Durante la implementación de proyectos mineros, parques eólicos y gasoductos, las comunidades indígenas de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca no se benefician de ese desarrollo económico. En contraste, las empresas que operan en su territorio han pisoteado sus derechos humanos: arriban, no realizan una consulta libre, previa e informada a los habitantes, sobornan a las autoridades ejidales para despojarlos de las tierras que emplean para sus actividades económicas como la agricultura y afectan su identidad, cultura y medio ambiente, denunciaron miembros. Ante ello, reclaman una transición energética democrática, participativa y acorde con sus derechos sociales y ambientales. No están en contra de la energía, dijeron, sino de la forma en como se está procediendo.
Además, de acuerdo con la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) legitima ese arrebato de su viento, mar y tierra; los obliga a subsidiar a empresas privadas con su presupuesto municipal y riquezas naturales, y elimina su capacidad de decisión democrática. Estas medidas, por sí mismas, frenan el desarrollo social prometido.
Los megaproyectos eólicos son lapunta de lanza
de la zona económica especial anunciada por el gobierno federal para el Istmo de Tehuantepec, con la finalidad de concretar el despojo de tierras y bienes de Oaxaca, denunciaron diversas organizaciones y movimientos de resistencia campesinas e indígenas de la entidad.
Las 25 centrales de energía eólica que operan en ese estado ocupan ya casi cien mil hectáreas sólo en la región istmeña, superficie que podría duplicarse en los próximos años con el anuncio que el pasado miércoles hizo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, de las empresas ganadoras de la segunda subasta eléctrica, autorizadas para construir 36 nuevas centrales generadoras de energía eólica, solar y geotérmica a escala nacional.
Bettina Cruz Velázquez, de la organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio, afirmó que tan sólo en los años recientes de esta resistencia popular, más de 60 líderes comunitarios y defensores de derechos humanos han sido encarcelados, y algunos todavía enfrentan procesos judiciales, en un intento por desactivar la movilización en contra de esos megaproyectos, los cuales tienen como únicos beneficiarios a las empresas privadas.
Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO)
Articulación Social sobre Energía Renovable en Yucatán
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2016
De nueva cuenta sin consultar a las comunidades que serán gravemente afectadas, la Secretaría de Energía presentó ayer la lista definitiva de ganadores de la Segunda Subasta de Largo Plazo para proyectos de generación de energía. Entre ellos se encuentra el proyecto “Gunaa Sicarú”, un parque eólico de 252 Megawatts que la empresa Eólica de Oaxaca pretende construir en tierras ilegalmente privatizadas de los Bienes Comunales de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec.
Al respecto, Bettina Cruz Velázquez, representante de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), afirmó:
Nuevamente el Gobierno mexicano otorga un contrato a un megaproyecto eólico, de 252 MW, que se pretende instalar ilegalmente en las tierras comunales de Juchitán1, , contradiciendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas de la ONU tras su visita a México2. El gobierno dispone de nuestro territorio para beneficio de empresas privadas, incluyendo industrias sumamente contaminantes, sin importarle los impactos destructivos en nuestros pueblos y cultura. Estas consecuencias están claramente reflejadas en el informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) adoptado por el Directorio Ejecutivo del BID el 14 de septiembre de 20163, que concluye: “consideramos que efectivamente las comunidades indígenas del Istmo enfrentan el riesgo de pérdida de identidad y costumbres. Esto se refiere en particular a la pérdida del principio de gobernanza comunitaria y bien común a favor de esquemas de decisión y desarrollo centrados en el individuo.” Este informe del BID atribuye directamente este grave impacto social “al intenso y rápido desarrollo eólico en la región del Istmo’. También reconoce que estos proyectos ocasionan serios conflictos que ponen en riesgo la vida y seguridad de quienes defendemos los territorios, valores y derechos comunitarios.
