Vecinos de las comunidades La Nueva Evangelista, San Juan, Maquixco, Palomar y Atlatongo denunciaron que las constantes explosiones que se realizan en la mina Temeyo a fin de extraer materiales pétreos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) han dañado viviendas y los tienen atemorizados.
Explicaron que la tarde del lunes ocurrió un estallido mucho más intenso, que cimbró la tierra y estrelló vidrios en varias casas.
“Estamos muy preocupados. Fue como la explosión de un tanque de gas muy cerca. Seguramente usaron más explosivos –dijo un vecino cuya vivienda resultó dañada–. Nosotros vivimos a un kilómetro de la mina y desde hace un mes hay explosiones a cada rato.”
Explicaron que desde septiembre de 2016 las empresas Estrella y Porvenir comenzaron a explotar la mina El Temeyo, en el cerro de Ocuila, localizado aproximadamente a seis kilómetros del centro de Teotihuacán. Sin embargo, en los seis meses recientes la explotación ha sido permanente.
Antes las explosiones eran cada siete días, en promedio; hoy son cada dos o tres días, pero seguidas. Están trabajando a marchas forzadas y quieren sacar todo el material cuanto antes. Ya hay más empresas trabajando. Las viviendas más cercanas se ubican a 200 metros de las minas y hay varias de ellas cuarteadas
, señaló el informante.
Recordaron que antes de empezar a explotar la mina, las empresas arrasaron con miles de árboles de palo dulce, biznagas, abrojos, nopaleras, magueyes y plantas de xoconostle. Además, desaparecieron zorros, liebres, conejos, ardillas, palomas, cenzontles, serpientes y codornices, entre otras especies.
“Ya han ya explotado 50 por ciento del cerro. Hemos acudido a las autoridades municipales, pero no quieren hacer nada porque reciben dinero de las empresas.
Queremos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las autoridades de Protección Civil actúen, porque corremos riesgo con las explosiones
, finalizó.
Rafael Huízar Álvarez, investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha advertido que las constructoras están destruyendo cerros que son centros ceremoniales, lo que además alterará las condiciones climáticas en esta región, que es de recarga de acuíferos.
Más del 50 por ciento de los principales municipios mineros de México tienen niveles de pobreza que rebasan el promedio nacional, y alrededor del 13 por ciento rebasa los límites de pobreza extrema, lo cual demuestra que el desarrollo que aporta esta industria es un mito, reveló el informe “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio” de la organización Fundar.
De acuerdo con el documento presentado hoy, bajo la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se incrementó la entrega del territorio mexicano a mineras y petroleras para la exploración y extracción de minerales e hidrocarburos, pasando incluso por encima de los ordenamientos ecológicos y derechos humanos.
De este análisis se desprende que el 54 por ciento de los principales municipios que han recibido recursos del Fondo Minero se sitúa en niveles por arriba de la línea de pobreza promedio a nivel nacional establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), mientras que el 29 por ciento está por encima de la línea de pobreza extrema promedio a nivel nacional.
La medición de pobreza del Coneval utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes.
Las personas pobres en México son aquellas que tienen una o más carencias sociales y tienen un ingreso mensual menor a los 2 mil 650.8 pesos al mes en el caso de las zonas urbanas y a mil 498.27 pesos en rurales.
Esto supone que, pese a la actividad minera histórica en los municipios analizados por Fundar, los niveles de pobreza siguen siendo críticos y que en poco más de la mitad de los municipios la situación de pobreza rebasa la línea promedio nacional.
Las personas pobres en México son aquellas que tienen una o más carencias sociales y tienen un ingreso mensual menor a los 2 mil 650.8 pesos al mes en el caso de las zonas urbanas y a mil 498.27 pesos en rurales.
Esto supone que, pese a la actividad minera histórica en los municipios analizados por Fundar, los niveles de pobreza siguen siendo críticos y que en poco más de la mitad de los municipios la situación de pobreza rebasa la línea promedio nacional.
La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, en México, obtuvo a inicios del mes de mayo la suspensión definitiva de la Consulta Indígena sobre el proyecto eólica Gunaa Sicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. –filial de la transnacional francesa EDF EN-, y la suspensión de la construcción y operación del parque eólico.
El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Oaxaca resolvió la suspensión por no existir condiciones naturales, dado el sismo ocurrido en septiembre de 2017 y los subsecuentes. También por no haber condiciones sociales por los conflictos internos que pudieran surgir en la propia comunidad por los próximos comicios electorales a nivel municipal, ya que esos aspectos podrían influir en el proceso de consulta.
Juan Antonio López, abogado y coordinador del Área Jurídica de ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), organización que asesora juridicamente a la comunidad de Unión Hidalgo, informa que la suspensión definitiva es una medida cautelar hasta que se dicte la sentencia final de los dos amparos solicitados por comuneros de Unión Hidalgo donde piden la cancelación de la consulta por falta de condiciones sociales, políticas y económicas, por el terremoto del 7 de septiembre.
“La suspensión que obtuvimos no significa que ya se haya logrado detener definitivamente el proyecto. Esta suspensión es definitiva y está vigente mientras se resuelva la sentencia del amparo, así que el juicio sigue su procedimiento”, explica el abogado de ProDESC.
