Cinco integrantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar en Defensa de la Tierra y el Territorio, (APSDDTT) fueron atacados a balazos cuando realizaban la dramatización de “El Judío”, la noche de este Jueves Santo en las calles principales de la comunidad ikotjs.
Cada año, en este municipio se realiza esta dramatización como parte de la celebración de la Semana Santa; sin embargo, en esta ocasión se tiñó de rojo debido a que las personas recibieron más de cinco balazos en diversas partes de su cuerpo y uno de ellos de nombre Teodosio G.G. de 43 años se encuentra grave de salud.
Los representantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar responsabilizaron de esta situación a la alcaldesa Teresita de Jesús Luis Ojeda, debido a que personas afines a ella fueron quienes dispararon en contra de los defensores de la tierra y el territorio cuando visitaban uno de los negocios que se ubican en la comunidad.
Señalaron que los cinco heridos “Luis Daniel A.M de 16 años, José de Jesús G.R. de 18 años, Osvaldo T.E. de 19 años, Daniel R. M. De 38 años y Teodosio G.G. de 43 años” fueron llevados de emergencia al hospital general de Juchitán que se encuentra temporalmente atendiendo en oficinas del Instituto de la Cultura Zapoteca para su atención médica, sin embargo uno de ellos se encuentra de gravedad.
Dijeron que esta situación tiñe de oscuro el proceso electoral que se aproxima debido a que la actual alcaldesa Teresita de Jesús Luis Ojeda ha manifestado su interés de reelegirse, pero ellos se oponen debido a que lejos de haber conseguido paz durante su gobierno, la violencia creció en el municipio.
Ejidatarios rechazan explotación de arcilla en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlan por parte de la empresa Minera Sumex, sociedad mexicana con acciones alemanas. La región es considerada una de las joyas naturales de nuestro país enclavada en los estados de Puebla y Oaxaca; muchas de sus especies no existen en ningún otro lugar del planeta.
“Ejidatarios de Acatepec y Zapotitlán Salinas acordaron por audiencia pública no permitir la entrada de una empresa alemana que haría la exploración de cientos de hectáreas en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán para la extracción de arcilla y silicio, informó el vocero Martín Barrios Hernández”, señaló el periodista Enrique Hernández en Municipios.
La Minera Sumex S.A de C.V, tiene seis años haciendo prospección en la zona, incluyendo un área del territorio oaxaqueño como Chazumba, donde también ha recolectado muestras para conocer la composición del suelo, indicó
Hernández señala que en la zona, busca le permitan la entrada, al contar con una concesión federal de mil 536 hectáreas por un periodo de 50 años para la extracción de arcilla mediante bancos a cielo abierto.
“El material extraído sería para la elaboración de jabones, cuando es un mercado mínimo que no requiere de tantos años y excavaciones profundas para ese tipo de proyecto”, explicó el representante de los ejidatarios.
Pese a la inconformidad social que ha generado la entrega de concesiones mineras sin el consentimiento de comunidades oaxaqueñas, el Gobierno del Estado continuará impulsando esta industria, que en 2018 prevé una inversión de 80 millones de dólares a través de empresas nacionales, informó el secretario de Economía Juan Pablo Guzmán Cobián. Tras descartar que los bene×cios para las comunidades sean nulos por el ingreso de mineras a sus territorios, el funcionario subrayó la importancia que estas inversiones tienen para la entidad, desde la generación de impuestos hasta la creación de un fondo que bene×cia proyectos de infraestructura en municipios donde se llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Economía estatal, a través del Fondo Minero municipios de Oaxaca recibieron 60 millones de pesos durante 2017. El fondo, operado por las secretarías federales de Hacienda y Desarrollo Territorial (Sedatu) se compone con el 7.5% de la utilidad neta de las empresas mineras, salvo las que producen oro y plata que incorpora un .5% gradual hasta alcanzar el 8%.
ACOMPAÑAMIENTO A DOS MINERAS A partir de la nueva administración, Economía ha dado seguimiento al trabajo de dos mineras, Don David Gold, que opera en el municipio de San Pedro Totolapan; y Cuzcatlán, que extrae principalmente oro y plata de la mina de San José El Progreso, Ocotlán, y está considerado uno de los centros de extracción de minerales prioritario para el gobierno federal. En San José del Progreso, de acuerdo con el anuario estadístico de minería de la Secretaría de Economía federal, Cuzcatlán extrajo mil 198 kilogramos de oro en 2015 y mil 431.30 en 2016. En Totolapan, la extracción de oro que logró Don David Gold fue de 922 y 524 kilogramos en 2015 y 2016, respectivamente. En ambos municipios, se extrajo el 1.16% del total de oro obtenido por mineras en el país, 116 mil 923 kilogramos. Mayor producción se obtuvo de plata, ya que entre 2015 y 2016 de San José se extrajeron 343 mil 788 kilos y de Totolapan 135 mil 235. Respecto al total de producción nacional de plata, de estas dos minas se obtuvo el 6.02%. Oaxaca alcanzó en 2016 el lugar número 11 con el mayor monto de producción minera, con 4 mil 909.8 millones de pesos. De esa cantidad, los alrededor de 60 millones de pesos que corresponden por el fondo minero representan el 0.001%.
La Unión Europea (UE) aprobó la semana pasada la fusión entre las empresas Bayer AG de Alemania y la controvertida Monsanto de EE.UU., con lo que se abre la posibilidad para que Washington haga lo propio, dice un informe del ETC Group.
Para esta organización, el visto bueno de EE.UU. consolidaría la última de las tres megafusiones de la industria de semillas y pesticidas, que se gestan desde el año 2015.
Al concretarse la unión entre Bayer y Monsanto, dos terceras partes del mercado global de semillas y más del 70% del de pesticidas quedará en poder de solo cuatro compañías:
En la actualidad, Bayer y Monsanto extienden su dominio al ámbito de los “insumos agrícolas biológicos”, explica Verónica Villa, responsable de programas del ETC Group en México.
