Por falta de consensos tras el proceso de consulta indígena y las posibilidades que hoy otorga la Ley de Amparo, la construcción de la hidroeléctrica Puebla I lleva un año tres meses detenida junto con la inversión de más de 1,000 millones de dólares y el compromiso de que la constructora incremente en el equivalente a 27% anual el presupuesto de los tres municipios involucrados en la sierra de esta entidad.
Fernando Barrera, responsable del proyecto en Deselec, filial de la empresa Comexhidro, explicó que la empresa llegó en el 2010 (cuando la reforma energética no obligaba a la consulta indígena) y desde entonces comenzaron a negociar con las siete comunidades nahuas y totonacas de los municipios de San Felipe Tepatlán, Tlapacoya y Aguacatlán.
En el 2015, cerraron las negociaciones y acordaron beneficios a 25 años para las comunidades, como la entrega de 3 millones de pesos anuales para infraestructura en estos municipios que tienen presupuestos de 10 millones de pesos cada uno, más otros 5 millones al año aproximadamente en proyectos de salud y educación.
Pero según él, tras obtener el financiamiento en abril del 2016, la empresa recibió la notificación de un amparo contra los permisos otorgados por las distintas autoridades: Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional del Agua y municipios. El recurso lo promovieron cuatro personas, asesoradas por el Consejo Tiyat Tlali y Fundar, que argumentaron afectaciones y con ello, el juzgado civil primero de Atlixco, ordenó la suspensión de la obra.
Cuando recibieron la notificación de la suspensión, la empresa ya había comprado o arrendado como servidumbre de paso 290 terrenos en las 15 hectáreas donde pretende instalar las máquinas y el embalse en el río Ajajalpan, para esta planta con capacidad de 60 megawatts.
Deselec-Comexhidro llegó al juicio como tercero involucrado y a la par de miembros de las comunidades (que esperaban los 800 empleos prometidos) lograron que el juez levantara la suspensión para iniciar las obras en San Felipe Tepatlán y Tlapocoya. Pero un error administrativo en la redacción de un cargo impidió que hasta el día de hoy se levante la suspensión en Aguacatlán. Y la obra sigue detenida, aunque así seguirá, dijo el representante de Comexhidro, hasta que exista una sentencia, porque los socios consumidores de este proyecto legado de autoabasto, que son Walmart, Suburbia, Waldo’s Dólar, Operadora Vips, Colchas México e Ileana Jinich Mekler, así como los financiadores, no invertirán en un proyecto con este grado de incertidumbre.
Con la reforma del 2013 a la Ley de Amparo, se concede el amparo indirecto a quienes se autodenominen indígenas, por su personalidad y no por la materia de la queja, con lo que los jueces están obligados a suspender la ejecución de las obras mientras dictan sentencia.
Para evitar llegar a estas instancias, desde las modificaciones legales de la reforma energética se estableció que antes del otorgamiento de cualquier permiso debe existir una consulta previa, libre e informada en que se negocie la autorización de las comunidades. La Secretaría de Energía tiene la obligación de realizar estas consultas con sus propios recursos.
Integrantes del Comité Pro Defensa de la Tierra y Territorio presentaron 40 amparos colectivos con 700 firmas de indígenas de la comunidad Unión Hidalgo, ante el juez séptimo de distrito con sede en el puerto de Salina Cruz ante el desarrollo de parques eólicos.
Los proyectos que se pretenden impulsar: Fuerza y energía Biío Hioxo y Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca (esta última, filial de Desarrollos Eólicos Mexicanos en la que es accionista Grupo Bimbo).
A través de la organización oaxaqueña Educa, Servicios para una Educación Alternativa, AC, se informó que Romel Matus, representante del Comité explicó que las autoridades del gobierno federal, a través de la Secretaria de Energía; el gobierno de Oaxaca, mediante la Comisión Permanente de Fomento de Energía Renovable y la autoridad de Unión Hidalgo otorgaron concesiones, permisos y autorizaciones para que inversionistas nacionales y extranjeros ampliaran su infraestructura en terrenos de la comunidad sin previa consulta indígena.
La empresa ubica este proyecto a 3 kilómetros de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, abarca 2 mil hectáreas de terrenos, donde se pretenden instalar 117 aerogeneradores. Esta infraestructura lo podría convertir en el tercer parque eólico más grande de América Latina.
Información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) indica que Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca, SAPI de CV es 51.01 por ciento de Desarrollos Eólicos Mexicanos, SA de CV, y 48.99 por ciento de First Reserve Inversiones Eólicas 1, S de RL de CV. Esta se dedica a la generación de energía eléctrica en la región la Ventosa, Oaxaca.
En 2015 y 2014, indica la BMV, la empresa obtuvo el 100 por ciento de sus ingresos por “venta de energía a Bimbo, SA de CV, accionista de la compañía”.
El gobernador, Alejandro Murat Hinojosa aseguró que inversionistas chinos han manifestado su interés para participar en la licitación del ferrocarril que comunicará a los puertos de Salina Cruz, en el Istmo, y Coatzacoalcos en Veracruz.
Manifestó que a pesar de que la licitación es una facultad exclusiva del gobierno federal, está coadyuvando a generar las condiciones para que este proyecto se realice en las mejores condiciones posibles.
Sin embargo, Murat deslindó a su gobierno de la contaminación de Petróleos Mexicanos en el municipio de Salina Cruz y poblaciones colindantes.
Al término de la inauguración de nuevos vuelos comerciales a la ciudad de Oaxaca en el aeropuerto internacional, el mandatario estatal afirmó que los daños al medio ambiente provocados por Pemex serán atendidos exclusivamente y de manera puntual por la propia empresa.
Mientras, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, urgieron al titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, para que realice las evaluaciones para la restauración de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales perjudicados tras la conflagración en la refinería Antonio Dovalí Jaime el 16 de junio pasado.
Integrantes del Comité Pro Defensa de la Tierra y Territorio presentaron 40 amparos colectivos con 700 firmas de indígenas de Unión Hidalgo ante el juez séptimo de distrito con sede en el puerto de Salina Cruz por la violación a sus derechos a una consulta libre, previa, informada y de buena fe conforme a lo establece el articulo 2 de la constitución federal y el convenio 169 de la OIT.
Romel Matus, representante de este Comité Pro Defensa de la Tierra y el Territorio explicó que las autoridades del gobierno federal como es la Secretaria de Energía, el gobierno de Oaxaca a través de la Comisión Permanente de Fomento de Energía Renovable y también el municipal de Unión Hidalgo otorgaron concesiones, permisos y autorizaciones para inversionistas nacionales y extranjeros para que ampliaran su infraestructura en terrenos de la comunidad sin previa consulta indígena.
“Se sabe que las empresas Fuerza y energía Bii Ioxho y Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1 y 2 recibieron permisos para seguir expandiéndose, la Comisión Reguladora de Energía nos informó que estas dos empresas aparecen en el listado relacionado a la nuestra comunidad , lo que sabemos es que podrían ubicar sus torres cerca del Estero Guie’ y también el Palmar”, indicó.
De acuerdo con la Asociación Mundial de Zonas Económicas, por cada dólar que se invierte en una región marginada de ese tipo, «la derrama es hasta de tres dólares adicionales; es un efecto multiplicador», subrayó Gerardo Gutiérrez Candiani, jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
Agregó que en el sur-sureste se han invertido billones de pesos en programas sociales sin lograr generar riqueza, la única manera de hacerlo es mediante la inversión productiva que genera empleo.
China es el principal caso de éxito de las ZEE como generadoras de ingresos, con 750, las cuales le han dado ingresos con sus políticas de inversiones; «todas han tenido incentivos fiscales y hoy es el país más rico del mundo, con un excedente de dinero que invierte en todo el mundo».
El ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial reconoció que la semana pasada se dio un paso fundamental en el tema, con la aprobación de los primeros cinco dictámenes para las ZEE: «Fue un trabajo arduo, complicado, debido a que se tuvieron que juntar muchas visiones».
Destacó que esos dictámenes se cumplieron con todos los criterios que marca la ley, tales como pobreza, marginación y densidad poblacional.
