Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, anunció este martes que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas será sustituido por el Instituto Nacional de Pueblo Indígenas, el cual será un organismo público descentralizado del gobierno federal que estará a cargo de Adelfo Regino Montes.
El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalo que pretende retomar el proyecto del Corredor Transístmico, inconcluso desde la administración de Porfirio Díaz, como una de las prioridades de infraestructura durante su gobierno. Este centenario proyecto económico ha intentado que el estrecho paso entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, se convierta en una vía de comunicación eficaz entre el océano Pacífico y el Atlántico, uniendo con ellos los países asiáticos con la costa Este de Estados Unidos. De acuerdo con Díaz, y el actual presidente elector, López Obrador, este proyecto detonaría la economía de la zona y crearía empleos en toda esa franja del territorio nacional. El 27 de enero de 1907, el presidente Porfirio Díaz inauguró el Corredor Transístmico con un primer cargamento de azúcar procedente de Hawái con destino a Filadelfia, que venía en el buque Arizonian que embarcó en Salina Cruz, y otro de siete mil toneladas de mercancías diversas transportadas en el Lewis Lucckenbach que llegó a Coatzacoalcos proveniente de nueva York rumbo a San Francisco, California. El proyecto estuvo a cargo de la compañía inglesa Pearson and Son Limited, que comenzó la construcción en 1898, quien consiguió la concesión de las vías del ferrocarril entre Salina Cruz y Coatzcoalcos, a cambio de proyectos de infraestructura en ambos puertos. El corredor funcionó apropiadamente entre 1907 y 1913, periodo en que hubo un marcado desarrollo económico en ambos puertos mexicanos, logrando que Salina Cruz pasara de ser una agencia de Tehuantepec, a un municipio con servicios básicos, incluyendo agua, luz y telégrafo.
Habitantes de diversos municipios de la Sierra Norte de Puebla demandaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se abstengan de continuar violando los derechos de los pueblos, al autorizar nuevos permisos y concesiones a las empresas Deselec-Comexhidro y Almaden Minerals que pretenden construir la hidroeléctrica Puebla 1 e iniciar la explotación de oro y plata en el proyecto Ixtaca.
El Gobierno mexicano emitió en total una decena de decretos para suprimir vedas existentes en más de la mitad de las cuencas hidrológicas del país, por ello, investigadores y académicos en temas de agua y medio ambiente urgieron al Presidente Enrique Peña Nieto a abrogarlos, pues prevén que el vital líquido podría ser entregado a distintas industrias entre las que incluyen mineras, inmobiliarias, fracking, cerveceras, refresqueras, entre otras.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró que no otorgarán ni una sola concesión de agua potable para la industria minera y de hidrocarburos, como se advierte que sucederá con los diez Decretos de Reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación.
“Es pleito de minas”. De esta forma, un poblador de Potrerillos define la causa de la violencia que ha dejado una estela de muertes y de desplazamientos forzados en la sierra del municipio de Concordia, desde hace un año.
Más del 50 por ciento de los principales municipios mineros de México tienen niveles de pobreza que rebasan el promedio nacional, y alrededor del 13 por ciento rebasa los límites de pobreza extrema, lo cual demuestra que el desarrollo que aporta esta industria es un mito, reveló el informe “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio” de la organización Fundar.
Son dos los temas que frenan el impulso de la actividad inmobiliaria en Oaxaca: la condición de la tenencia de la tierra y la falta de cultura en este tema que provoca que la actividad profesional se menosprecie y mucha gente se exponga incluso a fraudes, dijo el coordinador regional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, José Millán Ramírez.
Pan American Silver Corp., de Canadá, anunció el lunes que reducirá las operaciones en una mina en el norte de México por razones de seguridad, y luego se relacionará con otras partes importantes por las condiciones de inseguridad en el país.
La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.
Las comunidades jaliscienses de Temacapulín, Acasico y Palmarejo exigieron una vez más el desmantelamiento de la presa El Zapotillo y alternativas sostenibles que garanticen agua para todos.