“Eso significa, por un lado, que se extiende la propiedad privada monopólica sobre más ámbitos comunes (microorganismos, reproducción de los suelos, etc) y, por otra parte, que los cuatro gigantes de la agroindustria se apoderan de componentes cruciales para la seguridad alimentaria global”, añade Villa.
Control total
El ETC Group, autor del informe, es una organización no gubernamental internacional que trabaja para “vigilar el poder, monitorear la tecnología y fortalecer la diversidad”, explica su sitio web.
Esta organización ha estudiado, desde 1977, la concentración de los negocios agrícolas y considera que las actuales megafusiones son una prueba de que los gobiernos no han sabido manejar el tema en función del interés público.
En México hay alrededor de 120 conflictos ambientales originados por la explotación minera y los problemas sociales y ecológicos que derivan de ella, pues desde 2014 se han desarrollado 888 proyectos de exploración y explotación mineros operados por 268 empresas transnacionales, principalmente Canadá, reportó el apartado “Política pública sobre minería, medio ambiente y su soberanía nacional” en la Agenda Ambiental 2018, diagnóstico y propuestas, realizada por expertos de universidades.
De acuerdo con el proyecto, coordinado por Rodolfo García Zamora, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, los proyectos extractivos mineros están previstos en 112.82 millones de hectáreas, las cuales equivalen a 57.4 por ciento del territorio nacional. Sin embargo, por cada mil pesos obtenidos por las empresas mineras, las comunidades afectadas sólo recibieron 15 centavos por conducto de gobiernos estatales y municipales.
Entre las principales consecuencias de la minería se encuentran la transformación del suelo y las cuencas hidrológicas, los cuerpos de agua y los suelos, así como afectaciones en la flora y fauna, pérdida de la cobertura forestal y, a nivel social, el desplazamiento y destrucción de las comunidades aledañas a la mina.
De acuerdo con las cifras, la empresa Grupo México en Sonora y la Gold Corporation en Zacatecas consumen más agua que toda la población de cada entidad, lo que se suma a los problemas de contaminación y destrucción masiva de la tierra.
Comuneros zapotecas de Unión Hidalgo reafirmaron ante la presencia de Rodolfo Salazar, Director General de Impacto Social de la Secretaría de Energía (SENER) que la comunidad indigena “no está lista” para participar en una consulta indigena sobre el parque eólico propiedad de Eólica de Francia (EDF).
Explicaron que despues de vivir un terremoto como el del 7 de septiembre en donde el 80 por ciento de las viviendas resultaron afectadas y muchas personas viven en espacios provisionales, lo que importa en la comunidad es la reconstruccion de viviendas dignas y un segundo censo, no una consulta indigena.
En esta comunidad, la empresa Eólica de Francia (EDF) pretende instalar un parque eólico llamado “Gunna Sicarú”, sin embargo los defensores de la tierra y el territorio señalaron que en ningún momento ha existido una consulta indígena.
Los comuneros expresaron durante una reunión sostenida con Salazar y el secretario de asuntos indigenas de Oaxaca Francisco Montero que la comunidad lo que necesita es un refugio digno y no una consulta indigena, por lo que desconocen “la rapidez y urgencia” de las autoridades de impulsar este proyecto cuando aún la emergencia continua.
“Vemos que Salazar tiene una conducta parcial, alejada de la verdad y conduciendo en un solo carril, que arriesga con descarrilar la vida político y social y económica de la comunidad, a nosotros nos invitaron a escasas horas de la visita, fuimos pasados por un filtro de discriminación por parte de quienes determinaron nuestra asistencia”, dijeron.
Oscar Marín, representante de los comuneros explicó que Salazar conoce la postura que tienen los comuneros sobre el rechazo a una consulta indigena en la comunidad la cual no solo es por la reconstruccion que vive Unión Hidalgo sino porque ya no puede darse debido a que ya carece de previa, libre e informada, tal y como lo estipula el convenio 169 de la OIT.
Este día un grupo de personas que arrendan sus tierras a la empresa denominada Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), bloquearon el acceso a las instalaciones, para exigir que se cumplan las peticiones que con anterioridad les habían sido solicitadas.
Debido a que no han podido cumplirse las peticiones que arrendadores de unión hidalgo solicitaron a la empresa DEMEX desde el 2017, el acceso a los parques eólicos “Piedra Larga 1 y Piedra Larga 2” ubicados en esta población, fueron bloqueados por los inconformes que piden urgentemente a los representantes de la empresa, den una solución pronta y favorable.
Los manifestantes dieron a conocer que entre las peticiones requeridas están la revisión de contrato y obras de responsabilidad social, de las cuales, -dijeron-, han entregado solicitudes en tiempo y forma para poder ser atendidos por los directivos, mismos que no han querido recibirlos sin dar explicación alguna.
Para llegar del ejido Paso de la Reyna a San Lucas Atoyaquillo, Oaxaca, se tiene que transitar poco más de tres horas de camino, pese a que las comunidades se encuentran a tan solo 92 kilómetros de distancia. Ambas en su orografía, como en sus aspectos culturales brillan por sus diferencias: la primera se encuentra a los pies de las montañas, la otra enclavada en ellas; una chatina y la otra mixteca; una de risa fácil, la otra más reservada. Sin embargo, el deseo por conservar su principal afluente: el Río Verde, las hermana en una lucha jurídico y social por la defensa del territorio.
Fue en 2006, cuando en la región se inició un proceso de organización territorial para enfrentar la imposición del Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina. Una central hidroeléctrica con una cortina de 155 metros de altura, que se ubicaría a tan solo un kilómetro arriba de Paso de la Reyna, y cuyo embalse inundaría más de 3 mil hectáreas de diversas comunidades, afectando así a cerca de 17 mil habitantes dedicados a la pesca y la agricultura, que tienen en el Río Verde su principal sustento. Una de estas comunidades es también San Lucas Atoyaquillo, municipio de Santiago Ixtayutla.