“El país está siendo realmente avasallado, pero creemos que el riesgo del maíz, es el riesgo del país”, advirtió la activista Jesusa Rodríguez al invitar a conmemorar el Día en Defensa del Maíz Nativo y la Milpa con un foro de conferencias para la defensa de este alimento. “Sabemos que la embestida en México es en todos los frentes, en la minería, el petróleo, la venta de terrenos marítimos”, sin embargo, “una de las amenazas al maíz nativo es la multinacional Monsanto, que si ya era un monstruo gigantesco, ahora que fue adquirida por la empresa Bayer será más poderosa”. Esta mañana en Tlaxiaco, en el marco del 4to Festival Estatal de Maíz, se hermanan con un ritual de agradecimiento, pueblos y comunidades en defensa del maíz nativo y la milpa. “Somos la base de nuestra soberanía alimentaria aunque parezca que somos los últimos”, fue el mensaje de Natividad Miguel García de la A.C. Desarrollo Agroecologico de la Mixteca. “El maíz crece en un territorio que debe estar controlado por las comunidades. Como defender el maíz si nuestros territorios están siendo invadidos? El maíz es la riqueza de nuestros pueblos y hay que defenderlo”, enfatizó Jesús Leon Santos del CEDICAM.
Durante el evento de Presentación de Resultados de la Segunda Subasta Eléctrica, el titular de la Secretaría de Energía (SENER) explicó que en la subasta del pasado 22 de septiembre, el precio promedio por paquete de megawatt hora y certificado fue de 33.47 dólares, es decir, 30 por ciento menos que el obtenido en la primera subasta, por lo que es rentable el desarrollo de proyectos sustentables.
Como resultado de la Segunda Subasta del Mercado Eléctrico, un total de 23 empresas de 11 países, entre ellos, México, invertirán en los próximos tres años 4 mil millones de dólares para la instalación de 2 mil 871 megawatts de nueva capacidad instalada en energías limpias, anunció el Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell.
Integrantes del Grupo Ecologista Zanatepec (GEZ) pioneros en la defensa de la tierra y el territorio y también de la resistencia ante proyectos mineros en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, comenzaron con la conformación de comités de barrios y secciones de la localidad ante la presencia de unaconsultoría “ADD consultores” que ha empezado a difundir las “bondades” de la minería a modo. Los ecologistas señalaron que a inicio de mes, tres consultores de la empresa se reunieron con comuneros, ejidatarios, grupos sociales y algunos representantes para comentarles sobre los proyectos y que “vienen a quedarse” a la comunidad. En el 2008, la Secretaria de Economía entregó tres concesiones mineras Aurena, Santa Martha y la Ventosa a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc que abarcan 19 mil 795 hectáreas en terrenos colindantes de San Miguel Chimalapa y Zanatepec con la finalidad de extraer cobre, plata y oro. En la zona oriente de la región, el rechazo a mineras ha sido permanente: En las localidades de Ciudad Ixtepec, Tapanatepec, Reforma de Pineda, Unión Hidalgo, San Francisco Ixhuatán, entre otras también han acudido para hacer conciencia a través de videos, trípticos y de boca en boca.
Los integrantes del Colectivo Antiminero de Zanatepec, integrado por diversas organizaciones civiles ecologistas, comuneros y ejidatarios, así como activistas del medio ambiente, presentaron en una reunión distintas propuestas de lucha para hacer frente al proyecto minero que promueve el gobierno federal.
En la reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del CECACI, cada grupo participante presentó propuestas y estrategias, entre los presentes estuvo el Grupo Ecologista de Zanatepec, de las primeras agrupaciones que comenzaron a trabajar en la concientización de los ciudadanos.
El grupo hizo dos propuestas: primero, que se nombren comités de defensa en todas las agencias y colonias de todas las organizaciones sociales y políticas, en donde no debe de excluirse a nadie y estén bien informados, además de que cada comité nombre a dos representantes para integrar el «Frente Zanatepecano».
Y que el Comisariado de Bienes Comunales y el ejido nombren, cada uno, un comité especial en donde sus integrantes asistan a talleres y seminarios, ya que ambos desconocen gran parte del proceso.
La segunda propuesta presentada es que se lleve a cabo el 25 de octubre, –tentativamente– el “Foro Minero» con la participación de los pueblos afectados, aunque esas fueros las propuestas de uno de los participantes, continúan invitando a todos los ciudadanos o grupos aportar sus ideas.