La suspensión definitiva, por lo tanto, es una medida que se toma durante el litigio en la espera de que se resuelva el amparo. El objetivo de la medida es evitar que se violen los derechos humanos, mientras no se resuelve el amparo.
El diputado local del grupo mixto “Juntos por Veracruz”, Ernesto Cuevas Hernández, aseveró que si el proyecto minero Caballo Blanco se reactiva, lo único que se dejará a Veracruz es un ecocidio sin igual. Ante la amenaza de la empresa canadiense Candelaria Minning de solicitar pasadas las elecciones, el permiso para poder extraer oro en el cerro de La Paila, dijo que mientras los empresarios se llevarían el oro de Veracruz, posiblemente a Canadá u otra parte en el extranjero, y a la entidad sólo le dejarían daños al medio ambiente.
Por ello, se pronunció en contra de este proyecto que pretende una concesión inicial de 8 años para lograr extraer hasta 24 toneladas del mineral en la primera fase del proyecto. “Estoy en contra de que se lleve a cabo este proyecto porque es un ecocidio para la zona, lo más triste es que el oro se lo lleven los ricos y no se le quede nada a Veracruz”. Además, dijo que la justificación de la creación de empleos tampoco es válida porque si bien crearía algunas plazas, sería a costa del medio ambiente. Aceptó que el tema quedará en manos de la Federación, pero señaló que esta instancia debe recordar que el Gobierno se debe al pueblo y que si el pueblo no quiere este tipo de proyectos, no se deben aprobar. “No estoy de acuerdo en que el oro y la riqueza de Veracruz se la lleven para otros países. Debemos e conservar nuestra naturaleza, cuidarla, defenderla, y como diputado de la zona no estoy a favor de que se lleve a cabo este proyecto”.
Son dos los temas que frenan el impulso de la actividad inmobiliaria en Oaxaca: la condición de la tenencia de la tierra y la falta de cultura en este tema que provoca que la actividad profesional se menosprecie y mucha gente se exponga incluso a fraudes, dijo el coordinador regional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, José Millán Ramírez.
El especialista reconoció que la actividad se aletarga también debido a temas de inseguridad como sucede en todo el país, sin embargo, expuso, la venta de bienes inmuebles hace una importante aportación a la economía del país.
“A nivel nacional somos grandes aliados de la economía, específicamente en Oaxaca, la actividad inmobiliaria hace una aportación de más menos el 17% del Producto Interno Bruto, seguimos siendo una fuente generadora de ingresos importante para nuestro estado”, dijo.
Millán Ramírez, agregó que desafortunadamente en la entidad el 20% de la tenencia de la tierra es propiedad privada, en tanto el 80% restante es de tipo social, lo que dificulta la inversión pues ningún crédito califica para la compra de terrenos.
Pan American Silver Corp., de Canadá, anunció el lunes que reducirá las operaciones en una mina en el norte de México por razones de seguridad, y luego se relacionará con otras partes importantes por las condiciones de inseguridad en el país.
El presidente de la compañía, Michael Steinmann, dijo que sus empleados habían tenido percances peligrosos en los caminos de acceso a la mina, en una zona remota del estado de Chihuahua, una región plagada por bandas de narcotraficantes.
“Dados los recientes incidentes que han pasado a lo largo de los caminos de acceso, hemos decidido que lo prudente son los movimientos de personal desde y hacia la mina hasta que los caminos son seguros para nuestros empleados”, dijo Steinmann en un comunicado.
La compañía afirmó que las operaciones de apilamiento de mineral y procesamiento continúan en la mina a cielo abierto.
El Consejo Coordinador Empresarial de México dijo el lunes en un comunicado que la delincuencia y los actos de violencia han causado el cierre de las plantas de Pan American Silver y otras dos grandes compañías.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la libertad de expresión en México enfrenta ataques endémicos.
De acuerdo con la Relatoría, en México tanto periodistas como defensores de derechos humanos enfrentan una profunda crisis de seguridad.
A través de un comunicado, dicha relatoría condenó el asesinato del periodista Juan Carlos Huerta en Villahermosa, Tabasco, México y solicitó al gobierno mexicano que investigue el crimen con “debida diligencia” para esclarecer su posible relación con la actividad periodística del fallecido.
“Recordamos que la obligación de conducir la investigación con debida diligencia y agotar todas las líneas lógicas de indagación reviste especial relevancia en casos de violencia contra periodistas”
La relatoría insistió en la necesidad de crear tanto cuerpos como protocolos de investigación debido a que los crímenes perpetrados contra periodistas amedrentan el trabajo de otros y las denuncias ciudadanas contra los abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.
La Secretaría de Economía (SE) otorga permisos para proyectos de minería a cielo abierto por la generación de empleos que generan, Arcelio Sosa, comisionado de la dependencia federal a la supervisión de Candelaria Mining Corp para los trabajos mineros en el cerro La Paila.
En un recorrido en zonas bajas del cerro mencionado, ubicado en Palma Sola, municipio de Alto Lucero, el funcionario aseveró que el proyecto La Paila, antes conocido como Caballo Blanco, representaría una importante derrama económica para la zona.
«Estos proyectos son importantes para el gobierno federal, porque tienen que ver con la generación de empleo, con la derrama económica en la zona que se aplica».
El servidor público consideró que Veracruz no es un estado minero y, por ello, mucha gente se opone a los nuevos proyectos.