Los pasados 13 y 15 de marzo, en el marco de las Jornadas de Diálogos Interculturales por el Territorio que se realizaron para conmemorar el Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, cada comunidad presentó un reglamento interno en el que se establecen las disposiciones para la protección del territorio, sus bienes naturales y el fortalecimiento de su organización interna, esto de acuerdo al reconocimiento que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga hacia la autonomía de los pueblos indígenas sobre el control de sus territorios y sus recursos naturales existentes.
El 14 y 15 de marzo de 2018 una Brigada Internacional de Solidaridad acudió al Centro de Capacitación Finca Alemania del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), ante la violenta agresión sufrida el pasado 12 de febrero en donde fueron cobardemente asesinados los tres defensores comunitarios Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Basilio Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez. La brigada formada por personas de 10 países (Suiza, Portugal, México, Italia, Estado Español, Colombia, Brasil, Bélgica, Austria y Argentina) escuchó el testimonio de los sobrevivientes y el análisis del contexto actual de los integrantes de los diferentes comités de la organización. En su boletín, la brigada denuncia: “ Aunque se han iniciado investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, a más de cinco semanas de la agresión no ha habido ningún resultado. El gobierno de Alejandro Murat aun no se ha pronunciado sobre la agresión, por lo que el CODEDI, junto a muchas otras organizaciones, hacen responsable al gobierno estatal, por complicidad u omisión”. Los observadores hacen enfásis en que “los compañeros habían acudido a una reunión con funcionarios del gobierno del estado para discutir sobre el conflicto postelectoral en Santiago Xanica.
De acuerdo cоn María Teresa Sánchez Salazar, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM y titular del estudio La industria minera-metalúrgica en México en el marco de las políticas neoliberales, desde los años 80 del siglo XX, con las reformas que introdujera el gobierno federal, prácticamente la totalidad de las reservas, unidades y plantas mineras del sector paraestatal han sido privatizadas.
El principal incоnveniente, menciоnó la experta en entrevista, radica en que lоs capitales extranjerоs han cоncentradо un gran númerо de minas, sоbre tоdо las enfоcadas a la extracción de metales preciоsоs cоmо el оrо y la plata.
Sánchez Salazar explicó que “el prоblema nо sоn las empresas; las pоlíticas y las leyes están a su favоr, pues les han puestо tоdо en charоla de plata: pagan pоcоs impuestоs, оbtienen cоncesiоnes a preciоs muy bajоs, pоr hectárea cоncesiоnada y nо pоr valоr del vоlumen de mineral extraídо,vigentes pоr 50 añоs, y que luegо pоdrán renоvarse pоr оtrо periоdо igual. Ellоs pueden desalоjar pоblaciоnes, prоvоcar grandes prоblemas ambientales y las autоridades cоmpetentes nо aplican ninguna sanción.”
Recursоs desaprоvechadоs
Según datоs recоpiladоs pоr la investigadоra del Institutо de Geоgrafía, la Cámara Minera de Méxicо (Camimex) repоrtó que del tоtal de prоyectоs de explоración, 30% es de empresas mexicanas, mientras que el 70% está en manоs de capitales extranjerоs, mayоritariamente canadienses.
Al respectо, la universitaria cоmentó que “Méxicо es el principal país receptоr de inversión extranjera en Latinоamérica en el ámbitо minerо, y el cuartо a nivel mundial. Y lо cоnfirma el Metals Ecоnоmics Grоup (MEG) quien también lо ubica en el quintо lugar (desde 2006) en cuantо a las ventajas que оfrecen lоs países para invertir en el sectоr.”
Para proteger su territorio, bienes comunales así como sus modos de vida y de organización, ante la amenaza latente por la instalación de un megaproyecto en la región, autoridades comunitarias presentaron la semana pasada el Reglamento Interno del ejido Paso de la Reyna(Jamiltepec, Oaxaca). El documento que tardó dos años en su elaboración, ya que fue el resultado de una vasta serie de asambleas y reuniones colectivas para su redacción, actividades que fueron asesoradas por las organizaciones Educa y Tequio Jurídico, quienes además lograron que dicho reglamento fuera avalado, en octubre de 2017, por el Registro Agrario Nacional (RAN). Durante la presentación, en la que participó se destacó su importancia como una herramienta para la defensa del territorio ya que posee un capítulo destinado a advertir sobre la prohibición de megaproyectos: “en el territorio del ejido Paso de la Reyna queda estrictamente prohibido la implementación de programas, proyectos, e inversiones que pongan en riesgo los bienes naturales comunes del ejido, la vida de las personas que habitan el ejido, así como su integridad”, sentencia el artículo 88 del reglamento. Esta advertencia se contextualiza a través del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reyna, impulsado desde el 2006 por la Comisión Federal de Electricidad (al cual la comunidad se ha opuesto reiteradamente). Cabe mencionar que este actividad se realizó en el marco del en las Jornadas de Diálogos Interculturales por el Territorio y en la celebración por la defensa del Río Verde.
Campesinos y ejidatarios del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron al Alcalde Eleazar Hernández Arroyo, negar los permisos a la minera canadiense Almaden Minerals, la cual planea abrir un tajo del tamaño de 140 estadios de futbol para sacar oro y plata de sus tierras.
A nombre de las organizaciones campesinas e indígenas de Puebla, Daniel Zúñiga Maldonado, Vocero de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, expresó su rechazo a la instalación de la minera y todas sus filiales en el estado y acusó que más de la mitad del territorio nacional ha sido concesionado a esa empresa extranjera.
De acuerdo con los pobladores, en el municipio de Ixtacamaxtitlan nace el río Apulco que recorre la sierra norte y nororiental que pasa por Cuetzalan hasta desembocar al mar; es decir, la contaminación sería letal y abarcaría gran parte del territorio poblano.
