Los propietarios señalaron que hace un mes realizaron un bloqueo que se prolongó más de una semana por la misma situación, la falta de diálogo con los representante de Gas Fenosa Natural, quienes se niegan a escucharlos y atenderlos.
En Oaxaca existen alrededor de 364 conflictos agrarios, 32 de ellos de alta conflictividad, así lo informó el secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud.
Para resolverlos, el funcionario dijo que se están realizando mesas de atención, el dialogo y la conciliación, y confía en que en un plazo de tres años se puedan finiquitar al menos aquellos que representan un riesgo para la paz social del estado.
En este sentido, indicó que entre los líos agrarios mas álgidos y delicados, que datan de mas de medio siglo de disputas y enfrentamientos, son los de Santiago Amoltepec y colindantes, Santa María y San Francisco del Mar, San Mateo y Santa María del Mar o el de San Pablo Ayutla y San Pedro Tamazulapam, donde ambos pelean un manantial.
También informó que se encuentran en vías de solución conciliada el conflicto de limites entre Oaxaca y Chiapas por la disputa de la selva de los Chimalapas.
En este sentido, adelantó que se trabaja para que este último conflicto se pueda resolver sin tener que esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Representantes de comunidades de la región otomí-tepehua, así como organizaciones sociales, reiteraron su rechazo a la presencia en su territorio del gasoducto Tuxpan-Tula, a cargo de la empresa TransCanada, y exigieron que el proyecto sea cancelado. En el marco del 3° Encuentro Regional de Pueblos en Defensa del Territorio de la Huasteca y el Totonacapan, las comunidades denunciaron que TransCanada ha ingresado a su territorio en diversas ocasiones con la intención de marcar el trazo por donde pasaría el ducto, pese a no contar con los permisos de las comunidades y a que hay un rechazo al proyecto manifestado por los pueblos indígenas de la región. En total, 350 personas y 18 organizaciones y colectivos de la región reflexionaron sobre el modelo de despojo de empresas mineras, hidroeléctricas, petroleras y de construcción de infraestructura. Además de la cancelación del gasoducto Tuxpan-Tula, las comunidades pidieron el el cese al hostigamiento del que son parte por su labor como defensores de sus derechos y el medio ambiente y que sea respetado su derecho a la autodeterminación como pueblos indígenas. Señalaron que los megaproyectos “vienen persiguiendo nuestra vida”, pero dicen saber también que unidos y “megaorganizados” pueden brincar barreras.
La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio– APOYO informó que el proyecto Eólica del Sur aún tiene litigios pendientes y que mientras el proceso jurídico no se resuelva, el proyecto no cuenta con una base legal sólida para iniciar su construcción, aseguraron.
A través de un comunicado exigieron a “a los inversionistas y bancos que financian el proyecto (Macquarie, Mitsubishi, Banco Interamericano de Desarrollo, HSBC, Santander, BBVA, Credit Agricole etc) que respeten el curso de la justicia y desistan de cualquier intento de comenzar la construcción del proyecto”
Asimismo exhortaron a Banobras y Fonadin que sigan el ejemplo del fondo de pensiones holandés PGGM y se retiren del proyecto, demandando por daños y perjuicios a la empresa Macquarie. “Tanto el gobierno como las Afores invirtieron en Eólica del Sur a través del Fondo de Infraestructura Macquarie México (FIMM)”.
Finalmente exigieron a los gestores del proyecto y a los gobiernos estatal y municipal que detengan la actual campaña de desinformación “con la que pretenden crear la falsa sensación de que el proyecto ya cuenta con luz verde en el ámbito judicial. Esto es completamente falso, pues nuestra demanda judicial 454/2015, que cuenta con amplio apoyo social y mejores fundamentos jurídicos contra el proyecto, aún está por resolverse”.
Entre las demanda de amparo para detener este proyecto se encuentran: el 454/2015, promovido por las organizaciones que conformamos la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio– APOYO. Presentada en septiembre de 2015 ante el Juez Séptimo de Distrito de Salina Cruz, fue firmado por 1,166 personas del pueblo indígena zapoteca de Juchitán. Su objetivo es anular los permisos que se le concedieron a la empresa Eólica del Sur.
De manera clara, en la página de la AFDZEE, se señala que “el sector privado será el protagonista fundamental del éxito de las Zonas Económicas Especiales”.
Las “oportunidades” para los empresarios aparecerán a lo largo de todo el proceso. Antes de la operación de las ZEE podrán participar “como Administradores Integrales, como socios o subcontratistas de éste y realizando los estudios necesarios para que se establezcan”. Durante la operación de la Zona: “como empresa ancla o socio de ella, como inversionista, proveedor de sectores estratégicos, como generador de nuevas líneas de negocio, dentro de las cadenas de valor y a través de alianzas estratégicas”.
De acuerdo con el documento Mirada legislativa. Seguimiento a la instrumentalización de las Zonas Económicas Especiales, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el marco jurídico nacional en el que se basará todo el proyecto ya ha sido aprobado y promulgado: la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2016), su Reglamento y una reforma a la Ley General de Bienes Nacionales. También, a nivel local, cinco entidades federativas ya cuentan con respectivas leyes estatales: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán.
Estos siete estados de la República, junto con Michoacán, ya entregaron, durante 2016, Cartas de Intención al Poder Ejecutivo federal para la declaración de zonas especiales en sus territorios. El gobierno de Enrique Peña Nieto creó un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ex profeso: la AFDZEE, la cual está encabezada por el empresario Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Negocios por 35 mil millones de dólares han pactado el gobierno federal y gobiernos estatales con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Se trata sólo de las tres primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE) que involucran a cinco entidades federativas ricas en minerales, maderas, agua y otros recursos naturales: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.
Las inversiones, proyectadas para los próximos 15 años, implican el desarrollo de obras en regiones indígenas y mestizas. Los entramados jurídicos federal y estatal están listos para legalizar cada “proyecto de inversión”, aunque los pobladores locales hasta la fecha no saben del destino que les depara a sus tierras ni de los proyectos que en las próximas semanas y meses se les impondrán.
Empresarios y gobiernos esperan echar a andar la primera etapa de las ZEE con estas tres declaratorias en los próximos días. En una segunda etapa, se lanzarán las de Tabasco, Campeche y Yucatán durante el segundo semestre del año. Y, antes de que concluya el sexenio el 30 de noviembre de 2018, el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto buscará arrancar la tercera etapa de las ZEE en Hidalgo y Puebla.
De acuerdo con el documento Mirada legislativa. Seguimiento a la instrumentalización de las Zonas Económicas Especiales, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el marco jurídico nacional en el que se basará todo el proyecto ya ha sido aprobado y promulgado: la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2016), su Reglamento y una reforma a la Ley General de Bienes Nacionales.
El gobierno de Enrique Peña Nieto creó un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ex profeso: la AFDZEE, la cual está encabezada por el empresario Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El documento del Instituto Belisario Domínguez, muestra el entusiasmo del empresariado pero también la oposición del “sector social”. Señala que organizaciones sociales, “lejos de apoyar el proyecto están en contra del mismo. Argumentan que la instrumentalización de las ZEE es otra forma de explotar la tierra, contaminar el ambiente y marginar, aún más, a los indígenas que habitan los municipios que se pretenden declarar como zonas económicas especiales”.
Organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de protección al medio ambiente se ha manifestado en contra porque, señalan, estas grandes inversiones y megaproyectos no consideran la opinión ni la perspectiva de las poblaciones afectadas.
Para Mayra Monserrat Eslava Galicia, las ZEE no están diseñadas para acabar la pobreza. Señala que en realidad se busca disminuir la resistencia de las comunidades o pueblos a la entrada de los megaproyectos y la iniciativa privada en zonas donde no han podido hacerlo. Ahora, los grandes empresarios llegan disfrazados de Estado para hacer los negocios que siempre han querido hacer.
