El día de hoy se realizó la segunda jornada de la Consulta Indígena del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.En esta ocasión, las sedes de las Asambleas Regionales fueron Santa María Chimalapa en el estado de Oaxaca, así como Oteapan y Uxpanapan en el estado de Veracruz.
La jornada fue sumamente concurrida en las tres asambleas realizadas. Se contó con la participación de personas provenientes de los pueblos Zoque, Mixe, Mixteco, Náhuatl, Popoluca, Chinanteco, Zapoteco, Totonaco y Afromexicano.
Como en las asambleas realizadas el día de ayer, la participación de las y los ciudadanos, representantes y autoridades de los pueblos, tuvo énfasis en denunciar la situación de pobreza, marginación, discriminación y abandono en el que se encuentran las comunidades indígenas.
Con la realización de dichas asambleas, comienza el trabajo permanente de diálogo, consulta y decisión colectiva entre las comunidades y pueblos indígenas, el gobierno federal y la sociedad mexicana en su conjunto.
Por parte de las y los representantes del Gobierno de México se estableció el compromiso de recibir y analizar las solicitudes realizadas por las personas participantes. De esta manera, se establecen las bases de una relación que permitirá que todas las voces, inquietudes, opiniones, puntos de vista y propuestas se combinen para lograr la creación de un programa enfocado en lograr el bienestar y desarrollo de todos los habitantes del Istmo de Tehuantepec.
El Gobierno de México inició la Consulta Indígena del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
En la primera jornada, se realizaron cuatro Asambleas Regionales en el estado de Oaxaca con sede en Santiago Laollaga, Jaltepec de Candoyoc, Salina Cruz y San Pedro Huamelula. Las y los asistentes a las asambleas regionales pertenecen a comunidades de los pueblos Binnizá (Zapoteco), Ayuuk (Mixe), Chinanteco, Mazateco, Ikoots (Huave), Chontal y Afromexicano.
Todas las asambleas contaron con la presencia y la escucha activa de funcionarios(as) públicos(as) del gobierno federal, con la instrucción de incorporar inquietudes, propuestas y opiniones de la población local al diseño del Programa y lograr acuerdos con las comunidades de la región.
Las asambleas estuvieron caracterizadas por una amplia y crítica participación por parte de las y los ciudadanos, representantes y autoridades de los pueblos y comunidades indígenas.
La gran mayoría de las voces coincidieron en la urgencia de combatir la pobreza y marginación de las comunidades, instrumentando acciones y proyectos por medio del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
En San Francisco Ixhuatán, un grupo de jóvenes de la Preparatoria Comunitaria José Martí escribió una carta para rechazar la consulta. Analizó como cada parte del consulto rompió con las reglas de sus mismos. Falta un estudio comprehensivo sobre los impactos del proyecto en la región y tampoco estuvo de buena fe o culturalmente adecuada. Pidió que todo los jóvenes exigen el Gobierno Federal para dejar de concesionar sus tierras, y “que no se dejen llevar por el sueño iluso del desarrollo que nos mata.” Les motivo a unir con diversos movimientos en sus distintas comunidades para organizar y parar cualquier proyecto de la ZEE.
Las comunidades no recibieron información sobre las fases de construcción, funcionamiento y posibles impactos negativos, solo información superficial. Carlos Beas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, explicó que “la consulta es una maniobra con el fin de imponer los proyectos de la ZEE. Para justificarlo, al mismo tiempo, preguntaron si las comunidades querían carreteras o proyectos ganaderos en sus comunidades y, la respuesta de varios pueblos fue afirmativa…No es una consulta previa, sino que es más bien un requisito administrativo, porque las licitaciones de estos proyectos ya están en camino. Esta consulta nació muerta.”
La Asamblea Regional para el pueblo Ikoots (Huave) se realizará este sábado 30 de marzo en el Auditorio Municipal, calle Pacífico, Cantarranas, Código Postal 70680, Salina Cruz, Oaxaca. Inicia a partir de las 9:00 horas.
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el marco del proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Istmo de Tehuantepec de los estados de Oaxaca y Veracruz, respecto del “Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, informa a las Autoridades e Instituciones representativas del pueblo Ikoots (Huave), que la sede prevista para la realización de la Asamblea Regional Consultiva para dicho pueblo, que inicialmente estaba programada a efectuarse en San Mateo del Mar, en el estado de Oaxaca, se cambia a la ciudad de Salina Cruz en los siguientes términos:
La Asamblea Regional para el pueblo Ikoots (Huave) se realizará este sábado 30 de marzo en el Auditorio Municipal, calle Pacífico, Cantarranas, Código Postal 70680, Salina Cruz, Oaxaca. Inicia a partir de las 9:00 horas.
