El 26 de mayo, la minera canadiense Equinox Gold, dueña de Los Filos, cerca de Carrizalillo, municipio guerrerense de Eduardo Neri, confirmó que 51 personas resultaron positivas a COVID-19, de 605 pruebas realizadas entre su personal. Cabe recordar que al siguiente día del anuncio presidencial, sobre el regreso a la nueva normalidad, funcionarios de esta empresa convocaron a 500 trabajadores para que se presentarán a la mina. Sin embargo, la situación se salió de control porque desde el primer momento, en lugar de hacer un llamado progresivo a los trabajadores, se hizo de forma masiva. En la primera toma de muestra aplicaron 170 pruebas, cuyos resultados fueron sorprendentes porque se reportaron 42 casos de personas contagiadas, incluidas dos superintendentes de la empresa, que han estado dentro de la mina. A todos ellos, los regresó en sus camionetas sin garantizar que se aíslen en los lugares donde permanecerán. Tlachinollan alerta que “esta situación es grave porque la empresa minera diseñó su protocolo sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades y sobre todo de tomar medidas preventivas para evitar mayores contagios. Ahora resulta que tanto en la mina como en las mismas comunidades el coronavirus ha entrado”. En tiempos de pandemia, la minería tiene un problema sanitario grave, dado que es un sector en el que su fuerza de trabajo tiene mayores dificultades para practicar el distanciamiento social. Además, los pulmones son uno de los órganos más afectados por el virus y a la vez de los más castigados cuando se trabaja en una mina, por ello la combinación de ambos en un paciente compromete seriamente sus expectativas de recuperación.
Pese a que el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), declaró la nulidad de elecciones en San José del Progreso, por inconsistencias en la elección del pasado primero de diciembre, el edil depuesto Amador Vásquez Gómez, no aceptó la sentencia y sigue presentándose en el Municipio como autoridad, incurriendo en el presunto uso indebido del patrimonio municipal.
El TEEO resolvió anular los comicios de esa población del Valle Central que se rigen por Sistemas Normativos Internos. El pasado 17 de marzo, el Congreso del Estado, recibió un oficio del Tribunal Electoral, mediante el cual notificó el acuerdo contenido en los expedientes JNI/51/2020 y sus acumulados, en el que ordenaron al Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, para que a través de la Secretaría General de Gobierno, y al Congreso del Estado, realicen la designación de un Comisionado Municipal provisional.
Mientras, la ciudadanía de San José del Progreso se preocupa por como Amador Vasquez Gomez ha gastado el dineo del municipio en estos 5 meses. Precisa en un documento, “buscamos … [saber] como Amador Vásquez Gómez se gastó y regrese el dinero que ha recibido a la fecha a nombre del pueblo, pues han pasado ya 5 meses con este vacío de autoridad; que explique principalmente como se ha gastado el dinero por la renta de los vehículos del municipio.”
En tanto, sospecharon que el Comité Ciudadano de San José del Progreso, pudiera estar en contubernio con Amador Vásquez, pues lejos de exigir cuentas, ha rechazado que el Comisionado Municipal, trabaje con las agencias de la comunidad. No existe acción alguna respecto a la transparencia sobre el ejercicio de recursos del pueblo.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek que planteaba no amparar a comunidades indígenas ante las afectaciones que les genera la Ley Minera, luego de la exigencia de organizaciones de la sociedad civil que llamaron la atención sobre el documento. En un boletín, organizaciones y comunidades celebran esta decisión y expresan su esperanza que “el sentido del proyecto sea reconsiderado para que sea una decisión ejemplar, que garantice los derechos del Pueblo Maseual [Nahua] de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales correspondientes, y que declare la inconstitucionalidad de la Ley Minera”. El litigio emprendido por el Pueblo Maseual “busca solidarizarse y sumar esfuerzos a la lucha de los pueblos indígenas para poner fin a la violencia estructural, a la violencia de Estado”, afirman las organizaciones de la Sierra Norte de Puebla y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), al mismo tiempo que advierten a la SCJN que “por nuestra parte, seguiremos estando muy atent@s a sus análisis y argumentaciones en torno a nuestro caso”.
AMLO prometió que no se van a construir más presas, pero una nueva presa se intenta construir en el Río Verde
– La Empresa privada ENERSI S.A. de C.V. presenta por segunda vez el Manifiesto de Impacto Ambiental
– Comisión Federal de Electricidad realiza sobrevuelos en Corral de Piedra; Ixtayutla y San Lucas Atoyaquillo
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador expresó el 20 de enero de 2020 en su conferencia matutina “no se construirán nuevas presas, no se realizará la presa Paso de la Reina en Oaxaca”. Sin embargo, semanas después, el 20 de febrero de 2020, se publicó en la gaceta ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad regional, del Proyecto Hidroeléctrico para la generación de energía renovable PH Río Verde, promovido por la empresa privada ENERSI S.A. de C.V. En el año 2019, esta misma empresa había presentado por primera vez el estudio, mismo que fue negado el 29 de noviembre por la SEMARNAT ante las inconsistencias presentadas.