Los integrantes del Movimiento Civil del Municipio de Chalchihuites (MCMC), conformado por habitantes del lugar y los integrantes del Cabildo, lanzaron un llamado para que la empresa canadiense First Majestic “no opere más en Chalchihuites”, por lo que “exigimos al gobierno federal cancele de inmediato las concesiones otorgadas a dicha empresa”.
El derrame de cianuro al río Piaxtla en San Dimas, Durango, mantiene en alerta a activistas por defensa del agua en Sinaloa, debido al inminente riesgo de que la contaminación provocada por la minería en esta zona repercuta en las actividades económicas en territorio sinaloense.
Campesinos y ejidatarios del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron al Alcalde Eleazar Hernández Arroyo, negar los permisos a la minera canadiense Almaden Minerals, la cual planea abrir un tajo del tamaño de 140 estadios de futbol para sacar oro y plata de sus tierras.
Este 14 de marzo, los pueblos y comunidades amenazados con el despojo y desplazamiento por los proyectos de presas La Parota Guerrero, El Zapotillo Jalisco-Guanajuato, Paso de la Reina Oaxaca, Las Cruces Nayarit, cuenca de La Antigua Veracruz y al menos diez en la Sierra Norte de Puebla y otros más en cuencas hídricas de Chiapas, hacen un llamado al pueblo de México de “Volver a la raíz” para celebrar los ríos, luchar contra las represas y fortalecer la organización en defensa de nuestras fuentes de agua, sustento de vida, y de los procesos de resguardo del territorio. El Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, en el marco del Día Internacional de Acción contra las Presas y por los Ríos, el Agua y la Vida, denuncia “la gravedad de las afectaciones ambientales y de carácter social que significan dichos proyectos y las agresiones sufridas por la decisión de imponerlos a toda costa pasando sobre la voluntad y el rechazo de pueblos y comunidades”. El MAPDER advierte que en 2018 ha enfrentado “una escalada de agresión, agravios, hostigamiento y criminalización que incluyen ataques armados, como en el Acapulco Rural donde defendemos y celebramos el río Papagayo en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o la criminalización de defensoras y defensores de Temacapulín, Jalisco. (…) Hoy, transcurren para nosotros quince años de lucha y nuestra exigencia y convicción es la misma, a una voz: ¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!”
En los últimos 30 años, México pasó de la prohibición al paulatino apogeo de la producción y comercialización legal de productos transgénicos en gran parte de su territorio, refiere el informe Treinta años de transgénicos en México, realizado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM).
La representante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) calificó de “lamentable que a todas estas gentes que se les criticó por corrupción y abusos, ahora les den impunidad para seguir cometiendo delitos” a través de candidaturas.
La Ley General de Biodiversidad ya está en la Cámara de Diputados a pesar de las múltiples críticas de organismos civiles, quienes han señalado que da manga ancha a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas por su importancia ambiental en México.
Casi 200 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2017 por enfrentarse contra gobiernos y empresas alrededor del mundo, con América Latina en el primer lugar de esta represión, y México es el cuarto país más peligroso para los defensores de medio ambiente.
Para ser escuchados sobre los abusos en contra de sus derechos humanos y exigir respeto, una delegación de la comunidad nahua de Ixtacamaxtitlán, Puebla, se encuentra en Canadá para convencer al gobierno de Justin Trudeau e inversionistas de ese país para que detengan el proyecto minería a cielo abierto Ixtaca, el cual se encuentra en fase de exploración. Y es que la empresa omitió informar a las autoridades ambientales mexicanas que realizó 236 excavaciones más de las reportadas. Tampoco dijo que en algunas de ellas perforó el subsuelo hasta 700 metros, contra los 160 autorizados por ley. Por si fuera poco, la empresa 
Los megaproyectos mineros y otras actividades extractivas vulneran el derecho al agua de casi 12 millones de mexicanos, advirtió Federico Guzmán López, investigador de la Unidad Académica de Estudios Críticos del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
Para lograr la siembra de maíz genéticamente modificado en México, la agroindustria trasnacional, encabezada por Dupont, solicitó a la Suprema Corte que declare inconstitucionales las facultades que el Código Federal de Procedimientos Civiles, otorga a los jueces para ordenar medidas de protección de los derechos de grupos sociales o colectividades, frente a hechos que causen daños, vulneren derechos o puedan llegarlos a causar. Así lo denunciaron académicos poblanos que junto con científicos, campesinos y defensores de derechos humanos de todo el país, han litigado por más de cuatro años, un juicio de acción colectiva y medidas cautelares que hasta la fecha han impedido que se otorguen permisos de siembra de maíz transgénico en todo el país.