Precisó que para la primera etapa se prevén inversiones por 6 mil 770 millones de dólares, de alrededor de 42 empresas, tanto nacionales como extranjeras, entre las que destacan asiáticas, europeas y de Estados Unidos. Sin embargo, aún se está en negociaciones con 300 compañías más interesadas en participar en estas ZEE.
Señaló que esas inversiones podrían generar hasta 30 mil empleos directos bien pagados y formales conforme vayan desarrollándose los proyectos.
El funcionario federal detalló que para complementar la conformación de las ZEE también se requerirá de una inversión en infraestructura de 97 mil millones de pesos en los próximos 10 años a 15 años, para dotarlas de capacidades de clase mundial.
El gobierno federal buscará desarrollar el tren de carga en el sureste del país, a través de un proyecto que busca unir las vías de los ferrocarriles del Itsmo de Tehuantepec y el de Chiapas-Mayab para impulsar las Zonas Económicas Especiales.
La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, dependencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, lanzará en los primeros 15 días de julio la licitación para realizar los estudios que permitan apoyar el proyecto ferroviario, dijo Benjamín Alemán, director de la agencia.
Durante su participación en el XVII Foro Nacional del Transporte de Mercancías, que organiza la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) en Playa del Carmen, el directivo señaló que se construirá una vía de unos 100 kilómetros para unir esos dos tramos y formar un circuito que permita hacer conexión con puertos como Salina Cruz y Puerto Chiapas.
El proyecto también contempla conectar por vía férrea a Quintana Roo, con un tren de carga a Cancún y Chetumal.
El plan tiene el apoyo de Banobras, que a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) otorgó a la agencia ferroviaria un apoyo para financiar la elaboración de los estudios y asesorías necesarios para la reconfiguración o integración de las vías férreas.
La unión de las dos líneas ferroviarias mejorará la logística en estas zonas, en la que se encuentran el Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye municipios de Michoacán y Guerrero; el Corredor del Istmo de Tehuantepec, que incluirá a Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca; y el Puerto Chiapas, en Chiapas, así como los estados de Yucatán, Tabasco y Campeche.
Dos bloques petroleros ubicados en Chiapas quedaron fuera de la Ronda 2.2 que se llevará a cabo el próximo 12 de julio debido a que comunidades indígenas se resisten a ser consultadas por la Secretaría de Energía (Sener).
Detrás vienen otros proyectos en riesgo por el mismo tema. Según la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica, están detenidas inversiones de 19 mil millones de pesos para la construcción de presas; mientras que en Juchitpan, Oaxaca, un parque eólico propiedad de Eólica del Sur en una comunidad zapoteca tiene en vilo una inversión de mil 200 millones de dólares.
Además, este mes tendría que haber comenzado la construcción de un proyecto eólico en la zona de Dzilam de Bravo, en Yucatán, cuya inversión estimada es de dos mil millones de pesos; sin embargo, se desistió del procedimiento de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica, siendo un parque que se desarrollaría en una zona indígena.
Estos casos, junto con los bloques chiapanecos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), revelaron la necesidad de contar con ‘certidumbre social’, pues se tratan de inversiones multimillonarias en riesgo por un rechazo generalizado a los proyectos energéticos de la industria privada, así como a una terrible desinformación.
Juan Pablo Gudiño, el primero en México en hacer una consulta ambiental y exdirector general de Igualdad y Derechos Humanos en Semarnat, afirma que urge la creación de un ley general de consulta indígena en donde pudiera concebirse la consulta como una verdadera herramienta de negociación para alcanzar acuerdos; sin embargo, este es uno de los muchos temas pendientes en la relación IP-sociedad.
Ante la franca caída en la producción petrolera nacional, la región sur de Pemex tiene uno de los mayores retos y requiere de verdaderos líderes operativos. Nos cuentan que Plácido Gerardo Reyes Reza, como nuevo subdirector de Producción Bloques Sur, simplemente no ve salir el sol, pues no puede mantener la disciplina en el equipo que comanda. Me refiero a sus cuatro administradores: Mauricio Sastre, Blanca González, Ángel Munguía y Luis Manuel Perera.
Empresarios e intermediarios financieros denunciaron ‘candados inventados’ para empresas nacionales, en beneficio de las internacionales, bajo el marco regulatorio que plantea la reforma energética en las licitaciones que lanza Pemex, cuyo encargado es Armando Hiram Hinojosa González, gerente de Contrataciones para Proyectos.
Por las marchas, bloqueos, plantones y enfrentamientos, Oaxaca vive una realidad lamentable. “Ya nadie quiere venir a invertir, porque no existen las condiciones mínimas necesarias para los empresarios locales, mucho menos para los foráneos”.
Así lo expresó el presidente del Consejo Directivo de la Coparmex Oaxaca, Raúl Ruiz Robles, quien lamentó que ante esta situación, “las inversiones se siguen yendo, porque pareciera que los oaxaqueños somos unos revoltosos, pero no es así, Oaxaca está lleno de talentos y de gente que quiere trabajar”.
El empresario oaxaqueño consideró que para solucionar este problema y hacer atractivo a Oaxaca para las inversiones, “es necesario que las organizaciones tengan un límite y el gobierno deje de tener oídos sordos y enfrentar los problemas”.
Reconoció que como sociedad también debemos de contribuir para que manifestaciones como la realizada este martes por la Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca (FESO) que mantuvo bloqueos en varios puntos de la capital oaxaqueña, ocasionando un caos vehícular, no se sigan permitiendo.
Al preguntársele si existen las condiciones necesarias para llevar a cabo la Fiesta de la Guelaguetza 2017, Ruiz Robles asestó que pudiera haber las condiciones de seguridad, pero ¿dónde quedan las condiciones sociales?, esas son las que ahuyentan al turismo, y no es que Oaxaca viva del turismo, desafortunadamente vive del Gobierno y de las remesas; el turismo nos ayuda y genera dinero para todos, pero las manifestaciones sociales lo ahuyentan.
Al ser cuestionado sobre la cuantificación de las pérdidas por las manifestaciones y bloqueos, el presidente de la Coparmex Oaxaca consideró que no hay manera de hacerlo.“Como sociedad seguimos enterrando a Oaxaca en la no educación, tenemos niños mal preparados».
Consideró que los apoyos que el Gobierno ofrece a las empresas, que no pasan los 10 mil pesos, sólo fueron un paliativo. ¿Quién en sus sano juicio piensa que con esa cantidad se reactiva la economía?, si la gran mayoría de empresarios se encuentran en buró de crédito, hay fuentes de empleo que se están cerrando ante la baja de ventas.
Los pueblos originarios y organizaciones sociales convocan a “legitimar el derecho a la rebeldía para defender su territorio frente a las políticas depredadoras de un gobierno colonialista y corrupto (de Enrique Peña Nieto) que renuncia a sus responsabilidades y solo presta oídos a las empresas transnacionales y a los gobiernos extranjeros imperialistas”.
Luego del Foro sobre las “Zonas Económicas Especiales (ZEE) y sus implicaciones en la vida comunitaria y al medio ambiente”, realizado el pasado 22 de junio en el Zócalo de Oaxaca con la participación de más de 250 participantes de diversas organizaciones, los pueblos manifestaron que “el territorio es parte de nuestra memoria” y por ello están convocando a defenderlo.
Dijeron que las intenciones del gobierno son evidentes pues “han anunciado y promovido mineras, nuevos parques eólicos, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, siderúrgicas, gasoductos y terminales de gas, presas hidroeléctricas, construcción de vías férreas y carreteras. Todas estas industrias de despojo y destrucción se agrupan, organizan y legitiman desde el andamiaje legal, fiscal y administrativo que provee la ley de las ZEE y las llamadas reformas estructurales.
Agregaron que “se avizora una nueva oleada de devastación para el Istmo y para todo el Estado. El capital internacional y la élite política mexicana se ciernen sobre el territorio oaxaqueño con avaricia, avidez y rapacidad. Son los nuevos tiempos de un capitalismo cada día más burdo, delirante y genocida”.
Asimismo, hicieron un llamado para “fortalecer nuestras asambleas y autoridades comunitarias y a construir caminos por la defensa de la tierra y el territorio, y contra cualquier proyecto invasivo y destructivo que atente contra la vida comunitaria de nuestros pueblos”.
En los últimos siete meses sólo se ha resuelto un conflicto agrario, en tanto se mantienen activos 364, de los cuales 32 son considerados como foco rojo en Oaxaca.