La minera Almaden Minerals necesita obtener el permiso de uso de suelo para explotar los depósitos de oro y plata de Ixtacamaxtitlán, para lo cual necesita del permiso del Alcalde Eleazar Hernández.
De acuerdo con reportes de la prensa local, durante la caravana los pobladores de este municipio denunciaron los abusos a los derechos de la salud, agua y un medio ambiente sano, así como a la consulta previa sobre el destino de esta región que el Gobierno mexicano está obligado a cuidar.
El derrame de cianuro al río Piaxtla en San Dimas, Durango, mantiene en alerta a activistas por defensa del agua en Sinaloa, debido al inminente riesgo de que la contaminación provocada por la minería en esta zona repercuta en las actividades económicas en territorio sinaloense.
Luego de que el pasado 11 de marzo, Primero Empresa Minera S.A. de C.V., que pertenece al grupo canadiense Primero Mining Corporation, vertió 200 litros de solución cianurada a este cuerpo de agua, Conselva y Voces Unidas por el Agua exigieron una valoración real de los impactos ambientales, ya que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se limitó a informar de la “muerte de un número indeterminado de peces”.
Explicó que el río Piaxtla nace en la sierra de Durango, pero en su recorrido hacia el Oceáno Pacífico atraviesa el municipio de San Ignacio, Sinaloa, donde abastece de agua a tierras de riego para la agricultura; desemboca a la altura del campo pesquero Barras de Piaxtla, además de colindar con el área natural protegida de la Meseta de Cacaxtla.
“Son hechos que nos preocupan debido a que la mayoría de nuestros ríos tienen su origen en la zona serrana de Durango y Chihuahua, estados con alta actividad minera y donde los accidentes son frecuentes y difíciles de monitorear”, advirtió.
Sandra Guido urgió a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a intervenir debido a que el cianuro, así sea en pequeñas cantidades, es altamente tóxico y no es degradable.
El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, propuso un Fondo de Solidaridad para América Latina en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial celebrado en Sao Paulo, Brasil. El mandatario ofreció la ponencia “MaximizingDisaster Response withTechnology” (Maximizando con tecnología la respuesta ante desastres), en donde relató la experiencia obtenida y la capacidad de respuesta de su administración ante los desastres naturales acontecidos en el mes de septiembre del año pasado. Recordó que Oaxaca sufrió uno de los sismos más fuertes que haya tenido registro México en su historia, el cual alcanzó una magnitud de 8.2 grados, seguido de dos más –el 19 de septiembre de magnitud 7.1 y del 23 de septiembre de 6.1, cuya situación, explicó, desencadenó acciones inmediatas por parte de los tres órdenes de gobierno, Fuerzas Armadas y sociedad civil, para coadyuvar en la etapa de emergencia y tareas de reconstrucción. Murat Hinojosa indicó que la fuerza de México radica en la unión y trabajo de su gente, pues durante y después de los sismos la energía del pueblo mexicano, así como de organismos de diversos países del mundo, se volcó en apoyar a las familias afectadas. “Propongo crear un Fondo de Solidaridad para América Latina que, bajo las reglas correctas de implementación y gestión, pueda ayudar a los países latinoamericanos más expuestos a los desastres naturales a contar con recursos económicos y técnicos para una respuesta inmediata y para la colaboración coordinada entre sus miembros”, propuso el mandatario, ante la presencia de importantes líderes del mundo, especialistas y expertos en la materia.
Oaxaca, zona estratégica para el crecimiento del sureste
En este marco, Murat Hinojosa participó en la ponencia “Fortalecimiento de una Bio-economía en América Latina”, en donde destacó las ventajas que posee Oaxaca para convertirse en un corredor competitivo interoceánico y un clúster de logística multimodal en la región del Sureste de México. Señaló que basados en el fortalecimiento a la bio-economía -economía basada en el consumo y producción de bienes y servicios derivados del uso y la transformación de recursos biológicos sustentables-, Oaxaca tiene un gran potencial en sectores relacionados con la energía renovable, la agricultura y la silvicultura. “Con todos estos recursos y su ubicación estratégica, Oaxaca aspira a convertirse en una plataforma regional. Esto requiere que Oaxaca avance hacia una bio-economía sólida”, dijo.
El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, propuso un Fondo de Solidaridad para América Latina en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial celebrado en Sao Paulo, Brasil. El mandatario ofreció la ponencia “MaximizingDisaster Response withTechnology” (Maximizando con tecnología la respuesta ante desastres), en donde relató la experiencia obtenida y la capacidad de respuesta de su administración ante los desastres naturales acontecidos en el mes de septiembre del año pasado. Recordó que Oaxaca sufrió uno de los sismos más fuertes que haya tenido registro México en su historia, el cual alcanzó una magnitud de 8.2 grados, seguido de dos más –el 19 de septiembre de magnitud 7.1 y del 23 de septiembre de 6.1, cuya situación, explicó, desencadenó acciones inmediatas por parte de los tres órdenes de gobierno, Fuerzas Armadas y sociedad civil, para coadyuvar en la etapa de emergencia y tareas de reconstrucción. Murat Hinojosa indicó que la fuerza de México radica en la unión y trabajo de su gente, pues durante y después de los sismos la energía del pueblo mexicano, así como de organismos de diversos países del mundo, se volcó en apoyar a las familias afectadas. “Propongo crear un Fondo de Solidaridad para América Latina que, bajo las reglas correctas de implementación y gestión, pueda ayudar a los países latinoamericanos más expuestos a los desastres naturales a contar con recursos económicos y técnicos para una respuesta inmediata y para la colaboración coordinada entre sus miembros”, propuso el mandatario, ante la presencia de importantes líderes del mundo, especialistas y expertos en la materia.
