Zapotecos de diversas comunidades del Valle de Oaxaca realizaron este martes una protesta frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para denunciar la indolencia gubernamental frente al avance de los proyectos mineros que atentan contra sus campos agrícolas.
Los manifestantes exigieron una audiencia con el delegado de la dependencia, Tomás Víctor Gonzáles Ilescas, para que no autorice un solo Estudio de Impacto Ambiental o Informes Preventivos tendientes a la exploración o explotación del proyecto minero San José, en virtud de que la empresa Fortuna Silver opera en total impunidad.
Además pidieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que a la brevedad se constituya en el sitio para constatar las afectaciones producidas al ambiente por el proyecto minero San José y las actividades de exploración realizadas en sus límites ejidales.
Y a la Secretaría de Economía le exigieron la cancelación de las concesiones mineras otorgadas a las empresas Compañía Minera Cuzcatlán SA de CV, Minera Aurea SA de CV, Compañía Minera y Metalúrgica Ejutla SA de CV, y Compañía Minera Plata Real SA de CV, que cubren una superficie de 49376.3501 hectáreas.
Por lo pronto, los zapotecos advirtieron a la empresa minera Fortuna Silver que no permitirán “ningún trabajo de exploración o explotación minera en nuestros ejidos y comunidades. Aquí decimos sí a la vida, no a la minería”, subrayaron.
La empresa minera Fortuna Silver Mines (FSM), a través de su filial Cuzcatlán, realiza trabajos ilegales de exploración del proyecto minero “San José”, toda vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró no haber otorgado permisos para estas acciones.
Ayer, comisariados de bienes ejidales de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista y Cerro de las Huertas, así como integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) y el Comité de Defensa de Magdalena Ocotlán contra la Minería, exigieron un alto a los trabajos de la empresa y advirtieron que no permitirán esa explotación.
A través de una manifestación en las oficinas de la Semarnat, el grupo de antiminas logró ser atendido por el delegado de la Semarnat, Tomás González Illescas, a quien con fecha 1 de diciembre de 2016 le habían girado un escrito en el que denunciaban la realización de trabajos por parte de Fortuna Silver Mines, y exigían que se negara la autorización del Informe Preventivo con número 20OA2016MD086 debido a las afectaciones ocasionadas a la comunidades.
Molestos que a 2 meses de interponer denuncias formales, no hay respuesta ni de SEMARNAT ni de Profepa, comunidades y ejidos de Ocotlán y de Ejutla tomaron hoy simbólicamente las oficinas de Semarnat, Delegación Oaxaca. Exigenque las autoridades correspondientes atiendan las afectaciones causadas por el proyecto minero “San José”, ya que Fortuna Silver opera en total impunidad: “Denunciamos que dos meses después de presentar dicho escrito, no hemos recibido ninguna respuesta por parte de esta autoridad, nosotras y nosotros advertimos a la SEMARNAT que el hecho de permitir estudios de esta magnitud, profundizará las afectaciones hacia nuestro territorio en la región, principalmente afectaciones a los mantos acuíferos y al agua que utilizamos para nuestra siembra y consumo humano”, señalan en su comunidado de prensa. Por su parte, el delegado de la SEMARNAT, Tomás Víctor Gonzáles Ilescas, admitió hoy que la minera Fortuna Silver Mines esta solicitando un permiso para la presa de jales seco, pero manifestó que “estos no contaminan nada, solo son residuos sólidos”.
Cerca de 110 proyectos de infraestructura en el país se encuentran en riesgo por conflictos sociales; de éstos, al menos 54 son del sector energético y 31 son producto de la reforma energética, de acuerdo con una investigación de El Economista.
En los últimos cinco años, los estados en los que se han presentado más conflictos sociales por la realización de proyectos de energía son Oaxaca, con 14, seguido de Puebla, con ocho, y Veracruz y Quintana Roo, con cuatro cada uno. Las razones más importantes de los conflictos han sido la falta de consulta a las comunidades y los posibles impactos ambientales.
