Integrantes del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, denunciaron el abandono de las dependencias gubernamentales que tienen la obligación de acompañarlos en las etapas que conforman la Consulta indígena que se promueve en los Valles Centrales.
En presencia de organizaciones sociales y civiles, así como de las autoridades municipales de los 16 municipios que participan en este proceso de consulta, fueron testigos de la presentación de un informe de la etapa consultiva que presentó el Colectivo.
Los representantes de las comunidades informaron que se invitaron a funcionarios de las dependencias que han vigilado esta actividad, como la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa), Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretarían de Asuntos Indíegenas (SAI) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El informe contiene el proceso de consulta indígena y consentimiento previo, libre e informado sobre la modificación del decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como valle de Oaxaca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1967.
Sin embargo, aunque recibieron invitación en tiempo y forma no se presentaron los representantes de estas dependencias, por lo que consideraron que esto corrobora el patrón de violación a derechos por parte de las instituciones del gobierno federal y estatal que ha sido permanente durante todo el proceso de consulta indígena.
Se informó que en la etapa consultiva que inició en febrero del 2017, como observadores se han constituido en al menos 10 actividades (asambleas, mesas de trabajo y reuniones), sin embargo, los representantes de estas dependencias han mostrado en su participación, irregularidades en su asistencia y cambios en el personal que han dificultado los compromisos, y en general, el desarrollo de las actividades y compromisos previstos.
Exigieron a los responsables de estas dependencias, subsanar las violaciones a los derechos de las comunidades consultadas, identificadas desde la etapa informativa a la etapa consultiva, reiterando que no hacerlo ´pondría en riesgo todo el proceso de Consulta Indígena:
Como invitado, acudió Adelfo Regino Montes, propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador como titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien recibió el informe.
«Vamos a trabajar por el respeto al derecho a las tierras, territorios y recursos naturales de nuestros pueblos», apuntó Regino Montes, tras reunirse con las asociaciones civiles que por años han luchado por defender sus recursos naturales.
En la sierra mazateca, donde hace 124 años nació la sacerdotisa María Sabina, 86 mil hectáreas se encuentran en la indefinición, a merced de los notarios públicos, porque nunca se promovieron acciones agrarias, de manera que las tierras podrían ser enajenadas para que las transnacionales impongan megaproyectos.
Así lo destacó el Colegio Oaxaqueño de Abogados y Profesionistas en Materia Agraria, al resaltar que 11 de los 19 municipios de la región enfrentan esa problemática, toda vez que existe ocupación y posesiones, pero los habitantes no cuentan con la documentación idónea para respaldarse como ejido, bienes comunales o propiedad privada.
De acuerdo con los integrantes del colegio, en Oaxaca –donde 65.7% de la población (2 millones 607 mil 917 habitantes) se considera indígena– conviven 16 grupos originarios: mixteco, amuzgo, chinanteco, triqui, chocholteco, ixcateco, popoloca, náhuatl, cuicateco, mixe, zoque, huave, chontal, zapoteco, chatino y mazateco, pero este último es el más abandonado.
Los “Ha shuta enima”, que en lengua mazateca significa “los que trabajamos el monte, humildes, gente de costumbre”, fueron desplazados en 1950, cuando se construyó la presa “Miguel Alemán”, y actualmente se calcula que cuenta con una población de 164 mil 673 hablantes.
José Servién Bolaños, Anabel Díaz Cruz, Magdiel Hernández Caballero, Carlos Moreno Derbez y Heraclida Pérez Espino, integrantes del Colegio, destacaron que a los exgobernadores Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué Monteagudo, así como al actual mandatario estatal, Alejandro Murat Hinojosa, les pidieron atender el conflicto de manera profesional, para que haya un ordenamiento y certeza en la tenencia de la tierra, pero hasta ahora no han sido escuchados.
Y, mientras, la zona mazateca se encuentra en la indefinición total porque “no son ni ejidos, ni comunales, ni pequeñas propiedades; los campesinos no tienen nada en qué basarse para resolver su problema”.
Mencionaron que alguna vez el Colegio propuso un programa de ordenamiento de las 86 mil hectáreas, porque ni siquiera son bienes nacionales, más bien se trata de bienes abandonados, de manera que están a merced de los notarios o de cualquier institución que quiera regularizar, y lo harían de manera parcial porque no hay certeza jurídica de los poseedores.
