Juchitán de Zaragoza, Oax.- Este viernes, representantes de la empresa eólica de origen Italiano Enel Green Power cerraron toda posibilidad de concretar una importante inversión para la instalación de una serie de aerogeneradores en terrenos que se ubican en los límites de Juchitán y Santa María Xadani, precisamente en el paraje denominado IGÚ.
Los propietarios de los terrenos explicaron que desde hace seis años firmaron un contrato de apartado con dicha empresa como parte de un ambicioso proyecto de generación de energía a través de la fuerza del viento que naturalmente se genera en aquella zona, sin embargo, desde hace unas semanas los empresarios citaron a los dueños de las tierras para confirmarles la decisión de cancelar la instalación de los aerogeneradores.
Cabe destacar que la empresa Enel Green Power ha sido la encargada de ejecutar otros parques eólicos en la región del Istmo, el más reciente inaugurado en marzo de este año en terrenos de La Mata, agencia municipal de Asunción Ixtaltepec donde el Presidente de México, Enrique Peña Nieto y el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, encabezaron la inauguración de la Central Eólica Sureste 1 Fase II, en el ejido Aguascalientes “La Mata”, la cual requirió una inversión cercana a los 160 millones de dólares, para suministrar energía eléctrica durante 20 años como proveedor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La empresa Desarrollos Eólicos de México S.A. de C.V. empezó a otorgar la cancelación de los contratos a la comunidad agraria de Unión Hidalgo, confirmó el coordinador del área de Justicia Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Juan Antonio López Cruz.
Sin embargo, López Cruz consideró que es una acción tramposa de la empresa Desarrollos Eólicos de México, filial de la compañía española Renovalia Energy, porque se da en vísperas de la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, y la visita que realizará un Grupo de trabajo de la ONU por la crisis de los derechos humanos en el país como resultado de las reformas estructurales.
Adelantó que la demanda agraria de los posesionarios de Unión Hidalgocontinuará para que sea el Tribunal Agrario de Tuxtepec el que emita la sentencia de nulidad de los 24 contratos firmados mediante engaños para la instalación de un parque eólico en esa comunidad del Istmo de Tehuantepec.
En la etapa final del juicio y en vísperas de la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, la empresa Desarrollos Eólicos de México SA empezó a otorgar la cancelación de los contratos a la comunidad agraria de Unión Hidalgo, confirmó el coordinador del área de Justicia Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Juan Antonio López Cruz.
Sin embargo, consideró que se trata de una acción tramposa de la empresa Desarrollos Eólicos de México, filial de la compañía española Renovalia Energy, debido a que la acción se da en vísperas de la sentencia agraria y la visita que realizará un Grupo de Trabajo de la ONU por la crisis de los derechos humanos en el país como resultado de las llamadas “reformas estructurales”.
También adelantó que la demanda agraria de los posesionarios de Unión Hidalgo continuará para que sea el Tribunal Agrario de Tuxtepec el que emita la sentencia de nulidad de los 24 contratos firmados mediante engaños para la instalación de un parque eólico en esa comunidad del Istmo de Tehuantepec.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos visitará México del 29 de agosto al 7 de septiembre próximos con el propósito de observar que el gobierno mexicano y las empresas (eólicas, mineras o hidroeléctricas) cumplan con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos. En la primera visita oficial del Grupo de Trabajo, sostendrán reuniones en la Ciudad de México y en los Estados de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora, en donde existe resistencia a polémicos megaproyectos energéticos. En Oaxaca, se presentarán a esta representación de la ONU los casos de las comunidades de Unión Hidalgo y de Juchitán afectados por la implementación de parques eólicos, así como de comunidades afectados por proyectos mineros e hidroeléctricos. El experto en derechos humanos Pavel Sulyanziga, quien actualmente encabeza el Grupo de Trabajo, manifestó desde Ginebra, Suiza, que su visita pretende examinar los esfuerzos del gobierno de Enrique Peña Nieto y las empresas para prevenir y abordar los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos.
Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), Ángela Hernández Sibaja, informó al Jefe del Poder Ejecutivo Estatal, que un ejemplo de este crecimiento minero se puede advertir en el desarrollo de las unidades mineras de San José del Progreso y San José de Gracia, ubicadas en la región de los Valles Centrales, las cuales tienen una capacidad de producción conjunta de 3,500 toneladas de molienda de metales preciosos.
En su oportunidad, el Gobernador Gabino Cué Monteagudo expresó que a lo largo de su administración, la actividad minera en el estado de Oaxaca ha registrado un notable dinamismo durante los últimos cinco años al pasar del lugar 22 a la posición 8 a escala nacional en este sector, generando poco más de 11 mil empleos directos.
