En la ciudad de Oaxaca el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), puso en marcha el taller “Gestión Ambiental en la Minería” con el fin de promover el cumplimiento de la normatividad ambiental en proyectos de desarrollo minero. Con este taller la STyDE se compromete a brindar al sector de la minería una herramienta de gestión que cuente con las acciones y medidas necesarias para el resguardo ambiental en la industria.
El subsecretario de Industria y Comercio Víctor Vásquez Bocanegra destacó que se tiene como objetivo brindar al sector de la minería una herramienta de gestión que cuente con las acciones y medidas necesarias para promover un desempeño ambiental sostenible en el desarrollo de sus proyectos, y afirmó que el estado requiere generar las condiciones adecuadas para un desarrollo minero competitivo, con prioridad al respeto a las comunidades, que es un principio que no se puede omitir y que en la Dependencia a su cargo se cuida que todo proyecto que tenga que ver con las actividades extractivas se desarrollen con estricto apego a la normatividad ambiental y aseguró que no existe un solo proyecto productivo en este sector, que no cumpla con la normatividad ambiental aplicable en esta materia”.
En el marco del taller “Gestión Ambiental en la Minería” impulsado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), Vicente Jesús Aranda Vásquez director de Industria y Minería de la STyDE dio a conocer que lo que ha alejado la inversión en el sector minero es la caída de los precios de los metales en el mercado internacional y la aplicación del impuesto minero, ya que la Reforma Hacendaría que entro en vigor el 1 de enero de 2014 impuso un pago de 7.5 % sobre las utilidades netas que obtienen las empresas mineras del subsuelo mexicano, que los factores que ahuyentan la inversión se debe al comportamiento del mercado no a los movimientos sociales anti minas derivados de la oposición de las comunidades para que se instalen trasnacionales.
Asimismo, señaló que las autoridades han sido claras con los nuevos proyectos mineros que llegan a instalarse: «les hemos pedido que cuando vengan entren por la puerta del gobierno del estado para que nos permitan conocer primero qué es lo que quieren hacer y para que antes de que lleguen, se haga un acercamiento con las comunidades donde pretenden instalarse».
Nereo García García Delegado de la PROFEPA, informo que la actividad minera en Natividad, Ixtlán de Juárez y Cuzcatlán enfrenta problemas con esta dependencia federal, al no cumplir con las normas ambientales establecidas para el desarrollo de esta actividad. El delegado explicó que en Cuzcatlán existe una queja por el procedimiento de los trabajos mineros, por lo que incluso hubo una sanción y existen verificaciones. También dijo que nunca falta quien piense que la PROFEPA no se va dar cuenta de los trabajos de exploración que realizan, acusando después a la procuraduría de obstaculizar los trabajos cuando son las empresas mineras quienes infringen la ley; también dijo que la visión empresarial minera existe un problema, ya que la mayoría de los mineros primero comienzan los trabajos y luego quieren obtener los permisos para el cambio de uso de suelo. “Minimizan el tema ambiental, pero la PROFEPA por programa o denuncia inspeccionan las áreas” señaló.
En el marco del taller » Gestión ambiental» Vicente Aranda Vázquez director de Industria y Minería de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), explicó que el desplome en la inversión en el sector minero en Oaxaca obedece a que las industrias extranjeras ‘huyeron’ del estado debido a la baja producción, situación a la que se sumó la crisis y desplome en el precio de los metales en el mercado internacional además de la aplicación de nuevos impuestos establecidos en la reforma fiscal, descartó que los conflictos sociales y la oposición de las comunidades, sean los factores que ahuyentan la inversión en territorio Oaxaqueño, y aseguro que la caída de la inversión privada en Oaxaca se debe a que las empresas mineras con trabajos de exploración se retiraron de la entidad al no obtener los resultados esperados, tanto en lo económico como en los materiales que pretendían explotar. Informo también que de los 15 proyectos que había en 2010 actualmente prevalecen apenas nueve de ellos, distribuidos en las regiones del Istmo, Mixteca y Cañada.
El director de Industria y Minería de la STyDE, dijo que Oaxaca ocupa el quinto lugar a nivel nacional en potencial minero y la novena posición en producción y extracción de mineral, principalmente de oro, plata, zinc y plomo.
Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no metálicos que lo ha convertido en un territorio susceptible de problemas por la llegada de las empresas mineras internacionales. Julián Eduardo López Reyes gerente regional Sur del SGM, durante su ponencia en el Taller “Gestión Ambiental en la Minería” señaló que en el estado hay 14 regiones mineras entre las que se encuentran: la Región Mixteca, Taviche, San José de Gracia, Zaniza, San Miguel Peras, la Sierra Norte, Telixtlahuaca, Pochutla, La ventosa, Tapanatepec, La Ventosa, Tlaxiaco, entre otras. Según datos de la SENER del Gobierno Federal, para el año 2008, las concesiones para la exploración y explotación, cubrían el 12.5% del territorio estatal, y se han otorgado 20 proyectos a diversas empresas; algunas mantienen hasta dos o tres proyectos en diversas zonas. Algunas empresas son Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp, Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources, Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd. Entre las empresas que se dicen “explorando” las zonas se encuentran Golden Trump Resources, s.a. de C.V. en San Pedro Totolapam, Zalamera, S.A. de C.V./chesapeake cerro calavera exploración regional Gold Corp-Minera Pinnacle de México, en San Dionisio Ocotepec, fortuna mines/cia. Minera Cuzcatlán en San José del Progreso. Debido a los problemas con grupos defensores del territorio y ante la negativa de la entrada de las empresas trasnacionales “que han saqueado los minerales” hay 21 minas inactivas. Actualmente en Oaxaca solo existe 1 mina activa de minerales metálicos.
ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO: Fase De Explotación Minera de 5 niveles, de los 8 que tiene planeado, con un horizonte de 10 años más de explotación mineral. Los trabajos y avances que muestra el proyecto dan pauta a la necesidad de aumentar la capacidad de la presa de jales que se encuentra ubicada en el Polígono Sur del Complejo Minero y que actualmente tiene una capacidad de 1’427,775 m3 volumen de agua y jales propia de los procesos que involucran los trabajos de la mina; el aumento de capacidad de almacenamiento permitirá tener un volumen total de E 2 ́306,752 m3 y con esta ampliación se pretende cubrir las necesidades ne los procesos hasta la fase final de explotación: Etapas de construcción, Operación, Mantenimiento y abandono del proyecto de ampliación de la presa de Jales, dentro de los terrenos adquiridos por la Compañía Minera Cuzcatlán S.A DE C.V.
La CFE buscará 17,758 mdp (casi 1,366 mdd a la paridad actual). Las hidroeléctricas Paso de la Reina que será construida en Oaxaca y Angostura II en Chiapas, tendrán capacidad en conjunto para cubrir el equivalente a 1.5 veces la demanda de una ciudad como Nayarit y se prevee que entrarán en operación en 2020. Ambos proyectos fueron presentados a la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 23 de mayo. Paso de la Reina esta diseñado para operar una capacidad de potencia instalada de 540 MW. De acuerdo con el Centro de anteproyectos del Pacifico Sur de la CFE esta Central costará alrededor de $13,951 mdp y tendrá una vida útil de al menos 50 años. Como parte del proceso de Planificación, en el Catalogo de proyectos del Programa de Obras e Inversiones del Sector eléctrico (POISE 2012 – 2026) considera que Paso de la Reina entraría en operación en el 2020 ya que para concluir el proyecto serán necesarios 5 años de construcción. CFE ha planteado la ejecución de este proyecto mediante la inversión por financiar de 11 mil 706,42 mdp (914 millones 56 mil dolares) más 2 mil 244.64 mdp (175 millones 36 mil dolares) con recursos presupuestales, estos últimos corresponden a estudios y actividades previas necesarias para el desarrollo del proyecto. Se tiene previsto que genere alrededor de 10 mil empleos. A la fecha se han concluido los estudios hidrológicos y la manifestación de impacto ambiental (MIA) de la central energética. Sin embargo la CFE licitará para las próximas semanas los estudios de preinversión que son limitativos del nivel de estudio en que está el proyecto (Factibilidad). En la siguiente etapa de estudio (diseño definitivo) será necesario ampliar algunos de ellos y llevar a cabo estudios adicionales, como los arqueológicos y derechos de vía, entre otros.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) alista la construcción de dos nuevas centrales hidroeléctricas que tendrán un costo de 17 mil 758.5 millones de pesos. Estas obras forman parte del proyecto para incrementar el uso de energías renovables para la generación de energía. La hidroeléctricas Paso de la Reina, que será construida en el estado de Oaxaca, y la Angostura II, en Chiapas, tendrán capacidad en conjunto para cubrir el equivalente a 1.5 veces la demanda de una ciudad como Nayarit y se prevé que entren en operación en el año 2020. La hidroeléctrica Paso de la Reina está diseñada para operar a una capacidad de potencia instalada de 540 megawatts (MW) y será construida en la parte baja de la cuenca del río Verde, Oaxaca. |