“Llevamos tres intentos de propuesta, pero se necesita una reforma a la Constitución local para darle efectividad al asunto agrario, pero a los gobiernos de diferentes colores no les interesa y eso nos mantiene sumidos en un conflicto agrario”, subrayaron.
De acuerdo con la radiografía de la conflictividad agraria en Oaxaca, la entidad está dividida en 570 municipios y mil 500 núcleos agrarios, de los cuales 856 son ejidos y 754 bienes comunales, y persisten 350 conflictos agrarios.
Por otra parte, de las 9.3 millones de hectáreas que conforman el territorio de Oaxaca, solo 7% es propiedad privada y 10% está en la indefinición, porque nunca se promovieron acciones agrarias, principalmente en las regiones mazateca y mixteca.
Las masacres ocurridas en la entidad este año, con un saldo de por lo menos 31 muertos, “no son hechos aislados”, sino el resultado de una inexistente política pública del actual gobierno y la falta de atención y de respeto a los derechos humanos.
Así lo afirmó el Colegio Oaxaqueño de Abogados y Profesionistas en Materia Agraria al fijar un posicionamiento por el conflicto de tierras en la entidad, y criticó el argumento del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en el sentido de que las muertes derivadas de esa disputa son hechos aislados o no representan problema significativo para la gobernabilidad.
“Los antecedentes y rasgos del conflicto demuestran lo contrario”, subrayó.
Tampoco aceptó el argumento de que el conflicto agrario es materia federal, porque “la experiencia demuestra que ésta es una respuesta basada más en formalidades que en la disposición para realizar un trabajo preventivo. En la práctica esto ha conducido no a la solución, sino a la administración de los conflictos agrarios”.
El Colegio señaló lo anterior en respuesta a las declaraciones que hizo Murat Hinojosa el pasado 18 de julio, cuando calificó como un “hecho aislado” la masacre perpetrada dos días antes en el paraje Cerro de Cara. En esa ocasión, 13 comuneros de Santa María Ecatepec fueron emboscados y asesinados por sus vecinos de San Lucas Ixcotepec.
Al término de la ceremonia por el 146 aniversario luctuoso de Benito Juárez, el gobernador se lavó las manos y responsabilizó a otras instancias por no tomar cartas en lo referente a las disputas por territorio en la entidad:
“Desde la perspectiva legal y jurídica, quiero dejar en claro que son otras instancias las responsables (y) tanto la Procuraduría Agraria como el Tribunal Agrario deben sumar soluciones”.
El pronunciamiento firmado por el presidente del Colegio de Abogados, Carlos Moreno Derbez, y la secretaria Heraclida Pérez Espino, hace referencia a los 350 conflictos agrarios que persisten en la entidad, y destaca “la indignación por los acontecimientos suscitados en Santa María Ecatepec con San Lucas Ixcatepec, pero también con otros 10 más de reciente emergencia y que serán dados a conocer en su momento”.
De acuerdo con el Colegio, en los asuntos relacionados con el territorio y la propiedad de las comunidades agrarias es necesaria la atención permanente con sentido de justicia social y respeto a los derechos humanos colectivos.
De igual manera, reconoció el trabajo de los visitadores, conciliadores, abogados, líderes agrarios y los comisariados de núcleos agrarios, sin embargo, consideró que “los esfuerzos por lograr la conciliación basándose en el potencial demostrado en múltiples casos responden más a la voluntad de las partes que a la disponibilidad de las dependencias que deben intervenir en el problema”.
Además, reconoció la importancia del registro documental o la existencia de minutas, trabajos técnicos informativos de carácter topográfico y otros documentos sobre el ejercicio conciliatorio, sin embargo, negó que sea la cantidad de esos documentos el indicador de que un conflicto está en vías de solución.
El Colegio de Abogados y Profesionistas en Materia Agraria se pronunció por la creación de una instancia única de atención a través de una Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Agrario, modificando el artículo 91 de la Constitución Política del estado de Oaxaca, iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados desde hace 10 años.
El trato del conflicto agrario y territorial en el contexto de la presencia de los pueblos indígenas debe trabajarse colegiadamente mediante un consejo agrario, recalcaron.
