Representantes de Organizaciones no Gubernamentales, comuneros e indígenas ikoots, mixes, y zapotecas del Istmo de Tehuantepec, se pronunciaron durante el foro denominado “En defensa del territorio, bienes comunales y cultura indígena” al no despojo de su “hogar”, que consideran sus mares, sitios sagrados y recursos naturales. En este lugar se pretenden ubicar proyectos mineros, eólicos y el llamado “gasoducto Salina Cruz- Minatitlán”, y los asistentes expresaron que no permitirán ser domesticados por empresas extranjeras.
Benito Canales, Comisariado de Bienes comunales de San Mateo del Mar expresó que la voz del pueblo ikoots es la de vivir en paz y en armonía con los recursos naturales y también con sus rituales. “Sabemos que los proyectos eólicos están latentes en nuestros mares y en el subsuelo, al igual que los mineros y la zona económica especial que viene para el Istmo de Tehuantepec, como comuneros nosotros estamos en la defensa de la tierra, pedimos a las autoridades agrarias respetar nuestra tierra y poner fin al conflicto con los compas de Santa María del Mar», expresó.
Al mismo tiempo, la autoridad comunal declara que “la molestia nuestra fue que supimos que el comisariado de bienes comunales de Santa María del Mar, negoció o estaba negociando esta parte de nuestro territorio con la empresa Preneal, que después se llamó Mareña Renovables y destruirían nuestra única herencia, por eso es que comenzó esta lucha y exhortamos a la Procuraduría Agraria a hacer valido nuestro documento y mapas que acreditan que es nuestro territorio”.
En cumplimiento del mandato de la asamblea, autoridades comunales y municipales así como jóvenes voluntarios del colectivo Matza acudieron a inspeccionar el estatus de los proyectos mineros en La Cristalina, territorio Chimalapa, en los límites con el municipio de Zanatepec. En el lugar señalado por una de las mojoneras, correspondiente al título de concesión número 231753 a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc, sobre el lote Mar de Cobre, con una superficie de cinco mil 610 hectáreas, constataron el uso de explosivos en años pasados.
Los jóvenes del colectivo Matza, así como estudiantes de la preparatoria por cooperación José Martí en Ixhuatán, clausuraron simbólicamente la mina colgando una manta.
El peligro no es exclusivo para Chimalapas, sino que con la explotación de yacimientos, los ríos Ostuta, Zanatepec y Novillero pagarían las consecuencias. Horas más tarde, en la comunidad de La Cristalina, los titulares de la autoridad comunal y municipalidad, encabezaron una reunión en miras de realizar una asamblea general del pueblo de San Miguel Chimalapa, con la intención de unificar a todas las agencias y núcleos de población en defensa de la vida y el territorio.
El primer comandante del segundo turno de la policía municipal de Santiago Jamiltepec, Jorge Armando Santiago Martínez, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) al estar acusado de ser autor material de la muerte del corresponsal de Noticias en la Costa, Marcos Hernández Bautista.
En el homicidio, según el informe de la Fiscalía General, también se encuentra implicado Daniel Clímaco Barete, quien el 10 de febrero del 2016 fue detenido por elementos de la AEI en Acapulco, al ser acusado del homicidio de la joven Beatriz López, hija del excomisariado de Santiago Jamiltepec. El ex integrante de la policía municipal de Santiago Jamiltepec, Miguel Ángel Clímaco Barete, también fue detenido en Acapulco, el 10 de septiembre del 2015, al ser acusado del delito de homicidio con las agravantes de ventaja y alevosía cometido en agravio del diputado perredista, Everardo Hugo Hernández Guzmán.
El periodista Marcos Hernández Bautista, de 38 años de edad, fue asesinado el pasado 21 de enero en la comunidad de San Andrés Huaxpaltepec. Trascendió que el móvil del crimen es porque tenía posibilidades de ser el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Jamiltepec.
El día martes 16 de febrero fue ejecutado Alberto Mauro Sánchez, ex presidente municipal de San José del Progreso en el municipio de Ocotlán de Morelos y a plena luz del día, con varias personas como testigos. Con este crimen, aumenta a seis el número de muertes vinculadas al inicio de las actividades mineras en este municipio. Ante esto, las autoridades tienen la obligación de aclarar el caso y dar con los culpables. Se dice que existen grabaciones donde autoridades estatales exigen a la empresa la entrega de medio millón de doláres por los respaldos otorgados. Ante esto existe la suposición que tras la ejecución existan demasiados intereses que se quieren silenciar.
Desde el año 2006, varios de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) han sido asesinados por la oposición a la minera, entre estos Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, muertes de las cuales se había responzabilizado a Alberto Mauro Sánchez.
Ciudadanas y ciudadanos de Magdalena Ocotlán denuncian la construcción ilegal de un pozo en su comunidad, el cual está afectando a pozos de varios ciudadanos.
El presidente municipal de Magdalena Ocotlán, Nabor Méndez Sánchez ha iniciado la obra sin contar con el permiso que otorga la CONAGUA, además hizo una asamblea comunitaria donde anunció que ya contaba con los permisos, esto nos lleva a deducir que él hará la obra aún en contra de la ley.
El día sábado 13 de febrero la maquinaria inició la perforación de un pozo, por lo que los vecinos se alarmaron respecto a esta situación y la alteración de sus derechos donde se entiende que el presidente puede tener otros fines para que se lleve a cabo dicha obra.
A nivel de la comunidad no se tiene clara la justificación de la realización de ese pozo profundo, ya que existen dos pozos que abastecen la comunidad y además se debe verificar la tubería que no está en condiciones adecuadas para la distribución del agua potable.
Desde el COPUDEVER se ha generado un counicado demandando justicia por el asesinato del periodista y ex regidor de cultura, Marcos Hernández:
«El asesinato del periodista Marcos Hernández se une a una larga lista de hechos violentos en la región de la costa, la mayoría han quedado impunes. Existen intereses de grupos de poder económico y político en la región por seguir controlando la vida de las comunidades.