La falta de normatividad secundaria en la reforma energética para realizar las Evaluaciones de Impacto Social (Evis) y la falta de una Ley de Consulta Indígena han generado un vacío legal aprovechado por diversas organizaciones para frenar proyectos, poniendo en riesgo la efectividad de la reforma.
La investigación realizada tomó como base las consultas públicas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a cada proyecto, así como los informes presentados por las organizaciones civiles que se verían afectadas en caso de que se realice.
La presencia de maquinaria de trituración tipo industrial en la cabecera municipal de Ciudad Ixtepec causó la alerta entre los habitantes, quienes la fotografiaron y denunciaron su presencia a través de las redes sociales.
De inmediato se organizó una comisión del Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, para alcanzar a la maquinaria y a una camioneta con hombres vestidos de naranja que los acompañaban a la altura del puente de Cheguigo, de acuerdo con el relato del propio Comité.
Emiten alerta
Exigieron a los operadores de la maquinaria que informaran el motivo de su presencia, por lo que éstos respondieron que se trataba de un contrato realizado con un particular para triturar piedras y convertirlas en grava, y posteriormente llevarlas a una zona de la autopista donde estaban reparando un camino.
Tras verificar que la versión era cierta, los miembros del Comité permitieron continuar con los trabajos a la empresa.
A través de una carta a la población, convocaron a las personas a continuar alertas ante la presencia de maquinaria o personas extrañas a la población ante el rumor de una agencia de seguridad privada “ASI” rondando los cerros concesionados por el gobierno federal.
Reunidos en Santa Rosa de Lima en el marco del taller “La Defensa de los Derechos Humanos frente a Proyectos de Despojo”, autoridades municipales, agrarias, representantes de organizaciones, hombres y mujeres de municipios, comunidades y pueblos de la Sierra Sur y Costa, reflexionaron sobre “las amenazas y problemáticas de nuestros territorios, sobre la grave situación económica que atraviesa el país, así como la violencia que azota nuestras comunidades”. En su pronunciamiento, reiteraron que “desde hace varios años en la región se han realizado esfuerzos por proteger y cuidar el Río Verde, uno de los pocos ríos vivos en México, nuestros pueblos se han organizado y han establecido acuerdos y alianzas a lo largo y ancho del camino de las aguas, desde la montaña hasta la costa”. Hoy reafirman ese compromiso: “Nos pronunciamos contra todo proyecto de muerte que nos quiera ser impuesto, hoy nos pronunciamos porque no sigamos pagando el costo del gasolinazo, fruto de las reformas energéticas, hoy condenamos todas las formas de violencia y discriminación en la frontera norte y sur, condenamos también la violencia generada por la ausencia de justicia, de la desigualdad económica donde unos pocos tienen mucho”.
Este martes, desde las 07:00 horas, ejidatarios del polígono Cinco Palmas de Santo Domingo Ingenio, se plantaron frente al acceso principal del complejo eólico para exigir la entrega de apoyos para los campesinos.
Alma Santiago informó que los dueños de las tierras donde se construyó el parque eólico Cinco Palmas, propiedad de la empresa Eléctrica de Francia (EDF), exigen el pago de recursos por concepto de un bono de 30 mil pesos para cada campesino.
Se trata -dijo- de 80 ejidatarios que también exigen que una parte de los recursos que la empresa eólica otorga al municipio para la ejecución de obras sociales, se destine para la rehabilitación de poco más de 20 kilómetros de canales de riego que están en malas condiciones.
Ante la crisis por sequía por la que atraviesa el campo istmeño, señaló que es importante utilizar esos recursos para la rehabilitación de los canales de riego, pues es la base de la alimentación de los campesinos.
“Estamos exigiendo que sean unos 300 mil pesos para poder medio limpiar los canales de riego que se encuentran en muy mal estado, porque para rehabilitarlos en su totalidad se necesitan millones de pesos”.