Por tal motivo, la Secretaría de Economía pidió a la empresa Candelaria Mining Corp que realice una campaña informativa en las comunidades cercanas al cerro La Paila.
«Se están pidiendo estos complementos de darle a conocer a la gente el proceso de la explotación de una mina, que es de total desconocimiento de la zona, entonces de ahí la misma comunidad a través de encuestas deberá dar su punto de vista, pues la necesidad de empleo sí es una importancia en la zona».
23 organizaciones sociales exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) “que las líneas de investigación” sobre el caso del defensor de derechos humanos y del territorio, Manuel Gaspar Rodríguez, “incluyan el posible vínculo de su asesinato y los intereses afectados de la Minera Autlány del presidente municipal de Cuetzalan, Óscar Paula Cruz”. Representantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, el Consejo Tiyat Tlali y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, entre otras, ofrecieron una rueda para medios en la que dieron a conocer un comunicado, en la que advirtieron que la compañía y el edil panista estarían agraviados “al detenerse proyectos como El Aretón, la Línea de Alta Tensión Cuetzañan entronque Teziutlán II Tajín y al cancelar la actividad del relleno sanitario intermunicipal de Cuetzalan”. Acusaron que las autoridades fueron omisas, pues aunque “se denunció el constante hostigamiento” en contra de Gaspar Rodríguez y su quehacer, el gobierno mexicano no atendió las exigencias de medidas cautelares y tampoco inició investigación alguna al respecto, por lo que incumplió con su obligación de proteger sus derechos humanos, especialmente tratándose de amenazas hacia un defensor de derechos humanos”. Indicaron que el caso del crimen ya está siendo presentado ante organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos.
Los más ancianos aun recuerdan la marca del dolor y enfermedad que la Compañía Minera de Oaxaca S.A., filial de la Texas Mining & Smelting Division of National Lead Co., dejó en Loma Reyes Almacén, San Juan Mixtepec, en la década de los 40. Por ello cuando a mediados de febrero la Compañía Nacional de Minerales y Metales, S. A. de C. V., llegó sin avisar a las autoridades municipal y agraria, sobre su presencia en el lugar para reiniciar la extracción del antimonio, este pueblo mixteco les dio un ultimátum para abandonar el lugar en un plazo de 15 días. Con el amparo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas que establece la autorización sujeta al proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado de la comunidad pese a la concesión otorgada por la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal. «No queremos la minería porque contamina el suelo, el agua, el medio ambiente. Esa, es la experiencia que se tiene de los años 40, que no dejó ningún beneficio económico al pueblo. Al contrario, muchas familias se quedaron desamparadas porque murieron bastantes trabajadores por enfermedad, cuando tenían entre 35 a 40 años”, explica Antonio Gómez Bautista, presidente municipal, además señala que el 29 de abril pasado, se acordó en asamblea comunal no permitir el ingreso a esa empresa ni a cualquier otra a explotar la mina.
El fin de semana pasado se realizó la fiesta de Tierra Caliente, un festival cultural de comunidades serranas que se encuentran a las orillas del Río Grande. Las actividades dieron inicio el día sábado en la comunidad de Capulálpam de Méndez donde fueron recibidos afectados de la región carbonífera de Coahuila, participando en la radio comunitaria y posteriormente en la proyección de documentales. El domingo la banda de música acompañaba el recorrido hacia «Agua Blanca», habitantes de Capulálpam así como autoridades municipales y comunales de los pueblos convocantes y organizaciones de la sociedad civil se enfilaron para hacer el recorrido místico-religioso. A la llegada a «Agua Blanca», el presidente Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam, C. Netzar Arreortua dio las palabras de bienvenida a todos los asistentes invitando a las comunidades serranas a reflexionar: “Comparto un dato muy importante: Hasta marzo 2018, solamente en el territorio de Capulálpam hay 13 concesiones mineras. Así en Ixtlán de Juárez hay una concesión minera que abarca más de 5 mil hectareas. Y lo mismo lo tiene San Miguel Amatlán, Santa Catarina Lachatao, los pueblos del Rincón, Los Cajonos, allí están las concesiones mineras. Por lo tanto no podemos permitir estas cosas. Hoy en día recibimos con mucho agrado los hermanos de Pasta de Conchos, Coahuila. En el 2006 quedaron sepultados 65 mineros. De estos 65 mineros, solamente rescataron 2 cuerpos, 63 siguen allí en el subsuelo, y nadie ha hecho nada. Los recibimos desde el día de ayer, y con mucho beneplacito ellos ven que es posible una lucha de resistencia contra la minería”.
Megastar Development ha firmado un Acuerdo de opción definitiva con Paradex Inc., una empresa privada de exploración minera de Arizona, EE. UU., y Minera Zalamera, una empresa privada de exploración minera de Chihuahua, para adquirir el 100% de los intereses no divididos en ciertas concesiones mineras conocido como el proyecto Rama de Oro ubicado en el estado de Oaxaca, México.
