Con la circunscripción a sólo 57 hectáreas para la creación de la Zona Económica Especial (ZEE) decretada el pasado lunes por el Presidente Enrique Peña Nieto, en el puerto de Salina Cruz, empresarios istmeños consideran que sólo se dio un “paso medio”.
Román Bernal, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Ciudad Ixtepec, presumió que al parecer las condiciones sociales y de seguridad no dieron pie a que más municipios fueran considerados zonas de influencia.
“Para que fueran considerados otros municipios se tenía contemplado la realización de una consulta; sin embargo, no ocurrió así, pues debido a las condiciones sociales, eso no era viable”.
Lamentó que sólo se haya decretado un área en el puerto de Salina Cruz, pese a que se buscó que más municipios participaran, realizando reuniones con la Secretaría de Economía y con el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani.
Reconoció que los empresarios de la región del Istmo difícilmente podrán participar en las ZEE, ya que está considerado para empresas multinacionales de mucho poder económico.
rganismos empresariales de Oaxaca consideraron que la declaratoria de la Zona Económica Especial (ZEE), en el puerto de Salina Cruz, es una oportunidad única de desarrollo, aunque condicionaron su éxito a la culminación de las obras de infraestructura pendientes, como las autopistas a la Costa y al Istmo de Tehuantepec, y al control de los sindicatos y monopolios que ahogan a la región con los bloqueos carreteros. Entrevistados por El Financiero, líderes de la iniciativa privada de Oaxaca coincidieron en que hay expectativas de inversión de gran magnitud, pero que están sujetas a diversos factores, como la preparación profesional del personal e incluso el tema de los bloqueos. El dirigente de la Coparmex Oaxaca, Raúl Ruiz, expuso que si, aun con la declaratoria recientemente realizada por el presidente Enrique Peña Nieto, siguen los bloqueos carreteros, la entidad estaría destinada a tener dificultades para el arranque del proyecto. “Otro asunto es el de preparar profesionalmente a la gente oriunda de la región, para que vengan los profesionistas de las otras empresas y tengan a quién pasarle la tecnología, los conocimientos y las habilidades”, dijo Ruiz.
Luego de permanecer al margen de las tres primeras declaratorias de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), hoy el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, emitirá la Declaratoria en Salina Cruz, Oaxaca. Se calcula que podrían instalar hasta mil 126 millones de dólares en inversiones. El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó, que la ZEE de Salina Cruz, Oaxaca, era viable jurídica, económica, ambiental y socialmente, y que atraerá inversiones productivas y la creación de empleos formales en la región sur-sureste del país, a través de las facilidades administrativas y fiscales que el gobierno otorga. Sin embargo, tanto como investigadores y organizaciones sociales, han advertido sobre los procesos de despojo territorial a partir de la implementación de las ZEE ante el avance de la maquinaria extractiva bajo el ensamble capital-Estado que sobrepone la movilidad de los negocios ante el bienestar social, los recursos naturales y su conservación, entre otros. Ejemplo de ello es la angustia en la que viven comuneros de la Unión en Michoacán a los cuales les serán expropiadas 218 hectáreas de tierra para implementar la ZEE Lázaro Cárdenas-Puerto Unión.
El mensaje evangélico del Nacimiento o la Natividad de Jesús ha traído consigo la mayor y mejor Buena Nueva a los habitantes de la ciudad y puerto de Salina Cruz: el arranque de la Zona Económica Especial (ZEE).
El presidente Enrique Peña Nieto preside este día la Declaratoria de la Zona Económica Especial, el más grande y visionario proyecto de desarrollo nacional del último medio siglo que puede cambiar a México y a Oaxaca.
Con este trascendente acto republicano y el apoyo a la región del Istmo por los sismos, el Primer Mandatario continúa reivindicándose con Oaxaca, después de cinco años de total ausencia rayana en el rotundo abandono.
Definitivamente, no hay ni puede haber mayor y mejor regalo navideño para los oaxaqueños en general y de manera particular para los istmeños y porteños, específicamente, que poner en marcha dicho programa federal.
Con justa razón, el Secretario de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, sentenció que es el Tercer Momento histórico de Salina Cruz, “para resurgir como el Ave Fénix de las cenizas de la aldea de pescadores que le dio origen”.
“Es momento de mantener la unidad con Rodolfo León Aragón y el Gobierno del Estado para implementar con seriedad, responsabilidad y honestidad, el desarrollo que se avecina para Oaxaca y Salina Cruz”, subrayó.