Reunidos en Santa Rosa de Lima en el marco del taller “La Defensa de los Derechos Humanos frente a Proyectos de Despojo”, autoridades municipales, agrarias, representantes de organizaciones, hombres y mujeres de municipios, comunidades y pueblos de la Sierra Sur y Costa, reflexionaron sobre “las amenazas y problemáticas de nuestros territorios, sobre la grave situación económica que atraviesa el país, así como la violencia que azota nuestras comunidades”. En su pronunciamiento, reiteraron que “desde hace varios años en la región se han realizado esfuerzos por proteger y cuidar el Río Verde, uno de los pocos ríos vivos en México, nuestros pueblos se han organizado y han establecido acuerdos y alianzas a lo largo y ancho del camino de las aguas, desde la montaña hasta la costa”. Hoy reafirman ese compromiso: “Nos pronunciamos contra todo proyecto de muerte que nos quiera ser impuesto, hoy nos pronunciamos porque no sigamos pagando el costo del gasolinazo, fruto de las reformas energéticas, hoy condenamos todas las formas de violencia y discriminación en la frontera norte y sur, condenamos también la violencia generada por la ausencia de justicia, de la desigualdad económica donde unos pocos tienen mucho”
Mixtecos, chatinos y negros de la costa de Oaxaca repudiaron los proyectos de “muerte y despojo” que se pretenden imponer en sus territorios, por lo que ratificaron su compromiso de defenderlos, informó el Consejo de Pueblos Unidos en la Defensa del Río Verde (Copudever).
Durante una congregación de los pueblos indígenas en la entidad, los asistentes gritaron consignas como “¡Ríos para la vida, no para la muerte!” y “¡No a la presa Paso de la Reina!” para recordar su propósito con su tierras, principalmente el de proteger el río Verde, “uno de los pocos ríos vivos en México”.
Once comunidades indígenas y ocho organizaciones también se pronunciaron contra los megaproyectos en sus tierras, y “por que no sigamos pagando el costo del gasolinazo, fruto de las reformas energéticas”. Además, condenaron todas las formas de violencia y discriminación en la frontera norte y sur, así como la violencia que la ausencia de justicia y de la desigualdad económica genera en favor de sólo “unos pocos -que- tienen mucho”.
Los pueblos de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca se reunieron en la comunidad de Santa Rosa de Lima en Tututepec para reflexionar sobre las problemáticas y amenazas que enfrentan en sus territorios, la grave situación económica del país y la violencia de la que son víctimas por el simple hecho de ser indígenas.
Para autoridades municipales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) y partidos políticos, Oaxaca es una tierra rica en minerales, pero con el riesgo de ser explotada por empresas transnacionales.
Al respecto, el presidente de las 16 comunidades del Valle de Ocotlán de Morelos Oaxaca, Ángel Ruiz Méndez advirtió sobre el crecimiento de la minera Fortuna Silver, la cual ha afectado los mantos acuíferos de la región.
Recordó que la comunidad de San José del Progreso desde hace años mantienen una lucha desigual para defender el agua de su comunidad.
Urgió a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), responder por esas empresas, “nuestros productos siempre han sido limpios y queremos una explicación”.
Destaco que desde hace once años vienen defendiendo sus tierras, en el 2005 sufrieron de escasez de agua, sin embargo de la CONAGUA no obtuvieron ayuda y fueron ellos quienes recuperaron sus recursos.
Integrantes del Comité Indígena Pro Defensa de la Tierra y Territorio del municipio de Unión Hidalgo, denunciaron la opacidad con la que se conducen las autoridades Federal y Estatal, al ocultar información sobre la llegada de nuevos proyectos eólicos al estado, y principalmente a la región del Istmo de Tehuantepec.
Los integrantes de esta organización, refirieron que solicitaron al Instituto de Acceso de Información Pública y Protección de Datos de Oaxaca y al Instituto Nacional de Acceso a la Información, datos sobre las obras eólicas que, aseguran, el Gobierno del Estado pretende instalar en ese municipio, sin embargo., los organismos les negaron la información.
Romel Matus, uno de los integrantes del Comité indígena pro defensa de la tierra y territorio dijo que es urgente que la autoridad municipal que encabeza Wilson Sánchez Chévez transparente la información, toda vez que la comunidad sabe de la próxima instalación de dos parques eólicos, por ello solicitaron que se cumpla el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y realicen una consulta indígena con todas y todos los actores sociales.