Aunque el Colegio ha propuesto una serie de modificaciones constitucionales y reglamentarias de la administración pública estatal, éstas no han sido valoradas por el Poder Legislativo local por falta de voluntad política.
El pasado viernes 3 de agosto, como parte de su política de puertas abiertas para que las organizaciones sociales, grupos organizados, escuelas y comunidades conozcan la operación de Minera Cuzcatlán, el Grupo de Mujeres Empresarias y Constructoras del Estado de Oaxaca OMEC, realizaron un recorrido por las principales áreas operativas de la empresa.
Durante el recorrido, las mujeres emprendedoras conocieron de manera directa lo adecuado en las condiciones de seguridad, tecnología, trato a los trabajadores y principalmente el uso responsable de los programas ambientales en la unidad minera San José.
Al bajar y conocer el interior de la mina, son ellas las que han referido que Minera Cuzcatlán no obtiene de corrientes o yacimientos subterráneos el agua para las operaciones en la mina.
Como parte del testimonio Lucía Hernández Pérez de la Comunidad de Tamazulapam del Espíritu Santo, de la Región Mixe, comentó que este tipo de visita ayuda a promover un cambio paradigma de lo que se piensa sobre la minería en el estado, además de resaltar la labor social que la empresa realiza en la comunidad mediante programas educativos y de participación de las mujeres en los proyectos productivos que proveen productos y servicios la mina.
Mediante la visita a la planta de procesos, se aclararon dudas respecto al uso de sustancias nocivas para la separación del mineral, además de comprender que durante el proceso industrial se usa un circuito cerrado en el uso de agua lo que evita se desperdicie.
Isaura Janeth Granado Ordoñez presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Constructoras del Estado de Oaxaca, señaló en entrevista la importancia de que en el estado de Oaxaca existan inversiones que generen derrama económica, haya inclusión para los jóvenes y principalmente para las mujeres, que es el fin que buscan como organización.
La vista finalizó en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ocotlán de Morelos, en donde comprendieron el papel que la empresa ha jugado para rehabilitar esta planta y obtener el agua para sus operaciones sin afectar a las comunidades, compartiendo el agua tratada con el municipio y resolviendo problemas de salud y contaminación en Ocotlán y los pueblos vecinos.
El reciente fallo que la Corte Suprema de California emitió contra Monsanto podría bien resumir 17 años de lucha de las comunidades oaxaqueñas de la Sierra Juárez.
Y es que los campesinos se rebelaron desde 2001 contra el uso de transgénicos de esta empresa en la entidad, condenando el daño a la tierra y a la salud humana provocado por los productos de Monsanto.
Ni las autoridades gubernamentales ni federales les respaldaron en su lucha y, por el contrario, permitieron la entrada silenciosa de los transgénicos.
Sin embargo, los jueces del Estado de California, partiendo de una proceso legal que un ciudadano americano inició contra Monsanto, dio la razón a los campesinos oaxaqueños y asentó que los productos de esta empresa, en efecto, son dañinos.
Lucha y silencio
El Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) refiere que en los últimos 30 años, México se ha invadido de productos transgénicos.
En 2004, se creía que Agroproductos Monsanto, empresa que ahora forma parte de Bayer, expandía su producto sólo en 24 estados del país, que era donde tenían autorización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Sin embargo, desde 2001, un grupo de científicos oaxaqueños e investigadores de la Universidad de Berkeley descubrieron semillas de maíz transgénico en Ixtlán; Guelatao; Santa María Jaltianguis y Capulálpam.
Desde ese entonces, los campesinos y habitantes se pronunciaron en contra de Monsanto, pero las autoridades hicieron caso omiso.
En 2013, 53 científicos y 22 organizaciones interpusieron una demanda colectiva contra la Sagarpa y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y exigieron detener los permisos para siembra de maíz transgénico.
El efecto dañino a la salud humana, su inocuidad; sus efectos en el medio ambiente, en el desarrollo evolutivo y la infertilidad de la tierra fueron algunas de las razones.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene «suspendida» la siembra y comercialización de los productos de Monsanto; en la bolsa de trabajo Bumeran se puede ver que esta empresa sigue firme en Oaxaca, pues desde hace 41 días busca un Supervisor de Transformación Agrícola para laborar en la entidad.
