El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” manifiestó su preocupación ante la estrategia implementada por empleados mineros para que los y las campesinas del ejido Ricardo Flores Magón, municipio de Chicomuselo, Chiapas, quienes se oponen a la actividad minera, accedan finalmente a facilitarles el paso a su comunidad. En un comunicado emitido por el Comité, revelaron que el Dr. Alfonso Alarcón se presentó en el ejido y, tras informar que posee concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo que pretende explotar en los próximos meses, ofreció regalos para el Día del Niño y 50 mil pesos para que la el festejo del 10 de mayo “Día de las Madres”, además de la construcción de obras sociales como el agua potable, clínica o el Colegio de Bachilleres entre otros. En su boletín, el comité “manifiesta su preocupación ante la estrategia implementada por empleados mineros para enfrentar a campesinos” y solicita que “se garantice la integridad y seguridad de las personas y colectivos que trabajan en la defensa de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el municipio, estado y país”.
El campamento de mujeres zapotecas de San Blas Atempa sigue firme al igual que el bloqueo que mantienen sus esposos sobre la carretera federal panamericana 190 en el Istmo de Tehuantepec, ha cumplido 30 horas consecutivas y sin solución, su única demanda es que los trabajos de la obra de la subestación eléctrica del parque eólico Sedena se detenga, por que nadie los consulto. Son más de 100 personas los que se concentran en este bloqueo carretero, con piedras y palos impiden el transito vial, son habitantes de Puente Madera, Rancho Llano y Loma Bonita, aseguran que su territorio está en peligro porque donde construyen la sub estación es una zona de reserva comunal llamada “El Pitayal” y que no lo cederán para megaproyectos. Es la segunda vez durante esta semana que el bloqueo se prolonga por más de 30 horas debido a que en las dos reuniones con integrantes de la Secretaria General de Gobierno (Segego) los acuerdos de detener los trabajos de construcción que realiza la empresa Tradeco no se han detenido.
La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño (APOYO) denunció las amenazas e intimidación hacia el defensor del territorio Rodrigo Flores Peñaloza, en un contexto de trabajo movilizaciones realizadas en defensa de la tierra y el territorio frente a los megaproyectos que el gobierno y las empresas quieren imponer al Istmo de Tehuantepec.
través de un comunicado, expresaron:
Como Articulación “APOYO” estamos muy preocupados por la serie de amenazas que ha recibido a lo largo de este año el compañero Rodrigo Flores Peñaloza, quien es parte de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT). Coincidentemente las últimas amenazas se dan luego de intensas movilizaciones realizadas para la exigencia de castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestro compañero José Alberto Toledo Villalobos. Y del apoyo activo a la defensa del cerro Iguú, llevada adelante por las comunidades indígenas zapoteca de Puente Madera, Rancho Llano y Loma Bonita de San Blas Atempa.
Este clima de amedrentamiento coincide también con la presentación del amparo colectivo por la infraestructura eléctrica a ser construida por CFE, la cual permitirá la instalación de más parques eólicos en nuestro territorio sin consulta y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado. Esto sin mencionar que el amparo que presentó la Articulacón contra el proyecto de Eólica del Sur, recientemente ha sido atraido por la Suprema Corte, por lo que este proceso jurídico aún no está cerrado.
Como Articulación tomaremos todas las medidas necesarias de apoyo y protección a nuestro compañero Rodrigo Flores, así como también reiteramos firmemente que no dejaremos de lado nuestra lucha en defensa de la tierra y el territorio.
Tannos Cruz hizo hincapié en que ahora con esta apertura de tiene que realizar un plan para poder explotar los puntos turístico para que así en coordinación los gobiernos, legisladores y habitantes puedan sacar más provecho a este nuevo medio de transporte.
En este tenor, la Diputada Federal indicó que la apertura de este espacio permitirá también una conectar en menor tiempo a esta región con la capital del país.
Y es que de acuerdo al plan de la Zonas Económicas Especiales, el estado de Oaxaca, en específico la región del Istmo forma parte de este proyecto que promete la reactivación económica y productiva de esta región.
Cabe señalar que este primer vuelo se tiene programado aterrice en este destino los días Lunes, Miércoles y Viernes, días en los que también se tiene planeado el vuelo de regreso, así mismo el gobierno local informó que conforme vayan viendo la demanda de estos vuelos estarán incrementando el número de aerolíneas que estarán arribando a este destino.
De acuerdo a la conferencia de prensa ofrecida hoy, por los propietarios de tierras donde se encuentra asentado este parque eólico y que lleva aproximadamente 19 días de bloqueo en su acceso, Bi hioxo no ha cumplido con los acuerdos firmados con los dueños de las tierras.
Según Eduardo Jiménez y Juana Sánchez Carrasco como representante de los propietarios de las tierras, ellos demandan a la empresa 4 puntos específicos en esta lucha que tiene más de 19 días de bloqueo y que por ello la empresa ha criminalizado su manifestación a pesar de no cumplir con los acuerdos previamente firmados con anterioridad, pende sobre ellos ordenes de aprensión y acusaciones de extorción.
