Activistas y comuneros ocuparon lugares estratégicos en el campo deportivo Adolfo López Mateos de este pueblo mágico para el arribo y despido de López Obrador, y lanzaron: “No a la mina, sí a la vida, no a la mina, sí a la vida”.
Antes de retirarse, el Ejecutivo recogió algunos folders con información del daño al medio ambiente que pueden causar la minería, junto con la fracturación hidráulica y los megaproyectos hidroeléctricos.
En entrevista, Guillermo Rodríguez Curiel, portavoz de LAVIDA, dijo que el mandatario ha asegurado que su gobierno está en contra de la minería tóxica y el fracking, y en ese sentido pidieron que esa voluntad “la exprese” gestionando el “retiro de las empresas” que continúan trabajando y tramitando permisos en Veracruz.
“Él dijo que está en contra de la minería tóxica, del fracking y de los transgénicos y que se comprometía con los mexicanos a defender la vida. Aquí en Veracruz quieren instalar minería tóxica y le decimos: no al proyecto y sí a la vida”.
Rodríguez Curiel recordó que el pasado 24 de abril la organización formalizó una solicitud en la que pidieron que dejen de entregarse concesiones mineras en Veracruz, se cancelen las que están vigentes y que la entidad se decrete como “libre de minería tóxica”.
De los bosques que originalmente poblaron la Tierra, 80% han sido desmontados, fragmentados o degradados. Hoy en día, los bosques tropicales siguen desapareciendo en todo el planeta a un ritmo acelerado: sólo en el año de 2017 su pérdida fue el equivalente a 40 campos de fútbol por minuto, explica Frances Seymour, del World Resources Institute (WRI). Brasil, la República Democrática del Congo, Indonesia, Madagascar y Malasia sufrieron las mayores pérdidas en ese año.
Un informe intitulado “Global Forest Watch” publicado por el WRI también revela que durante el año de 2018 se perdieron 12 millones de hectáreas de cobertura forestal a nivel global. De esas 12 millones de hectáreas, casi la tercera parte (3.6 millones) eran bosques primarios, y de estos, poco más de la mitad se perdieron en Latinoamérica.
En el continente, Brasil es el país que perdió más bosques con 1,347,132 hectáreas desaparecidas en el último año. Le sigue Colombia con 176, 977 hectáreas perdidas, Bolivia con 154,488 hectáreas y Perú con una extensión de 140,185 hectáreas.
Con una inversión de mil 200 millones de dólares de la empresa japonesa Mitsubishi fue inaugurado hoy el parque eólico “Energía Eólica del Sur”. Es considerado el más grande de Latinoamérica al instalar 132 aerogeneradores con capacidad para generar 396 Mega Watts, además cuenta con dos subestaciones y 77 torres.
El gobernador Alejandro Murat Hinojosa se negó a contestar a cuánto ascienden los impuestos que generó la instalación de esta empresa japonesa y en qué se han invertido. Mientras que la secretaría de Energía, Rocío Nahle García, resaltó la consulta indígena que “supuestamente” se realizó para aprobar este parque eólico.
Magaly Sánchez Santiago, integrante de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI- Movimiento de Liberación) contó, “Ocupa cerca cinco mil hectáreas comunales de Juchitán, de un total de 55 mil, y de los 28 parques eólicos no hemos visto beneficios considerables.” También, ella denunció que, “Somos el principal productor del país y somos uno de los estados más pobres, hablan de desarrollo y crecimiento económico y tenemos altos costos de la luz. Las empresas se llevan la riqueza y nosotros seguimos siendo los marginados.”
Mientra, el gobernador Murat Hinojosa quiere que Oaxaca ser el estado de mayor crecimiento económico e industrial del país. “Yo estoy más contento porque hoy es un día de fiesta en Oaxaca, porque Oaxaca crece al 3.9 %. Nunca en la historia de Oaxaca habíamos crecido a este ritmo. De acuerdo con datos de INEGI, también del crecimiento industrial, Oaxaca creció al 11.5%, somos el segundo estado de mayor crecimiento industrial del país.”
El presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero Pérez, fue más realista. Habló de cómo las inversiones pueden evitar emigracion y generar fuentes de empleos. Pero también que “no queremos que el tesoro del viento se acumule en las cuentas de las grandes empresas y no produzca beneficios para nuestra gente. Si nuestro viento produce energía eléctrica, entonces, esa energía debe tener un costo reducido para las casas de la población.”
Además se generaron tres mil 500 empleos (mil para la construcción y mil 500 indirectos) y con este parque se reducirán 567 mil toneladas de CO2 (dióxido de carbono por año. Es decir, el equivalente a dejar fuera de circulación 300 mil vehículos y plantar más de 12 millones de árboles al año.
Miguel Ángel Mijangos Leal, activista e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) manifestó que la minería debería ser prohibida en México porque ya no genera inversión, pero sí mucho daño a la salud y al medio ambiente.
En un encuentro que sostuvo en la región del Istmo de Tehuantepec, Mijangos Leal explicó que el gobierno de México no atiende los problemas de salud y medio ambiente que causan las mineras, por lo que debería entenderse que la minería “ya no es un motor de desarrollo”.
“No entendemos por qué el gobierno de López Obrador le apuesta a la minería, ya no se necesitan hacer más extracciones para crear condiciones como ellos le llaman, expertos dicen que se puede reutilizar los minerales, porque en cuestión de daños y afectaciones, el gobierno de México no atiende esos daños que han causado desplazamiento forzado y males al cuerpo”.
Según datos de la REMA, hasta 2018 están concesionadas a mineras 55, 370, 777.00 hectáreas que comprende el 28.25 por ciento de territorio mexicano, las cuales están distribuidas en 4 mil 102 concesiones solicitadas, 25 mil 515 concesiones vigentes y 7 mil 788 concesiones canceladas.
El activista relató que cuando una concesión se cancela para una minera después de un juicio promovido por pueblos no significa que ya no se usará el territorio, lo que sucede aclaró es que se le quita la concesión a la empresa y queda libre a concurso de ser usada por otra empresa.
El pasado fin de semana, 59 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Zapoteco, Mixteco, Chontal, Cuicateco, Ikoots y Mixe se reunieron en Santa Catarina Lachatao y Capulálpam de Méndez para “reflexionar e intercambiar las situaciones que amenazan a nuestra madre tierra, a través de diversos proyectos extractivos que violentan nuestra forma de vida comunitaria, nuestros cuerpos, nuestra relación: con la tierra, con nuestro maíz, con nuestra agua, con nuestra espiritualidad y con nuestros territorios sagrados.” En la declaratoria del Tercer Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decidimos Sí a la Vida No a la Minería”, comunidades y 34 organizaciones, la amenaza de extinción de las abejasentre ellas Educa, coincidimos que es necesario escuchar y atender el reclamo de la madre tierra, toda vez que es ella la que nos da vida. Además coincidimos en que a pesar de la «cuarta transformación» (4T), tenemos un Estado colonialista, con doble discurso respecto a los derechos de los pueblos indígenas, y que el actual gobierno ha dejado en el olvido los compromisos para la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas como prometió en campaña, así como el reconocimiento pleno en los ámbitos constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas. Afirmamos la comunalidad como fundamento de nuestra vida y negamos el desarrollo que nos niega a nosotros. Por lo tanto, exigimos la cancelación de las concesiones mineras otorgadas ilegalmente en nuestro territorio, además rechazamos categóricamente el proyecto del Canal Interoceánico Seco que pretende realizarse en el Istmo de Tehuantepec.