“Nos hemos enterado que están pidiendo credenciales de elector justificando proyectos sociales y posteriormente los ocuparan para avalar la consulta indígena, cosa que no vamos a permitir, por eso exhortamos a la Secretaria de Medio Ambiente de Oaxaca y a la Secretaria de Energía a nivel federal que no violenten los lineamientos, informen con transparencia lo que hemos solicitado ante sus autoridades y se realice una consulta indígena libre, previa e informada y culturalmente adecuada.
Denunció que la llegada de empresas eólicas extranjeras a Oaxaca representa el contubernio de los gobiernos locales y federal, para dar preferencia a la inversión foránea, sin que los recursos que se generen se queden en el estado y el país.
En el año 2011 en esta localidad zapoteca, la empresa eólica Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) instaló el parque eólico Piedra Larga, dos años más tarde, en 2013, construyó el segundo Parque Eólico, ambos agrupan 120 turbinas, que producen 227.5 MW; en ese entonces no hubo consulta indígena y tampoco se ha reflejado una obra de gran impacto para la comunidad que reúne a más de 10 mil habitantes.
El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, aseveró que hasta el momento, se han identificado 118 posibles proyectos de inversión en cinco estados, que implicarán una derrama económica cercana a los 7 mil millones de dólares.
Al reunirse con integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el ex líder empresarial agregó que esas potenciales inversiones podrían generar hasta 10 mil empleos directos, en un plazo de aproximadamente dos años.
Expuso que de esas probables inversiones, al menos 24 ya están en proceso y se concretarán en los próximos meses.
“Son 118 posibles proyectos de inversión para las primeras tres zonas económicas en cinco estados, de las cuales 24 ya están en fase avanzada de negociación: cinco en Puerto Chiapas, seis en Coatzacoalcos, cinco en Salina Cruz, cuatro en Lázaro Cárdenas y cuatro en Yucatán, por un promedio más o menos en los próximos dos años, porque esto tiene lógica de construcción de dos años, de más de siete mil millones de dólares”, refrendó
“Con cercanos a los 10 mil empleos directos en estas regiones, este es un factor fundamental el de 10 mil empleos directos, se te va primero como a dos o tres a uno en empleos indirectos, más el beneficio que tienen las regiones y las familias. Esto es lo que tenemos hasta el día de hoy, obviamente esto se va a ir sumando”, insistió.
El jefe de cooperación de la Unión Europea, Juan Garay, consideró que pareciera que en México se antepone el beneficio económico de las mineras por encima de la supervivencia de las comunidades, en este caso, las zapotecas de los valles de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla, que luchan por el agua.
Al participar como invitado especial en la consulta indígena donde proponen que se levante el decreto de veda de 1967 en la micro-región que las 16 comunidades denominan Xnizaa (Nuestra Agua), que prohíbe a los campesinos el alumbramiento del agua del subsuelo para el cultivo de sus hortalizas, calificó este hecho como un ejercicio de gobernanza.
“Está claro que la minería es una actividad industrial estratégica y necesaria para el desarrollo de México pero debe estar muy bien regulada en el daño medio ambiental y, sobre todo, en uso de un recurso básico como el agua”.
Sin embargo, señaló que hay un desequilibrio porque limitan a unas comunidades de las necesidades más básicas que empiezan con la alimentación y la supervivencia.
El jefe de cooperación de la Unión Europea, Juan Garay, consideró que pareciera que en México se antepone el beneficio económico de las mineras por encima de la supervivencia de las comunidades, en este caso, las zapotecas de los valles de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla, que luchan por el agua.
Al participar como invitado especial en la consulta indígena donde proponen que se levante el decreto de veda de 1967 en la micro-región que las 16 comunidades denominan Xnizaa (Nuestra Agua), que prohíbe a los campesinos el alumbramiento del agua del subsuelo para el cultivo de sus hortalizas, calificó este hecho como un ejercicio de gobernanza.
“Está claro que la minería es una actividad industrial estratégica y necesaria para el desarrollo de México pero debe estar muy bien regulada en el daño medio ambiental y, sobre todo, en uso de un recurso básico como el agua”.