SAN PABLO GÜILÁ, Santiago Matatlán, Oax.- Por acuerdo de las asambleas general y ejidal, esta comunidad indígena zapoteca dio un no a la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, que pretende explotar una mina de oro en su territorio, ante la contaminación que causará al medio ambiente, especialmente en la tierra y en el agua, por dedicarse casi por completo a la agricultura.
Aunque también está en desacuerdo porque la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal asignó la concesión denominada Reducción Tlacolula 2 en el 2009, sin su consentimiento previo.
Inicialmente, la SE otorgó la concesión a la empresa Geometales del Norte S. A. de C. V. (Geonorte), después de que la Dirección General de Minas, declarara la libertad del terreno abandonado por lotes mineros.
Sin embargo, Fortuna Silver Mines se apropió posteriormente de su titularidad, por ser junto con Minerales de Oaxaca S.A. de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., una de sus empresas filiales.
Esta autorización, registrada con el número 233392, abarca 12 mil 642 hectáreas de tierras pertenecientes no solamente a San Pablo Güilá y sus núcleos agrarios Rancho El Colorado, Tierra Blanca, Rancho Blanco y San Felipe, sino también a las comunidades indígenas zapotecas vecinas, San Baltazar Chichicapan, San Dionisio Ocotepec y San Nicolás Yaxe, entre otras.
De esta manera, la compañía canadiense empezó en el 2013 los trabajos de exploración en el paraje Lom Ru Min (Boca de la Mina), para constatar la existencia de yacimientos de oro.
El descubrimiento
Ante el hallazgo, los habitantes se preocuparon porque no tenían conocimiento de la presencia de la minera, ni habían otorgado su permiso para que hicieron trabajos en sus tierras.
“En ese año, hubo dos asambleas del Comisariado Ejidal, donde se discutió esta situación y se determinó que no se aceptaría la mina”, contó Carlos López Gómez, presidente de la mesa directiva de la primera sección, una autoridad tradicional que auxilia a la autoridad municipal constitucional.
Sin embargo, no todo quedó ahí, porque también fue destituido el secretario del Comisariado Ejidal, Juan José Santiago Pérez, por tener supuesta relación con la empresa.
“Eso fue lo que se dijo, pero no fue cierto. El secretario, que es mi hermano, tenía información de la mina por el cargo, pero no estaba convenciendo a que se aceptara o algo así”, señaló.
Después de esto, Fortuna Silver Mines dejó de intentar ingresar a esta comunidad zapoteca hasta principios de este año, a través del cabildeo del entonces secretario de Asuntos Indígenas de la administración estatal, Francisco Montero López.
“Fuimos la autoridad municipal y las mesas directivas a una reunión, el 26 de abril, a la Ciudad Administrativa. Ahí nos pretendió convencer que habláramos con el representante de la minera canadiense Javier Castañeda y su abogado, Antonio Martínez, porque tenían interés en la extracción de oro”, apuntó.
Obra pública, negocio privado
Para convencer, el funcionario ofreció que Fortuna Silver Mines, a cambio de la autorización para la explotación minera, apoyaría a San Pablo Güila con la pavimentación de calles y el mejoramiento de las escuelas, así como de la introducción de la energía eléctrica y el drenaje.
“Eso fue lo que propuso, a pesar de ser una institución que está para defender los derechos de los pueblos indígenas. Pero, no se aceptó y mejor le pedimos que se vieran otras opciones de apoyo, especialmente la producción del campo”, añadió.
Sin embargo, en la comunidad se generó una gran desinformación y surgieron rumores sobre que la autoridad municipal había otorgado la autorización a la compañía canadiense. Y fue así, que el agente municipal, Víctor Hernández Gómez fue destituido en asamblea general, el 17 de junio pasado, y reemplazado por el actual, Inocente Antonio Melchor.
“Se mal interpretaron las cosas, no fue así, no hubo ningún permiso a la minera, por el contrario, fue un no rotundo, por todas las consecuencias que puede originar en el medio ambiente”, indicó.
Aunque, la empresa minera no ha dejado de presionar a la comunidad, porque casi todas las noches sobrevuelan drones (vehículos aéreos no tripulados), para aparentemente hacer estudios de prospección.