El proceso de diálogo y reflexión inicia con siete Asambleas Regionales, dirigidas a las comunidades indígenas de los pueblos de la región del Istmo los días sábado 30 y domingo 31 de marzo de 2019.
La consulta a las comunidades indígenas será permanente, de acuerdo a las decisiones de los pueblos indígenas y afromexicano que se generen en estos días de participación.
El Gobierno de México reafirma su compromiso de establecer una nueva relación con los pueblos indígenas y afromexicano de nuestro país, para garantizar su reconocimiento como sujetos de derecho público.
En ese marco, reconoce que la consulta libre, previa e informada, es un derecho de los pueblos indígenas y afromexicano que les garantiza su participación en la toma de decisiones sobre las medidas administrativas y legislativas que sean susceptibles de afectarles.
La Consulta Indígena es una obligación del Estado mexicano considerada en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).
Por esta razón, en la creación e implementación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, iniciará el proceso de Consulta Indígena los días sábado 30 y domingo 31 de marzo de 2019.
El activista Samir Flores Soberanes, opositor del Proyecto Integral Morelos (PIM), fue asesinado esta mañana afuera de su casa, en el municipio de Temoac, Morelos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el asesinato del dirigente y dijo que se trata de “un crimen vil, cobarde“.
El dirigente opositor a la termoeléctrica fue asesinado de varios balazos afuera de su domicilio. Samir Flores fue llevado a un hospital de Jonacatepec para ser atendido; pero murió en el camino. El activista se dirigía a la radio comunitaria en la que trabajaba cuando fue atacado desde dos vehículos.
El Presidente López Obrador dijo desde Monterrey: “Lamento mucho lo del asesinato de un dirigente en Morelos opositor a la termoeléctrica. Es un crimen vil, cobarde”.
Fue cuestionado sobre si por este crimen se cancelaría la consulta popular para decidir sobre la termoeléctrica. Destacó que el proceso ya ha comenzado y no descartó que el crimen haya sido cometido justo para “afectar la realización de la consulta”
“La consulta la tenemos que continuar porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea, ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla porque no sabemos con qué intención se cometió este horrendo crimen, a lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta”
El Frente No a la Minería, por un Futuro de Todas y Todos, integrado por 16 comunidades de Oaxaca, exigió del presidente López Obrador para que se revoque las concesiones mineras en sus territorios. Querían el respeto de sus derechos colectivos en la libre determinación, autonomía, y medio ambiente. El Frente demandó la cancelación del proyecto minero San José que está en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán. Y a todos las concesiones mineras en sus territorios.
También exigió una investigación imparcial y exhaustiva de responsabilidad penal y administrativa derivado de la contaminación del Río Coyote provocado por la empresa minera Cuzcatlán. Querían la reparación integral del daño a los pobladores por los impactos negativos al medio ambiente. Además, la creación de una comisión independiente con la participación de las comunidades afectadas para una auditoría ambiental, social y de derechos humanos al proyecto minero “San José”.
Finalmente, pidieron replantar el modelo económico por uno basado en el fortalecimiento de los pueblos originarios donde han manifestado su profundo rechazo al extractivismo y proyectos mineros que afectan a las comunidades indígenas y violentan sus derechos humanos.
Andres Manuel López Obrador declaró que se respetarán las concesiones mineras que ya existen pero no se entregarán más.
En su respuesta, López Obrador explicó que no van a revocan la concesiones mineras. Pero pidió a las empresas mineras, especialmente las canadienses, que “actúen igual que como están obligados a hacerlo en Canadá, lo mismo, igual; es decir, que le paguen bien el minero, que paguen la misma cantidad de impuestos que pagan allá y, sobre todo, que no contaminen.” Tambien dijo que se va a revisar qué pasa con la explotación del oro y la plata, hay muchas propuestas en ese sentido, pero no tienen nada en particular.