“Todos tienen el derecho de participar y proponer, pues la lucha debe de organizarla el pueblo y sus líderes”, argumentaron los miembros del Grupo Ecologista de Zanatepec.
A 23 empresas –de 57 que participaron– se les adjudicará de manera preliminar la segunda subasta eléctrica de largo plazo que llevó a cabo este jueves el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), con lo cual se asignó más de 80 por ciento la oferta compra de potencia (capacidad firme), energía y Certificados de Energías Limpias (CEL) y se prevé una inversión de 4 mil millones de dólares en los proyectos nuevos anclados por la subasta en los próximos tres años.
El Cenace indicó que la energía limpia adquirida en esta subasta equivale a aproximadamente 3 por ciento de la generación anual de electricidad en México, y dicho resultado representa un paso importante para cumplir la meta de generar 35 por ciento de la energía eléctrica en México a partir de fuentes limpias para 2024.
El centro, dependiente de la Secretaría de Energía (Sener), dijo que los resultados preliminares arrojaron un excedente económico de 32.9 por ciento, lo cual representa el ahorro logrado entre los precios máximos en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como suministrador de servicios ofreció comprar, y los que los licitantes ganadores ofrecieron vender.
Al lograrse un ahorro superior a 14.6 por ciento, como se estipuló en las bases de licitación, no se requirieron rondas sucesivas.
Detalló que, en conjunto, las ofertas seleccionadas preliminarmente suman, por año, 8.9 millones de megavatios (MWh) de energía, 9.3 millones de CEL y mil 187 MW-año de potencia, con lo que se cubre 83.8 por ciento de la oferta de compra de energía, 87.2 de la oferta de compra de CEL y 80 por ciento de la oferta de compra de potencia.
Comunidades campesinas de los distritos de Ejutla y Ocotlán exigieron la cancelación de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, porque ha realizado trabajos de exploración en su territorio sin el consentimiento de las asambleas comunitarias.
Aunque en noviembre de 2015 esas comunidades se declararon Territorio Prohibido para la Minería, la empresa, en su interés por ampliar su proyecto, ha invadido ejidos y realizado trabajos de exploración mediante barrenaciones y explosiones, sin los permisos respectivos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Ante la cerrazón gubernamental para escuchar sus demandas, las asambleas ejidales y comunales de Monte del Toro, San Martín de los Canseco, Las Huertas, Los Ocotes, El Vergel y Coatecas Altas, además de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), el ayuntamiento de Santa Catarina Minas y habitantes de Santa Lucía Ocotlán, advirtieron que van a defender su territorio a costa de sus vidas.
“No vamos a permitir que el gobierno nos siga matando, autorizando que perforen nuestros terrenos. Vamos a unirnos y defendernos legalmente”, afirmó Pablo Pacheco Antonio, de la comunidad Monte del Toro.
Boletín de prensa
Desde inicios de 2015, la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines ha realizado trabajos de exploración minera en los límites ejidales de San José del Progreso, Monte del Toro y San Martín de los Cansecos, sin el consentimiento de nuestras asambleas comunitarias. Ante esta situación firmamos en noviembre de 2015 una Declaratoria Regional de Territorio Prohibido para la Minería, que entregamos ante diversas dependencias del ejecutivo federal y estatal. Denunciamos que hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta que garantice el ejercicio y respeto de nuestros derechos por parte de dichas autoridades.
Las comunidades denunciamos las graves afectaciones sociales, políticas y ambientales producidas por el proyecto “San José” en la comunidad de San José del Progreso. Donde los asesinatos, las personas heridas por armas de fuego, los enfrentamientos, la contaminación ambiental continúan en completa impunidad.
