En la comunidad de Santa María Zoogochí, Ixtlán, Oaxaca, los días 24 y 25 de abril del año 2016, nos reunimos autoridades municipales y comunales, docentes y estudiantes de los diferentes niveles educativos de las comunidades de San Juan Tepanzacoalco, San Pedro Yaneri, Santa María Zoogochí, Santa Cruz Yagavila, Santiago Teotlasco, San Juan Yagila, Santa María Josaa, San Miguel Tiltepec y La Luz, pertenecientes a la Unión de Comunidades Cafetaleras del Rincón Alto de Ixtlán, así como autoridades de la comunidad de Tanetze de Zaragoza y Capulálpam de Méndez, con la finalidad de participar en el Foro regional “La minería en Oaxaca. Impactos sociales y ambientales”, en el cual analizamos información sobre las repercusiones sociales y ambientales que ha provocado la minería en Oaxaca y otros lugares, a partir de las cuales generamos, los posicionamientos, propuestas y acciones que emitimos en el presente
PRONUNCIAMIENTO:
Nuestras comunidades no fueron informadas en ningún momento por ninguna institución del gobierno federal, que en el año 2010 se otorgaron las concesiones mineras El Roble y el Roble II, que abarcan 21,072 hectáreas, a la Compañía Minera Teocuitla, o Sundance, o First Mining Corporation, mismas que afectan nuestras tierras y territorios.
El gobierno federal, al otorgar de manera clandestina las concesiones antes mencionadas, ha violado nuestro derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado; máxime cuando a la fecha tenemos información de que se han realizado: muestras exploratorias a lo largo de 15 kilómetros, donde se ha encontrado material altamente magnético asociado con una mineralización de oro de alta calidad en venas; así como muestras “reconnaissance” con helicóptero (es decir de reconocimiento, “reconnaissance” es un término utilizado para operaciones militares)
Observamos que es práctica común de las empresas mineras despojar de sus tierras a las comunidades donde pretenden establecer sus proyectos, a partir de su privatización; para lo que cuentan con el apoyo de funcionarios públicos que implementan los programas Procede o Fanar.
Sabemos que las empresas mineras tienen como política, romper el tejido social de las comunidades donde pretenden establecerse o se han establecido, provocando: la confrontación entre familias y miembros de la comunidad, la desaparición de asambleas comunitarias u otros espacios para la toma de decisiones colectivas, la corrupción de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales, el establecimiento de grupos paramilitares o de otra naturaleza violenta que provocan intimidación entre los habitantes, así como el asesinato de defensores comunitarios.
Hace apenas unos días, el Senado de la República, aprobó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), con la finalidad de dar facilidades fiscales, aduaneras y tributarias a inversionistas que apuesten por el crecimiento económico de las regiones más pobres del sur-sureste del país. Dicha ley supone también, saqueo de bienes naturales, contaminación de ríos, tierras y aire, a cambio de empleos y obras sociales.
Esta es la “oferta” que ahora tiene la población del istmo de Oaxaca y la Costa de Chiapas con el proyecto de ZEE que impulsa el gobierno federal.
En conferencia, Latani Melendez Bravo, del posgrado en Geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el área “sociedad y territorio”, expuso algunas de las consecuencias de los megaproyectos que acompañan dicha iniciativa en el sureste del país.
Con mapas diseñados por el colectivo multidisciplinario GeoComunes, dijo que la costa chiapaneca y el Istmo de Tehuantepec son puntos estratégicos para la creación de proyectos transnacionales de libre comercio, por tanto, no es casualidad que de las tres Zonas Económicas Especiales anunciadas en 2014, dos se encuentran en esta región, Puerto Chiapas y Salina Cruz.
Melendez dijo que estos proyectos son la “reedición” de proyectos ya presentados que favorecerán únicamente los intereses de las empresas bajo la argumentación de “llevar desarrollo y progreso”. Además, subrayó que con los mapas se puede entender la “actual reconfiguración geopolítica del territorio, así como sus posibles impactos, como el despojo del territorio, saqueo de bienes comunes, contaminación de ríos, tierras y aire; además de la descomposición social y cultural que viene aparejada con el proceso industrial, en este caso manufacturero, impuesto en territorios de países en vías de desarrollo”.
