Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, anunció este martes que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas será sustituido por el Instituto Nacional de Pueblo Indígenas, el cual será un organismo público descentralizado del gobierno federal que estará a cargo de Adelfo Regino Montes.
El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalo que pretende retomar el proyecto del Corredor Transístmico, inconcluso desde la administración de Porfirio Díaz, como una de las prioridades de infraestructura durante su gobierno. Este centenario proyecto económico ha intentado que el estrecho paso entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, se convierta en una vía de comunicación eficaz entre el océano Pacífico y el Atlántico, uniendo con ellos los países asiáticos con la costa Este de Estados Unidos. De acuerdo con Díaz, y el actual presidente elector, López Obrador, este proyecto detonaría la economía de la zona y crearía empleos en toda esa franja del territorio nacional. El 27 de enero de 1907, el presidente Porfirio Díaz inauguró el Corredor Transístmico con un primer cargamento de azúcar procedente de Hawái con destino a Filadelfia, que venía en el buque Arizonian que embarcó en Salina Cruz, y otro de siete mil toneladas de mercancías diversas transportadas en el Lewis Lucckenbach que llegó a Coatzacoalcos proveniente de nueva York rumbo a San Francisco, California. El proyecto estuvo a cargo de la compañía inglesa Pearson and Son Limited, que comenzó la construcción en 1898, quien consiguió la concesión de las vías del ferrocarril entre Salina Cruz y Coatzcoalcos, a cambio de proyectos de infraestructura en ambos puertos. El corredor funcionó apropiadamente entre 1907 y 1913, periodo en que hubo un marcado desarrollo económico en ambos puertos mexicanos, logrando que Salina Cruz pasara de ser una agencia de Tehuantepec, a un municipio con servicios básicos, incluyendo agua, luz y telégrafo.
Habitantes de diversos municipios de la Sierra Norte de Puebla demandaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se abstengan de continuar violando los derechos de los pueblos, al autorizar nuevos permisos y concesiones a las empresas Deselec-Comexhidro y Almaden Minerals que pretenden construir la hidroeléctrica Puebla 1 e iniciar la explotación de oro y plata en el proyecto Ixtaca.
El Gobierno mexicano emitió en total una decena de decretos para suprimir vedas existentes en más de la mitad de las cuencas hidrológicas del país, por ello, investigadores y académicos en temas de agua y medio ambiente urgieron al Presidente Enrique Peña Nieto a abrogarlos, pues prevén que el vital líquido podría ser entregado a distintas industrias entre las que incluyen mineras, inmobiliarias, fracking, cerveceras, refresqueras, entre otras.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró que no otorgarán ni una sola concesión de agua potable para la industria minera y de hidrocarburos, como se advierte que sucederá con los diez Decretos de Reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación.
“Es pleito de minas”. De esta forma, un poblador de Potrerillos define la causa de la violencia que ha dejado una estela de muertes y de desplazamientos forzados en la sierra del municipio de Concordia, desde hace un año.
Más del 50 por ciento de los principales municipios mineros de México tienen niveles de pobreza que rebasan el promedio nacional, y alrededor del 13 por ciento rebasa los límites de pobreza extrema, lo cual demuestra que el desarrollo que aporta esta industria es un mito, reveló el informe “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio” de la organización Fundar.
Son dos los temas que frenan el impulso de la actividad inmobiliaria en Oaxaca: la condición de la tenencia de la tierra y la falta de cultura en este tema que provoca que la actividad profesional se menosprecie y mucha gente se exponga incluso a fraudes, dijo el coordinador regional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, José Millán Ramírez.
Pan American Silver Corp., de Canadá, anunció el lunes que reducirá las operaciones en una mina en el norte de México por razones de seguridad, y luego se relacionará con otras partes importantes por las condiciones de inseguridad en el país.
La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.
Las comunidades jaliscienses de Temacapulín, Acasico y Palmarejo exigieron una vez más el desmantelamiento de la presa El Zapotillo y alternativas sostenibles que garanticen agua para todos.