Organismos de Derechos Humanos de Oaxaca acusaron a funcionarios de la CFE de hostigar a 42 poblaciones para imponer la construcción de la presa “Paso de la Reina”. El presidente de la DDHPO, Arturo Peimbert argumentó que la construcción de la presa traerá afectaciones a más de tres mil habitantes, que representa riesgo de afectación a los pozos de agua dulce y de riego que abastecen a las comunidades de Manialtepec y Chacahua, que hay riesgo de desastre porque el sitio donde se quiere construir la cortina de la presa está catalogado como una franja sísmica activa, también que los gobiernos ocultan información. Pide la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para sancionar dentro su competencia un acto de abuso de autoridad por parte del gobierno federal. Expresó que ellos quieren que se haga la consulta para que las comunidades puedan determinar si aceptan o rechazan la obra y que el proceso debe ser diáfano e inteligible y pide a la CFE no haya mecanismos inductivos de la para imponer sus criterios, ya que está afectando la paz social de una parte de la zona costera de Oaxaca, aseguró también que la CFE ha ocultado las consecuencias reales que la obra tendrá en las tres mil 100 hectáreas que abarca, pues producirá desplazamiento forzado, y desmintió al Gobierno del Estado quien ha difundido que el 75 por ciento de los habitantes de las poblaciones “están de acuerdo con su ejecución, lo cual es falso, ya que existen actas de asamblea donde se rechaza la construcción de la presa.
El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a través de un pronunciamiento reveló su preocupación por las posibles violaciones a los derechos humanos de habitantes de 47 comunidades de la Costa, debido a la creación de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina; en ese documento explicaron que el pasado 13 de junio, durante la Segunda Sesión Regional Ordinaria del Consejo Ciudadano realizada en Puerto Escondido, recibieron diversas denuncias respecto a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hostiga a 42 comunidades que decidieron negar su consentimiento para la continuación de los trabajos de construcción de la presa previsto sobre el Río Verde. El consejo de la defensoría señaló que se afectaría incluso a los indígenas no desplazados, pues el proyecto generaría transformaciones ambientales que implicarían daños a los recursos de los que depende la economía y la sobrevivencia física de las poblaciones asentadas en el área; y que aun cuando el proyecto de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina es de índole federal, considera importante que los gobiernos municipales y el gobierno del estado de Oaxaca, mediante la acción coordinada de sus tres poderes, se involucren en el tema para que promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos de la población. Las y los consejeros informaron que la DDHPO investigará estas quejas y desde su espacio de acción vigilará y tomará las medidas correspondientes para proteger los derechos fundamentales de las personas y los pueblos de la Costa de Oaxaca, como le corresponde al ser la instancia rectora del organismo público estatal para la defensa y promoción de los derechos humanos.
El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca realizarón una Sesión Regional Ordinaria del Consejo Ciudadano en Puerto Escondido, donde recibieron diversas denuncias respecto a que la Comisión Federal de Electricidad hostiga a 42 comunidades que decidieron negar su consentimiento para la continuación de los trabajos de construcción de la presa previsto sobre el Río Verde. Durante la sesión integrantes de las comunidades denunciaron que la empresa paraestatal engañó a las comunidades al ocultar las consecuencias reales que la obra tendrá en las tres mil cien hectáreas que abarca, pues producirá desplazamiento de personas lo que representa graves riesgos de agravios a los derechos de los pueblos chatinos, mixtecos, zapotecos y afromestizos que habitan la zona. Manifestaron que el proyecto de esta presa hidroeléctrica es una muestra de cómo diversos megaproyectos relacionados con la generación de energía y la explotación de los recursos naturales son puestos en marcha sin tomar en cuenta los derechos humanos, tanto individuales como los colectivos de los pueblos indígenas.