Por su parte, Francisco Jiménez Pablo, dirigente nacional de la Coordinadora Plan de Ayala Movimiento Nacional, considera que las ZEE sólo beneficiarán a las grandes empresas y terminarán por despojar a los pueblos y a sus comunidades de sus tierras comunales, ejidales y recursos naturales.
La organización social Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (Código DH) dio a conocer que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) favorecen a la militarización más que al desarrollo social y económico.
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) es un modelo económico basado en uno de los países asiáticos más poderosos del mundo como lo es China y según el gobierno federal se instalará en estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Veracruz.
Código DH en una misiva aseguró que desde agosto de 2016 se comenzó a incluir en los discursos oficiales del gobierno federal y de los mandatarios de los cinco estados sobre las Zonas Económicas Especiales (ZEE), aunque destacan conceptos comunes como desarrollo económico, inversiones; muy poco se habla de la militarización que lo regula.
La ONG señaló que conforme a la exigencia de los empresarios, en el marco del discurso sobre la prevención de la delincuencia para proteger las inversiones, se ha llevado a cabo una militarización en el entorno de las ZEE en las que hay cierto interés político de oprimir una sociedad civil muy activa, como sucede en Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec.
El Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, anunciaron la inversión de 30 millones de pesos que se destinarán a Oaxaca de manera inmediata a través del Fondo Minero, para impulsar el desarrollo en las comunidades mineras.
Asimismo, el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, inauguraron obras de mejoramiento urbano del Fondo Minero, realizadas en la agencia San José de Gracia de esta localidad, en el que se invierten 10 millones de pesos.
Se trata de la pavimentación de más de dos mil metros cuadrados con concreto hidráulico realizada en la calle Lambimbos, y la construcción de seis aulas, cancha y techado de la Escuela Rural “Presidente Madero”, en la agencia San José de Gracia; así como el techado de la cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria “Aquiles Serdán” en la cabecera municipal.
El titular del Poder Ejecutivo agradeció en todo lo que vale el apoyo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha destinado a Oaxaca a través del Fondo Minero, y el cual –dijo- obedece a un acto de justicia social para beneficiar a las y los habitantes de las comunidades mineras.
Por su parte, la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, reiteró el apoyo del Gobierno Federal para impulsar el desarrollo de la entidad oaxaqueña, a través de este Fondo que busca aplicar los recursos de manera eficiente y en proyectos que beneficien a las comunidades.
Grupo México y Goldcorp son las dos mineras que mayores cantidades de agua consumen en el país, señala el Debate sobre grandes consumidores de agua: El caso de las mineras en México, informe elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, publicado el 27 de abril pasado.
Catorce empresas han contaminado los cuerpos de agua de las comunidades donde se encuentran. Y otras siete acaparan el líquido de tal forma que ponen en riesgo a las localidades que las circundan.
“La mitad del agua destinada a la minería en el país se extrae de tan sólo tres estados: Sonora (107.9 millones de metros cúbicos anuales), Zacatecas (55.8 millones de metros cúbicos anuales) y Michoacán (44.4 millones de metros cúbicos anuales), indica la información documentada por el investigador Manuel Llano Vázquez, maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana y autor del portal de análisis CartoCrítica.
Y es bajo las denominaciones de Buenavista del Cobre, SA de CV; Compañía Industrial Minera México, SA de CV; Industrial Minera de México, SA de CV; Mexicana de Cananea, SA de CV y Mexicana del Cobre, SA. de CV; que el conglomerado Grupo México mantiene 142 títulos de concesión de agua, como se documentó en la edición 487 de Contralínea.
En tanto que la minera canadiense Goldcorp, Inc, es la segunda en acaparamiento de recursos, mediante sus filiales Camino Rojo, SA de CV; Compañía Minera Nukay, SA de CV; Desarrollos Mineros de San Luis, SA de CV, y Minera Peñasquito, SA de CV, que ocupan más de 47 millones 600 mil metros cúbicos anuales, según la información de CartoCrítica.
Grupo México también ha sido identificada por la Auditoría Superior de la Federación dentro de las 59 que “que cuentan con títulos de concesiones mineras, que se identificaron como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.
El estudio del CESOP apunta que la inversión extranjera en el sector minero en México no ha representado necesariamente una mejora económica en las poblaciones marginadas. “Más bien, parece que, al contrario, algunas veces son causantes de deterioro en la vida de los pobladores. Puede mencionarse, el caso de la mina concesionada por el gobierno federal a la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines, cuya filial es la Compañía Minera Cuzcatlán, en San José del Progreso, Oaxaca”.
San José del Progreso es el tercer municipio más pobre de ese estado y se estima una ganancia de 360 millones de pesos de la minera canadiense, en 2012, con la extracción de miles de onzas de oro y plata. En contraste, el pago por esas concesiones al gobierno federal ascendió apenas a 2 millones de pesos. Datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) muestran que el 16.67 por ciento de las personas de este municipio viven en muy alto grado de marginación; el 75 por ciento, en alto grado y sólo 1 por ciento en grado medio.
La Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales y la dirigencia nacional de la CROC alistan un Convenio de Colaboración y Participación, para establecer acciones que impulsen, de manera conjunta, políticas públicas tendientes a la activación de la economía y la generación de empleos en estas regiones.
Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), explicó que el objeto de dicho acuerdo es coordinar los programas a realizar en conjunto con las dependencias y entidades paraestatales competentes en la planeación, establecimiento y operación de las Zonas Económicas Especiales.
Todo ello, con el propósito de generar mejores condiciones para los agremiados de esta central y la población en general, pugnando siempre por fomentar la generación de empleos permanentes, el ascenso industrial y el crecimiento de la productividad del trabajo. Así como, inversiones productivas que impulsen el desarrollo económico de las regiones, preservando la paz y la estabilidad social.
González Cuevas afirmó que la CROC se propone participar en su ámbito de competencia, para apoyar este esfuerzo y convertirlo en un proyecto común, a fin de abatir los rezagos sociales en las regiones menos favorecidas del país e igualar las oportunidades de todos los mexicanos. En este contexto, adelantó que el próximo 31 de mayo de 2017, se firmará el Convenio CROC-Comisión Intersecretarial.
Se trata de redoblar esfuerzos para abatir el rezago educativo entre los trabajadores y, de esta manera, mejorar el perfil y la calidad de la fuerza laboral en esas regiones, además de que se garantizará su inclusión en el empleo formal y con acceso a la seguridad social, mediante el impulso a la contratación colectiva y el diálogo social.
Pobladores del municipio de El Espinal denuncian que las negociaciones para la construcción del parque eólico “Eólica del Sur” no fueron transparentes, y que sus dirigentes aceptaron «lo mínimo» ofrecido por Grupo Mitsubishi Corp. Señalaron que la negociación por el pago de 14 millones de pesos que ingresó al municipio de El Espinal que encabeza Raúl Benítez Meza por concepto de los permisos no fue transparente y solo se hizo a través de dos dirigentes José Luis Toledo y Francisco Toledo y la autoridad municipal sin tomar en cuenta a los 300 propietarios. Este parque eólico se ubicará en dos polígonos, uno que se construirá en Juchitán y el otro en El Espinal, ambos con una inversión de inversión de mil 200 millones de dólares del Grupo Mitsubishi Corp. Cabe recordar que en El Espinal supuestamente se llevó a cabo una consulta indígena que concluyó en noviembre de 2013. Tanto el proceso como los resultados de esta consulta no se hicieron públicos, como tampoco se conocen los resultados de la consulta en Juchitán, esta última severamente criticada por violaciones a derechos humanos por parte de observadores y investigadores que acompañaron el proceso de consulta
En su visita a México, Léo Heller, Relator Especial para el agua y saneamiento de la ONU, señaló en su informe preliminar al finalizar su estancia: “me preocupa que haya autocomplacencia” porque aunque los funcionarios mexicanos le aportaron estadísticas de que el 94 por ciento de la población tiene acceso al agua potable y 93 por ciento al saneamiento, “esto no se traduce en acceso a los mismos, sino que únicamente reflejan la existencia de alguna infraestructura”.