Por estos 19 días de inconformidad la empresa no ha cubierto el pago de trimestre que les corresponde, jineteado el dinero a la más vieja usanza de los agiotistas de antaño.
Eduardo Jiménez y Juana Sánchez refieren que el los 4 puntos han solicitado a la empresa:
1. El cerdo de sus propiedades de acuerdo al convenio firmado con anterioridad, que los trabajos de cercado lo lleven a cabo los mismos propietarios, quienes conocen y saben de estas actividades, qe en el cercado de las propiedades se debe de hacer de manera general, sin embargo la empresa insiste que solo cambiara los postes podridos y que traerá a compañías foranes para llevar a cabo este trabajo.
2. Solicitan el aumento de los apoyos hacia los propietarios debido a que de manera compensativa reciben la cantidad de 10 mil pesos al estilo de las tiendas de raya del viejo porfirismo, la empresa les entrega un vale equivalente a esa cantidad que van a cambiar por especies, cabe señalar que los lugares donde son canjeables los vales son definidas y determinadas por la misma empresa eólica.
3. La seguridad se supone que debieron de contrata a los hijos de los propietarios de la tierra, esta contratación se lleva a cabo pero no les pagan las horas extras que realizan los trabajadores, quienes exceden sus horarios normales de jornada laboral, por lo que solicitan una revisión a este tema.
4. Exigen el pago del trimestre que debido a este problema de inconformidad de los propietarios de la tierra no se les ha pagado.
Habitantes de Tlacolula, reiteraron su rechazo a la construcción de una base militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en su comunidad.
Con esta determinación los habitantes de Tlacolula se suman a la negativa de los pueblos de San Mateo Macuilxóchitl, Teotitlán del Valle y la Villa de Mitla, todos en la región de Valles Centrales.
En sesión pública de cabildo, habitantes de Tlacolula y autoridades municipales coincidieron en que la posible edificación de esta base militar no es una necesidad básica ni sumaría al desarrollo de su pueblo, por el contrario podría tener un impacto negativo en el tejido social y el poder de decidir sobre su territorio.
La decisión fue acatada por la autoridad municipal y plasmada de manera oficial ayer miércoles en el acta de sesión de cabildo, encabezada por el presidente municipal, Fausto Díaz Montes.
Antes, durante la asamblea comunitaria celebrada el viernes 21, los habitantes se manifestaron en contra argumentando afectaciones a su vida comunitaria y denunciaron la presencia de personas vinculadas a la zona militar del estado de Oaxaca, quienes aseguraron, se han reunido con autoridades municipales, campesinos y personas propietarias de terrenos con el objetivo de adquirirlos para la construcción de dicha base militar.
De acuerdo con organizaciones integrantes de la Red de Esfuerzos en Defensa del Territorio, este proyecto de la nueva base militar, que ha sido rechazado en estos pueblos zapotecas, podría desatar la violencia y la represión en las comunidades que resuelvan defender su espacio territorial.
La pretensión señalaron, es la militarización de la región para facilitar la instalación y desarrollo de la industria extractiva y energética en esa zona. La Red tiene contabilizada hasta ahora 39 concesiones mineras distribuidas a los largo y ancho de este distrito, más otras 7 que por su colindancia y extensión ocupan parte del distrito.
Aunado a esto, precisaron, se encuentra la instalación de torres eléctricas de alta tensión para el proyecto energético Ixtepec – Yautepec Morelos.
Indígenas zapotecas de las agencias municipales de San Blas Atempa reactivaron el bloqueo carretero sobre la vía federal 190 a la altura de Puente Madera para exigir se detengan los trabajos de construcción de la obra de subestación eléctrica que realiza la empresa Tradeco y que beneficiará al parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los campesinos y mujeres retiraron los palos, piedras y su campamento que habían mantenido durante dos días la tarde del martes después de una reunión con integrantes de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Segego) que acordaron detener los trabajos de obra y con ello iniciar una mesa de dialogo este jueves en la capital oaxaqueña.
“No nos cumplieron por tercera vez el gobierno de Oaxaca nos mintió, ayer por la tarde acordamos que los trabajos de construcción se iban a detener este miércoles, pero cual va siendo nuestra sorpresa que continúan, así no se puede dialogar, nosotros pusimos nuestra parte, pero la Segego no cumplió”, indicaron.
El agente municipal de Puente Madera, David Hernández Salazar, recalcó que la única petición de las agencias municipales es que se detengan los trabajos y se consulte al pueblo mediante el convenio 169 de la OIT, porque aseguró en ningún momento el presidente Comisariado de Bienes Comunales de San Blas Atempa, Inocencio Patiño Esteva, les informó al respecto.
Los opositores a la obra de la subestación señalan que en este espacio es una reserva natural que por tradición acuden campesinos a realizar la caza de animales silvestre y cortan leña que sus esposas ocupan para realizar sus alimentos, todo de modo sustentable, pero que ahora se ve amenazado por la entrada y salida de grandes camiones de carga.
