Para el 2016 la mina de Cuzcatlán en San José del Progreso se convertiría en una de las 15 minas más productivas de América Latina, informó la empresa Fortuna Silver.
Esto debido a la inversión de 30 millones de dólares que realizará este año la compañía extranjera para mejorar la infraestructura y equipo de trabajo para aumentar en un 50 por ciento más la producción diaria.
El superintentendente de relaciones comunitarias, Javier Castañeda Pedraza, señaló que actualmente la empresa produce alrededor de 2 mil toneladas diarias entre oro y plata, lo que la coloca entre las 20 más importantes en el contexto nacional. “Pero al aumentar en el 2016 a 3 mil toneladas, sería una de las 15 más destacadas a nivel Latinoamérica”.
Tamales de maíz nativo, tortillas, café, gallinas criollas, jamaica, limón, fueron la base de la comida que ofreció la comunidad chatina de Plan del Aire en el municipio de Tataltepec. Esta comunidad localizada a unos 40 minutos de la cabecera municipal alberga un profundo sentido comunal y su lucha ha sido ejemplar por impedir que el Río Verde sea represado. La reunión se realizó en el marco del 14 de marzo, Día Internacional de la lucha contra las presas que se celebró en todos los continentes del mundo. Esta fecha que emanó de una reunión en Brasil ha ido cobrando fuerza y generado su propio arraigo en diversos lugares del planeta, los millones de afectadas y afectados han encontrado aprendizajes y se ha tejido una gran comunidad internacional.
Los momentos que se viven en el país representan una enorme amenaza para los pueblos y ríos. La reforma energética ha colocado a la tierra, agua, ríos, viento, gas en un gran aparador para ofertar al mejor postor, las leyes han legalizado el despojo. Y como para completar el marco legal el congreso retomó el gran pendiente que tenía desde hace tres años de presentar una iniciativa de Ley de Aguas, el proceso poco transparente y carente de participación ha dejado ver que bajo el argumento del derecho humano al agua es necesario construir y eficientar los medios para poder disfrutarla, eso sí nomas 50 litros por persona no sea que a Coca Cola, Nestlé o Fortuna Silver les falte para su proceso de desarrollar este pobre país.
En el marco del tercer aniversario luctuoso del líder anti mineras de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, Bernardo Vásquez Sánchez, y a partir del seguimiento que EDUCA ha hecho sobre el establecimiento de empresas mineras en nuestro país, se hace del dominio público la primera de tres infografías para compartir datos sobre la problemática que genera permitir la extracción minera en territorio nacional. Los datos contenidos en este material gráfico hacen referencia al número de concesiones, proyectos mineros y la predominancia de estos en México para dar una idea de las futuras afectaciones a la ciudadanía. Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, concesionaron 52 millones de hectáreas a empresas mineras, esto equivale al 26% del territorio nacional.
La Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, denunció que no se ha cumplido la voluntad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al mandatar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para iniciar un procedimiento en el cual se valore la solicitud de los pueblos del Ocotlán y Zimatlán para modificar la veda de acuíferos que se implementó desde 1967.
Activistas de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuco) [sic], realizaron una protesta pacífica en la minera Cuzcatlán, ubicada en San José del Progreso, municipio de los Valles Centrales de Oaxaca, al cumplirse este domingo 3 años del homicidio de Bernardo Vásquez Sánchez opositor al proyecto minero.
Leovigildo Vásquez Sánchez, representante de la Coordinadora indicó que el próximo 6 de mayo solicitaran una mesa de diálogo con el gobierno local, en la que se plantearán los casos de los crímenes que han sucedido a causa de la llegada de la empresa minera Cuzcatlán, desde 2010; hasta la fecha suman cinco. Las acciones de este domingo consistieron en un homenaje cívico que se realizó en el panteón de San José del Progreso, y posteriormente la toma de las instalaciones de la empresa minera que inició desde las 10:00 horas y culminó a las 16:00 horas de este domingo, colocaron una cruz metálica en el lugar donde perdió la vida el líder, como un llamado de la organización a las autoridades para atraer el caso e investigar al fondo sobre los responsables.
A tres años del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, fundador de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), defensor de los derechos humanos y recursos naturales y quien fue emboscado el 15 de marzo de 2012, la organización pide justicia en el caso y castigo para los autores materiales e intelectuales.
Inversionistas canadienses invertirán mas de 30 millones de dólares para consolidar la operación de la mina plata y oro en el municipio de San José del Progreso, donde hace cuatro años hubo la oposición de un grupo comuneros a su instalación, argumentando posibles riesgos ambientales.