Al finalizar su visita a México, Heller declaró: “Hay significativas partes de la población para quienes la prestación de servicios de agua y saneamiento es extremadamente limitada o no existente. Incluso dentro de la Ciudad de México, el panorama es sumamente variable e incluye la no disponibilidad de servicios de agua continuos y confiables para la mayoría de la población.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 70 por ciento de la población recibe agua durante menos de 12 horas al día. Algunas comunidades en la Ciudad de México se quejaron conmigo de que a pesar de que hay fuentes de agua adecuadas en sus localidades, el agua está siendo desviada a áreas de alto consumo y áreas de mayor nivel económico, a usuarios en zonas residenciales, comerciales, industriales o turísticas, dejando a los pobladores de las comunidades sin la provisión adecuada, obligados a depender de pipas de agua, manantiales y agua embotellada. Pude conocer que esta situación se repite en muchas otras partes del país”.
El Relator especial para el agua y saneamiento durante su visita del 2 al 12 de mayo visitó distintos lugares de la Ciudad de México que enfrentan enormes retos para abastecerse del vital líquido y a servicios de saneamiento como son Santa María Aztahuacán y Lomas de San Lorenzo en Iztapalapa, la comunidad de San José Obrero en Xochimilco. En el estado de Veracruz, visitó los municipios de Papantla (Emiliano Zapata) y Filomeno Mata. En Chiapas, fue a comunidades en Tuxtla Gutiérrez y en los alrededores de San Cristóbal de las Casas. También estuvo en San José del Rincón en el Estado de México.
En su informe preliminar al concluir la visita, Heller recordó al gobierno mexicano que los derechos humanos al agua potable y al saneamiento significan “que las necesidades domésticas de todos los individuos, familias y comunidades tengan la más alta prioridad entre los diversos usos que puede tener el agua” y, respecto a los asentamientos irregulares, aunque diversos funcionarios argumentaron que proveer servicios de agua y saneamiento a dichas localidades y poblaciones significaría legitimar un asentamiento u ocupación ilegal de la tierra les recordó también “que los derechos humanos al agua y al saneamiento deben ser respetados y promovidos, protegidos y cumplidos para toda la sociedad, sin importar su condición social y económica, ni su situación de vivienda”.
(…) Las vías de comunicación son arterias del progreso, crecimiento y desarrollo humano y de los pueblos. Ésta es una verdad por demás sabida que se comprobará, una vez más, en Oaxaca, cuando en 18 meses más se terminen los trabajos de las dos súper carreteras en cuestión.
El rostro del subdesarrollo de Oaxaca cambiará de manera obligada y necesaria. Así ocurrió con la construcción de la súper carretera a Cuacnopalan, Puebla, que redujo sustancialmente el tiempo de recorrido al vecino estado de Puebla y a la capital de la República Mexicana.
Independientemente de la lejanía con los principales mercados nacionales, una de las principales barreras que ha frenado secularmente el desarrollo y progreso del estado ha sido la falta de modernas vías de comunicación, lo que confiamos plenamente ya no ocurrirá más.
A ello, se suma de manera destacada el anuncio de la inversión de mil 200 millones de dólares del Grupo Mitsubishi Corp, como parte del proyecto de la empresa “Eólica del Sur”, en los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, en el Istmo de Tehuantepec.
A 5 meses de la actual administración, se registran acciones importantes en materia de vivienda vía créditos hipotecarios, como los 5 mil créditos del Fovissste para aplicarlos este año.
Además, se encuentran disponibles 20 millones de pesos en subsidios que serán aplicados para la adquisición de casas habitación, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi). La inversión en este rubro crecerá 500%, lo que permitirá ofertar viviendas desde 250 mil pesos.
El pasado fin de semana, el gobernador anunció que en un lapso no mayor a tres semanas reiniciarán los trabajos de construcción de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, que unirán a la capital con la región de la Costa oaxaqueña.
Propietarios de este municipio que arrendarán una extensión de 2 mil 832 hectáreas para la construcción del parque eólico Eólica del Sur denunciaron actos de corrupción en la negociación con sus dirigentes, autoridad municipal y directivos de la empresa en cuanto al recurso del pago de licencia de construcción y permiso de uso de suelo.
Señalaron que la negociación por el pago de 14 millones de pesos que ingresó al municipio de El Espinal, que encabeza Raúl Benítez Meza, por concepto de los permisos no fue transparente y sólo se hizo a través de dos líderes José Luis Toledo y Francisco Toledo, así como la autoridad municipal sin tomar en cuenta a los 300 propietarios.
Este parque eólico se ubicará en dos polígonos, uno que se construirá en Juchitán y el otro en El Espinal, ambos con una inversión de mil 200 millones de dólares del Grupo Mitsubishi Corp.
Se trata de una inversión histórica y sin precedente que constará de 132 aerogeneradores de la más alta tecnología, con una capacidad de 396 megavatios, lo que lo convierte en el parque más grande de Latinoamérica por su inversión y tamaño.
La molestia de un grupo de propietarios es porque en Juchitán la empresa eólica del Sur pagó 64 millones de pesos por ambos conceptos -licencia y cambio de uso de suelo-, además pagará un 30 por ciento para reducir las tarifas de energía eléctrica, y se construirán dos parques eólicos.
“Suponemos que negociaron muy bien, no exigieron a la empresa más que lo mínimo, en nuestro municipio hay muchas carencias, y esos 14 millones solo servirán para ciertas cosas, lo más lamentable es que el presidente municipal jamás nos informó, recibió el pago y se quedó callado”, expresó Raúl Toledo Dehesa.
Los geógrafos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) elaboraron un mapa a petición del Colectivo Geocomunes, para mostrar algunos megaproyectos mineros en la región del Istmo de Tehuantepec.
El mapa se realizó con información de la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano, con la propuesta de presentar, además, un mapa de todo el modelo extractivo para el Istmo de Tehuantepec, con fines didácticos para los ciudadanos y que sirva para los trabajos de concientización a los grupos que luchan por la defensa del territorio, tanto en Ixtepec, Laollaga, Zanatepec y en los puntos donde están situados los proyectos mineros.
El colectivo Geocomunes también ha desarrollado a lo largo de estos últimos años, tres mapas: el primero, sobre el conjunto de megaproyectos en operación o en desarrollo en el Istmo de Tehuantepec (concesiones mineras, parques eólicos, hidroeléctricas, geotérmicas, refinería, gasoductos, autopistas).
El segundo es un mapa cronológico de los parques eólicos en el Istmo y de las empresas a cargo de su operación y un mapa del proyecto minero de la empresa Plata Real (filial de Primero Mining) en Ixtepec y de los bienes comunes amenazados por este proyecto.
En entrevista con Javier Risco para El Financiero-Bloomberg, el mandatario destacó que se trata de una inversión que hace Mitsubishi Corporation con el gobierno mexicano a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), para generar más de mil 500 empleos.
“Nada más para que tengamos un estimado, son más de 400 megawatts; para que entendamos, el ahorro de más de 170 toneladas de CO2, significaría, más o menos, que no circularían diariamente más de 600 mil coches… nos permite mandar un mensaje al mundo de que en Oaxaca hay condiciones para invertir”, compartió Murat.
Eólica del Sur estará constituida por 132 aerogeneradores de la más alta tecnología, y estará ubicado en los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, en el Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con el gobernador, este proyecto se negociaba desde hace seis años, pero por “razones de ingobernabilidad” se concretó hasta este año la construcción; de tal manera que el 26 de mayo se dará el anuncio de la primera piedra.
“Primero se metió fuerte el gobierno federal, hay que reconocer al presidente Peña, con Fonadin, porque había dos socios y agradecer a Mitsubishi que se quedó por el proyecto. Pero en este último mes… podemos tener este proyecto como real”, detalló.
A poco más de 160 días al frente del gobierno de Oaxaca, Murat ha conseguido la inversión que es reconocida como la más importante en el sector en Latinoamérica, pero también –detalló durante la entrevista– que en ese periodo ha logrado dialogar con el sector magisterial para calmar las movilizaciones.