Después de cinco demandas de amparo, la comunidad otomí de San Pablito en Pahuatlán, Puebla, 
Ante la crisis humanitaria en Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a favor de cuatro mil personas víctimas de desplazamiento forzado por la violencia desatada por conflictos de límites territoriales.
La empresa productora de insumos químicos para la minería, Chemours Company, amenaza la vida ambiental y de los habitantes en La Laguna al iniciar operaciones a partir de junio del 2018 y por un periodo, por lo menos, de 50 años
El pasado 26 de agosto, el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila de la sierra costeña de Chiconquiaco (Veracruz, México) retiró el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la finalidad de comenzar la fase de explotación y extraer oro en un proceso a cielo abierto.
El maíz es uno de los cultivos más consumidos en México, pero producirlo es tan poco redituable, que solo pocos agricultores logran salir de la pobreza.
México debe terminar con el patrón de discriminación en contra de los pueblos indígenas, urgió la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en una declaración que dictó hoy en la sede de la ONU en México al concluir su visita en el país.
La relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, informó que, como una experta independiente, revisará las recomendaciones que en su momento hizo su antecesor, Rodolfo Stavenhagen, al gobierno mexicano “para saber si se han implementado o si se tienen que reiterar”. En Guerrero, Victoria Tauli-Corpuz se reunió con mujeres víctimas de tortura sexual por parte de soldados, desplazados, representantes de pueblos indígenas como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, quienes aún son objeto de hostigamientos y criminalizaciones. También recibió a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria. Con motivo de la visita de Tauli-Corpusz, la sociedad civil elaboro un informe donde se aborda el tema de las violaciones al derecho al territorio derivado de una multiplicidad de causas como la implementación desmedida de megaproyectos de infraestructura y desarrollo que se autorizan, construyen y operan sin respetar la tierra y territorios de los pueblos, ocasionando impactos significativos en su integridad cultural, social, y económica entre otros derechos.
Habitantes de los poblados de Nuevo Balsas, La Fundición, El Limón, Atzcala, Mezcala, Colonia Valerio Trujano, 
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, llevará a cabo una visita oficial a México durante los días 8 al 17 de noviembre. Durante esos días recibirá información de los pueblos y comunidades indígenas, los gobiernos estatales y federal, así como de empresarios, sobre las diferentes problemáticas que les afectan. Será en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Chiapas y Chihuahua donde la Relatora escuchará los planteamientos que representantes indígenas y organizaciones aliadas le harán. «
El fisco mexicano y empresas mineras de Canadá sostienen una mesa de diálogo para resolver el caso de 360 millones de dólares (mdd) retenidos en devoluciones de impuestos a seis mineras canadienses que operan en México.
La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua de Ixtacamaxtitlán y el Consejo de la Tierra responsabilizaron a todos los niveles de gobierno de la seguridad y la integridad física de los opositores a la minera amenazados por impedir el acceso a empleados de Almaden Minerals a sus propiedades y de los actos de violencia que pudiera haber contra ellos.