Con la representación del gobernador Alejandro Murat dijo que los terremotos destruyeron obras construidas en los últimos cien años, pero no podrán destruir la gran voluntad, cariño y arraigo de los porteños por su pueblo.
Representante del gobernador Alejandro Murat al inicio de las Fiestas Navideñas, Mafud dijo que los terremotos destruyeron obras construidas en los últimos cien años, “pero no podrán destruir la gran voluntad, cariño y arraigo de los porteños, por su pueblo”.
Luego de permanecer al margen de las tres primeras declaratorias de creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE), se prevé que este lunes la de Salina Cruz, Oaxaca, tenga luz verde presidencial y en la que se calcula que podrían instalar hasta mil 126 millones de dólares en inversiones.
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizará en un acto protocolario la declaratoria de creación de esta ZEE, con la que se sientan las bases jurídicas, técnicas y fiscales que contará este polígono territorial.
Justamente el viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó, tras una reunión extraordinaria de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales (CIZEE), que la ZEE de Salina Cruz, Oaxaca, es viable jurídica, económica, ambiental y socialmente, y que atraerá inversiones productivas y la creación de empleos formales en la región sur-sureste del país.
Oaxaca había quedado al margen luego de los efectos del sismo del 7 de septiembre pasado.
Aunque funcionarios cercanos en este proceso esperan que la ZEE de Yucatán también obtenga su declaratoria de creación.
“Estamos esperando que en estas nuevas declaratorias se defina Yucatán, que va a estar diferenciado de los demás estados porque no está dentro de los diez estados con mayor marginación y pobreza”, comentó recientemente Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).
Zona – monto de inversión esperado – empleos previstos
Coatzacoalcos (Veracruz) – 760 millones de dólares (mdd) – 10 mil empleos
Lázaro Cárdenas-La Unión (Michoacán y Guerrero) – 4,519 mdd – 3,550 empleos
Progreso (Yucatán) – 216 mdd – 3,600 empleos
Puerto Chiapas (Chiapas) – 157 mdd – 1,527 empleos
Salina Cruz (Oaxaca) – 1,126 mdd – 620 empleos
Casi al cerrar el periodo de sesiones, el Senado aprobó ayer de forma acelerada la nueva Ley General de Biodiversidad, con cambios que responden algunas inquietudes de ambientalistas y académicos, pero sin la prohibición expresa a explotaciones mineras y de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas (ANP).
Sin que los senadores, que llevaban casi 24 horas sesionando, conocieran el dictamen, lo aprobaron con 88 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones. Una mayoría rechazó también la reserva de la senadora Silvia Garza, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, para incluir el impedimento expreso de proyectos mineros en las ANP.
La panista explicó que el país cuenta con 182 ANP, que suman una superficie de 90 millones de hectáreas, es decir, 10.5 por ciento del territorio nacional.
En la actualidad, en todo el país las mineras se han posesionado de un millón 550 mil 704 hectáreas, gracias a mil 968 concesiones. Precisó que en las ANP se han otorgado 57 mil 255 hectáreas para proyectos mineros.
Afirmó que es fundamental que no haya más concesiones y presentó por ello una reserva para modificar el artículo 147 de esa ley, que indica la protección de las mencionadas áreas naturales.
La Zona Económica Especial (ZEE) de Salina Cruz, Oaxaca, es viable jurídica, económica, ambiental y socialmente, y que atraerá inversiones productivas y la creación de empleos formales en la región sur-sureste del país, estableció la Comisión Intersecretarial de la Zonas Económicas Especiales (CIZEE)
Durante su Primera Sesión Extraordinaria, presidida por José Antonio González Anaya, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el funcionario reiteró su compromiso en las tareas encomendadas para impulsar dicha zona.
El pasado domingo 26 de noviembre los nahuas de la comunidad de Zacualpan, Comala, en el estado de Colima, estuvieron de fiesta. Ese día celebraron el IV aniversario del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), una organización comunitaria que integraron para defender su territorio y sus recursos naturales, principalmente los minerales, el agua y el bosque. Los comuneros andaban contentos porque en cuatro años de lucha han tenido varios triunfos, parciales pero triunfos al fin, en la defensa de su patrimonio, pero también han aprendido a organizarse y establecer alianzas con otras organizaciones regionales y nacionales que luchan por lo mismo. Saben que no están solos y que su lucha es también asumida por otros mexicanos, o al menos así lo constataron con la presencia de varias organizaciones que los acompañaban en el festejo.