La noche del pasado viernes, representantes de la empresa Eólica del Sur recibieron la licencia de construcción y el cambio de uso de suelo, por parte de las autoridades de este municipio zapoteca, para arrancar la construcción del proyecto eólico Bií niza que proveerá energía al Fomento Económico Mexicano SAB de C.V. (FEMSA) bajo el marco legal del Programa de Autoabastecimiento.
El representante de la empresa, Eduardo Centeno Garza Galindo, hizo entrega de dos cheques por una suma de 65 millones de pesos a la presidenta municipal Gloria Sánchez López, quien a su vez le hizo entrega de estos documentos, en presencia de todos los integrantes del Cabildo y del Consejo Ciudadano.
Además de esta contribución, Garza Galindo reveló que también suscribieron un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para aportar anualmente la cantidad de 4 millones 988 mil pesos hasta la operación del parque, donde se instalarán 132 aerogeneradores.
“Este recurso será aplicado para el apoyo de cada usuario con tarifa residencial o doméstica del municipio de Juchitán”.
Subrayó que este apoyo iba a iniciar originalmente después de terminado el parque, pero en las pláticas con la edil, la empresa decidió adelantar los beneficios.
Con facilidades jurídico-administrativas, el Grupo Mitsubishi Corp invertirá mil 200 millones de dólares en el Istmo de Tehuantepec para convertir el proyecto “Eólica del Sur” en el parque más grande de Latinoamérica por su inversión y tamaño, confirmó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Explicó que esta inversión se lleva a cabo después de realizar una consulta apegada a la ley, en los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, con un compromiso y beneficio social como la disminución en un 35% de la factura eléctrica doméstica.
Además, dijo, se instalarán 5 mil 242 luminarias ahorradoras en el municipio de Juchitán, que permitirán el ahorro del 30% a las finanzas municipales, como beneficios para permitir la instalación de ese parque eólico.
El anuncio lo hizo en la Ciudad de México, luego de una reunión que sostuvo con el Secretario de Energía (SE), Pedro Joaquín Coldwell, y representantes de esta empresa japonesa.
Explicó que la “inversión histórica y sin precedente” permitirá la instalación de 132 aerogeneradores de la más alta tecnología, con una capacidad de 396 megavatios, lo que lo convierte en el parque más grande de Latinoamérica por su inversión y tamaño.
Murat Hinojosa presumió que la inversión de mil 200 millones de dólares del Grupo Mitsubishi Corp, es resultado de la política de desarrollo económico y sustentable impulsada de manera coordinada por los gobiernos de la república y del estado de Oaxaca.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó analizar un amparo promovido por la empresa Monsanto, con el que la multinacional pretendía que el máximo tribunal del país se pronunciara sobre la expedición de permisos comerciales para la siembra de maíz transgénico.
De esta manera, la decisión para resolver este juicio en el cual se encuentran involucradas por un lado las empresas Monsanto, Dow, Pionner y Dupont, así como las secretarías de Medio Ambiente y Agricultura, y por el otro lado organizaciones civiles y académicos que se oponen a la comercialización del maíz transgénico, tendrá que ser resuelto por el primer tribunal colegiado en materia civil.
Este caso de revisión inició en enero pasado, cuando el tribunal colegiado estaba por emitir una resolución acerca de si se mantenía la medida precautoria impuesta en septiembre de 2013, con la que se prohibieron las autorizaciones para las siembras de maíz transgénico en tanto se resolviera la demanda de acción colectiva que presentaron ese año las organizaciones. El 26 de enero el tribunal suspendió la votación de la resolución debido a que Monsanto había presentado la petición a la SCJN y debía esperar la determinación de esta instancia.
En la ciudad de Juchitán, Oaxaca, se estaba llevando a cabo el mes pasado una limpieza en torno a un generador propiedad de Electricité de France. Los trabajadores, que llevaban gafas de seguridad y máscaras, estaban limpiando un lubricante de color cobre que goteaba de la turbina.
Habían envuelto tela alrededor de su base, para absorber más fugas, y rellenaron bolsas de basura plásticas con la tierra y las piedras contaminadas.
Flor, dueña de la tierra donde se encuentra la turbina y que la alquila a EDF, dijo que llegó a la escena tras ser alertada por un vecino. «Era una pestilencia, olía como una especie de aceite quemado o amoníaco», dijo, pidiendo no ser identificada por su apellido por temor a represalias. «Los árboles brillaban de petróleo».
Se ha informado sobre problemas similares a lo largo del istmo de Tehuantepec, uno de los lugares más ventosos del hemisferio occidental.
Si bien las fugas tienen un alcance limitado y probablemente no representen un riesgo inmediato para la salud, parecen malas, y eso es otro dolor de cabeza para los reformadores de energía de México, que buscan aprovechar más las fuentes renovables, en tanto los monopolios estatales se abren al capital privado.
El plan ha tenido éxito en atraer la inversión global, y la energía eólica está consiguiendo su parte, con más de 6 mil 900 millones ya comprometidos. Pero también está provocando todo tipo de oposición local, lo que pronto podría repercutir contra el presidente Enrique Peña Nieto en las urnas.
Los terrenos ejidales con que cuenta el Puerto de Salina Cruz representan una oportunidad de negocio para los inversionistas de la zona Económica Especial, que ahí instalará el Gobierno federal.
Los empresarios compran barato las tierras, las cuales multiplicarán su valor al convertise en propiedad privada.
Enrique Alcalá, especialista en bienes raíces, explicó que las empresas compran estos predios a precios bajo debido a su condición de propiedad social, y una vez que los adquieren, los transfieren al régimen de propiedad privada lo que multiplica 10 veces su valor.
Informó que el precio promedio del metro cuadrado de estas tierras oscila entre los 40 y 50 pesos.
“Toda la industria está sobre terrenos ejidales o comunales, nosotros le vendimos a una concesionaria de automóviles bajo este régimen, y después ellos hicieron los trámites para regularizar las tierras, las convirtieron en propiedad privada, y el precio del lugar se elevó considerablemente”, comentó Alcalá, en entrevista.
El Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, anunció la inversión de mil 200 millones de dólares del Grupo Mitsubishi Corp, como parte del proyecto de “Eólica del Sur”, en los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, del Istmo de Tehuantepec, como resultado de la política de desarrollo económico y sustentable impulsada de manera coordinada por los gobiernos de la República y del Estado de Oaxaca.
Se trata de una inversión histórica y sin precedente que constará de 132 aerogeneradores de la más alta tecnología, con una capacidad de 396 megavatios, lo que lo convierte en el parque más grande de Latinoamérica por su inversión y tamaño.
Luego de una reunión encabezada por el Secretario de Energía (SE), Pedro Joaquín Coldwell, y representantes de esta empresa japonesa, el Jefe del Poder Ejecutivo Estatal señaló que este nuevo proyecto es resultado del trabajo y gestiones realizadas por su administración para detonar el desarrollo de la entidad y contribuir al crecimiento económico de la zona Sur-Sureste del país.
Las mujeres indígenas zapotecas de Puente Madera, agencia municipal de San Blas Atempa así como los hombres que son campesinos se han unido en la defensa de su tierra y territorio, a ellas nadie las detendrá porque aseguran que defienden su espacio de vida, su lugar de origen de donde obtienen recursos naturales para comer y que ahora se ve amenazado por la construcción de una subestación eléctrica que beneficiará a un parque eólico de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena). Las mujeres aseguran que construir una subestación acabaría con la flora y la fauna de su reserva natural “El Pitayal” y también del Cerro Igu, que es un centro religioso de los zapotecas y que ha sido venerado de generación en generación. Conflictos como la devastación del paraje El Pitayal, la explotación del cerro Igú, el encarcelamiento de sus autoridades comunitarias y la agresión por parte de la autoridad de la cabecera municipal, han fracturado sus dinámicas cotidianas. Su autoridad comunitaria emitió un grito de auxilio y ellas respondieron. Han dejado de cocinar para sus familias, de preparar a sus hijos para la escuela, de limpiar la casa, lavar la ropa o salir a mercar sus productos. Las mujeres de Puente Madera retan la inercia del tiempo y se dividen entre la cocina comunitaria y las guardias en la carretera.