Los integrantes del Movimiento Civil del Municipio de Chalchihuites (MCMC), conformado por habitantes del lugar y los integrantes del Cabildo, lanzaron un llamado para que la empresa canadiense First Majestic “no opere más en Chalchihuites”, por lo que “exigimos al gobierno federal cancele de inmediato las concesiones otorgadas a dicha empresa”.
El derrame de cianuro al río Piaxtla en San Dimas, Durango, mantiene en alerta a activistas por defensa del agua en Sinaloa, debido al inminente riesgo de que la contaminación provocada por la minería en esta zona repercuta en las actividades económicas en territorio sinaloense.
Campesinos y ejidatarios del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron al Alcalde Eleazar Hernández Arroyo, negar los permisos a la minera canadiense Almaden Minerals, la cual planea abrir un tajo del tamaño de 140 estadios de futbol para sacar oro y plata de sus tierras.
Este 14 de marzo, los pueblos y comunidades amenazados con el despojo y desplazamiento por los proyectos de presas La Parota Guerrero, El Zapotillo Jalisco-Guanajuato, Paso de la Reina Oaxaca, Las Cruces Nayarit, cuenca de La Antigua Veracruz y al menos diez en la Sierra Norte de Puebla y otros más en cuencas hídricas de Chiapas, hacen un llamado al pueblo de México de “Volver a la raíz” para celebrar los ríos, luchar contra las represas y fortalecer la organización en defensa de nuestras fuentes de agua, sustento de vida, y de los procesos de resguardo del territorio. El Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, en el marco del Día Internacional de Acción contra las Presas y por los Ríos, el Agua y la Vida, denuncia “la gravedad de las afectaciones ambientales y de carácter social que significan dichos proyectos y las agresiones sufridas por la decisión de imponerlos a toda costa pasando sobre la voluntad y el rechazo de pueblos y comunidades”. El MAPDER advierte que en 2018 ha enfrentado “una escalada de agresión, agravios, hostigamiento y criminalización que incluyen ataques armados, como en el Acapulco Rural donde defendemos y celebramos el río Papagayo en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o la criminalización de defensoras y defensores de Temacapulín, Jalisco. (…) Hoy, transcurren para nosotros quince años de lucha y nuestra exigencia y convicción es la misma, a una voz: ¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!”
En los últimos 30 años, México pasó de la prohibición al paulatino apogeo de la producción y comercialización legal de productos transgénicos en gran parte de su territorio, refiere el informe Treinta años de transgénicos en México, realizado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM).
La representante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) calificó de “lamentable que a todas estas gentes que se les criticó por corrupción y abusos, ahora les den impunidad para seguir cometiendo delitos” a través de candidaturas.
La Ley General de Biodiversidad ya está en la Cámara de Diputados a pesar de las múltiples críticas de organismos civiles, quienes han señalado que da manga ancha a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas por su importancia ambiental en México.
Casi 200 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2017 por enfrentarse contra gobiernos y empresas alrededor del mundo, con América Latina en el primer lugar de esta represión, y México es el cuarto país más peligroso para los defensores de medio ambiente.En México el sector de la minería se encuentra en continuo declive, pues contabilizó 43 caídas en los últimos 44 meses y 21 de forma consecutiva, reveló la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Datos de la agrupación dejan ver que la productividad de ese sector, que incluye petróleo, gas, minerales metálicos y no metálicos, así como servicios relacionados con la minería, se contrajo más de 6 por ciento entre enero y abril de 2015, mientras que en el mismo periodo de 2016 cayó más de 3 por ciento. En enero y abril de 2017 la contracción fue de casi 11 por ciento.
