El dirigente indígena Jhery Rivera fue asesinado en Potrero Grande de Buenos Aires de Térraba, en la comunidad de Mano de Tigre, por terratenientes durante un ataque en tierras ancestrales recuperadas, denunció la Federación Ecologista Costarricense (FECON). La Cruz Roja informó del fallecimiento de Jhery Rivera, de 45 años, quien presentaba un impacto de bala. Por su parte, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), denunció “la violencia racista que ha perpetrado un nuevo asesinato” y exige al Estado/Gobierno de Costa Rica “que actúe como corresponde y haga cumplir las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos”. Desde el domingo 23 de febrero grupos de terratenientes “llegaron a Térraba a intimidar y a agredir a personas indígenas de las 4 nuevas recuperaciones territoriales. Estas 13 familias recuperantes han sido testigos del racismo, dieron Alerta Temprana informando que los usurpadores actúan por xenofobia a los Pueblos Indígenas y han sido testigos de estrategias premeditadas de los No Indígenas para perpetrar actos de despojo y violencia amparados por la inoperancia estatal”, afrima FRENAPI. Cabe recordar que en marzo 2019 fue asesinado el dirigente indígena Sergio Rojas de la Comunidad bribri en Salitre.
El ejido de Tenextepango, en Ayala, Morelos, logró una nueva suspensión de plano de la termoeléctrica de Huexca, para proteger el caudal de mil 158 litros por segundo del río Cuautla, que se suma a otras suspensiones logradas por al menos tres ejidos más en ese municipio, lo que acumula los recursos que mantienen a la planta productora de energía sin operar. En conferencia de prensa, ejidatarios informaron que el pasado 18 de febrero el juez sexto de distrito del estado de Morelos decretó la suspensión de plano para efecto de que “no se altere, modifique, desvíe y/o cambie el rumbo de las aguas del río Cuautla, con el objeto de que sigan alimentando los canales de riego que pasan por el ejido inconforme, los cuales dotan al mismo de mil ciento cincuenta y ocho litros de agua por segundo”. Juan Carlos Flores Solís, asesor legal e integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y el Aire Morelos, Tlaxcala y Puebla, detalló que la medida otorgada por el juez implica la suspensión de cualquier tipo de acción u obra que pueda afectar al ejido hasta que concluya todo el proceso del amparo que consiste presentación de pruebas, resolución del amparo y revisión. “Calculamos que se llevara todo el proceso entre cuatro o cinco años y esto podría detener el Proyecto Integral Morelos (PIM)”, sentenció el abogado.
Pueblos, comunidades, organizaciones, sindicatos y colectivos se constituyeron el 22 de febrero en la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, para convenir acuerdos y lograr consensos de lucha en defensa de manera pacífica de la madre tierra, de sus culturas y de sus formas de organización propias. Representantes de unas 50 comunidades y 20 organizaciones civiles y sociales integraron a esta asamblea estatal que formó parte de las Jornada de lucha “Samir Somos Todas y Todos”. “La visión de desarrollo del capitalismo neoliberal, es totalmente opuesta a nuestra forma de vida, porque nos impone saqueo, despojo, miseria, destrucción y muerte”, afirmó la comunera de San Pablo Cuatro Venados Petra Miguel Vásquez.
Denunciaron los megaproyectos, especialmente el Corredor Interoceánico, que convertirá el Istmo “en una gigantesca zona que no solo será de transporte de mercancía global, sino productora de materia prima, con grandes parques de maquiladoras para explotar la mano de obra de nuestros Pueblos y nuestros hermanos migrantes”. A partir del reconocimiento de la Asamblea Comunitaria como pilar fundamental de los Pueblos de Oaxaca, esta Asamblea Oaxaqueña se declara en sesión permanente, impulsará asambleas regionales, organizará una segunda asamblea estatal el 22 de julio y prepara una Movilización Estatal Masiva el día 12 de octubre del año 2020, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular.