“Se está destruyendo un sitio sagrado del pueblo zapoteca, no es cualquier cosa, hacemos un llamado a las autoridades y también a la sociedad en general a que conozca el ecocidio que se está haciendo, pedimos respeto a nuestra voluntad, que nos escuchen, que nos entiendan, estamos luchando por nuestra casa, por nuestra vida y por la tierra”
En ese sentido, ambas partes se comprometieron a restablecer la armonía y la paz social, buscando siempre privilegiar la vía del diálogo y evitar que se obstaculicen los trabajos de la empresa y de las vías de comunicación.
La comisión representativa de la empresa, integrada por Víctor Tamayo Galindo y Rafael Cacho López, se comprometió a no ejercer ninguna acción jurídica contra los ejidatarios que participaron en el bloqueo del parque eólico Cinco Palmas por más de dos meses.
Por parte de los ejidatarios, estuvieron presentes en la reunión y firmaron la minuta: Osmar Escobar Santiago, José Abel Manuel Carrasco, Benigno Antonio Santiago, Johana Gutiérrez Santos y Gorgonio Carrasco Santos.
Rosalba López Jiménez y más de 50 mujeres indígenas zapotecas de las agencias municipales de San Blas Atempa son defensoras de su tierra y territorio, junto con sus esposos, que son campesinos cumplieron más de 30 horas de bloquear la carretera federal panamericana 190 a la altura de la comunidad de Puente Madera, exigen que se detengan las obras de construcción de la subestación para el parque eólico de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
Las mujeres no se han ido a dormir, ahí preparan comida y cuidan a sus hijos, son artesanas, elaboran totopos, que son tortillas hechas a mano en una olla de barro bajo la tierra, aseguran que se oponen a que destruyan su espacio de vida, que es una reserva natural llamada “El Pitayal” y que se ubica en los terrenos comunales de su localidad.
Con piedras, palos y enormes lonas impiden el paso a todo vehículo y camiones, aseguraron que el gobierno de Oaxaca y también comisariado de bienes comunales Inocencio Patiño Cristóbal, no acataron una minuta pactada el pasado 12 de abril en la cual acordaron detener la obra de construcción que realiza la empresa Tradeco y realizar una consulta mediante una asamblea.
Rosalba López Jiménez aseguró que su defensa es por la vida, en el Pitayal sus maridos recogen leña y practican la cacería de animales silvestres de modo sustentable para comer.
“No queremos que nuestra vida cambie, nosotras queremos vivir libres, esta sub estación y los ventiladores no nos traerán beneficios, a nosotros nadie nos preguntó si queríamos que llegaran, simplemente se pusieron y listo, pedimos que se vayan”.
La Minera Gavilán, propiedad del grupo canadiense Almadén Minerals, insiste en realizar su proyecto en Actopan, ofrece dádivas a pobladores, por ejemplo 150 pesos diarios por permitir estar en sus terrenos, les engaña y les amenaza para poder realizar la mina a cielo abierto El Cobre; sin embargo, el pueblo la rechaza. «La minera desde siempre, desde que llegó allí, tuvo su discurso de que queramos o no, ellos se van a quedar, esa es una coacción, una manera de amedrentar, una manera de fortalecerse con sus mentiras, con sus discursos de prosperidad, pero tenemos plena conciencia de que la prosperidad sólo sería para la empresa y el grupo financiero, de particulares, porque ni el mismo gobierno tendría un beneficio», afirmó Ascención Sánchez Vázquez habitante de la comunidad de Los Baños. La empresa sigue avanzando con los barrenos y está por la parte norte de la región, a 50 km de Xalapa. Guillermo Rodríguez Curiel, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa ambiental (Lavida) indicó que “estas minas representan alto riesgo, ya que se ubican a escasos kilómetros (entre 2 y 3) de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, y es zona de sismicidad, misma que sería estimulada con las microexplosiones provocadas por las mineras al trabajar para la extracción de oro».
Funcionarios de la Secretaria de Energía (Sener), se reunieron con alcaldes de Unión Hidalgo y Santo Domingo Ingenio, con el propósito de establecer los primeros acercamientos que deriven en la realización de las consultas ciudadanas y la ejecución de los proyectos eólicos en el año 2020.
En reunión separada, el munícipe de Ranchu Gubiña, Wilson Sánchez Chévez, expuso las inquietudes de la población sobre los proyectos eólicos, mismas que fueron escuchadas por el Director General de Impacto Social y Ocupación Territorial de la Sener, Rodolfo Salazar Gil, y el director general adjunto de la Subsecretaría de Energía, Emilio de Leo Blanco.
En ese sentido, detalló que se trató de una reunión fructífera, pues asistieron los propietarios de las tierras donde se planean realizar las obras de las empresas Eólica de Francia (EDF), Eólica Unión Hidalgo (EUH) y Gamesa.
seguró que será entre todos los ciudadanos de Unión Hidalgo los que decidirán -a través de una consulta- la construcción de estos proyectos que detonen el desarrollo de esta comunidad zapoteca.