Como parte del documental “¡Arriba las manos!: ¿el oro o la vida?” dirigido por el cineasta Demián Revart, el compañero Isaías del poblado de Nuevo Balsas, ofrece un análisis a gran panorama de la explotación tanto territorial como laboral de la minera Media Luna -filial de la empresa canadiense Torrex Gold Resources-, así como la serie de trabas que ha puesto en las exigencias de las comunidades afectadas, como la omisión de estudios de impacto ambiental y contaminación del río Balsas, las promesas de proyectos económicos que muchas veces son nulos, y en mayor medida, las amenazas de desempleo y penalizaciones a los trabajadores y subcontratistas que se atreven a denunciar las injusticias que se se viven al trabajar para la mina.
Al dar un informe de la situación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, un importante promotor del sector privado mexicano, nombrado por el gobierno federal titular del esquema económico creado para promover la inversión y el desarrollo económico en regiones pobres y con atrasos (ZEE), asegura que dichas zonas son lugares con incentivos fiscales competitivos que fueron establecidos para promover la actividad económica, en la que la sociedad mexicana desea desarrollar.
Analizando las ventajas del proyecto de las ZEE, dijo que dichas áreas están blindadas ante el impacto que se pudiera suscitar por la Reforma Fiscal de Estados Unidos, ya que tenemos que las de Puerto Lázaro Cárdenas y la del Corredor del Istmo de Tehuantepec (que abarca las ciudades de Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca y Puerto Chiapas), indudablemente pueden ampliar el horizonte y ser el impulso para el desarrollo de diez de las entidades de mayor pobreza en el país.
Los incentivos ya en su lugar, para atraer inversión a las Zonas Económicas Especiales, van desde el régimen aduanero especial y el desarrollo de infraestructura de primer nivel, hasta los estímulos fiscales federales y locales, (exención de ISR, IVA,) cuotas obrero-patronales, impuesto sobre nómina y predial, y programas de apoyo para innovación y capacitación.
Desde hace dos años hemos confirmado la existencia de una política de despojo por parte del Estado Mexicano en beneficio de las empresas. En abril de 2015, la comunidad nahua y Ejido de Tecoltemi, en Puebla, presentó —acompañada por Fundar y por el Consejo Tiyat Tlali— una demanda de amparo en contra de dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó en 2003 y 2009 a la empresa Minera Gavilán, filial de la canadiense Almaden Minerals.
Las violaciones a derechos eran evidentes: las concesiones habían sido emitidas sin que la comunidad hubiera sido consultada y sin que los habitantes Tecoltemi, en el municipio de Ixtacamaxtitlán hubieran dado su autorización. El juicio sigue su curso y aún no hay sentencia definitiva.
Tras haber probado mediante un peritaje en antropología que son un pueblo originario, los macehuales de la Sierra Nororiental de Puebla demandaron al Juez Quinto de Distrito en el estado, para que haga valer sus derechos respecto al territorio en el Juicio de Amparo y eche atrás las concesiones entregadas a Minera Autlán, Minas de Santa Marta y el Grupo Ferrominero.
En la comunidad de Yohualichan, municipio de Cuetzalan, durante la 23 Asamblea de Defensa de la Vida y el Territorio, la última que harán este 2017, representantes de 212 pueblos de 23 municipios de Puebla y tres del estado de Veracruz hicieron un balance de los logros que han tenido y ratificaron su rechazo a los megaproyectos que se pretenden echar a andar en la región y su decisión de fortalecerse como organización.
Tras recordar que desde el año 2015 presentaron un juicio de amparo colectivo con el que consiguieron suspender toda obra de exploración y explotación para los proyectos Atexaco I y II en las concesiones entregadas por el gobierno federal a la empresa minera Autlán, que se registró con el número de expediente 1017/2015 en el Juzgado Quinto de Distrito en el estado, los macehuales demandaron al tribunal dejar sin efecto las licencias que permitirían la explotación de su territorio.