Pobladores de Santiago Laollaga se manifestaron en contra del proyecto hidroeléctrico “Tablón de Primavera” en este municipio, el cual –aseguran– afectaría las mejores tierras para la producción agrícola, así como sitios de riqueza arqueológica, además de favorecer la instalación de empresas extractivas sin beneficio para la población.
En vías de conformación, el Comité Vida y Territorio de Laollaga, convocó a una reunión informativa este domingo 17 de abril para consolidar la defensa de sus bienes comunales, así como la realización de un mapa comunitario y la recolección de firmas de apoyo en contra de este proyecto, vinculado a la intención de instalar una mina de oro y plata en Ciudad Ixtepec.
De acuerdo a campesinos y ganaderos de la región, con la construcción de la presa Benito Juárez en el municipio de Jalapa del Marqués, dos tercios del agua fueron quitados del campo y se emplearon a la refinería Antonio Dovalí Jaime de Petróleos Mexicanos (Pemex)en Salina Cruz.
“Es absurdo que la producción de alimentos sea sobrepasada por industrias que buscan únicamente extraer los bienes naturales de la comunidad”.
Con el objetivo de dar facilidades fiscales, aduaneras y tributarias a inversionistas que apuesten por el crecimiento económico de las regiones más pobres del sur-sureste del país, el Senado aprobó con 88 votos a favor y ocho en contra la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y una adición al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.
En la discusión, los legisladores modificaron la minuta proveniente de la Cámara de Diputados para aclarar o complementar cuestiones relacionadas con las actividades que pueden realizarse en estas Zonas Económicas Especiales (ZEE), así como la especificación de los beneficios fiscales y el régimen aduanero, las reglas aplicables a los Administradores Integrales e Inversionistas, entre otros puntos.
La mayoría del Senado rechazó las reservas que presentaron los senadores Mario Delgado, del PRD, y Marco Antonio Blázquez Salinas y Manuel Bartlett, Díaz, del PT, en tanto que la senadora del PRD, Dolores Padierna, presentó un voto particular y rechazó que esta reforma tenga algún beneficio social.
Padierna también criticó a las ZEES porque se dan concesiones de áreas geográficas hasta por 40 años, prorrogables a otros 40.
Ciudad de Ixtepec fue declarado como territorio libre de minería, por unos mil colonos y representantes de organizaciones campesinas, ganaderas, educativas, comisariados de bienes comunales, colectivos de jóvenes, artistas, promotores culturales y ecológicos del Istmo de Tehuantepec; esto debido a las afectaciones que representa la extracción de minerales a cielo abierto a gran escala (envenenamiento de las tierras, aguas y viento), que han sufrido otros pueblos. Durante el foro regional sobre las afectaciones de la minería se sumaron 2500 firmas en contra de este proyecto minero, asimismo se fortaleció la articulación regional y estatal para la defensa de la vida, en contra de la ambición de empresas irresponsables y de la corrupción en algunas autoridades locales, estatales y federales. Se destacó la participación de las mujeres istmeñas que físicamente han enfrentado el “saqueo y despojo” de empresas extranjeras, el cual ha permitido y hasta alentado el Gobierno Federal, Estatal y de algunas autoridades municipales y comunales. Este primer foro, se consideró como un llamado a las autoridades y ciudadanía en general a no esperar a que la mina se establezca, sino reforzar el mensaje, “enérgico y firme”, de que el pueblo dice NO A LA MINA.
Uno a uno, los representantes de organizaciones estatales y locales se pronunciaron en contra de los megaproyectos extractivos en el Istmo de Tehuantepec, debido a que la contaminación de la tierra, agua y viento no sería exclusiva del municipio en el que se exploten los minerales. Es decir que al contaminar la cuenca del Guigu Bicu (Rio los perros) los elementos tóxicos como cianuro y arsénico llegarían hasta las lagunas marinas de San Mateo del Mar, de igual forma al contaminarse la cuenca del río Ostuta y Espíritu Santo, contaminando las lagunas a San Francisco y San Mateo del Mar, de la cual dependen miles de personas a través de la pesca.
