Elizabeth Vásquez Santiago, denunció que fue despojada de un predio de 9 mil metros cuadrados en el paraje “La Arenita”, en el cual se construyó una planta de tratamiento de aguas residuales. Indicó que demostró ser la propietaria del terreno, por los ex presidentes municipales Sergio Mariscal Aguilar y Sergio Meraz Concha, con documentos apócrifos entregaron el predio en comodato a la Minera Cuzcatlán para que construyeran esta planta. Esto lo llevaron a cabo con el ex presidente de Bienes Comunales Gabino Díaz quien actualmente está preso en el penal de Ixcotel, acusado de homicidio de una persona de esa comunidad que se opuso también a ser despojado de un predio. Indicó que enfrentó un juicio reivindicatorio en contra del ayuntamiento en donde se le restituyeron sus derechos como consta en el juicio ordinario civil 16/2006, “esto me da valor y fuerza legal a la escritura pública en la que me fue adjudicado el bien inmueble de refería y sus antecedentes registrales de 1871″. Dio un plazo de dos semanas a las autoridades municipales para que atiendan el caso y se logre un acuerdo, en caso contrario hará uso de sus derechos de propiedad que puede causar problemas a la comunidad.
El día 21 de julio se celebró el día mundial de lucha contra la Mega Minería, en diversas partes del país se realizaron acciones, para expresar su rechazo total al desarrollo de este tipo de actividades económicas en el país, ya que a través de diversos informes se encuentra documentada la violación sistemática de los derechos humanos, originadas por empresas mineras en complicidad con las autoridades federales y estatales. Según la Coordinación General de Minería, instancia dependiente de la Secretaría de Economía, a nivel nacional se encuentran registrados 864 proyectos mineros. Oaxaca se encuentra en la octava posición. Hasta julio de 2014, en Oaxaca se encuentran registrados 40 proyectos mineros, impulsados por 24 empresas registradas en Canadá, USA, Perú y Australia. 32 se encuentran en etapa de exploración, 2 en etapa de producción comercial, ubicados en San José del Progreso y San Pedro Totolapam y 4 más suspendidos en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Santa Catarina Lachatao, Tálea de Castro y Capulálpam de Méndez. Estos proyectos involucran a 22 municipios del estado, los cuales no fueron consultados al momento de entregar las concesiones mineras, mucho menos conocen sobre los graves impactos que este tipo de actividades ha generado en otros estados en los ámbitos: ambiental, social, político y cultural. Las autoridades mexicanas lejos de reconocer los graves impactos producidos por la actividad minera, están generando las condiciones sociales, políticas y legislativas para permitir “legalmente” este patrón de conducta de las empresas. En este sentido es preocupante el paquete de reformas en materia energética y de hidrocarburos aprobados recientemente, ya que proporciona mayores garantías al sector privado, sobre todo trasnacional, en detrimento de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, por lo que exigimos respeto al derecho al territorio de pueblos y comunidades en el estado de Oaxaca.
Una presunta bala perdida hirió en la sien a un menor de 13 años de edad originario de San José del Progreso, Ocotlán. De acuerdo con informes policiacos, cerca de las 20:00 horas de este sábado se recibió el reporte de que desde un lugar desconocido dispararon armas de fuego en un paraje de dicho municipio –que mantiene un conflicto en contra de la minera «Cuzcatlán»–, por lo cual una unidad particular trasladó al menor y a medio trayecto fue escoltado por unidades de la Policía Estatal. De acuerdo con la versión de los padres, Luis Vásquez Pérez y Rosa Martínez Sánchez, el pequeño Fernando Vásquez Martínez, se encontraba en el campo acompañando a su abuelo y a su hermano en el pastoreo de animales. Fue entonces que escucharon detonaciones de armas de fuego, tras lo cual el menor cayó al piso; al revisarlo notaron una herida a la altura de la sien, por lo que decidieron pedir auxilio para su traslado. Hasta la noche de este sábado el estado de salud del menor, con domicilio en la calle Macedonio Alcalá número 4 de San José del Progreso, se reportaba como delicado.