“Estamos muy entusiasmados de haber concluido este acuerdo”, dijo Dusan Berka, director ejecutivo de Megastar Development. “El proyecto ha estado en nuestro radar por un tiempo y trae consigo dos ingredientes importantes para la exploración en la etapa inicial; ubicación y experiencia. En el lugar, la propiedad se basa en la tendencia entre dos minas productoras; la mina Switchback, propiedad de Gold Resource Corp., al norte, y la mina San José, propiedad de Fortuna Silver Mines, al sur. Desde el punto de vista técnico, David Jones, geólogo con amplia experiencia y éxito en México, ha donado la propiedad después de haber sido parte de los hallazgos de varias minas que ahora producen. David también será una parte instrumental del equipo de exploración, lo que nos permitirá beneficiarnos de su comprensión histórica de la propiedad y su geología circundante “.
Megastar Development ha firmado un Acuerdo de opción definitiva con Paradex Inc., una empresa privada de exploración minera de Arizona, EE. UU., y Minera Zalamera, una empresa privada de exploración minera de Chihuahua, para adquirir el 100% de los intereses no divididos en ciertas concesiones mineras conocido como el proyecto Rama de Oro ubicado en el estado de Oaxaca, México.
“Estamos muy entusiasmados de haber concluido este acuerdo”, dijo Dusan Berka, director ejecutivo de Megastar Development. “El proyecto ha estado en nuestro radar por un tiempo y trae consigo dos ingredientes importantes para la exploración en la etapa inicial; ubicación y experiencia.
En el lugar, la propiedad se basa en la tendencia entre dos minas productoras; la mina Switchback, propiedad de Gold Resource Corp., al norte, y la mina San José, propiedad de Fortuna Silver Mines, al sur. Desde el punto de vista técnico, David Jones, geólogo con amplia experiencia y éxito en México, ha donado la propiedad después de haber sido parte de los hallazgos de varias minas que ahora producen. David también será una parte instrumental del equipo de exploración, lo que nos permitirá beneficiarnos de su comprensión histórica de la propiedad y su geología circundante “.
El proyecto se ubica al noroeste de los proyectos de pórfido y skarn de cobre y oro La Calavera y Cobre Grande en el este-centro de Oaxaca.
La llamada “consulta popular” supone interlocución con la población en general para incorporar sus aspiraciones en materia de desarrollo y planeación democrática. De ahí derivó la práctica de realizar foros temáticos dirigidos al público en general, sin mecanismos de seguimiento sobre los planteamientos presentados.
Se observa con preocupación que criterios similares fueron trasladados al congreso y a las políticas públicas respecto a consultar a pueblos indígenas como un procedimiento. Pomposamente le denominan “sistema” por organizar diversos foros, sin referencias a construir acuerdos con instancias representativas de los pueblos indígenas, previos a la autorización de proyectos que han de desarrollarse en las tierras y territorios que actualmente ocupan.
Uno de los principios básicos del derecho a la consulta previa es que se realice mediante la buena fe.
Lamentablemente este principio ético jurídico está ausente. De pronto los legisladores recordaron que tendrían que hacer como que consultaban antes de presentar un proyecto de ley y convirtieron cuatro iniciativas previas, inconsultas, en un texto formalmente presentado al que denominan Anteproyecto de Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas. ¿A quien pretenden engañar? Las iniciativas previas e inconsultas se pueden encontrar en las respectivas Gacetas Parlamentarias.
Peor aún, la primera de ellas, la llamada Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, del 4 agosto de 2003, fue aprobada en el Senado el 14 de diciembre de 2005 y enviada formalmente a la Cámara de Diputados. Las otras iniciativas formales y en proceso de dictamen son la Ley del Sistema de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, del 27 de abril de 2004; la Ley General del Sistema Nacional de Consulta Indígena, del 18 de septiembre de 2008, y la Ley Federal de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, del 25 de marzo de 2010.
Es obvio que estas iniciativas no son producto de ninguna consulta conforme a derecho ni conforme a la abundante y significativa jurisprudencia internacional de la oit o del Sistema Interamericano. Marcan el acento en el procedimiento de foros regionales abiertos. Algunos incluyen asambleas comunitarias, encuestas y entrevistas, la creación de organismos técnicos para procesarla o de instancias de coordinación bicamaral o en la propia CDI. (…)
Por todo ello, Un juez federal ha ordenado a los diputados de congresos locales a crear la Ley de Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena fe para los pueblos y comunidades indígenas. Ello debieron haberlo hecho desde hace 17 años, se indica en la resolución emitida el pasado 18 de mayo.
El amparo fue promovido por el abogado Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena, asociación que también logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara a las autoridades oaxaqueñas el saneamiento de los ríos Atoyac y Salado.
Ambas resoluciones, indica el jurista, son históricas, no solo a nivel estatal sino nacional.
Morales Sánchez representó a tres personas indígenas de la entidad, en un inicio ante el juez décimo primero de Oaxaca, por la omisión de las autoridades gubernamentales de no consultarnos para aterrizar – o no – proyectos mineros, ambientales o forestales en sus territorios. Y también sobre la falta de mecanismos legales para exigir la consulta.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que de enero de 2013 a marzo de 2018 realizó 461 visitas a las mineras que operan en Chiapas, cuatro de las cuales fueron clausuradas.
En un informe presentado este martes, el organismo sostuvo que, de las 461 visitas de inspección y verificación a empresas de competencia federal, en 261 se inició un procedimiento administrativo nuevo y en 200 se verificó el cumplimiento de las medidas correctivas establecidas en acuerdos y resoluciones.
