El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalo que pretende retomar el proyecto del Corredor Transístmico, inconcluso desde la administración de Porfirio Díaz, como una de las prioridades de infraestructura durante su gobierno. Este centenario proyecto económico ha intentado que el estrecho paso entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, se convierta en una vía de comunicación eficaz entre el océano Pacífico y el Atlántico, uniendo con ellos los países asiáticos con la costa Este de Estados Unidos. De acuerdo con Díaz, y el actual presidente elector, López Obrador, este proyecto detonaría la economía de la zona y crearía empleos en toda esa franja del territorio nacional. El 27 de enero de 1907, el presidente Porfirio Díaz inauguró el Corredor Transístmico con un primer cargamento de azúcar procedente de Hawái con destino a Filadelfia, que venía en el buque Arizonian que embarcó en Salina Cruz, y otro de siete mil toneladas de mercancías diversas transportadas en el Lewis Lucckenbach que llegó a Coatzacoalcos proveniente de nueva York rumbo a San Francisco, California. El proyecto estuvo a cargo de la compañía inglesa Pearson and Son Limited, que comenzó la construcción en 1898, quien consiguió la concesión de las vías del ferrocarril entre Salina Cruz y Coatzcoalcos, a cambio de proyectos de infraestructura en ambos puertos. El corredor funcionó apropiadamente entre 1907 y 1913, periodo en que hubo un marcado desarrollo económico en ambos puertos mexicanos, logrando que Salina Cruz pasara de ser una agencia de Tehuantepec, a un municipio con servicios básicos, incluyendo agua, luz y telégrafo.
crece tensión entre San Juan Lajarcia y sus pueblos vecinos: San Bartolo Yautepec y Llano Santiago.
Mientras las autoridades no terminan por resolver a fondo lo que originó la masacre en Santa María Ecatepec, donde 13 campesinos perdieron la vida, representantes del municipio de San Carlos Yautepec, alertaron que al menos otros dos conflictos agrarios están a punto de estallar en este distrito.
Autoridades comunales de este municipio, informaron que desde enero de 2018 la Secretaría General de Gobierno (Segego), descuidó los conflictos políticos y agrarios que prevalecen en la zona.
Culparon al Gobierno del Estado y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) de pretender desaparecer el sistema de usos y costumbres para elegir a sus autoridades y favorecer a ciertos grupos sobre el control de los recursos naturales y económicos de la región.
San Carlos Yautepec es catalogado por la autoridad electoral como cabecera distrital donde convergen 12 municipios, mientras como cabecera municipal cuenta con 27 agencias, entre ellas San Lucas Ixcotepec, donde estalló el conflicto agrario con sus vecinos de Santa María Ecatepec.
Édgar Aragón Parada, a quien los comuneros reconocen como su presidente municiapal, explicó que los conflictos que se encuentran latentes en este distrito y municipio son San Juan Lajarcia con San Bartolo Yautepec y Llano Santiago con San Juan Lajarcia.
Aunado a la tensión que prevalece entre San Lucas Ixcotepec y Santa María Ecatepec, advirtió que en cualquier momento se podría reactivar el añejo conflicto entre San Juan Lajarcia con San Bartolo Yautepec, debido los bloqueos carreteros que han realizado en la zona.
Crispín Adrián Cortés Zárate, presidente de Bienes Comunales, detalló que estos conflictos se mantienen activos ante el abandono del gobierno en la región, pues a pesar de ser cabecera distrital, desde enero de 2018 la Segego retiró el delegado Érik Job López Martínez.
«Este funcionario uno de los que promovió la desaparición de nuestros usos y costumbres, por eso ya no se ha parado por el municipio, el distrito se quedó sin representante», denunció.
A decir de los comuneros, el gobierno estatal descuidó todos los conflictos agrarios y políticos que prevalecen en este distrito, y de continuar de esta manera podrían suscitarse más casos de violencia.
El día 26 de julio del 2018, integrantes del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) fueron atacados cuando un convoy de militares pretendió instalar un retén en la Finca Alemania, espacio en el que se ubica su centro de capacitación. Nuevamente el día 27 de julio, un helicóptero de la Marina estuvo sobrevolando la finca. Cabe destacar que el convoy permanece hasta el momento cerca de la finca y se instaló en Santa María Xanica.
Este último hecho se suma a una serie de ataques particularmente graves contra la organización y sus integrantes:
• El 12 de febrero 2018: fueron asesinados tres integrantes de CODEDI después de acudir a una reunión con autoridades gubernamentales; en este mismo ataque sufrió un intento de asesinato Abraham Ramírez Vásquez, cofundador y coordinador general de CODEDI . A partir de allí se intensificaron las amenazas de muerte en su contra, mismas que ya estaban ocurriendo desde aproximadamente un año y ya habían sido denunciadas ante la ONU. Hasta la fecha, permanece en una situación de riesgo inminente.
• Durante los meses de febrero y marzo 2018: 5 integrantes de CODEDI sufrieron vigilancia y amenazas, durante este periodo también fue allanado el domicilio de otro integrante de CODEDI .
• El 26 de febrero 2018: fue allanado el domicilio de la defensora de DH Silvia Gabriela Hernández Salinas quien acompaña a la organización CODEDI y es parte de distintos colectivos del movimiento social oaxaqueño.
• El 20 de junio 2018: fue detenido de manera arbitraria en Santa María Tonameca, Fredy García Ramírez, vocero de CODEDI. Cabe destacar que días antes había recibido amenazas de muerte.
• El 17 de julio 2018: Abraham Hernández González, Coordinador Regional de CODEDI en la Sierra Sur fue asesinado luego de que hombres armados encapuchados y vestidos de militares entrarán a su domicilio ubicado en la comunidad de Salchi, San Pedro Pochutla y se lo llevarán.
El ayuntamiento de San Miguel Chimalapa manifestó su rechazo al establecimiento de la compañía minera canadiense Minaurum Gold Inc en más de cinco mil hectáreas de su municipio, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec.
En un comunicado, suscrito por el presidente municipal, Fernando Miguel Contreras y demás miembros del Cabildo, el gobierno municipal dio a conocer ese acuerdo, porque la explotación minera, en este caso, oro y plata, provocará un gran impacto en el medio ambiente, principalmente en ríos y lagunas de ese pueblo zoque y de nueve municipalidades circunvecinas.
Entre estas, Santo Domingo Zanatepec, San Pedro Tapanatepec, Ciudad Ixtepec, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Unión Hidalgo, Ixhuatán y Reforma de Pineda.
“Por lo tanto, reiteramos nuestro rechazo y no permitiremos el establecimiento de la empresa minera en nuestro municipio”, asentó.
La compañía minera canadiense pretende explotar la mina Santa Martha, ubicada en la comunidad La Cristalina, mediante una concesión otorgada por la Secretaría de Economía en 2008, por un periodo de 50 años.
La concesión abarca una superficie de cinco mil 610 hectáreas de selva baja caducifolia, subcaducifolia y selva mediana de su territorio de bienes comunales.
Sin mayor trámite, la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la 63 Legislatura local envió la Iniciativa con Proyecto de Decreto, para adicionar y reformar disposiciones de la Constitución Política local, sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, al archivo definitivo en julio del año pasado.
Según el acuerdo número dos de ese órgano legislativo, encabezado por la diputada priista, Felicitas Hernández Montaño, la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas decidió acumular el expediente, para analizarlo en su conjunto e incluirlo en un solo dictamen, “por economía procesar y por tratarse de asuntos turnados” a la 62 Legislatura local.
Una vez “efectuado el estudio y análisis de la documentación” que conforme el expediente de cuenta, “sin mayor trámite” estimó procedente el archivo definitivo del expediente, “tomando en cuenta que se refieren a asuntos planteados” a la 62 Legislatura local y porque “no generó pronunciamiento” alguno en la actual legislatura.
El acuerdo, con fecha 26 de julio del 2017, fue suscrito por la presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas, Hernández Montaño y por dos de sus integrantes, el también priista Simón Carrera Cerqueda y León Leonardo Lucas, integrante de la bancada de Morena.
Por unanimidad, la LXIII Legislatura, aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, a brindar justicia a las víctimas de los homicidios ocurridos el pasado 16 de julio en el municipio de Santa María Ecatepec, y al titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Anuard Mafud Mafud, para que instrumente un programa integral de apoyo a los familiares directos de las víctimas.
De igual forma al Presidente de la Junta de Conciliación Agraria para que a la brevedad rindan un informe pormenorizado sobre los municipios catalogados como focos rojos de alto, mediano y bajo riesgo, así como las acciones de seguimiento que están implementando.
Deben de dejar de lado la actitud de pasividad y asumir plenamente la responsabilidad legal y política para reconstruir el tejido social y solucionar los conflictos, dijo en tribuna el Diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano.
“Los hechos violentos en Oaxaca, como el ocurrido el 16 de julio en la Sierra Sur, generan una profunda tristeza, indignan a la sociedad y es inaceptable que la tragedia siga adelante ante la indolencia gubernamental. La pérdida de vidas humanas no debe verse como una situación normal o que solamente merece la atención gubernamental unos cuantos días. Cuando la tierra está en disputa, los conflictos son muy profundos, y cuando una familia pierde a una persona se generan agravios que duran generaciones”
Defensores de la tierra y del territorio de 30 comunidades campesinas zapotecas de los valles de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, así como 25 organizaciones sociales, constituyeron en el municipio de San Antonino Castillo Velasco la Asamblea de los Valles Centrales contra la minería en Oaxaca.
