En sesión pública de cabildo convocada por la autoridad municipal que encabeza Florencio de la Cruz Valdivieso y ante la presencia de ciudadanos/as se declaró al municipio de San Francisco Ixhuatán, ubicada en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, como “territorio libre de la minería.” Por varios años la gente han vivido en resistencia contra la minería, eólicas, y altas tarifas sin embargo es la primera vez que la autoridad municipal de Ixhuatán realiza esta declaratoria pública.
El 19 de diciembre de 2017, la Secretaría de Minería otorgó la concesión para exploración minera a RECUPERADORA AG, S.A. DE C.V. con el título: 246002 Nombre del Lote: AMPLIACIÓN CERRO GRANDE II F1. con una vigencia de 50 años que se asentará en una superficie de 29.5431 hectáreas de tierras, que abarca desde la zona poniente del municipio de Chahuites, otra parte de la localidad de Tapanatepec casi hasta llegar a Rincón Juárez, parte de Yerba Santa, Coyotera Carlos Ramos, todo Reforma de pineda, Parte de los terrenos de Zopilote y la parte norte de San Francisco Ixhuatán.
El alcalde recalcó que el territorio se defenderá donde existen afluentes naturales como “El Rio Ostuta” uno de los más grandes e importantes en Oaxaca. “Con esa sesión pública reafirmamos nuestro compromiso con la naturaleza y la vida, aquí somos gente trabajadora y de campo, amamos la siembra y los recursos naturales, no vamos a permitir que lleguen empresas mineras y acaben con nuestro territorio, estamos para defenderlo,” recalcó.
Además de esta comunidad, existen otros diez 10 títulos de concesiones en la zona Oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, cuya principal búsqueda es oro, plata y cobre están asentadas sobre el río Ostuta, río Zanatepec y río Novillero que alimentan la Laguna Superior, la Laguna Inferior y el Mar Muerto.
La compañìa Minera Cuzcatlàn invertirà 243.8 millones de pesos para 2019. El 40 por ciento, 90 millones de pesos, se destinaràn a campañas de exploraciòn para descubrir màs yacimientos.
«Diariamente sacamos 3 mil toneladas de material de bajo mina para el procesamiento, es una mina muy importante, porque está entre las diez principales del mundo a nivel de producción de plata, con una veta muy rica, continúa», mencionó Camargo.
En la mina se produce plata con concentrados de oro. En 2018, la producción fue de 8 millones de onzas de plata y 53 mil 517 onzas de oro y los números están creciendo. Este año, la minera estimò un crecimiento del 2.18 por ciento en su producciòn.
De acuerdo con Camargo, la operación del proyecto se extiende en 110 de 64 mil 442.2 hectáreas, compuestas por un total de 31 concesiones. En total, las empresas mineras ocupan 656, 112 hectàres en el estado de Oaxaca con un valor total de extracción minera de 9113 mdp.
La actividad se realiza en dos turnos de 150 trabajadores cada uno, en una profundidad hasta de 725 metros verticales y 6 kilómetros de rampa. «Nosotros generamos mil trabajos directos y entre 3 y 5 mil indirectos; 71 por ciento son de (la comunidad de) San José», precisó el director. Pero, los sueldos a veces no alcanzan para mantener una familia.
San José es una de las dos minas que existen en Oaxaca, la quinta entidad con mayor producción de plata y oro en 2018, con un total de 300 mil 651 kilogramos y 2 mil 511 kilogramos, respectivamente, según la Cámara Minera de México (Camimex).
La Compañía Minera Cuzcatlán invertirá 243.8 millones de pesos en el desarrollo de la mina San José del Progreso, Oaxaca, de los cuales, el 40% será destinado a los trabajos de exploración que le permitan a la empresa la expansión y explotación del complejo. En 2018, la empresa tuvo una producción de 8 millones de onzas de plata y 54 mil onzas de oro, lo que la convierte en la tercera mina con mayor extracción del mineral precioso a nivel.