Con un desfile y a través de una sesión solemne de su cabildo, Magdalena Ocotlán, comunidad indígena zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca, se declara hoy -en el marco del 100 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata- territorio prohibido para la minería: “En correspondencia con nuestra historia, queda estrictamente prohibida cualquier actividad de prospección, exploración y explotación de minerales así como de cualquier proyecto nacional o transnacional que tenga por objeto modificar o extraer los bienes naturales de nuestro territorio”, afirman. Desde 2009, Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la imposición del proyecto minero San José (en el municipio vecino de San José del Progreso) y ha exigido a las autoridades estatales y federales la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en su territorio: “Durante 10 años, la comunidad ha sufrido diversos impactos por explotación minera, caracterizados por explosiones y vibraciones durante la noche, polvo excesivo, contaminación al agua, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones”, y además en octubre del año pasado se registraron dos derrames de la presa de jales secos, por lo que el pueblo continua comprando agua ya que las conclusiones de las autoridades sobre el derrame “no proporcionan ninguna certeza sobre la posible contaminación”
Más de 40 organizaciones de la sociedad civil y organismos sindicales emitieron un pronunciamiento en el que rechazan el proyecto de corredor transístmico y el gobierno del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, por “servir a intereses de empresarios”. Denunciaron que el nuevo gobierno ha dejado su discurso de “primero los pobres” y que están engañando los pueblos con este proyecto del desarrollo en el Istmo, en que dicen que es por el pueblo cuando en realidad está sirviendo a intereses económicos.
Los varios organizaciones están parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Durante los consultas, había gente que señalaron que estes proyectos del desarrollo y modernización no ayudarán sus comunidades. Específicamente, habían mujeres indígenas que urgen por escuelas, hospitales, apoyos para el trabajo, agua potable, y exigen que su palabra sea respetada. Que los pueblos necesitan estos más de otro megaproyecto, pero nadie han sido tomadas en cuenta.
Denunciaron el proyecto, que solo es una continuación de los proyectos impulsados por los gobiernos neoliberales de antes. Se preocupen que va a despojar de tierras y aguas, daños ambientales, mayor inseguridad y la violación para los derechos de los pueblos del Istmo. Mantuvieron “que la pobreza en su región no es producto de la marginación o de la falta de inversiones, sino que es resultado del saqueo promovido por los gobiernos en beneficio de empresas trasnacionales. “ Un ejemplo es el megaproyecto eólico en que se han invertido más de 4 mil millones de dólares pero todo ese dinero no ha beneficiado a la población regional
El Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) presume que el Programa de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, del que forma parte el proyecto del Corredor Transístmico, fue autorizado por los pueblos de la región mediante una consulta realizada el 30 y 31 de marzo que cumple con los estándares del Convenio 169 de la OIT. “Se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano de acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas”, dice el PND. Sin embargo, según la convocatoria que lanzaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), las consultas se realizaron en siete municipios de Oaxaca y Veracruz, pero sólo dos están en la zona por donde pasará el Tren Transistmico: Santiago Laollaga, Oaxaca y Oteapan, Veracruz. Quedaron fuera los que se verán directamente afectados por el tren.
“Fuera de que se utiliza un discurso diferente para engañar a las comunidades no existe ninguna diferencia entre las Zonas Económicas Especiales (ZEE),” mantuvo Carlos Beas, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo. Como otros proyectos neoliberales, las comunidades preocupan que este plan va a beneficiar a empresas transnacionales, pero por ellos va a generar más violencia, inseguridad, despojos y pobreza. No solo va a afectar las comunidades indígenas en las zonas aledañas al ferrocarril porque junto con este hay planes por desarrollo de gasoductos, tendidos eléctricos, y minería. Advirtió Beas, “Sólo se pretende impulsar un proyecto maquilador, donde en el mejor de los casos los pueblos serán arrendatarios de sus tierras, nada más.”
El gobierno de AMLO utilizara los migrantes, mexicanos y centroamericanos, como mano de obra para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que incluye el Tren Maya y el Corredor Transístmico. Aunque no es el mayor propósito de esta política, dijo que en ofrecerlos trabajo seguro ayudará para parar el flow de migrantes en su camino hacia los Estados Unidos. Se justificó que quiere dar a los migrantes los derechos al trabajo, la vivencia, la seguridad, la salud y la educación. Este argumento, hace eco a las críticas que activistas y defensores de derechos humanos expresaron cuando el gobierno anunció que iban a contener la migracions en los estados del sur del país.
“En meses recientes, el gobierno anunció la extensión de sus programas de entrega de tarjetas de visitante trabajador fronterizo”, ahora los ciudadanos de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador podrían transitar en los estados del sureste hasta Oaxaca. El gobierno de Peña Nieto, tambien intento parar el flow de migrantes en el sur del país con la entrega de las mismas tarjetas pero era un fracaso y la caravana llegó hacia la frontera para cruzar entre los Estados Unidos.