Cuando le piden al presidente para cancelar las concesiones mineras, las comunidades le recordaron que en el 1 de diciembre de 2018 Lopez Obrador públicamente dijo: “Vamos a darle atención especial a los Pueblos Indígenas de México, es una ignominia que nuestros pueblos mexicanos vivan bajo la opresión y la pobreza a cuestas.”
En este momento, las concesiones mineras abarcan 40 o 50 millones de hectáreas, es decir, 30 por ciento del territorio nacional.
SANTIAGO IXTAYUTLA, Oax. (apro).- Pueblos chatinos, mixtecos, mestizos y afromexicanos advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no van aceptar ninguna consulta sobre la presa hidroeléctrica Paso de la Reyna que se pretende construir en el río Verde o Atoyac.
El vocero del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), Eloy Cruz Gregorio dijo que en breve solicitarán “una audiencia con el presidente López Obrador para saber cuál es su postura sobre la presa Paso de la Reyna ahora que está sentado en la presidencia”.
“Ya que cuando López Obrador anduvo en campaña siempre dijo que iba a respetar la voluntad de los pueblos y que iba a respetar sus derechos y no los iba a violentar, entonces, como COPUDEVER exigimos nos otorgue audiencia para saber su postura hoy en día”.
Y respecto “a la consulta no vamos aceptar ninguna consulta porque las consultas son viciadas por parte de ellos” como las que han realizado recientemente para temas importantes como el tren Maya o el caso de Huesca, Morelos.
Al insistirle sobre si el gobierno decidiera llevar a consulta el caso de la hidroeléctrica Paso de la Reyna, Cruz Gregorio dijo “podríamos aceptar una consulta con las condiciones y reglas que pusiéramos nosotros como pueblos mixtecos, chatinos, mestizos y afromexicanos”.
El Juzgado Primero de Distrito otorgó un amparo a los habitantes del Ejido Paso de la Reyna contra el decreto firmado el 6 de junio de 2018 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que suprime las vedas de agua y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales. Pese al fallo favorable, Paso de la Reyna presentó un recurso de revisión este 12 de marzo, pues busca “la nulidad y suspensión definitiva del levantamiento de decreto de veda”. Con el recurso de revisión presentado por la autoridad agraria del Ejido Paso de la Reyna, se busca que el caso sea remitido al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa”.
Este amparo fue dado a conocer en el marco del Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, que se celebra cada 14 de marzo en todo el mundo. El fallo también fue celebrado por las comunidades que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), que resisten al proyecto de Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina. Cabe recordar que el decreto de Peña Nieto 300 cuencas del país significa que el agua sea concesionado hasta por 50 años a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos, ya que gran parte de esas cuencas coinciden con los sitios donde se prevén esas actividades.
Hace siete años, el 15 de marzo de 2012, recibimos con indignación la noticia del artero asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, agrónomo, defensor comunitario y opositor al proyecto minero “San José” en los Valles Centrales de Oaxaca.
Bernardo Vásquez iba acompañado de su hermano Álvaro Andrés Vásquez y Rosalinda Dionicio Sánchez, cuando fueron emboscados en su vehículo. Bernardo había recibido amenazas por parte del H. Ayuntamiento de San José y la empresa minera Fortuna Silver Mines, quien opera a través de su filial Cuzcatlán S.A. de C.V. las amenazas fueron denunciadas públicamente y ante las autoridades competentes, sin embargo fueron ignoradas por las autoridades federales y estatales.
Hoy, siete años después de estos lamentables hechos, la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) nuevamente enfrenta un clima de hostigamiento y amenazas en la comunidad, a partir del anuncio del Presidente Municipal de “recuperar” el palacio municipal de San José del Progreso. La COPUVO ha manifestado en diferentes comunicados y en mesas de trabajo con el gobierno estatal su preocupación en torno a este clima de violencia, nuevamente se ha enfrentado a la omisión de dichas autoridades en torno a la exigencia de justicia, reparación del daño y paz en la comunidad.