En la escuela Esteban Vásquez se reunieron integrantes de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Tequio Jurídico AC y Servicios para una Educación Alternativa Educa, que repudiaron todo proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, los sistemas productivos, el tejido social, el medio ambiente y ‘‘nuestros sistemas normativos y territorios’’.
Recordaron que hace una década territorios de Oaxaca fueron concesionados a mineras sin el consentimiento de los pueblos, pues no se hicieron consultas, como estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca (SURCO) presenta la primera parte de su investigación que analiza 15 proyectos mineros en Oaxaca. Este trabajo se enfoca en 7 proyectos de la empresa minera estadounidense Gold Resource Corp (GRC), que tiene como subsidiaria en México a Don David Gold México S.A. de C.V, su zona de influencia abarca municipios de Valles Centrales y de la Sierra Sur en el estado de Oaxaca. Esta empresa tiene ya dos proyectos mineros en etapa de producción: el proyecto El Águila que consta de 19 concesiones mineras las cuales suman 30,215 hectáreas. Han trabajado en dos minas: El Águila, a cielo abierto, y Arista, una mina subterránea en la que están trabajando actualmente. Y el proyecto Alta Gracia que abarca 3 concesiones, haciendo un total de 5,175 hectáreas. Está en operación después de recibir en el 2016 los permisos necesarios.
La mina se llama El Mirador y todo el material extraído se traslada 32 kilómetros para ser procesado por los molinos del proyecto El Águila. Otros cinco proyectos se encuentran en etapa de exploración. Las concesiones afectan a los territorios de los municipios: San Pedro Quiatoni, San Dionisio Ocotepec, San Carlos Yautepec, Nejapa de Madero, San Pedro Totolápam y Tlacolula de Matamoros, que suman un total de 69 mil 889 hectáreas de tierras oaxaqueñas concesionadas. Cabe recordar que el municipio de Nejapa de Madero denuncia que la minera El Águila, en San José de Gracia, contamina el afluente que abastece de agua a la comunidad.
Ambas agrupaciones destacaron que, de acuerdo con el análisis del Colegio de Biólogos, tales decretos, que calificaron de “ilegales e inconstitucionales”, dejan 51 billones de litros de agua expuestos a ser concesionados por periodos de hasta 30 años renovables, con la posibilidad de ser libremente transferidos.
Los amparos, subrayaron, demuestran que el levantamiento de vedas fue realizado sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos y dejan 51 billones de litros de agua al año expuestos a concesiones bajo el principio de la actual ley de aguas que reza: “el agua es de quien la solicita primero”.
En el marco del Día Nacional de Acción por el Agua, organizaciones y pueblos indígenas realizarán este viernes una serie de acciones frente a las oficinas de la Conagua en todo el país, para protestar contra los abusos y negligencia en el manejo de las aguas nacionales.
En particular, informarán sobre los más de 30 amparos presentados por los pueblos indígenas Teenek y Nahuas, así como organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos, incluidas la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Centro Mexicano por el Derecho Ambiental (Cemda), Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Central Campesina Cardenista (CCC), Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Colectivo de Abogados, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Salvemos Temaca, Instituto Vida e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).
Para oponerse a cualquier proyecto o política que atente contra el medio ambiente, su vida comunitaria, sus sistemas productivos, su tejido social, sus sistemas normativos y sus territorios, 30 comunidades indígenas zapotecas y campesinas de Tlacolula de Matamoros, Ocotlán de Morelos, Ejutla de Crespo, Zimatlán de Álvarez y Miahuatlán de Porfirio Díaz, constituyeron la Asamblea de los Valles Centrales contra la Minería.
De acuerdo con el pronunciamiento de las comunidades y 25 organizaciones, sus territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin su consentimiento desde hace más de diez años y hasta ahora, 90 mil hectáreas de los Valles Centrales se encuentran en peligro, debido la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.
Esas empresas han impulsado a Oaxaca como el octavo estado de la república en explotación de oro y plata, sin embargo para las comunidades su operación se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones físicas, daños irreversibles al medio ambiente, así como han causado el rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos.
De acuerdo con el manifiesto, las 30 comunidades y las 25 organizaciones acordaron seguir defendiendo a la madre tierra, a cuidar y defender el agua y todos los bienes comunes presentes en sus territorios, porque son prohibidos para la minería.
Además, convinieron en firmar ni autorizar ningún tipo de permiso, convenio, contrato, documento o instrumento legal, que tenga por objeto extraer sus bienes comunes, tampoco autorizarán el cambio de uso de suelo para realizar actividades mineras en sus territorios.
Para oponerse a cualquier proyecto o política que atente contra el medio ambiente, su vida comunitaria, sus sistemas productivos, su tejido social, sus sistemas normativos y sus territorios, 30 comunidades indígenas zapotecas y campesinas de Tlacolula de Matamoros, Ocotlán de Morelos, Ejutla de Crespo, Zimatlán de Álvarez y Miahuatlán de Porfirio Díaz, constituyeron la Asamblea de los Valles Centrales contra la Minería.
De acuerdo con el pronunciamiento de las comunidades y 25 organizaciones, sus territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin su consentimiento desde hace más de diez años y hasta ahora, 90 mil hectáreas de los Valles Centrales se encuentran en peligro, debido la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.
Esas empresas han impulsado a Oaxaca como el octavo estado de la república en explotación de oro y plata, sin embargo para las comunidades su operación se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones físicas, daños irreversibles al medio ambiente, así como han causado el rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos.
De acuerdo con el manifiesto, las 30 comunidades y las 25 organizaciones acordaron seguir defendiendo a la madre tierra, a cuidar y defender el agua y todos los bienes comunes presentes en sus territorios, porque son prohibidos para la minería.
Además, convinieron en firmar ni autorizar ningún tipo de permiso, convenio, contrato, documento o instrumento legal, que tenga por objeto extraer sus bienes comunes, tampoco autorizarán el cambio de uso de suelo para realizar actividades mineras en sus territorios.
Si bien el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es la principal base para el intercambio comercial entre México y Canadá, estos dos países se han caracterizado por mantener una buena relación de socios y de naciones amigas.
Ante el embate de Estados Unidos con los aranceles y la falta de avances en temas importantes del TLCAN, México y Canadá fortalecen su relación y de manera formal, los dos gobiernos han manifestado su posición para mantenerse unidos y cuidar los intereses comunes.
Tras este encuentro, la ministra canadiense aseguró que su país “cree mucho en el TLCAN como un acuerdo trilateral”, además de que destacó los resultados positivos y el impacto que ha tenido en toda la región.
“El TLCAN es una relación trilateral y ha estado funcionando casi un cuarto de siglo, las cadenas de suministro y las relaciones de negocio han sido construidas en estas bases y desde la perspectiva del gobierno canadiense y de la mayoría de los canadienses, es un acuerdo que funciona”, dijo Freeland, en declaraciones que retoma.
Así, el secretario de Relaciones Exteriores afirmó que “estamos frente a la coyuntura que habrá de definir si América del Norte capitaliza su potencial para ser la región más competitiva”, por lo que el trabajo en equipo es fundamental y “tenemos que actuar como una sola región”, puntualizó.
Otro tema que ha unido aún más a México y Canadá, es el de los aranceles que ha impuesto el gobierno Donald Trump a las importaciones de acero y aluminio, pero sobre todo, en su intención de gravar también a los autos nuevos bajo el argumento de proteger la “seguridad nacional” de su país.
Sin embargo, la ministra canadiense fue contundente al afirmar que “México y Canadá están oponiéndose a esto, igual que diferentes socios de Estados Unidos”, debido a que “la perspectiva de que los autos y las autopartes pueden representar una amenaza, es totalmente absurdo”.
En una conferencia de prensa posterior a este encuentro, Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores en el nuevo gobierno, aseguró que los temas principales que se abordaron fueron comercio, migración y oportunidades de negocios.
Ebrard aseguró que “el virtual presidente electo les dijo que esperaríamos tener en los próximos 6 años, un aumento significativo de la inversión y una participación mayor de Canadá en el desarrollo económico de México”.
El nuevo gobierno también invitó a empresas canadienses a invertir en los nuevos proyectos de infraestructura en el sur del país y Ebrard confía en que “Canadá puede participar en el tren de la zona maya o el proyecto que tiene que ver con el Istmo”.
De esta manera, la relación entre México y Canadá se refresca y fortalece, con muy buenas expectativas hacia el futuro.
Los temas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las insistentes amenazas del presidente estadounidense por una eventual derogación del acuerdo, trajeron a la Ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, a México para sostener reuniones con el presidente Enrique Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray, el titular de Economía Ildefonso Guajardo y con el encargado a partir del 1 de diciembre de dirigir el país.
Parece que la visita de la comitiva del Canadá ha sido fructífera para la relación bilateral entre el gobierno de Justin Trudeau y el gobierno entrante de López Obrador.
En voz del perfilado como próximo Secretario de relaciones exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, el TLCAN no fue el único tema que López Obrador y Chrystia Freeland abordaron en la reunión privada realizada un día antes del reinicio de la renegociación del acuerdo en Washington.
“Fue una reunión exitosa. El Tratado de Libre Comercio es importante, pero hay otro temas igual de importantes. Hay afinidad en posturas, ideas y principios”, dijo Ebrard Casaubón. “El virtual Presidente electo les dijo que esperaba tener un aumento en inversión y participación de Canadá en el desarrollo de México. Habrá reuniones desde diciembre”, detalló el ex jefe de gobierno de la capital mexicana.