“Muchos ciudadanos los han visto volando a gran altura en el territorio, pensamos que era algo aislado, pero no, vuelan seguido a la media noche. Pero la decisión del pueblo ya está tomada, es un no rotundo”, refirió.
Tomate, el oro rojo
SAN PABLO GÜILÁ, Santiago Matatlán, Oax.- “Desafortunadamente ciertas personas, algunos ciudadanos, entendieron mal la información, sobre nuestro rechazo a la propuesta de la mina que hizo el secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Montero, y así me destituyeron.
Fueron comentarios sin sustento, que yo estaba detrás de la mina, que había vendido concesiones, cuando todo fue al revés. De esa reunión hay documentos donde se dio un no a la mina, porque contaminará el agua y a la producción de tomate que tenemos y que incluso ha detenido la migración a los Estados Unidos.
Dependemos del agua y en ocasiones es escasa cuando no llueve. El funcionario nos dijo que íbamos a tener oro, pero le respondí que ya teníamos oro rojo con el tomate”: Víctor Hernández Gómez, ex agente municipal.
El conflicto entre pescadores de la agencia Pueblo Viejo de San Francisco del Mar y el intento de imposición de un megaproyecto eólico en esa comunidad del Istmo ha dejado como saldo quema de viviendas, bloqueos y cortes de energía eléctrica. Este martes en la madrugada finalizaron las negociaciones entre habitantes de Pueblo Nuevo y autoridades de la Secretaría General de Gobierno (Segego), sin embargo no mostraron tener resultados. El pasado miércoles, un grupo de habitantes y autoridades de Pueblo Nuevo incendiaron las casas de un grupo de pescadores que se oponen a ceder el derecho de explotación de sus tierras. Como respuesta a la quema de sus viviendas, los pescadores bloquearon el camino que conduce a la agencia de Pueblo Viejo, y les cortaron el suministro de energía eléctrica.
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Después de manifestarse con una marcha hasta la casa de transición, los pueblos de Atenco presentaron los resultados de su propio dictamen, en el que se insiste en que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) no debe construirse.
“Estamos convencidos de que el proyecto debe cancelarse y podemos defender esa posición, con argumentos técnicos y científicos, frente a quien sea. Por eso, proponemos un proceso de diálogo públicoen que se puedan confrontar nuestros argumentos con los de aquellos que están de acuerdo con la continuación del NAIM”, pidió América del Valle al dar lectura a un comunicado con la posición de los pueblos de ese frente.
“Estamos en condiciones para debatir con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), con los empresarios que serían beneficiados del proyecto (Slim, Hank Rohn, ICA, etc.) con el gobierno de Peña Nieto, con las mineras que devastan nuestros territorios y con todos aquellos que defienden el NAIM, sean organizaciones y gobiernos. Podemos debatir con ellos en cualquier sede, ya sea que se trate de un centro de convenciones y en nuestras comunidades”.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Pueblos Unidos contra el Nuevo Aeropuerto criticó que el equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se ha sentado a platicar con las comunidades afectadas por las obras ni con otros ciudadanos inconformes, como sí lo ha hecho con los empresarios.
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, anunció este martes que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas será sustituido por el Instituto Nacional de Pueblo Indígenas, el cual será un organismo público descentralizado del gobierno federal que estará a cargo de Adelfo Regino Montes.
«Se van a crear 132 coordinaciones regionales indígenas; todas las culturas, las etnias van a ser atendidas en estas coordinaciones. Todos los coordinadores que trabajen en estos centros de atención van a ser indígenas. Los que tengan a su cargo el trabajo en las distintas regiones indígenas del país tendrán que ser de la misma cultura donde esté ubicada la región, y vamos a respetar tradiciones, costumbres y organización social. Esto va ayudar mucho para sacar de la pobreza a millones de mexicanos», dijo López Obrador en conferencia ante medios.
El que será titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, se ha desempeñado como secretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca y secretario técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (de 2010 a 2016).
Regino renunció a su cargo como titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca en 2016, después de que el enfrentamiento entre policías y miembros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dejara ocho muertos y más de 100 heridos en Nochixtlán.
