Sin la aprobación del Decreto de Declaratoria de la Zona Económica Especial de Salina Cruz y sin la conclusión de las súpercarreteras a las regiones de la Costa y al Istmo de Tehuantepec, Oaxaca seguirá hundido en el rezago, la marginación y el subdesarrollo ancestrales.
Las modernas vías de comunicación son las arterias del progreso y detonantes del desarrollo al aumentar la afluencia turística y derramar recursos en el trayecto hacia Puerto Escondido y Huatulco, cerrando el circuito turístico, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Ciudad de México.
La Logística de la Transición de las Mercancías conectará, además, la producción de las industrias que se instalen en la Zona Económica Especial de Salina Cruz con el puerto veracruzano de Coatzacoalcos, pero si no facilitamos el traslado de bienes y personas, todo propósito será frenado.
Urge, por tanto, que el Gobierno Federal y Estatal se coordinen y agilicen los últimos detalles de la Declaratoria de la Zona Económica Especial de Salina Cruz o bien, que lo exijan los Diputados Federales y el Senador oaxaqueños en el Congreso de la Unión.
De no hacerlo éste último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió recientemente que el Poder Legislativo puede actuar inconstitucionalmente por omisión al no aprobar el Decreto de la Delaratoria de la ZEE, advierte el Maestro Jorge Martín Jiménez Zárate.
Al generar un polo de desarrollo económico interoceánico es evidente la trascendencia continental de la ZEE de Salina Cruz, afirmó el abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y la Universidad Panamericana, con estudios en las Universidades de Yale y Columbia.
El Director Jurídico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos (CAPUFE), con sede en Cuernavaca, Morelos, urgió, asimismo, a concluir las súpercarreteras a las regiones de la Costa y al Istmo de Tehuantepec para detonar el crecimiento económico de Oaxaca.
Jorge Jiménez Zárate es un joven valor oaxaqueño. Ha sido funcionario del Gobierno Federal y del ex Distrito Federal. Profesor invitado de Diplomados en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública y en la Universidad Panamericana.
El jurista oaxaqueño es especialista en la Mesa de Trabajo “Delitos Relacionados con las Redes Informáticas” del Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
El detonante del impacto social y fiscal de la Zona Económica Especial de Salina Cruz está más que justificado al combatir la alta marginación social y elevar el nivel de la calidad de vida, enfatizó el Maestro Jiménez Zárate, entrevistado en el programa de televisión Detrás de la Noticia por Canal Gente Libre.
Las exenciones y estímulos fiscales son muy atractivos: descuento de 100 por ciento en los primeros diez ejercicios fiscales del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En los siguientes cinco ejercicios fiscales, el descuento será de 50 por ciento.
Cuando las empresas de una ZEE compren artículos en el resto del territorio nacional les aplicará una tasa de 0 por ciento de Impuesto al Valor Agregado (IVA).No hay IVA para los bienes y transacciones que se realicen y disfruten dentro de la misma ZEE, tampoco si se trata de ventas y enajenaciones a otras zonas económicas especiales.
Quien quiera dar capacitación a sus trabajadores dentro de una ZEE, podrá aplicar un estímulo fiscal de 25 por ciento de su gasto en entrenamiento de empleados y quienes ya cuentan con un negocio dentro de la ZEE podrán aplicar un crédito fiscal durante los primeros quince ejercicios fiscales por la aportación patronal.
Para lograr la siembra de maíz genéticamente modificado en México, la agroindustria trasnacional, encabezada por Dupont, solicitó a la Suprema Corte que declare inconstitucionales las facultades que el Código Federal de Procedimientos Civiles, otorga a los jueces para ordenar medidas de protección de los derechos de grupos sociales o colectividades, frente a hechos que causen daños, vulneren derechos o puedan llegarlos a causar. Así lo denunciaron académicos poblanos que junto con científicos, campesinos y defensores de derechos humanos de todo el país, han litigado por más de cuatro años, un juicio de acción colectiva y medidas cautelares que hasta la fecha han impedido que se otorguen permisos de siembra de maíz transgénico en todo el país.
En rueda de prensa ofrecida por Julio Glockner, Argelia Arriaga y Armando Domínguez, el coordinador de los abogados de la Colectividad del Maíz, René Sánchez Galindo, explicó que tratándose de juicios sobre derechos colectivos los jueces tienen facultades para ordenar cuatro tipos de medidas, tales como la suspensión de actos o acciones, la orden de realizarlas, el retiro de productos del mercado y las medidas de protección, detalló. Son precisamente las medidas de protección, sobre las que se emitirá un dictamen de constitucionalidad de la Suprema Corte, luego de que un tribunal Colegiado ordenara mantener la suspensión de siembra y remitirle el expediente.
Los megaproyectos mineros y otras actividades extractivas vulneran el derecho al agua de casi 12 millones de mexicanos, advirtió Federico Guzmán López, investigador de la Unidad Académica de Estudios Críticos del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
Al presentar su estudio Vulnerabilidad del derecho humano al agua en México por minería, durante un foro organizado por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y otras organizaciones en esta ciudad, explicó que este despojo hídrico
en contra de 10 por ciento de la población del país ocurre en varios estados, particularmente en aquellos donde hay minería.
En entrevista, Guzmán López explicó que en México hay 106 acuíferos sobrexplotados, lo que afecta a 11.9 millones de mexicanos que son proclives a la ecomigración
no sólo por escasez del líquido, sino también por su contaminación. En el país, 20 por ciento del agua subterránea ya está contaminada, al igual que 24 por ciento de las superficiales
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Un total de 947 proyectos mineros de 275 empresas con capital extranjero operan en México, según el último diagnóstico de la Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM).
De 32 estados de la República Mexicana, en 25 hay presencia de estas empresas; Oaxaca ocupa el octavo lugar en la lista con 34 proyectos, ubicados principalmente en cuatro regiones del estado: Valles Centrales, Istmo, la Costa y Sierra Norte, que representan 300 concesiones*.
El mayor número de proyectos está en Sonora con 224, Chihuahua con 127, Durango con 106, Sinaloa con 102, Zacatecas con 73, Jalisco 61, Guerrero con 38, Oaxaca con 34, Nayarit con 22, Michoacán con 25, Guanajuato con 20, San Luis Potosí con 22.
Le siguen Coahuila con 13 y Baja California con 12, y Colima tiene 11, Puebla 10, el Estado de México cuenta con 11 también; Chiapas siete, Baja California Sur también con siete proyectos; Querétaro e Hidalgo con seis; Veracruz con cuatro; Morelos tiene tres, Tamaulipas con dos.