Ante el peligro que representa que 90 mil hectáreas de los Valles Centrales fueron concesionadas a la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp., 30 comunidades indígenas y campesinas que conforman los distritos de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, convocaron al “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca”.
El juicio popular tiene como “objetivo hacer frente al modelo extractivo, visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros”.
El juicio se realizará los días 11 y 12 de octubre de 2018 en la Ciudad de Oaxaca con el lema: “Este verso es un tesoro, y pronunciarlo sí se debe, el agua vale más que el oro, porque el oro no se bebe…”
En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, 30 comunidades indígenas y campesinas y 25 organizaciones decidieron “rechazar categóricamente cualquier proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, nuestros sistemas productivos, nuestro tejido social, medio ambiente, nuestros sistemas normativos y territorios”.
Reunidos en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, denunciaron que desde hace más de diez años sus territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin su consentimiento, lo que significa que “hasta el momento 90 mil hectáreas de los Valles Centrales se encuentran en peligro, principalmente por la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.”
Insistieron en que “los pueblos y comunidades de los Valles Centrales, hemos decidido por la vida, la paz y el desarrollo comunitario desde nuestras propias cosmovisiones y en respeto profundo de nuestra madre tierra; manifestamos que la minería no representa ninguna opción de desarrollo para nuestros pueblos y sus habitantes”.
Además, mencionaron que “nos reconocemos como parte del pueblo zapoteco, por lo que asumimos el compromiso de defender nuestros territorios desde nuestras asambleas, de manera organizada, pacífica y por todos los medios legales”.
También “rechazamos el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR) que pone en riesgo nuestra propiedad social.
Finalmente se dirigieron a los gobiernos federal y estatal, a las autoridades electas del poder ejecutivo y legislativo, y a las autoridades municipales para exigirles “la cancelación inmediata del Corredor Industrial Minero que pretenden imponer en los Valles Centrales.
Particularmente exigieron la cancelación de los proyectos mineros “San José”, “Trinidad Norte” y “El Águila”, operados por las compañías Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, en los municipios de San José del Progreso y San Pedro Totolapan.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sembrará semillas transgénicas, aseguró este jueves Víctor Villalobos, propuesto como titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por el virtual presidente electo.
Tras una reunión con López Obrador en su búnker de la Ciudad de México, Villalobos dijo que existen las condiciones necesarias para producir con tecnología convencional los alimentos que actualmente se importan, sin ahondar en lo que sucederá con las transnacionales que operan en el país.
“No se van a sembrar semillas transgénicas en este gobierno (…) lo que vamos a hacer es, como hay una necesidad de incrementar la producción y como hay una oferta tecnológica suficiente para poder producir lo que estamos importando, lo vamos a hacer con herramientas tecnológicas convencionales”, declaró a periodistas.
as instrucciones del virtual presidente electo para el sector, detalló, son reducir la dependencia de la importación de granos básicos, principalmente maíz, arroz, frijol y trigo, así como fortalecer la producción de leche nacional, en especial de la leche en polvo.
“Lo que tenemos como una meta es ir reduciendo gradualmente la dependencia de la importación de esos cuatro grandes productos (maíz, arroz, frijol y trigo) y en seis años lo vamos a lograr”, aseguró.
Villalobos dijo, además, que con el fin de lograr la autosuficiencia alimentaria de México, la Sagarpa se reestructurará y dividirá en cinco regiones “por su vocación”: noroeste, noreste, mesa central, bajío y sur.
PUEBLOS Y ORGANIZACIONES SE AMPARAN, Y EXIGEN QUE ENRIQUE PEÑA NIETO REESTABLEZCA LAS VEDAS QUE LEVANTÓ AL FIRMAR LOS 10 DECRETOS DE RESERVAS EL 5 JUNIO
Pueblos indígenas y organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos han presentado más de 30 amparos en 12 estados frente a los 10 Decretos levantando vedas firmados por EPN el 5 de junio
Los amparos demuestran que el levantamiento de vedas fue realizado sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos; dejan 51 billones de litros de agua al año expuestos a concesiones bajo el principio de la actual ley de aguas: “el agua es de quien la solicita primero”
La reforma constitucional reconociendo el derecho al agua exigió reemplazar la actual ley antes de febrero 2013, con una ley que garantice el acceso equitativo y sustentable al vital líquido
Exigen que EPN vuelva a establecer las vedas, y proponen que el nuevo Congreso de la Unión priorice una ley de aguas que cumpla con la Constitución
Este 27 julio a las 11 am, en el contexto del 2º Día Nacional de Acción por el Agua, se realizarán nuevamente acciones frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en todo el país, para protestar sus abusos y negligencia en el manejo de las aguas nacionales.
En particular, se darán informes de los más de 30 amparos presentados por los pueblos indígenas Teenek y Nahuas, así como organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos, incluyendo la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Mexicano por el Derecho Ambiental (CEMDA), el Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Central Campesina Cardenista (CCC), La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Colectivo de Abogados, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Salvemos Temaca, Instituto Vida e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), cuestionando la legalidad y la constitucionalidad de los 10 Decretos de Reservas firmados por Enrique Peña Nieto el 5 junio del presente.
Fortuna Silver Mines Inc. Informó los resultados de producción para el segundo trimestre de 2018 de sus dos minas operativas en América Latina , la mina San José en México y la mina Caylloma en Perú. La Compañía produjo 2.3 millones de onzas de plata y 14,557 onzas de oro más subproductos de metal base. La producción de plata y oro durante los primeros seis meses ascendió a 4.7 millones de onzas y 29,597 onzas respectivamente; siendo un 13 por ciento y un 20 por ciento superior a la proyección de mitad de año de la compañía. Fortuna tiene previsto producir 8.3 millones de onzas de plata y 48.3 mil onzas de oro o 11.4 millones de Ag Eq 1 onza en 2018 de acuerdo con nuestra guía de producción.
Producción de plata de 2,321,315 onzas; 10 por ciento de aumento con respecto al segundo trimestre de 2017
Producción de oro de 14,557 onzas; en línea con Q2 2017
Producción de plomo de 7,186,541 libras; en línea con Q2 2017
Producción de zinc de 11,436,243 libras; 8 por ciento de aumento con respecto al segundo trimestre de 2017
El costo en efectivo 2 para San José es de US $ 60,5 / t
El costo en efectivo 2 para Caylloma es de US $ 76,9 / t
El futuro canciller Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que en la reunión entre el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, hubo afinidad “en posturas, ideas y principios”, y en temas como derechos humanos y laborales, medio ambiente y respeto a las comunidades originarias.
En este primer encuentro, Ebrard dijo que se planteó una fuerte relación entre ambos países, que incluye inversiones de Canadá en México, y se invitó a ese país a participar en algunos proyectos “prioritarios”, como el Tren Maya –que unirá a Cancún (Quintana Roo) y Palenque (Chiapas)– y el plan de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Además, abundó que el próximo gobierno buscará que Canadá invierta en materia aeronáutica, de trenes, vías férreas y logística de transportación entre puertos.
“Vamos a encontrar un sector nuevo de cooperación entre México y Canadá, quizás más importante o igual a la actividad minera, pero no me quiero adelantar, esa es nuestra perspectiva, vamos a ver si lo logramos, ese es el objetivo”, comentó Ebrard.
Resaltó que una política será que todas las empresas de origen canadiense cumplan en México las mismas normas ambientales, laborales y de todo tipo de su país, porque a veces se hace algo aquí y allá otra cosa.
“Un principio que vamos a defender es que se respete el mismo trato en su país que el que aquí les damos”, soltó.
Sobre las presuntas violaciones a derechos humanos que cometen las empresas mineras en las comunidades indígenas, el futuro secretario de Relaciones Exteriores respondió: “No entramos en materia, habría sido muy difícil, pero te diré que la política que se fijó, y así se dijo en la reunión, fue homologar para México y Canadá las exigencias que tienen que ver con libertades y derechos humanos, medio ambiente y derechos laborales”.
El gobierno de López Obrador no sólo promoverá la inversión, también exigirá el mismo tipo de regulación que se aplica en otras naciones, subrayó.
Según datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en México las empresas canadienses operan 65% de los 850 proyectos mineros que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y exploración en el país. En 19 casos se ha documentado que esas mineras ocasionan daños medioambientales, violan el derecho a la consulta de las comunidades indígenas e incluso han incurrido en amenazas.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) condenaron y exigieron justicia por el asesinato de Rolando Crispín López, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y de la Asamblea Popular de Álvaro Obregón en Juchitán, Oaxaca, sucedido el pasado 22 de julio al terminar su servicio como policía comunitario.
“Fue cobardemente asesinado por una persona encapuchada, al parecer policía municipal de Juchitán, quien desde un mototaxi disparó y asesinó al compañero”, expresaron el CNI y el CIG.
Aseguraron que el asesinato del policía comunitario y defensor del territorio forma parte de la ofensiva emprendida por los gobiernos y las empresas transnacionales en contra de la comunidad binnizá de Álvaro Obregón, la cual “con dignidad y determinación defiende su territorio ante la invasión y destrucción por parte de los megaproyectos eólicos”.
De acuerdo con la APIITDTT y la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón, cuando Crispín terminó su jornada como policía comunitario se acercó a una tienda en la calle Benito Juárez, a donde llegó un mototaxi rojo con un sujeto encapuchado “quien de manera artera y cobarde disparó en repetidas ocasiones”.