El día 8 de marzo un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad sobrevoló desde Pinotepa Nacional hasta Corral de Piedra y San Lucas Atoyaquillo, por lo que denunciamos estos actos de intimidación a la población y que posiblemente este relacionado con el nuevo proyecto.
El Gobierno Federal, Comisión Federal de Electricidad y empresas privadas como ENERSI insisten en plantear proyectos sin nuestro consentimiento y atentado contra una de las cuencas con más diversidad en Oaxaca. Instamos a la SEMARNAT y demás instancias del Gobierno Federal a respetar nuestra decisión.
Miles de personas y centenas de organizaciones (incluyendo el CNI y REMA) enviaron una carta el 11 de mayo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que les solicitan no aprobar el proyecto de resolución del amparo en revisión que valida la constitucionalidad de diversos aspectos de la Ley Minera que afectan a los derechos de pueblos y comunidades indígenas. El Amparo en Revisión 928/2019 del pueblo Maseual en la comunidad de Zacapitan, municipio de Cuetzalan del Progreso en Puebla. El proyecto de sentencia que podría ser analizado hoy, el 13 de mayo, por el pleno del máximo tribunal del país, fue propuesto por el ministro Javier Laynez Potisek y ha sido sumamente criticado.
“La resolución hace un muy amplio y detallado recuento de los estándares nacionales e internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, pero al momento de analizar la Ley Minera, se limita a afirmar sin mayor sustento que ‘el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados’. Consideramos errónea y jurídicamente sin sustento tal argumentación, ya que las comunidades y pueblos indígenas han sido testigos sobre cómo los actos administrativos basados en la Ley Minera han afectado sus territorios, formas de vida y derechos humanos”, advierten los firmantes de la misiva.
En septiembre de 2014, la asamblea indígena del pueblo Maseual empezó acciones jurídicas al para combatir la decisión de la Secretaría de Economía de entregar sus territorios en concesión para la explotación minera sin contar con su consentimiento y sin haber sido convocados a participar en un proceso de toma de decisiones que directamente les involucraba.
En una primera resolución en septiembre del 2018, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, determinó conceder el amparo a las comunidades indígenas afectadas respecto del otorgamiento de las concesiones mineras en sus territorios. Sin embargo, al tiempo que concedía el amparo evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Minera en la que la Secretaría de Economía se apoya para otorgar los títulos de concesión. Frente a la omisión del Juzgado, las comunidades indígenas afectadas presentaron un recurso de revisión que será resuelto en próximos días por la Suprema Corte.
“Es preocupante que la limitada interpretación sobre la Ley Minera sea un mal precedente para otros casos, en los que los pueblos y comunidades indígenas han emprendido acciones jurídicas ante los conflictos socioambientales que la minería ha generado en sus territorios”, señalan en la carta.
Las industrias automotriz, minera y de la construcción se encuentran listas para la reapertura de actividades a partir de 13 de mayo y sólo espera la publicación oficial para arrancar, luego de que el Consejo de Salubridad General (CSG) aprobara su retorno como actividad esencial dentro de la economía mexicana, al contribuir con más de 10% al PIB nacional.
Durante su tercera reunión de la sesión permanente, el CSG aprobó cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención frente al Covid-19, entre ellas la demanda del sector industrial para homologar actividades con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, con lo cual se da el retorno a la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte (se considera a la industria automotriz, aeroespacial, ferroviaria y naviera) como actividades esenciales dentro de la economía mexicana, luego de estar paralizadas durante la cuarentena para evitar contagios del Covid-19. Los otros acuerdos son: el hecho de que se liberan restricciones para actividades escolares y laborales en 300 municipios sin contagio que tengan vecindad con demarcaciones también libres de contagio y que todas las empresas y establecimientos aplicarán medidas sanitarias de manera obligatoria en el entorno laboral, las cuales serán emitidas por la Secretaría de Salud, el IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Afectados por la Minería (Rema) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechar el proyecto de resolución elaborado por el ministro Javier Laynez respecto de la constitucionalidad de la Ley Minera y discutir sobre las diversas violaciones de derechos humanos que resultan de esa legislación. A unos días de que la SCJN discuta la constitucionalidad de la Ley Minera, la Rema expuso que esa legislación facilita el modelo extractivo minero en detrimento de los territorios de las comunidades indígenas, de la salud y del medio ambiente. También el investigador Francisco López Bárcenas advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vota a favor y sin modificaciones el proyecto del ministro Javier Laynez Positek, que desprotege a las comunidades indígenas de Puebla frente a las mineras, el mensaje que enviará el Máximo Tribunal del país es que en México los pueblos no tienen derechos. Cabe recordar que en septiembre de 2014, la asamblea indígena del pueblo Maseual en la comunidad de Zacapitan, municipio de Cuetzalan del Progreso en Puebla, instruyó al Consejo Maseual Altepetajpianij a llevar a cabo las acciones legales necesarias para combatir la decisión de la Secretaría de Economía de entregar sus territorios en concesión para la explotación minera sin contar con su consentimiento.