Diversas organizaciones sociales de Oaxaca repudiaron el ataque contra los integrantes del Comité de Defensa de los pueblos Indígenas (CODEDI), defensores de los derechos de los pueblos indígenas e impulsores de importantes procesos de autonomía en Oaxaca.
Más de una centena de organismos como Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., Consorcio Oaxaca A.C., Centro de Apoyo al movimiento popular Oaxaqueño CAMPO A.C., Centro Calpulli A.C., Espiral por la Vida A.C., Código DH A.C., Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca SURCO A.C., entre otros condenaron estos hechos y exigieron a las autoridades justicia.
Según describieron en un comunicado, fue alrededor de las 23:30 horas del pasado 12 de febrero, tras sostener una reunión con representantes del gobierno de Oaxaca encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, fueron emboscados, en la carretera 175 del estado, integrantes CODEDI.
En el ataque fallecieron tres activistas, dos de ellos menores de edad e hirieron a Abraham Ramírez miembro cofundador de la organización.
“El mensaje de terror es claro para quienes defendemos derechos humanos en Oaxaca, buscan paralizarnos, desmovilizarnos y acallarnos, por eso decimos que el hecho evidencia la existencia de una política de Estado encaminada a silenciar las voces disidentes, en este caso, vía el extermino de las personas defensoras de derechos humanos y activistas sociales”, indicaron.
La Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de decreto de Ley General de Biodiversidad, que pretende, el Partido Verde Ecologista de México, sea aprobado en las próximas semanas, porque no contiene la opinión de organizaciones ambientalistas y defensores de animales, tampoco se consideró la opinión en consulta abierta de los pueblos indígenas, se incurre en errores de técnica legislativa, no se contemplan los niveles de biodiversidad requeridos, y ni si quiera, en el texto se inscribe la definición de especie.
El Partido Verde, y su coordinador Jesús Sesma, instruyeron al diputado de ese instituto político, Arturo Álvarez Angli, a impulsar, como fuera, la aprobación del proyecto de decreto, promovido por los verdes.
Ese partido, utilizando su cercanía con el PRI promovió que el proyecto de decreto fuera turnado – el pasado 8 de febrero -, desde la Mesa Directiva a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y para que las de Asuntos Indígenas y Cambio Climático emitieran opinión sobre el contenido de la iniciativa.
La Comisión de Cambio Climático, analizó el proyecto de decreto, y emitió una opinión negativa sobre la propuesta de ley. Sobre todo advierte que diversas organizaciones ambientalistas, y de defensa de los males y de los recursos naturales, alertaron del pobre proceso legislativo que dio pie a la propuesta de ley.
Entre esas organizaciones se encuentran el Colegio de Biólogos; el Grupo de Trabajo Sobre la Ley General de Biodiversidad; la Asociación de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos; la Cámara Nacional de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar; y la Fundación Semillas de Vida, entre otras.
“Existe inquietud de que no sea considerado una consulta a los pueblos indígenas que, se asegura, resultarían afectados con la nueva norma”.
Por tal razón la Comisión propone de acuerdo al artículo 6° del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la organización de una consulta pública que debe realizarse, y obedecer a los procedimientos apropiados con instituciones representativas, a través de los medios que permitan una participación libre, de buena fe y apropiada a las circunstancias.
En once cuartillas, La Comisión de Cambio Climático controvierte el proyecto de decreto que pretende el Partido Verde sea aprobado en los próximos días. Reconoce, no obstante, que las valoraciones contenidas en la propuesta, y en la respuesta a esta, no debe entorpecer la protección de la diversidad biológica en México, “que sufre un deterioro innegable y una depredación catastrófica al amparo de la defensa de las actividades económicas y el comercio legal e ilegal. En ese terreno, se recuerda que el INEGI, reportó dentro del Sistema Nacional de Cuentas Económicas y Ecológicas que el costo de la degradación y agotamientos ambientales el país tiene en sus ecosistemas, es equivalente al 4.6 % del Producto Interno Bruto Nacional.
El Senado de la República aprobó este viernes en lo particular y en lo general la Ley de Seguridad Interior, la cual otorga certeza jurídica a las Fuerzas Armadas.
Después de 16 horas de discusión y 76 intervenciones en la tribuna, alrededor de las 6 horas este viernes, el Senado avaló las modificaciones, con 71 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones, y devolvió la minuta a la Cámara de Diputados.
Entre las modificaciones que realizó el Senado se incluye la precisión de que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la Ley, deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y, sin excepción, los derechos humanos y sus garantías.
Además de dar 180 días a los gobernadores para profesionalizar sus policías o por lo menos tener sus proyectos y presupuestos.
También se establece en el artículo 8, que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.
Hoy hace seis años, en la noche del 15 de marzo de 2012, fueron interceptados cerca de San José del Progreso y víctimas de disparos a quemarropa con armas de fuego, los compañeros Bernardo Vásquez Sánchez, quien resulto asesinado después de recibir dos balazos en el pecho, así como su hermano Andrés Vásquez Sáchez quien fue herido de bala en un brazo y la compañera Rosalinda Dionicio, quien recibió dos impactos de bala en la pierna y el hombro; todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO). Días antes, la COPUVO denunció el asesinato del compañero Bernardo Méndez Vásquez. Cabe destacar que la comitiva de la COPUVO fue emboscada saliendo de una mesa de negociación con el gobierno estatal, situación similar al reciente caso de los tres compañeros de CODEDI acribillados en la Sierra Sur. Dos presuntos asesinos del representante de la COPUVO fueron procesados pero salieron libres en 2015. Seguimos exigiendo a las autoridades estatales y federales justicia y castigo para los responsables de la muerte de Bernardo Vásquez Sánchez y de los demás defensoras y defensores heridos en la violencia creada por la empresa minera Cuzcatlán S.A de C.V. filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, que actualmente busca expandir su proyecto sin consentimiento de las comunidades.
