La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso ambiental solicitado por Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, con el cual se pretendía regularizar la situación de 75 obras del complejo San José II, que fueron construidas sin observar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que se autorizó en 2009. Dicha información se dio a conocer el pasado 22 de julio de 2021, cuando fue publicada en la Gaceta Oficial de la dependencia.
La solicitud de una nueva MIA por parte de la minera canadiense que opera en Oaxaca se dio el pasado 7 de julio de 2020, luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección al complejo y detectó edificaciones que no respetaban la autorización ambiental original, por lo que le impuso una sanción administrativa. De acuerdo con el fallo de Semarnat a la solicitud de la nueva autorización ambiental, el documento entregado por la compañía minera “carece de soporte técnico suficiente que brinde certeza y confiabilidad… la promovente no cumple con la información mínima requerida para garantizar el cumplimiento de la normatividad”.
Ante ello la Semarnat resolvió negar el permiso ambiental ya que “el carácter preventivo de las medidas ambientales fue rebasado, vulnerando el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades involucradas”.
El “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas”, dió a conocer que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), negó un segundo permiso ambiental que solicitó la empresa Fortuna Silver Mines para su proyecto “San José II”. El pasado 22 de julio de 2021, fue publicada en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la negación del permiso ambiental solicitado por Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines-FSM). “Desde septiembre de 2020 el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos exigió a la dependencia federal negar dicho permiso, ya que, desde hace diez años, FSM ha violentado sistemáticamente el derecho humano a un medio ambiente sano de las comunidades de Valles Centrales en el estado de Oaxaca. 75 obras del proyecto minero son irregulares y fueron construidas desacatando el permiso ambiental aprobado por SEMARNAT en 2009, por lo que la empresa fue sujeta a una sanción administrativa por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Pese a la campaña mediática impulsada por FSM para limpiar su imagen, la SEMARNAT resolvió que la empresa incumplió con lo establecido en el permiso original entregado en 2009, al construir 75 obras irregulares sin autorización”, precisa el Frente en su boletín de prensa.
Comuneros de la comunidades del El Rebollero y Río Minas, pertenecientes al municipio de Cuatro Venados, a menos de una hora de la ciudad de Oaxaca, alertaron a mediodía de ayer que fueron “atacados nuevamente este 6 de julio, con armas exclusivas del ejercito”. Alrededor de 15 vehículos provenientes de la comunidad vecina de Cuilápam de Guerrero “fueron a dejar personas que se han internado en la vegetación de la comunidad. Desde este punto han disparado hacia las personas que nos encontramos labrando nuestros cultivos y cuidando nuestros animales”, denuncian. Ademas, señalan que día anterior al ataque, 5 de julio, “un helicóptero de color rojo sobrevoló la zona que hoy, 6 de julio, están atacando”. Esta aeronave AGUSTA-109 POWER, con matrícula XA-HUX, según registros hemerográficos propiedad del gobierno de Oaxaca, peinó la zona “con el objetivo de saber cuanta gente había para, después, atacar”. “No es coincidencia, ya que por fuentes extraoficiales nos hemos enterado desde hace días que, políticos y autoridades de Cuilápam de Guerrero y de nuestro municipio, San Pablo Cuatro Venados, se han reunido y han planeado un ataque hacia nuestra comunidad.
Los comuneros acusan a políticos y autoridades locales planear este ataque con el objetivo de “tomar el control de la zona para dar paso a las tres concesiones mineras que se han expedido en nuestro territorio, sin nuestro consentimiento”. Cabe recordar que el 31 de mayo del 2019, las mismas comunidades sufrieron un intento de desalojo de mas de 500 personas pagadas “por políticos de la región”, y el febrero de este año hubo otro ataque armado.