Pero más allá de los beneficios y apoyos que traerán estos proyectos, será responsabilidad de los ciudadanos tomar la mejor decisión, aseguró el munícipe ante el subdirector de Análisis de Impacto Social, Leonardo Lozano y el subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable del gobierno del Estado, Fernando Mimiaga Sosa.
Según los datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) existen 35 conflictos activos en México y 653 lugares contaminados por actividades mineras. Pero Oaxaca es considerada como un “hervidero de conflictos agrarios, mineros, electorales, indígenas, estudiantiles” (Rodríguez y Matías, 2016).
Este estado al sur de México acumula los 35 proyectos mineros y energéticos, convirtiéndolo en la entidad más conflictiva del país. Pero… ¿Qué hace a Oaxaca tan vulnerable para acumular en 93 793 km² la mayor cantidad de conflictos en un sólo estado?
Especialistas, como Miguel Ángel Vázques de la Rosa, del comité directivo de la organización civil Educa, considera que el origen de estos conflictos reside en “la falta de reconocimiento a los derechos indígenas y a la ausencia de garantías que configuran un escenario de confrontación, gestando conflictos en las comunidades afectando a los pueblos y la gobernabilidad democrática”.
Esta situación se agravó con el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pues incrementó la cantidad de fraudes y robos a ciertos sectores de la población; con reformas estructurales complejas que no se enfocan en las necesidades de sus comunidades ni en las de la biodiversidad de la región; y el impacto de proyectos energéticos que han resultado devastadores e incrementado la desigualdad, tales como el de la refinería Salina Cruz, los parques eólicos y las minas.
Los datos de Educa reflejan que en Oaxaca hay 35 proyectos mineros en activo, 407 concesiones mineras que aún no se explotan, medio centenar de proyectos hidroeléctricos en etapa de estudios y parques eólicos que saturan el Istmo de Tehuantepec. De hecho, es esta región en Oaxaca en donde se ubica la mayor parte de los proyectos energéticos y concesiones mineras, y por tanto de operativos policiacos.
Frente a esta situación, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio López Sánchez ha promovido la reforma Ley Minera para incorporar el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad como requisito indispensable para otorgar concesiones mineras en territorios de pueblos indígenas.
Para él, para enfrentar la conflictividad, es fundamental incorporar el consentimiento de las comunidades indígenas antes de que las minas operen en sus territorios. Pues incluso es una medida preventiva de denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos relacionados con la destrucción de la biodiversidad, el agotamiento de mantos acuíferos, despojo de tierras y desplazamiento forzado de los habitantes.
Según los datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) existen 35 conflictos activos en México y 653 lugares contaminados por actividades mineras. Pero Oaxaca es considerada como un “hervidero de conflictos agrarios, mineros, electorales, indígenas, estudiantiles” (Rodríguez y Matías, 2016).
Este estado al sur de México acumula los 35 proyectos mineros y energéticos, convirtiéndolo en la entidad más conflictiva del país. Pero… ¿Qué hace a Oaxaca tan vulnerable para acumular en 93 793 km² la mayor cantidad de conflictos en un sólo estado?
Especialistas, como Miguel Ángel Vázques de la Rosa, del comité directivo de la organización civil Educa, considera que el origen de estos conflictos reside en “la falta de reconocimiento a los derechos indígenas y a la ausencia de garantías que configuran un escenario de confrontación, gestando conflictos en las comunidades afectando a los pueblos y la gobernabilidad democrática”.
Esta situación se agravó con el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pues incrementó la cantidad de fraudes y robos a ciertos sectores de la población; con reformas estructurales complejas que no se enfocan en las necesidades de sus comunidades ni en las de la biodiversidad de la región; y el impacto de proyectos energéticos que han resultado devastadores e incrementado la desigualdad, tales como el de la refinería Salina Cruz, los parques eólicos y las minas.
Los datos de Educa reflejan que en Oaxaca hay 35 proyectos mineros en activo, 407 concesiones mineras que aún no se explotan, medio centenar de proyectos hidroeléctricos en etapa de estudios y parques eólicos que saturan el Istmo de Tehuantepec. De hecho, es esta región en Oaxaca en donde se ubica la mayor parte de los proyectos energéticos y concesiones mineras, y por tanto de operativos policiacos.
Frente a esta situación, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio López Sánchez ha promovido la reforma Ley Minera para incorporal el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad como requisito indispensable para otorgar concesiones mineras en territorios de pueblos indígenas.
Para él, para enfrentar la conflictividad, es fundamental incorporar el consentimiento de las comunidades indígenas antes de que las minas operen en sus territorios. Pues incluso es una medida preventiva de denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos relacionados con la destrucción de la biodiversidad, el agotamiento de mantos acuíferos, despojo de tierras y desplazamiento forzado de los habitantes.