La constitución de la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, formó parte de las Jornadas de lucha «Samir Somos Todas y Todos», convocadas por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al conmemorarse un año del asesinato del activista morelense, Samir Flores Soberanes. Tambien, lo honoró con un mural, altar, y bloqueo en Oaxaca.
Ejidatarios de San Pedro Totolápam, adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción Similares y Conexos, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), rechazaron la invasión de territorios ajenos a su comunidad, como parte del proyecto minero que ahí desarrolla la empresa Don David Gold S.A. de C.V. Los sindicalizados negaron que los trabajos afecten a otras comunidades cercanas, como lo manifestaron los habitantes de San Pedro Quiatoni. Defendieron los trabajos de la empresa extranjera debido a la creación de empleos directos e indirectos que se generan.
Los ejidatarios de San Pedro Totolápam afirmaron que el proyecto de minería se desarrolla de forma exclusiva en su territorio ejidal y autónomo. Además, indicaron que desde el inicio de los trabajos se han mantenido vigilantes de que la empresa Don David Gold S.A. de C.V. respete los límites, las disposiciones legales ambientales y las disposiciones ejidales, municipales, estatales y federales a fin de mantener el orden social.
Sin embargo, los inconformes de la población vecina de San Pedro Quiatoni, advierte trabajos subterráneos que llegan hasta su comunidad, lo cual fue evidenciado ante la intención de la empresa de abrir “respiraderos” para la mina en su territorio comunal, el cual lo han declarado “Zona protegida” contra ese tipo de proyectos.
El Juzgado Primero de Distrito en el Estado concedió la suspensión de plano a la comunidad zapoteca de San Pedro Quiatoni en el juicio de amparo presentado para que la compañía Don David Gold, subsidiaria de la empresa minera estadounidense Gold Resource Corp (GRC), y dos empresas canadienses cancelen sus trabajos de explotación de la mina El Águila en su territorio, por la violación de sus derechos durante la entrega de 10 concesiones en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el expediente 178/2020, el Comisariado y el Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales, así como el Comité Pro-Defensa del Territorio de esa municipalidad de la región de los Valles Centrales, recurrieron a ese medio de control de la constitucionalidad, porque la Secretaría de Economía quebrantó sus derechos a la tierra y el territorio, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, así como a un medio ambiente sano. Toda vez que otorgaron las asignaciones mineras en el 2013 sin haber respetado el derecho al territorio, ni el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. La resolución implica que Don David Gold, Minerales El Prado (subsidiaria de Chesapeake Gold Corp., Vancouver) y Desarrollos Mineros San Luis (subsidiaria de Goldcorp, Vancouver) no podrán continuar sus trabajos para excavar, barrenar, abrir túneles y explotar los recursos minerales en la superficie y subsuelo de tierra propiedad de San Pedro Quiatoni. Pues, si bien la boca de la mina se encuentra en territorio de San José de Gracia, perteneciente al municipio colindante de San Pedro Totolapan, las tres empresas han perforado en territorio de San Pedro Quiatoni para la construcción de innumerables túneles.
En las montañas de Santa María Yaviche, región Xhidza, se realizó un foro para analizar la situación actual que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas en torno al ejercicio de sus derechos colectivos, especialmente su derecho al territorio. En el “Foro sobre la realidad de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y alternativas de defensa”, una decena de comunidades y organizaciones sociales acompañantes exigieron a los gobiernos federal y estatal “se abstengan en presionar e intentar imponer proyectos en la región zapoteca de la Sierra Juárez y Región Mixe”. Las autoridades e integrantes del Consejo Estatal de Derechos Indígenas de Oaxaca (CEDIO), y Servicios del Pueblo Mixe A. C., reflexionaron e intercambiaron “nuestros pensamientos y palabras para encontrar caminos para defendernos ante los proyectos extractivistas que amenazan a nuestros bienes naturales, que violentan nuestra forma de vida comunitaria y la profunda relación con la madre tierra y el territorio”. Específicamente exigieron la cancelación de megaproyectos en sus territorios., y a las autoridades educativas “que retomen planteamientos que respondan a las necesidades de las comunidades indígenas, para la defensa de los territorios y nuestros sistemas normativos y generen un pensamiento crítico comunitario”.