El director de la empresa, Luis Camargo, explicó que anticipa la mina estará activa hasta 2024 por lo menos. Su objetivo principal es aumentar las reservas del proyecto y ampliar el lapso de extracción de oro y plata. Por ello, 40% de las inversiones serán por trabajos de exploración porque
“El mayor reto es mantener la continuidad del negocio exitoso que tenemos, considero que tenemos todos los elementos para seguir siendo exitosos, porque tenemos capital humano de primer nivel. El otro reto viene en el sentido de buscar la continuidad después de 2024”.
Actualmente, la mina está operando en 110 hectáreas de terreno pero tiene 64 mil 422 hectáreas concesionadas.
Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por una reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado se realizó la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería que tuvo como objetivo “celebrar la resistencia y autonomía de los pueblos y comunidades afectadas por proyectos mineros”.
Al evento asistieron autoridades agrarios y municipales de San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, El Vergel, los Ocotes, Santa Catarina Minas, Magdalena Ocotlán, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y Magdalena Teitipac.
Durante su participación, Salvador Martínez Arellanes, defensor comunitario de Santa Catarina Minas dijo que en el año de 1582 con la llegada de los españoles todo cambio en su comunidad, pues se llamaba Santa Catarina Martir Zoquiapa pero por la actividad minera se modificó al nombre actual “Santa Catarina Minas”, sin embargo resaltó que actualmente se vive una defensa por el territorio debido a que en esta comunidad se elabora el mezcal con 35 variedades con magueyes silvestres por lo que cuenta con la denominación de “mezcal ancestral”. El defensor comunitario resaltó que por fortuna el agua que tienen todavía es pura, pero no van a permitir que lleguen empresas mineras y exploren a cielo abierto su comunidad, porque acabaría con su actividad de vida que es la mezcalería.
Cabe mencionar que a tres kilómetros de distancia, en San José del Progreso, la empresa minera Cuzcatlán filial de la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines realizó una Guelaguetza para justificar que promueven las tradiciones. En la ciudad, Oaxaca de Juarez, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa presidiendo las fiestas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza oficial a la que destinó 21 millones 712 mil 620 pesos, sin embargo, se estima que entregó 42 millones de pesos a empresas “favorecidas en proceso de licitación irregulares”, según el periódico Centro. Con su propio Guelaguetza, lo que buscan las comunidades era recuperar la esencia de la Guelaguetza donde la cooperación, el amor al prójimo, y una actitud de compartir la naturaleza y la vida son el enfoque y que en celebrando así, refuerzan el tejido social de las comunidades indígenas que participaron.
Pueblos y organizaciones de Oaxaca y Veracruz, pertenecientes a la campaña El Istmo es Nuestro, rechazaron el proceso de consulta para la Reforma Constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas que lleva a cabo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Los pasados 13 y 14 de julio el INPI organizó las consultas indígenas en las comunidades oaxacaqueñas de Santo Domingo Yanhuitlán, Santiago Juxtlahuaca, Santiago Jamiltepec, Santa María Alotepec, Santiago Laollaga y San Bartolomé Zoogocho.
Pueblos Ikoots, Binnizá, Ayuuk, Chontal, Chinanteco, Zoque, Tzotzil, Texistepequeño, Sayulteco, Oluteco, Nuntaj yi y Nahua rechazaron la consulta porque no respeta su propio protocolo, “ya que está realizando la etapa deliberativa sin haber realizado la etapa informativa”, no respeta los ritmos ni las formas organizativas de los pueblos y porque “planteamientos importantes” de grupos organizados no son expresados en la plenaria, como ocurrió en Acayucan, Veracruz.
Entre las organizaciones y pueblos que expresaron su rechazo a la consulta y a los megaproyectos se encuentran la CODEDI, EDUCA, Asamblea Comunitaria de San Dionisio del Mar, Asamblea Comunitaria de San Mateo del Mar, Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta (Sur de Veracruz), Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), y el Bachillerato Comunitario José Martí de San Francisco Ixhuatán.