El Gobierno mexicano y las empresas “siembran” células del crimen organizado en distintas partes de la República Mexicana –especialmente en comunidades indígenas– en donde existe oposición a la instalación de megaproyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros y carreteros, denunció Daniel Zúñiga Maldonado, vocero Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA–MN), cuyos miembros han sido blanco de amenazas, hostigamiento, criminalización e incluso asesinato en los últimos meses.
El domingo pasado, durante la primera audiencia pública del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, en Cuetzalan del Progreso, Puebla, líderes indígenas y rurales de Chiapas, Nayarit, Estado de México y el estado anfitrión, alertaron que la presencia de grupos criminales ha provocado el desplazamiento de pobladores para facilitar los planes de la Reforma Energética.
Los inconformes expusieron ante abogados del Tribunal algunos casos en los que se ha pretendido dar paso a megaproyectos que, además de dañar el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes, pasan por encima de sus derechos al territorio, a la libertad de expresión, a la autodeterminación de los pueblos, al consentimiento y a la consulta previa, libre e informada.
La refinería de Pemex en Salina Cruz, Oaxaca, reinició este viernes 10 el procesamiento de crudo tras reanudar paulatinamente sus operaciones, las cuales estuvieron detenidas por una interrupción de energía eléctrica.
En un comunicado, la llamada empresa productiva del Estafo indicó que, por la contingencia, se debió bajar carga de las 28 plantas de proceso que integran la refinería.
También detalló que la Refinería de Salina Cruz, así como las terminales de almacenamiento de despacho y marítima en Oaxaca, “cuentan con inventarios altos de combustibles almacenados, lo cual garantiza el abastecimiento oportuno a las estaciones de servicio de la región y de los estados que proveemos”.
La planta “Antonio Dovalí Jaime” es una de las seis refinerías de Pemex y actualmente procesa un promedio de 238 mil barriles por día de crudo, abajo de su capacidad de 330 mil bpd.
Comunidades indígenas y organizaciones civiles someterán a “juicio popular comunitario” a empresas extractivas nacionales e internacionales, así como al Estado mexicano, por las 322 concesiones otorgadas para 41 proyectos mineros en Oaxaca, sin consultar a pueblos originarios.
El juicio popular comunitario se realizará los días 11 y 12 de octubre próximo en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces internacionales y peritos expertos en minería, con el propósito de articular las resistencias.
De acuerdo con los pueblos afectados, esos proyectos mineros han ocasionado división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares, además de graves impactos ambientales y a la salud de la población.
En un comunicado destacaron que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos, de los cuales 41 se encuentran en el estado de Oaxaca.
“Ante las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras)”, subrayaron.
En una conferencia de prensa realizada frente al templo de Santo Domingo, los representantes de aproximadamente 60 comunidades y más de 30 organizaciones sociales reiteraron la necesidad de articularse entre los pueblos “para exigir el respeto a nuestros derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales”.
Explicaron que en el juicio popular se recibirán las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios, y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto.
Durante el mes de Julio del año 2018, tres defensores de la tierra y el territorio han sido asesinados en el Estado de Oaxaca. Con ellos, suman al menos 13 desde el principio de la actual administración (diciembre del 2016) con la mitad de los homicidios ocurridos en lo que va de del 2018.
Mientras el gobierno del priísta Alejandro Murat se jacta en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de estar promoviendo el desarrollo social y económico, la seguridad y la sustentabilidad, la entidad se ha convertido en uno de los estados más inseguros del país para quienes son defensores de los derechos de los pueblos.
“Los ataques del Estado a defensoras y defensores de derechos humanos han aumentado significativamente en Oaxaca, tanto en frecuencia como en el nivel de violencia empleado”, denuncia el informe ciudadano Bajo ataque, los Derechos Humanos en Oaxaca 2013-2018.
El martes 17 de Julio, aproximadamente a las once y media de la mañana, hombres fuertemente armados y vestidos de militares secuestraron a Abraham Hernández Gonzales en la comunidad de Salchi, San Pedro Pochutla. Después de varias horas, quien se desempeñaba como coordinador local del Comité Por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), fue localizado sin vida cerca de la misma comunidad.