Al encabezar la apertura del Ciclo de Capacitación en Mecanismos Alternos de Conflictos Agrarios y Sociales, el secretario general de Gobierno (Segego), Héctor Anuar Mafud Mafud, reconoció que por muchos años se descuidaron estas problemáticas que se han venido reactivando en los últimos días.
Explicó que desde la Segego se trabaja de manera constante para que el resto de los conflictos no alcancen la peligrosidad que ya representantes 32 casos en las diferentes regiones.
Dijo que a iniciativa del gobernador Alejandro Murat a través de estas capacitaciones, se pretende formar a la nueva clase “no de políticos, sino a la clase de mediadores y conciliadores capacitados y profesionales, que tengan los instrumentos necesarios para que en las mesas con las comunidades y asambleas estén preparados para encausar de una mejor manera los conflictos”.
En ello, resaltó que se reforzará el trabajo que realiza la Junta de Conciliación Agraria y las diferentes áreas de la Segego, para poder atender de una manera más dinámica estos temas que hoy son prioritarios para las autoridades.
Sobre la problemática que existen en la región Mixe, añadió que personal de la dependencia sostendrá una reunión con representantes de ambas comunidades, tanto de Tamazulápam del Espíritu Santo como de San Pedro y San Pablo Ayutla.
Inversionistas, presidentes municipales del Istmo, legisladores y funcionarios estatales y municipales, firmaron un acuerdo el pasado jueves 22 de junio para potencializar la inversión eólica en el Istmo de Tehuantepec. A escasos metros del lugar, del otro lado del zócalo, representantes de distintas comunidades de esa misma región y organizaciones sociales manifestaban su rechazo y su preocupación por el impacto que la industria eólica y minera tienen en sus comunidades.
El acuerdo pactado entre el gobernador y las autoridades municipales de Asunción Ixtaltepec, El Espinal, Juchitán, Santo Domingo Ingenio y Unión Hidalgo, lugares donde se ubica la zona con mayor potencial para general energía eólica por las condiciones del viento, precisa que estas autoridades deberán generar las condiciones en materia fiscal, de protección civil, registral y social, para desarrollar los proyectos de inversión.
Alejandro Murat destacó que Oaxaca produce el 90% de la energía limpia en el país. La intención dijo, es duplicar la energía que se produce en la zona, porque beneficia al estado, aunque no precisó la inversión que esta industria deja a Oaxaca.
Por su parte el secretario de Energías, Medio Ambiente y Desarrollo, José Luis Calvo Ziga confirmó que en Oaxaca existen 24 parques eólicos, lo que lo convierte en uno de los estados que más aporta energía de eólica al país.
En este marco, el gobernador tomó protesta a integrantes del Consejo Estatal de Energía, órgano que se encargará de establecer los mecanismos y rutas para promover la inversión de energías limpias en Oaxaca.
Inversionistas, presidentes municipales del Istmo, legisladores y funcionarios estatales y municipales, firmaron un acuerdo el pasado jueves 22 de junio para potencializar la inversión eólica en el Istmo de Tehuantepec. A escasos metros del lugar, del otro lado del zócalo, representantes de distintas comunidades de esa misma región y organizaciones sociales manifestaban su rechazo y su preocupación por el impacto que la industria eólica y minera tienen en sus comunidades.
De espaldas a la catedral de la ciudad, unas 20 organizaciones sociales y representantes de comunidades del Istmo, manifestaron que la región ha sido una especie de laboratorio donde las ideas de progreso y modernidad en voz de gobernantes y empresarios han ido permeando en la sociedad y afectando el medio ambiente desde hace 10 décadas aproximadamente desde la entrada del ferrocarril hasta las eólicas y desarrollo de mineras.
Los representantes de los colectivos y pueblos señalaron que las inversiones y desarrollo anunciados en ese tiempo han justificado la imposición de otros modos de vida ajenos a las comunidades que ahí radican, citaron como ejemplo, la Presa Jalapa del Márques, la refinería Antonio Dovalí y desde hace algunos años los parques para la producción de energía eólica.
En el mismo espacio, Ramón Benjamín, investigador de Panamá, expuso algunas de las similitudes que observa en entre el Canal de Panamá como zona de tránsito y la propuesta de las Zonas Económicas Especiales. Dijo que Panamá ha tenido una función a lo largo de la historia que podría asimilarse con el contenido de la ley de las Zonas Económicas Especiales de México en cuanto al control del territorio, a los beneficios e incentivos para la explotación de la zona y de las personas que ahí viven, y lo que es “una concesión de la soberanía a terceros actores”.
Derivado de un análisis sobre la Ley de las ZEE en México, expuso que en esta propuesta se promueve como una opción del desarrollo a través del crecimiento económico sostenido en beneficio de las personas, del trabajo, de la productividad mayores ingresos, pero advirtió que si se toma como ejemplo de éxito a Panamá hay que ver mucho más profundo.
La investigación denominada Desigualdad extrema y tendencias de desarrollo. El caso del estado de Oaxaca, México presentado por la organización OXFAM, señala que estos proyectos económicos que se han implementado en la zona del Istmo, contemplada en la Ley de Zonas Económicas Especiales, benefician sólo a una pequeña parte de la población lo que hace que las brechas de desigualdad se amplíen y en algunos casos se profundicen.
Un estudio realizado por la consultora GMI Consulting identificó cuatro conflictos mineros en los municipios de Ixtlán de Juárez, San José del Progreso, Magdalena Teitipac y Magdalena Ocotlán; y en energía 20 conflictos, casi todos en el municipio de Juchitán de Zaragoza.
Organizaciones de la sociedad civil, como Servicios para una Educación Alternativa (Educa) entre otras, han advertido como amenazas la intención de llevar a cabo 64 proyectos de pequeñas hidroléctricas, un proyecto de gran hidroeléctrica y ocho de aerogeneradores, además de las cerca de 300 concesiones mineras.
Uno de los proyectos más ambiciosos en riesgo se encuentra en el municipio de Salina Cruz, el cual trata de una inversión de 1 mil 300 millones de dólares o 24 mil 76 millones de pesos para la construcción del gasoducto P. M. I. Cinturón Transoceánico Gas Natural. Este proyecto ha encontrado oposición de organismos civiles porque denuncian que no se ha realizado ninguna consulta pública.
Otros más, son el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reyna en el municipio de Santiago Jamiltepec, en la región de la Costa, que importa una inversión de 15 mil 410 millones de pesos; el proyecto eólico Eurus de 592 millones de dólares o 10 mil 963 millones millones de pesos y el de Santo Domingo, en el municipio de Santo Domingo Ingenio, con una inversión de 500 millones de dólares o nueve mil 260 millones de pesos.
Las mayor inversión minera en riesgo corresponde a la del municipio de Magdalena Ocotlán denominada San José, que implica mil 35 millones 268 pesos.
Dentro de los proyectos también se encuentran algunos de inversión pública, como los dos parques eólicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los municipios de San Blas Atempa y Ciudad Ixtepec, para los que se invierten alrededor de mil 100 millones de pesos.
La consultora GMI Consulting detalla que los conflictos sociales en Oaxaca tienen que ver con denuncias por daños ambientales: derrame de aceite y contaminación del agua; con conflictos de tierras, defensa de comunidades agrarias y desplazamiento de poblaciones; con reclamos de pagos de utilidades y pagos más justos, y con actividades económicas, como la eliminación de la pesca; e “indolencia oficial”.
Integrantes del foro: “zonas económicas especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y al medio ambiente” que aglutina a diversas organizaciones sociales, comunidades y activistas sociales se pronunciaron contra la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que promueve el gobierno del Estado en la región del Istmo de Tehuantepec y alertaron sobre posibles daños irreversibles que se registrarían en la entidad.
Los proyectos promovidos por entidades gubernamentales basados en modelo de los Clústers, son un riesgo, aseguraron los activistas.
Señalaron que “la construcción de la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués y la creación del distrito de riego 19, trajo el debilitamiento del río Tehuantepec y la destrucción irreparable de la cubierta vegetal en la zona.
