La Unión de Comunidades Forestales Zapotecas y Chinantecas (UZACHI) exigió a los gobiernos a asumir compromisos con las empresas forestales comunitarias del país porque “la política pública prioriza otro tipo de actividades económicas que han ocasionado severas afectaciones ambientales y sociales en los territorios forestales como la minería y la agroindustria”. Están preocupados por las concesiones del agua y los depósitos minerales que el Estado ha estado entregando exponencialmente en los últimos 25 años porque eso lleva a despojo.
Las empresas forestales comunitarias invierten más del 60% de sus ganancias en la restauración del bosque y en obras sociales como escuelas, centros de salud, caminos y más. Sin embargo, deben cumplir con la misma carga fiscal que una empresa privada. Estos cargas fiscales además de tramitología oneroso resulta en la desarticulación de los emprendimientos comunitarios que resulta muchas veces en la privatización de los terrenos.
La UZACHI formó en 1989 con el objetivo de cuidar y mantener los bosques y proveer la comercialización pero del punto de vista de sostenibilidad de y por los comunidades. Pidieron a los gobiernos y legisladores a apoyar políticas que apoyan las comunidades forestales en vez de crear mas desafios.
La UZACHI explica que “en el país existen alrededor de mil empresas forestales comunitarias, que son un referente a nivel internacional de la conservación activa de los recursos forestales. Sin embargo, en el país, los gobiernos, las empresas…han optado por otro tipo de políticas conservacionistas…que no han tenido buenos resultados, pues no han logrado frenar la deforestación en el país ni la ilegalidad en el comercio de productos forestales ni han permitido el desarrollo de emprendimientos productivos que les generen ingresos a las comunidades forestales”.
“Las prioridades reales no se ven en los discursos sino en las leyes y, sobre todo, en los presupuestos”, afirma Eugenio Fernández Vázquez. “Por eso se había dicho que las prioridades reales del presidente Andrés Manuel López Obrador se verían en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 (PEF), el primero en ser plenamente elaborado por su administración”, afirma. Sin embargo, el periodista da a conocer su análisis del presupuesto de la Semarnat y lo que muestra para el sector ambiental “es que no sólo no es una prioridad, sino que está casi al fondo de la lista, y que la aplicación de la ley no es relevante para este gobierno. Si este rubro ya había sufrido un recorte del 20 por ciento en términos reales entre 2018 y 2019, para 2020 le espera un recorte adicional del cuatro por ciento. Por ejemplo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente verá su presupuesto recortado en 18%. Hoy, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las dependencias a su cargo tienen un presupuesto equivalente a la tercera parte del que tenían hace cinco años”. En resúmen, “es bastante triste y apunta en otra dirección -mucho más neoliberal y cortoplacista, para mi decepción y tristeza”, afirma en su cuenta de twitter. Leer toda la reflexión de Fernández Vázquez:
La explotación de los recursos hídricos en el estado de Jalisco por parte de un puñado de empresas tienen en pie de lucha a los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que, por lo pronto, decidieron unir fuerzas y crear el frente “Revolución del Agua” a través del cual pretenden defender su fuentes de abastecimiento de agua natural. Y es que, con la anuencia de los gobiernos en turno, seis empresas de la región del Bajío buscan apropiarse de dos de los caudales más valiosos para el país, los ríos Lerma y Verde. Las aguas del río Verde son las más cotizadas de la región, esto debido a que no se encuentran tan contaminadas como las del Lerma-Santiago o el río Turbio. Sobre su cause intentan imponer la presa el Zapotillo. Cansados de las promesas oficiales de los gobernantes, los habitantes de las comunidades afectadas decidieron unir fuerzas y crear un frente de lucha por la defensa del agua y de sus tierras con la constitución de la agrupación Revolución del Agua. Leer el reportaje de Project PODER
La autoridad federal del corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Rafael Marín Mollinedo, anunció que el gobierno Federal está realizando estudios técnicos para la construcción de una nueva súper carretera Coatzacoalcos –Salina Cruz en el que invertirán 12 mil millones de pesos para su construcción
Esta obra sería 4 carriles y de cuota, en aras de reducir los tiempos de viaje terrestre entre Coatzacoalcos y Salina Cruz dentro del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Según explico Marín Mollinedo
En entrevista el funcionario federal además hizo el anuncio de la instalación de 10 parques industriales entre Veracruz y Oaxaca dentro los proyectos de desarrollo del canal interoceánico del Istmo.
Los parques industriales estarían distribuidos en 10 poligonales donde se contemplan exenciones fiscales semejantes a lo sé que conoció como Zonas Económicas : con tasa cero en impuestos IVA e ISR.
A los inversionistas y empresarios que quieran participar dentro estos parques industriales se les dará una exención del 100% del impuesto sobre la renta (ISR )durante los primeros 10 años de operaciones y 50% en los siguientes 5 años expuso.
Hidalgo alertaron sobre la instalación de una nueva línea de transmisión eléctrica, que abarcará de Unión Hidalgo a Ciudad Ixtepec y que es promovida por el Banco Invex y Siemens Gamesa. El proyecto partirá de la Subestación SET y concluye en la subestación Ixtepec Potencia, atravesando los municipios de Unión Hidalgo, Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec y Ciudad Ixtepec, además tendrá una tensión nominal de 400 kilovolts y se instalaran 80 torres de acero, de tipo suspensión, deflexión y remate, según el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Semarnat. Edgar Martín Regalado, defensor comunitario explicó que se enteraron del proyecto a través de una búsqueda en la pagina electrónica de la Semarnat y asimismo a través de una publicación de inserción pagada por Siemens Gamesa y Banco Invex en un diario de circulación estatal, por lo que recurrieron a la solicitud de la reunión informativa se la Semarnat el próximo jueves 12 de septiembre con carácter de urgente. Cabe recordar que las empresas Eólica de Francia (EDF) y Siemens planean construir tres parques eólicos más en Unión Hidalgo.
Comuneras, comuneros y defensores comunitarios de Unión Hidalgo, denunciaron que a pesar de que existe una sentencia de amparo expedida el pasado 23 de agosto por la juez primera de distrito radicada en el municipio de San Bartolo Coyotepec; autoridades de la Secretaria de Energía (Sener) llevaron a cabo este sábado la Asamblea en torno a la consulta indígena que comenzó desde el año pasado para la instalación de un nuevo megaproyecto eólico en esta comunidad zapoteca. La asamblea fue encabezada por Melquiades González Juárez, Director general adjunto de vinculación social y operador de la Sener, en donde participaron alrededor de 500 personas, entre ellos propietarios de tierras, defensores comunitarios y también pueblo en general. La consulta realizada este sábado en el centro de la población está en la fase informativa sobre la central eólica Gunáa Sicarú (mujer bonita), un parque que según el permiso otorgado por CRE tendrá 96 aerogeneradores con capacidad de 2.625 mega watts. Explicaron que el expediente de sentencia de amparo con número 377/2018 especifica que las autoridades responsables en este caso, la Dirección General de Impacto Social y de Ocupación Superficial, ambos organismos dependientes de la Sener “no deberán realizar ni continuar las fases sobre la construcción y operación de la central eólica “Gunáa Sicaru”, hasta en tanto se reciba la opinión y en su caso validación de la información enviada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”. “Que pena que un gobierno que presume tener conciencia y voluntad se esté prestando a la farsa de simular que nos consulten. Si la asistencia a estas ‘asambleas’ es del 4% de la comunidad, ¿que tan válido son esos acuerdos?” denunciaron los defensores en una misiva.