Organizaciones y comunidades del Istmo alertan que autoridades de los tres niveles de gobierno, junto a empresarios e inversionistas, “colocaron la primera piedra” para la construcción del parque de Eólica del Sur y anunciaron un avance del 22 por ciento en las obras, “sin importarles que aún existe un proceso legal pendiente en la Suprema Corte de Justicia”. En un boletín, la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO) recuerda que interpusieron el amparo colectivo 454/2015 en septiembre de 2015 “por violar el derecho del pueblo indígena Binizá a la consulta previa”. Actualmente este amparo se encuentra en análisis para su atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, rechazan “enérgicamente la construcción del parque de Eólica del Sur” y repudian “la actitud servil del gobierno federal, estatal y municipal ante las empresas e inversionistas”. Cierran solicitando a la Suprema Corte determinar sobre este caso.
La Minera Alondra SA de CV, solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la aprobación de un informe preventivo para la perforación de barrenos en la etapa de exploración de la mina El Cobre 6, que se ubica en el municipio de Actopan, con lo que la minera Almaden Minerals Ltd, avanza en ese municipio, en donde se ubica también la central nucleoeléctrica Laguna Verde.
De acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Minería, la Minera Alondra SA de CV su actividad es la exploración de minerales metálicos. Pertenece al grupo canadiense Almaden Minerals Ltd. Y es una empresa ubicada en San Andrés Cholula, Puebla.
Con la clave 30VE2017MD212 y fecha de ingreso del 27 de noviembre de este año, la empresa Minera Alondra SA de CV expone que los elementos que integran el proyecto son: los puntos propuestos para esta etapa exploratoria no se localizan dentro o colindante a ninguna área natural protegida, la afectación máxima por hectárea será de 180 metros cuadrados, es decir la construcción de cinco plantillas con una dimensión de seis por seis metros cuadrados por hectárea, y 144 metros cuadrados por hectárea la afectación representativa dentro del programa de exploración. También señalan que la superficie a afectar en las planillas de barrenación con un total de 720 metros cuadrados por hectárea.
“No me voy de acá, ni por nada de este mundo vamos a entregar nuestras tierras, de aquí no salimos nosotros… estamos en pie de lucha… Tilzapote jamás será vencido,” se escucha decir en un video a niños, ancianos y padres de familia de esta comunidad zapoteca ubicada en el municipio de Santa María Tonameca, Costa de Oaxaca, quienes enfrentan desde el 2008 un intento de despojo de 300 hectáreas de tierras comunales a orillas de la playa, con arena suave y mar cristalino: un lugar idílico. Los más de 200 pobladores de Tilzapote tienen la notificación de que este vienes 8 de diciembre tendrán que dejar sus hogares pues el Tribunal Unitario Agrario favoreció a Pedro Martínez Araiza, quien hace unos años se atribuyó la propiedad de este paradisiaco lugar pero al que los comuneros jamás han visto. “Yo tengo 40 años viviendo y ni lo conozco… Cuando se hizo la escuela primaria hubiera venido a reclamar sus tierras… ¿Por qué hasta ahora?», se escucha decir a un hombre de tez morena y sencilla vestimenta que al igual que muchos de sus vecinos cultiva sus propios alimentos como: maíz, frijol, cacahuate, melón, sandía, jamaica, entre otros productos. La comunidad a la que atraviesa la carretera costera Puerto Escondido- Salina Cruz, cuenta con una casa de salud y energía eléctrica.
Para ser escuchados sobre los abusos en contra de sus derechos humanos y exigir respeto, una delegación de la comunidad nahua de Ixtacamaxtitlán, Puebla, se encuentra en Canadá para convencer al gobierno de Justin Trudeau e inversionistas de ese país para que detengan el proyecto minería a cielo abierto Ixtaca, el cual se encuentra en fase de exploración. Y es que la empresa omitió informar a las autoridades ambientales mexicanas que realizó 236 excavaciones más de las reportadas. Tampoco dijo que en algunas de ellas perforó el subsuelo hasta 700 metros, contra los 160 autorizados por ley. Por si fuera poco, la empresa Almaden Minerals mintió al afirmar que la zona que pretende explotar se trata de un sitio «vacío», con uso de suelo «nulo», cuando en realidad se trata de un municipio con 20 mil habitantes quienes realizan diversas actividades productivas las cuales se vendrían abajo ante los daños irreversibles al ecosistema y a la salud que implica la minería a cielo abierto. Los afectados también señalarán en su visita que la compañía ha violado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pues al tratarse de pueblos originarios debieron ser consultados sobre el proyecto.