Este 14 de marzo, los pueblos y comunidades amenazados con el despojo y desplazamiento por los proyectos de presas La Parota Guerrero, El Zapotillo Jalisco-Guanajuato, Paso de la Reina Oaxaca, Las Cruces Nayarit, cuenca de La Antigua Veracruz y al menos diez en la Sierra Norte de Puebla y otros más en cuencas hídricas de Chiapas, hacen un llamado al pueblo de México de “Volver a la raíz” para celebrar los ríos, luchar contra las represas y fortalecer la organización en defensa de nuestras fuentes de agua, sustento de vida, y de los procesos de resguardo del territorio. El Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, en el marco del Día Internacional de Acción contra las Presas y por los Ríos, el Agua y la Vida, denuncia “la gravedad de las afectaciones ambientales y de carácter social que significan dichos proyectos y las agresiones sufridas por la decisión de imponerlos a toda costa pasando sobre la voluntad y el rechazo de pueblos y comunidades”. El MAPDER advierte que en 2018 ha enfrentado “una escalada de agresión, agravios, hostigamiento y criminalización que incluyen ataques armados, como en el Acapulco Rural donde defendemos y celebramos el río Papagayo en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o la criminalización de defensoras y defensores de Temacapulín, Jalisco. (…) Hoy, transcurren para nosotros quince años de lucha y nuestra exigencia y convicción es la misma, a una voz: ¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!”
Ante el eventual daño al medio ambiente, comunidades indígenas chinantecas de San Felipe Usila, región de la Cuenca del Papaloapan, rechazaron el proyecto hidroeléctrico que pretende construir la empresa transnacional sudamericana Generación Enersi, S.A. de C.V., en la subcuenca del río Usila, con una inversión inicial de 350 millones de pesos.
El director general de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid, dijo que las comunidades indígenas chinantecas determinaron oponerse en asamblea general, en febrero pasado, porque la generación de energía eléctrica sobre el cauce de los ríos Perfume, Santiago, Verde y Grande –afluentes del río Usila–, implicará afectaciones al hábitat de la selva de La Chinantla, ante el establecimiento de bordos o presas derivadoras, tuberías a presión, compuertas, casas de máquinas con turbinas y tanques de carga.
Explicó que la compañía transnacional sudamericana presentó una primera solicitud en 2014 a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para construir el proyecto hidroeléctrico, pero no prosperó por el mismo rechazo de las comunidades indígenas chinantecas porque afectaría unas 20 mil hectáreas de bosques y selvas.
Detalló que según un estudio del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), el proyecto hidroeléctrico impactaría las áreas voluntarias de conservación de San Pedro y Santiago Tlatepusco, San Antonio Analco, San Antonio del Barrio y Cerro del Mirador, así como las colindantes áreas de conservación de Nopalera del Rosario, San Felipe de León, La Tierra del Faisán y San Juan Teponaxtla.
Subrayó que el proyecto hidroeléctrico provocará la disminución del caudal de los ríos y pondrá en peligro a sus especies, porque las cortinas a levantarse en diferentes se convertirán en barreras para peces y crustáceos e impedirán a las truchas remontar la corriente para desovar.
En un entramado de relaciones capitalistas extractivas se ubica la consulta a los pueblos indígenas —que por derecho merecen de acuerdo al convenio 169 de la OIT— la cual pareciera ser un resquicio jurídico en el andamiaje de reformas estructurales en materia de hidrocarburos, energía, minería y de seguridad interna aprobadas en los últimos años. En este escenario se encuentra el municipio binnizá de Unión Hidalgo (Ranchu Gubiña), con 11 mil 317 hectáreas de tierras comunales de las cuales más de la mitad han sido concesionadas a empresas eólicas. Actualmente opera el parque eólico Piedra Larga de Desarrollos Eólicos de México (Demex), filial de la española Renovalia Energy, mientras Électricité de France (EDF) Énergies Nouvelles pretende instalar el parque eólico “Gunaa Sicarú” sobre 4 mil 400 hectáreas de la planicie al norte del estero de la comunidad, con una inversión de 600 millones de dólares.
Tienen prisa por construir el parque eólico; se entrevé en la consulta que quieren realizar en Ranchu Gubiña pese a la ausencia de condiciones físicas, políticas y económicas para una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, ya que la situación de la población binnizá después del sismo de 8.2 el siete de septiembre de 2017 ha exacerbado la crisis económica y política de la región.
Los comuneros, las mujeres gubiña en defensa del territorio, organizaciones independientes y colectivos, en la reunión del 12 de febrero con el director general de impacto social y ocupación superficial de la Secretaria de Energía, hicieron saber que no existen condiciones para la consulta, ante la emergencia de la reconstrucción de viviendas y medios de trabajo. La situación es tensa y complicada ante la prisa que muestran los pequeños propietarios y las autoridades municipales para la realización de la consulta y la instalación del parque eólico.
El gobernador Alejandro Murat anunció que este año, empresarios canadienses invertirán 87.5 millones de dólares en el rubro de la minería en los próximos seis meses y con lo que se generarán más de cinco mil empleos directos.
Agregó que los inversionistas extranjeros están comprometidos con los pueblos originarios para ser amigables con el medio ambiente y se comprometieron a ejercer obras sociales con al menso 100 millones de pesos.
Murat participó en el encuentro “Mexico Mining Day”, de la Feria Internacional Minera PDAC 2018, uno de los eventos más importantes de este sector, que se realizó en Toronto, Canadá.
“Conseguimos atraer una inversión de 87.5 millones de dólares para este 2018 en este importante sector de nuestro estado”, confirmó el mandatario estatal.
En el evento mundial, el gobernador de Oaxaca ofreció una conferencia en la que habló de las potencialidades de la entidad.
El subdelegado de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca (CDI), José Armando Guzmán Alcántara, aseguró que en la comunidad de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, no se ha realizado la consulta a la comunidad sobre la instalación de parques eólicos, en desapego al derecho que el convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT) e incluso dijo que el proceso se encuentra detenido por la inconformidad manifiesta de algunos ciudadanos.