La Minera Gavilán, 
Pescadores organizados y libres de San Francisco del Mar anunciaron su rechazo al proyecto eólico que pretende instalarse en la zona denominada “Boca Barra” que 
CIUDAD DE MÉXICO
El presidente Enrique Peña Nieto nombró a Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) y lo instruyó a acelerar todas las acciones para crear las primeras Zonas Económicas Especiales del país.
La Presidencia de la República explicó que, en cumplimiento al compromiso presidencial, el pasado 30 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, así como el Decreto que crea la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), con lo que se continúan las acciones previstas para la implementación de este mecanismo en los estados con mayores niveles de pobreza en el país.
La AFDZEE será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con autonomía técnica, operativa y de gestión. Ejercerá funciones de planeación, promoción, regulación, supervisión y seguimiento de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), articulando las acciones de las dependencias y entidades federales, coordinándose con los gobiernos locales y trabajando de la mano con el sector privado y social.
“NOSOTR@S somos quienes habitamos estas tierras, aguas, montes y cerros. Somos guardianes del territorio. No sólo venimos del campo y de las comunidades indígenas, también venimos de la ciudad y luchamos por el deber que tenemos de dejarle a nuestros hij@s la misma casa común que nos heredaron nuestr@s abuel@s. Aquí estamos 179 pueblos y comunidades, barrios y organizaciones de 8 diferentes regiones del país que poco a poco nos vamos uniendo en esta celebración de esperanza junto con académicos, científicos, religiosos y artistas, frente a la amenaza que se viste de muchos colores y se presenta con un discurso de progreso y desarrollo. Llamamos con urgencia a ser parte de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio a todos los pueblos, comunidades, barrios y colonias que sufren del despojo; a quienes sufren de la destrucción provocada por los proyectos depredadores forestales o que hacen del agua una mercancía; a aquellos que luchan contra los agrotóxicos, los monocultivos; o las comunidades que son avasalladas por megaproyectos energéticos (hidroeléctricas, eólicas, termoeléctricas, gasoductos, fracking), de infraestructura (autopistas, aeropuertos, trenes) y de minería. (…) Es por eso que a partir de este 10 de abril y hasta el 20 de noviembre de 2016 realizaremos una campaña nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio”.
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe «Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo». El informe destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano aplicables a este tema.
De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, del 10 de marzo pasado, se dividirá en 10 empresas que se enfocarán a la generación, distribución, transmisión eléctrica y suministro básico. Operarán en el mercado eléctrico 6 empresas subsidiarias de generación eléctrica. Además creará una subsidiaria para atender el suministro básico, otra compañía encargada de la distribución y una más que coordinará las actividades de transmisión eléctrica.
Con el 80% (37.5% para el Estado y 62.5% para los Municipios), de los recursos obtenidos por el pago de los derechos especial, adicional y extraordinario (artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos), cobrados a los concesionarios mineros a partir del 2014, se integra el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. Para aplicar los recursos del Fondo, cada Estado Minero constituirá un Comité conformado de la siguiente manera:
Los proyectos para instalar hidroeléctricas y presas en el estado se manejan en opacidad, sin la consulta pública a las comunidades y con la complicidad de las autoridades ambientales, coincidieron en señalar colectivos de lucha durante el XII Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados y Afectadas por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder). Por su parte Aurora Juárez de Jalacingo, de la Alianza en Defensa del Río Bobos, dijo que están en contra de los permisos del gobierno, en donde se quieren construir tres hidroeléctricas, y aunque dicen que no afectarán el medio ambiente, la mentira se desvanece cuando Pronatura está llevando oficios a los directores de las escuelas para impartir talleres sobre la importancia de la reforestación para aminorar los impactos que van a causar las presas, “lo que quiere decir que si habrá afectación”.
Mediante un comunicado urgente, el Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña/Costa Chica en Defensa del Territorio y en Contra de la Minería y de la Reserva de la Biósfera y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) se manifestaron enérgica y rotundamente en contra de los acuerdos políticos, financieros, de regulación y leyes que el Gobierno Mexicano, encabezado por el Presidente de México, el Sr. Enrique Peña Nieto, establece en estos días con empresarios mineros, quienes del 7 al 10 de octubre de 2015 participan en la trigésimo primera Convención Internacional de Minería, a la cual le han puesto el vergonzante slogan de: “Minería, Desarrollo y Responsabilidad Social”.