Finalmente, el estado de Nuevo León con un solo proyecto. En Aguascalientes actualmente no hay inversión extranjera en minería.
La actividad minera está en 25 estados, pero se habla solo de los minerales concesibles; pero si consideramos a todos, incluidos los de construcción, hablaríamos prácticamente de que tienen presencia en todo el territorio nacional, de acuerdo con el mapa de proyectos mineros con capital extranjero en México, de la Secretaría de Economía.
La empresa productora de insumos químicos para la minería, Chemours Company, amenaza la vida ambiental y de los habitantes en La Laguna al iniciar operaciones a partir de junio del 2018 y por un periodo, por lo menos, de 50 años
Un nuevo conflicto social se está gestando en la zona de La Laguna, en Durango: contra la voluntad de los pobladores, la empresa de insumos químicos para la minería, Chemours Company, pretende instalar un planta de producción de Cianuro de Sodio que atentaría no sólo contra la salud de las personas, sino contra el entorno ambiental.
La planta de producción de químicos venenosos, que también producirá Hidróxido de Sodio, Dióxido de Titano Amoniaco, anilinas y odorificante para gas natural, entre otros utilizados en la industria minera, ha logrado los permisos del gobierno federal, estatal y municipal para operar en la zona por al menos un periodo de 50 años, a partir del 2018.
110Millones de dólares inversión para la planta de producción de Cianuro de Sodio
A Chemours Company, de capital de norteamericano, el gobierno de Guanajuato y los vecinos del municipio de San Luis de La Paz, le prohibieron instalarse en esa localidad por considerar su actividad altamente peligrosa para los habitantes y el entorno ecológico de la zona.
Ante la crisis humanitaria en Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a favor de cuatro mil personas víctimas de desplazamiento forzado por la violencia desatada por conflictos de límites territoriales.
En un comunicado, el organismo nacional notificó del envío de oficios al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; al presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón; al secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, y los ediles de Chenalhó y Chalchihuitán, Rosa Pérez Pérez y Martín Gómez Pérez, respectivamente.
Les pidió que, “de acuerdo con sus competencias y de forma coordinada (…) se realice un censo de las personas víctimas del desplazamiento forzado interno, y que se garantice que a las víctimas les sean satisfechas “sus necesidades básicas de alimentación, salud y alojamiento”.
La respuesta de la CNDH para las víctimas, “con la finalidad de proteger su integridad física e incluso la vida”, surge después de que en la víspera organizaciones civiles y medios de comunicación informaron del desplazamiento forzado de miles de personas de los municipios mencionados.
La Empresa mexicana ENERSI invertirá 3 mil 580 millones de pesos, la cual será una de las más importantes para Oaxaca, pues se transforman en proyectos de energías limpias que ayudan a combatir los efectos del cambio climático.
La Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial dio a conocer que el anuncio realizado por el gobernador Alejandro Murat, tal y como en su momento se hizo con Mitsubishi y EDF, pues son ´rpuectps qie dan certeza jurídica y confianza para Oaxaca.
Después de cinco demandas de amparo, la comunidad otomí de San Pablito en Pahuatlán, Puebla, logro suspender la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula Tula con que la empresa TransCanada quiere atravesar el cerro N´vite, que es sagrado para la comunidad. Agrupados en el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, para decir que este megaproyecto “no pasará”, los habitantes de este Pueblo Mágico (que destaca por su belleza natural, pues se encuentra rodeado de valles y barrancas) informaron ayer que el juez Tercero de Distrito en el estado ordenó suspender cualquier obra de construcción y la consulta del gasoducto. Así que ni la empresa TransCanada, ni la constructora Bonatti, pueden hacer cualquier tipo de trabajo relacionado con la instalación de la tubería que transportará gas natural desde el sur de Texas, en Estados Unidos, a una planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad ubicada en la ciudad de Tula, Hidalgo, detalló el abogado Raymundo Espinoza y adelanto que ni la Secretaría de Energía (SENER) ni cualquier otra instancia podrá realizar o continuar con la consulta de este megaproyecto a los habitantes de San Pablito, hasta que se dicte sentencia interlocutoria en el Incidente de Suspensión y si es favorable para la población, la interrupción continuará hasta que se resuelva el juicio.
En rechazo a las llamadas Zonas Económicas Especiales y megaproyectos que alteran la vida de las comunidades, así como exigir el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano, integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) bloquearon durante ocho horas el crucero de Santa María Huatulco en el entronque de la carretera federal 200 con la vía local que conduce a la cabecera municipal.
Como parte de la jornada de protestas organizada por la Red Nacional de Resistencia Civil, diversos grupos de la sociedad se manifestaron en lugares como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Campeche y Ciudad de México, en contra del saqueo permanente de recursos naturales por parte de empresarios y gobierno, y a la vez, para demandar el esclarecimiento del asesinato del activista José Alberto Toledo, acaecido hace siete meses en la región del Istmo.
En entrevista, Cristóbal Ramírez Cruz, vocero de Codedi, explicó que la protesta obedece a la oposición de los pueblos ante la proliferación de megaproyectos que afectan la soberanía de los pueblos y sus recursos naturales como la extracción minera, las hidroeléctricas, las Zonas Económicas Especiales y los aerogeneradores, pues todos ellos provocan un inminente despojo a las comunidades.
“Esos proyectos no nos van a traer nada de ganancia a los pueblos, más que miseria y muerte; los únicos beneficiados son los ricos y los grandes empresarios”, afirmó.
Las tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) con declaratoria, Lázaro Cárdenas-La Unión, Coatzacoalcos y Puerto Chiapas, cuentan con un potencial de inversión de 30,800 millones de dólares para los próximos 20 años.
En el marco de la presentación del Índice de Competitividad Sostenible de los Estados Mexicanos 2017, presentado por el Instituto para el Desarrollo Regional de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, el titular de la Unidad de Promoción de Inversiones de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, (AFDZEE), Max Mergenthaler Canseco, informó que en Coatzacoalcos, con un polígono amplio de 8,200 hectáreas (dentro de éste, 257 hectáreas de predio federal), pueden llegar a establecerse inversiones de hasta 15,000 millones de dólares en los siguientes 15 o 20 años, y generar 52,000 empleos.
“Diferentes empresas pueden albergarse, estamos proyectando industrias enfocadas en petroquímica, plásticos, muebles, pulpa, papel, metalmecánica y agroindustrial”, indicó.
En Puerto Chiapas, con potencial en agroindustria, autopartes, pulpa, papel, electrónico y eléctrico, se estiman recursos por 5,800 millones de dólares y la creación de 83,000 plazas, en el periodo citado.