El ambientalista Gustavo Castro Soto expone los riesgos que implica la imposición de una Zona Económica Especial (ZEE) en la costa chiapaneca, describiéndola como una “especie de ciudad amurallada, territorio liberado a las empresas trasnacionales”. La ZEE Puerto Chiapas será alrededor de dos veces más grande que la ciudad de San Cristóbal de las Casas. “Las empresas que se instalen en la ZEE no pagarán impuestos y tampoco lo hará por el uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Federación, lo que significará disminuir los ingresos públicos que podrían ser destinados a educación, salud, entre otros rubros. Se acrecentará la pobreza y encarecerá la vida de la región. Su operación implicará un exceso de consumo de energía pero además de agua que la competirá con las comunidades y la región aledaña. Sus residuos sólidos y líquidos pondrán en crisis no sólo la actividad pesquera local sino la Reserva La Encrucijada que pretende proteger el bosque de manglar”, advierte Castro, sentenciando que “así, los más ricos se harán más ricos”.
El presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), Frédéric Garcia, vio con “buenos ojos” las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de México, a fin de integrarlas a la economía nacional.
“Es una gran iniciativa para que por fin se pueda hacer algo con mucha visión, para que el sureste de México no se quede atrapado en una economía del pasado y también pueda anclarse en la economía de México y en un futuro en la mundial”, señaló en entrevista.
Consideró que con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los temas fiscales en Estados Unidos y la inestabilidad económica, México no tiene de otra que trabajar en la competitividad, a fin de asegurar que el país sea cada vez más innovador y permita empleo de mejores niveles socioeconómicos.
Este martes, el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló que las ZEE son una respuesta contundente de México frente a una posible reforma fiscal en Estados Unidos o al eventual fin del TLCAN.
La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Alto Comisionado en México, Jan Jarab, volvió a declararse en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, misma que atentaría preocupantemente contra los Derechos Humanos.
En una carta dirigida a los Senadores, presidentes de las comisiones de Seguridad, Marina, Estudios Legislativos, Derechos Humanos, Gobernación, así como a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, el Alto Comisionado pidió que no se apruebe la reforma que ya pasó en la Cámara de Diputados.
En la carta se detalla que la ONU está preocupada por el contenido de la Minuta, misma que “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”, indica la carta.
Ante la “devastación actual” generada por la empresa minera canadiense Almaden Mineral en la región de Ixtacamaxtitlán, Puebla, un grupo de pobladores viajó hoy a Canadá para convencer al gobierno y los inversionistas de ese país que detengan el proyecto, el cual se encuentra en fase de exploración.
Los habitantes de la zona realizarán una visita de 10 días en Canadá, donde presentarán a funcionarios, inversionistas y comunidades indígenas un informe sobre las violaciones a los derechos humanos provocados por el proyecto minero, con el afán de poner fin a la mina y exigir que el gobierno de Justin Trudeau obligue las empresas a respetar los derechos humanos “en todas sus operaciones”.
La organización PODER, que acompaña a las comunidades aledañas a la mina, documentó en abril pasado que Almaden Minerals mintió tanto a las autoridades ambientales mexicanas como a los propios inversionistas.
Según la organización, la empresa omitió informar a las autoridades ambientales mexicanas que realizó 236 excavaciones más de las reportadas. Tampoco dijo que en algunas de ellas perforó el subsuelo hasta 700 metros, contra los 160 autorizados por ley.
En 2017, cumplió diez años la resistencia al proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, en la Costa Chica de Oaxaca, y se perfila al 2018 en pie de lucha. Cientos de indígenas mixtecos y chatinos, ribereños de las regiones Sierra Sur y Costa Chica de Oaxaca, llegaron a San Antonio Río Verde, municipio de Tututepec –a dos horas tierra adentro de Puerto Escondido, playas del Pacífico mexicano-, el sábado 18 de noviembre, donde fueron recibidos, igual que los invitados de lejanas regiones del país y de la Guardia Nacional Indígena de Colombia, por otros cientos que apenas amaneció se congregaron frente a la Agencia Municipal y a un lado de la Iglesia donde instalaron el fuego de una cocina de leña y el almuerzo con base en guisos, frijol y queso, café, pan y tostadas servido en largas mesas bajo techos de palma, como preludio del 4° Festival Cultural por la Defensa del Río Verde. Convocados por el sonido de tambor o huéhuetl, caracol y sonajas, llegaron camino abajo a la orilla del majestuoso cauce del Río Verde, que no es verde sino azul, la segunda cuenca más extensa del estado de Oaxaca.