Sin embargo, señaló que hay un desequilibrio porque limitan a unas comunidades de las necesidades más básicas que empiezan con la alimentación y la supervivencia.
Los inversionistas que lleven sus negocios a las Zonas Económicas Especiales (ZEE) anunciadas por el gobierno federal el año pasado recibirán una condonación del 100 por ciento en el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante los primeros diez años y de 50 por ciento durante los siguientes cinco, con el fin de fomentar sus actividades productivas.
Así lo aseguró este viernes el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, quien agregó que las empresas instaladas en éstas áreas también recibirán un 50 por ciento de descuento en el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante los primeros diez años, y de 25 por ciento en los siguientes cinco.
Además, comenzarán a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta que abandonen la ZEE y y contarán con un régimen aduanero diferenciado que les permitirá importar mercancías e insumos para su producción con un impuesto especial, que todavía no se ha anunciado.
El funcionario realizó estos anuncios durante un encuentro con la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO), donde agregó que las ZEE representan una gran oportunidad para terminar con el rezago histórico de algunas regiones del país.
Las primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE), deberán comenzar a operar el próximo año siendo Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas los primeros estados en tenerlas.
A la fecha existen 118 proyectos de inversión en las Zonas Económicas Especiales, conocidas como ZEEs las cuales tienen objetivo impulsar el crecimiento sostenible en las regiones del país.
De este total, 24 están en fase avanzada de negociación e implican una inversión de 7 millones 100 mil dólares, informó Gerardo Gutiérrez Candiani, Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).
Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas serían algunos de los estados que se beneficiarían por estas inversiones, pues en estos se contempla el desarrollo de ZEEs.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decretó la exención al 100 por ciento en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante 10 años a las empresas y personas físicas con actividad empresarial que inviertan en las Zonas Económicas Especiales (ZEE), así como créditos fiscales del 50 por ciento en el pago de las cuotas patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el mismo lapso.
Durante la instalación de la Comisión de Zonas Económicas Especiales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), celebrada en Michoacán el titular de la dependencia, José Antonio Meade Kuribreña, informó que a los inversionistas también se les brindará un tratamiento especial en lo referente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) similar al que reciben las operaciones de comercio exterior.
Precisó que después de los primeros 10 años, el incentivo en el pago del ISR será del 50 por ciento durante los siguientes cinco años y de 25 por ciento en el caso de las cuotas al IMSS. Dichos incentivos fiscales aplicarán a las tres Zonas Económicas Especiales que se desarrollan en el país: Lázaro Cárdenas, Michoacán –Guerrero; Salina Cruz, Oaxaca-Coatzacoalcos, Veracruz y Puerto Chiapas, Chiapas.
Meade Kuribreña destacó que las empresas también contarán con un régimen aduanero específico que incluye reducciones en las cuotas de derechos y exención de impuestos al comercio exterior por la introducción de mercancías a las ZEE, entre otros aspectos.
Ante los mandatarios de Oaxaca, Yucatán, Puebla, Michoacán y Morelos, el funcionario dijo que los estímulos son resultado de una labor de equipo en la que participan, entre otros: el Fondo Nacional de Infraestructura, las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, así como Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (Afdzee), Gerardo Gutiérrez Candiani señaló que los gobiernos locales contribuirán con estímulos en materia de los impuestos predial y sobre nómina, traslado de dominio, adquisición de bienes inmuebles, hospedaje y compras de gobierno.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, presidió la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), en la que fue definida la operación de estas regiones económicas para 2017 y 2018.
En su carácter de presidente de la Comisión, el responsable de las finanzas públicas del país convocó a las 13 secretarías de Estado y a dos organismos del Gobierno de la República que participan en este esquema, a sumarse a un esfuerzo integral de política pública para la puesta en marcha de las ZEE.
En el encuentro, Meade Kuribreña instruyó al jefe de la Autoridad Federal de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, a trabajar con todos los niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto para concretar las acciones que permitan que en 2018 inicie la operación de las primeras ZEE.