“Las zonas son distintas en sus vocaciones, por ende, son distintas en los montos de inversión y de empleo”, explicó el funcionario.
En Lázaro Cárdenas, puerto de entrada y salida para gran parte de los insumos automotrices que actualmente conforman la cadena de valor del Bajío, se vaticina una inyección de 10,000 millones de dólares y 75,000 trabajos, señaló Mergenthaler Canseco.
La empresa minera FSM, con sede en Vancouver, Canadá, opera en el estado de Oaxaca con cuatro filiales registradas en México, acaparando y despojando 80 mil hectáreas de territorios de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, la cual equivale a diez veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca.
Esta situación coloca a pueblos zapotecas y campesinos en una seria desventaja frente a la empresa minera, ya que FSM no está obligada a entregar cuentas a los mismos. Bajo un esquema de compra-venta de concesiones a través de sus filiales (permitido por la ley minera), la empresa se ha hecho propietaria del 100% de 26 concesiones aproximadamente, todas ellas ubicadas en los Valles Centrales, principalmente en los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula.
La información fue publicada parcialmente por la empresa, en un comunicado (agosto de 2017)[1] donde informa que compró a la empresa Radius Gold el 100% del proyecto “Tlacolula”, abarcando 82, 630 hectáreas, sin embargo la informacióbn publicada no menciona que dichas hectáreas no corresponden únicamente al citado proyecto. En el área concesionada también están involucrados al menos 2 proyectos mineros más con los nombres: “San José” en etapa de explotación comercial y “Trinidad Norte” en etapa de desarrollo.
La compra-venta de concesiones y proyectos mineros se ha dado de la siguiente manera:
En agosto de 2017 FSM emitió un comunicado donde informa que compró a la empresa Radius Gold el 100% del proyecto “Tlacolula”[2]. Para nuestra sorpresa, existe una concesión denominada “Tlacolula” con título 230278 en el municipio de San Juan Guelavía con una extensión de 16, 465 hectáreas, sin embargo el titular de la concesión es una empresa llamada Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V. la cual tiene dos concesiones más en la región, con títulos 232270 y 233392, con una superficie de 6,699.28 y 12, 642.00 hectáreas respectivamente.
Cabe recordar que FSM tiene un proyecto en etapa de explotación comercial denominado “San José”, en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca. Revisando la lista de concesiones proporcionada por la Secretaría de Economía (SE) en 2017, encontramos que las concesiones que amparan la explotación de plata y oro en este municipio son 4: Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III, con títulos: 217626, 217624, 217625 y 215254, respectivamente, las cuales suman 702 hectáreas. Sin embargo el titular de dichas concesiones es Minerales de Oaxaca S.A. de C.V.
Sobre “Trinidad Norte” es importante mencionar que en enero de 2013, FSM anunció la compra parcial y total en un futuro de la concesión “Taviche Oeste” que “rodea el proyecto actual”[3]. Revisando la lista de concesiones encontramos que la concesión a la que hace referencia el comunicado de FSM se denomina actualmente Reducción Taviche Oeste con título 215542, la empresa concesionaria se denomina Plata Panamericana S.A. de C.V. y cubre una extensión de 6, 254.00 hectáreas.
De igual forma desde hace más de dos años, comunidades del valle de Ejutla, han denunciado una serie de trabajos y actividades de FSM en sus territorios sin su consentimiento, además de la entrega de concesiones mineras por la SE en esta misma región[4]. Revisando la lista de concesiones, encontramos que en esta región han sido entregadas 13 concesiones mineras a la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. (la misma empresa que realiza obras de exploración y explotación en San José del Progreso) con una superficie de 42, 107.00 hectáreas.
Si analizamos los datos descritos anteriormente, la empresa minera FSM ha mantenido una política de opacidad en términos de transparencia en la información. Por supuesto esta condición le ha permitido acaparar más de ochenta mil hectáreas en los Valles Centrales de Oaxaca a través de 4 filiales: Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., Minerales de Oaxaca S.A de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.
Las concesiones “propiedad de FSM” afectan directamente 35 municipios de los Valles Centrales, los cuales son: Taniche, Coatecas Altas, San Miguel Ejutla, Ejutla de Crespo, Santa Lucía Ocotlán, Santa Catarina Minas, San Pedro Taviche, San Miguel Tilquiapam, San Martín de los Cansecos, San Jerónimo Taviche, San Baltazar Chichicapam, Magdalena Ocotlán, Ocotlán de Morelos, San Pedro Apóstol y San José del Progreso en la región Ocotlán-Ejutla y San Lorenzo Albarradas, San Dionisio Ocotepec, Santa María del Tule, Yaxe, Santo Domingo Tomaltepec, Santiago Matatlán, Santa María Guelace, Santa Cruz Papalutla, San Sebastián Teitipac, San Sebastián Abasolo, San Lucas Quiaviní, San Juan Teitipac, San Juan Guelavía, San Baltazar Chichicapam, Rojas de Cuahutémoc, Magdalena Teitipac, San Francisco Lachigoló, San Jerónimo Tlacochahuaya, Teotitlán del Valle y Tlacolula de Matamoros, en la región de Tlacolula.
Por supuesto esta condición, (desventajosa para los pueblos mencionados anteriormente, pero legalizada a través de la Ley Minera) favore a la empresa con sede en Vancouver.
Ante este panorama comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula han definido la defensa de su territorio como eje principal, por lo que durante 2016 y 2017 emprendieron una serie de exigencias a las autoridades federales, en las que la demanda más sentida corresponde a la cancelación de las concesiones mineras, cabe destacar que ninguna concesión ha sido informada o consultada formalmente con los titulares de derechos de estos territorios. Por el contrario las autoridades federales y la empresa minera Fortuna Silver Mines han mantenido una política de opacidad en razón de la información proporcionada.
[1] http://www.nvinoticias.com/nota/67354/adquiere-fortuna-silver-mina-en-tlacolula-oaxaca
[2] Ídem
[3] https://www.fortunasilver.com/investors/news/2013/fortuna-silver-mines-signs-acquisition-and-option-agreement-for-the-taviche-oeste-concessions-surrounding-the-san-jose-mine-mex/
[4] http://www.proceso.com.mx/493892/autoridades-agrarias-ocotlan-ejutla-repudian-proyecto-minero-en-oaxaca
El pasado 26 de agosto, el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila de la sierra costeña de Chiconquiaco (Veracruz, México) retiró el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la finalidad de comenzar la fase de explotación y extraer oro en un proceso a cielo abierto.