Sobre los cuatro casos en los que se determinó la clausura como medida de seguridad, detalló que una fue parcial y tres totales; en 286 casos se detectaron anomalías menores, agregó, y en 171 de éstos no se encontraron irregularidades a la normativa.
De acuerdo con la Profepa, durante el período de tiempo señalado se realizaron 15 visitas a fuentes fijas de jurisdicción federal que generan o pueden generar emisiones contaminantes a la atmósfera, y 33 para verificar el seguimiento de la remediación de suelos contaminados.
Un derrumbe en la mina ubicada en el poblado de Santa María Coatlán, de dónde se extrae material pétreo para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) dejó un trabajador muerto y otro más lesionado, tras quedar sepultado el trascavo con el que laboraban.
Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves cuando un deslave ocurrió en la mina que explota la empresa Grupo Carso y de dónde se extrae basalto. El material cubrió el trascavo donde se encontraban dos trabajadores.
En el lugar murió Doroteo Santiago Santiago, de 33 años originario del estado de Oaxaca. Mientras que el trabajador Leobardo González Morales, de 38 años originario de Puebla fue rescatado lesionado por sus compañeros.
Según las autoridades ejidales durante la madrugada de hoy , la empresa realizó constantes detonaciones de explosivos para desprender el material.
Los vecinos y ejidatarios hace dos meses se manifestaron para exigir el cierre de la mina por los daños que ha causado.
Actualmente son 150 minas ubicadas en 12 municipios de la zona que están siendo explotadas para extraer material para la edificación del NAICM.
Se requiere una pedagogía para comunicar en las comunidades los efectos sociales, ecológicos y económicos al respecto: Miguel Ángel Mijangos, integrante de la Rema
La única forma de prever el asentamiento de desarrollos extractivistas es la información; se requiere una pedagogía para comunicar en las comunidades los efectos sociales, ecológicos y económicos al respecto, la experiencia es que cuando estas los conocen, dicen “no” a los proyectos.
Las empresas transnacionales están entrando a las comunidades no debido a su pobreza, sino a la falta de información, ésta puede cambiar el proceso como ha ocurrido ya en 2 mil de ellas en el país que “están haciendo uso de su libre autodeterminación”, dijo Miguel Ángel Mijangos, integrante de la Rema.
La defensa del territorio desde la construcción y tejido de comunidad fue tema reiterado en las exposiciones del panel “Extractivismo minero y alternativas comunitarias en América Latina” en el que participaron Roberto Diego Quintana (UAM-Xochimilco), Pavel Camilo López (CIDES-UMSA Bolivia) y Miguel Ángel Mijangos de la Red de Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
El Istmo de Tehuantepec abarca los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz en la república mexicana y ocupa una posición geoestratégica privilegiada pues en su punto más angosto, sólo 203 kilómetros separan el Océano Pacífico del Golfo de México (Océano Atlántico).
En ambos extremos del istmo se encuentran los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, lo que convierte a esta ruta en una vía alternativa al Canal de Panamá pues implica una menor distancia entre la costa este de Estados Unidos y los países asiáticos –entiéndanse fundamentalmente China-.
Además la región del Istmo cuenta con abundancia de bienes naturales como el agua, la vida animal y silvestre, el subsuelo mineral e hidrocarburos, la posibilidad de aprovechamiento y producción de energía eólica y solar, entre varias características que constituyen a este espacio geográfico como estratégico en la lógica capitalista actual.
Así en este nuevo espacio capitalista trasnacional se constituyen nuevas explotaciones mineras impulsadas por empresas canadienses, se impulsa la ampliación de la refinería de PEMEX Ing. Dovalí con participación de empresas españolas y estadounidenses junto con la construcción de ductos y gasoductos.
Así mismo se modernizan y amplían tanto la carretera transitsmica de Salina Cruz a Coatzacoalcos como las vías férreas.
En este istmo está el clúster petroquímico más importante de Latinoamérica.
El puerto de Coatzacoalcos está constituido por dos recintos: el de Coatzacoalcos, orientado a la carga general, y el Recinto Portuario Pajaritos, para el manejo de petróleo y derivados, fluidos y gráneles minerales.
El principal activo de este puerto es la industria petroquímica y de refinación, ya que en la región Coatzacoalcos-Minatitlán se ubican cuatro complejos petroquímicos de gran importancia: Pajaritos, Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera, además de empresas químicas tan relevantes como Celanese, Innophos Fosfatados y Etileno XXI, esta última la inversión privada industrial más cuantiosa de México en los últimos 15 años. (…)
Estas Zonas Económicas Especiales son un proceso de despojo impresionante que plantea básicamente grandes procesos que ya se visualizan en el Istmo:
1) La reconversión productiva hacia el dominio agroenérgetico del campo con la construcción de fincas de energías eólicas o solares;
2) la privatización de recursos energéticos y del agua ya que se construyen presas hidroeléctricas y acueductos;
3) el impulso al turismo convencional en detrimento de los bienes naturales y la vida sociocultural; y
4) el diseño de megaproyectos para obras de infraestructura como son las carreteras, vías férreas, aeropuertos, etc.
Estas nuevas Zonas Económicas Especiales traerán consigo un conjunto de transformaciones socioterritoriales con la consiguiente construcción de infraestructura que impactará de manera creciente en la dinámica extractivista de las entidades.
