Junto con el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios y las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán, se realizó la conferencia de prensa en Santo Domingo. Durante la conferencia se dio lectura al boletín, colocando la posición del Frente sobre la solicitud de negar la MIA de la empresa Cuzcatlán presentada en la SEMARNAT así como la contaminación del reten de agua en la comunidad de Magdalena. La conferencia y la información presentada tuvo una importante cobertura en los medios estatales y nacionales.
El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, denunciamos que los impactos ambientales producidos por la explotación minera de FSM-Cuzcatlán se han profundizado en los Valles Centrales, poniendo en riesgo el agua y la vida de comunidades de Valles Centrales. Estos impactos se han focalizado principalmente en Magdalena Ocotlán, quienes por segunda ocasión atestiguan la contaminación de sus cuerpos de agua: el 14 de julio de 2020, las autoridades municipales de dicha comunidad constataron que un pozo de captación de agua pluvial, construido para recargar los mantos acuíferos presentó una coloración rojiza, este pozo se encuentra aproximadamente a 300 metros de la planta de beneficio del proyecto minero. Lo mismo sucedió en octubre de 2018, cuando se derramó la presa de jales contaminando el arroyo El Coyote, hecho que continua en la impunidad en la región.
Las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán han hecho una denuncia popular ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROFEPA) y exigen a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), intervengan para que realicen una investigación apegada a derecho, transparenten los resultados de los estudios que se han realizado con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública y reparación del daño de comunidades afectadas por la explotación minera.
En este contexto de contaminación, la compañía minera Cuzcatlán, empresa filial de Fortuna Silver Mines presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un nuevo permiso ambiental para la continuidad de la extracción de minerales en los Valles Centrales de Oaxaca. El documento denominado Manifestación de Impacto Ambiental-Modalidad Regional “San José II” fue presentado el pasado 07 de julio de 2020.
Los autoridades municipales y agrarias de las comunidades de San Dionisio Ocotepec, San Nicolas Yaxe, Santa Catarina Minas, Monte del Toro, San Martin de los Cansecos, El Vergel y Los Ocotes, y Magdalena Ocotlan firmaron una solicitud a la SEMANART niegue el permiso ambiental de la empresa Cuzcatlán. En todas las comunidades manifestaron su preocupación en torno a la intención de la empresa por obtener el permiso ambiental y reafirmaron su compromiso de defender el territorio regional en los valles centrales.
En una reunión organizada el pasado 30 de junio, las autoridades municipales y agrarias de 14 comunidades pertenecientes a los municipios de Santa María Petapa, Matías Romero, San Juan Guichicovi y Barrio de la Soledad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, así como representantes de grupos de mujeres, comités de salud y, directivos del movimiento ferrocarrilero Demetrio Vallejo Vive crearon un frente contra el corredor transístmico y en defensa de los derechos de los pueblos, de las mujeres y de los trabajadores de la región.
En un comunicado publicado por la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Oaxaca (UCIZONI), explicaron que dicho frente nace como una necesidad ante la violación a los derechos de la población del Istmo de Tehuantepec por las obras del megaproyecto, en particular, las relacionadas con la construcción del tren destinado a conectar los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz en Oaxaca.
El Tren Transítsmico
De acuerdo con el documento publicado por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados intitulado “El proyecto del tren transístmico”, contempla la renovación de una antigua ruta ferroviaria y su prolongación, con la puesta en marcha de un tren eléctrico de doble vía de 300 kilómetros, equipado con tecnología de punta de última generación, capaz de transportar 300 mil toneladas al día, además de pasajeros.
Este medio de transporte tendría las características de un Tren de Alta Velocidad (TAV), apto para circular a una velocidad de más de 250 km por hora, acercándose a veces a los 350 km por hora, lo que lo sitúa “en el entorno de las velocidades de rotación de los grandes aviones comerciales”.
Cabe señalar que para poder funcionar, el trazado de las vías del tren “debe ser tan recto como sea posible, evitando al máximo las curvas y pendientes. Radios de menos de 5 kilómetros son considerados muy ajustados en términos de alta velocidad”, según el documento del proyecto.
La meta del proyecto “Tren Transístmico” es posicionarse a nivel internacional para acelerar los flujos intercontinentales de comercio mundial, compitiendo con el Canal de Panamá. Así, como lo señala el documento del CESOP, el Tren Transístimico deberá “unir los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz en tan sólo 3 horas, a efecto de que las empresas navieras tengan ahorros de tiempo y dinero, mientras que en el canal de Panamá tardan en cruzar más de 8 horas, con un tiempo de espera de hasta 15 días”.
La ruta total del tren atraviesa 79 municipios de Veracruz y Oaxaca, incluyendo numerosas comunidades indígenas, así como una variedad de ecosistemas.
El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) “representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”, afirma la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). La red recuerda que el marco normativo y la política minera “que asolan desde hace más de dos décadas y media el territorio nacional”, con más de 2 mil proyectos de devastación y muerte -entre proyectos vigentes y cerrados-, reciben su actual configuración desde 1992, a partir de la promulgación de la Ley Minera aún vigente. La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el TLCAN y, que ahora, en el T-MEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero. “Con ello nuevamente se subordinan las normas y política ambientales de México a los intereses de las grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses. Por otro lado, buscan desahogar con celeridad procesos derivados de conflictos que generen una inconveniencia para quien ha invertido financiamiento en territorio mexicano. Poco importa que la materia en disputa puede ser la propia defensa del derecho fundamental a vivir, existir y tomar decisiones sobre el territorio propio”, sentencia la REMA.
Las empresas que exploran litio en México “comparten” el interés del Gobierno federal de maximizar el valor agregado para fabricar baterías, por lo que respetarán sus concesiones, dijo el Subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente había propuesto nacionalizar ese oro blanco como, en esencia, ocurría en Bolivia antes del Golpe de Estado. El oro blanco es clave para la electromovilidad, y para el capitalismo buscando al futuro, una esperanza después del petróleo. El Gobierno mexicano explora desde 2015 yacimientos de litio en Sonora, Jalisco y Puebla a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM). Pero también empresas de Canadá, Reino Unido, España y Australia exploran por su cuenta litio-potasio y carbonato de litio en Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Baja California, reporta la Dirección General de Desarrollo Minero de la Subsecretaría de Minería.
De los 31 proyectos registrados, la canadiense OrganiMax Nutrient Corp tiene 15 por concesiones de salares de potasio y litio que comprenden más de 424 mil hectáreas en Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila, expone en su página. En el conversatorio “Minería y energía: reflexiones geopolíticas de una relación tóxica”, Kirsten Francescone de Mining Watch, Canadá, afirmó que en México hay 6,223 km² de concesiones mineras de litio. Muchos proyectos especulan, pero los que sí tienen potencial son Bacanora (UK) en Sonora, las canadienses Organimax en Zacatecas y One World Lithum en Baja California.
“Tienen que sacrificarse para salvar al mundo del cambio climático” es algo que dicen las mineras a las comunidades, que el litio es un material necesario, criticó Francescone. Por su parte, Florencia Puente, “Minería y energía”, reitero que “el litio no es una minería diferente a la del oro, está basada en agua, sus impactos rompen el equilibrio hídrico y desaparece la vida. La estrategia de las empresas es cooptación y división de comunidades”. Esto no mejora nacionalizando, lo que se necesita es cambiar el modelo extractivo, era el consenso de las participantes en el conversatorio, el último del ciclo Soberanía energética para los pueblos, organizado por la Rosa Luxemburg Stiftung México.