Por acuerdo de la asamblea comunitaria, alrededor de tres mil 500 comuneros zapotecos de San Pedro Quiatoni realizaron este lunes 5 de julio una marcha y mitin frente al Poder Judicial Federal, en rechazo a las mineras. Fue para demostrarle al gobierno que no es la autoridad sino toda la comunidad agraria está en contra de las empresas mineras subsidiarias de la compañía estadounidense Gold Resource Corp (GRC) que están saqueando sus recursos minerales y naturales. El comunero y abogado de la comunidad, Simitrio Ruiz Martínez, manifestó que esta marcha es para “exigirle al gobierno federal que deje de entorpecer el desarrollo del proceso. Y que el Tribunal Colegiado emita a la brevedad posible las resoluciones correspondientes en cuanto a esas quejas y se dicte un sentencia conforme a Derecho que ampare los intereses de la comunidad agraria e indígena de San Pedro Quiatoni”. El 12 de febrero de 2020, la comunidad zapoteca interpuso un amparo en contra de las concesiones que otorgó el gobierno federal a 3 empresas mineras Don David Gold México S. A. de C.V., Minerales del Prado y Desarrollos Mineros San Luis, subsidiarias de la Gold Resource Corp (GRC). La comunidad advirtió que no permitirá que sigan saqueando sus recursos minerales y naturales. Cabe recordar que GRC tiene seis proyectos mineros en Oaxaca, de las cuales dos están en fase de producción comercial.
La presa de jales mineros de la sociedad minera Real de Cosalá se rompió y derramó una gran cantidad de material sobre el río San Lorenzo, a las afueras de Cosalá, Sinaloa el 25 de abril aunque los pobladores de San José de las Bocas se enteraron cinco días después. Este derrame de químicos altamente peligrosos no se informó a las autoridades, pese a la gran cantidad de lodo y otros líquidos esparcidos en laderas y el cauce del río, informa Revista Espejo. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil de Sinaloa conocieron de este desastre un mes y medio después del derrame, que ocurrió en mayo, cuando el río San Lorenzo presentaba un problema grave de sequía, por lo que no alcanzó a llegar hasta la presa José López Portillo. El derrame no ha sido cuantificado, pero esta presa retenía hasta 865 kilos de jales por día, de acuerdo al estudio de impacto ambiental de la empresa. “Ya nomás llueve y toda esa mierda se va a ir a la presa”, señaló Don Miguel, uno de los pobladores de la región que perdió animales que bebieron agua envenenada. La minera Real de Cosalá está registrada en Culiacán, y se dedica a la exploración y extracción de cobre, oro y plata. Como empresarios y concesionarios mineros, “los narcotraficantes mantienen intereses en la minería”, afirma el reportaje de Noroeste y Connectas, que investigó el “yugo narco-minero” en el triángulo del norte, donde la industria extractiva ha prosperado sobre los territorios de los desterrados por la violencia.
Antes habló de los beneficios de la “minería responsable” y luego les soltó una propuesta. “El dueño de la mina vino y nos dijo que bebería agua de los derrames para mostrar que no hacía daño”, contó Yuridia, una de las mujeres pobladoras de San José de las Bocas, que está a un lado del río San Lorenzo. Ese cauce lleva a la presa José López Portillo, la cuarta con más capacidad en Sinaloa para almacenar agua, recuerda la Revista Espejo en su reportaje. Aquí viven de la pesca y el ganado, pero este último ha estado muriendo por beber agua de los pozos que mandó a hacer la minera en el cauce, con la idea de que los residuos caigan y se depositen para luego ser retirados o sepultados. En el pueblo se dicen preocupados, porque aunque tratan de creer que los jales no los dañarán, ven la muerte de las vacas como una señal de desconsuelo. A una de las mujeres de este pueblo ya se le murieron cinco vacas y por el cauce del arroyo Calleros hay más bestias muertas. La responsabilidad de este derrame es de una sociedad minera registrada en Sinaloa compuesta por Minera Real de Cosalá, Minera Cosalá y Minera Tapacoya, un grupo de empresas mexicanas que se dedican a la extracción de oro, plata, plomo, cobre, zinc y hierro.