“Varios vecinos de la comunidad pudieron identificar al agresor, cuyo apodo es ‘escarda’ y quien responde al nombre de Alejandro Matus Chávez, conocido por ser policía municipal activo, trabajador al servicio del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza”, agregaron las asambleas.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y la Plataforma contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) sostuvieron una reunión con una comisión encabezada por Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para reafirmar su postura contra el proyecto en la Cuenca del Valle de México y llamar a la reconstitución de los pueblos.
“Los pueblos decimos NO al AEROPUERTO en el Lago de Texcoco, No a sus obras alternas e inducidas, No a la Aerotrópolis, No al ecocidio que está acarreando y amenaza con extenderse en toda la Cuenca del Valle de México”, publicó el FPDT en su cuenta de Twitter.
En la reunión con los funcionarios del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los representantes del FPDT y la Plataforma contra el NAICM señalaron que “es importante y sería congruente” que la nueva administración escuche y atienda a los pueblos, “pero no como un acto protocolario y de simulación”, por lo que exigieron trato digno y que se les reconozca como actores sociales y defensores de los derechos humanos.
“Sostenemos que somos los pueblos que vivimos en las orillas de antiguo Lago de Texcoco, así como todas las comunidades y pueblos afectados directamente por el proyecto del NAICM quienes debemos ser los primeros en ser escuchados”, destacaron.
Los pueblos también reafirmaron su posición contra “la destrucción de las evidencias y memorias” de su cultura ancestral y a la destrucción de la vida comunitaria y productiva.
Por último, resaltaron su postura a favor de la vida y de la reconstitución de los pueblos y de los ecosistemas en la Cuenca del Valle, así como del impulso del desarrollo y la vida digna de las comunidades y de la defensa y conservación del patrimonio cultural en la zona.
El virtual presidente electo impulsará la construcción de 300 caminos en comunidades marginadas.
Los 500 mil millones de pesos que Andrés Manuel López Obrador anunció ayer para financiar siete proyectos productivos de infraestructura convertirán en Oaxaca en uno de los estados con mayor atención del gobierno federal.
Entre los proyectos prioritarios del próximo gobiernos se encuentra la atención a zonas afectadas por sismos, la generación de 50 mil empleos por la construcción de caminos y la priorización de la Zona Económica Especial de Salina Cruz.
Sobre los daños causados por sismos, el virtual presidente electo anunció que el próximo 19 de septiembre presentará el plan nacional de reconstrucción con el que se apoyará «a los dignificados que todavía están viviendo en campamentos en la intemperie».
De los siete proyectos anunciado por Obrador, cuatro involucran al estado: la construcción del corredor interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos para conectar Asia con Estados Unidos, la construcción de 300 caminos en comunidades marginadas, la comunicación con Internet de todas las zonas del país y el plan para la reconstrucción tras los sismos de septiembre pasado.
Para los sietes proyectos se contempla una inversión de 500 mi millones de pesos. «esos recursos se van a reunir con el dinero que vamos a obtener por ahorros, porque se van a reducir como ya se ha dicho, los sueldos de altos funcionarios públicos, va a haber un gobierno austero, va a haber compras consolidadas, no se va a comprar caro, se va a comprar lo indispensable».
Sobre las zonas económicas especiales, aseguró que el programa continuará, «pero la prioridad en el marco de ese programa la va a tener el Istmo de Tehuantepec, otra zona prioritaria va a ser al de la frontera norte».
López Obrador resaltó además que solo 25% del territorio nacional cuenta conexión a Internet, por lo que se atenderá de inmediato la promesa de campaña de conectar a todo el territorio nacional.
En solo un año, el nivel de violencia contra los defensores ha aumentado drásticamente. En 2016 se registraron tres homicidios, para 2017 ocurrieron 15 asesinatos, según el informe de Global Witness.
Las comunidades Coloradas de la Virgen y Choreachi, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, estuvieron involucradas en una larga disputa legal contra el otorgamiento de concesiones madereras en sus tierras. Siete miembros de estas comunidades fueron asesinados entre 2013 y 2016. Ninguno de los asesinos ha comparecido ante la justicia.
México ha sido desde hace tiempo un país peligroso para los defensores de la tierra y el territorio, en 2017 la situación se agravó: de tres asesinatos en 2016 se escaló a 15 durante el año pasado. 13 de esas personas asesinadas pertenecían a comunidades indígenas.
También a nivel global 2017 fue el año más sangriento para los defensores de la tierra. Casi cada semana cuatro activistas fueron asesinados por defender sus hogares y el ambiente. 60% de esos ataques se registraron en América Latina.
Todos estos problemas, en la Sierra Tarahumara, en México y en otras partes del mundo, se agravan, dice Ben Leather, encargado de Incidencia de Global Witness por la falta de una implementación adecuada de un marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas que asegure una consulta y un consentimiento previo, libre e informado sobre los proyectos que se planea llevar a cabo en sus tierras.
También hacen falta medidas de protección para personas defensoras, en contextos de defensa frente a la actividad empresarial, pero también de crimen organizado. México, señala el informe, es uno de los pocos países con una legislación y un mecanismo específicos para proteger a personas defensoras de derechos humanos, pero en la práctica esto no funciona.
“Se necesita una política gubernamental integral para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatiza a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema de forma estructural”.
El informe de Global Witness insta al Estado mexicano, pero también al equipo de transición y a la nueva administración que está por entrar, a trabajar para implementar tres grandes líneas de acción:
1.- Atacar las causas, combatir la corrupción, asegurar los títulos de propiedad de las tierras, respetar los derechos colectivos y consuetudinarios sobre la tierra y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a otorgar o negar consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales.
2.- Apoyar y proteger a las personas defensoras, darles las herramientas necesarias para que lleven a cabo eficazmente su activismo y garantizar su seguridad.
3.- Garantizar la rendición de cuentas para evitar amenazas futuras; los responsables de los ataques contra las personas defensoras deben comparecer ante la justicia, y quienes no les apoyen ni protejan, deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales.
En el centro del estado de Guerrero, al sur de México, tres pueblos enfrentan sus demonios. Los que llegaron del extranjero, los que surgieron desde el fondo de ellos mismos y los que tienen una presencia que más vale tolerar porque hay caldo de cultivo para que pervivan y se empoderen. Todo por el oro.
Huitziltepec, Nuevo Balsas y Carrizalillo son tres pueblos encaramados en el cinturón de oro ambicionado lo mismo por las canadienses Minaurum Gold, Goldcorp y Torex Gold Resources, que por grupos criminales.
Apenas el 21 de junio pasado, funcionarios del Gobierno estatal y municipal firmaron un convenio para “convertir la minería en fuente de desarrollo”, con el mismo potencial que el sector turístico. Pero en la zona, también hay producción de goma, opio, así como heroína. En medio, quedaron los pobladores.
En Coaxtlahuacán, comunidad de Mochitlán, también en el centro del estado, donde la empresa australiana Pacifico Minerals, avanza con las perforaciones de prueba.
Es Guerrero y su tesoro de oro que más que desarrollo le ha traído desgracia. Es Guerrero con una tranquilidad que en 2018 huele a resistencia.
Un manifiesto firmado por alrededor de 280 organizaciones comunitarias, sociales, campesinas y estudiantiles, representantes de pueblos, investigadores y activistas exigió a las autoridades cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) por ser “una expresión más de una agresión masiva del capital contra el trabajo, los pueblos y la naturaleza”.
“La obra tiene características de ecocidio, etnocidio, urbanicidio, de despojo y destrucción del patrimonio natural, territorial, cultural e histórico”, aseguraron los firmantes en el documento.
Las organizaciones también exigieron la implementación de un proyecto de restauración y corrección de los daños ocasionados por las obras del aeropuerto y la extracción de materiales pétreos con la explotación de 160 minas en la zona.
Agregaron que es urgente que se decrete a la Cuenca del Valle como área natural protegida en su modalidad de reserva de la biosfera u otra modalidad pertinente para los terrenos agrícolas, pecuarios y forestales.
Los firmantes destacaron que el NAICM no debe ser construido “por el ecocidio que representa y porque es técnicamente inviable”, ya que el vaso del ex lago de Texcoco “es el peor sitio elegido para construir la terminal aérea” por el tipo de suelo salino sódico, el cual es altamente corrosivo del concreto y metales como el acero, además de que el agua del subsuelo está a un metro de profundidad, como señalaron especialistas en múltiples investigaciones.
Por ello, los firmantes demandaron el respeto a las tierras de los pueblos de la Cuenca del Valle y suspender definitivamente la construcción del NAICM y la Aerotrópolis, la cual es un proyecto complementario que ocupará 4 mil 431 hectáreas de los municipios de Atenco y Texcoco y que representa “hasta 20 veces más el costo del nuevo aeropuerto”.
En México, la actividad minera forma parte de la historia de pueblos y comunidades. México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial.
En el estado de Oaxaca existe un total de 27 establecimientos relacionados con la minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas, de los cuales 20 son micro y pequeñas empresas, 04 medianas y 03 grandes empresas (DENUE, 2017).
“Oaxaca se configura como uno de los estados de mayor potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no metálicos como: micas, zeolitas, mármol, travertinos y granito” (Minería Sustentable, 2016).