Tras una consulta pública, como establece la ley, en la que las comunidades de la región presentaron argumentos sólidos y mostraron una organización fuerte en contra del proyecto minero, finalmente, la empresa lo suspendió a finales de octubre de este año.
Es la segunda vez que un proyecto minero de extracción de oro a cielo abierto es cancelado en esta zona. En 2012, las comunidades pertenecientes a los municipios de Actopan y Alto Lucero se organizaron por primera vez y lograron la suspensión de este plan. Cinco años después, el proyecto fue vendido a otra empresa que decidió impulsarlo de nuevo.
El Primer Tribunal Colegiado en materia Civil en la Ciudad de México decidió hoy enviar el expediente judicial sobre las medidas cautelares que impiden la siembra de maíz transgénico en México a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que esta instancia decida si se mantiene la suspensión de siembra o se permite. Esta decisión implica que se mantiene la prohibición hasta que la Corte emita pronunciamiento.
El argumento del Tribunal se basó en que corresponde a la Suprema Corte estudiar los casos en que se impugna la constitucionalidad de la ley. Dentro del expediente se incluye el amparo de las trasnacionales Dupont y Pioneer donde argumentan que es inconstitucional que la ley permita a los jueces dictar las medidas que estimen pertinentes para proteger a las colectividades afectadas.
Sin embargo, la Colectividad de científicos, campesinos y defensores de derechos humanos, afirma que la empresa interpreta equivocadamente la ley puesto que el Código Federal de Procedimientos Civiles no faculta a dictar medidas contrarias a la ley ni medidas que usurpen funciones del gobierno.
Desde el 2009, la empresa canadiense Almaden Minerals, ha ingresado a la fuerza al municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, aseguran sus pobladores en entrevista para Diario de México.
Ignacio Carmona Cruz, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la Tierra, el Agua y la Vida ATCOLHUA, refiere que la empresa primero quiso comprar favores, “regalando pinturas para nuestras casas”, luego, al ver la negativa de los pobladores, se ponían más agresivos: “decían que vendrían los federales, que tenían permiso de “arriba”; pero el gobierno no tiene permiso de dar autorización sin permiso de nosotros”, asegura.
Incluso han recibido amenazas de muerte. “Pero nosotros hemos ido investigando, no nos dejamos”.
Para Francisca Zamora Morales, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la Tierra, el Agua y la Vida ATCOLHUA, Almaden Minerals ingresó a su municipio con engaños: “dijeron que querían trabajar”.
Coincide con Ignacio que poco tiempo después empezaron a surgir las amenazas.
Y es que desde hace 5 años, los pobladores indígenas fundaron la Unión de Ejidos y Comunidades en defensa de la Tierra, el Agua y la Vida ATCOLHUA, para “luchar contra la minera canadiense”.
Almaden Minerals busca llevar a cabo el proyecto “Depósito Ixtaca” para la exploración de oro y plata en el territorio poblano. Actualmente se encuentran en fase de exploración: “colocan un tubo a 350 metros de profundidad para sacar pruebas de metales en la tierra, y ver qué tanta cantidad de oro y plata hay en el área”, explicó Francisca Zamora Morales.
Hace 10 días comenzó una nueva batalla: comunidades mayas de Holpechén, Campeche, y organizaciones civiles y de derechos humanos denunciaron ante las autoridades la presunta siembra ilegal de más de 23 mil hectáreas de soya transgénica y aseguran que la semilla es propiedad de Monsanto. Las denuncias incluyen documentación en foto y video de cultivos y evidencias de fumigaciones con glifosato, herbicida que se usa principalmente para garantizar que la leguminosa modificada crezca sin malezas o insectos que puedan afectarle. Desde que México autorizó la siembra comercial de soya transgénica en la Península de Yucatán en 2012, sin consultar a los agricultores locales que defienden los cultivos tradicionales, la leguminosa modificada que patentó la empresa Monsanto se convirtió en la semilla de la discordia. Cabe recordar que la empresa alemana Bayer compró Monsanto, pero la fusión ha sido rechazada hasta enero de 2018 por autoridades que temen un monopolio.
En el año 2010 se firmó un comodato entre Minera Cuzcatlán y las Autoridades Municipales, en este acuerdo se ha logrado que la empresa minera invierta en el rescate, mantenimiento y operación de la Planta de Tratamiento. Este acuerdo no compromete la privatización de esta planta que es propiedad del Municipio, solo establece términos para que la empresa minera se haga cargo de los costos operativos, de mantenimiento y el pago de los salarios de las personas que la operan, para usar 80% del agua tratada en los procesos mineros en San José del Progreso, comentó en entrevista para NSS Oaxaca, el Supervisor de Manejo de Agua de la Unidad Minera, Luis Alberto Meléndez Platas.
Además, el saneamiento de las aguas residuales de Ocotlán de Morelos ha contribuido a mejorar las relaciones entre los vecinos, las comunidades y el medio ambiente.
“Después de su rehabilitación en el año 2010, los vecinos ya no padecen molestias por el olor y ruido que se generaba anteriormente, la unidad deportiva cercana a la planta ha vuelto a ser un espacio familiar, ya no hay descargas de aguas negras a fuentes de agua de las comunidades como Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco y Santiago Apóstol, esto representaba un problema social en la zona. Ahora el Municipio de Ocotlán, tiene la posibilidad de invertir el recurso de los gastos operativos de la planta, en obras que cubran otras necesidades de la comunidad.”, así lo comentó en entrevista el C. Anselmo Diego Vásquez, periodista de la región.
La PTAR Ocotlán cumple con la Norma Oficial Mexicana3 que permite tratar el agua residual, convirtiéndola en agua para uso en la industria, en el riego de áreas verdes del municipio de Ocotlán de Morelos o para las descargas de los baños públicos del mercado Morelos.
Comunidades chontales acordaron con Petróleos Mexicanos implementar el Programa Empleo Temporal (PET) para compensar los daños que ocasionó el derrame de hidrocarburo de la Monoboya 3 en playas costeras.
La comisión negoció 921 empleos temporales, y de manera adicional presentó un pliego petitorio para la realización de obras sociales para las seis comunidades afectadas con la contaminación.
Los representantes de las comunidades de Zanjón Garrapatero, Santa Cruz Bamba, Concepción Bamba, Santa Gertrudis Miramar, Morro Mozatán y Guelaguichi presentaron una propuesta general enfocada en la limpieza de las playas que fueron contaminadas por Pemex, que permitirá además reactivar la economía de la zona.