La oposición al establecimiento del nuevo cuartel general fue articulada por un grupo de ciudadanos preocupados por las eventuales afectaciones que originaría la edificación de un cuartel para cinco mil soldados y un hospital de tercer nivel en una superficie de 320 hectáreas, especialmente, el rompimiento del tejido social, la escasez de agua y la contaminación por aguas residuales.
El munícipe dijo que el acuerdo surgió de común acuerdo de la autoridad y de la población en una asamblea general, celebrada el domingo pasado en la Villa de Mitla, después de escuchar las opiniones de colonos, grupos de comerciantes, mercado de abasto, mercado de artesanías, taxistas, mototaxistas y diferentes sectores de la población.
El coordinador del Área de Justicia Internacional de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC), Juan Antonio López, consideró que en México prevalece la impunidad contra las comunidades indígenas que defienden sus derechos a la tierra, el territorio y los bienes naturales ante la industria eólica en México.
Entrevistado vía telefónica desde sus oficinas en la capital del país, informó que después de un año y ocho meses de dilación, el Sexto Juzgado de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, emitió una sentencia que niega el acceso a la justicia para la comunidad indígena zapoteca de Juchitán.
Interponen amparo
La comunidad, por medio de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), interpuso un amparo en agosto de 2015 por violaciones a los principios del derecho a la consulta realizada en Juchitán, para la instalación del proyecto de Eólica del Sur en tierras de Juchitán de Zaragoza y El Espinal.
El amparo se presentó por el cierre de la primera consulta indígena que se llevó a cabo en México, en el marco de la reforma energética. Ésta se realizó en Juchitán en 2014, a través de la Secretaría de Energía (SENER).
Este proceso fue documentado por la Misión de Observación (MO), integrada por varias organizaciones, incluida el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), quienes reportaron distintas violaciones al derecho a la consulta libre, previa e informada.
Ante el panorama de incertidumbre por la nueva negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la devaluación del peso, y el creciente endeudamiento público, resulta importante promover el crecimiento del mercado interno, enfatizó el diputado federal Sergio López Sánchez, al presentar una reforma a la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE).
La iniciativa busca reformar el artículo 12 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, con el objetivo de mejorar el mercado interno a partir de que se priorice la utilización de insumos nacionales en procesos productivos de las ZEE.
Las zonas económicas especiales serán territorios delimitados que tienen una ubicación geográfica estratégica para aprovechar su potencial productivo y logístico, sujetos a un régimen especial con incentivos.
Inicialmente se prevén cuatro zonas, Puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán y Guerrero, el Corredor Interoceánico de Tehuantepec, que incluye Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, Puerto Chiapas y el Corredor Campeche-Tabasco.
La reforma propuesta por el diputado, plantea que los procesos productivos que se generen al interior de las Zonas Económicas Especiales tengan como porcentaje mínimo un 25% de insumos nacionales.
López Sánchez detalló que eso implicaría que se compren a productores y proveedores nacionales con el fin de fortalecer el mercado interno.
El representante común de la resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica en Chahuites, José Alberto Toledo Villalobos, fue asesinado el pasado fin de semana, denunció la organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo de Tehuantepec (Apoyo).
El defensor de los derechos humanos y también de la tierra y territorio contra las altas tarifas y minería en la localidad de San Pedro Tapanatepec, fue agredido a golpes el pasado sábado 8 de abril, alrededor de las 20:00 horas en el tramo carretero entre la colonia San José y la gasolinera de Tapanatepec y falleció un día después en el Hospital de Juchitán.
El cuerpo presentaba múltiples huellas de golpes y contusiones en la cara, mientras que el moto taxi número 13 de la Unión de Mototaxis 12 de octubre de Chahuites, se encontraba destruido totalmente.
Integrantes de Apoyo denunciaron que Toledo Villalobos, quien pertenecía a la Red Nacional de Resistencia Civil, llegó a recibir amenazas de muerte y advertencias de que dejará de exigir bajas tarifas de energía eléctrica.
Según versiones, el defensor fue atacado por varias personas hasta dejarlo en estado de gravedad, razón por la que ingresó al hospital básico comunitario de Tapanatepec, sin que se le brindara la atención médica adecuada y finalmente lo trasladaron al Hospital General de Juchitán donde falleció.
Precisaron que Toledo Villalobos, era el representante común de los compañeros que se encuentran en resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica en Chahuites, además era un acérrimo defensor del territorio contra la mineras que se piensan instalar en esa zona oriente de la región del Istmo.
Durante el mes de febrero, integrantes de Apoyo de Tapanatepec, Zanatepec y Chahuites realizaron diversas acciones de resistencia contra la CFE, porque la superintendencia de la Zona Istmo no estaba respetando los acuerdos nacionales, entre la Red Nacional y la paraestatal.
La comunidad de Magdalena Teitipac decidió iniciar una lucha contra la empresa minera que dividió a la población entre dos grupos quienes se manifestaban a favor y en contra, con incidentes de violencia y con un saldo de 40 personas que afrontan órdenes de aprehensión.
