Falta de camas en los hospitales, colapso de los sistemas de salud, millones de trabajadores sin seguridad social, pérdida de empleos y hambre durante la cuarentena: el Coronavirus arrasa en un mundo erigido sobre la base de políticas neoliberales. Expertos en políticas publicas, médicos y estudiosos de las ciencias sociales apuntan a la responsabilidad del modelo económico y político de nuestro tiempo: “Esta crisis debe permitirnos salir del neoliberalismo en todos sus niveles”, estima el sociólogo y filósofo francés Edgar Morin. Mientras, el intelectual estadunidense Noam Chomsky rechazó versiones de que el coronavirus se haya propagado intencionalmente con fines políticos, como se ha especulado en diversas partes del mundo. Sin embargo, sostuvo que el colapso de los sistemas de salud ante la crisis se debe a los gobiernos neoliberales de muchos países y culpó al presidente estadunidense Donald Trump de minimizar la situación y arriesgar la salud de millones de personas. En entrevista con el diario italiano Il Manifesto, añadió: En general, esta crisis es otro ejemplo importante del fracaso del mercado, al igual que lo es la amenaza de una catástrofe medioambiental. El gobierno y las multinacionales farmacéuticas saben desde hace años que existe gran probabilidad de que se produzca una grave pandemia, pero como no es bueno para las ganancias prepararse para ello, no se ha hecho nada.
Mil 500 personas que viven en el Barrio del Parque, en la agencia de San Felipe del Agua de Oaxaca de Juárez, han prolongado por dos y hasta cuatro meses la espera del servicio de agua que suministra el Comisariado de Bienes Comunales. Vecinos denunciaron que la escasez de agua por la falta de lluvias en la temporada 2019 se recrudece por el crecimiento desordenado de la mancha urbana. Y así como en San Felipe del Agua, en todo Oaxaca escasea el vital líquido. Ahora, como medida de prevención de contagio con el Covid-19 o coronavirus, las autoridades sanitarias recomiendan lavarse las manos con jabón y agua corriente por 20 segundos, a fin de eliminar el virus, sin embargo, en Oaxaca, el agua no es suficiente. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al menos el 58.3 % de la población en Oaxaca tendrá algún tipo de complicación para cumplir con las acciones preventivas para evitar contagios por el Covid-19, toda vez que carecen de agua potable en sus viviendas. Además, la prolongada sequía que se vive en los Valles Centrales y el alza en combustibles, son factores que han encarecido el agua por pipas. Una pipa de 10 mil litros tiene un costo promedio de mil 100 pesos, lo que significa un aumento de 50 % en pocos meses
La seguridad hídrica y la rentabilidad son los talones de Aquiles del plan de modernización de 60 centrales hidroeléctricas trazado en México por el gobierno Andrés Manuel López Obrador. El sistema hidroeléctrico mexicano se enfrenta a la amenaza de la sequía, una de las secuelas de la crisis climática desatada por la extracción y quema de combustibles fósiles y a la cual México es muy vulnerable. Además, la mayoría son instalaciones para generar electricidad construidas hace más de 50 años, por lo cual su actualización conlleva desafíos técnicos y de viabilidad. López Obrador ha repetido insistentemente en el mantenimiento de estos centrales de generación, por ser parte del patrimonio mexicano. Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de la no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, consideró que el plan de renovación es adecuado, pues evita los daños derivados de construir una instalación. “Modernizar hidroeléctricas y dar mantenimiento es una buena idea. Hay algunas plantas que aguantan su modernización y se volverán más eficientes en el uso de agua y la producción”, dijo la activista a IPS. Pero advirtió de la necesidad de “una buena planeación hídrica de fondo” que tome en cuenta factores climáticos y así verificar si vale la pena modernizar algunas centrales. Cabe destacar que hoy en día, la hidroenergía no puede competir económicamente con la energía eólica y la solar, por lo cual sólo puede servir de respaldo en horarios de alto consumo o los embalses pueden funcionar de almacenamiento para temporadas críticas.
Más de 30 representantes comunitarios de 12 municipios de Oaxaca y Veracruz denunciaron que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para el Corredor Transístmico está plagado de irregularidades y errores que fueron reconocidos incluso por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que rechazaron la imposición del megaproyecto en sus territorios. En una reunión con funcionarios de la Semarnat e integrantes de la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), los representantes comunitarios de 34 poblados denunciaron que entre las irregularidades y violaciones a sus derechos como pueblos indígenas se encuentra la premura con la que se realizó la consulta federal sobre el Corredor, pues esta no fue libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De igual forma, señalaron que en el proceso se ocultó información sobre los impactos sociales y ambientales del megaproyecto en las comunidades, así como que no fueron tomadas en cuenta las voces de las mujeres indígenas. “Queremos reafirmar que las voces de las mujeres no han sido escuchadas; sabemos que la empresa FIT oculta información sobre los impactos sociales y ambientales en contubernio con la Semarnat; por eso exigimos que no se apruebe el megaproyecto”, dijo la defensora comunitaria de San Juan Guichicovi, Juana Inés Ramírez Villegas.
Al resolver un juicio de amparo, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado ordenó dejar sin efecto una concesión minera entregada a la empresa estadounidense Zalamera, S. A. de C. V., en jurisdicción de la comunidad chontal de Santa María Zapotitlán, perteneciente a Santa María Ecatepec, en la Sierra Sur, por afectarse los derechos indígenas de sus habitantes.
Santa María Zapotitlán presentó un juicio de amparo, el 18 de diciembre del 2018, para impugnar el título minero 238447 Zapotitlán 1, porque fue expedido por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, el 23 de septiembre del 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, sin respetar su derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, al territorio, a la libre determinación, al desarrollo desde su propia cosmovisión y a la información pública.
Sin embargo, el Juzgado dejó vigente la solicitud de concesión y ordenó a las autoridades responsables efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborado por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica.
El 5 de marzo, el corte emitió un amparo para prevenir la cancelación de una de las concesiones de FSM para la mina de San José hasta que el corte decida sobre regalías en disputa entre FSM y el Servicio Geológico Mexicano (SGM). En 2017, SGM avisó FSM que los dueños previos de la concesión prometió SGM una regalía de 3% de valor de los minerales obtenidos de la concession. Los autoridades están pidiendo más de $30 millones de dolores más impuestos. En 2018, FSM empezó un proceso jurídico contra la Dirección General de Minas (DGM) para terminar las regalías y en enero de 2020 recibió noticia del DGM para cancelar las concesiones. Este semana, las cortes emitió el amparo para prevenir la cancelación mientras resuelven la cuestión de las regalías. Si pierden en las cortes tendrán pagar la regalía al SGM.