El próximo martes, integrantes de la comisión técnica de las comunidades chontales afectados se reunirán para definir el inicio de los trabajos y las propuestas adicionales que expusieron durante la mesa de negociaciones. El encuentro será en un punto aún por definir.
Algunas de estas obra sociales que entrarán en una segunda etapa en la mesa de dialogo refieren a construcción de aulas, pavimentación de calles, asfaltado de los caminos a las playas, alumbrado público, y otros, los cuales serán analizados de manera conjunta con el ayuntamiento quien intervino en el diálogo con Pemex como interlocutor de las comunidades, dijo Maviael Oseas Cruz Pérez, director de proyectos productivos del municipio de Tehuantepec.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) investigará a la empresa Eólica del Sur, tras una denuncia presentada por los abogados de la profesora, Catalina Dehesa Castillejos, propietaria de un terreno que mantiene un contrato con la empresa, desde hace más de cinco años.
Raúl Toledo Dehesa, informó que el BID nombró una comisión de investigación que se trasladará al Istmo de Tehuantepec para entrevistarse con la profesora, Catalina Dehesa Castillejos y sus hermanos, quienes se dicen afectados de manera directa por el incumplimiento del contrato suscrito con la empresa operadora del parque eólico Bii niza.
Se trata de una extensión de 2 mil 832 hectáreas -en los municipios de Juchitán y El Espinal- con una inversión de mil 200 millones de dólares del Grupo Mitsubishi Corp, donde se planean instalar 70 aerogeneradores.
La profesora, Catalina Dehesa, recibió de parte del BID la notificación de la denuncia presentada ante las instancias correspondientes de dicho banco, derivado a que es esta institución, la que otorgó el crédito al proyecto ME-L1107 con número de operación 2644A/OC-ME, para realizar la construcción del parque eólico.
En junio pasado, la denunciante presentó la solicitud de amparo 235/2017 ante el juzgado sexto de Distrito con sede en Salina Cruz; a partir de la decisión del presidente municipal de cobrar únicamente 14.5 millones de pesos, de los 65 que le correspondían pagar por concepto de licencia de construcción y modificación de uso de suelo, de agrícola a industrial.
Reunidos en Santa Rosa de Lima, municipio de San Pedro Tututepec, Oaxaca, el 17 de noviembre del 2017, en el V Encuentro de Defensoras y Defensores Comunitarios, intercambiamos estrategias de seguridad comunitaria y expresiones de resistencia desde las prácticas culturales que hemos utilizado los movimientos y comunidades de México y Colombia. En el encuentro participamos personas defensoras comunitarias de diversas regiones de Oaxaca, México y Colombia y reflexionamos sobre el modelo capitalista depredador que continúa impulsando proyectos de desarrollo e infraestructura en pueblos y comunidades y como la imposición de estos proyectos contribuye a la violación de derechos colectivos de los pueblos y comunidades y los derechos de las y los defensoras de derechos humanos. También se reflexionó sobre la criminalización de la labor de las personas defensoras y las amenazas y descalificaciones a su labor. Con base en las experiencias compartidas de las defensoras y defensores comunitarios del Comité Salvemos Temacapulín, del Comité de Defensa de la Integridad Cultural y Territorial de Magdalena Teitipac, de la Comunidad de Jaltepec de Candayoc, de Chimalapas, de la resistencia en la Sierra Norte de Capulálpam de Méndez, de los pueblos Mixtecos, Chatinos y Negro Afromexicano, del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, de la Red de Defensores y Defensoras Comunitarias de los Pueblos de Oaxaca y la de la comunidad del Tilzapote, así como integrantes de la Guardia Nacional Indígena de Colombia y de las mujeres de la comunidad Kamëntsä del Valle de Sibundoy Putumayo- Colombia
San Antonino Castillo Velasco, a 22 de noviembre de 2017. La consulta indígena realizada en los valles centrales oaxaqueños a 16 comunidades zapotecas de la micro región Xnizaa, que comprende los distritos de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla ayer sostuvieron su primera mesa de trabajo con la Comisión Nacional del Agua, como acuerdo tomado en sesión de consulta indígena.
Las 16 comunidades de la COPUDA, junto con la CONAGUA analizaron ayer la parte jurídica de la tercera propuesta de levantamiento del decreto de veda que la Comisión Nacional del Agua entregó el pasado 16 de noviembre de 2017. Esto, para ir llegando a los acuerdos finales de la cuarta etapa de la consulta indígena “la etapa consultiva”.
Con la participación de cientos de hombres, mujeres y niños de la Costa Chica de Oaxaca, este sábado 18 de noviembre se llevó a cabo San Antonio Río Verde, Tututepec, el IV Festival Cultural por la Defensa del Río Verde, un espacio en el que la población afectada por el proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina pudo estrechar lazos de solidaridad en la lucha por la defensa del territorio a través de diversas expresiones culturales: desde la poesía, el canto, y las danzas, bajo el enfoque de que las grandes represas destruyen los ríos y la vida. En este evento también se contó con la participación defensores comunitarios como: Alfredo Acosta de la Guardia Nacional Indígena de Colombia; Sirley Jacanamejoy Muchavisoy de la región del Sibundoy Putumayo-Colombia; y Maria de Jesús García del Comité Salvemos Temacapulin (Jalisco), quienes compartieron y refrendaron sus compromisos hacia la defensa del territorio. Cabe mencionar que fue en 2007 cuando 20 poblaciones de la región crearon el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para evitar la construcción del megaproyecto que pretendía bloquear el cauce del río, lo que supone acabar con la forma de vida de distintos pueblos de la región.
Integrantes de 16 comunidades zapotecas de los distritos de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla de Crespo, que conforman la coordinadora de pueblos unidos por el cuidado y la defensa del agua (Copuda), afirmaron que CONAGUA está desplegando estrategias y recursos para el incumplimiento de la resolución judicial convirtiendo la consulta en un mero trámite formal.
Indicaron que el día de mañana 22 de noviembre, en la comunidad de san Antonino Castillo Velasco, reiniciamos las mesas de trabajo de la cuarta etapa de la consulta indígena en donde a través de nuestros representantes y en presencia de nuestras autoridades comunitarias, la CONAGUA y las instancias federales y estatales, que han firmado el protocolo nos sentaremos para revisar y dar debido cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), para ello como comunidades integrantes de la microregión “XNIZZA”, exigimos se respeten los principios que rigen este proceso, en especial el principio de buena fe,e l cual tiene que ser basado en un clima de confianza y respeto mutuo a través de un diálogo intercultural, con base en el respeto de nuestros derechos e intereses como pueblos y comunidades consultadas.