En esta segunda entrega del trabajo de investigación realizado por EDUCA en el proyecto Observatorio de Derechos Territoriales, se revela que la CFE proyecta la construcción de 11 proyectos hidroeléctricos en la región de la Costa de Oaxaca, incluido el proyecto Paso de la Reina. Esta información fue obtenida por solicitudes de acceso a la información y se encuentra publicada en el Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) de la Secretaría de Energía. Estos proyectos son: Copalita, Plan de Guadalupe, Colotepec, Coyula, Zimatán, San Miguel, Alemania, Nopala, Reforma, Tataltepec y Paso de la Reina. (Observar el mapa). De acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 en el apartado de Sector Energía, se plantean los principales proyectos de inversión, dentro de los cuales, se ubica al Proyecto de Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina, Oaxaca, consistente en una central hidroeléctrica con capacidad de 543 MW, la cual contempla una inversión total estimada de 15,408 mdp. En este apartado es pertinente hacer tres anotaciones de contexto: a).- La organización COPUDEVER solicitó al gobernador Gabino Cué una audiencia para informarle sobre los impactos negativos del proyecto en sus comunidades, el gobernador nunca les recibió, b).- El gobernador electo, Alejandro Murat, señaló durante una entrevista con el “Proyecto Por el Derecho a Saber”, que impulsará en su gobierno la hidroeléctrica Paso de la Reina y c).- La próxima estructura gubernamental contará con una Secretaría del Medio Ambiente y es probable que con una Secretaría de Energía. El próximo gobernador de Oaxaca enfrentará una férrea resistencia comunitaria en la defensa de sus territorios.
En esta segunda entrega del trabajo de investigación realizado por EDUCA en el proyecto Observatorio de Derechos Territoriales, se revela que la CFE proyecta la construcción de 11 proyectos hidroeléctricos en la región de la Costa de Oaxaca, incluido el proyecto Paso de la Reina. Esta información fue obtenida por solicitudes de acceso a la información y se encuentra publicada en el Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) de la Secretaría de Energía. Estos proyectos son: Copalita, Plan de Guadalupe, Colotepec, Coyula, Zimatán, San Miguel, Alemania, Nopala, Reforma, Tataltepec y Paso de la Reina. (Observar el mapa). De acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 en el apartado de Sector Energía, se plantean los principales proyectos de inversión, dentro de los cuales, se ubica al Proyecto de Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina, Oaxaca, consistente en una central hidroeléctrica con capacidad de 543 MW, la cual contempla una inversión total estimada de 15,408 mdp. En este apartado es pertinente hacer tres anotaciones de contexto: a).- La organización COPUDEVER solicitó al gobernador Gabino Cué una audiencia para informarle sobre los impactos negativos del proyecto en sus comunidades, el gobernador nunca les recibió, b).- El gobernador electo, Alejandro Murat, señaló durante una entrevista con el “Proyecto Por el Derecho a Saber”, que impulsará en su gobierno la hidroeléctrica Paso de la Reina y c).- La próxima estructura gubernamental contará con una Secretaría del Medio Ambiente y es probable que con una Secretaría de Energía. El próximo gobernador de Oaxaca enfrentará una férrea resistencia comunitaria en la defensa de sus territorios.
Luego de la visita del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre empresas y derechos humanos a México, el organismo reveló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa estatal con más quejas de derechos vulnerados. Durante los primeros días de septiembre, los expertos de la ONU, Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, escucharon los testimonios de comunidades afectadas por actividades empresariales. Astrid Puentes, coordinadora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), señaló que entre los 68 casos documentados, los sectores donde se detectaron más abusos fueron: minería con 11; hidrocarburos con nueve; energía con ocho; construcción con ocho y agroindustria con seis. Precisamente en el rubro de energía es donde destacan las quejas de CFE, de acuerdo con Puentes. Por su parte, Elena Villafuerte y Sandra Alarcón, de ProDESC y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, coincidieron en que la violencia en torno a megaproyectos y la extracción de minerales en estados de Oaxaca y Guerrero, está estrechamente relacionada con “la corrupción con autoridades y colusión con el crimen organizado”. Benjamin Cokelet, de la organización Poder, reconoció que las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU no tiene “carácter vinculante”, y emplazó al gobierno de Peña Nieto a implementar un plan general de acción para la aplicación de los principios rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresas.
http://aristeguinoticias.com/wp-content/uploads/2016/08/Xochicuautla_Mitin-9-600×274.jpgLos proyectos de minería, infraestructura y energéticos presentan los mayores casos de abusos contra derechos humanos, de acuerdo con uninforme realizado por cien organizaciones no gubernamentales, quienes pidieron a la ONU documentar dichas irregularidades con motivo de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
De acuerdo con el diagnóstico de las agrupaciones civiles, se reportaron más de 60 casos en todo el país, en los cuales se vieron implicadas 99 empresas: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas.