Los consorcios mineros que operan en México exigieron a los gobiernos local y federal garantías para que sus impuestos sean aplicados con transparencia en obras realizadas a costos razonables, que se fiscalicen y se reconozca públicamente a las empresas que aportaron el dinero vía impuestos.
El Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell presentó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), documento de referencia y consulta en materia de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que permitirá orientar la inversión productiva en infraestructura para satisfacer la demanda de este sector y que de acuerdo con lo establecido en la nueva Ley de la Industria Eléctrica y en su Reglamento, su elaboración está a cargo de la Secretaría de Energía (SENER).
Trabajamos para garantizar la certidumbre jurídica en los registros públicos de la propiedad y tenencia de la tierra, así como en la consulta indígena que nos afecta, sobre todo en las reformas, como la energética, para que no sea vinculatoria y no nos obstruya los programas de inversión que tenemos, enfatizó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, en un encuentro con integrantes de la Unión Social de Empresarios de México (USEM).
La Cámara de Diputados aprobó integrar un sistema nacional anticorrupción, los proyectos mineros deberían ponerse bajo la lupa. Y es que la mayoría de éstos se construyen con el apoyo de caciques, corrompiendo a las autoridades locales y federales, y en contra de la voluntad del pueblo: lejos de consultar a los dueños de la tierra –generalmente ejidatarios de origen campesino e indígena–, los despojan de su patrimonio en total impunidad. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), que identifica 34 conflictos mineros vigentes en México. De acuerdo con el mapa de la conflictividad elaborado por el OCMAL, se trata de la operación al margen de la ley de la Minera San Xavier, en San Luis, Potosí; el derrame de la Minera María, en Sonora; el conflicto de Cananea, entre el Grupo México y Sindicato Minero; el derrumbe en Pasta de Conchos, Coahuila; la usurpación de tierras a ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, por parte de Minefinders; la contaminación del agua de Guanajuato por Great Panther; el levantamiento de los ejidatarios contra la mina de barita de Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas; la contaminación con arsénico del agua de Cocula, Guerrero; el caso de la Mina de Oro Nacional (canadiense) contra habitantes de Mulatos, Sonora; el tercer intento de Los Cardones por explotar Sierra de la Laguna (antes Paredones Amarillos), en La Paz, Baja California. En esta misma lista se incluye la criminalizan de la protesta de habitantes de San José del Progreso por la minera Trinidad, en San José del Progreso, Oaxaca; así mismo se encuentran identificados como focos rojos la expulsión de una minera de Magdalena de Teitipac, Oaxaca.
Las grandes obras de infraestructura son un desafío creciente para el Poder Judicial mexicano; en su realización, se desplazan poblaciones, se alteran o destruyen ecosistemas enteros, y se suspenden o violentan derechos fundamentales del individuo y las comunidades. Ante este panorama la SCJN ha determinado publicar un Protocolo que sería orientador en las decisiones de los jueces y magistrados de distrito, y además, podría apoyar a otras instancias autónomas.
El pasado lunes el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell presentó las “Licitaciones de Infraestructura de Energía Eléctrica y Gasoductos”, que consta de 16 proyectos para reducir los costos de generación de energía eléctrica, entre los cuales se encuentra la rehabilitación y modernización de la central hidroeléctrica Temascal. Dicho proyecto se realizará con la inversión de 27 millones de dólares, con el objetivo de incrementar la eficiencia de la central, “pero sin añadir capacidad instalada al sistema eléctrico nacional”. Informó que “la licitación, con clave 1218TOQ0019, comprende la ingeniería, diseño, fabricación, construcción e instalación de equipos críticos, así como suministro de materiales, repuestos, desmontaje y ensamblaje de los diferentes componentes de la Central”. En el momento de la presentación de las licitaciones para los 16 proyectos Joaquín Coldwell señaló que, “aun cuando no se va a añadir capacidad adicional, se modernizarán las plantas generadoras y las turbinas”. Los “trabajos están planeados para aumentar la eficiencia de las turbinas al optimizar su consumo de agua» fue la información que destacó la CFE en el documento informativo del proyecto en el que detalla que el consumo de agua de las turbinas se reducirá de 10.06 metros cúbicos por kilowatt-hora generado a 8.86 metros. El proyecto contempla su entrada en operación para el mes de abril del 2018.