100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la organización Greenpeace consideró que la política energética adoptada por el mandatario, contraviene de manera radical la lucha en contra del cambio climático y los compromisos del Acuerdo de París que él mismo ha ratificado. En un comunicado refirió que de acuerdo a una evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), las acciones que se estaban tomando desde el gobierno para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) están siendo borradas por completo para dar paso a energías altamente contaminantes. “Así, los cien días de mandato de López Obrador se cumplen en medio de una crisis climática insostenible que tiene a cientos de miles de jóvenes protestando alrededor del mundo debido a la inacción de los tomadores de decisiones; de una grave situación de contaminación atmosférica en el país que provoca la muerte prematura de al menos 17 mil personas cada año y de instituciones gubernamentales como el INECC advirtiendo que las estrategias climáticas no se están cumpliendo”, afirmó. Entre las acciones que colocan al país lejos del combate al cambio climático destaca “el plan nacional de refinación -que busca reconvertir el sistema de refinación, que hasta el momento está diseñado para procesar crudo ligero, a crudo pesado (el tipo de petróleo dominante en las reservas mexicanas) junto con la construcción de una refinería más en el municipio de Dos Bocas, Tabasco, con el objetivo de aumentar la producción de combustibles refinados a un millón 600 mil barriles diarios entre diésel y gasolina”.
Las comunidades del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) que resisten al proyecto de “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina”, celebrarán este 14 y 15 de marzo el Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, por medio de la espiritualidad que practican en la cuenca del Río Verde, en la Costa de Oaxaca. Cabe recordar que el COPUDEVER organiza de forma exitosa la resistencia comunitaria pacífica contra la ejecución del proyecto “Paso de la Reina” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este Consejo se conformó en 2007 y poco después se integró al Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). El Consejo está formado por 43 comunidades de pueblos mixtecos, chatinos, negros y mestizos. Estas comunidades denuncian las violaciones de sus derechos fundamentales, principalmente el derecho a decir “No a la presa”. El COPUDEVER reitera que “el agua no es una mercancía, el agua es la vida misma, es un bien común y colectivo», y por eso, el objetivo principal del COPUDEVER es la defensa y cuidado de sus territorios, de manera especial, el Río Verde. La cuenca del Río Verde o Atoyac es la segunda más extensa del estado de Oaxaca, ocupando 20% de la superficie estatal.
Comunidades, pueblos y organizaciones de Oaxaca asentadas en lo largo del Río Verde lograron amparos que frenan la construcción de la hidroeléctrica Paso de la Reyna y en contra de la privatización del agua.
El amparo demuestra que el levantamiento de las vedas (que realizó Peña Nieto en 2018) se hizo sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos. Lograr el amparo significa que el decreto no pueda entrar en vigencia hasta que se resuelva el tema de la consulta y que ninguna persona pueda acceder a esa concesión en esa parte del río, salvo la propia comunidad, explicó Ana María García, integrante de Educa Oaxaca.
Los amparos interpuestos por el Comisariado de Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, en defensa del Río Verde como zona de reserva, señala que, para la comunidad y poblaciones aledañas, el Río Verde es “la madre de nuestras aguas, es el ser que brinda vida a nuestros pueblos”.
El 14 de marzo se realizará una rueda de prensa, convocada por comunidades y organizaciones en el ejido Paso de la Reyna, para anunciar el resultado del amparo y las acciones que emprenderán una vez recibida la notificación formal.
El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), Servicios para la Educación Alternativa (Educa) y el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) convocaron a la conmemoración del Día Internacional Contra las Presas y en Defensa del Río Verde, los días 14 y 15 de marzo del 2019.
PASO DE LA REYNA, Jamiltepec, Oax. (apro).– El Juzgado Primero de Distrito otorgó un amparo a los habitantes del Ejido Paso de la Reyna contra el decreto firmado el 6 de junio de 2018 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que suprime las vedas de agua y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales.
Pese al fallo favorable, el pueblo indígena chatino presentó un recurso de revisión este 12 de marzo, pues busca “la nulidad y suspensión definitiva del levantamiento de decreto de veda” y no sólo el amparo 701/2018.
Argumentan que se violaron los derechos colectivos al territorio indígena, a la consulta, al agua, al medio ambiente y al uso preferente de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas; en su sentencia, el juez no se pronunció sobre los esos derechos.
En su resolución, el juez de Distrito afirmó que “se debió garantizar el derecho a la consulta y participación en todas las fases de planeación y desarrollo de dicho decreto, en la medida que se pueda afectar la posesión y uso de las aguas de la comunidad indígena del Ejido Paso de la Reyna, y probablemente al medio ambiente sano del territorio en que habitan, así como de otros derechos esenciales para su supervivencia”.
Con el recurso de revisión presentado por la autoridad agraria del Ejido Paso de la Reyna, se busca que el caso sea remitido al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa”.