Uno de los grandes problemas para la actividad minera en el estado es la oposición por la extracción de sus minerales, es así que, de acuerdo con la Revista Minería Sustentable (2016) existen 21 minas inactivas, debido a la oposición de grupos defensores del territorio y a la negatividad por que entren empresas trasnacionales, es así que, actualmente en Oaxaca “solo existe una mina activa de minerales metálicos” (Minería Sustentable, 2016).
Por otra parte, un dato relevante es que “el valor de la producción minera estatal durante el periodo enero-diciembre de 2010 ascendió a 1 mil 061 millones 931 mil 058.00 pesos participando con el 0.56% del valor total nacional” (Minería Sustentable, 2016).
La mujer minera en el estado de Oaxaca
La incursión de las mujeres en el ámbito laboral en nuestro país se ha incrementado de acuerdo con Amaya et al.(2012) una de las cifras históricas data de un incremento gradual del 21% en 1979 a un 34% para el año 1995, cifras significativas en segmentos segregados como: secretarias, maestras, meseras y enfermeras. Dentro del contexto de comunidades indígenas, según el censo de población del 2000, la mujer indígena tiene una participación en el ámbito laboral del 25.6% frente a un 70.8% de los hombres; “esta situación no permite el reconocimiento del valor económico de la mujer e impide sean consideradas como población económicamente activa” (Amaya et al., 2012, p. 732).
Según el Instituto de la Mujer de Oaxaca, los bajos niveles de educación y la carencia de un sector industrial que absorba mano de obra principalmente femenina deja sólo dos opciones: emigrar hacia mercados laborales más desarrollados o el trabajo independiente en servicios o comercio (IMO, 2001 en Cunningham & Cos-Montiel, s.f.).
Un dato representativo de esta situación es el Índice de Desigualdad de Género (IDG) que es de 0.410 para Oaxaca, muy por encima del valor nacional que es de 0.393 (PNUD, 2014), lo cual significa que existe una brecha entre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
El análisis de contenido de las entrevistas realizadas nos permitió verificar que la mujer se desarrolla en varias esferas de la vida. Casi siempre, los roles dentro se esas esferas son igual de demandantes: se debe ser madre, hija, hermana, esposa, ama de casa, proveedora, conciliadora y muchas otras cosas más. El pensamiento común dicta que, si una mujer no cumple con las demandas que cada uno de los roles tiene, se le puede acusar y juzgar, sobre todo en el estado donde se realizó el estudio Oaxaca, estado tradicionalista donde priman los usos y las costumbres.
El principal conflicto que la minera tiene es lograr la armonía entre su papel como trabajadora comprometida y los diferentes roles que le corresponde cumplir en sus núcleos de desarrollo (trabajo, familia y sociedad). De acuerdo con la mayoría de las encuestadas, no es fácil sobrellevar las presiones socioculturales, laborales y familiares cuando van en contra de todo lo que les posibilita su autorrealización.
Puede afirmarse que se encuentran entre un dilema, por un lado trabajar en la industria minera las llena de satisfacción, pero por otro, el hecho de trabajar en la mina les provoca discriminación y juicio social y a veces familiar.
Ese vaivén entre ser, querer ser y deber ser es lo que finalmente desgasta y empuja a las trabajadoras a desertar o luchar contra ellas mismas y los que las rodean. A pesar de que aquí se aborda desde la particularidad minera, el conflicto femenino de los roles y las expectativas depositadas en ellos se replica en todos los ámbitos y contextos en donde ellas participan.
Rolando Crispín López, opositor a la instalación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, y miembro de la policía comunitaria de la localidad Álvaro Obregón, fue asesinado la mañana de ayer con armas de fuego, denunció la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierrra y el Territorio.
La organización culpó del homicidio a policías municipales de Juchitán de Zaragoza, quienes presuntamente dispararon contra el activista cuando ingresaba a una tienda en la calle Benito Juárez.
según la denuncia, Crispín lópez, quien desde hace cinco años forma parte de la policía comunitaria de Álvaro Obregón, fue asesinado cuando terminó su turno de guardia en la agencia municipal se acerco a una tienda para realizar unas compras pero un sujeto encapuchado que bajó de un mototaxi rojo le disparó en varias ocasiones; en el ataque armado, aseguró, una niña de ocho años resultó herida de bala.
Varios vecinos de la comunidad pudieron identificar al agresor, cuyo apodo es «escarda» y quien responde al nombre de Alejandro Matus Chávez, conocido por ser policia municipal activo del ayuntamiento de Juchitan de Zaragoza.
La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo agregó que desde el 2012 la comunidad de Álvaro Obregón se encuentra en la lucha defendiendo su territorio en contra de la empresa eólica Mareña Renovables, y en febrero de 2013 se constituyó la policía comunitaria con el objetivo de cuidar su territorio y defenderse contra las agresiones de la empresa eólica y de las autoridades.
«A partir de ese día, tanto el compañero como los demás integrantes de la policía comunitaria han sufrido agresiones que han puesto en peligro sus vidas, por parte de quienes intentan ocupar la barra Santa Teresa para desarrollar el proyecto eólico Mareña Renovables, y despojar del territorio a quienes dignamente los defienden», puntualizó.
En un comunicado, exigió justicia por el asesinato de Crispín López y responsabilizaron del homicidio al gobierno federal y estatal por su incapacidad para dar seguridad a los defensores de derechos humanos.
El ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la pasada administración estatal, Adelfo Regino Montes, recomendó al Gobierno Federal implementar una estrategia para distender la crisis que se vive entre las comunidades de Santa María Ecatepec y San Lucas Ixcotepec.
Entrevistado vía telefónica desde la capital del país, exhortó también al Gobierno del Estado, preservar la seguridad de las viudas y garantizar el acceso a la educación y la salud de los huérfanos que perdieron a sus padres en la masacre del pasado lunes.
Quien es propuesto por Andrés Manuel López Obrador para ser el coordinador de asuntos indígenas en sustitución de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en la próxima administración, lamentó que se sigan dando estos hechos que enlutan cada vez más hogares oaxaqueños.
Hizo “un llamado también al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para que genere una mesa de distensión; en estos momentos es muy importante que se averigüe con claridad quiénes son los responsables de los homicidios”.
Sangre no debe regar agro oaxaqueño
Indicó que el campo de Oaxaca no puede seguir ensangrentándose con asesinatos como el de Abraham Hernández González, coordinador del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) en Pochutla.
Reiteró que buscar una estrategia de distensión en este momento es muy necesario y un segundo momento, la solución de fondo de los graves conflictos agrarios que se están viviendo.
Rechaza destino de violencia
Con suma preocupación, señaló que la confrontación y la violencia no pueden ser el destino de las comunidades indígenas de Oaxaca; por ello se tiene que hacer un llamado enérgico al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal para que, con las atribuciones que tienen, puedan intervenir en este contexto que viven las comunidades.
Seguridad inmediata a zonas de conflicto
Señaló que es importante que haya una estrategia de paz y seguridad inmediata en todas las zonas que tienen otros conflictos agrarios, entre ellas Los Chimalapas y actuar de manera preventiva para que no se siga derramando la sangre de los indígenas.
la destitución anticipadade Víctor Villalobos, anunciado secretario de Agricultura del próximo sexenio.
TLC transgénico, que permitió que la importación de maíz a México tuviera
hasta un 5 por ciento de transgénicos como presencia accidental. Este acuerdo tuvo un enorme efecto facilitador para aumentar el dumpingde maíz industrial, mayoritariamente transgénico, a México.
es un hecho vergonzoso, porque México es centro de origen del maíz pero hoy importa millones de toneladas del grano. ( La Jornada del Campo, marzo 2018)
OAXACA, Oax. (apro).- “Oaxaca no sólo es fiesta, es rebeldía, es coraje”. Esa fue la frase que resonó en el estadio donde se realizó la décimo tercera “Guelaguetza Magisterial y Popular”, mientras los “cuerudos” de Miahuatlán, con sus sones y bailes, denunciaron su rechazo a las concesiones de minas que atentan contra su territorio.
A su entrada al estadio Tecnológico de Oaxaca, un “cuerudo” mostró una manta con la leyenda: “Alto a la concesión de minas en Miahuatlán! ¡No licence to open mines in Miahuatlán Oaxaca!”. Y, mientras, en el ambiente resonaba: “Seguimos resistiendo a los embates de un sistema que busca aniquilar nuestros pueblos, nuestros derechos y nuestros territorios”.
Este lunes, aquí en la capital, el dirigente magisterial de la Sección 22, Eloy López Hernández, y su invitado especial José Manuel Mireles Valverde, exlíder de los grupos de autodefensa en Michoacán, se pronunciaron contra los megaproyectos.
Los “cuerudos” recordaron igualmente las deudas de los “partidos asesinos, porque aún no olvidamos la matanza de Nochixtlán, a 43 estudiantes y a tantos que no están, por eso todos presentes con sus voces gritaran: ha triunfado otro partido y han muerto el PRI y el PAN”.
Antes de iniciar la Guelaguetza Popular, los organizadores resaltaron que la cultura no es mercancía ni se comercializa, en clara alusión a la “máxima fiesta de los oaxaqueños” organizada por el gobierno estatal, que este lunes desplegó a más de mil 400 elementos de seguridad, vialidad y socorro de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) para participar en el operativo “Guelaguetza 2018”.
Ativistas y juristas de la asociación civil «Tequio Jurídico», exhortaron a las comunidades involucradas en conflictos agrarios a propiciar ellas mismas el diálogo y buscar acuerdos para evitar más derramamiento de sangre.
Condenan que el sector más afectado por esta problemática han sido las personas indígenas y las mujeres.