“En Unión Hidalgo todavía no se aplica la consulta, las secretarías de Energía y del Medio Ambiente solicitaron a la CDI el apoyo técnico pero con la manifestación ciudadana tiene que analizarse la viabilidad de hacerla o esperar un tiempo, pero ello es decisión de los pobladores”, dijo.
Informó que son nueve los procedimientos para concretar consultas en algunas comunidades de la entidad, de las cuales el 90% se dirigen a temas electorales.
El funcionario aseguró que autoridades comunitarias o municipales están oblilgadas a convocar a la consulta, «no hacerlo es incurrir en una omisión que puede ser denunciada por la población».
“Son las autoridades quienes, bajo sus procedimientos tradicionales realizan todo el ejercicio, lo que hace la CDI es brindar todo el apoyo técnico para que lo puedan realizar, las instituciones tienen como única obligación apoyar técnica, metodológica y operativamente a las comunidades, pero son estas las únicas que bajos sus procedimientos tradiciones pueden realizar la consulta”, explicó.
l acuerdo incluye a México, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam, con la ausencia de Estados Unidos y con la presencia de la aun presidenta chilena, Michelle Bachelet.
La firma se da en medio de la incertidumbre internacional luego que hace algunos días el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que impondría aranceles a las importaciones de acero y aluminio, abriendo la opción de que se genere una guerra comercial.
El nuevo Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), que se firmó el 8 de marzo, eliminó 20 disposiciones del texto anterior, la mayoría relacionadas con patentes medicinales, propiedad intelectual y derechos de autor en el ámbito digital que impuso Estados Unidos y que habían generado un fuerte rechazo en la sociedad civil.
El TPP11, anteriormente conocido como TPP (siglas en inglés de Acuerdo de Cooperación Transpacífico) y rebautizado tras la salida de EEUU, establece también estándares en materia de derechos laborales, responsabilidad social empresarial, ambiente, políticas de género, pequeñas y medianas empresas, grupos minoritarios e indígenas, entre otros ámbitos.
Por inestabilidad social, incertidumbre jurídica y cobros desproporcionados de los derechos municipales, la región del Istmo de Tehuantepec empieza a perder su atractivo para los desarrolladores de energías renovables, advirtió el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee), Leopoldo Rodríguez Olivé.
Cuando escalan los problemas, como los cobros desproporcionados por derechos que reclaman las autoridades de los cinco municipios del Istmo donde operan los parques eólicos, entonces se convierten en “fuente de preocupación y de dudas” por parte de los inversionistas, que con el nuevo esquema del mercado eléctrico —a través de subastas— están buscando otras regiones del país que sean más competitivas, añadió Rodríguez Olivé.
En la región sur de Oaxaca operan 24 parques eólicos en los municipios de Juchitán, Asunción Ixtaltpec, Unión Hidalgo, El Espinal y Santo Domingo Ingenio. Con una inversión de 4 mil 500 millones de dólares, la región produce 2 mil 300 megawats de electricidad a través de los vientos en la zona, considerados los mejores del país.
Los inversionistas canadienses siguen confiando en México, siguen invirtiendo y seguirán comprometidos con el estado mexicano de Zacatecas, afirmó hoy aquí el secretario de Economía de la entidad, Carlos Bárcena Pous.
Tras participar en el panel “Oportunidades de inversión”, en el marco del Mexico Mining Day que se realiza en la Feria Minera PDAC de Toronto, Bárcena dijo que la expectativa para este año en el sector es buena, “mejor de la que hubiéramos esperado”.
Zacatecas es el segundo estado con mayor producción minera del país y tiene un 79 por ciento de su superficie disponible para la exploración. De sus 17 compañías mineras 12 son canadienses, de las cuales seis están operando.
La minería es el principal motor de la economía del estado, con 17.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad.
El estado cuenta con nueve parques industriales, un clúster minero y fue catalogado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Citó el caso de Goldcorp que ya terminó su planta de lixiviación de Piritas; la empresa Fresnillo PLC que trae un proyecto nuevo que ya empezó a funcionar, y Santa Cruz Mining que viene con un gran proyecto en Vetagrande, Zacatecas.
Bárcena expresó que la relación con las empresas canadienses ha sido muy buena, pero de todas formas “venimos a estrechar vínculos con ellos”.
Respecto a las medidas que toma el gobierno del estado para vigilar el buen comportamiento de las mineras canadienses, el funcionario dijo que las empresas que se quieren listar en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) hay una parte dedicada a la responsabilidad social global.
El funcionario señaló que es necesario hacer un trabajo más coordinado entre empresas y gobierno para garantizar un compromiso social con las comunidades.
Pese a la resistencia de los pueblos de Oaxaca en contra de la extracción minera en sus territorios, el gobierno estatal se ha dado a la tarea de anunciar recientemente la llegada de nueva inversión al estado, así como el otorgamiento de más concesiones a estas empresas. Además, debido a la riqueza en metales y minerales del subsuelo oaxaqueño, el ejecutivo estatal se encuentra promocionando a la entidad como un candidato para la inversión minera canadiense.
En el marco de la Feria Internacional Minera PDAC 2018, realizada en Toronto, Canadá, se lleva a cabo el México Mining Day, a donde asistió el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, para hablar de Oaxaca como un lugar con potencial para ser explotado. El titular del Ejecutivo estatal aseguró ante los inversionistas mineros canadienses, que Oaxaca es una de las entidades más seguras de México y calificó a Canadá como un buen ejemplo del sector minero, agregando que México es productivo y competitivo.
Con 173 mineras y más de 800 proyectos en México, Canadá es el principal inversionista extranjero en el sector minero mexicano, el cual a la fecha ha registrado 17 por ciento de aumento en exploraciones. A este evento también asistió el gobernador del estado de Chihuahua, estado donde cinco de las 14 mineras que operan son canadienses. México se encuentra entre los 10 principales productores de 16 minerales y una de las principales ventajas para la inversión extranjera es que sólo 30 por ciento de su territorio ha sido explorado.
