De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, del 10 de marzo pasado, se dividirá en 10 empresas que se enfocarán a la generación, distribución, transmisión eléctrica y suministro básico. Operarán en el mercado eléctrico 6 empresas subsidiarias de generación eléctrica. Además creará una subsidiaria para atender el suministro básico, otra compañía encargada de la distribución y una más que coordinará las actividades de transmisión eléctrica.
El Frente de Autoridades Municipales y Agrarias de los distritos de Ocotlán y Zimatlán tienen como objetivos esenciales cuidar y preservar el medio ambiente, que la ciudadanía haga uso racional del agua, para evitar la contaminación del suelo, ríos y arroyos. Además de promover la construcción de retenes y ollas de agua, a fin de evadir la contaminación y explotación irracionales de los recursos naturales, como son las minas, flora y fauna. Así lo dio a conocer en entrevista, el secretario general, Alejandro Salas López, al asegurar que para ello se requiere el apoyo de la sociedad, dependencias federales y estatales. Por otra parte, dijo, evitarán que empresas extranjeras sigan explotando los recursos naturales, como desgraciadamente ocurre actualmente en San José del Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos, donde con el apoyo del gobierno federal y estatal, la empresa Canadiense, sin aportar beneficio alguno a las comunidades, explota importantes Minas y la finalidad es de echarlas fuera de Oaxaca.
Aún cuando se encuentra contenido en el Plan Nacional de Infraestructura, el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reyna no será construido, es la advertencia de habitantes de aquella localidad aglutinados en el Consejo de Pueblos Unidos para la Defensa del Río Verde (Copudever). Un documental proyectado por las organizaciones reveló la oposición de la ciudadanía de Paso de la Reyna, municipio Santiago Jamiltepec, quienes ven en el Río Verde una fuente de vida en riesgo por el mega proyecto.
Ana María García Arreola, integrante de Servicios para una Educación de Calidad (Educa), precisó que las y los pobladores han levantado actas de acuerdos ejidales para dejar en claro su rechazo a la obra. Señaló que al menos 50 mil personas han sido desplazadas por la construcción de proyectos hidroeléctricos en Oaxaca a lo largo de los años. En el marco del Día Internacional de Acción contra Presas y a favor de los Ríos el Agua y la Vida y con la participación del investigador Scott Robinson, se discutieron las condiciones que revisten la imposición de proyectos hidroeléctricos en una serie de foros comunitarios en los municipios de Tataltepec de Valdés, Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec y ayer en la capital del estado.
A cuatro años de los hechos sangrientos, no hay justicia. Al contrario, en junio del 2015 fueron liberados los presuntos asesinos de Bernardo Vásquez Sánchez. La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán exige la cancelación del proyecto minero “San José” y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez. En un pronunciamiento por el cuarto aniversario de la muerte de Bernardo, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios exige justicia para la comunidad de San José del Progreso:
«El día de hoy se cumplen cuatro años del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), el crimen permanece en la impunidad a pesar de que existen señalamientos claros sobre la autoría intelectual y material del homicidio. No sólo eso: la empresa a la que Bernardo combatió, Fortuna Silver Mines pretende expandirse hacia comunidades de los distritos de Ejutla y Ocotlán.
Desde 2008, la CPUVO manifestó su rechazo al proyecto minero de la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. En repetidas ocasiones la CPUVO señaló que la minera estaba financiando grupos armados en San José del Progreso con la participación del entonces presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez, y denunció los constantes hostigamientos que sufrían sus integrantes, quienes nunca recibieron protección.
El 15 de marzo de 2012, Bernardo Vázquez fue emboscado y asesinado poco después de haber asistido a una reunión con funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca para analizar el conflicto generado a partir de la instalación de la mina. En el ataque también resultaron heridos Rosalinda Dionisio Sánchez y Andrés Vásquez Sánchez, integrantes de la CPUVO.
Hasta el día de hoy, no se ha investigado a los autores intelectuales del asesinato de Bernardo. En 2015, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca permitió que salieran en libertad Bartolo Aguilar, Domingo Aguilar y Albino Hernández, acusados de ser los autores materiales del crimen. Además, y a pesar de los daños ambientales y de ruptura del tejido social causados por los trabajos de la mina en San José del Progreso, la empresa minera, con anuencia del gobierno federal y el estatal, buscan expandir el proyecto a comunidades que expresaron su rechazo mediante una declaratoria a nivel regional, el 30 de noviembre de 2015.
Bernardo es recordado en las comunidades de los Valles Centrales y el estado de Oaxaca como un ejemplo en la defensa del territorio frente a la destrucción que generan las empresas mineras, por lo que las organizaciones firmantes exigimos justicia para él y la comunidad de San José del Progreso. De igual forma exigimos a las autoridades estatales y federales respeten la decisión de las comunidades de Ocotlán y Ejutla, centrada en no permitir ningún proyecto extractivo en la región.»
Atentamente: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., Servicios del Pueblo Mixe A.C., Tequio Jurídico A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca,-UNOSJO S.C., Centro de Derechos Humanos Míguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh A.C.
24 agrupaciones locales manifestaron su rechazo al proyecto minero en Ciudad Ixtepec, el cual abarca una concesión de 8,150 hectáreas, denominada “lote NIZA” con número de título 232089, otorgada por el Gobierno Federal a través de la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía en el año 2008 a la empresa Minera Plata Real, para extraer oro y plata de territorio ixtepecano durante 50 años.
A través del “Manifiesto Zapoteca en contra de la minería en Ixtepec”, Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio fijó la postura de negar el permiso al proyecto minero, con el respaldo de las actas firmadas por las asambleas del Comisariado de Bienes Comunales, la Sociedad Agrícola y la Sociedad Ganadera, que desde hace 5 años emitieron su rechazo. En el año 2014, se ratificó el acuerdo de impedir la actividad minera junto autoridades agrarias zoques y zapotecas y organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec al suscribir la “Declaratoria de Zanatepec”, en contra de la minería.
“A través de nuestro propio modo de vivir se han preservado los bosques y mantenido la biodiversidad y la vida del pueblo”, en ese sentido exigieron respeto a los bienes de la comunidad y a su historia como pueblo zapoteca, con base en los tratados internacionales ratificados por el gobierno Mexicano, como el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se estipula que como pueblo originario se tiene derecho a ser consultados previamente, así como a tener información libre y verdadera, sobre proyectos de impacto social, cultural y ecológico en sus comunidades.
La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca confirmó el registro de 69 casos relativos a agresiones a personas defensoras de los derechos humanos, 33 contra mujeres y 36 en agravio de varones. La información fue proporcionada en atención a la solicitud del Ombudsman de Oaxaca, para documentar la recomendación general número 25 sobre agravios a personas personas defensoras de los derechos humanos, que hizo pública el lunes.
El órgano nacional pone especial énfasis en las actividades desarrolladas por algunos de los defensores de los derechos humanos, particularmente los comunitarios, en aquellos casos en que sus labores de defensa se relacionan con los megaproyectos de industrias extractivas, de represas y eólicos, promovidos por la iniciativa privada o los gobiernos, con la afectación directa de pueblos o comunidades indígenas. Los defensores comunitarios centran sus actividades buscando que el estado garantice el derecho a la consulta, a fin de obtener su conocimiento previo, libre e informado, respecto de esos megaproyectos. La defensa se centra en el espero a las tierras, territorios y recursos naturales de los indígenas, tal y como dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.