Defensores de la etnia ayuuk (mixe) interpusieron ante el juez séptimo federal con sede en el puerto de Salina Cruz un amparo contra autoridades federales que promueven el organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de junio. Los activistas aseguraron que el megaproyecto viola sus garantías individuales y diversas normas que salvaguardan los derechos de los pueblos indígenas, entre ellas la Constitución y diversos tratados internacionales. Los inconformes, pobladores de la zona norte del Istmo de Tehuantepec, acusan al gobierno estatal, así como al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes y de Economía de tratar de expedir el decreto en forma “irregular e inconstitucional”. Las autoridades señaladas “están actuando en contra de nuestros derechos como integrantes de pueblos indígenas”, afirma Juana Villegas, defensora comunitaria y una de las promotoras del juicio. Leer la nota completa de Diana Manzo:
Después de siete años y gracias a un amparo, los pobladores de Bacanuchi, Sonora, recibieron el informe que Grupo México entregó a Semarnat para abrir una presa de desechos tóxicos de la mina de cobre Buenavista que la empresa echó a funcionar sin el consentimiento de los pobladores. El 5 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llegó a Bacanuchi, mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para explicar el “Informe Preventivo” de Grupo México que aprobó para que se construyera la presa, el por qué dio visto bueno al proyecto, bajo qué criterio, y por qué no informó a la población. Al terminar, vienen las preguntas, y estas son quizá lo más interesante de la reunión: “¿Por qué hasta ahora nos vienen a informar?”, pregunta María Elena Bustamante, una de las 42 quejosas que interpusieron el amparo ante la SCJN. “Cuando aprobaron esos informes ¿fue trabajo detrás del escritorio o hicieron trabajo de campo?”, pregunta otra mujer. Otro más cuestiona: “¿Por qué dan tantos permisos detrás del escritorio si nosotros somos los afectados?” En la reunión fueron recurrentes las preocupaciones compartidas por la comunidad sobre la salud de las personas y de los animales, la contaminación del agua, la tierra y el aire, la afectación económica y sobre el peligro de que una presa que puede almacenar 50 mil veces más desechos tóxicos que los derramados en 2014 por la mina Buenavista del Cobre pueda romperse y “arrasar con Bacanuchi”.
Han pasado 112 días desde que un grupo de indígenas tzotziles, presos en cárceles chiapanecas, iniciaron una huelga de hambre para denunciar tortura, falta de traductor y otras violaciones a sus derechos humanos durante el proceso de detención y posterior confinamiento. A la fecha son cinco los que permanecen en lucha y han tomado una determinación: “libertad o muerte”. A más de 100 días en lucha los cuerpos de los compañeros se encuentran muy débiles. Tienen serios problemas de salud. Por ello han solicitado el apoyo de otros presos para que les ayuden a llevar agua a su campamento para lavar sus vasos y bañarse. Sin embargo, el director de la cárcel de San Cristóbal de Las Casas interceptó a los presos que proporcionaban esta ayuda para acusarles de “pasar alimento” a nuestros compañeros en lucha y les prohibió hacerlo más. El fin de semana pasado, Juan de la Cruz Ruiz, fue trasladado al Hospital de Las Culturas de manera urgente ya que presentaba fiebre, dolor abdominal y debilidad muscular. Ayer, también Germán López Montejo ingresó al hospital. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) documentó las graves condiciones de los 5 presos indígenas y denuncia la indiferencia del gobierno morenista de Rutilio Escandón:
La Guardia Nacional y el INM detienen en hoteles de Tapachula a migrantes incluso en espera de regularizarse. Una mujer de Honduras que viajaba con su esposo y dos menores acusó que a pesar de que dijo que se encontraba en trámites para regularizarse en México fue detenida por los agentes. México deportó en junio cuatro veces más migrantes que a inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, después de que su gobierno se comprometiera con el de Estados Unidos a endurecer su política migratoria bajo amenaza de sanciones comerciales, según cifras preliminares de la autoridad migratoria. El número de extranjeros devueltos a sus países de origen alcanzó 21.912 en junio frente a los 16.507 que fueron deportados en mayo y 14.940 extranjeros expulsados en abril. En diciembre 2018, durante el primer mes de su administración de AMLO, fueron deportados 5.717 extranjeros, un dramático descenso frente a los 10.180 de noviembre, último mes del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya política migratoria era considerada agresiva por defensores y activistas. En enero, el número bajó a 5.584 a tono con el discurso de puertas abiertas a la migración que caracterizó los primeros días de López Obrador en el poder. En los meses posteriores, sin embargo, las expulsiones no han dejado de crecer. Este año, el éxodo de Centroamérica podría alcanzar las 800.000 personas en tránsito, de acuerdo con el Gobierno mexicano.