También ejemplificaron los daños que ha causado la Refinería Antonio Dovalí Jaime, instalada en Salina Cruz, la cual, según los activistas, encareció la vida en la zona, destruyó la pesca ribereña y de altura en el Golfo de Tehuantepec, así como también convirtió en un foco de contaminación y riesgo regional toda la zona.
Acusaron del mismo modo, el “falso modelo” de industria verde de los parques eólicos, “no sólo porque ha despojado de tierras y cuerpos de agua a los campesinos istmeños; sino que además ha corrompido y destruido el tejido social, propició la violación a los derechos humanos, sociales y ambientales y “doblegó a las autoridades judiciales coludidas, con autoridades de todos los niveles.
Los integrantes del foro también señalaron que la región del Istmo, donde se pretenden desarrollar las ZEE tiene enormes ventajas geográficas por su riqueza natural y humana por lo que despierta intereses económicos y políticos en el país y en el mundo.
Sin embargo, en los últimos cien años-los proyectos- han sido los más invasivos y agresivos contra el medio ambiente y sus habitantes.
Pueblos originarios y organizaciones sociales advirtieron que se avizora “una nueva oleada de devastación para el Istmo y para todo el estado” con la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Por ello, el pasado jueves 22 convocaron a “legitimar el derecho a la rebeldía” para defender su territorio “frente a las políticas depredadoras de un gobierno colonialista y corrupto que renuncia a sus responsabilidades y solo presta oídos a las empresas transnacionales y a los gobiernos extranjeros imperialistas”.
Durante el Foro sobre las Zonas Económicas Especiales y sus implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente, alrededor de 250 participantes de 50 organizaciones sociales y civiles expresaron su rechazo a “la implementación de las ZEE dentro el Istmo de Tehuantepec y en cualquier otro lugar del estado”.
En ese encuentro acordaron realizar una “campaña masiva de contra información sobre las ZEE y los megaproyectos”, y a realizar foros regionales y estatales “para el fortalecimiento de la defensa de nuestros territorios”.
Las comunidades se quejaron de que han perdido su tierra y el control sobre su entorno, además de que se han destruido acuerdos y dinámicas comunitarias “que los pueblos hemos construido por siglos”.
Advirtieron que con las palabras “progreso, desarrollo y empleo” se pretende repetir el ciclo de destrucción, robo y explotación que ha caracterizado a estos proyectos que hoy el Estado Mexicano promueve a través de las ZEE sin revisar la historia.
A 13 días del incendio en la refinería de Pemex Antonio Dovalí Jaime, ninguna autoridad del sector ambiental ha acudido a la zona para verificar los daños ecológicos provocados en la laguna y el mar de Salina Cruz.
Funcionarios del gobierno municipal de ese puerto revelaron que desde hace 9 días enviaron documentos a la Federación y a la administración estatal para que envíen a especialistas en diferentes disciplinas para valorar las afectaciones.
“Pedimos un equipo especial con gente de la Semarnat, de la Secretaría del Medio Ambiente (estatal); de Profepa, de la Secretaría de Salud; pero no hemos tenido respuesta. Estamos muy mal, nadie nos hace caso”, reveló uno de los concejales del Ayuntamiento porteño.
El regidor de Ecología de Salina Cruz, Mariano Vicente Martínez afirmó que las autoridades ambientales no se han presentado en el puerto. “Nadie ha medido la magnitud del daño ecológico; no midieron la magnitud de lo que vendría después del incendio. Todos estaban muy felices cuando se apagó el incendio; pero este desastre es de corto, mediano y largo plazo”, expuso, en entrevista.
El presidente municipal de Salina Cruz, Rodolfo León Aragón no ha querido explicar públicamente el daño causado por la petrolera. Este diario buscó al funcionario público, pero no hubo respuesta. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tampoco respondió a una solicitud de información que se le hizo sobre estos daños ambientales.
En tanto, la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (Semaedeso) evadió su responsabilidad, ya que aseguró, es competencia del Gobierno federal.
Personal del Gobierno de Salina Cruz reveló que la administración de la refinería ofreció empleo temporal a los pescadores afectados por la contaminación, para que sean ellos los que limpien las zonas.
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016- 2022, enviado al Congreso del Estado para su análisis, ha dejado fuera a programas que combaten la pobreza y que fueron instituidos en el sexenio anterior, tales como: el apoyo a los adultos mayores, becas y uniformes escolares gratuitos.
Sin embargo, el documento asegura que el Plan Estatal de Desarrollo traza la ruta para alcanzar el desarrollo regional y equilibrado del estado, a través de diseños serios y factibles que han sido adaptados a la realidad local.
Durante el análisis, legisladores han levantado la voz para exigir un replanteamiento y que los lineamientos trazados en el PED alcancen los objetivos en tiempo y forma para que el proyecto pase de ser una carta con buenas intenciones y se transforme en acciones medibles, tal como lo afirmó Toribio López Sánchez presidente de la comisión de Presupuesto y Programación de la LXIII Legislatura estatal.
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016 – 2022, retoma la participación ciudadana como base de la gobernanza y expone cinco ejes en los que basa su administración y las políticas transversales de un gobierno que arrancó en desastre social y económico heredado por su antecesor Gabino Cué Monteagudo.
Murat Hinojosa asegura en el mensaje enviado al Congreso local, que para volver a la legalidad, recuperar el rumbo y poner el Gobierno al servicio de la gente, se requiere actuar de frente contra la corrupción e impunidad, promover la seguridad ciudadana por medio de esquemas que garanticen la procuración e impartición de justicia apegada a derecho, pronta y expedita.
El gobernador apuntó que los desafíos son enormes, pero que en el PED se hace énfasis en las oportunidades y fortalezas que tiene Oaxaca expresadas en sus tradiciones, cultura y arte, en sus recursos naturales y el respeto hacia ellos, en las vocaciones productivas regionales, en los posibles destinos turísticos y en la proyección en materia de energías renovables, yacimientos mineros, agroindustria y desarrollo forestal sustentable, entre otras.
La Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales (CIZEE) aprobó las primeras cinco localidades en donde se desarrollarán este tipo de proyectos.
En un comunicado, la secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) puso a consideración de la Comisión los dictámenes de las Zonas de Puerto Chiapas, Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz; Lázaro Cárdenas-La Unión, con influencia en los estados de Michoacán y Guerrero; Progreso, Yucatán y Salina Cruz, Oaxaca, el pasado 22 de junio.
En esa fecha se realizó la segunda sesión de la Comisión, la cual funge como instancia para la toma de decisiones coordinadas competentes a la planeación, establecimiento, y operación de las Zonas Económicas Especiales.
“La aprobación de los dictámenes de las primeras cinco Zonas Económicas Especiales se sientan las bases para que las Zonas Económicas Especiales de nuestro país alcancen su fin último: generar polos de desarrollo en los estados con mayor incidencia de la pobreza extrema”, dijo la dependencia federal.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, presidió la segunda sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especiales (Cizee), en la cual se aprobaron los dictámenes de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de los estados de Yucatán, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Estos documentos técnicos establecen que cada una de las ZEE propuestas es viable jurídica, económica, ambiental y socialmente.
Las ZEE promoverán la atracción de inversiones productivas y la creación de empleos, para multiplicar los beneficios y el bienestar generado por éstas hacia las regiones en donde se establezcan.
Meade Kuribreña agradeció los esfuerzos interinstitucionales a nivel federal y estatal que han permitido avanzar en el establecimiento de las ZEE en nuestro país, particularmente aquellos de los estados de Yucatán, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Asimismo, la labor realizada por la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE.
Las Zonas Económicas Especiales son un área delimitada geográficamente, ubicada en un sitio del país, con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva.
Su objetivo es democratizar la productividad, a nivel regional, para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país.
Oaxaca recibirá una inversión extranjera estimada en 5 mil millones de dólares para operación de nuevos parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec que le permitirán generar hasta 3 000 nuevos megavatios de energía limpia; el proyecto aterrizará en un plazo de cuatro años previendo además formar hasta 9 000 empleos durante su construcción y mil 500 de forma permanente.
De acuerdo a Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente del Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee), el objetivo es la consolidación de una línea de transmisión eléctrica que permita no sólo duplicar y aumentar los dos mil 500 megavatios instalados actualmente y que son generados por mil 400 turbinas que abastecen de energía a 200 mil personas en el sureste y centro del país.