Las y los integrantes del Consejo Ciudadano informaron que la Defensoría investigará estas quejas y desde su espacio de acción vigilará y tomará las medidas correspondientes para proteger los derechos fundamentales de las personas y los pueblos de la Costa de Oaxaca como le corresponde al ser la instancia rectora del organismo público estatal para la defensa y promoción de los derechos humanos. Aun cuando el proyecto de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina es de índole federal, el Consejo Ciudadano de la Defensoría considera importante que los gobiernos municipales y el gobierno del estado de Oaxaca, mediante la acción coordinada de sus tres poderes se involucren en el tema para que promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos de la población.
El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca manifestó su preocupación por las posibles violaciones a los derechos humanos de habitantes de 47 comunidades de la Costa, que serían por la creación de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina. En un documento suscrito por las consejeras María Eugenia Mata García, Martha Julia Avendaño Cordova, Sara Pilar Méndez Morales, así como por los consejeros José Bernardo Rodríguez Alamilla, Pedro Matías Arrazola, Héctor Lorenzo Estrada y por el consejero presidente Arturo Peimbert Calvo, explican que el pasado 13 de junio durante la Segunda Sesión Regional Ordinaria del Consejo Ciudadano realizada en Puerto Escondido, recibieron diversas denuncias respecto a que la Comisión Federal de Electricidad hostiga a 42 comunidades que decidieron negar su consentimiento para la continuación de los trabajos de construcción de la presa previsto sobre el Río Verde.
Durante la sesión integrantes de las comunidades denunciaron que la empresa paraestatal engañó a las comunidades al ocultar las consecuencias reales que la obra tendrá en las tres mil cien hectáreas que abarca, pues producirá desplazamiento de personas lo que representa graves riesgos de agravios a los derechos de los pueblos chatinos, mixtecos, zapotecos y afromestizos que habitan la zona.
En su pronunciamiento el Consejo de la Defensoría señaló que también se afectaría incluso a las y los indígenas no desplazados, pues el proyecto generaría transformaciones ambientales que implicarían daños a los recursos de los que depende la economía y la sobrevivencia física de las poblaciones asentadas en el área, también la construcción perjudicaría el flujo de agua dulce al Parque Nacional Lagunas de Chacahua poniendo en riesgo el entorno natural y los servicios ambientales que esa zona presta a la región y a la humanidad.
En el marco del Día internacional del Medio Ambiente, el jueves 5 de junio, se llevó a cabo una misa organizada por la Diócesis de Puerto Escondido, Oaxaca en apoyo total a la comunidad de Paso de la Reina y el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Rio Verde COPUDEVER, en su resistencia ante la construcción de la Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples Paso de la Reina. El Obispo Pedro Vásquez Villalobos, a nombre de la Diócesis de Puerto Escondido, de su presbiterio, religiosas y todos los fieles en general, expreso con claridad la desaprobación de dicha construcción y firmó el pronunciamiento diocesano el pronunciamiento diocesano el cuál se leyó ante unas 600 personas reunidas en la cancha principal provenientes de 33 parroquias pertenecientes a la Diócesis de Puerto Escondido. En un mensaje claro y cercano les decía a los pueblos que están unidos en defensa del Rio Verde: “El proyecto que presenta la comisión dice lo contrario a lo que ustedes dicen… Y ustedes dudan desconfían, porque sienten que no se le ha hablado con la verdad desde un principio… sigan exigiendo que se hable con la verdad….No, no deben ser engañados por más humildes que sean…Exijan que se les hable con la verdad y defiendan su tierra, defiendan su río y nosotros de alguna forma estaremos unidos”.