Con fuertes impactos ambientales y violaciones a los derechos humanos de las comunidades, es como operan los dos proyectos mineros vigentes en la entidad, las minas El Águila en San José de Gracia, Totolapam y la mina San José, en San José del Progreso, Ocotlán.
La observación la hace Neftalí Reyes Méndez, coordinador del Área de Derechos Territoriales de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), quien reprocha que en ambos casos las autoridades mantienen el mismo patrón de impunidad.
“Hay fuertes impactos ambientales”. Su afirmación la refuerza con la reciente noticia de parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual en su momento hizo público que la mina de San José de Gracia no cuenta con la autorización ambiental para operar.
Pese a ello, “sigue operando con una sanción muy pequeña”, por eso Reyes Méndez asegura que “las autoridades actúan con total impunidad, pese a que la ley minera es muy laxa, aun con eso se siguen generando violaciones a los derechos de las comunidades.
Aunque conoce más de cerca la experiencia de la mina que en San José del Progreso tiene la Compañía Minera Cuzcatlán, no tiene duda que por tener las mismas características como el sistema de flotación para la extracción de minerales y que en las zonas aledañas existen tierras para el cultivo de alimentos que se alimentan de los cuerpos de agua a donde llegan desechos de las minas.
“Las autoridades vecinas de San José han denunciado que su agua se encuentra contaminada, hay una emisión de polvos en el ambiente que afectan su calidad del aire; la empresa realizó estudios de exploración en sus límites agrarios y el agua presenta signos de contaminación, una capa de blanquecina, que incluso animales de pastoreo han muerto al beberla”, detalla.
Esa capa blanca se puede observar también en las rocas del río Grande o Verde, en el área donde la mina El Águila desecha agua, sin que quede claro si es de planta de jales mineros.
En el estado de Oaxaca existen actualmente 35 proyectos mineros, la mayoría para la exploración y extracción de oro y plata, que desarrollan empresarios de Canadá (28) y de los Estados Unidos de Norteamérica (7).
De acuerdo al listado de Proyectos Mineros Operados por Compañías de Capital Extranjero 2017, elaborado por la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, la mayoría están en etapa de exploración, pero al menos dos extraen ya metales.
Entre las minas en producción se cita la de la empresa Gold Resource Corp./ Hochshild Mining USA/ PERÚ, que desarrolla el proyecto El Águila, para extraer oro y plata.
Así como la de la empresa Fortuna Silver Mines Inc, de Canadá, que se ubica en San José del Progreso, que extrae también oro y plata.
La empresa Gold Inc., de Canadá, mantiene los proyectos Frac. 2 y Fraccs. I y II en Ejutla de Crespo, en exploración de oro.
En tanto que Almaden Minerales LTD, también de empresarios canadienses, realiza los proyectos Cerro Colorado, La Raquelita, Mazatepec, Campanario, El Fuego, Cuatro Venados, Predilecta, Taviche y Tres Hermanas, en búsqueda de oro y plata.
Del mismo país que gobierna actualmente Justin Pierre James Trudeau, es la empresa Argentum Silver Corp que mantiene los proyectos Lachiguiri, Niño Perdido y Silacayoápam, que pretende encontrar oro, plata, plomo y zinc en tierras oaxaqueñas.
Con origen también en el país francófono del norte, la empresa Minaurum Gold Inc desarrolla los proyectos Aurena y dos en Santa Marta para buscar oro, plata y cobre.
sí mismo, la empresa Aura Mining Inc. desarrolla el proyecto Monte Albán para de ser posible explotar oro; y Newstrike Capital Inc. que mantiene el proyecto Zimatlán.
La empresa Aura Silver Resources Inc., con inversión canadiense y australiana, desarrolla el proyecto Taviche, en busca de plata y oro.
Bajo la bandera de la hoja de maple también se desarrollan los proyectos Río Minas, de la empresa Chesapeake; Geranio y Lachatao, de First Mining Finance Corp; Trinidad Norte y Tlacolula, de Fortuna Silver Mines Inc; que exploran la existencia de oro y la rentabilidad para extraerlo.
Durante el primer trimestre del año la empresa canadiense Gold Resource Corporation (GRC) reportó ingresos por 32.2 millones de dólares por la extracción de oro y plata en la entidad.
De acuerdo con su portal de Internet, durante este periodo extrajeron 6 mil 647 onzas de oro y 425 mil 884 onzas de plata. La producción total incluye 283 toneladas de cobre, 1 mil 615 toneladas de plomo y 4 mil 793 toneladas de zinc.
A pesar de que la compañía tiene seis propiedades en la entidad, su principal proyecto es El Águila, donde el yacimiento polimetálico subterráneo Arista se encuentra actualmente en producción. El depósito Arista produce oro y plata, así como los metales base cobre, plomo y zinc.
La segunda mina operativa de GRC es la mina Mirador en el Proyecto Alta Gracia. Las cuatro propiedades de exploración adicionales de la Compañía se encuentran todas dentro de la distancia de transporte de las instalaciones de procesamiento del Proyecto Águila.
El objetivo de GRC es, en última instancia, tener múltiples propiedades que alimenten el mineral a la planta ubicada estratégicamente, que tiene como objetivo reducir potencialmente el capital requerido para poner en producción futuros descubrimientos de depósitos.
