Autoridades municipales y comunitarias de Calpulálpam de Méndez, en la Sierra Juárez, Oaxaca denunciaron discriminación de Semarnat, Profepa y Conagua, así como incumplimiento de la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, al compromiso de una mesa de trabajo para resolver la problemática generada por la minería. Además, sostuvieron que Minera la Natividad opera desde hace años sin contar con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y no ha detenido operaciones ni siquiera durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Solamente de 2007 a 2011 frenó sus actividades por una orden judicial, señalaron. En su boletín denuncia que:
Por varios años la comunidad indígena de Capulálpam de Méndez ha denunciado el grave impacto social y ambiental causado por el saqueo de minerales en sus tierras comunales llevado a cabo por la compañía minera La Natividad y anexas. Capulálpam ha denunciado ante Semarnat, Conagua, Profepa y Gobierno del Estado de Oaxaca el derrumbe de tres presas de jales con desechos contaminados al Río Capulálpam; la contaminación con plomo y arsénico de fuentes de agua; la desaparición de trece acuíferos debido a las obras mineras; contaminación del Río Grande que cruza la Sierra Juárez y afecta a varias comunidades indígenas en la región. Capulálpam ha denunciado que un nuevo programa de saqueo de minerales pone en grave riesgo de desaparición la última área de acuíferos de donde la comunidad se abastece de agua potable.
Hemos solicitado hablar con la Secretaría de Semarnat María Luisa Albores González para que nos informe por qué Minera Natividad opera a pesar de que Capulálpam ha denunciado las consecuencias mencionadas. Como comunidad indígena con personalidad jurídica agraria no hemos autorizado manifestaciones de impacto ambiental a Minera Natividad permisos para que dicha minera opere en nuestro territorio comunal. No hemos tenido respuesta de la Secretaria Albores González a pesar de que le reiteramos la urgencia de dicha reunión. Hacemos un llamado a la Secretaria para que nos reciba.
El 11 de octubre, El Frente No a la Minería por un Futuro de Todxs decidio movilizarse bloqueando la carretera federal 175 a la altura de Magdalena Ocotlán y Monte del Toro para exigir. Eso fue despues que la compañía minera Cuzcatlán ingreso por tercera vez su permiso ambiental para operar 10 años más en los Valles Centrales. En su bloqueo, el Frente exige:
1. Cancelación del proyecto minero «San José» operado por minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines por afectar el ambiente de las comunidades de Valles Centrales al construir 75 obras irregulares.
2. Negación del «nuevo» permiso ambiental: «actualización de obras y actividades» solicitado por compañía minera Cuzcatlán ante la SEMARNAT. En dos ocasiones anteriores minera Cuzcatlán ha querido justificar mediante este permiso 75 obras irregulares y explotar por 10 años más el territorio de Valles Centrales. Exigimos a la autoridad ambiental audiencia con la Secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores.
3. Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, garantizar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, minera Cuzcatlán ha violentado la legislación ambiental vigente y nuestros derechos como pueblo indígenas. Ningún proyecto minero debe estar por encima de la ley.
Exigimos al gobierno federal respetar los acuerdos de nuestras asambleas.
El gobierno federal inauguró la primera generación de 118 policías de Servicio de Protección Federal (SPF), equipados con fusiles de asalto, especializados en garantizar la seguridad de las instalaciones mineras. Esto es un “símbolo de falta de respeto al pueblo de México”, acusa la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) en un comunicado. Enfatizaron en que una policía de élite para proteger los intereses de las grandes corporaciones mineras no solo es un insulto para el país, sino para los pueblos que se ven despojados de sus territorios, con comunidades enfermas y contaminados sus ríos. Comunidades con desplazamiento forzado ya sea por las mineras o por el crimen organizado producto de esta. En el documento emitido por REMA fue publicado el día 1° de octubre, destacan que la minería despoja, deforesta, no paga impuestos, incumple contratos con los campesinos e indígenas, además, está involucrada en la violencia y crímenes como el de los defensores Mariano Abarca (Chicomuselo, Chiapas) o Bernardo Vázquez (San José del Progreso, Oaxaca), por lo que es considerada como crimen organizado de parte de las empresas extranjeras. Señalaron que un pueblo que paga impuestos, genera economía y es víctima de actividad minera que depreda territorios e incumple contratos también merece tener un equipo especializado para protegerse de las empresas mineras trasnacionales.