La Diócesis de Puerto Escondido y agentes de pastoral reiteran su apoyo al Consejo de Pueblos Unidos en defensa del Río Verde: “Estamos unidos como Diócesis en defensa para que no se construya la presa hidroeléctrica en Paso de la Reina, ojalá nuestros gobernantes piensen otra cosa y quieran otra cosa. Que así sea”. El ovispo Pedro leyo el pronunciamiento diocesano ante unas 600 personas reunidas en la cancha de la comunidad de Paso de la Reina y expresó que cuando llego a esta diocesis le hablaron del problema d ela construccion de una presa y del trabajo del ovispo anterior don Eduardo. Durante este año y cuatro meses eh conocido más del problema y no esta olvidado estamos unidos con ustedes, es la unión de la iglesia con ustedes. Al finalizar la ceremonia recibio regalos de niñas y niños de la comunidad, algunas piedras del rio pintadas, dibujo de los alimentos de la región y garzas hechas con material reciclable.
Este 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente será el marco de la celebración de la misa de la Diócesis de Puerto Escondido, encabezada por el Obispo Pedro Vásquez Villalobos en la comunidad de Paso de la Reyna. Se espera la participación de las 29 parroquias que abarcan desde Huatulco, hasta Putla de Guerrero. Existe una honda preocupación en la región ante la actuación de la Comisión Federal de Electricidad, quien ha promovido y gestionado obras para convencer a las comunidades agrarias y ejidos de las bondades del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, al mismo tiempo ha lanzado una campaña de desprestigio en contra de esta Iglesia Diocesana. A pesar de que el proyecto no cuenta con la totalidad de los permisos ni se concluyó con los estudios el gobierno federal recientemente lo incluyó dentro del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2016. Este hecho demuestra que el proceso ya ha violentado la decisión de los Pueblos. Es por eso que la iglesia reunida refrendará su apoyo al Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde para que sean respetados sus derechos. El obispo de la Diócesis de Puerto Escondido, Pedro Vásquez Villalobos, se pronunció en contra de los megaproyectos hidroeléctricos como el de la presa Paso de Reina que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende construir en los municipios de Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Tetepec, Santiago Jamiltepec y Tututepec, en perjuicio de casi 20 mil habitantes de los pueblos mixtecos, chatinos, afromexicanos y mestizos. El religioso expresó también que los indígenas son los dueños legítimos de las tierras y territorios que ahora se ven amenazados con la presa que afectaría directamente 3 mil 100 hectáreas de 40 comunidades pertenecientes a seis municipios. El ovispo reafirmó su compromiso de “profundizar la presencia pastoral en las poblaciones más frágiles y amenazadas por el desarrollo depredador y apoyarlas en sus esfuerzos para lograr una equitativa distribución de la tierra, del agua y de los espacios urbanos”. Los sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral de la Diócesis de Puerto Escondido, reiteraron su apoyo a “la lucha no violenta contra toda forma de violación a la vida: humana y natural” al calificarla como legítima y como un deber de cada cristiano la defensa de los territorios y de los ríos, contra la construcción de grandes proyectos, como los hidroeléctricos. A pesar de que el proyecto no cuenta con la totalidad de los permisos ni se concluyó con los estudios el gobierno federal recientemente lo incluyó dentro del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2016. Este hecho demuestra que el proceso ya ha violentado la decisión de los Pueblos.
Pese a la campaña de desprestigio que ha lanzado la CFE en contra de la Iglesia Diocesana de Puerto Escondido, el Obispo Pedro Vásquez Villalobos se pronunció en contra de los megaproyectos hidroeléctricos como el de Paso de la Reina porque atenta contra los derechos humanos. Obispo, sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral de la Diócesis de Puerto Escondido, reiteraron su apoyo a la lucha no violenta contra toda forma de violencia a la vida humana y natural al calificarla como legitima y como un deber de cada cristiano la defensa de los territorios y de los ríos contra los megaproyectos. Resaltaron su preocupación por que el gobierno federal a través de un documento de la Coordinación de Proyectos Estratégicos de la CFE lanza graves descalificaciones contra su trabajo, señalándolos de ajenos a la región y acusándolos de desinformar y confundir a la opinión publica. Consideran que este tipo de ataques construyen un entorno adverso para los defensores y defensoras de derechos humanos, agentes de pastoral y las comunidades de la Diócesis porque colocan en un gran riesgo su labor. Respecto a la construcción de la presa Paso de la Reina que se pretende construir, dijo afecta a pueblos mixtecos, chatinos, afromexicanos y mestizos. Y que el vivir en las comunidades les ha permitido darse cuenta de lo que sucede, y que como iglesia hoy en día es un imperativo ético, social, económico, ambiental y sobre todo religioso muy urgente la defensa de la vida y de la naturaleza. Es por ello que reiteraron la idea de profundizar la presencia pastoral en las poblaciones más frágiles y amenazadas por el desarrollo depredador, así como buscar un modelo de desarrollo alternativo, integro y solidario.