Demandamos a la autoridad responsable de este proceso CONAGUA, para que en términos de la sentencia se apegue al cumplimiento del mismo, así como el respeto de los principios establecidos en el protocolo de la Consulta.
A la secretaría de gobernación, solicitaron intervenga para el debido cumplimiento de este proceso e impida que se sigan violando los derechos de nuestras comunidades integrantes de la coordinadora.
A las organizaciones sociales, civiles, académicas, a los medios de comunicación y a cada uno de los pueblos que están defendiendo su territorio a seguir de cerca el desarrollo de este proceso de consulta indígena, ya que como hemos visto en otras consultas, el estado mexicano, en este caso de la dependencia responsable CONAGUA está desplegando estrategias y recursos para el incumplimiento de la resolución judicial convirtiendo la consulta en un mero trámite formal.
El maíz es uno de los cultivos más consumidos en México, pero producirlo es tan poco redituable, que solo pocos agricultores logran salir de la pobreza.
En el caso del maíz amarillo y para los 10 municipios más productivos del País, en promedio, sólo 15.5 por ciento de la población es considerada como no pobre, no vulnerable.
Y para los 10 municipios menos productivos el volumen baja a 3.6 por ciento, de acuerdo con el estudio «Con mejor maíz habrá mejor País», del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Los poblados con mayor rentabilidad pertenecen a Chihuahua y Sinaloa, mientras que los que tienen menor grado se ubican en Yucatán y Quintana Roo (…)
En el caso de Oaxaca, el 75 por ciento de los productores de maíz siembran para autoconsumo, por lo que almacenan su grano en pequeños silos familiares para el resto del año y sólo si tienen excedentes los venden, resaltó Raúl Narváez, representante del Sistema producto maíz en esa entidad.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la Ley de Seguridad Interior que regulará la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de apoyo a las policías estatales y municipales para preservar la seguridad pública en el país.
En una sesión de más de cinco horas, y con más de 64 intervenciones, los legisladores desecharon uno a uno los 101 artículos que fueron reservados, por lo que el dictamen fue turnado al Senado para eventual aprobación.
México debe terminar con el patrón de discriminación en contra de los pueblos indígenas, urgió la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en una declaración que dictó hoy en la sede de la ONU en México al concluir su visita en el país.
“A medida que integrantes de pueblos indígenas iban compartiendo conmigo sus problemas y sus historias, pude reconocer un serio patrón de exclusión y discriminación, que a su vez se refleja en la falta de acceso a la justicia, entre otras violaciones de derechos humanos”, apuntó la experta.
Su declaración de cierre de misión incluye hallazgos preliminares y expresa preocupaciones en un amplio rango de problemáticas entre las que se incluyen: tierras y territorios, autonomía, auto-determinación y participación política, auto-adscripción, violencia, impunidad y acceso a la justicia.
Durante su misión, la Relatora Especial se encontró con más de 200 personas de 23 diferentes grupos indígenas – la mitad de las cuales eran mujeres – provenientes de 18 estados de México. La experta destacó la discriminación histórica y estructural que afecta a los pueblos indígenas en México, haciéndoles mas vulnerables a la pobreza, la marginación, la violencia y la impunidad que toca al país.
Recordó los datos de la CONEVAL que indican que el 71.9% de la población indígena vive la pobreza o la extrema pobreza, cuando la proporción es de 40.6% entre la población no indígena, y subrayó que 87.5 % de las municipales indígenas presente condiciones consideradas de altos o muy altos niveles de marginalizacíon.
Tauli-Corpuz hizo mención de un 99% de impunidad en los casos de violaciones de los derechos humanos que afectan particularmente a personas indígenas, como casos de feminicidios, masacres, asesinatos, trafico de personas, o despojo de tierras.
La Relatora Especial de la ONU hizo hincapié en la violencia que enfrentan los grupos indígenas que luchan por sus derechos, en particular en casos de implementación de megaproyectos, sin consulta previa. Tauli-Corpuz recordó que 35% del territorio nacional esta afectado por mas de 29,000 concesiones mineras, hidroeléctricas, y de energía eólica, el 17% en territorios indígenas.
La página oficial del Gobierno del estado de Oaxaca lanzó el comunicado acerca de una inversión de 3 mil 580 millones de pesos que se realizará a través de la empresa mexicana ENERSI para la instalación de un proyecto hidroeléctrico en el municipio de San Felipe Usila que aprovechará los ríos que cobijan a ese y municipios aledaños.
Sin embargo, el edil de dicha municipalidad; Lorenzo Felipe Rutilio, aseguró que como autoridad municipal nunca ha firmado aval alguno para que dicho proyecto se implemente, ni siquiera existe un documento como tal, y que desde la administración anterior el pueblo acordó no permitir ese tipo de inversión de proyectos, y es esa la posición que se mantiene hasta ahora.
Hace cuatro meses, en reunión con representantes del gobierno y la secretaria del medioambiente, energías y desarrollo sustentable (Semaedeso) se expuso el proyecto y nuevamente el edil se negó aceptar.
Rechazó aceptar la inversión de un proyecto que no tiene ningún beneficio para la comunidad, sino que, al contrario, atenta contra los recursos y forma de vida de su pueblo, y eso no vale la pena cambiarlo por unos pesos, argumentó el munícipe.
“El pueblo ya dijo que no, y yo mantengo esa postura. Ya tenemos una experiencia con la Presa Cerro de Oro y ¿en qué nos ayudó? Ahorita que vienen a querer engañarnos con generar cien o doscientos empleados, es una mentira. No vale la pena”
El parteaguas que se ha establecido a partir de los sismos que han afectado el Istmo de Tehuantepec se ha tornado en una realidad que lastima no sólo a las comunidades, sino a los que somos testigos del viacrucis en el que se ha tornado ser parte de las estadísticas de damnificados. Para la mayoría de la población del Istmo hay un antes y un después del siete de septiembre. Antes, la vida transcurría dentro de la cotidianidad, la gente, a pesar de las dinámicas complejas en las que han visto envueltos sus modos de vida, se han esforzado por no dejarse avasallar por la difícil realidad que los rodea. Desde el sismo, las actividades económicas y culturales prácticamente se han detenido. A poco más de dos meses, la gente aspira a algo de tranquilidad.
Hacer un recuento significa volver los ojos hacia las acciones y omisiones que por años han alimentado dinámicas de exclusión de las comunidades originarias, pero que por la situación que permea, se han exponenciado. En medio de todos los inconvenientes a los que se tienen que enfrentar dentro de sus espacios de sobrevivencia, ahora, las tensiones se trasladan para acceder a los recursos públicos en el afán de recuperar algo de la cotidianidad perdida. En este calvario se enfrentan cara a cara contra la indiferencia y el abuso ante escenarios y personas insensibles que representan otros intereses.