Este amparo fue dado a conocer en el marco del Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, que se celebra cada 14 de marzo en todo el mundo.
Mantienen resistencia
El fallo también fue celebrado por las comunidades que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), que resisten al proyecto de Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina.
El Copudever organiza la resistencia pacífica contra la ejecución del proyecto Paso de la Reina, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dicho consejo se formó en 2007 con 43 comunidades de pueblos mixtecos, chatinos, negros y mestizos que también forman parte del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).
La producción de oro en México se estabilizará en 2019 luego de tres años de caídas. Para este año se proyectan 3,51 millones de onzas (Moz), según la media prevista y estimaciones de BNamericas para 20 empresas.
La cifra se compara con los 3,49Moz reportados por las firmas en 2018, lo que representa un descenso de 4% respecto de los 3,64Moz del ejercicio anterior. Las cifras de BNamericas muestran que la producción ha disminuido todos los años desde que alcanzó un máximo de 3,90Moz en 2015.
Proyecciones 2019
El ligero aumento previsto para este año se debe en gran parte a los mayores pronósticos para tres de los principales productores de oro de México.
Torex Gold anticipa 430.000oz, alrededor de 76.000oz más que el año pasado, al aumentar gradualmente la producción en la mina El Limón-Guajes.
Mientras tanto, Argonaut Gold prevé un aumento de 42.000oz en sus minas El Castillo y La Colorada a 207.500oz (las cifras son de oro equivalentes e incluyen pequeñas cantidades de plata).
La puesta en servicio de la planta de lixiviación de piritas por US$420mn en la mina Peñasquito el año pasado probablemente impulsará el volumen que explotará Goldcorp en 2019 en México. BNamericas estima 298.000oz de oro, en base a previsiones de la compañía sobre un aumento de las leyes, tasas de procesamiento y recuperaciones (Goldcorp no ha presentado una proyección 2019 por mina). El año pasado contabilizó 272.000oz.
Asimismo, Leagold Mining pevé un pequeño aumento en su mina Los Filos, a 210.000oz.
El pronóstico general para 2019 incluye un volumen sin mayor variación de las locales Minera Frisco e Industrias Peñoles (en función del punto medio anticipado para la filial de metales preciosos Fresnillo y suponiendo que las operaciones de Peñoles no registren variación). Minera Frisco no publica proyecciones de producción.
La Asamblea Emergente Nacional ante la Violencia de Estado y la Autodeterminación de los Pueblos declaró al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador como “persona no grata en Morelos por incumplir su palabra empeñada en 2014 y del mismo modo exigimos la destitución del Delegado en Morelos Hugo Erik Flores y la atracción del caso de Samir por la Fiscalía General de la República”.
Reunidos en Amilcingo, este fin de semana, los participantes convocaron a una movilización nacional “e internacional” en Chinameca el próximo 10 de abril, pues “no permitiremos que la muerte de nuestro caudillo del sur sea insultada con la presencia de quien busca impulsar los proyectos de muerte en tierra zapatista”.
Representantes de una centena de organizaciones indígenas, campesinas y populares, así como ejidatarios y comuneros que son afectados en diversas partes del país por los megaproyectos impulsados por el gobierno federal, convocaron a luchar contra la cancelación del Proyecto Integral Morelos (PIM) y “todos los megaproyectos de despojo que se están imponiendo por el gobierno” de Andrés Manuel López Obrador.
Además, se sumaron a la exigencia de justicia para Samir Flores Soberanes, uno de los líderes indígenas más visibles en contra del PIM que incluye la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto que atraviesa toda la zona volcánica del Popocatépetl, así como el acueducto que despojaría de agua a más de seis mil ejidatarios, sus familias y las que colaboran con ellos. Este líder fue asesinado el pasado 20 de febrero, unos días antes de llevarse a cabo la consulta convocada por el gobierno federal para decidir sobre el PIM.
Colombia y México son los dos países mayor número de líderes sociales a nivel mundial, de acuerdo con el último informe de la organización Front Line Defenders, en el que se detalla que de los 321 asesinatos de defensores de derechos humanos 2018, 75 por ciento se concentró en América Latina.
De los 241 asesinatos de líderes sociales cometidos la región, 174, es decir, 54 por ciento, se concentraron en Colombia y México, con 126 y 48 defensores víctimas de homicidio en 2018.