El crimen del activista se suma a la ejecución de otros tres integrantes del CODEDI ocurrida el 12 de febrero pasado, en la carretera 175 Oaxaca-Puerto Ángel. Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez, fueron emboscados a balazos después de una reunión con el gobierno del estado. Abraham Ramírez Vázquez sobrevivió al ataque.
“Estamos seguros que el trasfondo de toda esta violencia contra CODEDI y los pueblos de la región es el proyecto de construcción de tres presas hidroeléctricas en el Río Copalita, llamados “Copalita” “Alemania” y “San Miguel” por parte del gobierno federal y del estado”, denuncia CODEDI, sobre el plan para instalarlas en el municipio de San Miguel, donde la asamblea comunal rechazó la entrada de la Comisión Federal de Electricidad.
El próximo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador ya cuenta con el nombramiento de la doctora Blanca Jiménez Cisneros como la próxima titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Este sábado, en un comunicado del virtual presidente electo, se dio a conocer que la propuesta secretaria de Medio Ambiente del gobierno federal, Josefa González Blanco Ortiz, nombró a Blanca Jiménez para encargarse de los temas del agua durante el siguiente sexenio.
¿QUIÉN ES BLANCA JIMÉNEZ CISNEROS?
Jiménez Cisneros es ingeniera ambiental, con estudios de posgrado en Francia. Es perito del Colegio de Ingenieros Ambientales (CINAM) y cuenta con 35 años de experiencia en el tema del agua.
De acuerdo con la información oficial, se especializa en la protección y remediación de su calidad, al igual que en su uso eficiente y con equidad social.
Fue vicepresidenta y presidenta electa de la Academia Mexicana de Ciencias (2011-2012), presidenta de la Asociación Internacional del Agua (2011-2012), presidenta del Colegio de Ingenieros Ambientales (1999-2000), así como presidenta de la Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales (2001-2002).
Asimismo, su currículo afirma haber sido una de las siete expertas convocados por la UNESCO para desarrollar el plan del Programa Hidrológico Internacional en su Fase VII (2007-2013). Perteneció a la Junta de Directores de la IWA (International Water Association) de 2004 a 2008 y fue vicepresidenta de ONU-Agua (2014-2016). Ha trabajado en otros países en proyectos de saneamiento y de reúso, por ejemplo, en Sudáfrica y Brasil.
De acuerdo con el boletín del equipo de López Obrador, la gestión integral del agua será uno de los ejes de la política nacional ambiental del gobierno que encabeza AMLO para aprovechar eficientemente este recurso y transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable.
«Se asume como prioridad la asignación eficiente de los recursos públicos, el rescate de los conocimientos, saberes y tradiciones milenarias para la gestión del agua en el país, y un cambio de visión en la implementación de políticas públicas que nos lleven a generar proyectos de vida, y no más de devastación ambiental», se lee en el comunicado.
El próximo gobierno federal estableció tres ejes prioritarios en política de agua.
Primero, la gestión integral y sustentable de los recursos hídricos en beneficio de todos los usuarios y usos.
Segundo, la promoción de la equidad, justicia y universalidad en la provisión de los servicios de agua (suministro y saneamiento) a la población.
Y tercero, la debida protección de la población y sus bienes, así como del patrimonio público y los recursos naturales ante los desastres de origen hídrico.
Asimismo, el gobierno de AMLO asegura que se garantizará el derecho al agua, se gestionará con equidad, sustentabilidad e integralidad y habrá objetivos definidos, enmarcados en la garantía de los derechos humanos, la legalidad y la transparencia.
Al menos un muerto dejó un enfrentamiento entre las comunidades de San Juan Bosco Chuxnaban y San Miguel Quetzaltepec, en la sierra mixe, derivado de un conflicto agrario y las participaciones municipales.
El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios urgió la intervención inmediata y efectiva del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para evitar más pérdidas de vidas entre ambas comunidades en disputa por la tierra.
Al tiempo que la Secretaría General de Gobierno hacía un llamado a las comunidades mixes a evitar agresiones, ocurrió el nuevo atentado en el que fue asesinado Higinio Martínez Quirino.
Los hechos ocurrieron ayer jueves, en que fue asesinado Higinio presuntamente cuando un grupo armado de San Miguel Quetzaltepec atacó a habitantes de Chuxnaban.