“En más de la mitad de los casos hubo algún tipo de intimidación y/o ataque contra defensores de derechos humanos y las violaciones más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos indígenas”, aseguraron las organizaciones en un comunicado.
Las agrupaciones y comunidades afectadas darán a conocer durante la visita del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos los impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura, explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros.
Por sugerencia de sociedad civil, el grupo se reunirá con empresas como Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo, Goldcorp, Transcanada, Eólica del Sur y CEMEX, así como con las paraestatales, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, debido a supuestos impactos graves ocasionados por éstas.
Al dar a conocer el inicio de la tercera fase deliberativa del proceso de consulta en los Valles Centrales, que les permitirá avanzar en un acuerdo de modificación del Decreto de Veda de 1967, autoridades municipales y agrarias de Ocotlán de Morelos y Zimatlán advirtieron que los índices de migración y abandono del campo se incrementan de manera alarmante.
Los también integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) denunciaron que, a más de un año de la consulta indígena para modificar el decreto de veda del agua de 1967 en el valle de Ocotlán y Zimatlán, el trámite avanza lento y en medio de irregularidades que entorpecen un claro proceso.
“Pedimos que sean nuestra voz ante el mundo de lo que está pasando en México, que hagan que aflore la verdad”, esta fue la petición que más de 28 representantes de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la última reunión con actores sociales que se realizó el pasado domingo, en el municipio de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, y antes de que los integrantes de este Grupo den a conocer su informe preliminar este miércoles 7 de septiembre.
Esta visita oficial comenzó la semana pasada en la Ciudad de México, y a lo largo de estos días se han encontrado en seis ocasiones con representantes de comunidades, movimientos y organizaciones sociales en distitos estados de la República bajo un mismo objetivo: revisar a detalle el cumplimiento o no en México de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.
Niñas, niños, mujeres y hombres de distintos lugares de México recibieron a dos integrantes del Grupo de Trabajo, Dante Pesce y Pavel Sulyanziga (actual presidente del Grupo), y cuatro representantes más de Naciones Unidas entre cantos, música, collares de flores y abrazos; uno por uno expusieron casos en donde denunciaron violaciones a sus derechos humanos con un factor común: empresas transnacionales y nacionales buscando despojarles de sus tierras y bienes comunes para beneficio económico privado.
Senadores de la República e integrantes del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, coincidieron en la necesidad de reforzar la tutela de los derechos humanos en el ámbito laboral, así como en que dichas garantías trasciendan más allá de la esfera del Estado mexicano.
En reunión este martes en el Senado, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló dos puntos torales: evitar la discriminación de las mujeres en el campo laboral, para que tengan los mismos derechos que los hombres; y garantizar que las empresas no tengan un resquicio donde se puedan trastocar los derechos de los menores de edad.
A su vez, el doctor Pavel Sulyandziga, presidente del Grupo de Trabajo de las ONU, refirió que desde el año 2011 la ONU les encomendó promover los derechos humanos en el ámbito de la vida laboral.
Detalló que en el marco del mandato que deben cumplir, este grupo realiza visitas a distintos países, entre ellos, México, Mongolia, Ghana, Estados Unidos, Azerbaiyán, Brasil y Corea del Sur, y una vez que recaben la información necesaria prepararán un informe que refleje todas las cuestiones relacionadas con las empresas y derechos humanos.