Habitantes de San Pedro Quiatoni, encabezados por su autoridad comunal, con una marcha que partió del mercado de las Flores con destino al zócalo, han declarado “Zona Protegida” sus terrenos Comunales, iniciando así su lucha en contra de la contaminación que la minera Don David Gold S.A. de C.V. ha provocado desde su ingreso. Dicha mina, denunciaron, está depredando sus recursos naturales metalúrgicos, de manera subterránea, ya que, si bien, la entrada de la mina se encuentra en San José de Gracia, las excavaciones y trabajos, es decir la mina, llega hasta San Pedro Quiatoni pero por debajo de la tierra. La empresa canadiense Don David Gold fue beneficiada con 7 de los 10 concesiones que están en su territorio, y acaban 11 mil 623.06 hectareas.
Hecho que quedó al descubierto cuando los trabajadores de la mina han buscado hacer “respiraderos” para la mina pero en territorio de San Pedro Quiatoni, sin informar de manera clara la razón de las mismas. Pero la contaminación provocada por el trabajo de está mina ya han cobrado sus primeros daños, cómo lo podemos ver en el río de San Pedro, el cual pasó de ser el lugar se reunión y espaciamiento de los habitantes, para convertirse en un río de desechos mineros, qué día a día huele más y va acabando con la vida silvestre, lo que indudablemente lleva a la muerte de cada especie en contacto con el río, lo que también ha afectado a habitantes de municipios que viven a lo largo de su trayecto. Cabe recordar que Don David Gold, subsidiaria de la empresa minera estadounidense Gold Resource Corp (GRC), operó durante años sin licencia ambiental única (LAU) o licencia de funcionamiento, además de incumplir con la normatividad ambiental.
Luis Camargo, Director País de Compañía Minera Cuzcatlán subsidiaria de Fortuna Silver Mines participó en el panel “Licencia para operar: responsabilidad social y acceso a la tierra” en el Mexico Mining Forum 2020, organizado por Mexico Business.
Durante su participación dijo, “ Nuestro reto principal es romper paradigmas que todavía existe, el sentir o la idea que la mina es una cosa antigua que se hace de manera rudimental donde no se cuide el medio ambiente, donde no se cuida la sociedad, donde no respeta las leyes. Es un paradigma que nosotros estamos buscando eliminar. Es diferente trabajar en Sonora donde está establecido para el sector minera de en Oaxaca. Para atacar eso, estamos invirtiendo mucho en la comunicación. Realizamos guías a la mina, y tenemos una política de puerta abierta. Desde el año pasado, cambió nuestras prácticas de comunicación, somos más activos en los redes sociales. ….tener armonía que nunca llegará los conflictos.
Camargo también habló del papel de mujeres en la empresa, actualmente, Compañía Minera Cuzcatlán tiene más de 13 por ciento de mujeres en su fuerza laboral. Uno de los proyectos en que han participado son talleres para emprendedores donde producen los uniformes de los mineros localmente en San José.
Cabe mencionar que el foro fue el mismo día de la conferencia de prensa donde el Frente anunció que SEMARNAT negó la MIA II del Cuzcatlán, no hubo ningun menciona de eso públicamente de la empresa.
Comunidades zapotecas y campesinas del Frente NO a la Minería, llamaron una conferencia de prensa para compartir que la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) le negó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en un proyecto de “ampliación” y extender la mina de 2019 hasta 2029. Uno de los grandes motivos por la negación fue que SEMARNAT descubrió que Minera Cuzcatlán elaboró 81 obras sin permiso.
Las comunidades calificaron las obras como “grave desacato” de la empresa minera, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, que viola la legislación y reglamentos ambientales. Además reiteraron que la mina no cuenta con su consentimiento.