Actualmente, GRC controla más de 684 kilómetros cuadrados, incluidos 55 kilómetros de un corredor de falla estructural geológicamente importante que se extiende por el norte 70 oeste.En agosto de 2009, Gold Resource Corporation adquirió créditos adyacentes a la propiedad Margaritas en el Distrito Minero de Alta Gracia al presentar concesiones conocidas como David 1, David 2 y La Herradura, que totalizan 5 mil 175 hectáreas.
En 2016 se realizó un mapeo y muestreo geológico superficial y subterráneo junto con levantamientos topográficos detallados en las áreas mineras históricas de Alta Gracia. La nueva información se usó para la estimación de mineral y material mineralizado y para guiar las perforaciones de seguimiento planificadas para Alta Gracia en 2017.
Los permisos de mina se otorgaron en octubre de 2016 y el desarrollo de la mina, incluyendo la mejora del funcionamiento histórico de la mina, comenzó en 2017. El inicio de producción estaba programado para la primera mitad de es mismo año.
Cuando el director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña, Juan José Consejo Dueñas, habla del impacto que tiene la minería en los recursos naturales, abarca tres niveles: las alteraciones que ésta tiene en la vegetación, el aire y sobre todo el agua, por la gran cantidad que requiere esta industria extractivista.
Sin necesidad de conocer de cerca la problemática que enfrentan productores de Nejapa de Madero, quienes advierten que sus huertos de limones se están secando al regarlos con el agua del Río Verde o Grande, hasta donde la mina El Aguila tiene conectado un tubo que le ayuda a verter agua, recordó que esta industria está ligada a la contaminación.
Para despejar toda duda, apeló a la responsabilidad que tienen la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para realizar estudios químicos y bacteriológicos que permitan saber o descartar si la mina El Aguila, establecida en San José de Gracia, genera alguna contaminación directa al Río Verde o Grande.
Consideró la probabilidad que el sedimento verde y blanco que se acumula en el agua que cae de un tubo que conecta a dicha mina con el cause del Rio Grande, pueda tener “un exceso de nitrógeno” que aprovechan algas y bacterias para multiplicarse”, pero ante todo debe hacerse un estudio de las sustancias que se vierten al afluente.
El 6 de agosto de 2014, en México ocurrió el «desastre ambiental más grave de la minería en México»: 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado fueron derramados en los ríos Bacánuchi y Sonora.
Por desgracia para las 22 mil personas de siete municipios situados en las orillas del Río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviá- Cora y Ures, el hecho les cambió la vida, las preguntas que se hicieron poco después del derrame y las que se hacen ahora, casi cuatro años después, han cambiado poco: ¿Por qué la empresa no tomó medidas para evitar el desastre? ¿Qué ha hecho el gobierno para garantizar que se reparen los daños a la población? ¿Es posible que una empresa contamine un río y siga operando como si nada hubiera ocurrido?
A partir de septiembre de 2014, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), grupo ciudadano creado a raíz del derrame para luchar por la remediación y limpieza de los ríos Bacánuchi y Sonora, se ha dado a la tarea de buscar cómo respondieron la empresa y el Estado a esta emergencia medioambiental para exigir cuentas.
Las respuestas del Estado y de la empresa llegaron dos meses después y sorprenden por sus múltiples contradicciones.
A continuación les compartimos los principales hallazgos que fueron recogidos en el informe realizado por los Comités junto a la organización PODER para el Relator Especial de la ONU sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Baskut Tuncak, durante una visita este mes.
La falta de homologación de las leyes ha ocasionado que se entreguen concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas (ANP), incluso en zonas núcleo de gran importancia para la biodiversidad.
En México actualmente hay unas 24 mil 500 concesiones mineras que ocupan el 14 por ciento del territorio nacional, muchas de ellas otorgadas en zonas naturales del país que, paradójicamente, están bajo algún esquema de protección, ya sea ANP a cualquier nivel de gobierno o zona de conservación privada, señaló Francisco Cravioto, Coordinador de Incidencia del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
El marco jurídico de la Ley Minera, refirió Cravioto, no coincide en absoluto con el marco jurídico de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, “es más, ni se reconocen mutuamente”.
Debido a esto, para entregar una concesión minera solamente se tiene que revisar si en el espacio a explotar no hay otra concesión, asignación o reserva del sitio, “así que si hay una área natural protegida o una zona arqueológica, lo que sea, eso no entra en consideración”, lamentó el conservacionista.
Por ello “urge en México una homologación de los marcos normativos para que no pueda existir una ley minera o una ley de hidrocarburos que operen al margen de la ley agraria, o de la ley general de equilibrio ecológico u otros marcos normativos que también deberían involucrarse en determinar cómo se regulan estos sectores”, expresó Cravioto.
Autoridades municipales y agrarias, así como pobladores de San Juan Mixtepec, rechazaron la reapertura de la mina Los Tejocotes y hoy se manifestarán en sus accesos, para impedir los trabajos de exploración y explotación que realiza una compañía aparentemente extranjera.
En los años 40 esta mina alimentó de antimonio a la industria militar de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
l presidente municipal, Antonio Gómez Bautista dijo que este pueblo mixteco ha determinado oponerse a la minería, a pesar de estar encima de grandes yacimientos, por la experiencia dejada años atrás la explotación de esa mina.