De acuerdo con la organización, los defensores de los pueblos indígenas, la tierra y el medio ambiente fueron las principales víctimas, pues 77 por ciento de los asesinados eran líderes que trabajaban en el campo, y agregó que los asesinatos son precedidos por campañas a nivel nacional que catalogan a los defensores como “anti-desarrollo”, “anti-estado”, “traidores”, “terroristas o “criminales”.
La organización explicó que los asesinatos en América Latina se registraron en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela. En la mayor parte de la región, los asesinatos de líderes sociales están vinculados con “el conflicto entre la explotación de los recursos naturales, incluida la captura de tierras indígenas o afrodescendientes de larga data con fines de lucro privada, y los esfuerzos de los defensores de los derechos a la tierra, el medio ambiente o los pueblos indígenas para proteger el medio ambiente y sus comunidades”.
Los pueblos integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rechazaron las políticas de despojo y las consultas “ciudadanas, populares, e incluso las que se organicen bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”, en ejercicio de sus derechos de autonomía y territoriales.
Como resultado de la Tercera Asamblea Nacional del CNI y el CIG, las organizaciones denunciaron en un comunicado que las consultas que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas organiza sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el Tren Maya y el Corredor Transístmico “son una simulación para su convalidación”.
Asimismo, acusaron que el gobierno federal, al realizar sus consultas, “busca la indiferencia y a ella se dirige para preguntarle si está o no de acuerdo en la destrucción a la que viste de ‘progreso’”, y denunciaron que el nuevo gobierno profundiza el neoliberalismo y la integración al imperialismo de Estados Unidos.
Con respecto del al asesinato de Samir Flores Soberanes –opositor al Proyecto Integral Morelos e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala–, consideraron que los ofrecimientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sentaron las bases de su asesinato: “a Samir lo mató el régimen neoliberal; no sabemos si el gobierno, si los empresarios, si sus cárteles delincuenciales, o, si los tres juntos”.
Sara Méndez, Carmen Santiago Alonso, María Isabel Jiménez López y Guadalupe Ramírez son cuatro mujeres defensoras de los derechos humanos y de la tierra y territorio en Oaxaca, no son sumisas y tampoco tienen miedo pero sí les preocupa el alto grado de violencia, vulnerabilidad y criminalización que actualmente viven por resistir contra megaproyectos y un gobierno que maneja un discurso que busca desprestigiar la defensa social.
Según el informe “Bajo ataque, los derechos humanos en Oaxaca”, dado a conocer el año pasado por organizaciones sociales y que fue elaborado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) ante la ONU, el estado de Oaxaca se encuentra entre los tres primeros lugares del país en ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y en primer lugar en el caso de mujeres defensoras.
Las defensoras oaxaqueñas aseguran que en ningún momento son un peligro para la paz social, pues cada una desde sus espacios ha contribuido por años en la vida social, en el caso de Sara Méndez, es coordinadora de la organización civil Código DH y defensora de los derechos humanos, su labor es brindar acompañamiento a grupos y personas que defienden la tierra y el territorio y también los que viven tortura.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG) calificaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como la “continuidad” de los gobiernos neolibeales, desde Miguel de la Madrid, quien empezó la verdadera “Cuarta Transformación”.
Es más, subrayaron, el actual gobierno “profundiza el neoliberalismo” y la Cuarta Transformación” sigue el mismo camino de sus tres predecesoras, “aunque con más brutalidad y cinismo si posible fuera”.
Acusaron que, con sus “consultas simuladas”, el nuevo gobierno sólo pretende imponer los megaprpoyectos en todo el país y le apuesta al exterminio de todos los pueblos originarios.
Desde la Tercera Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, donde participan los pueblos ayuuk, binizza, chinanteco, chol, chontal, guarijío, maya, mayo, mazahua, mazateco, mixteco, nahua, nayeri, otomí, popoluca, purépecha, raramuri, tepehuano, tlapaneco, tojolabal, totonaco, tzeltal, tsotsil, wixárika, yaqui, zoque y quichua (Ecuador), los indígenas rebeldes lamentaron y condenaron la muerte de Samir Flores en Morelos quien luchó hasta el último momento de su vida contra la termoeléctrica de Huexca.
Acusaron que el gobierno del tabasqueño ofrece a los empresarios poner a su disposición la tierra con la supuesta nueva Ley de Desarrollo Agrario, para terminar de desmantelar la propiedad y organización colectivas, llamando “desarrollo” al “robo descarado y a la destrucción”, amenazando militarmente a los pueblos con su Guardia Nacional y reconfigurando el país.
