En un webinar internacional sobre el impacto de la minería en comunidades indígenas de Oaxaca y Chihuahua, las autoridades de Magdalena Ocotlán denunciaron las graves afectaciones por parte de la minera Cuzcatlán, propiedad de la canadiense Fortuna Silver Mines (FSM). Los representantes de la comunidad ubicada a solo unos metros del proyecto minero San José, propiedad de la empresa FSM, reiteraron que “la minera nos está afectando mucho” con la contaminación del agua, los desechos de la mina, ruidos constantes y la escasez de agua. También señalaron “el abuso que se comete por parte de nuestros propios autoridades [estatales] que solapan y coordinan con las empresas internacionales por el gran capital que traen. Dicen que estas empresas “impulsa el desarrollo” pero es una falacia total para nosotros.” Pedro Máximo Aquino, presidente municipal de Magdalena Ocotlán, afirman que “otra vez se repite la historia de los tiempos de la colonia y la conquista con el saqueo de la riqueza del país (…) pero somos gente del campo y la gente de Magdalena Ocotlán es consciente de lo que está pasando. Defendemos nuestro pequeño patrimonio, defendemos nuestra fuente de ingresos, defendemos nuestra economía.” En el evento, organizado por Brigadas Internacionales de Paz PBI Canadá y visto por cientos de personas en Facebook, también participaron defensoras y defensores de Chihuahua que alertaron a la sociedad civil canadiense sobre las afectaciones de minería a los pueblos originarios en México y que también pone en riesgo la diversidad biológica impresionante del país. Las y los méxicanos en el webinar también pidieron frenar los asesinatos de defensores de derechos humanos y del medio ambiente en México.
El pasado 3 de marzo fue aprobada en la Cámara de Diputados la iniciativa para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales en las Áreas Naturales Protegidas (ANP). La propuesta contó con un respaldo casi unánime de más de 400 votos, y busca modificar el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente sobre preservación de las ANP. Ahora pasa por el Senado para que voten en la propuesta. De esta forma, se busca evitar que continúe la proliferación indiscriminada de megaproyectos extractivos en estas reservas naturales generando efectos nocivos para el medio ambiente y la salud de las poblaciones que lo habitan.
Más de 100 organizaciones académicas y sociales de México piden al Senado de la República aprobar el cese de actividades extractivas en las áreas naturales protegidas (ANP). En un pronunciamiento dirigido a la cámara alta, señalan que en México “existen 73 proyectos mineros en territorios de resguardo, en oposición al objetivo prioritario de preservarlos”; entre ellos destacan los del parque nacional Los Mármoles, la reserva de la biosfera Mariposa Monarca y la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato. En las dos décadas recientes “la Secretaría de Economía ha otorgado concesiones mineras en 2.39 millones de hectáreas supuestamente ‘protegidas’, una superficie que equivale a la del estado de México”. Los demandantes pidieron a los legisladores ratificar la iniciativa que en ese sentido aprobó la Cámara de Diputados el 3 de marzo. Firman la petición las organizaciones Carto-Crítica, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, Centro de Análisis e Investigación Fundar, Agua para Todos, entre otras. Finalmente, las organizaciones plantearon al Senado “abrir la discusión sobre cambios profundos a la Ley Minera, con el fin de contar con normas que pongan en el centro el bienestar colectivo y los derechos humanos y no los intereses del sector privado”.