Con este homicidio suman tres los habitantes de Chuxnaban los que han sido privados de la vida en lo que va del año, entre los que se encuentran Natalia Jiménez, asesinada el 4 de marzo; el 29 de julio mataron al tesorero municipal Ramberto Romero Martínez, y ayer ejecutaron a Higinio Martínez Quirino.
El colectivo integrado por Servicios del Pueblo Mixe, Tequio Jurídico, Servicio para una Educación Alternativa, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunciaron que el enfrentamiento entre las comunidades es resultado de la omisión del gobernador priista Alejandro Murat.
Igual señalaron que el domingo 29 de julio, a las 4:00 horas, se suscitó una emboscada en el camino que conduce a la comunidad de Santa Cruz Condoy, cerca de la comunidad de San Juan Bosco, donde fue asesinado Romero Martínez.
Antes, el 3 de abril, tras una emboscada perdió la vida una mujer de la comunidad que iba acompañada de su hijo de 13 años, cuando se dirigían a cuidar su ganado en la comunidad de San Juan Bosco.
Por tal razón, las organizaciones hicieron un llamado urgente a Alejandro Murat para evitar un enfrentamiento de consecuencias funestas e investigar exhaustivamente los crímenes cometidos, así como solucionar el conflicto agrario.
Por su parte, la Secretaría General de Gobierno (Segego) hizo un llamado a los habitantes de San Miguel Quetzaltepec y de la agencia municipal de San Juan Bosco Chuxnabán a cumplir los acuerdos de paz que se han firmado a fin de hacer prevalecer el orden y respeto entre ambas comunidades.
El titular de la Segego, Héctor Anuard Mafud Mafud, lamentó y reprobó este hecho violento ocurrido en inmediaciones de la agencia municipal de San Juan Bosco Chuxnaban.
Mafud informó que el miércoles pasado sostuvo una reunión con autoridades municipales de Quetzaltepec y este jueves hizo lo propio con representantes de San Juan Bosco para dar continuidad en la atención de los múltiples y complejos problemas que enfrentan.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado ha iniciado ya las investigaciones por el asesinato de Higinio Martínez, derivado de este conflicto, a fin de esclarecer y detener al o los culpables.
A su vez, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca llamó a autoridades y habitantes de la cabecera municipal de San Miguel Quetzaltepec, y de su agencia municipal San Juan Bosco Chuxnaban, a resolver por la vía pacífica del diálogo las diferencias entre ambas comunidades, mismas que el 2 de agosto último provocaron un enfrentamiento armado en el que una persona resultó muerta.
La Defensoría destacó que tiene conocimiento de los graves problemas que han surgido en la zona mixe entre autoridades y habitantes de San Miguel Quetzaltepec y San Juan Bosco Chuxnaban, derivados de la repartición de los recursos presupuestales municipales de los ramos 28 y 33, que corresponden a la cabecera municipal y sus agencias.
“Esto ha provocado un clima de elevada tensión político-social en esa región que se localiza en la sierra Norte de Oaxaca”, puntualizó el organismo defensor.
Con protestas contra empresas mineras y reclamos por la desatención de su gobierno, la Unión de Ayuntamientos de La Sierra Sur cuestionó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa porque “ha sido difícil escucharnos” y eso los ha obligado a manifestarse en la capital del estado.
De igual forma, lo cuestionaron por la frase “Oaxaca lo tiene todo”, una frase que ha puesto de moda, una frase que se ha utilizado mas como comercial” y ofertar el territorio a las transnacionales, le recriminó el presidente municipal de Teojomulco, Bonifacio Pérez Cruz.
Desde la radio indígena “La voz del rinconcito” se dieron a conocer las protestas que se realizaron desde la llegada del gobernador al Hospital Básico Rural de “La Paz” ubicado en los límites de Teojomulco y Texmelucan para entregar una ambulancia y equipamiento médico con una inversión de cinco millones de pesos.
Con lonas colocadas a la entrada del Hospital y pancartas durante el evento realizado este martes 31 de julio, las autoridades de los municipios zapotecos y chatinos de Zenzontepec, Tlacoltepec, Toejomulco, Texmelucan, Zaniza, Textitlán, Yucutindoo y Amoltepec agrupados en la Unión de Ayuntamientos,recibieron al gobernador.