El Gobierno federal dispondrá de mil 230 hectáreas en el municipio de Salina Cruz para concesionarlas a empresarios atraídos por la ventajas de las Zonas Económicas Especiales.
El Jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani adelantó que ya consiguieron otras “miles de hectáreas” alrededor, al que denominó «polígono ampliado» para que los inversionistas adquieran este predios para la operación de sus industrias.
El funcionario federal se reservó la extensión total de terrenos que ocuparán en el Puerto de Salina Cruz, ya que, argumentó, será anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto cuando emita la declaratoria formal de estas zonas.
Respecto a las mil 230 hectáreas que serán concesionadas, Gutiérrez explicó que el Gobierno del Estado cedió 730, “de las cuales hay unas 400 hectáreas a ser susceptibles a industria ligera, por eso ahí vamos a poner el agroparque; y el Gobierno federal está comprando otras cerca de 500 hectáreas; pero aparte el polígono ampliado es de varias miles de hectáreas”, comentó.
“Necesitamos tierra suficiente para que la inversión pueda generarse de manera importante y esto tenga un proceso detonador en toda la región del Istmo”, agregó.
El Gobierno federal dispondrá de mil 230 hectáreas en el municipio de Salina Cruz para concesionarlas a empresarios atraídos por la ventajas de las Zonas Económicas Especiales.
El Jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani adelantó que ya consiguieron otras “miles de hectáreas” alrededor, al que denominó «polígono ampliado» para que los inversionistas adquieran este predios para la operación de sus industrias.
El funcionario federal se reservó la extensión total de terrenos que ocuparán en el Puerto de Salina Cruz, ya que, argumentó, será anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto cuando emita la declaratoria formal de estas zonas.
Prefieren privado
Reconoció que hay empresas que no desean instalarse en los terrenos del Gobierno.
“El inversionista privado puede comprar tierra y puede hacer su inversión, porque hay mucha inversión, sobre todo, la gran inversión no es susceptible mucha de ella a instalarse en un predio federal concesionado, prefieren tener propiedad privada”, dijo, en entrevista.
Respecto a las mil 230 hectáreas que serán concesionadas, Gutiérrez explicó que el Gobierno del Estado cedió 730, “de las cuales hay unas 400 hectáreas a ser susceptibles a industria ligera, por eso ahí vamos a poner el agroparque; y el Gobierno federal está comprando otras cerca de 500 hectáreas; pero aparte el polígono ampliado es de varias miles de hectáreas”, comentó.
Líderes empresariales del país demandaron ayer aquí a los gobiernos estatal y federal garantizar dos cosas para el éxito de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en Oaxaca; seguridad y estado de derecho en la región del Istmo de Tehuantepec.
Gustavo Arballo Luján, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), exhortó a las autoridades a impulsar el desarrollo del país por encima de cualquier interés político, electoral o partidista.
Durante el foro de consulta hacia un Programa Nacional de Infraestructura Sostenible 2030, «infraestructuras para el éxito de las Zonas Económicas Especiales», pidió a todos tener claro que las acciones deben estar dirigidas a mejorar la calidad de vida, promover el desarrollo económico y lograr la inclusión de los ciudadanos».
Oaxaca, dentro del polo de desarrollo
Junto a Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Pablo Vaggione, coordinador para México-Cuba de la ONU-Hábitat y el gobernador Alejandro Murat sostuvo que la economía del país a nivel mundial es la número 16, con una ubicación geográfica de privilegio, 11 nación más poblada.
«Es tiempo de pensar primero en México y comprometerse; en donde los empresarios del país tienen grandes expectativas de inversión a corto, mediano y largo plazo», dijo el también presidente de la comisión de infraestructura del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Externó que el país se ha rezagado en los últimos años en desarrollo económico y productividad, con relación a países como Perú, Chile, Brasil y Colombia, al ocupar el lugar número 51 en competitividad y 57 en infraestructura.
Mientras en México la inversión público y privada representa el 12% del Producto Interno Bruto (PIB), en países como India y Korea la tasa es del 30%, «así no podemos competir, si no invertimos y eficientizamos las inversiones públicas y privadas».
El líder empresarial anotó que el reto es ubicar al país dentro de las primeras economías por su calidad en la infraestructura e incrementar la inversión en seis puntos y llegar al 18% del PIB en el país, «las ZEE son una oportunidad de crecimiento y desarrollo para el país y el estado».
Organizaciones y redes publicaron su “Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México”, que fueelaborado con motivo de la visita oficial a México de Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento. Además, el 3 de mayo de 2017, se le entregó al Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento Léo Heller, una compilación de 72 fichas de casos de violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en 16 estados. En el informe, las organizaciones hacen mención de la situación actual en Oaxaca y Puebla: “A muy poco tiempo de aprobada la Reforma Energética encontramos casos como la Sierra Norte de Puebla con megaproyectos hidroeléctricos y Juchitán, Oaxaca, con campos eólicos, en los que el gobierno y las empresas han comenzado a violar los derechos de los pueblos afectados. Por ejemplo, en estas comunidades se realizaron “consultas” ya después de que se dieron los permisos, no se respetó el Derecho a la Autodeterminación de los pueblos y la consulta fueron procesos amañados y de simulación”. (…) Y constatan que en las regiones de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Campeche y que en principio no debería de haber problema en que las poblaciones tengan acceso al agua, “son las regiones donde existe la mayor falta de cobertura del agua potable.
El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa asistió a la Inauguración del 3er. Foro de Consulta “Infraestructura para el Éxito de las Zonas Económicas Especiales (ZEE)”, el cual busca recoger propuestas y consensos para la elaboración de una propuesta de un Programa Nacional de Infraestructura Sostenible ante el Congreso de la Unión, así como al Ejecutivo Federal.
En este sentido el Gobernador señaló la importancia de la Zona Económica Especial del Istmo, ya que cuenta con una ubicación geográfica estratégica que permitirá la conexión entre el Golfo de México con el Océano Pacífico a través de infraestructura carretera y ferroviaria que impulse el comercio en el Sureste del País.
En presencia del titular de las ZEE Gerardo Gutiérrez Candiani, de Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Gustavo Arballo, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), el mandatario estatal Alejandro Murat señaló que Oaxaca está listo para la conformación de una agenda a corto, mediano y largo plazo, que permita el desarrollo del Sureste mexicano.
“Oaxaca es un Estado que tiene todo, por eso lo importante en este tipo de foros es conocer cuál es la ruta que se va a trazar, y eso es lo que estamos haciendo, porque hoy como nunca Oaxaca tiene las condiciones ideales para levantar las manos en el concierto del desarrollo económico de México”, añadió el Gobernador.
El consolidado de resultados de Grupo México, Autlán, Minera Frisco y Peñoles revela que su flujo operativo sumó en el primer trimestre de 2017 un total de mil 500 millones de dólares, lo que representó un aumento de 37 por ciento comparado con el mismo periodo del año pasado y la mayor alza de los últimos seis años para un lapso similar.
Expertos del sector atribuyeron este incremento a la revaluación interanual de 17.3, 3.2 y 25 por ciento que mostraron la plata, el oro y el cobre, respectivamente, en el primer trimestre del 2017.
“La derrota del presidente Trump en su intención de desmantelar el Obamacare ocasionó que participantes del mercado revaluaran el plan de gastos en infraestructura de un billón de dólares durante 10 años.
Esta situación dio soporte a los metales preciosos…”, cita Peñoles en su reporte financiero.
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, encabezó el inicio de los Foros de Consulta para el éxito de la Infraestructura de las Zonas Económicas Especiales, en donde reiteró que Oaxaca tiene todas las características para tener un impulso económico correcto a partir se acciones multimodales, ferroviarias y terrestres.