En conferencia de prensa integrantes del COPUDEVER denunciaron que la CFE ha diversificado y aumentado la presión contra presidentes municipales de las comunidades afectadas por el proyecto hidráulico Paso de la Reina con el objetivo de que acepten la realización del proyecto, y que bajo el argumento de agilizar obras de agua potable, electrificación y la edificación de escuelas, la CFE “abusa de su autonomía y condiciona a los habitantes estos proyectos, por lo que incurre en un uso indebido del dinero público”.
Integrantes del COPUDEVER denunciaron actos de intimidación para la realización del proyecto. Pedro Cruz Merino integrante del consejo, explicó que el proyecto está a cargo de la CFE desde 2006, pero que existe resistencia de varias localidades para impedir la colocación de la primera piedra. Mencionó que a la fecha no se les ha informado sobre los impactos que provocaría la obra; y que la principal preocupación de las autoridades es el desplazamiento de comunidades enteras como es el caso de la Agencia Paso de la Reina que sería de las más afectadas, así como otras 20 localidades que se inundaría y 27 más que estarían siendo afectadas de forma indirecta. Eloy Cruz Gregorio, vocero del COPUDEVER, denuncio que en últimas fechas han notado la presencia del Ejercito Mexicano. Manifestó también que el daño ambiental sería irreversible, “habría extinción de flora y fauna, desde donde se pretende edificar la cortina hasta el Parque Nacional Lagunas de Chacahua que por decreto es reserva natural desde 1952. Y que la edificación de la presa es el sólo el primer proyecto que tiene el gobierno federal en la zona, pues en Zenzontepec e Ixtayutla existen minerales preciosos que quieren extraer. Acusaron a la diputada Sonia López de presionar a las autoridades municipales para aceptar el proyecto.
En conferencia de prensa realizada en la ciudad de Oaxaca integrantes del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, se pronunciaron una vez más contra la construcción del proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina». Respaldados por habitantes de las comunidades, indicaron que desde el 2006 mantienen un bloqueo para impedir que se realice el proyecto de la presa; y que en los últimos días se ha presentado personal para realizar algunos estudios, sin embargo no lo permitirán. «Pedimos solo lo que nos toca, y si no nos van a dar que no, nos quiten» dijo tras mencionar que en días pasados convocaron diputados a presidentes municipales para convencerlos de realizar el proyecto. En total son poco más de 37 mil los afectados de diferentes comunidades, mismos que dijeron están siendo intimidados por integrantes del ejército mexicano, quien se ha presentado en el territorio bajo el argumento de dar seguridad en la zona.
El COPUDEVER se encuentra en alerta máxima ante la nueva embestida del Gobierno Federal de imponer el Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina.
A raíz de que Peña Nieto anunció el Programa Nacional de Infraestructura, que contempla la realización de 189 proyectos en la región sur-sureste, entre ellos el de la presa Paso de la Reina, la CFE ha diversificado y aumentado la presión a autoridades locales, en especial Presidentes Municipales de los municipios afectados, para que acepten la realización de dicho proyecto.
El pasado 7 de julio en reunión realizada en las oficinas de la División Sureste de la CFE la diputada local por el PAN, Sonia López, anunció que promoverán una comisión de Presidentes Municipales para que a través de ellos se convenza a los habitantes de la región de la aceptación del proyecto.
Paralelamente la CFE ha promovido una estrategia de uso de recursos públicos para presionar a las comunidades por medio de obras de infraestructura como electrificación, obras de agua potable, escuelas, equipo de cómputo, entre otras.
Esta acción constituye un uso indebido de los recursos y violenta los derechos colectivos de las comunidades, ya que se condicionan los apoyos y proyectos para que acepten la realización de la obra de gran envergadura. Por su parte la Diócesis de Puerto Escondido, en voz de su obispo Pedro Villalobos, se pronunció contra el proyecto de la presa; mediante una carta pastoral suscrita por más de 30 parroquias la iglesia local definió su posición contra el proyecto de energía y denunciaron la presión ejercida por la CFE hacia las comunidades de la región. Denunciaron también que en días recientes el ejército mexicano se ha presentado en el territorio de afectación del proyecto intimidando a la población bajo el argumento de la seguridad en la zona.