“Lejos de generar empleos y promover el desarrollo económico en Oaxaca, la empresa minera ha generado violencia, ha asesinado a nuestros compañeros defensores y sigue contaminando nuestros territorios y medio ambiente de manera impune”, sostuvieron. Por eso, el Frente No a la Mineria exigieron la cancelación de todas las concesiones mineras de Valles Centrales, Oaxaca.
En la evaluación que hizo SEMARNAT halló que las obras que conforman el proyecto “ya han sido construidas y actualmente la mayoría se encuentra en operación”. La negación del MIA también se debía a que el proyecto debía presentar un MIA Regional por tratarse de impactos acumulativos, sinérgicos y residuales.
Junto a organizaciones, las comunidades San José del Progreso, San Pablo Güilá, San Nicolás Yaxe, San Matías Chilazoa, Santa Ana Zegache, Magdalena Ocotlán, El Vergel, Los Ocotes, San Martín de los Cansecos, San Dionisio Ocotepec, Monte del Toro, Santa Catarina Minas, celebraron el resolutivo y saludaron el fallo judicial que canceló las concesiones mineras en Calpulálpam.
Autoridades comunales del municipio de Capulálpam de Mendez informaron que un Juez Federal ordenó la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas sin previa consulta a su comunidad indígena. En una conferencia de prensa el 11 de febrero, detallaron que en febrero del año 2015 el municipio de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda de Amparo ante el otorgamiento de concesiones a mineras que fueron otorgadas a la minera canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera La Natividad y Anexas, así como otros particulares.
Con la concesión se permitía la exploración y explotación de oro, plata y otros minerales, sin previa consulta a la comunidad indígena agraria como lo prevé el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OTI). Por ello Capulálpam de Méndez solicitó la cancelación de las concesiones, tras cinco años de litigio el Juez Tercero de Distrito del Estado de Oaxaca.
Sentencia que reconoce la ancestralidad indígena de Capulálpam de Méndez y por ende su propiedad y posesión de sus tierras que ocupa desde su época prehispánica. La sentencia establece que Capulálpam fue fundado antes de que se formará el actual Estado Mexicano, por ello tiene derecho a la protección de la justicia federal, en consecuencia se cancelaron todas las concesiones mineras otorgadas.
El gobierno y la empresa denunciaron la decisión durante el tribunal, defendiendo el validez de los concreciones.
Autoridades, habitantes y organizaciones sociales conformaron el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca, con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a mineras extranjeras para la explotación de la tierra en la Mixteca de Oaxaca y el estado de Puebla.
Los integrantes de este Frente indicaron que el 1 de febrero se desarrolló la segunda asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales, a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos, población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca, misma que tuvo como sede Santiago Chazumba. Las asambleas nacieron por una preocupación de las concesiones mineras en la región, aunque algunas surgieron desde el sexenio de Felipe Calderón actualmente las comunidades están dando cuentas del contexto regional de las concesiones.
Dijeron que entre los proyectos mineros que piden que se eliminen son: Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atxala de la concesión minera Newmont Mining Corporation en Cerro Colorado, Tehuacán, Puebla; así como el Parque Eólico Miahuatlán, Puebla; Fumigación de nubes con yoduro de plata en el Valle de Tehuacán y la región Mixteca de Oaxaca; la concesión minera de SIMEX que abarca Zapotitlán, Caltepec y Santiago Chazumba, así como la concesión minera Arco Resources Corporation en Silacayoápam, San Marcos Arteaga y Ayuquililla.
El 8 de marzo, van a tener un Foro Regional contra las Mineras y los Megaproyectos y convocan otras comunidades, defensores/as, activistas, y académicos.