“En el 2009, algunos protestaron. No hubo una consulta previa ni información al pueblo, un año después empezaron a abrir brechas, los animales murieron y lo que más encabronó a las mujeres es que el agua que usaban para la elaboración de tortillas – una de las principales actividades económicas – estaba contaminada”, relata Fernando Martínez Molina, ex tesorero del Comisariado de Bienes Comunales. (…)
En febrero de 2013, la Asamblea General de Magdalena Teitipac tomó la determinación de expulsar de su territorio a la empresa minera Plata Real S. de R.L. de C.V, debido a que sus actividades provocaron contaminación al medio ambiente y al agua, generaron divisiones al interior de la comunidad, así como diversos problemas con sus autoridades locales, asegura Neftalí Reyes
En esta misma fecha la Asamblea nombra al Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac. A mediados del año, en julio de 2013, la empresa minera Plata Real retiró toda su maquinaria en presencia de las autoridades municipales, el Consejo de Ancianos y el Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac.
Al mes siguiente, dice el integrante de Educa, el Municipal en Sesión Solemne de Cabildo realizó la Declaratoria de Territorio Prohibido para la Minería, en presencia de 12 comunidades del distrito de Tlacolula.
Al menos 32 concesiones de explotación minera amenazan la tierra y el territorio de comunidades indígenas de Oaxaca, advirtieron integrantes de organizaciones agrupadas en el movimiento nacional en Defensa del la Madre Tierra y el Territorio.
En el marco de la clausura de la primera etapa de la campaña en la que están sumados 180 comunidades de todo el país, Rosalinda Dionicio, vocera de la campaña nacional e integrante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), señaló que estas concesiones fueron otorgadas sin el consentimiento de los pueblos en donde se pretenden hacer exploraciones.
“No tenemos un mapa en donde se diga qué puntos serán afectados. Hemos impulsado en conseguir la información porque el gobierno no lo da. Para poder conseguir la información del proyecto Monte Albán 1 pasaron 4 años”, expuso.
Antes, las organizaciones integrantes en el cierre de la campaña nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, demandaron la cancelación de todos los proyectos que transgreden los derechos de los pueblos, comunidades y barrios, como son -dijeron- los parques eólicos.
Unión Hidalgo, Oax. Guadalupe, Isabel y Rosario son mujeres indígenas zapotecas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente; no son sumisas y tampoco débiles. Al contrario, salen a la calle y defienden sus saberes comunitarios ante los megaproyectos instalados en el Istmo de Tehuantepec. No ha sido fácil porque han sufrido hostigamiento, discriminación y en algunos casos agresiones verbales y sicológicas.
La entidad oaxaqueña, según el Informe (2016) de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ocupa el primer lugar en agresiones a mujeres defensoras indígenas. Del 2012 al 2016 fueron 648 agresiones contra mujeres que defienden su territorialidad.
En esta zona oaxaqueña existen 21 parques eólicos en seis municipios (Juchitán, Ingenio Santo Domingo, Ixtaltepec, Unión Hidalgo, El Espinal y Juchitán) en los cuales están instalados mil 608 aerogeneradores con una inversión de 4 mil 318 millones de dólares que ha posicionado al estado de Oaxaca como uno de los mayores complejos de energía renovable no sólo en el país, sino en todo el Continente Americano.
Norma Cacho, coordinadora de procesos organizativos de Prodesc A. C. compartió que las mujeres defensoras al salir de sus casas y protestar, de manera automática la sociedad las desacredita y sufren violencia, principalmente la de tipo sexual por su condición de género.
La especialista en temas de territorialidad explicó que nada es casualidad que Oaxaca ocupe el primer lugar de agresiones, al igual que Guerrero y Chiapas. Precisamente por que en estos tres estados de la República mexicana se encuentra la mayor cantidad de recursos naturales y la mayor cantidad de megaproyectos que tienen que ver con la territorialidad.
“La situación no es nada fácil para las mujeres defensoras, por eso desde nuestra agrupación le damos el acompañamiento. Recientemente el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció nuevos proyectos: más parques eólicos por lo que el escenario se mira más conflictivo”, expresó.
Resaltó que la defensa de la mujer va más allá de su medio ambiente y su territorio; ellas buscan que ese espacio dador de vida siga fértil y firme para sus descendientes.
“La mujer que lucha propone alternativas por eso están denunciando y por eso están siendo perseguidas”. El Centro de Derecho Mexicano Ambiental (CDMA) en su informe del año pasado dio a conocer que las y los defensores oaxaqueños se encuentran en una de las entidades federativas con los números más altos de agresiones a defensores ammbientales con 35 casos de un total de 86 registrados en todo el país.
Las agresiones más recurrentes para las y los defensores mexicanos en 2016 fueron las amenazas las cuales representaron un 24%, seguidas de la intimidación con un 19%; la criminalización en un 18% y las agresiones físicas se presentaron en un 15%. Otras agresiones registradas fueron el hostigamiento con 11%, la difamación con 6%, la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo, en un dos por ciento cada uno. Sólo se registró un caso de homicidio.