«Se hace visible la violencia en contra de las mujeres en los conflictos por la tierra, afectando la vida, la integridad física y emocional de las mujeres y sus derechos agrarios, quienes anteponen sus cuerpos en la defensa de su territorio.», señalan.
Explican que los asesinatos y en general la violencia generada en la Sierra Sur obedecen no solamente a conflictos históricos por límites de tierra «sino que implica un control territorial por parte de poderes específicos como los partidos políticos, megaproyectos que implican minería, parques eólicos, líneas de alta tensión y concesiones de agua», entre otros.
La asociación civil exige que las autoridades implementen y garanticen los derechos humanos en este tipo de confrontaciones y su solución.
«Se deben crear alternativas de diálogo para su solución y evitar en todo momento actos de provocación y violencia. Es importante que las mujeres participen en los espacios de toma de decisiones para la construcción y participación de alternativas no violentas en la resolución de los conflictos agrarios.»
Habitantes de diversos municipios de la Sierra Norte de Puebla demandaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se abstengan de continuar violando los derechos de los pueblos, al autorizar nuevos permisos y concesiones a las empresas Deselec-Comexhidro y Almaden Minerals que pretenden construir la hidroeléctrica Puebla 1 e iniciar la explotación de oro y plata en el proyecto Ixtaca.
En rueda de prensa, los pobladores y miembros de las organizaciones Tiyat Tlali, Tosepan Titataniske y Miocup-CNPA, entre otras, indicaron que ambas dependencias continúan violando los derechos que otorga a los pueblos indígenas el artículo 2 de la Constitución, al haber autorizado recientemente la construcción de la presa Zoquiapa en el municipio de Tlapacoya que abastecerá de luz a WalMart, además que estaría a punto de aprobar la apertura de una mina a cielo abierto en el municipio de Ixtacamaxtitlan, pese a la oposición de los indígenas nahuas, totonacos, otomíes y mestizos que habitan en estos lugares.
Los pobladores declararon a sus territorios libres de proyectos de muerte, y acusaron que mediante acciones pacíficas de movilización y jurídicas han resistido a la embestida de empresarios y autoridades que han invadido sus tierras, los han hostilizado y los han perseguido y criminalizado por su lucha.
“Nos parece injustificado que la Semarnat siga autorizando a Almaden Minerals y Deselec-Comexhidro proyectos en los que especialistas han probado que traerían daños irreparables a nuestros territorios y recursos naturales. En el territorio de Ixtacamaxtitlán, la exploración de la Minera Gorrión ha secado las fuentes de agua, ha contaminado los suelos con miles de litros de diesel y han muerto animales. Mientras que Conagua ya otorgó a Deselec-Comexhidro una concesión para el uso de las aguas superficiales del río Ajajalpan, cuya ribera es habitada por varios pueblos nahuas y totonacos”, precisaron.
Además, consideraron, que las comunidades viven un momento de “muy alto riesgo” debido a que la minera canadiense está por presentar ante Semarnat una Manifestación de Impacto Ambiental para avanzar a la etapa de explotación de minería a cielo abierto y, en caso de que Conagua otorgue una nueva concesión a Deselec-Comexhidro sobre el uso del caudal del río Zoquiapan, se pondrá en riesgo la vida de miles de familias campesinas e indígenas, se profundizará la violencia que ya “ha llegado a situaciones insostenibles”.
Los pueblos de la Sierra Norte, donde hay más de 190 concesiones mineras, se pretenden construir 14 hidroeléctricas y el territorio de 35 municipios se ha otorgado para la extracción de hidrocarburos a través de la fractura hidráulica, se han pronunciado por defender el agua, la tierra, su derecho a la vida, la salud, el territorio y por eso se han declarado “libres de minería y de otros proyectos extractivos”
Demandaron a Semarnat y Conagua se abstengan de autorizar nuevos permisos o concesiones a Deselec-Comexhidor y a Almaden MInerals y al gobierno municipal de Ixtacamaxtlan que niegue los permisos de cambio de uso de suelo y uso de explosivos a la minera.
Además pidieron la cancelación de los proyectos de muerte para mantener la paz y evitar la profundización de la violencia y al nuevo gobierno federal electo que respete su derecho a la libre autodeterminación ya que “no vemos cambios de fondo en la política económica”, precisaron.
Organizaciones contra la minería enviaron un comunicado al nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador para manifestar su rechazo a los proyectos mineros y asegurar que “ya no es posible dar continuidad de este modelo extractivo depredador”, por lo que exigieron que todas las concesiones mineras en el país sean canceladas “de forma inmediata”.
Aseguraron que todas las empresas mineras “sin excepción, han violado las leyes, han violado los derechos humanos y han trastocado y vulnerado la participación y la toma de decisiones de los pueblos y de la gente”.
Las organizaciones y colectivos pidieron “cortar de facto con esta política indiscriminada y entreguista de concesiones mineras”, con las cuales las empresas naciones e internacionales despojan a las comunidades para explotar la mina, que además conlleva consecuencias ambientales y de salud para las poblaciones.
“El gobierno electo debe terminar con la simulación y prohibir tajantemente la contaminación de aquellas empresas que tienen proyectos en operación actual”, señalaron en el comunicado y agregaron que quienes contaminen deben reparar los daños ocasionados a la salud y al medio ambiente, “no importando el costo que ello les signifique, así como también reciban las sanciones penales correspondientes”.
Por la sobreexplotación de la mina El Tezoyo, en el municipio de Tezoyuca, estado de México, alrededor de 90 viviendas de las comunidades La Concepción y Resurrección presentan cuarteaduras en muros y losas y están en riesgo de desplomarse, pues quedaron junto a los desfiladeros y taludes que deja la extracción de materiales pétreos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
‘‘Calculamos que diariamente entran y salen unas 400 góndolas que se llevan el material. Trabajan 20 horas al día y la explotación ya avanzó hacia zonas más cercanas’’, denunciaron los vecinos.
Agregaron que las tierras se agrietaron por el uso de la dinamita para extraer el material, además de que René Martínez, dueño de la mina también conocida como Ocupulco, se apropió de varias calles.
‘‘Las grietas en nuestras casas son cada vez más evidentes y con las lluvias se filtra el agua. Hemos tenido que hacer reparaciones para evitar un mayor deterioro”, señalaron.
El material que se extrae de la mina es el tezontle, utilizado para la construcción del NAICM. Por las operaciones en la mina cientos de familias están en peligro, pues sus casas quedaron a distancias de uno a cinco metros de los taludes y desfiladeros.
Los vecinos acusaron que ya han presentado denuncias por los daños ocasionados en sus viviendas, pero éstas no han procedido porque el empresario y dueño de la mina está protegido por las autoridades estatales y federales.
En el próximo gobierno se debe retomar lo que quedó pendiente de cumplir, en 2001, de los Acuerdos de San Andrés, esencialmente el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, dijo Adelfo Regino Montes.
Antes de reunirse esta mañana con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador -quien sostiene un encuentro con su equipo económico- el abogado que será el próximo enlace con los pueblos indicó que también debe haber un proceso de revisión de las concesiones y permisos de explotación de recursos naturales en las regiones indígenas.
Antes de reunirse esta mañana con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador -quien sostiene un encuentro con su equipo económico- el abogado que será el próximo enlace con los pueblos indicó que también debe haber un proceso de revisión de las concesiones y permisos de explotación de recursos naturales en las regiones indígenas.
«Tiene que haber un proceso de revisión y pedir, en cada uno de los casos, que se cumpla con los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos que pedir que se respete el estado de derecho y esto incluye el respeto a los derechos a sus tierras, territorios y, en particular, a la consulta previa, libre e informada», indicó.
«Tenemos información de que se han expedido concesiones, permisos sobre los recursos naturales de los pueblos y comunidades, sin que muchos de los casos estén enterados de que existen», indicó.
«No hay un proceso de diálogo, de acuerdo, con las comunidades indígenas. De ahí que tenemos que hacer un mapeo de las concesiones y permisos que se han expedido, para que podamos tener un conocimiento de primera mano de cuál es la situación de estos actos de carácter administrativo y se pueda hacer una revisión para ver si se ajustan a los derechos de los pueblos indígenas».
Recordó que López Obrador ha comprometido que, en el futuro, cada proyecto y obra tendrá que ser bajo un proceso de diálogo, de consulta con los pueblos y comunidades, cumpliendo el convenio de la OIT.
«Esperamos que se construyan con la participación de los pueblos y comunidades. Vamos a convocar a un proceso de consulta, para que las autoridades comunitarias y municipales sean debidamente escuchadas en sus planteamientos de desarrollo», expuso.
Asimismo se presentará una estrategia de regionalización de los pueblos y comunidades «porque queremos que los 68 pueblos indígenas de México y el pueblo afro mexicano, de la Costa de Oaxaca y Guerrero, sean debidamente atendidos».
En pro de la vida, la paz y el desarrollo comunitario; desde nuestras propias cosmovisiones y en respeto profundo de nuestra Madre Tierra, manifestamos que la minería no representa ninguna opción de desarrollo para nuestros pueblos y sus habitantes.
Así lo ratificaron más de 30 pueblos y comunidades indígenas y campesinas de los Valles Centrales de Oaxaca, acompañadas por organizaciones y colectivos del estado, en el marco del Encuentro de los Pueblos de los Valles Centrales Contra la Minería denominado “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”, evento que tuvo lugar el pasado 22 de Junio, día estatal de Rebeldía contra la minería, en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, distrito de Ocotlán y que PBI acompañó.