Lo que arriba llaman “transformaciones”, abundaron, para los pueblos originarios siempre ha significado que ellos ponen los muertos “en función de los intereses de las oligarquías y de los que tienen el poder, que son cada vez más poquitos y grandes, que no dejan de vivir de la opresión, explotación, y destrucción por los mismos de siempre”.
Después de casi 20 años de disputas, un grupo de aldeanos nahuas podría hacer historia este mes en México cuando un tribunal falle en una disputa por tierras en la que está involucrada una minera canadiense.
Un abogado de los pobladores de Tecoltemi, en el estado de Puebla, en el centro de México, dijo que era la primera vez que un tribunal decidía si la legislación minera del país, que da prioridad a las actividades mineras sobre otros usos de la tierra, era constitucional.
Los casos anteriores solo habían reconocido el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, dijo Itzel Silva, del Fundar Centro de Análisis e Investigación, una organización sin fines de lucro en México.
Durante un siglo, México ha otorgado a los indígenas títulos legales sobre tierras ancestrales, pero muchas veces han visto cómo se les ha otorgado derechos a esas tierras a empresas mineras después de que el gobierno le dio prioridad a la minería en la década de 1990, dijeron los abogados.
El caso, que se escuchará en un tribunal federal de Puebla, se refiere a dos concesiones otorgadas a Minera Gorrion, una subsidiaria local de la canadiense Almaden Minerals, que ha provocado divisiones entre los aldeanos al tiempo que enfrenta a algunos contra la compañía.
La demanda se presentó contra el Ministerio de Economía, que es responsable de la minería, en nombre de algunos aldeanos, quienes dicen que la actividad de exploración en los depósitos de oro y plata ha contaminado las fuentes de agua locales.
“El despegue del sector va”, garantizó Francisco Quiroga, Subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, en el marco del Mexico Mining Forum, ante empresarios de la industria minera con presencia en el país.
Durante la conferencia magistral “La minería en México, motor del desarrollo económico del país. Ejes de política pública 2018-2024”, el Subsecretario Quiroga afirmó que la verdadera certeza de las inversiones proviene del blindaje social, resultado de la inclusión y la cooperación entre los actores.“Un sector minero que trabaja de manera armónica contribuye a la pacificación y la reconciliación de México”, dijo, por lo que el gobierno Federal plantea una política industrial activa que integre la perspectiva de actor en un horizonte de largo plazo: innovación, diversificación e inclusión.
Para ello, enumeró tres ejes fundamentales: Uno, la manera de llevar a cabo la actividad, esto es, mediante nuevos modelos de minería basados en mejores prácticas de inclusión y sostenibilidad; Dos, la competitividad del sector, a través de la atención de los principales factores de costo e incertidumbre; y Tres, el rol de la autoridad como cabeza de sector, con una política activa para revertir la tendencia actual.
En cuanto a la manera como se lleva a cabo la actividad minera, fue enfático al señalar tres puntos no negociables: la vida humana, la inexistencia de los desastres “naturales” y la comunicación directa, franca y verídica.
Aunque la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) no ha presentado algún informe, un estudio preliminar elaborado por una organización civil confirma que el derrame de la presa de jales de la mina La Trinidad, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, contaminó las aguas del río El Coyote, que se esparcieron a un retén y a La Ciénega, donde se encuentra el principal pozo de esta comunidad zapoteca de los Valles Centrales.
Por esta razón, la autoridad municipal aún mantiene la prohibición de usar el pozo decidida desde octubre del año pasado, cuando se registró la dispersión de contamianntes procedentes de San José del Progreso, donde se encuentra el yacimiento de oro y plata en explotación; desde entonces se decidió que la población no consuma el agua entubada, hasta en tanto la Profepa no presente un informe y se determine el tipo de sustancias derramadas por la presa de jales.
De acuerdo con el estudio de la organización civil en el análisis aplicado al río, en el retén y el pozo se encontró aluminio, fierro y manganeso en altos niveles y en menor proporción de bario, sodio y plomo, así como escasa de arsénico, cadmio, cromo, cobre mercurio y zinc.
“A nosotros, nos preocupan estos resultados, porque evidencia la contaminación que no ha querido reconocer la Profepa”, afirmó el síndico municipal Efrén Sánchez Aquino.