La Cámara Minera de México presentó el mapa “La Huella Minera Contra el Covid-19” en su reporte semanal que especifica las acciones que han realizado la industria minera para enfrentar la emergencia sanitaria de Covid-19 en que están participando 23 empresas en más de 16 entidades del país. La industria hablo de como esta en “solidaridad” con las comunidades que incluyen la fabricación de cubrebocas, la entrega de ayuda alimentaria, y por parte de Cuzcatlan la creación de un fondo para emergencias comunitarias que cubrirá medicamentos y productos de la canasta básica.
Todo eso fue parte de la estrategia de la industria minera para convencer el gobierno de su sumamente importancia en la economia en Mexico, como una industria “transversal y estratégica para la reactivación de la economía.” Además argumentaron que es una industria básica dentro de las cadena productivas integradas entre los países de América del Norte.
La mayoría de las comunidades donde están ubicadas actividades mineras actualmente no tienen casos de Covid-19 o con números de casos muy bajos. Un regreso de minería significaba mucha gente de afuera entrando sus comunidades que implicaría un riesgo grande de contagias en sus comunidades.
El gobierno de Oaxaca confirmó que trabaja de la mano de la Federación para definir las 10 zonas francas que se asentarán a lo largo de todo el Corredor Interoceánico proyecto emblema de Andrés Manuel López Obrador para región del Istmo de Tehuantepec.
A la salida de Palacio Nacional , el gobernador Alejandro Murat informó que estas 10 zonas libres de impuestos , cinco estarán en territorio oaxaqueño y el resto en Veracruz .
Previamente durante la conferencia matutina el presidente López Obrador informó que las empresas que se instalen en el Corredor del Istmo, se les reducirá el pago ISR, IVA y otros apoyos para fortalecer la region y “crear muchos empleos “
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente las instalaciones de la mina de plomo y zinc de Exportaciones de Minerales de Topia (EMITSA), en Durango, donde el pasado 1 de mayo se registró un derrame en la presa de jales. El 1 de mayo la minera informó que a las 5:20 horas ocurrió un derrame de 5 mil litros de jales en sus instalaciones, conteniendo sustancias químicas, sin embargo, con base en una visita de inspección en San José de Los Manzanos, en el municipio de Canelas, personal de la Profepa ha estimado que el derrame fue de aproximadamente 5 millones 780 mil litros de jales líquidos en las inmediaciones del río Humaya, Durango.
Inspectores de la representación de la Profepa en la entidad, han actuado en el sitio del derrame y han recorrido las zonas afectadas, para recabar elementos del daño ambiental, lo ha motivado que impongan como medida de urgente aplicación, la clausura total temporal de la operación de la empresa. De acuerdo con la autoridad ambiental, la presa sufrió una ruptura por llegar a su límite de capacidad, lo que ocasionó que parte de un camino vecinal quedara cubierto de metales pesados, así como una superficie de casi ocho mil metros cuadrados de una propiedad privada en la que había presencia de pino y encino. También se observó que a mil metros aguas abajo de la presa, había jale impregnado sobre el cauce del Arroyo San Bernabé y en una longitud de 2 km sobre su margen del mismo. La contaminación se extiendió hasta la localidad de San Bernabé.
“La ruptura de una presa de jales por sobresaturación implica negligencia y una gestión deficiente e irresponsable por parte de la empresa y de las autoridades responsables quienes deberían de supervisarse de forma preventiva”, agregó REMA. Representantes de la CONAGUA aseguraron en entrevista con Imagen TV que los jales tóxicos no llegaron al río y que el derrame no provocó afectaciones al sistema de abastecimiento de agua potable en las comunidades aledañas a San José de Los Manzanos. Sin embargo, circulan videos que demuestran las afectaciones a los ríos. Mientras, el agua contaminada corre hacia presas de los estados de Durango y Sinaloa.