El Ejecutivo Estatal precisó que Oaxaca es uno de los cinco estados del país con mayores recursos minerales con posibilidades de explotación y rendimiento económico enmarcados en 14 regiones, de acuerdo con el tipo de mineralización que poseen, conteniendo 15 elementos de minerales metálicos y no metálicos.
Indicó que a lo largo de las ocho regiones existen más de 830 mil hectáreas concesionadas para el uso y explotación de la minería, a través de la operación de 23 empresas de origen canadiense y norteamericano, para la explotación de minerales de oro, plata, plomo, zinc y cobre.
El mandatario oaxaqueño expuso que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía y el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI, durante el periodo 2005-2013, en Oaxaca se registró un incremento del 149% en inversión de producción minera, al pasar de 4 mil 713 millones a más de 11 mil 728 millones de pesos.
Asimismo, el Producto Interno Bruto de Minería pasó de 302.75 millones de pesos en el año 2005 a 1 mil 745 millones de pesos en el año 2014.
Cabe señalar que durante los últimos cinco años, la inversión privada en el sector minero fue de 6 mil 382 millones de pesos.
En un reportaje sobre el Istmo de Tehuántepec, el periódico The New York Times describe la pobreza en La Ventosa: Por la noche, Juan Piñeda López escucha el zumbido de una turbina de viento que gira a 275 metros de su casa de adobe. A veces le llega el olor a lubricante que se derrama por el mástil del aerogenerador. Más allá de esos detalles, dijo Piñeda, el bosque de turbinas que en años recientes ha surgido en los llanos de esta parte del estado sureño de Oaxaca no afecta su vida cotidiana. He ahí el problema. Ocho años después de que México se comprometió a luchar contra el cambio climático quienes viven en comunidades indígenas pobres están divididos en cuanto a los beneficios de la revolución ecológica. El caso enfatiza la necesidad de equilibrar los deseos de energía limpia con las preocupaciones de quienes son dueños de los terrenos que la producen, dijo Beatriz Olivera, una ingeniera que durante varios años dirigió la campaña de cambio climático de Greenpeace México. Agregó: “Queremos energía eólica pero no a cualquier precio”. Carlos Tornel, un consultor de energía en Ciudad de México, dijo que la resistencia a los proyectos eólicos podría extenderse a otras regiones.
Comuneros en Defensa del Territorio y de la Comunidad de Ciudad Ixtepec acusaron al comisariado de bienes de Ciudad Ixtepec, German Rosado Valencia, -quién se encuentra impugnado-, de querer pactar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acuerdos para abastecer de energía eléctrica a proyectos mineros en la zona.
Lo acusaron de entregar al Registro Agrario Nacional (RAN) un acta falsa de Asamblea en la que afirma que los comuneros le otorgan “facultades generales para actos de dominio a fin de suscribir con Comisión Federal de Electricidad los contratos de Servidumbre Legal de Paso ante el Notario Público” y que la Comisión Federal de Electricidad determine, lo que significa que es la entrega de las tierras comunales de Ixtepec.
Según el acta falsa, los comuneros otorgan al Comisariado un poder general para firmar todo lo que CFE determine, en condiciones abusivas. Por tanto, CFE podría obtener gracias a esta acta las servidumbres de paso necesarias para suministrar electricidad al proyecto de minería a cielo abierto .
En esta localidad se pretende ubicar un proyecto minero que abarca una concesión de 8,150 hectáreas, denominada “lote NIZA”, con número de título 232089 fue otorgada por el Gobierno Federal a través de la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía en el año 2008 a la empresa Minera Plata Real, para extraer oro y plata de territorio ixtepecano por un periodo de 50 años.
La Cámara Minera de México (Camimex) informo que se tienen previstos 14 proyectos para la producción de oro en el país que se encuentran previstos haca el 2021, de la que se estima una inversión total de mil 900 millones de dólares. En este año se realizó una aportación de mil 425 millones de dólares para cinco proyectos entre ellos el de San José del Progreso, de Fortuna Silver en el estado de Oaxaca con un monto de 62 millones de dólares.
Señalan también que la producción nacional de oro creció a 14.4% en 2015 alcanzando un total de 4.3 millones de onzas, colocando al país entre los 8 principales productores del mundo.
Sin una consulta previa, libre e informada con los dueños ancestrales de las tierras y sin importar que afectará a la gran biodiversidad que caracteriza a Oaxaca, la Secretaría de Economía (SE) entregó 389 títulos de concesión minera entre enero de 2002 a junio de 2011, principalmente a compañías canadienses y estadunidenses, para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre, en una superficie de 742 mil 791.02 hectáreas, que equivale al 7.78 por ciento del territorio estatal.
Aunque a la SE no le importó que las concesiones otorgadas estén dentro de los bosques de la Sierra Norte, las selvas de los Chimalapas, en el destino de playa de Puerto Escondido e incluso, hasta en Santa María Huatulco, donde se localiza el desarrollo turístico sustentable y hasta un área natural protegida.