Por su parte, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha identificado la misma tendencia sobre el gran número de casos en que los agresores son autoridades del Estado, pues señala como probables agresores de las personas defensoras de derechos humanos beneficiarias en el periodo de octubre de 2012 a junio de 2016 a 71 servidores públicos; 55 particulares y 66 como no identificados.
La mujer y la defensa de su tierra
Guadalupe Ramírez es integrante del Comité de Resistencia del Proyecto Eólico de Piedra Larga e Isabel Jiménez de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPJ) llevan más de cinco años en la resistencia contra los parques eólicos mientras que Rosario Castellanos originaria de Unión Hidalgo hace apenas unos meses se integró a la concientización social y las tres señalan que los parques eólicos instalados lejos de dejar beneficios han causado divisiones sociales y lo más lamentable se han olvidado de preservar los saberes comunitarios.
Coinciden que ser mujer hoy en día es difícil y más aún ser mujer defensora de la tierra y el territorio porque no está alejada de la violencia, al contrario se ha acrecentado y existe un estigma sobre aquella que deja su casa y sale a manifestarse porque se le discrimina y señala.
Isabel Jiménez se dedica a la elaboración de medicina tradicional desde ha ce 30 años, su vida era colectar flores y plantas del campo, cuando se integró a la lucha de la defensa del medio ambiente todo cambió, sufrió persecución y hostigamiento, no sale sola de su casa, ya no va a su parcela por que teme a que la maten.
“No podemos permanecer callados ante tanta injusticia, es nuestra vida la que esta en juego, mi familia me ruega que deje todo, pero les explico que lo hacemos porque queremos un mejor futuro, queremos que nuestra tierra sea de gente productiva y que ame su cultura, sus sabores y sus olores, no de un pueblo entreguista al mayor postor”, expresó.
La resistencia de Isabel y su agrupación es la consulta indígena que se realizó la Secretaria de Energía en Juchitán en el 2015, interpusieron un amparo para que se anule porque aseguran violó todo lo estipulado en el convenio 169 de la OIT porque no fue previa, libre y tampoco culturalmente adecuada porque no se respetaron los usos y costumbres de la comunidad, tales como la lengua zapoteca y los tiempos comunitarios; no se tomaron en cuenta a las autoridades de la comunidad y la información se presentó en un lenguaje excesivamente técnico.
Las y los sembradores del agua, campesinos indígenas zapotecos que han asumido la responsabilidad, planeando y construyendo, colectivamente, sus obras de captación de agua de lluvia, para asegurar la reproducción de su economía agrícola, afectada por políticas irresponsables, inconsultas y violatorias de los derechos de los pueblos indígenas por parte de los gobiernos federal y estatal.
La escasez de agua en los valles centrales no proviene de un uso irracional por parte de las comunidades indígenas. Fue el gobierno federal la instancia que desecó las ciénagas de la región, con la justificación de ampliar la tierra disponible para campos de cultivo, perdiéndose, de esta manera, la humedad del suelo, y produciéndose una baja considerable del nivel de los pozos, de tal forma que para el año 2005 se enfrentaba una grave sequía en el territorio.
Por ello, el gobierno federal, hizo efectivo un decreto de veda de agua subterránea para los valles centrales, expedido en 1967 por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, mediante el cual se impide el libre aprovechamiento de los pozos agrícolas si no se cuenta con un título de concesión que otorga la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Esta trama burocrática se aplica en comunidades campesinas de bajísimos ingresos, que por esta vía se les limita su acceso al agua necesaria para sus cultivos, generando un círculo perverso en el que se ven afectados los requerimientos básicos para contar con alimentación y recursos económicos.
El decreto veda, las concesiones y los criterios de renovación y los altos costos por la energía eléctrica que impactan de manera directa a la agricultura, forzando el abandono de la misma, provocando la migración y afectando con ello la vida y la reproducción de las comunidades campesinas zapotecas.
Es en este contexto, las comunidades decidieron organizarse por medio de Copuda, contando con la asesoría jurídica para la lucha legal. Estas organizaciones demandaron formalmente a la Conagua en el año 2011, que realizara un proceso de revisión y posible modificación del decreto de veda.
A partir de entonces, la solicitud de revisión y suspensión del decreto entró a los tribunales competentes, sobre la base de que dicho decreto violenta el derecho a la consulta, libre, previa e informada, así como el derecho preferente para el uso y aprovechamiento del agua.
El proceso de consulta a estas comunidades empezó en agosto de 2015 y tiene cinco fases. A partir del 8 de febrero de 2017, la consulta ha entrado en su tercera etapa, la cual es clave porque involucra reuniones y asambleas en las que la Coordinadora presentará a la Conagua sus propuestas.