“No van a ver a las mujeres en las calles gritando, no verán a las mujeres en la carretera haciendo marchas; nosotras estamos haciendo tlayudas, porque aquí en Teitipac somos las mujeres quienes trabajamos más, pero nosotras somos conscientes”, refiere Lorena García, mujer ícono de la lucha contra la empresa minera Plata Real y que en 2013 fue expulsada de la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac. Para las mujeres de esta población, ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca, el territorio, es la vida, es una madre cariñosa: porque de ella nace el maíz y brota el agua para sus tlayudas, el principal sustento alimenticio y económico de la comunidad, dejando a un lado las remesas. Cuando en 2013 se comenzó a divulgar que la empresa minera estaba contaminando el agua de la comunidad, las ventas de sus tlayudas en los mercados empezaron a bajar. “y eso nos hizo enojar a las mujeres y nos organizamos para correr a la empresa minera”, cuenta Lorena y abunda “le preguntamos a las autoridades sobre la situación, y pues… nosotras al ver tanta problemática generada por la minería y que los hombres estaban tardando en solucionarlo, (porque en un principio eran ellos quienes tomaban las decisiones en las asambleas comunitarias) decidimos entrar a fortalecer la resistencia, las mujeres hicimos marchas, asambleas y protestas”.
Para fortalecer los procesos de defensa del territorio a través intercambio de puntos de vista y saberes tradicionales, del 13 al 15 de marzo de 2018, comunidades cercanas al río verde Río Verde, ubicadas en la Costa chica de Oaxaca, llevarán a cabo la Jornada de Diálogos Interculturales por el Territorio. Este evento se enmarca en el Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, que se celebra cada 14 de marzo. El plan de actividades de este foro contempla la presentación de dos reglamentos ejidales a fin de establecer un dialogo al interior de las comunidades participantes, que serán comentados por el escritor y abogado de origen mixteco Francisco López Bárcenas. Cabe destacar que estos foros se debatirá en torno a los sistemas normativos y su importancia como herramienta para la defensa del territorio. Y es que desde 2006, las poblaciones aledañas al Río Verde iniciaron un proceso de organización regional territorial que aglutina a Pueblos y Comunidades en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para enfrentar el Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina, se trata de una central hidroeléctrica con una cortina de 155 metros de altura y cuyo embalse inundaría 3 mil 320 hectáreas de los pueblos, afectando a 17 mil habitantes dedicados a la pesca y la agricultura.
En los últimos 30 años, México pasó de la prohibición al paulatino apogeo de la producción y comercialización legal de productos transgénicos en gran parte de su territorio, refiere el informe Treinta años de transgénicos en México, realizado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM).
La expansión del cultivo de transgénicos ha sido tan evidente que, entre 2005 y 2017, sólo la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Tabasco permanecieron como territorios “libres” del cultivo experimental y comercial de este tipo de productos. Sin embargo, existen casos documentados del uso ilegal de transgénicos en estos lugares y en toda la República mexicana.
finales del año pasado, por ejemplo, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) reveló que a pesar de que en México está prohibida la siembra y distribución de maíz transgénico, el 91.3 por ciento de los productos industriales de maíz contienen algún producto genéticamente modificado –inclusive en aquellos etiquetados como “artesanales” o “libres de transgénicos”–.
Pese al aumento, hasta 2016, México tenía 100 mil hectáreas de cultivo de productos transgénicos, refieren datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de la Agrobiotecnología (ISAAA, por sus siglas en inglés).
Considerando la cercanía e influencia entre nuestra nación y Estados Unidos, que es el país que más produce transgénicos -tiene 72.9 millones de hectáreas de siembra de estos alimentos-, México produce pocos OGM’s.
Las empresas que aterricen en Oaxaca para invertir en la Zona Económica Especial (ZEE) del Istmo de Tehuantepec tienen que ser amigables con el medio ambiente, de lo contrario en lugar de desarrollo traerá problemas y conflictos en las comunidades, sostuvo la doctora Flor Brow Grossman.
Durante su intervención en el séptimo Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económica-Administrativa 2018, la especialista en economía planteó a los gobiernos estatal y federal, así como a la población cuidar que grandes firmas no se establezcan en comunidades indígenas, bajo el pretexto de inversiones millonarias.
“Una de las consecuencias que puede ocurrir es que pueden desplazar a las comunidades, dañando su modus vivendi y en consecuencia al medio ambiente porque pueden ser instaladas en reservas naturales o ríos”.
La especialista consideró que no puede ni habrá un desarrollo y avances si no se cuida esta parte.
“El problema es que se tiene que consultar a las comunidades para enterarlas de los proyectos, si están de acuerdo y cómo podrán contribuir con ellas, es decir, apoyarse mutuamente. No se pueden establecer e ignorar a los habitantes de las localidades”.
Urge hacer realidad que cada peso que paguen las empresas mineras por la explotación de los recursos naturales, 20 por ciento se quede en la federación, 30 por ciento en los estados y el 50 por ciento en los municipios, destacó Carlos Guzmán Gardeazábal, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación CANACINTRA
De manera legal, existe esta obligación de las empresas de traducir su intervención también en beneficios de los municipios, porque se tiene la paradoja de empresas poderosas en municipios pobres que no ven el reflejo en eses territorio municipal de esta inversión tan importante.
La creación del Corredor Industrial Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec que conectará el litoral del Pacífico con el Golfo de México, es parte de la estrategia para un progreso integral de los oaxaqueños.
Aunado a ello, el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el Estado de Oaxaca, debe apuntalar la visión integral de desarrollo que ha planeado la Federación para el sureste mexicano, en especial para Oaxaca.
(Retomado de EL Imparcial 2 de Marzo de 2018)