En San Mateo del Mar, durante la noche del 2 de mayo del 2020, personas con armas de alto calibre dispararon en la carretera a la altura de la Agencia Municipal de Huazantlán del Río, dispararon también en la comunidad de Huazantlán, en las colonias Juárez y Costa Rica. Dicha agresión se dio en contra de pobladores que resguardaban la entrada al municipio, como medida de prevención para mantener el cerco sanitario en el marco de la pandemia de COVID 19. Como consecuencia de este ataque varias personas resultaron heridas, fueron quemados vehículos y cuatro casas. Entre ellas, la casa del Agente Municipal José Luis Chávez y las oficinas de la Agencia Municipal de Huazantlán del Río. “Hemos sido informados también que fue asesinado el suplente del Agente Municipal, el C. Filemón Villalobos y que pobladores fueron secuestrados, golpeados y torturados”, señalan organizaciones sociales y civiles en su boletín de prensa, donde exigen la intervención de los gobiernos estatal y federal. En una acción urgente, también el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C. hace un enérgico llamado a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno para atender urgentemente esta situación y no hacer caso omiso estos hechos reprobables que puede desbordarse aún más por la tensión que se vive actualmente. Dicha situación de violencia se da en el contexto de las recientes elecciones en 2019, así como en un clima de incertidumbre, chismes, difamación y deslegitimación en contra de personas defensoras, en particular mujeres que defienden sus derechos como pueblo indígena ikoots y se han opuesto a la imposición de megaproyectos en la zona, como son los parques eólicos y el Corredor Transístmico.
(Salina Cruz, Oax., Autoridades federales encabezadas por Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa (en videoconferencia desde la capital del estado) y los alcaldes de los gobiernos municipales involucrados, instalaron el Comité Regional para la Atención Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Se trata del complemento al proyecto federal –de los principales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador– que busca reactivar la economía sur-sureste, por lo que con la conformación del comité y la firma de minutas se pondrán en marcha acciones encaminadas al desarrollo integral de esa región oaxaqueña.
La reunión se llevó a cabo en el salón de usos múltiples de las instalaciones de la Administración Portuaria Industrial (API) en Salina Cruz, Oaxaca; también asistieron José Sánchez Pérez, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; Pedro Matar Orraca, enlace del gobierno estatal con el CIIT; Roberto Mendoza Sánchez, director de la API de ese puerto y, como invitado de honor, el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes.
Los alcaldes istmeños que asistieron y asentaron sus firmas en la minuta de acuerdo son: Alfredo Juárez Díaz, de Matías Romero; Emilio Montero Pérez, de Juchitán de Zaragoza; Juan Carlos Atecas Altamirano, de Salina Cruz; Rogelio Cheng, de Ixtepec; Azael Matus Toledo, de El Espinal; Óscar Toral Ríos, de Asunción Ixtaltepec; René Antonio Cruz Ermida, de Santa María Mixtequilla; Vilma Martínez Cortés, de Tehuantepec; Antonino Morales, de San Blas Atempa; María Francisca Antonio Santiago, de San Pedro Comitancillo, y Raynel Ramírez Mijangos, de San Juan Guichicovi.
Matar Orraca informó que el 21 de marzo se inició la obra de modificación de las vías férreas, las cuales tendrán cinco tramos, pero para su avance requiere el apoyo de los gobernantes municipales.
Exhortó a los alcaldes a que designen a un representante para que, en lo posterior, sean los que participen en reuniones y acuerdos de este megaproyecto económico.
Por su parte, Rafael Marín Mollinedo, director general del CIIT, pidió a los ediles que atiendan las demandas de la ciudadanía, porque se le ha enterado de algunas situaciones adversas al proyecto.
Si la gente manifiesta inconformidad no se va hacer esta obra; es importante la participación de todos y ustedes tienen que ser y contar con los líderes que ayuden a minimizar las quejas; lamentablemente demandas añejas están saliendo a relucir, están aprovechando el momento para que sean atendidas, por ello les pido su apoyo.
Mediante una videoconferencia, el mandatario estatal, Alejandro Murat, aseguró que la reunión establece un precedente y pasará a la historia debido a que con la firma de acuerdos se busca reactivar la economía de una zona donde se requiere urgentemente empleo.
Por su parte, el presidente municipal juchiteco, Emilio Montero Pérez, reveló que existen algunas quejas y aspectos que es necesario atender al respecto de la megaobra, pero aclaró que está de acuerdo en el proyecto de la Cuarta Transformación.