El desarrollo del evento dio cumplimiento a los acuerdos generados en el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, realizado en la comunidad de Magdalena Teitipac el pasado 23 de febrero de 2018. El encuentro tuvo los objetivos de: crear una estrategia para preparar el próximo juicio popular y comunitario contra la minería y refrendar la Declaratoria Regional de Valles Centrales contra la minería, donde las comunidades se posicionaron anteriormente, en contra de la actividad minera en el año 2015. El encuentro también fue un confluente de pueblos y comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca que defienden su territorio frente a proyectos mineros, específicamente en oposición del establecimiento de un “corredor minero” de más de 100.000 hectáreas concesionadas sin una consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas; aquí, las personas compartieron, identificaron y diseñaron estrategias comunitarias para enfrentar las múltiples afectaciones sociales, ambientales y culturales, producto de la intervención de proyectos mineros en sus territorios.
Según organizaciones asistentes, actualmente en el estado de Oaxaca existen 322 concesiones para explotación de los recursos naturales, que se concentran principalmente en territorios de los Valles Centrales y la Costa Oaxaqueña. Por su parte, Servicios para una Educación Alternativa A.C. – EDUCA, organización acompañada por PBI en el estado de Oaxaca, recalcó que las múltiples concesiones otorgadas a empresas mineras generan un despojo masivo de tierras a las comunidades indígenas y que eventos como éste, son el resultado de los procesos que se vienen articulando desde el año 2008, cuando tuviera lugar el primero de estos encuentros.
Además de generar redes de información y trabajo regional conjunto entre diferentes sectores sociales, connotar el profundo respeto y consideración que se tiene por la naturaleza y sus recursos y diferenciar la visión de desarrollo, divorciada del concepto economicista del extractivismo, la relevancia del evento radicó en puntos específicos como el establecimiento de los acuerdos para desarrollar un juicio popular y comunitario en contra de la minería el próximo mes de Octubre, la firma de la “Declaratoria Regional No a los proyectos mineros”, documento construido, ajustado y firmado por los participantes, quienes determinaron colectivamente que “El agua vale más que el oro, porque el oro no se bebe”. También se llevó a cabo la constitución de la “Asamblea Comunitaria en Defensa de la Vida No a la Minería” que como ente representante de las comunidades de los valles centrales se encargará de accionar legalmente frente a la intervención minera en dichos territorios.
Debido a que es una gran preocupación para PBI la situación de seguridad de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente (ver publicación Defender la Vida), es fundamental resaltar la legítima labor de muchas organizaciones que al igual que EDUCA, acompañan y abordan procesos de defensa de los derechos humanos de comunidades y pueblos, la soberanía de sus territorios y el respeto y cuidado de los recursos naturales a lo largo del territorio nacional.
Si bien el Estado mexicano ha adquirido una serie de compromisos en términos de normas y suscripción a tratados internacionales, la situación de riesgo para personas defensoras sigue siendo alta y los mecanismos de protección propuestos no parecen ser lo suficientemente eficaces a la hora de abordar la problemática (Ver informe “La deuda del Estado mexicano”del Espacio de organizaciones de la sociedad civil – Espacio OSC). Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionó haber observado en la región “la ausencia de adopción e implementación de medidas efectivas de reconocimiento y protección para quienes defienden y promueven los derechos del territorio, medio ambiente y aquellos ligados al acceso a la tierra”.
Entre tanto, y actuando a petición de las organizaciones locales que acompaña, PBI seguirá trabajando en la protección y ampliación de lo espacios de trabajo de las personas y organizaciones que promueven derechos humanos y de tierra y territorio. Al mismo tiempo, PBI hace un llamado a las autoridades competentes a proteger y propender por el respeto de la labor, la seguridad y la vida de las personas defensoras que diariamente abordan esta problemática.
En la presente administración han sido asesinados 12 activistas, todos ellos pertenecientes a organizaciones vinculadas con la defensa de los pueblos indígenas y su territorio.
La mitad de ellos han perdido la vida violentamente en lo que va del 2018.
El pasado 9 de enero, Felix Guerrero, secretario del Codep fue asesinado a balazos en Putla. Habitantes de esa población encontraron sobre un camino de terracería el cuerpo sin vida del activista, quien tenía un disparo en la frente.
Esta organización está conformada por indígenas y campesinos bajo las consignas de defender los derechos ciudadanos de los pueblos.
Al mes siguiente, el 12 de febrero, un grupo de hombres armados asesinó a tres activistas del Codedi cuando viajaban por la carretera Oaxaca- Huatulco, agrupación que según sus estatutos, busca la defensa de los derechos indígenas y el territorio.
El profesor de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Calixto Pedro Guillermo, fue asesinado el pasado 8 de junio en San Juan Guichicovi, región del Istmo de Tehuantepec. El también luchador social era miembro de la UCIZONI, organización activa en la defensa de la tierra, territorio y empoderamiento de mujeres indígenas.
El último atentado contra activistas tuvo lugar apenas antier. El coordinador regional del Codedi, Abraham Hernández González, de 42 años de edad, fue asesinado en la comunidad de Salchi, Pochutla.
Antes del mediodía, un comando armado entró al domicilio de la víctima y se lo llevó a bordo de una camioneta. Horas más tarde, el cadáver de Hernández González fue localizado con huellas de tortura.
Los recursos del Proyecto de Seguridad para Zonas Rurales (PESA) para Oaxaca han aumentado muy poco. Apenas entre seis y ocho millones por año.
Mientras en 2017 el PESA tuvo un incremento adicional de 30 millones de pesos autorizados después de los sismos de septiembre pasado, los 348.8 millones de pesos que desde mayo pasado llegaron a Oaxaca siguen sin poder entregarse a los productores.
Ni la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) ni la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) han podido concluir el Plan Estatal del Componente PESA.
De acuerdo con la delegación de la Sagarpa, en 2016 el PESA invirtió en Oaxaca 334.7 millones de pesos. Fueron aprobados 2 mil 66 proyectos productivos de jitomate, aves, maíz, bovinos, hortalizas y aguacate, que incluyen la instalación de 709 huertos y la operatividad de 42 Agencias de Desarrollo Rural (ADR).
Es a través de esas agencias que se atendieron a productores de 266 municipios, 178 de los cuales se encontraban dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Para el 2017 los recursos aprobados aumentaron a 340 millones de pesos, pero hubo una extensión extraordinaria por los sismos de septiembre que incrementó a 370 millones de pesos.
El número de proyectos autorizados también aumentó, al pasar de 2 mil 66 a 2 mil 929, principalmente de maíz, bovinos, aguacate, tomate, hortalizas a campo abierto, miel, caprinos, cítricos, café y aves.
“En lo que más fortalece el PESA es en la asistencia técnica, así el productor no siembra a ciegas el aguacate”, explicó el presidente de un sistema cuyo producto alcanza las 5 mil hectáreas cultivadas en todo el territorio oaxaqueño.
En el marco del Día Mundial contra la Megaminería, celebrado el 22 de julio, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que durante al menos los últimos 24 años se ha implementado una política de Gobierno neoliberal que ha incurrido en la violación a los derechos humanos de comunidades enteras y en la entrega de los recursos naturales.
Las organizaciones urgieron al próximo Gobierno, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, a que escuche las voces de las comunidades, a poner fin a las concesiones mineras y a detener “los proyectos de muerte” a lo largo y ancho de la República Mexicana.
En entrevista con SinEmbargo, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, del Colectivo Azul, explicó que los “proyectos de la muerte” son todos aquellos que atentan contra los bienes y la herencia biocultural de los territorios. El extractivismo de energéticos y minerales, subrayó, son especialmente depredadores.
Denunció que este tipo de proyectos “fracturan a las comunidades y las dividen”. “Hay todo un modus operandi muy bien definido para llevar a cabo la explotación del territorio y todo es a partir de ilegalidades y de impunidad”, añadió.
Durante una conferencia, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Ivette Lacaba indicó que desde las organizaciones existe “un poco de esperanza” de que el nuevo Gobierno muestre disposición de hacer un cambio. Sin embargo consideró que en el tema, el discurso del próximo Presidente de México ha sido ambiguo.
Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), pidió que el nuevo Gobierno los escuche, pero manifestó que la lucha continuará ya sea con un “Gobierno amigo o con un Gobierno enemigo”.
Ruiz Guadalajara enlistó una serie de puntos que el Gobierno de López Obrador podría seguir, si tiene como objetivo proteger al medio ambiente y la salud de la población:
1. Impartir justicia y rendir cuentas.
2. Cancelar concesiones mineras de forma inmediata.
3. Armonización legislativa para la protección del ambiente y de los derechos humanos.
4. Poner fin a la corrupción institucional.
5. Establecer democracia participativa.
6. Recuperar la soberanía y la paz social.
Finalmente, los organismos no gubernamentales dieron a conocer que en distintas ciudades y comunidades alrededor del mundo habrá manifestaciones en contra de la contaminación y el saqueo que produce la actividad extractiva, en el marco del Día Mundial contra la Megaminería.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales( SEMARNAT), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) entregó entregó el “Reconocimiento de excelencia ambiental” junto con otras 58 empresas de alto desempeño ambiental en todo el país.
n 2017, la dependencia informó en un comunicado, estas industrias disminuyeron emisiones de CO2 en 3.5 millones de toneladas, cantidad que generan 684 mil vehículos compactos durante un año, lo cual es un dato que representa el 8% de la meta comprometida para el sector industrial por México para el año 2030.