La conclusión de esta operación permitirá ubicar a México entre los primeros 15 lugares mundiales de producción de energía a partir de la fuerza del viento, “y mantener a Oaxaca como el primer lugar de los 10 proyectos que actualmente se están desarrollando en el país, por su capacidad de producción”, asentó.
En entrevista, el empresario consideró que México es una potencia mundial en producción de energía limpia que compite con los 4 000 megavatios de energía generada en su territorio, de los cuales, el 60 por ciento de generan en Oaxaca.
En el marco de la firma del acuerdo en materia fiscal, protección civil, registral y social para promover la inversión eólica en el estado de Oaxaca, que reunió a las autoridades municipales de las zonas en donde se instalarán las nuevas factorías, el presidente de la Amdee estimó que el gobierno estatal otorga seguridad y aspectos técnicos que generarán la certidumbre que permitirá a su vez, la estabilidad en los contratos.
En este sentido, observa que en el proyecto existen empresas que son las responsables de desarrollar los proyectos, pero tienen que involucrar a otras que hagan la obra, instalen, limpien, mantengan y operen las plantas generadoras, “es un conglomerado que genera toda la parte de servicios alrededor de la operación y mantenimiento sin contarlas empresas externas que beneficiarán también”, expuso.
Expuso que la forma de evitar conflictos con los propietarios de las tierras a ocupar es parte de una estrategia que incluye trabajar y ser suficientemente hábiles para demostrar que es una historia de éxito que es tangible y que basta con visitar los parques existentes en la zona o en otros Estados para que vean los beneficios que hay alrededor.
El titular de la Secretaría José Luis Calvo Ziga, afirmó que la entidad es líder en México en materia eólica, ya que aquí se genera el 90 por ciento de la producción a nivel nacional.
Afirmó que se trabaja con el gobierno federal para garantizar las inversiones, por ello ya se tiene el proyecto de Mitsubishi, empresa que se desarrollará en Juchitán y El Espinal, en donde ya se tiene iniciado los proyectos.
En unos días se realizará la consulta indígena para la inversión DDF por 600 millones de dólares, que trabajará energías limpias y renovables, que generará también empleos, detalló.
Sobre el conflicto en el relleno sanitario, indicó que se tiene un equipo en esta secretaría, el cual trata de resolver los problemas que dejó la empresa que administró el lugar en el gobierno pasado.
Destacó que se tienen proyectados rellenos sanitarios para diversas comunidades de la Costa, el Istmo, y la Mixteca.
Sobre las afectaciones por las explosiones en la refinería de Salina Cruz, indicó que se realiza un diagnóstico en coordinación con la Semarnat para que se tenga un dictamen al respecto.
Dijo que se ha solicitado un informe a Pemex para que se a conocer lo que sucedió y de esta forma se puedan aplicar las medidas adecuadas para solucionar los problemas generados.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, presidió la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especiales (CIZEE), en la cual se aprobaron los dictámenes de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de los estados de Chiapas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Oaxaca.
Estos documentos técnicos establecen que cada una de las ZEE propuestas es viable jurídica, económica, ambiental y socialmente, refirió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado.
Durante la reunión se enlistaron las acciones realizadas desde la Primera Sesión Ordinaria de la CIZEE, celebrada el pasado 8 de febrero del presente año, y se destacaron los avances en las distintas dimensiones estratégicas de la implementación de las ZEE, entre ellos, el marco institucional y la identificación de proyectos de infraestructura.
Además, se mencionó el progreso en la identificación de potenciales inversionistas, en el establecimiento de la ventanilla única de las ZEE, así como la cooperación recibida de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proceso de implementación.
El secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Eloy López Hernández, afirmó que aunque el gobernador Alejandro Murat Hinojosa les dio su palabra de atender las demandas magisteriales, los avances de sus acuerdos y pliego petitorio han sido mínimos.
En entrevista, luego de inaugurar el Foro “Las Zonas Económicas Especiales y sus Implicaciones en la Vida Comunitaria y el Medio Ambiente”, organizado por diversas organizaciones en el zócalo de esta capital, el líder magisterial aseguró que no han tenido respuesta a su pliego de demandas, por lo que estaban dando paso a la minuta de acuerdos pactada el 7 de diciembre del año pasado, ya que muchos temas se quedaron rezagados.
“Nosotros queremos recuperar la bilateralidad sobre todo en las aulas”. “Hicimos una consulta a las bases porque como dirigencia queremos que sea la voz de la base la que se oiga, las bases saben cuando tienen que salir, por eso si no se cumplen los acuerdos vamos a accionar”, advirtió.
Ante el llamado que ha hecho el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a los profesores para que acudan a la última evaluación de desempeño, López Hernández acusó que el director, Germán Cervantes Ayala no ha respetado los acuerdos y complica los trabajos al notificar a sus compañeros.
En la segunda sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especiales se aprobaron los dictámenes de las zonas económicas especiales de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Yucatán.
En un comunicado se informa que con estos documentos técnicos aprobados se establece que cada una de estas zonas económicas especiales propuestas es viable jurídica, económica, ambiental y socialmente se informa en un comunicado.
Durante la reunión se destacaron los avances en las distintas dimensiones estratégicas de la implementación de las zonas económicas, entre ellos, el marco institucional y la identificación de proyectos de infraestructura.
Además, se mencionó el progreso en la identificación de potenciales inversionistas, en el establecimiento de la ventanilla única de las zonas económicas especiales, así como la cooperación recibida de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el proceso de implementación.
Al presidir esta sesión, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña agradeció los esfuerzos interinstitucionales a nivel federal y estatal que permitieron avanza en el establecimiento de estas zonas económicas especiales en el país.
En Unión Hidalgo, una conferencia impartida del Dr. Francisco Lopez Bárcenas y Xochitl Zolueta se realizó frente a propietarios, avecindados, posesionarios, comuneros y la población interesada en conocer los “mecanismos adecuados para realizar consultas indígenas”.
El Dr. Bárcenas hizo énfasis en que la consulta no debe de ser realizada en simples comités que limitan la participación, restricción de análisis y de estudios propuestos por la población como libre ejercicio de una democracia participativa.
En el espacio hubo un debate entre los presentes haciendo preguntas concretas sobre a quiénes se debe de consultar y de qué manera, coincidiendo todos en la necesidad de consultar a toda la población en general e “incluso a aquellas que puedan ser indirectamente afectadas, como los municipios que están a pie del sistema lagunar”.
Así, con esta visita de los especialistas en derecho indígena se busca dotar de herramientas analíticas a la comunidad para evaluar la construcción del nuevo parque eólico de la empresa Eólica de Francia Electricité de France. Esta empresa que intenta construir un parque en tierras de uso común en la zona del Palmar y el Llano además en partes del sistema de riego de la comunidad.
El día jueves 22 de junio se llevará a cabo el Foro Las Zonas Económicas Especiales y sus implicaciones en la vida comunitaria y al medio ambiente, en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, de 9 am a 6 pm.
En la mañana, después de una ofrenda ritual, habrá paneles con invitados con los temas: “Las ZEE y los acuerdos internacionales de libre comercio” y “Panamá, experiencias de la función de tránsito en el modelo extractivista, a la luz del concepto de zona económica especial”. Luego, se realizará un encuadre histórico de los proyectos impulsados en la región del Istmo: “La experiencia de la comunidad de Jalapa del Márquez en el caso de la construcción de la presa Benito Juárez, sus impactos a más 50 años”, entre otras experiencias.
En la tarde, se discutirá el tema “Los Derechos Humanos frente a los proyectos de despojo”, seguido de un panel con experiencias significativas de defensa de territorios en Oaxaca. El foro cierra con una plenaria de propuestas y un pronunciamiento.
En la necesaria reflexión colectiva de los impactos que tendrá la ZEE en los modos de vida de los Pueblos y Comunidades de Oaxaca, nos reuniremos organizaciones y comunidades de la Sierra Sur, Costa, Istmo y Valles Centrales.
A seis días del incendio en la refinería «Antonio Dovalí Jaime» en la región del Istmo, este martes amanecieron peces muertos así como una gran mancha negra en la playa «La Ventosa» en Salina Cruz.
De acuerdo con habitantes de la zona, decenas de animales marinos comenzaron a quedar varados en la zona luego de la conflagración de 500 mil barriles de crudo en las instalaciones de la refinería de Petróleos Mexicanos el pasado 14 de junio, que dejó una persona muerta.