“NOSOTR@S somos quienes habitamos estas tierras, aguas, montes y cerros. Somos guardianes del territorio. No sólo venimos del campo y de las comunidades indígenas, también venimos de la ciudad y luchamos por el deber que tenemos de dejarle a nuestros hij@s la misma casa común que nos heredaron nuestr@s abuel@s. Aquí estamos 179 pueblos y comunidades, barrios y organizaciones de 8 diferentes regiones del país que poco a poco nos vamos uniendo en esta celebración de esperanza junto con académicos, científicos, religiosos y artistas, frente a la amenaza que se viste de muchos colores y se presenta con un discurso de progreso y desarrollo. Llamamos con urgencia a ser parte de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio a todos los pueblos, comunidades, barrios y colonias que sufren del despojo; a quienes sufren de la destrucción provocada por los proyectos depredadores forestales o que hacen del agua una mercancía; a aquellos que luchan contra los agrotóxicos, los monocultivos; o las comunidades que son avasalladas por megaproyectos energéticos (hidroeléctricas, eólicas, termoeléctricas, gasoductos, fracking), de infraestructura (autopistas, aeropuertos, trenes) y de minería. (…) Es por eso que a partir de este 10 de abril y hasta el 20 de noviembre de 2016 realizaremos una campaña nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio”.
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe «Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo». El informe destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano aplicables a este tema.
En el informe se abordan las obligaciones que tienen los gobiernos estatales frente a las actividades de extracción en cualquiera de sus territorios, donde las consecuencias negativas afectan directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Las obligaciones estatales en estos contextos giran en torno a seis ejes centrales: (i) adoptar un marco normativo adecuado y efectivo, (ii) prevenir las violaciones de derechos humanos, (iii) supervisar y fiscalizar las actividades de extracción, explotación y desarrollo, (iv) garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información, (v) prevenir actividades ilegales y toda forma de violencia, y (vi) garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y acceso a la reparación adecuada de las violaciones de derechos humanos cometidas en estos contextos.
Se destaca también, que estas situaciones de violación de derechos no son supervisadas ni monitoreadas por los Estados de manera frecuente ni sistemática, donde además existen nulos mecanismos para prevenir las violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, el informe intenta visibilizar las formas en que estas actividades extractivas afectan el efectivo goce de los derechos humanos de los pueblos, particularmente afectaciones al derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, y comunidades afrodescendientes sobre sus tierras, territorios y recursos naturales; al derecho a la identidad cultural y libertad religiosa; a la vida; a la salud, integridad personal y a un medio ambiente sano; a derechos económicos y sociales vinculados con la alimentación, acceso al agua2 y derechos laborales; al derecho a la libertad personal y la protesta social; y a la protección frente al desplazamiento forzado.
Se centra especialmente en la necesidad de diseñar un marco regulatorio efectivo que aborde de manera adecuada a las compañías extranjeras, con métodos de supervisión, de acceso correcto a la justicia y procesos responsables de negociación. Todo esto no se lleva a cabo debido a miedos de los gobiernos de que estas empresas dejen el país. Se proponen diferentes medidas que prometan ser eficientes para sancionar a las empresas extranjeras, a modo de disminuir las violaciones y abusos de derechos de las comunidades. Estas medidas se asocian a compensaciones a las víctimas, sanciones administrativas, diagnóstico permanente, y eliminar las barreras jurídicas para la denuncia.
Con respecto a la protección de los derechos de los pueblos, se pone especial énfasis en la protección de la vida, de la no criminalización de la protesta social, y a la protección de las comunidades frente al desplazamiento forzado. Además, es necesario poner doble cuidado en grupos con mayor riesgo, tales como líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, niños y niñas, adultos mayores, y personas con discapacidad.
El informe cierra con una serie de recomendaciones para los Estados: construir un marco legislativo eficiente, derogar las disposiciones internas que no sean compatibles con la protección de los derechos de los pueblos, dar seguimiento permanente a todos los proyectos que puedan afectar a las comunidades, generar mecanismos que hagan frente a cualquier situación de violación de derechos, mantener a la población informada, todo proceso de fiscalización debe ser transparente y libre de cualquier tipo de influencia, emprender acciones urgentes para la lucha contra la impunidad de casos de violación de derechos humanos, modificar las legislaciones que impidan la consulta previa de manera participativa, libre e informada, establecer indicadores específicos para el monitoreo de cada uno de los proyectos, garantizar a los pueblos indígenas el libre uso de sus territorios garantizar la protección de personas amparadas por medidas cautelares y a quienes se quiera someter a juicios injustos por proteger sus tierras, y gestionar el regreso de personas y comunidades desplazadas.