En el reconocimiento se incluyó a operaciones mineras como las de Minera Roble Unidad Velardeña, Minera Penmont Unidad La Herradura y Minera Saucito, estas dos últimas de Fresnillo PLC, subsidiaria de Industrias Peñoles.
Fernando Alanís Ortega, director general de Peñoles, recibió el reconocimiento que distingue a la Unidad Velardeña por el alto compromiso que tiene la empresa con la preservación del medio ambiente.
Para que peñoles se hiciera merecedor de este reconocimiento destaca:
• Certificación en el máximo Nivel de Desempeño (NDA2)
• Instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales;
• programa de ahorro de energía;
• domo para evitar emisiones de partículas de polvo a la atmósfera;
• un sistema de recuperación y recirculación de agua bajo la administración de “cero descargas”;
• manejo controlado y de minimización de residuos;
• campañas de reforestación;
• promoción de educación ambiental;
• apoyo a comunidades vecinas
Industrias Peñoles siempre ha demostrado interés ambiental y compromiso para dejar un mejor planeta para generaciones futuras.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (Morena) indicó que los casos de este tipo representan más de 40% de las contrataciones, afirmó.
Refirió que las empresas que más incurren en esta práctica son las menos reguladas y guardan menores responsabilidades frente a sus trabajadores, específicamente las que operan bajo outsourcing, que «florece».
Cañedo Jiménez destacó la necesidad de adecuar la legislación laboral y penal, con el fin de hacer efectivo el derecho de los trabajadores a no ser despedidos injustificadamente. Presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente para que en caso de que se le exija a un trabajador firmar en blanco un contrato pueda defenderse.
Alrededor de 300 hectáreas de cultivos han sido afectadas por la mina “El Águila” al contaminar el río Tehuantepec, situación que motivo al Congreso del Estado a solicitar un informe del expediente administrativo de responsabilidad de esta empresa minera filial de Gold Resource Corporation.
Según el directorio del sector minero de la Secretaría de Economía, la unidad El Águila, se ubica a 120 kilómetros de la capital de Oaxaca y es una mina de yacimiento de oro y plata extraíbles a través de un rajo abierto por la empresa Don Juan Gold México S.A. de C.V., cuya propiedad pertenece al grupo estadounidense Gold Resource Corporation.
En la planta de la empresa Don David Gold México S.A. de C.V., que inicio sus actividades en 2010 se procesan los minerales de oro y planta que provienen de la mina El Águila y que contamina al rio “Tehuantepec.
El pleno de la LXIII Legislatura local aprobaron solicitar a los titulares de la delegación en Oaxaca de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un informe del estado que guarda el expediente administrativo de esta empresa minera.
En sesión ordinaria, integrantes de la legislatura expusieron que a la fecha, los desechos de la mina “El Águila” que van al río “Tehuantepec” ya han secado el 40 por ciento de 50 hectáreas de cultivo de limón, cuyo número de hectáreas afectadas asciende a las 300.
Alrededor de 300 hectáreas de cultivos han sido afectadas por la mina “El Águila” al contaminar el río Tehuantepec, situación que motivo al Congreso del Estado a solicitar un informe del expediente administrativo de responsabilidad de esta empresa minera filial de Gold Resource Corporation.
Según el directorio del sector minero de la Secretaría de Economía, la unidad El Águila, se ubica a 120 kilómetros de la capital de Oaxaca y es una mina de yacimiento de oro y plata extraíbles a través de un rajo abierto por la empresa Don Juan Gold México S.A. de C.V., cuya propiedad pertenece al grupo estadounidense Gold Resource Corporation.
En la planta de la empresa Don David Gold México S.A. de C.V., que inicio sus actividades en 2010 se procesan los minerales de oro y planta que provienen de la mina El Águila y que contamina al rio “Tehuantepec.
El pleno de la LXIII Legislatura local aprobaron solicitar a los titulares de la delegación en Oaxaca de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un informe del estado que guarda el expediente administrativo de esta empresa minera.
En sesión ordinaria, integrantes de la legislatura expusieron que a la fecha, los desechos de la mina “El Águila” que van al río “Tehuantepec” ya han secado el 40 por ciento de 50 hectáreas de cultivo de limón, cuyo número de hectáreas afectadas asciende a las 300.
Recalcaron que los terrenos de cultivo de papaya, pepino, maíz, frijol y miltomate han sido los principales afectados que se nutren mediante el sistema de riego y ahora por los trabajos realizados por la mina afecta de manera directa a la economía de las familias dedicadas al campo.
De igual forma, coincidieron en la necesidad de solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), para que de manera inmediata implemente programas de apoyo emergente para los campesinos de la región, que han perdido sus cosechas a consecuencia del daño ambiental ocasionado por la mina.
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son un proyecto que continuará en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que coincide con uno de los objetivos de éste, indicó Gerardo Gutiérrez Candidani, titular de la autoridad federal para el desarrollo de las ZEE.
“Sí, yo creo que con el nuevo gobierno hay grandes coincidencias con la parte de infraestructura productiva, con el apoyo a la proveeduría local, impulsar el sur-suroeste, generar incentivos, las inversiones productivas en puertos, ferrocarriles, etcétera, para dotar de mayores capacidades y mayor competitividad al sur-suroeste”, indicó Candiani en entrevista con Víctor Piz para el programa Al Sonar la Campana.
Señaló que el proyecto de las ZEE tiene un justificante que es un programa social que busca la inclusión del sur-sureste del país, a través de oportunidades y un empleo bien remunerado para la gente que no ha tenido esas oportunidades.
Candiani indicó que buscará reunirse con López Obrador, una vez que éste reciba el reconocimiento oficial.
La semana pasada se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para el otorgamiento de permisos en la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas-La Unión, documentos en los que se establecen los requisitos, procedimientos y criterios necesarios.
“Están hechos para las empresas anclas, las grandes inversiones. Tienen que cumplir con los 90 millones de dólares (de inversión), los 800 empleos y el desarrollo de 20 hectáreas, y cuestiones que son muy importantes para el desarrollo regional como compras locales de hasta el 10 por ciento, inversión en innovación y desarrollo tecnológico, inversión en capital humano y otras condiciones”, indicó Candiani.
Agregó que las empresas que cumplan con esos requisitos se les otorgará una autorización para que se instalen en cualquier parte del polígono de las zonas económicas.
Oaxaca sigue estancada en el segundo lugar a nivel nacional en materia de pobreza, tan sólo después de Chiapas, ambos estados no han logrado resolver sus carencias a causa de sus constantes conflictos sociales, uno de los principales obstáculos a superar, por la actitud omisa de las autoridades estatales.
A pesar de que el Congreso federal le aprobó al gobierno de Oaxaca un presupuesto histórico para 2018, de cerca de 102 mil millones de pesos, el gobierno de Alejandro Murat no ha logrado hacer concretar la inversión pública para revertir las condiciones de pobreza y pobreza extrema en la entidad.
Según datos recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2014 y 2016, 27 de las 32 entidades federativas del país tuvieron una reducción en el porcentaje de la población en situación de pobreza, sin embargo, las cinco entidades restantes que aumentaron su porcentaje de población en situación de pobreza, entre 2014 y 2016, fueron Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche.
De acuerdo con la Dirección General de Políticas Públicas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Oaxaca no ha podido generar empleos y apuntalar su desarrollo económico por los constantes conflictos sociales que desestabilizan a la entidad y no permiten las inversiones empresariales.
La inseguridad, los constantes conflictos agrarios y los magisteriales, que derivan en paros, protestas, marchas y bloqueos, así como un sinnúmero de organizaciones sociales que han radicalizado sus exigencias, inhiben la inversión, provocando que la pobreza se desborde y se transforme en un problema mayor.
En el primer informe ante la LXIII Legislatura del Congreso, la Secretaría General de Gobierno reportó 365 conflictos agrarios, en su mayoría por límites, 33 de alto riesgo, 104 de mediana intensidad y 228 de bajo riesgo, de los cuales sólo cinco se resolvieron, además de un listado de conflictos poselectorales y ayuntamientos en disputas con sus agencias por los recursos.
En 2017, la organización civil Servicios Para una Educación Alternativa A. C. (Educa) señaló que en Oaxaca hay 35 proyectos mineros en activo, 407 concesiones mineras que aún no se explotan, medio centenar de proyectos hidroeléctricos en etapa de estudios y parques eólicos que saturan el Istmo, convirtiendo a Oaxaca en una de las entidades más conflictivas del país.
En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el gobierno del estado identificó la presencia de 425 organizaciones que operan en todo o en algunas regiones del estado, las cuales abanderan diversas demandas de proyectos de infraestructura básica, vivienda, productivos, apoyos agrícolas, educación, concesiones de transporte, entre otros.
La proliferación de organizaciones permite que el gobierno continúe con las viejas prácticas de política clientelar para atenuar la sensación de ingobernabilidad, destinando cerca del 70 por ciento del presupuesto estatal del campo para entregarlo a organizaciones sociales que no comprueban la aplicación de los recursos ni el gobierno cuenta con un mecanismo para verificar el uso de los apoyos.
Según datos del Coneval, el número de personas en pobreza en Oaxaca fue a la alza de 2010 a 2016, sumando en ese lapso 9.6 por ciento más personas con alguna carencia social, es decir, que de 10 personas que actualmente se encuentran en pobreza, una se sumó en ese intervalo de tiempo.