Señalaron que son alrededor de 500 familias las afectadas directamente en este lugar entre pescadores, restauranteros y prestadores de servicios. Ante el hecho, ni autoridades ambientales ni Pemex se han hecho responsables, pese a que, también, días después del incidente, campesinos reportaron la muerte de sus animales tras beber agua contaminada.
Los responsables de PEMEX no han salido a dar a conocer en qué situación se encuentra la flora y fauna marina, a pesar de que la población en general sabe y conoce que la situación es crítica y grave. El silencio de la paraestatal no es ajeno, debido a que desde hace más de 37 años, ha sido esta su tónica de trabajo
Aunque directivos de Petróleos Mexicanos no han abierto la boca hasta el momento, para conocer exactamente qué fue lo que originó la explosión al interior de la Refinería Antonio Dovalí Jaime, diversas voces de ambientalistas confirman que los daños son irreversibles a la flora y fauna marina, lo que traerá consecuencias gravísimas a la salud y a la economía de los salinacrucenses.
En voz de Alfredo López Ramos, quien fuera dirigente del sindicato petrolero en Oaxaca, confirma que la Refinería no ha recibido nada de presupuesto para mantenimiento de las tuberías y que pudo ser una de las causas del fatal incidente que costó la vida de un trabajador y se registraron 9 heridos.
Los directivos de PEMEX no han dicho absolutamente nada, incluso, pretendieron ocultar el fallecimiento del trabajador de mantenimiento, Alberto Martín Balderas Palomares, pero la familia fue quien confirmó el suceso fatal y obligaron prácticamente a los funcionarios de la Refinería a decir la verdad.
La otra actitud sospechosa de la Gerencia de PEMEX en Salina Cruz, es que no dejaron entrar a los bomberos enviados por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aún cuando el incendio había sido sofocado, ni siquiera por cortesía los recibieron.
El Foro Ecológico Juchiteco A.C. que preside Gonzalo Bustillos Cacho enviaron una carta pública dirigida al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa en la exigencia de que PEMEX informe sobre los daños ocasionados a la flora y fauna marina, así como las consecuencias de salud a los habitantes de Salina Cruz, además de las causas que originaron la explosión.
Frente al 2018 que ya está muy cerca, el Partido Revolucionario Institucional se encuentra estancado en Oaxaca, no hay trabajo proselitista, no hay nuevos cuadros, y los sectores priistas tampoco han hecho nada, por tanto, el panorama no es nada halagüeño para el tricolor.
Los pueblos binnizá e ikots acusan que la proliferación de más de 20 parques eólicos en territorios del Itsmo de Tehuantepec, en Oaxaca, han sido impuestos sin respeto a la autodeterminación y sin consentimiento previo, libre e informado, además de que a su paso han dejado graves impactos ambientales, sociales y culturales en el entorno.
Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio en Oaxaca, informó que en las últimas décadas se han instalado 15 parques eólicos sólo en Juchitán de Zaragoza y 25 más en la región del Istmo, sin que se haya realizado consulta alguna para conocer la opinión de los habitantes.
Actualmente, Eólica del Sur, que de acuerdo con Cruz, está financiada por transnacionales como Mitsubishi, Femsa Coca- Cola, Siemens, Walmart, Cemex, entre otras marcas, busca imponer el parque eólico más grande de América Latina, con 132 torres cada una de 125 metros de altura, que provocará, alertó, contaminación ambiental, auditiva y visual, afectación del paisaje, deforestación y desplazamiento de las comunidades.
En septiembre 2015, los inconformes obtuvieron el amparo 554/2015 que entró al Juzgado Séptimo de Distrito. En aquel entonces, el Juez otorgó la suspensión provisional y después la suspensión definitiva, con lo que se impedía la realización de los trabajos, en tanto se demostrara que los derechos de los habitantes no se violaban. Sin embargo, recordó doña Bettina, “el Gobierno castigó al Juez y lo mandó a Tamaulipas, que es una zona donde domina el narcotráfico”.
En junio de 2016, continuó, “el nuevo Juez sobreselló nuestro amparo y dijo que la consulta había sido previa, libre e informada y aunque nos quejamos, el colegiado apoyó al Juez, por eso acudimos a la Suprema Corte, para que atrajeran nuestro caso”.
Por ello, denunció, las autoridades “se dieron a la tarea de subastar nuestro territorio con las empresas multinacionales en varios coloquios realizados en Huatulco. A partir de allí llegaron las empresas y al estilo colonial se les entregaron pedazos de nuestro territorio”. Y añadió que a partir de ese momento “ofertaron” las tierras y “las empresas llegaron a ocupar espacios sin que nosotros supiéramos y en la región vivimos cinco pueblos indígenas que interactuamos en el territorio y somos parte de él”.
Las empresas y las autoridades se han valido del hostigamiento, las amenazas y la criminalización a fin de intimidar a los habitantes del Istmo.
Hasta el momento han manifestado su interés en el proyecto 30 consorcios que han formulado más de 1,200 preguntas sobre la licitación, el desarrollo y la operación de la obra. Entre ellos figuran firmas major del sector como Iberdrola, GE, Siemens, ABB, Abengoa o Sacyr. Las inquietudes principales giran en torno a temas como los derechos de vía, la operación del proyecto ante amenazas de fuerza mayor, si la administración será en pesos o dólares y el tema de las penalizaciones ante fallas.
Una vez adjudicado el proyecto, se estima que su desarrollo tome 36 meses, por lo que se espera, con el calendario de la licitación ajustado, que sea en el 2021 cuando esté listo para desfogar la electricidad del Istmo de Tehuantepec y llevarla a la zona de mayor consumo del país.
En estos últimos años estamos viviendo una situación alarmante a escala mundial, debido a que el agua se despilfarra y contamina sin escrúpulos. En este contexto, el agua fluye hacia el poder generando una profunda desigualdad, pues no todas las personas tenemos acceso a este bien, violándose nuestro derecho humano al agua.
Al tratar de entender las causas de la desigualdad en el contexto mexicano, se advierte que el elemento central es la prevalencia de un sistema político histórico insostenible que excluye y despoja a los pueblos y comunidades campesinas e indígenas de este bien común natural.
Pese a este entramado jurídico y político que vive toda la ciudadanía, las comunidades y pueblos de campesinos e indígenas siempre hemos buscado una alternativa para solventar con todos los medios a nuestro alcance; lo hacemos porque dependemos del agua no sólo para el consumo humano sino también para garantizar nuestra existencia misma, a través de nuestra agricultura.
Con esta visión, la COPUDA ha implementado un manejo comunitario que siembra y cosecha agua, además, nos nutrimos de los comentarios de expertos, implementamos tecnologías novedosas y nos abrimos constantemente al diálogo.
Hemos tenido en cuenta todas estas consideraciones durante la Etapa deliberativa del proceso de consulta y consentimiento que está en curso en nuestras comunidades; en nuestras asambleas comunitarias, analizamos la situación que actualmente estamos viviendo, así como la información que disponemos respecto de nuestros derechos y el estado del acuífero en nuestra región para generar una propuesta que realmente armonice nuestros derechos.
No obstante, con el ánimo firme de lograr acuerdos que den certeza al uso y disfrute del agua, su control y administración, así como el futuro de nuestro acuífero, decidimos construir una propuesta base para el diálogo con la Comisión Nacional del Agua del Estado mexicano, encargado de implementar el proceso de consulta que nos ocupa. El documento, tiene como finalidad presentar dicha propuesta, explicar su contenido, así como las razones que le dan sustento.
Las compañías mineras con operaciones en México destinaron 4,113 millones de pesos (mdp) en medio ambiente y desarrollo comunitario, apenas un 6.07% si se compara con la cantidad que destinaron para la exploración y explotación de minerales en el país.
De acuerdo con datos de la Cámara Minera de México (Camimex), las compañías invirtieron 3,751 millones de dólares en 2016, que con el tipo de cambio actual equivalen a 67,663 millones de pesos.
En 2014, el gobierno mexicano introdujo una reforma fiscal que impuso una regalía a las compañías mineras, cuyos recursos alimentarían un Fondo Minero. Además, se pusieron topes a las deducciones que podían hacer las empresas.