Expuso que esa decisión está fundamentada principalmente en el saldo negativo provocado por la operación de la mina, donde murieron muchos peones por accidentes y otros por enfermedad.
“Muchos de quienes trabajaron murieron ahí por tuberculosis o sepultados”, apuntó.
Además, mencionó que la mina operada en ese entonces por la Compañía Minera de Oaxaca S.A., filial de la Texas Mining & Smelting Division of National Lead Co., fue la única en enriquecerse por la explotación del antimonio en plena Segunda Guerra Mundial.
“Al pueblo, solamente dejó muerte y enfermedades, porque todo el dinero fue para los estadunidenses y para que ganaran la guerra”, anotó.
Además, mencionó que ningún representante o directivo de la empresa ha acudido con las autoridades municipales o agrarias para reportar su presencia y el inicio de los trabajos.
Los desechos que la mina El Águila vierte al río Tehuantepec o Grande, en San José de Gracia, han secado el 40 por ciento de 50 hectáreas de cultivo de limón. Esa es la certeza de productores de este municipio: su temor, que el daño se extienda a las 300 hectáreas de tierras de donde extraen papaya, pepino y tomate verde.
Los primeros árboles que desnudó el agua fueron los 450 que, en una huerta de 1.5 hectáreas, tenía Constantino Martínez Miguel. De ese plantío durante una década extrajo limones. Ahora tienen el mismo valor que si estuviera repleta de espinos.
La huerta de Constantino, en el paraje Los Corralitos, a 4 kilómetros de la entrada principal de Nejapa -municipio situado a 130 kilómetros de la ciudad de Oaxaca- se nutría con el sistema de riego que alimentaba el río que “viene de muy lejos”, pero que al pasar por San José de Gracia, en inmediaciones de Totolapa -donde desde el 2010 opera la mina El Águila- cambia sus propiedades por una maldición.
El limón que cosechaba Constantino no se da más. Casi todo el año, pero sobre todo en las temporadas buenas, se cosechaba hasta una tonelada dos veces por semana. La Central de Abasto de la ciudad era el punto de comercialización de esa producción.
La comunidad de Belém está ubicada en el municipio de Tlaltica, Estado de México, a 29.8 kilómetros de distancia del terreno donde se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
De entre todos los pueblos de la zona, que ya son un territorio de minas, Belém había logrado detener la extracción de basalto del cerro de Texcatitla. En enero, el pueblo se dio cuenta de las tareas de limpieza del lugar y días después se les notificó que ahí habría una mina que llevaría piedras para la construcción del NAIM, la principal obra de infraestructura de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
Organizados de manera inmediata en asambleas, los pobladores coincidieron en que no permitirían la actividad extractiva. Obligaron, “con Ley en mano” a sus autoridades a respaldar esa decisión y en apariencia lo habían logrado.
Sin embargo, información que obtuvieron hace una semana a través de transparencia les dejó claro que Jesús Alfaro Rojas, Presidente Municipal de Otumba, firmó desde ese mismo mes los permisos para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), use 990 kilos de explosivos por un periodo de 10 años con posibilidad de ampliar otros 10.
¿Con qué fin? Para que la empresa Obra Civil, Movimiento de Tierras y Transportaciones México S.A. de C.V., pueda cumplir con sus objetivos con el NAIM.
El gobernador Alejandro Tello Cristerna hizo el compromiso de hacer una revisión a fondo en el caso de la mina La Colorada, donde se habla del desalojo de una comunidad por parte de la minera Pan American Silver, e indicó que se aplicará la ley.
En el caso de Chalchihuites y las explosiones que se están dando se tiene un tinte, hasta el momento no hay un dictamen de Protección Civil sólido que manifieste que están recibiendo o que están siendo víctimas de afectaciones.
Sin embargo, de darse se tendrá que actuar, no se quiere que, a final de cuentas, la minería, que está trayendo muchos beneficios al estado genere problemáticas.
En la mina La Colorada se está trabajando, se está haciendo una investigación a fondo, si realmente existen las afectaciones, y de ser así se tomarán cartas en el asunto.
Durante 12 años, los deudos de los trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos recorrieron instancias judiciales intentando que se investigara lo ocurrido, recuperar los cuerpos, obtener indemnizaciones y pensiones justas, además de erradicar la precariedad en las condiciones de seguridad, salud y de derechos laborales prevaleciente en la región carbonífera de Coahuila.
Fue infructuoso. La empresa declaró, con un peritaje de dudoso rigor científico, que era imposible avanzar en el filón. Los gobiernos estatal y federal aceptaron sus argumentos; sin cuerpos, emitieron actas de defunción que se usaron para tasar cotizaciones bajas, dejando a las familias en la miseria sin reconocerles siquiera “interés jurídico” y, con todo eso, fue posible dar carpetazo a la averiguación previa federal abierta por el siniestro del 19 de febrero de 2006, que causó la muerte de 65 trabajadores y daños irreparables a la salud de ocho más.
Con todas las puertas del sistema de justicia cerradas, en 2010 finalmente llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero por condiciones de procedimiento fue hasta el pasado 24 de febrero cuando, con base en el Informe de Admisibilidad 12/18, se aprobó abrir el caso 13.552, lo que se notificó a las víctimas el 26 de marzo.