Activistas de Santo Domingo Zanatepec y defensores que forman parte de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT) alertaron sobre la posible privatización del agua en este municipio para beneficiar la actividad minera a través del programa “Más Oaxaca” que impulsa el gobierno municipal en contubernio con el gobierno de Oaxaca y el Banco Mundial. Explicaron que a principio de este 2020 detectaron que una maquinaria propiedad de la empresa Trituradora Soconusco S. A. de C. V. comenzó a realizar labores en el manantial que abastece de agua a la comunidad sin que hubiera información o consulta al pueblo pero sí con el aval de la alcaldesa, Adelma Núñez Gerónimo (emanada del PRI), por lo que pidieron parar todo tipo de obra porque no había información al respecto. “Nosotros suponemos que se trata de la privatización del agua para beneficiar a la actividad minera por eso estamos alertando y nos oponemos a que coloquen medidores en nuestras casas y nos controlen por medio de los metros cúbicos que usemos, eso no es justo, porque seguramente el resto del agua del manantial será para beneficiar la actividad minera a la que también nos oponemos porque consideramos daña la vida ecológica y humana”, dijeron. Señalaron que al detener la obra, fue entonces que la alcaldesa junto con el coordinador regional del programa “MAS OAXACA”, Edgardo Martínez Villalobos comenzaron a realizar reuniones de información. Dijeron que han comenzado a crear comités y frentes para la defensa del agua, porque “sabemos que es el preludio de que la minería está en puerta”. Cabe recordar que hace un año, Zanatepec se declaró municipio libre de minería. El pasado 3 de febrero, comuneros y ciudadanos organizaron una marcha en protesta contra este proyecto no consultado.
.El cuerpo de Homero Gómez, entusiasta defensor del bosque y la mariposa monarca, en el municipio de Ocampo, Michoacán se encontró 29 de enero, dos semanas después de que se reportó su desaparición. Gómez González, quien hace 25 años denunciaba la tala clandestina de bosques de pino y de oyamel, lugar a donde llegan a invernar las mariposas Monarca, fue enterrado el viernes pasado. El día después, el primero de febrero, otra muerte prendió las luces de alarma sobre la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca: Raúl Hernández Romero —guía de turistas en el ejido El Rosario y que desde el 27 de enero había sido reportado como desaparecido— también se encontró muerto con visibles huellas de violencia. Hasta ahora, la fiscalía del estado de Michoacán no ha terminado las investigaciones sobre estos decesos, pero a ejidatarios y ambientalistas les preocupa que intereses de taladores clandestinos y de aguacateros busquen controlar los bosques que forman parte de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, emblema de la cooperación ambiental en América del Norte. Las muertes de Gómez y Hernández recuerdan que México es considerado uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente.
Se estima que, anualmente, en Michoacán se pierden 20 mil hectáreas por cambio de uso de suelo ilegal, incendios forestales, plagas y enfermedades. En los últimos 30 años, Michoacán ha perdido la mitad de sus bosques por el aguacate. La ley en Michoacán no permite el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola, por lo que la mayoría de las huertas de aguacate son ilegales. Los pobladores talan grandes extensiones de bosque y lo queman para después poder sembrar las plantas. Estas huertas clandestinas se expanden principalmente en zonas boscosas y reservas naturales, como la biosfera de la mariposa monarca, en el oriente de Michoacán.
Un día después que SEMARNAT negó la MIA II de Cuzcatlan por su proyecto San José, gobernador Murat tuvo una reunión con Jorge Ganoza, presidente de Fortuna Silver Mines y Luiz Camargo, Director País de Compañía Minera Cuzcatlán. Publicó una foto en su twitter con la frase, “Me reúno con Jorge Ganoza, presidente de Fortuna Silver Mines; esta empresa brinda fuentes de empleos para las y los oaxaqueños. Seguiremos estrechando lazos de cooperación por el bien del estado.”
Cabe mencionar que las comunidades tardan semanas a veces meses para conseguir una reunión con miembros del gobierno y eso ocurrió entre un día. Aunque no está pública de que hablaron, el mensaje de Murat muestra claro la colaboración y apoyo la empresa tiene del gobierno estatal en Oaxaca en su proyecto minero.