La violencia institucional ejercida sobre las comunidades afectadas inicia desde el cuestionamiento a sus modos de vida. Dentro del censo que permite acceder al folio que a la vez permite acceder al recurso destinado por el Fonden para la reconstrucción, no son consideradas las casas construidas de manera tradicional y con materiales propios de la región que reflejan en su contorno la manera como los pueblos han articulado sus formas de vida alrededor del espacio que significa la casa. En San Mateo del Mar, las casas siniestradas construidas de carrizo y palma no fueron consideradas como damnificadas a pesar de que las familias llevan más de dos meses sobreviviendo bajo lonas de plástico, que además, cabe el apunte, es un área donde el viento golpea de manera intensa durante siete meses.
Así, las mujeres y los hombres van de consternación en consternación al descubrirse ignorados por un sistema que sólo los toma en cuenta como moneda de cambio para lucrar con su desgracia. El primer censo posterior al siete de septiembre arrojó un aproximado de afectados, sin embargo, el número y la intensidad de réplicas ha provocado que las viviendas que en un primer momento no mostraron daños, ahora presentan averías estructurales que impiden que las familias puedan habitarlas. Al duelo que han vivido las familias de los pueblos del istmo por la pérdida de sus familiares, se ha sumado la imposibilidad de cumplir con sus rituales, no hay espacios para el luto si todo está reducido a escombros, si no se tiene la certeza de que ese espacio vacío volverá a albergar alegría.
Campesinos de los Valles centrales de Oaxaca exigen se levante la veda de agua que hay en su territorio, por tiempo indefinido. A contracorriente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende que continúe este mandato impuesto desde 1967, pese a las obras que hacen los lugareños para recuperar el acuífero.
Importante por la producción de alimentos para dotar a la ciudad del estado y distribuir en el país, el acuífero del Valle se recupera a manos de los labriegos, sin que la Conagua genere instrumentos en beneficio de la comunidad. Por el contrario, realiza una consulta que a decir de los pobladores tiene inconsistencias.
Sumado a ello, el organismo encargado de generar políticas públicas relacionadas con el agua en el país, ha pretendido cobrar “excedentes” por el uso del líquido en regiones donde escasea y donde decenas de ellos han tenido que abandonar sus campos de cultivo para dedicarse a otra labor y sobrevivir.
“El agua es la sangre de la madre Tierra”, dice Carmelina Santiago, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Flor y Canto, organización encargada de acompañar a los indígenas zapotecos de esta región en el proceso de consulta.
La relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, informó que, como una experta independiente, revisará las recomendaciones que en su momento hizo su antecesor, Rodolfo Stavenhagen, al gobierno mexicano “para saber si se han implementado o si se tienen que reiterar”. En Guerrero, Victoria Tauli-Corpuz se reunió con mujeres víctimas de tortura sexual por parte de soldados, desplazados, representantes de pueblos indígenas como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, quienes aún son objeto de hostigamientos y criminalizaciones. También recibió a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria. Con motivo de la visita de Tauli-Corpusz, la sociedad civil elaboro un informe donde se aborda el tema de las violaciones al derecho al territorio derivado de una multiplicidad de causas como la implementación desmedida de megaproyectos de infraestructura y desarrollo que se autorizan, construyen y operan sin respetar la tierra y territorios de los pueblos, ocasionando impactos significativos en su integridad cultural, social, y económica entre otros derechos.
La inyección de desechos generados por el fracking o fractura hidráulica empleada para extraer hidrocarburos no convencionales, la explotación convencional de petróleo y gas y la minería inciden en la sismicidad natural de México, considerado un país altamente sísmico por asentarse en cinco placas tectónicas.
Estas industrias acaparan gran parte del territorio mexicano: la minería tiene concesionadas 22.1 millones de hectáreas, según el Quinto informe de gobierno de Enrique Peña, mientras que para la explotación de hidrocarburos se tienen identificados 278 bloques en áreas terrestres, que abarcan más de 70 mil kilómetros cuadrados, de los cuales 42 mil 965 kilómetros son de recursos no convencionales (en los que se emplea el fracking), refieren datos de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Estrictamente hablando, estas actividades sí inciden en la sismicidad del país, explica a Contralínea el científico Víctor Manuel Cruz Atienza, jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El investigador señala que el impacto es en la sismicidad local, específicamente donde se realizan esas actividades.
Habitantes de los poblados de Nuevo Balsas, La Fundición, El Limón, Atzcala, Mezcala, Colonia Valerio Trujano, se sumaron el fin de semana al paro de labores que desde hace diez días mantienen los trabajadores de la empresa Minera Media Luna, ubicada en el municipio de Cocula, Guerrero, en la zona norte de la entidad, que demandan el reconocimiento de su sindicato, y la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores de la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold que explota la mina El Limón-Guajes, iniciaron el paro en demanda de la cancelación del contrato laboral con el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y piden agremiarse al Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM). Los trabajadores decidieron salirse de la CTM ante las “anomalías, atropellos e injusticias y malos tratos” que ha cometido la empresa minera en su contra con el respaldo del sindicato cetemista. Ayer, un convoy de seis camionetas y un camión pesado con al menos unos 130 oficiales de la Gendarmería, llegaron al sitio del paro que tienen los mineros inconformes fuera de la minera Media Luna, y se dirigieron hacia las instalaciones de la extractora sin mediar palabra.
A inicios del 2017, tanto los ciudadanos de San Mateo Macuilxóchitl, como de Tlacolula de Matamoros y de Villa de Mitla rechazaron la construcción de una base militar en tierras comunales. Al parecer el gobierno y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), tras la decisión de la población, por asamblea de no aceptar la base militar y, por lo tanto, no ceder sus tierras, habían cambiado la intención de la reubicación, pero lo que sucedió fue un cambio de estrategia. Contrataron a una empresa inmobiliaria que ha estado utilizando gente de la misma comunidad para facilitar la compra de tierras de manera individual. “Esta vez, una empresa cuyo nombre se ha negado a proporcionar a los propietarios de dichos terrenos, se ha acercado a través de intermediarios para no sólo hacer explícita su oferta, sino para acordar un precio específico por metro cuadrado, mismo que se liquidará del 20 al 30 de este mes de noviembre del 2017, sin mencionar que estas tierras serán utilizadas para instalar la Base Militar”, denuncian los pobladores del municipio de Tlacolula de Matamoros, en un comunicado emitido este 13 de noviembre de 2017.