Aunque de por sí, la autoridad municipal y la población desconfían en la Profepa, porque acudió tardíamente a recoger muestras de la contaminación, a pesar de la evidente corriente de agua color blanco y las manchas dejadas en la tierra y en la hierba.
Comunidades indígenas interpusieron una decena de amparos ante jueces estatales de Morelos, Tlaxcala y Puebla contra la construcción y operación de las dos termoeléctricas, el gasoducto y el acueducto que integran el Proyecto Integral Morelos (PIM), señaló Juan Carlos Flores Solís, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA).
Flores Solís explicó que la comunidad de Huexca, donde se encuentra una de las termoeléctricas del PIM, consiguió la suspensión definitiva luego de que presentó un amparo para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se abstenga de descargar aguas contaminadas en el río Cuautla, así como una suspensión provisional contra el ramal del gasoducto que iría de la termoeléctrica del lugar a empresas con sedes en Cuautla y Cuernavaca.
“Hemos visto durante todo este tiempo que está la mano del gobierno sobre los juzgados, eso provoca que se retrase la justicia, pero al final van cayendo las sentencias, tarde o temprano, en favor del pueblo”, indicó Flores.
Pobladores de Anenecuilco también lograron la suspensión definitiva a través de un amparo para evitar que la CFE llevara el agua de riego de la comunidad a la termoeléctrica de Huexca, mientras que los habitantes de Atlixco, en Puebla, ganaron un amparo para que se consulte a los pueblos y se revoque la licencia de construcción del gasoducto.
Ante las manifestaciones que se han desatado por la muerte de Samir Flores Soberanes, líder natural del estado de Morelos, los integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), han informado que en la Mixteca están en riesgo más de 60 mil hectáreas, las cuales puede ser explotadas por empresas extranjeras en esta demarcación.
Misael Velásquez Tadeo, líder de MAIZ en Huajuapan, dijo que la zona que más peligra es la de San Miguel Amatitlán, San Jerónimo Silacayoapilla y Ayuquililla, en donde empresas de origen canadiense han mostrado su interés para extraer oro, zinc y cobre.
“Esto viene muy fuerte, no hay ningún cambio respecto a esta decisión, se van a seguir impulsando este tipo de acciones, incluso existe un proyecto eléctrico que pasaba por el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y Morelos, la súper vía área, la cual atravesaba comunidades de la Mixteca; tenemos entendido que hasta este momento está suspendida temporalmente”, recalcó.
Manifestó que gracias a las protestas que han mantenido los militantes de MAIZ en el Istmo de Tehuantepec, este proyecto fue suspendido; sin embargo, este puede ser reactivado en cualquier momento y se puede afectar a las comunidades indígenas, por lo que siguen en la lucha para saber qué va pasar con esta acción.
Dos académicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y de la Montfort University hicieron un mapeo de los conflictossociambientales en México generados a partir de proyectos mineros y energéticosdurante los últimos doce años. Lograron detectar más de 879 conflictos distribuidos en casi todo el país.
Gisela Zaremberg (de Flacso) y Valeria Guarneros-Meza (de la inglesa Montfort University) revisaron un total de 964 notas periodísticas para crear cuatro diferentes mapas: de los conflictos por proyectos mineros; por proyectos eólicos; por campos petroleros; y por gasoductos.
CONFLICTOS POR PROYECTOS MINEROS
Las académicas hallaron un total de 879 conflictos: 374 por minería; 188 por hidroeléctricas; 127 por campos petroleros; 116 por eólicas; y 74 por gasoductos.
Los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán.
El documento detalla que en los conflictos derivados por proyectos de minerías, las empresas más involucradas son: Grupo México (con 30 casos registrados); Ternium (con 25); Goldcorp Inc (con 22); Grupo Frisco (con 18); Almaden Minerals Ltd (con 17); Minera Autlán (con 13); First Majestic Silver Corp (con 12); y Escellon Resources Inc (con 10).
Las académicas hallaron también que en 28 conflictos por minería, que involucraron a 14 proyectos diferentes, estuvo involucrado el crimen organizado. Los casos se registraron en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Sonora y Chihuahua.
Para revisar los conflictos por este tipo de proyectos, las académicas revisaron 463 notas periodísticas sobre el tema. Y de los 374 reportes de conflictos hallados, se involucra a un total de 134 proyectos.