Pobladores de la comunidad zapoteca de Magdalena Ocotlán, ubicada al sur de la ciudad de Oaxaca, protestaron el 28 de junio de 2019 ante la visita exprés del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al estado, exigiendo la cancelación de concesiones mineras en el valle de Ocotlán. Autoridades municipales y agrarias hicieron una petición al presidente para que cancele las 46 concesiones en la zona, que abarcan una superficie de 77,533 hectáreas. Los reclamos fueron de pobladores ante el derrame del pasado 8 de octubre del 2018 y la nula respuesta de las instancias federales. Con consignas de ¡Fuera la minera! y ¡Minera asesina! el presidente recibió la petición y se comprometió con enviar a un grupo para realizar una visita y abrir una investigación de los hechos denunciados. La comunidad que se encuentra a sólo unos metros de las instalaciones de la mina de San José del Progreso, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ha sido la principal afectada por este proyecto minero. Cabe recordar que el 6 de mayo del año 2009, durante el operativo policíaco-militar para desalojar pobladores que tenían tomada la entrada de la mina vieja, donde actualmente se encuentra el complejo minero San José, la comunidad de Magdalena fue agredida y reprimida por las fuerzas policíacas llegando a cateos, detenciones arbitrarias y varias decenas de personas lesionadas hasta dejar la comunidad en estado de sitio por varios días. En esta década el hostigamiento no ha cesado, la empresa tiene interés de ampliar su proyecto que abarca casi la totalidad del territorio de Magdalena.
La zona mixe es un espacio inmenso de valles seguido de montañas, una tras otra, con el sol apenas entrando en la llovizna. Sus pueblos son herederos de una tradición de guerreros y adivinos. Son de los pocos linajes del México antiguo que no fueron conquistados por las armas españolas. “Hoy los vuelve oscuros la pobreza, las leyes agrarias, la pugna por la tierra fértil, sus cerros escondidos donde se siembra amapola y grandes voladeros que han sido apropiados por los caciques y los narcos”, cuentan Antonio Mundaca y Karen Rojas Kauffmann de Página 3, en un nuevo reportaje sobre la lucha de San Pedro y San Pablo Ayutla por el agua. En entrevista, la escritora e investigadora Ayuuk Yásnaya Elena Aguilar Gil explica: “De unos años para acá algo cambió en la sierra, se ha perdido la paz, no sabemos de dónde el pueblo de Tamazulápam del Espíritu Santo ha sacado tantas armas pero después del ataque, la Base de Operaciones Mixtas de la Policía entró a nuestro pueblo como ladrones, sin avisarnos, a patrullar un terreno que no conocen…El gobierno siempre ha sido parcial, ha hecho tratos unilaterales con Tamazulápam. Desde el principio intentaron manejarlo como un enfrentamiento, pero nosotros íbamos caminando, desarmados y vino la lluvia de balas, nos quedamos en shock, los heridos, la revictimización, ¿dónde se ha visto que la ley o el gobierno proteja a los agresores y no a los agredidos? Eso está sucediendo aquí”. El reportaje analiza el conflicto en un contexto regional de creciente violencia debido a las plantaciones de amapola y marihuana y los esfuerzos concomitantes para dominar la tierra y el agua. Además destaca como el gobernador Alejandro Murat Hinojosa ha emprender una maquinaria de simulación y propaganda en vez de atendar al conflicto.