Carlos Beas Torres, asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) relató que Benjamín Juárez José, el presidente suplente de Ucizoni, fue detenido por policías municipales y con violencia fue subido a una patrulla y trasladado esposado a los separos municipales en donde falleció. Dijo que el ayuntamiento de Matías Romero trató de ocultar lo ocurrido y traslado el cuerpo del líder al Hospital del IMSS-Prospera, y declarando que iba vivo; sin embargo según reporte de la unidad médica ya había fallecido una hora antes. “Exigimos justicia ante la muerte de nuestro líder, estamos en espera de la necropsia de ley, sin embargo ha simple vista se ven hematomas en la cabeza y una herida en la frente de Benjamín”.
Gutiérrez Candiani manifestó que en las primeras cuatro zonas existen inversiones con un potencial de 5,000 millones de dólares, que podrían generar hasta 25,000 empleos
Con el fin de consolidar el Clúster de Servicios que operará en las Zonas Económicas Especiales (ZEE), se suscribieron nueve convenios con diversas cámaras y asociaciones.
A lo anterior, se suman los seis acuerdos suscritos el pasado 28 de marzo, con lo cual la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) suma un total de 15 convenios destinados a facilitar la oferta de servicios formales y de calidad a las ZEE y a sus áreas de influencia.
El jefe de la AFDZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani, explicó que se trata de configurar una plataforma integral de atención y apoyo para los inversionistas y las empresas que operarán en las zonas mediante dos ejes: el Clúster de Servicios y la Ventanilla Única.
Así, los acuerdos brindarán condiciones preferenciales para los inversionistas y permitirán establecer mecanismos de información entre las cámaras y asociaciones empresariales.
El Clúster de Servicios consiste en una red para cubrir integralmente las necesidades de las empresas en el contexto de las ZEE. Se extiende a la atención que requerirán su personal, proveedores y cadena productiva y abarca todo el espectro de servicios necesarios: construcción, comercio, consultoría, universidades y centros de capacitación, proveeduría y asistencia técnica, financiera, jurídica, así como en materia de seguridad.
El presidente municipal Wilson Sánchez Chévez se reunió la mañana de ayer con los diversos comités de propietarios de tierras de las empresas eólicas que funcionan en este municipio para atender sus principales demandas, de manera conjunta.
El mandatario municipal en reunión de trabajo escuchó con atención las solicitudes, propuestas y necesidades de todos y cada uno de los comités, para de ahí elaborar conjuntamente una agenda de trabajo que será desahogada de acuerdo a un calendario elaborado en la mesa de trabajo.
El presidente municipal Wilson Sánchez Chévez sostuvo en su intervención que es necesario que el gobierno municipal se encuentre cercano a la población, más aún, con los grupos organizados, para encaminar correctamente sus gestiones y que se reflejen en mejoras para los integrantes que son ciudadanos de este municipio que necesitan y deben de sentir la calidez de su gobierno en todas y cada una de sus acciones.
Agradeció a todos y cada uno de los integrantes la confianza que le brindan a su gobierno, al mismo tiempo de comprometerse de caminar juntos hacia la construcción de un mejor bienestar de Unión Hidalgo, donde deben participar todos y todas.
Dijo que su gobierno camina con pasos firmes, con el único objetivo trazado desde el inicio de la administración, que es la grandeza de Unión Hidalgo.
Hizo un llamado a toda la ciudadanía para que participe con este gobierno a todos sus llamados, para de manera conjunta sacar adelante al municipio de Ranchu Gubiña.
La entrada en operación las Zonas Económicas Espéciales (ZEE) proyecto del Presidente de la República, deberá ser una oportunidad para conjugar esfuerzos por el progreso de la región.
Empresarios emprendedores y consolidados de origen oaxaqueño han mostrado su optimismo y le apuestan al desarrollo del Ismo, invirtiendo capital en equipo y maquinaria para que de manera conjunta con las autoridades municipales y estatales, se sumen a esta tarea.
“En ese mismo sentido, todos los sectores debemos de poner lo que esté de nuestra parte para trabajar juntos y salgamos adelante”, así lo aseguró, Luis Manuel Solada Acevedo, representante de la compañía Solana Ingenieros, S. A. de C. V.
Sostuvo que la compañía Solana Ingenieros es una empresa oaxaqueña seria, legalmente constituida, con experiencia en la construcción de naves industriales, calles y carreteras.
“La gente de la región istmeña es trabajadora; de ahí que la mano de obra será aprovechada para generar mayor número de empleos cubriendo el salario vigente así como las prestaciones de ley”, aseguró.
“Sabemos que hay muchos conflictos de intereses pero las autoridades municipales deberán apoyar para crear fuentes de empleo y que haya empleo para todos”, reiteró.
Por su parte, el gerente general de Solana Ingenieros, Francisco Javier Acevedo Cruz, añadió que su representada ha trabajado para el gobierno federal, estatal y municipal en el sureste de nuestro país, por lo que tiene una vasta experiencia en el ramo. Además -dijo- está afiliada a la Cámara Empresarial Mexicana de Ingeniería y Construcción.
En cuanto al Istmo -en donde seguramente- ahora será más atractivo por ser parte de las Zonas Económicas Especiales, “todos debemos conjugar esfuerzos por el progreso de la región, para que los recursos aterricen en beneficio de las comunidades”, recalcó.