Sin embargo, la factoría propuso el uso de tecnologías alternativas que implicó una inversión de 3.5 millones de dólares para preservar y cuidar el uso del agua en la región. Actualmente la mina subterránea,- operada por la empresa canadiense Blue Silver “Cuzcatlán” -tiene una producción de 3 millones de onzas de plata, esperando llegar en los próximos meses a una meta de producción neta de 7 millones de onzas para ubicarse en la décima quinta más importante en Latinoamérica. Los inversionistas de la mina “Cuzcatlán”, también han emprendido un plan de apoyo al municipio de San José “El Progreso”, donde se ejercerán este año a través del fondo minero mas de 25 millones de pesos para crear infraestructura social y productiva.
El mes de marzo es un mes especial para seguir en lucha permanente contra todas las injusticias de la sociedad. En este mes conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres (08 de marzo) el Día Internacional de Lucha Contra las Represas (14 de marzo) y el Día Mundial del Agua (22 de marzo). Debemos denunciar la explotación de nuestro pueblo, en especial de las poblaciones afectadas que son expulsadas de sus tierras; denunciar la entrega de los recursos naturales y de los recursos públicos en las manos de grandes grupos nacionales y multinacionales; denunciar las políticas de los estados nacionales que hieren los derechos de los pueblos y promueven la destrucción de la naturaleza.
Representantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, denunciaron que a un 3 años del asesinato de su dirigente Bernardo Vásquez Sánchez, las autoridades no han presentado avances de las investigaciones a pesar de que han señalado a varias personas de ser las responsables de los hechos.
Encabezados por Celso Vásquez, indicaron que el crimen fue propiciado por la instalación de la minera Cuzcatlán en San José del Progreso, proyecto que las autoridades de los tres niveles de gobierno avalan, lo que ha provocado confrontación con quienes se oponen por considerar que atenta en contra de los derechos de los pueblos.
La Cámara de Diputados aprobó integrar un sistema nacional anticorrupción, los proyectos mineros deberían ponerse bajo la lupa. Y es que la mayoría de éstos se construyen con el apoyo de caciques, corrompiendo a las autoridades locales y federales, y en contra de la voluntad del pueblo: lejos de consultar a los dueños de la tierra –generalmente ejidatarios de origen campesino e indígena–, los despojan de su patrimonio en total impunidad. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), que identifica 34 conflictos mineros vigentes en México. De acuerdo con el mapa de la conflictividad elaborado por el OCMAL, se trata de la operación al margen de la ley de la Minera San Xavier, en San Luis, Potosí; el derrame de la Minera María, en Sonora; el conflicto de Cananea, entre el Grupo México y Sindicato Minero; el derrumbe en Pasta de Conchos, Coahuila; la usurpación de tierras a ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, por parte de Minefinders; la contaminación del agua de Guanajuato por Great Panther; el levantamiento de los ejidatarios contra la mina de barita de Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas; la contaminación con arsénico del agua de Cocula, Guerrero; el caso de la Mina de Oro Nacional (canadiense) contra habitantes de Mulatos, Sonora; el tercer intento de Los Cardones por explotar Sierra de la Laguna (antes Paredones Amarillos), en La Paz, Baja California. En esta misma lista se incluye la criminalizan de la protesta de habitantes de San José del Progreso por la minera Trinidad, en San José del Progreso, Oaxaca; así mismo se encuentran identificados como focos rojos la expulsión de una minera de Magdalena de Teitipac, Oaxaca.
Enero y febrero de 2015 se han traducido para pueblos y comunidades del estado de Oaxaca en una serie de violaciones a sus derechos fundamentales, marcadas principalmente por la imposición de mega proyectos, el uso de recursos públicos para presionar a las comunidades, presencia policiaca y militar en diversas regiones, así como una serie de amenazas, intimidaciones y agresiones hacia defensoras y defensores comunitarios, principalmente de derechos territoriales, quienes legítimamente y por las vías legales y pacíficas hemos demostrado la inviabilidad de los mismos.
Pese al rechazo generalizado hacia las reformas estructurales, las cuales fueron aprobadas sin la participación de la ciudadanía, las autoridades continúan promoviendo leyes con una marcada tendencia hacia la privatización de nuestros bienes comunes, tal es el caso de la Iniciativa de Ley General de Aguas, la cual recoge algunos conceptos y criterios reconocidos internacionalmente, pero en la práctica establece notoriamente una limitación de dicho bien, en beneficio de las empresas bajo la causa de “utilidad pública”. Esta misma simulación se reproduce en torno a la consulta indígena en Juchitán, donde se está implementando una consulta a modo, confabulada por instituciones federales, estatales, municipales, empresas y líderes locales para afectar el territorio de las comunidades indígenas zapotecas del Istmo de Tehuantepec.
Ante este contexto la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca, denunciamos que existe una política de criminalización por parte de los tres niveles de gobierno hacia nuestro trabajo, tal es el caso de la fabricación de delitos hacia Carlos Beas Torres, Teófilo García Sarabia y Andrés Pérez Hernández, integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI) y Pedro S. Concha integrante de la Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales del Valle de Tlacolula.