Para ser escuchados sobre los abusos en contra de sus derechos humanos y exigir respeto, una delegación de la comunidad nahua de Ixtacamaxtitlán, Puebla, se encuentra en Canadá para convencer al gobierno de Justin Trudeau e inversionistas de ese país para que detengan el proyecto minería a cielo abierto Ixtaca, el cual se encuentra en fase de exploración. Y es que la empresa omitió informar a las autoridades ambientales mexicanas que realizó 236 excavaciones más de las reportadas. Tampoco dijo que en algunas de ellas perforó el subsuelo hasta 700 metros, contra los 160 autorizados por ley. Por si fuera poco, la empresa 
Los megaproyectos mineros y otras actividades extractivas vulneran el derecho al agua de casi 12 millones de mexicanos, advirtió Federico Guzmán López, investigador de la Unidad Académica de Estudios Críticos del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
Para lograr la siembra de maíz genéticamente modificado en México, la agroindustria trasnacional, encabezada por Dupont, solicitó a la Suprema Corte que declare inconstitucionales las facultades que el Código Federal de Procedimientos Civiles, otorga a los jueces para ordenar medidas de protección de los derechos de grupos sociales o colectividades, frente a hechos que causen daños, vulneren derechos o puedan llegarlos a causar. Así lo denunciaron académicos poblanos que junto con científicos, campesinos y defensores de derechos humanos de todo el país, han litigado por más de cuatro años, un juicio de acción colectiva y medidas cautelares que hasta la fecha han impedido que se otorguen permisos de siembra de maíz transgénico en todo el país.
Después de cinco demandas de amparo, la comunidad otomí de San Pablito en Pahuatlán, Puebla, 
Ante la crisis humanitaria en Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a favor de cuatro mil personas víctimas de desplazamiento forzado por la violencia desatada por conflictos de límites territoriales.
La empresa productora de insumos químicos para la minería, Chemours Company, amenaza la vida ambiental y de los habitantes en La Laguna al iniciar operaciones a partir de junio del 2018 y por un periodo, por lo menos, de 50 años
El pasado 26 de agosto, el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila de la sierra costeña de Chiconquiaco (Veracruz, México) retiró el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la finalidad de comenzar la fase de explotación y extraer oro en un proceso a cielo abierto.
El maíz es uno de los cultivos más consumidos en México, pero producirlo es tan poco redituable, que solo pocos agricultores logran salir de la pobreza.
México debe terminar con el patrón de discriminación en contra de los pueblos indígenas, urgió la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en una declaración que dictó hoy en la sede de la ONU en México al concluir su visita en el país.
La relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, informó que, como una experta independiente, revisará las recomendaciones que en su momento hizo su antecesor, Rodolfo Stavenhagen, al gobierno mexicano “para saber si se han implementado o si se tienen que reiterar”. En Guerrero, Victoria Tauli-Corpuz se reunió con mujeres víctimas de tortura sexual por parte de soldados, desplazados, representantes de pueblos indígenas como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, quienes aún son objeto de hostigamientos y criminalizaciones. También recibió a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria. Con motivo de la visita de Tauli-Corpusz, la sociedad civil elaboro un informe donde se aborda el tema de las violaciones al derecho al territorio derivado de una multiplicidad de causas como la implementación desmedida de megaproyectos de infraestructura y desarrollo que se autorizan, construyen y operan sin respetar la tierra y territorios de los pueblos, ocasionando impactos significativos en su integridad cultural, social, y económica entre otros derechos.
Habitantes de los poblados de Nuevo Balsas, La Fundición, El Limón, Atzcala, Mezcala, Colonia Valerio Trujano, 
Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, llevará a cabo una visita oficial a México durante los días 8 al 17 de noviembre. Durante esos días recibirá información de los pueblos y comunidades indígenas, los gobiernos estatales y federal, así como de empresarios, sobre las diferentes problemáticas que les afectan. Será en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Chiapas y Chihuahua donde la Relatora escuchará los planteamientos que representantes indígenas y organizaciones aliadas le harán. «
El fisco mexicano y empresas mineras de Canadá sostienen una mesa de diálogo para resolver el caso de 360 millones de dólares (mdd) retenidos en devoluciones de impuestos a seis mineras canadienses que operan en México.
La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua de Ixtacamaxtitlán y el Consejo de la Tierra responsabilizaron a todos los niveles de gobierno de la seguridad y la integridad física de los opositores a la minera amenazados por impedir el acceso a empleados de Almaden Minerals a sus propiedades y de los actos de violencia que pudiera haber contra ellos.
La Minera Gavilán, 
Pescadores organizados y libres de San Francisco del Mar anunciaron su rechazo al proyecto eólico que pretende instalarse en la zona denominada “Boca Barra” que 