El titular de la Comisión para las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló que estas zonas no pueden entenderse sin la participación empresarial activa, por ello se tiene que incluir a todos los sectores que integran a los empresarios. Dijo que con estas zonas se tendrá un crecimiento y mejoramiento de las condiciones, aplicando un paquete integral e incentivos fiscales.
Las zonas económicas especiales son la vía para lograr los resultados esperados, atraer tecnologías, brindando oportunidades de desarrollo, por lo que se debe asegurar que se tenga un desarrollo urbano, especial, protección del medio ambiente y con medidas sustentables.
En una denuncia pública, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) denunció nuevos actuso de hostigamiento hacia defensoras y defensores del territorio en Valles Centrales y acusa que “Fortuna Silver Mines y autoridades municipales quieren callar nuestras voces”. Previa a una reunión regional el día 7 de mayo de 2017, el Presidente Municipal de San José del Progreso Servando Díaz Vásquez, amenazó públicamente a nuestra organización, comunidades de la región y organizaciones civiles, con “no permitir la entrada a la población para la realización de un foro” además instó a la policía estatal y federal a “poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que este próximo 7 de mayo impidan el ingreso de las organizaciones…” de igual forma mencionó “que la postura de las autoridades municipales es no permitir que gente agrupada a estas organizaciones antiminas ingresen a la comunidad… para no generar más derramamientos de sangre”. Por su parte, la COPUVO anima a “construir la hermandad y unidad entre las comunidades y pueblos de Ejutla y Ocotlán, ya que compartimos un mismo territorio y las afectaciones generadas por el proyecto minero, repercutirán en otras comunidades, como ya se ha constatado en los últimos años en la región”.
Organizaciones opositoras a la minería en San José del Progreso, Oaxaca, y Acacoyagua, Chiapas, denunciaron acoso e intimidación por parte de las autoridades de sus municipios, en el marco de reuniones para manifestarse en contra de los proyectos mineros en ambas regiones.
La Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) informó que las comunidades de Ejutla y Ocotlán, Oaxaca, habían acordado reunirse en la comunidad de San José del Progreso, donde desde hace ocho años han defendido su territorio frente al proyecto minero “San José”, impulsado por la empresa Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.
Previo a la reunión, el presidente Municipal de San José del Progreso Servando Díaz Vásquez, “amenazó públicamente a nuestra organización, comunidades de la región y organizaciones civiles, con ‘no permitir la entrada a la población para la realización de un foro’”, denunció Copuvo a través de un comunicado.
Además, dice la organización, la autoridad municipal instó a la policía estatal y federal a “poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que el 7 de mayo impidan el ingreso de las organizaciones…” y mencionó “que la postura de las autoridades municipales es no permitir que gente agrupada a estas organizaciones antiminas ingresen a la comunidad… para no generar más derramamientos de sangre”.
Empresarios muestran preocupación por la falta de inversión en el puerto y la consolidación de las Zonas Económicas Especiales que no aterrizan y en el que Salina Cruz está contemplado.
Desde agosto del año 2016, se habló por primera vez de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que incluye las regiones del Puerto Chiapas, el puerto de Lázaro Cárdenas y el Istmo de Tehuantepec en lo que corresponde al corredor interoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz, el cual sería pieza importante y detonante para la inversión extranjera y la generación de empleos.
No obstante, los empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) muestran preocupación, pero además porque no hay las condiciones para poder establecerse.
“Hemos escuchado que van a venir chinos, italianos, ingleses, pero no sabemos cuándo y en qué condiciones lo harán para estar preparados y qué es lo que van a invertir”, expresó el representante de la Cámara Nacional de Comercio, Roberto López.
Estamos a favor de la inversión privada y el comercio nacional e internacional, pero para lograr su consolidación se deben de haber las condiciones para que se establezca y no estén generando incertidumbre o en su defecto terminen por retirarse.
En ese sentido, dijo que Salina Cruz tiene más de 100 años que está considerado un puerto de altura e industrial, pero requiere de una mayor infraestructura portuaria y aduanal.
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) tendrán por lo menos 95 proyectos de infraestructura ya identificados por la Autoridad Federal designada para su administración, que en los próximos 10 años sumarían inversiones por más de 5,134 millones de dólares, indicó Gerardo Gutiérrez Candiani.
Durante el Tercer Foro de Consulta Infraestructura para el éxito de las Zonas Económicas Especiales, Candiani, titular federal de las ZEE aseguró que «la Zona Económica del Itsmo no tendrá minas, ni industrias extractivas», por lo que se preservará los recursos naturales y se asentará en áreas donde no habrá afectación para la población indígena.
Explicó que en este proceso se pondrán en marcha cuatro proyectos aeroportuarios, 21 de carreteras, seis ferroviarios, 40 portuarios y un centro logístico. Además de 11 proyectos en materia de energía y 12 de agua. Se estima que 70% de los recursos para estos proyectos provendría de fuentes privadas o mediante Asociaciones público-privadas.
Candiani explicó que mientras los puertos tienen una capacidad promedio de alrededor de 25 millones de toneladas de carga, en Salina Cruz es de 600 millones.
Mencionó que las ZEE consideran un paquete amplio de políticas públicas complementarias, para fortalecer el capital humano, los encadenamientos productivos y la transferencia de tecnología.
En una denuncia pública, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) denunció nuevos actuso de hostigamiento hacia defensoras y defensores del territorio en Valles Centrales y acusa que “Fortuna Silver Mines y autoridades municipales quieren callar nuestras voces”. Previa a una reunión regional el día 7 de mayo de 2017, el Presidente Municipal de San José del Progreso Servando Díaz Vásquez, amenazó públicamente a nuestra organización, comunidades de la región y organizaciones civiles, con “no permitir la entrada a la población para la realización de un foro” además instó a la policía estatal y federal a “poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que este próximo 7 de mayo impidan el ingreso de las organizaciones…” de igual forma mencionó “que la postura de las autoridades municipales es no permitir que gente agrupada a estas organizaciones antiminas ingresen a la comunidad… para no generar más derramamientos de sangre”. Por su parte, la COPUVO anima a “construir la hermandad y unidad entre las comunidades y pueblos de Ejutla y Ocotlán, ya que compartimos un mismo territorio y las afectaciones generadas por el proyecto minero, repercutirán en otras comunidades, como ya se ha constatado en los últimos años en la región”
Gonzalo Bustillos, integrante del Foro Ecológico Juchiteco señaló que, a medida del crecimiento de los parques eólicos, la desertificación en aquella zona irá creciendo y consecuentemente la pérdida de agua en el subsuelo. Un aerogenerador -explicó- esta sobre base de media hectárea es decir 50 por 50, si hay 2 mil aerogeneradores son al menos mil hectáreas deforestadas. “En esas hectáreas cubiertas por bloques de cemento no va a crecer nada. Hay que considerar también los caminos abiertos para llegar a todos los parques. En la terracería no va a crecer nada ahí”, dijo el activista. Aunque en la medida de mitigación de impacto ambiental se ha establecido la compensación con la siembra de especies, ésta no se ha realizado de manera adecuada, asentó. Según el activista sólo el 1 por ciento de lo reforestado ha logrado sobrevivir. El impacto no ha sido analizado desde aquél punto de vista, ya que cada vez son más los aerogeneradores asentados en el Istmo, pues es en este rubro en donde se han centrado la mayoría de las inversiones.
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, participó en la instalación de Foros de Consulta “Infraestructura para el éxito de las Zonas Económicas Especiales”.
En presencia del titular de las Zonas Económicas Especiales Gerardo Gutiérrez Candiani, Juan Pablo Castañon Castañon presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Gustavo Arballo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), afirmó que Oaxaca lo tiene todo, solo hace falta ejecutarlo.
Por ello debe verificarse cuál será la narrativa, escribir una historia de éxito, con un acompañamiento claro del presidente Enrique Peña Nieto, detalló.