Estos títulos de concesión, distribuidas en las ocho regiones, pertenecen fundamentalmente a 13 empresas canadienses y dos estadounidenses, con vigencia hasta los años 2023, 2039, 2059, 2050 y 2062.
De estas, se han generado 33 proyectos mineros, pero solamente dos están en la etapa de explotación comercial. El primero, denominado El Águila de la empresa estadunidense Gold Resource Corp, localizado en San Pedro Totolapan, y el segundo, San José de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ubicado en San José del Progreso.
Fidel Heras Cruz, presidente del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER) advierte que los pueblos indígenas viven en una lucha constante por la defensa de su territorio contra el gobierno y contra empresas transnacionales por lo que consideró que en el marco del día internacional de Pueblos Indígenas “no hay nada que celebrar”. Asegura que la “lucha, la resistencia no la vamos a dejar: Yo escucho que la gente grande cuenta que alrededor de 50 años entrababa la Comisión Federal de Electricidad haciendo trabajos, hacer estudios, abrir brechas y nunca decían nada, no consultaron nada”. Sin embargo dijo, que fue hasta el 2007 cuando la gente se empezó a dar cuenta de este proyecto que contempla la construcción de una Hidroeléctrica para la generación de energía. En ese año también en las comunidades el gobierno intervino con programas para delimitar las tierras y que cada quien fuera propietario, sin embargo según el presidente de este consejo de pueblos esto solo venía a perjudicar. Igualmente empezaron a meter la maquinaria para iniciar el proyecto sin ninguna autorización ni consulta previa con toda la violación a los tratados internacionales, pero fue cuando gente pidió información “dijeron que iban sobre el proyecto, pero a los pobladores no les convenció”.
Autoridades Municiaples y Agrarias de las comunidades que integran la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidadp y defensa del agua (COPUDA), el Frente de Autoridades Municipales y Agrarias por el cuidado y defensa del territorio del Valle de Oaxaca, (FAMA) y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., informaron sobre los retos que enfrentan ante la Tercera Fase o deliberativa del Proceso de Consulta en los Valles Centrales sobre la modificación del Decreto de veda de agua de 1967, esto, mediante una conferencia de prensa ofrecida en la capital.
Explicaron que deliberarán con base a la información enviada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la cual exhortaron para que les envíe los datos del monitoria acuífero y el control de agentes contaminantes del agua, asimismo, para que al término de la Fase respecte lo acordado por los pueblos y con ello se construya una propuesta para la modificación del decreto.
La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) de los Valles Centrales de Oaxaca advirtió que las irregularidades cometidas por autoridades en el marco del proceso de consulta a las comunidades sobre la veda de la utilización del Acuífero Valles Centrales serán objeto de una queja en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el Tribunal que conoce el caso y organismos internacionales competentes, y podrían conducir a la suspensión del proceso.
La organización denunció que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) están violando los principios rectores de la consulta: ser libre, previa e informada; ser de buena fe; y de acomodo. Especialmente, integrantes de la coordinadora denunciaron que a través de los recibos de luz, las dependencias están llamando a renovar los títulos de concesión y asignación vencidos, que son objeto de la consulta.
Tras negar la entrada de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, A. C a las agencias de Chikava y Buena Vista en el municipio de Santiago Yosondúa en la región de la Mixteca, los comuneros ahora se enfrentan a una resolución del Tribunal Agrario que pretende despojarlos de dos mil 96 hectáreas de tierras y asignarlas a Santa María Yolotepec con quien mantienen un conflicto agrario desde hace años.
Grimoaldo Sánchez García, representante comunal de Chikava, indicó que con el apoyo de instancias legales interpusieron dos juicios de amparo (/1547/2014 y 1526/2014) ante el Poder Judicial en el que señalan las arbitrariedades que hizo el Tribunal Agrario al determinar de manera unilateral el despojo de las tierras comunales que desde años atrás les pertenecen.
Recordó que el Tribunal resolvió que el conflicto que sostenía Santiago Yosondúa con Santa María Yolotepec tendría que concluirse con la entrega de las tierras comunales de pobladores de las agencias de Chikava y Buena Vista.
Y es que tras interponer dos juicios de amparo el Poder Judicial determinó respetar la posesión ancestral de las tierras al señalar que “se estima que el acto reclamado consistente en la desocupación de tierras que poseen (Chikava y Buena Vista) resulta violatorio de sus derechos humanos”.
Sin embargo esto no fue tomado en cuenta por el Tribunal Agrario por lo que las autoridades comunales de ambas agencias han determinado esta decisión como una forma de venganza por parte de las autoridades al haberse negado a que sus tierras fueran investigadas para la explotación de minas por parte de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.