En el marco del Seminario Agua y Energía realizado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, el día 14 de julio de 2014, se reunieron organizaciones civiles y comunidades para analizar y denunciar las actuales reformas que se están implementando en nuestro país y que favorecen intereses de empresas nacionales y extranjeras, representando un despojo territorial legalizado. Para la mayoría de los movimientos y comunidades que legítimamente se oponen a estas reformas, han encontrado por parte de los tres niveles de gobierno engaños, mentiras, amenazas, represión, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hasta ejecuciones a defensores y defensoras comunitarias. Por ello denunciaron: Que la política hídrica del gobierno mexicano incumple las cuatro características de la Observación General N° 15 (Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU) para el acceso al agua; El derecho humano al agua se ha convertido en un pretexto para la privatización de este bien, (borrador de la Ley de Aguas/CONAGUA en 2013); Que CONAGUA, no está ejecutando las sentencias de Tribunales, ni respetando las decisiones de comunidades y movimientos; CFE, diputados y senadores locales, presionan y hostigan a comunidades aglutinadas al COPUDEVER para la aceptación del proyecto Paso de la Reina; La Comisión Nacional Forestal, a través de la empresa DIAAPROY S.A. de C.V. desacata la decisión de comunidades de la Sierra Sur y Costa de no permitir la realización de estudios en sus territorios; Exigen la liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui, dirigente de la CECOP e integrante MAPDER y la liberación de todos los activistas, defensoras y defensores del territorio detenidos injustamente; Exigen el respeto al derecho a la consulta y piden deje de ser utilizado por parte del Estado Mexicano como herramienta para legitimar megaproyectos en el estado de Oaxaca y en todo el país.
La Diputada Remedios Zonia López Cruz Presidenta de la Comisión Permanente de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable en la LXII Legislatura del Estado, convocó a presidentes municipales de la Costa del estado de Oaxaca, así como a integrantes del Colegios de Ingenieros y Arquitectos a una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en la ciudad de Oaxaca, en donde directivos de la CFE dieron a conocerse los avances del Proyecto Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina.
En el evento estuvieron presentes los representantes de los municipios de Tataltepec de Valdés, Santiago Jamiltepec, Santiago Tetepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo; la legisladora dijo que el proyecto detonará la economía de la región y exhortó a los participantes a conformar una comisión para analizar el tema y diseñar un proyecto integral, previo al inicio de sus operaciones, por su parte los representantes de los Colegios de Ingenieros, Arquitectos y Electricistas solicitaron tener detalles técnicos de la obra, para opinar de manera profesional y que se tome en cuenta la participación de profesionales oaxaqueños y que la derrama económica se quede en la entidad.
Integrantes de la Coordinadora “Soy de los Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua de Ocotlán y Zimatlán”, así como integrantes del centro de Derechos Humanos Indígenas Flor y Canto A.C., dieron a conocer la actuación de CONAGUA, a quien señalan de desacato al mandato Judicial del Tribunal Federal, para consultar a las comunidades y pueblos zapotecas de Ocotlán y Zimatlán, Oaxaca en actos que se realicen en esas comunas.
En conferencia de prensa, señalaron que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente: 9216/11-17-01-5 de la Primera Sala Regional, emitió una resolución el 08 de abril del 2013, a favor de las comunidades y pueblos Zapotecos de Ocotlán y Zimatlán, para la revisión y modificación del Decreto de Veda 1967.
Por ello, exigen al organismo federal respete esta determinación judicial, y en caso de no hacerlo, estos harán valer su derecho de protesta.
El consejero presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, admitió que en Oaxaca se han generado violaciones importantes al derecho que tiene que ver con la consulta libre e informada de pueblos y comunidades, sobre la construcción y/o instalación de megaproyectos.
Dijo que «Muchas veces se encuentra una justificación y se dice que se está consultando a las comunidades, pero no está claro el mecanismo de consulta y mientras eso suceda no podemos decir que se está salvaguardando el derecho a la consulta previa e informada, y esto genera conflictividad social y deriva en otro tipo de violaciones a derechos humanos». Manifestó también que la defensoría tiene quejas y denuncias por todo lo que tiene que ver con proyectos mineros. Admitió que como defensores públicos tienen ciertas complicaciones, porque la ley es muy clara en el sentido de que hasta que no se genere un acto de autoridad o alguna acción que determine que el proyecto está implementándose, nosotros no podemos intervenir. Reconoció la importancia de visibilizar este tipo de condiciones, en el sentido de que se necesita la consulta libre e informada, pero también consensada, sobre los mecanismos de consulta que se van a utilizar.