Como nunca, dijo, Oaxaca tiene las condiciones para incorporarse al desarrollo del país.
Afirmó que se tienen toda las características para tener un impulso económico correcto, sean acciones multimodales, ferroviaria y terrestre.
Se tienen ya los terrenos para las inversiones alrededor de 700 hectáreas, y se espera la aportación de otras 700 para concretar los proyectos, detalló.
“Oaxaca tiene gobernabilidad, respeto, se está en paz, además diálogo con las organizaciones para la atención de sus demandas”, dijo el gobernador.
La Comisión Especial Sur-Sureste del Senado de la República respaldó que todo el esfuerzo por impulsar las Zonas Económicas Especiales (ZEE) se concentre en las cuatro anunciadas para dejarlas madurar y luego pensar en aplicar esa estrategia en otras regiones.
El presidente de la Comisión, Benjamín Robles Montoya, apuntó que de abrirse más zonas se corre el riesgo de que todo el esfuerzo y recursos invertidos sean infructuosos, pues las ZEE de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Tabasco-Campeche buscan un desarrollo regional más homogéneo.
De no dejarse madurar las inversiones y abrir las ZEE a otras entidades como Yucatán, Puebla o Hidalgo, entonces se reduciría el atractivo para invertir en las cuatro zonas originales.
Añadió que el compromiso presidencial fue que antes de concluir la administración se establecerían las empresas anclas y todo indica que se va en tiempo porque en este mes se darán los decretos de las ZEE y las áreas de influencia para inversionistas locales con beneficios fiscales y no sólo para las foráneas.
Destacó que lo importante es lograr el equilibrio en el desarrollo regional en todo el país y por eso el Sur-Sureste debe recibir el apoyo de la ZEE.
El presidente de la comisión sur sureste del senado, Benjamín Robles Montoya, pidió ya no aperturar más Zonas Económicas Especiales ZEE, y concentrar el trabajo en las cuatro primeras que anunció el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
En entrevista dijo que en Tabasco y Campeche, como cuarta ZEE es donde deben de concentrarse todos los esfuerzos ya que llevaran un proceso de maduración de ocho años y dejar a las nuevas para otro momento.
En este sentido conminó a Gerardo Gutiérrez Candiani, el presidente de ZEE, a que se concentre en la trabajar en las cuatro zonas económicas ya existentes y dejar de andar creando otros.
Flor S. V. es arrendataria de más de 4 hectáreas de tierras en el parque eólico Bii Stinu, Juchitán, propiedad de la empresa Eólica de Francia (EDF), hace un mes su parcela se contaminó por un derrame que arrojó una turbina por falta de mantenimiento, la empresa no ha querido hacerse responsable; al contrario, por exigir la reparación de daños ha sido amenazada, hostigada y discriminada por directivos. “Nunca me avisaron que mi terreno había sido afectado por hidrocarburo, llegué por sorpresa y vi cómo levantaban bolsas negras de este aceite, que además olía muy mal. Según el dictamen que hizo la empresa ambiental (Tecóatl) que contrató EDF y señaló que solo una pequeña parte se dañó, pero la realidad es que fueron 40 litros de aceite, por eso exijo que paguen un peritaje de mi confianza, que realmente diga cuántos metros contaminó, pero la empresa se niega y está más preocupada en que su aerogenerador funcione”, recalcó. “Las empresas llegan y te pintan todo bonito con sus representantes, te dicen de los beneficios, pero jamás te explican que una torre puede arrojar aceite y contaminar tu parcela, es triste saber que vienen más proyectos a nuestra zona, por eso les recomiendo a los propietarios que lo piensen dos o tres veces antes de firmar y también lean muy bien sus contratos, me he decepcionado de todo esto”
El jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, realizó diversas reuniones de trabajo con el fin de atraer inversiones y lograr la integración a la Alianza del Pacífico de las ZEE.
Al participar en el panel, “Latinamerican Free Zones and Special Economic Zones: Challenges on the New International Trade Order”, en el marco del Congreso de Zonas Francas que se realizó en Cartagena, Colombia, el funcionario discutió el potencial económico de la región, la influencia que las Zonas Económicas del Mundo tienen para la atracción de inversiones y el crecimiento económico de sus respectivos países.
En el panel también estuvieron: Juan Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana y Leo A. González, administrador del Área Económica Especial de Panamá Pacífico y Martín Ibarra, vicepresidente de la WFZO, la Asociación Mundial de Zonas Económicas Especiales. Gutiérrez Candiani sostuvo diversas reuniones de trabajo con organismos promotores de inversión estatales y nacionales, con el presidente del World Free Zone Organitation, Mohammed Alzarooni, así como con la ministra de Industria y Comercio y representantes de organismos empresariales. Los participantes intercambiaron mejores prácticas internacionales y promovieron las ventajas competitivas de las Zonas Económicas Especiales en México y el impacto positivo que tendrán en el sur-sureste de México.
El Senado de la República advirtió que para detonar el desarrollo y crecimiento de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el país, tiene que darse una estricta vigilancia del marco jurídico (nacional y local), así como la intervención de los diversos sectores de la población (público, privado y social) en las distintas etapas del proceso, pues entre las Organizaciones de la Sociedad Civil prevalec la desconfianza por el daño que se pueda generar al medio ambiente y a su entorno.
Los legisladores reconocer que solo de esa manera, se logrará romper la brecha de la desigualdad entre las distintas regiones y el objetivo de lograr un desarrollo equilibrado en el país.
El estudio destaca que a pesar de que ya existe legislación federal en la materia, reglamento y leyes locales, el proceso ha sido lento a pesar del compromiso de que a finales de 2016 habría mayores inversiones en los Estados la República declarados como Zonas Económicas Especiales.
La investigación del Instituto Belisario Domínguez, resalta que ya se tienen establecidos los incentivos fiscales y aduaneros a los inversionistas, por ejemplo, de Salinas Cruz, Lázaro Cárdenas y Puertos Chiapas; además de los ya existentes en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, participó en la Tercera Conferencia Anual Internacional y Exhibición, Próxima Generación Zonas Francas, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, donde habló de los beneficios de las zonas económicas de México y su importancia para el país.
Acompañado del titular nacional de Zonas Económicas, Gerardi Gutiérrez Candiani, el mandatario estatal participó en el foro Diseñando Zonas Francas de Próxima Generación, donde planteó los beneficios económicos que se tienen en las tres áreas que el presidente Enrique Peña ha señalado como zonas económicas especiales, de las cuales una se ubica en el Istmo de Tehuantepec y su colindancia con el estado de Veracruz.
Estas áreas, subrayó, tienen beneficios especiales entre los que destacan los fiscales y laborales, además de que cuentan con un régimen aduanero especial, pero además se buscará la construcción de infraestructuras de primer nivel que promuevan su desarrollo.
La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua de Ixtacamaxtitlán y el Consejo de la Tierra responsabilizaron a todos los niveles de gobierno de la seguridad y la integridad física de los opositores a la minera amenazados por impedir el acceso a empleados de Almaden Minerals a sus propiedades y de los actos de violencia que pudiera haber contra ellos.
Pobladores de la comunidad de Loma Larga en el municipio de Ixtacamaxtitlán fueron citados por el agente subalterno del Ministerio Público en esta demarcación, después de que bloquearon un camino para evitar el paso de vehículos de la minera Almaden Minerals y su filial minera Gorrión, pues el pasado lunes dos trabajadores invadieron una propiedad privada.
Las organizaciones denunciaron que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnar) ha sido incapaz de solucionar el conflicto derivado de la pretensión de la empresa canadiense de extraer oro y plata en terrenos de la demarcación a pesar de las violaciones a los derechos humanos y las irregularidades en las que ha incurrido.
Aseguraron que pese a no tener permisos Almaden Minerals continuó sus actividades de exploración en las comunidades de Loma Larga y Almeya, durante los meses de febrero y marzo de 2017, circulando por brechas de propiedad privada y, ante esta situación, los dueños y vecinos de la comunidad de Loma Larga se organizaron para taparles el paso pues los caminos se dañan con la circulación de vehículos pesados de la empresa.