Por su parte, Gutiérrez Candiani informó que como resultado del diálogo, la colaboración y la coordinación interinstitucional, se concretó la firma de ocho cartas de intención para la declaratoria de las Zonas Económicas.
Dio a conocer, además, que se promulgaron seis leyes estatales de Zonas Económicas Especiales y se instalaron mesas de trabajo que permiten facilitar la coordinación entre los gobiernos estatales y municipales. Adicionalmente, se informó sobre el avance en los estudios de pre factibilidad para las primeras ZEE.
Miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA), en una mesa abierta en la explanada del templo de Santo domingo de Guzmán, informaron que presentaron una propuesta a la Conagua para el uso, disfrute y administración comunitaria del agua.
La propuesta demanda que se reconozcan los derechos territoriales y el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades zapotecas de los Valles Centrales para tener la facultad de elaborar y emitir las normas que regulen el uso y disfrute del vital líquido que se encuentra en el subsuelo.
También reiteraron su demanda de que se levante el decreto de veda de 1967 en la microrregión que abarca 16 comunidades en el valle de Ocotlán.
Como un “enemigo político depredador”, calificó el escritor e investigador oaxaqueño Víctor Leonel Juan Martínez, los proyectos neoliberales emprendidos por éste y los anteriores gobiernos federales, que han puesto a disposición de inversionistas extranjeros vastos territorios, ricos en recursos naturales, propiedad de los pueblos indígenas.
Planes como las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que en el caso de Oaxaca entrarán en vigor este año, llevan implícito el objetivo de exterminar el capital cultural y el patrimonio intangible de las comunidades, sostuvo el también exconsejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), tras la presentación de su libro “Multiculturalidad, derechos humanos y ciudadanía en México. Tensiones en el ejercicio de la autonomía indígena”.
Los pueblos originarios, agregó, son el último “reducto” de la resistencia social frente al sistema neoliberal u otras amenazas externas como la que implica el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; no obstante, lamentó que las comunidades lleguen a estas batallas “en las peores condiciones normativas, culturales y económicas”.
A 100 años de la Constitución Mexicana, indígenas zapotecos de 16 comunidades de los Valles de Ocotlán, Ejutla y Zimatlán exigen que sus derechos como pueblos originarios, su derecho a la vida y su derecho al agua, sean respetados.
Al iniciar la fase de la Consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas zapotecas para modificación del Decreto de Veda de 1967 que prohíbe a los campesinos el alumbramiento del agua del subsuelo para el cultivo de sus hortalizas, las autoridades municipales y agrarias calificaron de histórico este encuentro por la vida.
Aunque la consulta fue desdeñada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, y de la titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) de Oaxaca, Sofía Castro Ríos, estuvo a punto de ser cancelada por la ausencia de funcionarios de Sagarpa y Semarnat que “desprecian al pueblo y pisotean al indígena”.
Ante maás de 300 representantes de 16 comunidades zapotecas, el presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua(COPUDA), Ángel Ruiz Méndez, inauguró la asamblea con el acuerdo de realizarla bajo protesta por las ausencias de la Sagarpa y Semarnat.
Indígenas zapotecos de 16 comunidades del valle de Ocotlán y Zimatlán serán consultados para la modificación del decreto de veda de 1967, el cual prohíbe a los campesinos el uso del agua del subsuelo para el cultivo de sus hortalizas, mientras que a las empresas mineras les permiten explotar y contaminar los mantos acuíferos. Así lo dio a conocer el presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), Ángel Ruiz Méndez, quien agregó que la 4ta etapa de la consulta indígena consulta indígena se iniciará este miércoles 8 en el municipio de Santiago Apóstol.
El presidente de las 16 comunidades de Valle de Ocotlán y Zimatlán, dijo que la Conagua “nos dejó abandonados, sólo llegaron para imponer multas de los excedentes a los campesinos”. Destacó que se encuentran en un momento histórico del ejercicio de los derechos colectivos de las comunidades y pueblos, “pues nunca como ahora, se había concretado un proceso de consulta como el que ahora nos ocupa”, dijo. A su vez, Wilfrido López Martínez, presidente del consejo de vigilancia de San Pedro Mártir, considera que su lucha es justa porque defienden sus derechos y, en respuesta, “el gobierno, la ley, nos humillan, nos pisotean nuestros derechos. No es posible que se nos dé un trato así siendo que somos pueblos indígenas y por el contrario se apoya a otras empresas de otros países”.