Las aportaciones que hicieron las mineras a medio ambiente y desarrollo comunitario son adicionales a las que se hacen al Fondo Minero.
México está entre los líderes productores de oro en el mundo, con 3.82 millones de onzas, y es el principal productor de plata, con 172.8 millones de onzas, destacó el director general de la Cámara Minera de México (Camimex), Sergio Almazán Esqueda, el pasado 7 de junio.
La inversión minera en México fue en declive por cuarto año consecutivo. Según la Camimex, el país se ha convertido en uno de los más caros para invertir en minería, particularmente en exploración, en donde el año pasado se invirtieron 401 millones dólares en ese rubro, lo que representó 90 millones menos que en 2015.
En la actualidad, más de 100 empresas mineras participan en el Programa de Industria Limpia y 38 grupos mineros cuentan con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, que incluye temas de protección, prevención y cuidado al medio ambiente, de acuerdo con un comunicado de la Camimex publicado hoy jueves.
Conagua Oaxaca informó hoy en su cuenta de twitter: “Presa Benito Juárez inicia proceso de derrame de excedencias por su vertedor. No representa riesgo para la población”.
El Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Sur (OCPS), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), César Alfonso Lagarda Lagarda informó que este volumen de agua aumentará de manera gradual dependiendo de la precipitación en la cuenca que alimenta la presa, pudiendo alcanzar un gasto máximo de 95 metros cúbicos por segundo en las próximas 24 horas, sin embargo no representa ningún riesgo para la población que habita aguas abajo.
El 11 de junio empezó el desfogue por las dos compuertas con 120 metros cúbicos por segundo, sin embargo la presa alcanzó hoy su límite crítico. Cabe recordar que la presa se llenó en sólo 14 días desde que el 1 de junio tocó tierra la tormenta Beatriz.
Por otra parte, Oaxaca FotosNoticias informa que actualmente, por derrumbe de piedras grandes, no hay paso en el camino a la cortina de la presa. Además, el agua de la presa Benito Juárez del municipio de Jalapa del Marqués arrasó con los cultivos de maíz, frijol y calabaza de alrededor de 200 campesinos.
El agua de la presa Benito Juárez del municipio de Jalapa del Marqués arrasó con los cultivos de maíz, frijol y calabaza de alrededor de 200 campesinos, informó Juan López Vásquez, representante de los afectados.
Las lluvias intensas por más de nueve días en la región del Istmo de Tehuantepec, generadas por las tormentas tropicales Beatriz y Calvin propiciaron el crecimiento de los cauces que desembocan en la presa. Hasta ayer, según reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el nivel del agua se encontraba por encima del 97 por ciento; es decir, al límite de su capacidad.
La sequía de más de tres años en el estado de Oaxaca orilló a los campesinos a buscar la humedad en las tierras cercanas a la presa Benito Juárez, para la siembra de sus cultivos y poder llevar a cabo su principal actividad económica. Con el aumento en los niveles del agua, ésta se extendió hasta donde se encontraban sus sembradíos y acabó con todos ellos.
El representante de los campesinos informó que ya tuvieron comunicación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) para solicitar ayuda para quienes sufrieron la inundación de sus cultivos.
La respuesta de la dependencia estatal es que envíen una solicitud a las oficinas que se encuentran en el municipio de El Espinal, y una copia de la solicitud a las oficinas centrales, para impedir que se pierdan sus documentos como sucedió cuando pidieron apoyo para los campesinos afectados por la sequía.
La forma en que han operado los megaproyectos mineros es para poder implementar una serie de iniciativas e individualizar los derechos parcelarios y quitarle facultad a las formas colectivas, organizativas que son los ejidos y bienes comunales, dio a conocer, Cástulo Juvenal López Pacheco, integrante del observatorio internacional de los derechos del pueblo.
Hoy en día el gobierno mañosamente entrega certificados de derechos parcelarios, en lo individual, donde los dueños ya pueden vender sus tierras a empresas mineras para que ellas hagan la explotación de los minerales, sin tomar en cuenta a la asamblea, se abusa de la pobreza de los indígenas y de una manera a su desconocimiento sobre este tema.
Ahora los proyectos mineros están contemplados en la región Mixteca, particularmente en el distrito de Tlaxiaco, desde el municipio de Santiago Nundichi, San Juan Ñumi, atraviesa la ciudad de Tlaxiaco y llega hasta la localidad de Santa Cruz Nundaco.
Violan sus derechos a la autonomía, al territorio y atentan contra sus sistemas comunitarios en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, al generar división y romper su tejido comunitario.
En la región Mixteca, por ejemplo, mediante la Procuraduría Agraria, entregaron documentación a los comuneros y ejidatarios anunciándoles que es con el fin de que adquieran la certeza y seguridad jurídica de sus tierras y demás derechos agrarios, en la localidad de San Martín Peras.
Fueron resueltos 237 juicios agrarios y se entregaron 257 certificados de derechos sobre las tierras de uso común, con los cuales acreditan sus derechos como comunero. Así mismo, realizaron 202 testamentos agrarios o listas de sucesión, ellos ya son candidatos a las ventas de sus propias tierras y con que uno lo haga, los otros le seguirán porque necesitan dinero.
La próxima semana se realizará la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), en la cual se van a presentar cinco propuestas a fin de que pueda ser aprobado igual número de dictámenes de este proyecto, el cual busca cerrar las brechas regionales creando nuevos polos de desarrollo industrial que atraigan inversiones, generen empleos, desarrollen cadenas de valor y detonen una demanda de servicios locales.
Así lo adelantó en entrevista exclusiva para El Economista Gerardo Gutiérrez Candiani, jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).
Los dictámenes, de ser aprobados por la Comisión, contarán con: definición de polígonos, políticas públicas, estudios de impacto social y medioambiental, proyectos de infraestructura y propuestas iniciales de posibles inversiones y creación de trabajo, es decir, con todo lo que pide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE), aseguró Gutiérrez Candiani.
De acuerdo con la LFZEE, un dictamen es la resolución técnica previa con base en la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determina la viabilidad del establecimiento y desarrollo de una zona.
Asimismo, el pasado 9 de febrero, en su carácter de presidente, el titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, presidió la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, en la que fue definida la operación de estas regiones económicas para el 2017 y 2018.
Se convocó a 13 secretarías de Estado y dos organismos de gobierno (Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS- y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -Conacyt-) a sumarse al proyecto.
El Grupo México podría duplicar la capacidad de su fundición de metales en Perú luego que el Gobierno relajó sus estándares ambientales para las actividades extractivas y productivas del país, dijo el martes el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Perú aprobó la semana pasada nuevas reglas en la calidad del aire y agua más flexibles, alineándolos a los que adoptan otros países de la región como Chile y Colombia.
Grupo México es propietario de Southern Copper, que opera en Perú las minas Toquepala y Cuajone y la fundidora de metales de Ilo. Representantes de la firma no estuvieron disponibles para comentar al respecto.
El presidente Kuczynski dijo antes de asumir su mandato en julio del año pasado que los estándares ambientales en Perú eran más exigentes que en Finlandia, lo cual frenaba la construcción de más plantas de procesamiento de minerales.
Southern Copper, que opera también los yacimientos mineros La Caridad y Buenavista en México, está expandiendo su mina Toquepala y el presidente ejecutivo de la firma, Oscar González, dijo recientemente que busca reactivar su proyecto de cobre Tía María de 1,400 millones de dólares en Perú.
La compañía espera producir un millón de toneladas de cobre en el 2019 en sus operaciones de Perú y México, como parte de un plan de expansión, frente a las 900,000 toneladas del metal rojo producidas el año pasado.
Perú es uno de los mayores productores de cobre del mundo y tiene a la minería como una actividad clave porque las ventas del sector representan 60% de sus exportaciones.
La inversión anual en exploración minera cayó 47% en México entre 2013 y 2016 debido a la reforma fiscal que eliminó la deducibilidad en esta actividad, dijeron empresarios y funcionarios de gobiernos estatales.
Mientras que en 2013 se desembolsaron 456 millones de dólares en la búsqueda de nuevos yacimientos, el año pasado se ejercieron 242 millones, cantidad 214 millones menor, según la Cámara Minera de México (Camimex).