Desde una orden del gobierno federal, el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció, en los primeros meses de este año 2017, que el campo de la 28 Zona Militar, hoy ubicado en el municipio de Santa Lucia del Camino, sería reubicado y ampliado con infraestructura y con el número de militares en el municipio de Tlacolula de Matamoros, a tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Este anuncio provocó una respuesta inmediata de los habitantes de esta región para expresar que no permitirían la instalación de dicha base.
Para dicha reubicación de este nuevo complejo militar, en un primero momento, se planteó al gobierno estatal la donación de 300 hectáreas de tierras comunales, aunque dichas tierras están jurídicamente bajo responsabilidad y resguardo de los comuneros de esta región, donde la máxima autoridad son las asambleas comunitarias. El primer intento por parte de la SEDENA y del gobierno estatal fue acercarse a San Mateo Macuilxóchitl, donde fueron rechazados en asamblea general. Después se acercaron a la comunidad vecina de Teotitlán del Valle y, por último, a Tlacolula de Matamoros y Villa de Mitla donde también obtuvieron la misma respuesta de las asambleas.
Al parecer el gobierno y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), tras la decisión de la población, por asamblea, de no aceptar la base militar y, por lo tanto, no ceder sus tierras, habían cambiado la intención de la reubicación, pero lo que sucedió fue un cambio de estrategia.
Contrataron a una empresa inmobiliaria que ha estado utilizando gente de la misma comunidad para facilitar la compra de tierras de manera individual. “Esta vez, una empresa cuyo nombre se ha negado a proporcionar a los propietarios de dichos terrenos, se ha acercado a través de intermediarios para no sólo hacer explícita su oferta, sino para acordar un precio específico por metro cuadrado, mismo que se liquidará del 20 al 30 de este mes de noviembre del 2017, sin mencionar que estas tierras serán utilizadas para instalar la Base Militar”, denuncian los pobladores del municipio de Tlacolula de Matamoros, en un comunicado emitido este 13 de noviembre de 2017.
Este video documenta un intercambio de experiencias entre las resistencias contra proyectos hidroeléctricos de comunidades la Costa de Oaxaca y Panamá. Los diálogos interculturales por la defensa del territorio cerraron su intenso recorrido a lo largo del Río Verde en la Costa de Oaxaca. Las experiencias que se compartieron dejaron evidentes las afectaciones de los proyectos hidroeléctricos y la política hídrica en México y Panamá en contra de los Pueblos y los Territorios. Los modos de vida de los Pueblos asentados en la cuenca del Río Verde hoy por hoy son una esperanza, la fiesta, la organización comunitaria, la lengua, la comida, el maíz, el agua son los elementos que dan fortaleza a la defensa del territorio. Los lazos de solidaridad se expresaron en las luchas contra el proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina en Oaxaca y el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco en Panamá. En cada visita, en cada dialogo se animaron los corazones, se animaron las resistencias, se confirma que la comunalidad es vida en los Pueblos de Oaxaca.
La Ley del Agua del Estado de Oaxaca presentada ante el Congreso Local por las comisiones permanentes unidas de Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado de Oaxaca, abre la puerta a la privatización en la construcción, operación y administración de la infraestructura hidráulica.
La ley propuesta que consta de 126 artículos, establece en el capítulo IV, de manera concreta la participación de la iniciativa privada en la ejecución de obras y proyectos relacionados con los servicios públicos, así como en el financiamiento de obras, instalaciones y equipamiento para la gestión de los recursos hídricos y para la prestación de servicios de agua rural y urbana.
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, llevará a cabo una visita oficial a México durante los días 8 al 17 de noviembre. Durante esos días recibirá información de los pueblos y comunidades indígenas, los gobiernos estatales y federal, así como de empresarios, sobre las diferentes problemáticas que les afectan. Será en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Chiapas y Chihuahua donde la Relatora escuchará los planteamientos que representantes indígenas y organizaciones aliadas le harán. «Revisaré los procesos de consultas que se han realizado para buscar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de que se apruebe cualquier proyecto que afecta sus tierras, territorios o recursos», dijo la Relatora Especial. La situación de los derechos de las mujeres indígenas es de especial interés para la Relatora, por lo que proporcionará espacios especiales de diálogo con ellas durante su visita. EDUCA envió insumos para el apartado de territorio. El informe final será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2018.
Rosalinda Dionicio Sánchez, originaria de la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, se integró al proceso en defensa del territorio a partir de la llegada de una empresa minera a la comunidad: “En ese caminar se logró la participación en varios espacios de la comunidad, se logró tener un municipio autónomo, realizando nuestras tradiciones (mayordomías), las fiestas que eran un punto de reunión, pero en el año 2012 al notar la empresa que su proyecto no lograba su objetivo empieza a realizar amenazas, al ver que la gente no se detenía y seguía trabajando en actividades para la comunidad, y las personas identificaron que la empresa no era necesaria y que tampoco se requería de su dinero y sus famosos programas de desarrollo para que la gente saliera adelante. El 15 de marzo de 2012 tuvimos un atentado donde matan a un compañero de lucha y yo quedo lesionada por 2 heridas de bala (pierna y brazo), después de un largo proceso de sanación no podían faltar todas las negligencias médicas.
Gerardo Gutiérrez Candiani, responsable de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, sostuvo que para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 se requieren cerca de 7 mil 300 millones de pesos para infraestructura y logística, que den viabilidad al crecimiento de la región Sur-sureste.
Y es que que se tiene previsto para el próximo año fiscal efectuar 30 proyectos; sin embargo, sólo siete recibirán recursos para su realización.
Dijo entonces que existe una gran necesidad de ampliar las capacidades de los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Pajaritos y Puerto Chiapas, para lo cual se requieren de 400 a 600 millones de pesos.
En medio de la urgencia de más recursos, dijo que la tramitología que enfrentan los inversionistas -1 mil 775 trámites- pueden ser regulados, para dar paso a un sólo lugar trámites, pagos y así “quitar, con ello, temas de corrupción”.
De generarse una ventanilla única, se ahorrarían cerca de 180 mil millones de pesos en trámites, es decir, se reducen 25 por ciento el costo y el tiempo y evitamos lidiar a los inversionistas con cerca de 185 dependencias de los tres niveles de gobierno.
Gutiérrez Candiani enfatizó que por cada dólar que se invierta en una zona económica, se pueden llegar a multiplicar hasta tres dólares, debido a la necesidad de servicios como educación y salud.