El Defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo durante la ponencia “Nuevos Horizonte para los Derechos Humanos” que tuvo lugar en la ceremonia por el XIX aniversario luctuoso de Nahum Carreño Vásquez advirtió que autoridades gubernamentales y empresas deben revisar y modificar sus mecanismos de actuación en relación con la explotación minera, la instalación de plantas para la generación de electricidad a partir de energía eólica y en la construcción de la presa Paso de la Reina, ya que los mecanismos empleados por empresas y permitidos por distintos niveles de gobierno ya generaron inconformidad y denuncias sobre la falta de consulta o la realización de consultas amañadas, en contravención de lo dispuesto por el marco internacional de los derechos humanos. Detalló que los principios de la ONU en esta materia se apoyan en tres pilares: el deber del Estado de proteger los derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, y la necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas.
El ombudsman aclaró que aún están por definirse las responsabilidades, como instrumentos vinculantes, para hacer efectivo y real el deber del Estado para proteger estos derechos. Expreso también que el incumplimiento de esa responsabilidad por parte de las empresas es considerado por la ONU como una falta que podría afectar la capacidad de los compañías para contratar y mantener a su personal, obtener permisos, inversiones, posibilidades de llevar a cabo nuevos proyectos o ventajas similares esenciales para el éxito y la sostenibilidad de una empresa, lo que les implicaría, en el largo plazo, un riesgo para sus propios intereses. El Defensor subrayó que la discusión sobre el tema es relevante en el Oaxaca de hoy, cuando la ejecución de diversos megaproyectos en el estado parece continuar en una lógica ajena a la progresión de los derechos humanos en el mundo.
En días pasados, se hizo pública la noticia sobre la contaminación ambiental producida por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi y la suspensión del suministro de agua a miles de personas del estado de Sonora.
Ante este hecho EDUCA expresa su preocupación ya que lo sucedido evidencia los beneficios legales, económicos y políticos con las que gozan dichas empresas, mismas que amparan violaciones sistemáticas a los derechos colectivos en todo el territorio nacional. En el estado de Oaxaca se vive una preocupación similar ya que no existe información por parte de las autoridades estatales y federales sobre los impactos producidos por esta actividad económica. En el estado se han otorgado hasta julio de 2014, trescientos treinta y tres títulos de concesiones mineras, encabezados por 40 proyectos mineros.
En los Valles Centrales de Oaxaca tan solo en el municipio de San José del Progreso la actividad minera ha generado denuncias por falta de agua a raíz de las actividades que realiza, así como contaminación de algunas fuentes de agua, estas problemáticas han derivado en enfrentamientos uno de ellos derivo en la muerte del activista Bernardo Méndez Vásquez por policías municipales y grupos armados. Estos hechos evidencian una violación sistemática a los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y rurales, donde el discurso del crecimiento económico y la generación de empleos queda vacío ante la negligencia, opacidad y omisión de las autoridades de promover y proteger los derechos de dichos pueblos en Oaxaca y en todo el territorio nacional.