De acuerdo con una investigación realizada por EDUCA, en el proyecto Observatorio de Derechos Territoriales, se revela la intención, del gobierno federal y estatal, de impulsar en Oaxaca 67 proyectos hidroeléctricos. De este total, 66 son considerados como “pequeñas hidroeléctricas” y uno tiene la categoría de “gran proyecto”. Por las características de estos proyectos podemos afirmar que no serán pequeños, más aún cuando en algunos casos como en la cuenca de Choapam Mixe se proyectan nueve presas en el mismo río o en la cuenca del Río Verde, donde se planean construir 14 presas. En esta primera entrega, de un total de seis notas informativas que se publicarán quincenalmente, EDUCA ofrece información respaldada en investigaciones, que dan cuenta del despojo y devastación del territorio oaxaqueño a través de proyectos de inversión, especialmente en materia energética. El mapa que se presenta incluye los proyectos que se encuentran en el Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) de la Secretaría de Energía. Es fundamental que las comunidades y pueblos emprendan acciones para ejercer sus derechos de acceso ala información pública, a la libre determinación y a la defensa de sus territorios.
Las reformas y los cambios en leyes
México ha cambiado legal y estructuralmente el sistema energético a través de la llamada reforma energética, que se tradujo en la reforma al artículo 27 constitucional y más de 12 leyes secundarias. Este cambio implica que la Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa productiva que competirá al igual que cualquier otra empresa por el mercado energético. El nuevo esquema permite la entrada de empresas a todas las etapas del proceso productivo lo cual representa una gran oportunidad de negocios para las mismas, pero una amenaza para los territorios.
Por otra parte a la par de la apertura del sector energético a capital privado, el impulso a la política de la energía limpia adquiere mayor preponderancia, se promueve ahora la captación de recursos a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL para el cumplimiento de metas contra el cambio climático. En este año se realizó la primera subasta de 6.3 millones de Certificados de Energías Limpias (CEL) por parte de CFE para empresas privadas1. Esta subasta concluirá con la asignación de contratos de largo plazo de 15 a 20 años entre las empresas generadoras de “energías limpias”. El gobierno mexicano pretende cubrir la meta de 5% de su consumo en CEL para 2018. Cualquier empresa ahora podrá por ejemplo vender un paquete de energía y CELS. La primera subasta la ganaron Sun Power Systems, Enel, Parque Eólico Reynosa III, Gestamp Wind, Recurrent Energy, Alten Energías Renovables del Istmo, que invertirán en su conjunto 2 mil 116 millones de doláres de 2016 a 2018.2
Sin embargo para varios expertos existe un problema en la definición de energías limpias en las leyes mexicanas, por ejemplo se consideran a las hidroeléctricas y la energía nuclear, sin considerar los graves impactos ambientales que están han tenido.
El panorama para Oaxaca
Oaxaca ofrece bienes comunes como los ríos, manantiales, vientos y otras fuentes de agua, que podrán ser concesionados a empresas para la producción de energía. A través de un análisis realizado por EDUCA3 del Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) elaborado por la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía del Gobierno Federal se han identificado posibles proyectos de inversión “verde” en territorios oaxaqueños. Existen proyectados al menos 66 proyectos de “pequeñas” hidroeléctricas, 1 proyecto de gran hidroeléctrica y 8 proyectos de aerogeneradores.
La Comisión Federal de Electricidad todavía es la ejecutora de algunos proyectos hidroeléctricos, pero en Oaxaca han presentado proyectos las empresas Electricidad del Istmo, ENERSI, COMEXHIDRO y Electricidad de Oriente4. La distribución de la energía también abierta a empresas está abriendo un potencial mercado a empresas nacionales y extranjeras.
El Grupo de Trabajo de la Organizacion de Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos se encuentra en México realizando una visita oficial que inició el 29 de agosto y terminará el próximo 7 de septiembre.
La jornada de trabajo cerrará con una conferencia de prensa donde el grupo presentará su informe preliminar, mismo que incluirá algunas recomendaciones al respecto de las visitas regionales que realice durante su estancia y las diferentes reuniones con empresas, entidades de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas.
De cinco miembros, este grupo de trabajo fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2011. Su mandato incluye promover la ejecución de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La tarde del jueves 1 de septiembre se realizó la primera visita regional al Estado de Oaxaca. La visita fue coordinada por las organizaciones del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC (ProDESC) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CODIGO DH).
Los expertos independientes Dante Pesce y Pavel Sulyandziga se reunieron con comunidades afectadas principalmente por proyectos mineros, eólicos, de extracción de hidrocarburos, entre otros; un total de 25 casos.