A una semana de promulgada la reforma energética, la CFE comenzó los procesos de licitación de 16 proyectos de infraestructura eléctrica, que requerirán una inversión total de 4 mil 900 millones de dólares. Durante la presentación de los proyectos el director general de la ahora “empresa productiva del Estado”, Enrique Ochoa Reza, explicó que se trata de dos gasoductos (de Texas a Chihuahua): los proyectos Waha San Elizario y Waha Presidio; dos ramales de gas natural uno en Villa de Reyes, San Luis Potosí y otro en Tula, Hidalgo; tres centrales de generación de energía eléctrica de ciclo combinado: Guaymas III (Sonora), Topolobampo II (Sinaloa) y la Noreste, (Nuevo León); la rehabilitación y modernización de la central hidroeléctrica Temascal en Oaxaca; y tres líneas de transmisión: Norte Fase II (Chihuahua), Noreste Central Fase V (Tamaulipas) y Noreste Fase V (Zacatecas-Coahuila); y cinco paquetes para mejorar las redes de distribución eléctrica del país. Ochoa añadió que las licitaciones que buscan reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía se refieren a líneas de transmisión y a la línea y subestaciones. El secretario de Energía y presidente de la junta de gobierno de la CFE, Pedro Joaquín Coldwell, sostuvo que estas licitaciones generarán empleos y beneficios sociales en 13 entidades, y aseguró que la rapidez en el procedimiento pone de manifiesto la voluntad del gobierno por implementar a la brevedad el nuevo marco normativo que representó la reforma energética. En todos estos proyectos participará la asociación civil Transparencia Mexicana como testigo social.
El PNI 2014-2018 fue presentado por Enrique Peña Nieto en la Residencia Oficial de los Pinos en presencia del gabinete legal y ampliado, así como de 28 gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal; el programa está enfocado a seis sectores: comunicaciones y transportes, energía, agua, salud, vivienda y turismo y pone énfasis en el desarrollo de la región sur-sureste del País, que componen nueve entidades federativas. De acuerdo con el plan eje que presentado se prevé una inversión de un billón 250 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura para esta región que concentra el 87 por ciento de los municipios con altos niveles de marginación y el 37 por ciento de la población mexicana que vive en situación de pobreza. Peña Nieto dijo que se impulsaran 189 proyectos con una inversión de prácticamente 1.25 billones de pesos, para detonar su potencial turístico, agropecuario, energético e industrial, así como para fortalecer su conectividad. De los 189 proyectos 67 son de comunicaciones y transportes; 42, hidráulicos; 23 son de la CFE; uno de Pemex; 4 de desarrollo agrario, territorial y urbano; 20 de salud y 32 de turismo. El PNI indica que se financiarán proyectos para el transporte de gas, con la construcción de los gasoductos de Jaltipan a Salina Cruz, Oaxaca; de Salina Cruz a Tapachula, con extensión a Centroamérica, y el de Lázaro Cárdenas a Acapulco. En lo que respecta a la CFE, se tiene contemplada una inversión de 110 mil millones de pesos para impulsar seis centrales eléctricas eólicas Oaxaca, dos hidroeléctricas en el mismo estado y dos más en el estado de Chiapas. Peña Nieto aseguró que el PNI es la hoja de ruta para edificar un México moderno y competitivo, y prometió que dará resultados concretos en 2018.