El obispo de la Diócesis de Puerto Escondido, Pedro Vásquez Villalobos, se pronunció en contra de los megaproyectos hidroeléctricos como el de la presa Paso de Reina que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende construir en los municipios de Santiago Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Tetepec, Santiago Jamiltepec y Tututepec, en perjuicio de casi 20 mil habitantes de los pueblos mixtecos, chatinos, afromexicanos y mestizos. A pesar de la campaña de desprestigio que emprendió la CFE en contra de la Iglesia Diocesana Puerto Escondido, el prelado sostuvo que dicho proyecto viola los derechos humanos. Arropado por 29 sacerdotes, el obispo Vásquez Villalobos resaltó su preocupación por los ataques de la Coordinación de Proyectos Estratégicos de la CFE que “lanza graves descalificaciones contra nuestro trabajo señalándonos de ajenos a la región y acusándonos de desinformar y confundir a la opinión pública”, estos ataques generan entorno adverso para los defensores de derechos humanos, agentes de pastoral y las comunidades de la Diócesis porque coloca en un grave riesgo su labor, expresó también que los indígenas son los dueños legítimos de las tierras y territorios que ahora se ven amenazados con la presa que afectaría directamente 3 mil 100 hectáreas de 40 comunidades pertenecientes a seis municipios que tienen grandes riquezas, pero no de las que se guardan en los bancos o cotizan en la Bolsa de Valores. “Son los guardianes del agua, plantas, animales, y el territorio que habitan. Son descendientes de grandes culturas y tienen grandes valores como la fiesta y las lenguas que son parte de su identidad”. El obispo de la Diócesis de Puerto Escondido reafirmó su compromiso y apoyo para lograr una equitativa distribución de la tierra, del agua y de los espacios urbanos”. Y en la búsqueda de un modelo de desarrollo alternativo integral y solidario.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), ordenó a las autoridades estatales y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) el respeto a la consulta libre, previa e informada para poder ajustarlo a la nueva realidad social y económica de las comunidades sobre las que se estableció.
Durante la presentación del informe especial sobre la violación al Derecho a la Consulta de los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán, el Ombudsman Arturo Peimbert Calvo, indicó que el decreto de veda transgrede los derechos humanos reconocidos por la constitución política del país y no es acorde al convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo en su artículo segundo sobre el tema de desarrollo en la consulta libre, previa e informada toda vez que restringe el uso del agua por los pobladores.
En tal sentido demandó al titular del poder Ejecutivo Federal, para que con fundamento en la Ley de Aguas Nacionales coadyuve en la gestión de modificación del decreto de veda, a fin de garantizar el uso y disfrute del agua del distrito de Ocotlán y Zimatlán, y al Congreso de la Unión para que desde sus facultades reformen dicha ley y se evité que vulnere los derechos colectivos de las comunidad indígenas.
La empresa Newstrike Capital difundió los resultados de un programa de exploración en su propiedad de Ejutla ubicada en el Estado de Oaxaca, donde identificaron tres corredores estructurales con importante presencia de oro y plata, que constituyen un buen entorno de resultados. La consesión Ejutla II comprende 18.866 has la cual es propiedad total de Newstrike Capital, sin embargo esta en colindancias con el proyecto San José-Trinidad propiedad de Fortuna Silver y al Oeste de Ejutla y de la mina el Aguila de Golden Resorces y al este con muchos otros proyectos de exploración canadiense