“La reforma fiscal afectó la atracción de inversiones mineras porque la exploración ya no es deducible de impuestos como antes, lo cual encarece la apertura de nuevos yacimientos, pues sin exploración, no hay minas”, explicó Ramón Dávila Flores, secretario de Desarrollo Económico de Durango.
El presidente de Camimex, Daniel Chávez, dijo, en conferencia, que esto preocupa porque la exploración es el eslabón principal de la minería y si no hay condiciones para aumentar la inversión “estaremos condenados a que los recursos minerales se vayan agotando”.
La consulta indígena, prevista por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está cada vez mas presente en el discurso de los Estados y empresas, incluso es requisito para que se logre financiamiento de las instituciones internacionales, como el BID y el Banco Mundial, que se jactan en sus relatorías e informes publicitarios de respetar el derecho de decisión de los pueblos indígenas.
Mientras en muchos rincones de América Latina, pueblos invocan el Convenio 169 y su derecho a ser consultados sobre la implementación de megaproyectos, para la OIT está claro: los pueblos no tienen derecho a veto, o sea, no se respeta la autodeterminación de los pueblos.
El equipo de este reportaje recorrió el sur de México y los países de Centroamérica continental y registró diferentes estrategias de empresas y gobiernos para implementar megaproyectos en territorio indígena. La consulta es una de ellas.
Este trabajo reporta cómo las consultas están llegando a los territorios de pueblos indígenas en dos países, Costa Rica y Honduras, cuáles son las implicaciones y conflictos generados. Son localidades que están en fases distintas de implementación de la consulta. En Costa Rica, hay un proceso nacional de construcción de un protocolo de consulta. En Honduras se está finalizando las votaciones por el Congreso Nacional de una ley para regularizar el proceso.
La explotación minera en el país ocasiona problemas de abasto y contaminación de agua, además de que genera conflictos sociales. Sólo en Chiapas hay al menos 21 concesiones y en San José del Progreso, Oaxaca, sigue el diferendo por la operación de la empresa Cucaztlán, que comenzó a explotar plata hace seis años.
En Ejutla y Ocotlán, Oaxaca, comunidades se oponen a la expansión del proyecto minero San José, de las empresas Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines, y han advertido que el presidente municipal de San José del Progreso, Servando Díaz Vásquez, en diversas ocasiones ha solicitado la participación de elementos armados ante protestas de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Los integrantes de ésta argumentan que por mandato de asambleas comunitarias se han declarado los territorios como prohibidos para la minería desde noviembre de 2015.
En tanto, una coalición de organizaciones civiles ha solicitado a las agencias gubernamentales de Canadá y Estados Unidos, encargadas de regular las leyes de valores en esos países, que investiguen si la empresa Almaden Minerals, de origen canadiense, ya que infringió los requisitos de divulgación que deben cubrir las compañías que cotizan en esos mercados al no revelar información clave sobre el proyecto de exploración de oro y plata conocido como Depósito Ixtaca, en el municipio Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.
El “Anuario de Industrias Extractivas: Situación actual 2016”, realizado por organizaciones de la sociedad civil, alertó que sólo el año pasado se registraron más de mil títulos de aprovechamiento de agua otorgados para realizar actividades mineras, que significaron el uso de 436 millones 643 mil 287 metros cúbicos del recurso natural. La cifra, calculan, equivale al volumen necesario para satisfacer la demanda de 11 millones 962 mil 830 personas en un año.
Las empresas que consumen los mayores volúmenes de agua en el país suman 184 millones de metros cúbicos al año y son Goldcorp, ArcelorMittal y Grupo México, dice el estudio.
El estudio destaca que la minería es la industria que más conflictos sociales provoca, dada la falta de mecanismos efectivos y garantías del derecho a la participación, la autodeterminación, a la tierra, al territorio y a los recursos naturales de los pueblos indígenas. En 2016, sostiene, se contabilizaron 37 casos relacionados con esta industria.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) retiene más de 360 millones de dólares en devoluciones de impuestos a seis mineras canadienses, incluyendo 230 millones de dólares a Goldcorp, según fuentes y documentos oficiales vistos por Reuters, un hecho que eleva la tensión entre el gobierno y las firmas que operan en el país.
En una serie de reuniones, funcionarios canadienses han presionado a México para que solucione el problema, que afecta la capacidad de inversión en operaciones y es particularmente difícil para las mineras y exploradores más pequeños con escasez de efectivo, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Goldcorp, con sede en Vancouver, declinó comentar sobre su reembolso pendiente, que representa un 142 por ciento de su ganancia neta en el 2016 y el 6 por ciento de sus ingresos de todo el año.
A Goldcorp, la tercera minera de oro más grande del mundo por valor de mercado, se le debe la mayor cantidad, según los documentos, seguida de Torex Gold Resources, una pequeña firma con sede en Toronto que inició producción comercial en México el año pasado y está esperando un reembolso de unos 66.5 millones de dólares.
Autoridades agrarias y municipales de los distritos de Ocotlán y Ejutla exigieron que se cancele el proyecto minero de la empresa Fortuna Silver Mines, así como se respeten las tierras de las comunidades zapotecas que han declarado sus territorios prohibidos para actividades extractivas.
De igual forma, culparon a la Semarnat, Conagua y Profepa por incumplir con sus responsabilidades, al permitir daños ambientales generados por el proyecto minero San José de las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines.
Además, advirtieron que la presa de jales es una amenaza muy grave de contaminación para las comunidades, ya que con las últimas lluvias ha estado en su máxima capacidad y, en caso de desbordarse, afectará sus tierras de cultivo.
Los inconformes exigieron que la empresa Fortuna Silver Mines respete las tierras de las comunidades, mismas que han declarado sus territorios prohibidos para la minería, principalmente los límites ejidales de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos.
Pescadores de Juchitán, nuevamente emplazaron a los representantes de la empresa Eólica del Sur, para que les otorguen apoyos anuales, de lo contrario advirtieron que volverán a bloquear la carretera federal.
Sebastián Hernández Baltazar, integrante de la Alianza de Cooperativas Pesqueras, señaló que después del bloqueo carretero realizado la semana pasada, se acordó una reunión con los representantes de la empresa, donde únicamente se les notificó que el apoyo que se les ofrece será por única ocasión.
Indicó que el acuerdo que tomaron los pescadores en la última reunión es que si la empresa no les da respuesta a esta demanda, no les permitirán el inicio de la construcción del parque eólico.
Las Naciones Unidas, conscientes de que la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, designaron el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente.
La celebración de este día nos brinda la oportunidad de ampliar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la conservación y la mejora del medio ambiente.
El tema de 2017 se centra en la conexión de las personas con la naturaleza, y nos anima a que salgamos al aire libre y nos adentremos en la naturaleza para apreciar su belleza y reflexionar acerca de cómo somos parte integrante y lo mucho que de ella dependemos. Nos reta a descubrir maneras divertidas y apasionantes de experimentar y promover esa interrelación.
El líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaias González Cuevas, consideró que la iniciativa que permite la puesta en marcha del programa de Zonas Económicas Especiales debe estar ajena a otros proyectos, a fin de que los recursos se empleen exactamente para lo que fueron diseñados.
Mencionó que «en la CROC, nos sumamos con entusiasmo, para apoyar este programa y convertirlo en un esfuerzo común, para abatir los rezagos sociales en las regiones menos favorecidas del país y se desarrollen las tareas de infraestructura, los proyectos de inversión y las convocatorias más amplias».
En entrevista expuso que desde hace mucho tiempo se consideró la propuesta de establecer zonas económicas especiales en algunas regiones del país como Lázaro Cárdenas, Michoacán, el corredor transístmico de Oaxaca y Veracruz, y el Soconusco, en Chiapas «pero a veces el abandono de los propósitos, no había permitido la maduración exitosa de los proyectos».
Sin embargo, subrayó, que en la actualidad ya se dispone de un marco, que da seguridad jurídica y garantiza las acciones a largo plazo y debe reconocerse «la decisión política del presidente Enrique Peña Nieto, un líder innovador quien diseñó la iniciativa ya aprobada en el Congreso».
También, explicó que el marco legal «se sustenta en el mandato constitucional que hace al Estado el promotor del desarrollo nacional, buscando la concurrencia armónica de los tres sectores productivos.