Ángel Ruiz Méndez de la comunidad de Santiago Apóstol, presidente de las 16 comunidades del Valle de Ocotlán de Morelos Oaxaca, quién desde hace once años mantienen una lucha para defender el agua de su comunidad, afirmó que su mayor preocupación es la contaminación que puedan tener sus reservas con la llegada de una empresa minera a San José del Progreso.
Por ello, pidió a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), responder por esas empresas. “Nuestros productos siempre han sido limpios, piden una explicación”, dijo.
Recordó que en el año 2000 CONAGUA les envió invitaciones para tener concesiones del suelo y poder hacer pozos para obtener agua más nunca pensaron el porqué de esa concesión.
Por ello se pusieron a investigar descubriendo que en Valles Centrales les prohibían el uso del agua con una veda.
Informó que según el decreto era para conservarla para futuras generaciones, en su información que les dan no llegan a convencerlos porque como campesinos saben muy bien cómo trabajan los pozos.
Subrayó que la sequía del 2005 logro que muchos campesinos dejaran de trabajar el campo y emigraran, los mantos acuíferos fueron recuperados por su propia mano y esfuerzo.
La presidenta municipal dijo que los próximos proyectos eólicos que lleguen serán sometidos a análisis y discusión mediante consulta indígena
La alcaldesa de Juchitán, Gloria Sánchez López, dio a conocer que en los 30 días que lleva de gestión, ninguna de las empresas eólicas localizadas en el municipio ha cumplido con el pago de derechos por licencia de funcionamiento según la Ley de Ingresos del municipio.
En Juchitán están instalados 12 de los 23 parques eólicos de Oaxaca, los restantes están ubicados en otras localidades de la región del Istmo de Tehuantepec y son operados por empresas como Iberdrola, Acciona, Gas Fenosa Natural y Gamesa.
Según investigadores, en esa zona del Istmo de Tehuantepec está el mejor viento de Latinoamérica y cuenta con un total de mil 608 aerogeneradores, con una inversión total de 4 mil 318 millones de dólares que generan 2 mil 300 mega watts y próximamente se espera la llegada de ocho proyectos eólicos más para esta zona de Oaxaca.
La alcaldesa Sánchez López dijo que es una obligación en el pago impuestos que han omitido desde la administración pasada que encabezó Saúl Vicente Vásquez.
En función de la coyuntura que ha creado la declaratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su intención de construir un muro en la frontera con México y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), causaron extrañeza las palabras de un integrante del Gobierno de Canadá: «Amamos a nuestros amigos mexicanos. Pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después».
Esas declaraciones se podrían aplicar a la actividad minera que algunas empresas canadienses realizan en territorio mexicano. En particular, esas compañías aman el oro y demás minerales que se extraen de la tercera parte de México, que quedó repartido como un pastel a partir del año 2000. Así, el 70 % de las concesiones mineras de ese país México están en manos extranjeras, de las cuales un 74 % se encuentran controladas por compañías canadienses.
Cuando una firma canadiense de ese sector —ya sea Goldcorp, New Gold, Yamana Gold, Torex Gold Resources o Metallica Resources— se asienta en un lugar, provoca enfermedades, desplazamiento de población, corrupción y aumento del crimen organizado, explica a RT Miguel Ángel Mijangos, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
La población de México comenzó a conocer estas consecuencias en la década de los 90, con la instalación de una mina a cielo abierto en el cerro de San Pedro (San Luis Potosí). A pesar de que el pueblo ganó más de 20 juicios contra una subsidiaria de New Gold-Minera San Xavier, la firma nunca detuvo su actividad. Hoy en día, ese pueblo está vacío y padece una gran contaminación ambiental. El cerro, presente en el escudo de armas del estado de San Luis Potosí, prácticamente desapareció.