La tarde del 1 de Mayo “con amenazas y uso de lenguaje obsceno, los representantes de la empresa minera Almaden Minerals, Alfredo Martínez y Daniel Santa María, intentaron obligar a Ignacio Carmona Cruz, poblador de Loma Larga, para que los dejara circular por una de las brechas que son propiedad privada en esta población… los empleados de la minera se encontraron con Carmona y lo amenazaron para que los dejara pasar”.
Miembros de las Asambleas General de San Pablo Villa de Mitla y de Tlacolula de Matamoros exigieron a las autoridades municipales, estatales y federales a respetar el acuerdo de cabildo y asambleas para la no instalación de la Octava Región Militar en ambos municipios.
Los ciudadanos mencionaron que es indispensable que las autoridades cumplan con estos acuerdos, argumentando de que tanto los representantes del Gobierno Estatal como Federal pretenden no avalar el resolutivo e iniciar con las nuevas instalaciones.
Roberto Martínez, representante mencionó que en el caso de Villa de Mitla que ya hubo un acuerdo de la autoridad municipal y ejidal, y falta por concretarse a los representantes comunales.
Mientras que en el caso de Tlacolula de Matamoros detalló ya hay un acuerdo entre autoridades y ciudadanos para que no se instale la zona militar, luego que habrá afectaciones en agua, medio ambiente y la generación de aguas residuales y basura.
En este aspecto, mencionaron que serán vigilantes para que no se de revés a la decisión tomada, luego que no descartaron el acercamiento de los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con particulares.
Comunidades zapotecas en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, se han mantenido en resistencia contra las concesiones mineras en su mayoría de origen canadiense, a pesar de que las asambleas comunitarias realizadas en diferentes comunidades afectadas por los megaproyectos se han opuesto a la ola de despojos de la tierra y el territorio.
Uno de los aspectos fundamentales que ha atraído a las trasnacionales al Estado de Oaxaca deriva de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), las cuales se han planteado por el Banco Mundial y el Gobierno Federal como “uno de los proyectos con miras a la atracción de inversión privada, con el objetivo de mejorar el bienestar de la población en las regiones”, acompañado de megaproyectos eólicos, minería a cielo abierto, extracción de agua para la fractura hidráulica, extracción de materiales para compañías cementeras, entre otras, no obstante, este hecho desencadenó la oposición de los pobladores oaxaqueños y que en 2017 se reunieran más de 7 mil firmas, así como un amparo colectivo y la creación de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño, ante las consecuencias negativas a la vida de las comunidades, bajo la demanda de la defensa de la madre tierra y el territorio, enfatizan.
La comunidad de Santiago Laollaga, es una de las múltiples comunidades oaxaqueñas que ha mantenido la defensa del manantial ojo de agua de la región ante las transnacionales, sin embargo, la falta de información por parte de las autoridades y de las industrias, han puesto a la población en conflicto tras la defensa de los bienes naturales.
Léo Heller, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento, iniciará mañana una visita de 10 días a México, en la que evaluará la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad del agua potable y el saneamiento en el país, con atención particular a las personas más vulnerables como poblaciones indígenas, migrantes y personas en situación de pobreza.
Organizaciones defensoras del Derecho al Agua dieron hoy la bienvenida al experto, de nacionalidad brasileña, y adelantaron que en México “se han aplicado políticas que han promovido el acaparamiento, la privatización y el manejo insustentable del agua, incluyendo la sobreexplotación y la contaminación de los cuerpos de agua”.
En un comunicado, las organizaciones aseveraron que durante sus reuniones con Heller, tratarán de “visibilizar el fracaso de las políticas que el Estado mexicano ha implementado en la materia y que han agudizado las desigualdades sociales”.
En la Ciudad de México, Veracruz y Chiapas, el relator sostendrá reuniones con autoridades, así como representantes de la sociedad civil y comunidades rurales y urbanas.
Las concesiones para la extracción de minerales se redujeron en un 26.5 por ciento en el estado de Oaxaca al pasar de 407 a 299 concesiones vigentes, de acuerdo a Neftalí Reyes Méndez, del área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).
El activista detalló que en junio de 2016, EDUCA realizó una Solicitud de Acceso a información Pública con el objetivo de conocer el listado de concesiones mineras en el estado a la Secretaría de Economía (SE).
Esta información, dijo, coincide con los datos generales de la SE en la cual establece que en México disminuyeron las concesiones mineras de 26 mil 71 en 2012 a 25 mil 315 en mayo de 2015.
“La SE, así como otros actores relevantes del tema, informan que esta realidad se debe al desplome del valor de las exportaciones minero metalúrgicas, la Reforma Fiscal de 2014 que en palabras de los productores ‘se ha traducido en un obstáculo para la inversión en el país’, así como “las dificultades para desarrollar proyectos en tierras comunales”.
Neftalí Reyes apuntó que no existen razones claras para establecer los motivos de la cancelación de concesiones en el estado.
Pero cree que podría “tratarse de una estrategia de persuasión de empresas mineras en comunidades que han prohibido la exploración o explotación minera, como en los Valles Centrales, Sierra Norte e Istmo, entre las más importantes”.
Para las Zonas Económicas Especiales (ZEE) del país se tiene, hasta el momento, un monto potencial de inversión por cinco mil millones de dólares, además de que todo el proceso de conformación de este proyecto está “blindado” contra cualquier acto de corrupción, sostuvo el jefe para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani.
Dejó claro que todo el proceso para la conformación de las ZEE está blindado contra cualquier acto de corrupción.
“En la parte de certidumbre jurídica y de Estado de derecho, estamos blindando muy bien para que los inversionistas tengan plena seguridad de que sus inversiones estarán totalmente a salvo.”, apuntó.
Dejó claro que lo que están haciendo en las ZEE va a quedar más blindado que cualquier otra inversión en el país.
“En las primeras zonas andamos cercanos a una posibilidad importante de cinco mil millones de dólares” de inversiones, que generarían alrededor de 25 mil empleos directos, puntualizó.
Dichas inversiones las llevarían a cabo entre 20 y 25 empresas, de un total de 140 que hasta el momento tienen interés en invertir en las ZEE.
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son la mejor manera en la que México puede enfrentar un paquete fiscal tan agresivo como el que plantea en Estados Unidos su presidente Donald Trump, señaló Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).
En el mismo sentido, advirtió que una reducción tan agresiva de impuestos en Estados Unidos será una amenaza para México, pues le restaría atractivo a la inversión.
“Me preocupa más que la renegociación del TLCAN, la política fiscal. Con una baja tan dramática de impuestos sí generaría una atracción de inversión importante, restándole atractivo a México porque no podemos igualar ese paquete fiscal. Sin embargo, las Zonas Económicas Especiales son la mejor manera de enfrentarlo”, dijo este martes.
Durante su conferencia ante jóvenes reunidos por Fundación Coparmex, en el foro ‘Wake up Mx’, destacó los incentivos fiscales que las ZEE otorgarán como son la exención de impuestos por un período de 15 años.
Lázaro Cárdenas, Puerto Chiapas y en el Istmo con Veracruz y Oaxaca, así como Yucatán, son las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que darán inicio formal a finales de mayo, informó Gerardo Gutiérrez Candiani.
El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales explicó que sólo esperan la aprobación, en los próximos días, de los dictámenes para que se hagan las declaratorias correspondientes.
Entrevistado en el marco del Wake Up México, organizado por la Fundación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, detalló que de las cerca de 140 empresas que han ingresado sus solicitudes para participar, hay un avance de entre 36 y 37 que ya cumplieron con las nueve etapas de negociación y están listas para invertir alrededor de cinco mil 800 millones de pesos.
Aclaró que tales cifras de inversión no son fijas, pueden incrementarse o incluso disminuir, pero adelantó que con las empresas referidas ya se han realizado visitas y se trabaja en los planes, la inversión y la generación de empleo.