El presidente López Obrador reiteró que el gobierno ha hecho una consultada en los pueblos de alrededor de Santa Lucía, pero en realidad, solo se hizo la consulta en una comunidad. El 10 de marzo, representativos de la Sedatu y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizaron una consulta con los habitantes de Xaltocan, Nextlalpan sobre el Aeropuerto Internacional General Felipe Angeles en Santa Lucia. En este momento, el INPI está analizando si van a tener mas consultas en las otras comunidades que también se auto adscriben como originarios, una representativo comento, “Lo estaremos analizando, reiteró, pero es la comunidad más allegada, cercana y de alguna forma la más importante en relación a la conformación de estructura indígena.”
En el consulto en Xaltocan, 626 pobladores asistieron y aceptaron el proyecto diciendo que estuvo de acuerdo en “aportar las tierras ejidales y comunales de su propiedad y posesión a dicho proyecto, previo pago de la contraprestación correspondiente”. Pero en más de veinte comunidades donde no habían consultado, se preocupan que el proyecto va a dejarlos sin agua. Según del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), “se prevé que el proyecto requiera más de 6 millones de litros de líquido por día, destinados sólo a lo relacionado con las operaciones aéreas, acción que pondría en riesgo la vida de miles de habitantes de más de 20 poblados que se ubican en la periferia de la zona, la fauna y la flora de la región”. Por eso, las comunidades están preparando los recursos legales bajo del Convenio 169 para enfrentar el project del aeropuerto.
El presidente Andres Manuel Lopez Obrador, dice que ya consultó a indígenas sobre el corredor transístmico, y que la gente está a favor. Específicamente que “la gente sí quiere que haya trabajo y que haya bienestar.” Aunque se realizaron consultas en siete municipios de Oaxaca y Veracruz, sólo dos están en la zona donde pasará el tren. Entonces, aunque el gobierno está indicando que se terminaron los consultos todavía hay cinco comunidades en Oaxaca y dos en Veracruz que se verán directamente afectados por el tren se quedaron a fuera del proceso.
Este proyecto conectará los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para crear un corredor de comunicación y transportación de contenedores y pasajeros entre los océanos Pacífico y Atlántico. AMLO aseguró que no afectará el medio ambiente ni se le despoja a nadie de sus bienes. También indicó que se creará una zona libre en la que habrá una disminución del 50 por ciento en los impuestos sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA), así como en los precios del gas, luz, gasolinas y diésel. AMLO fue al Juchitán por un mitin para entregar apoyos de programas sociales pero durante él usó la oportunidad para respaldar la consulta para el tren transístmico. De los asistentes, les pidió que levantaran la mano a los que estaban a favor del ferrocarril en los territorios del Istmo. Después, le dijo “La gente del Istmo nos dio su favor.”
Sin embargo, la gente de las comunidades vean los consultos de otro manera. Dijeron que el consulto fue una simulation porque las comunidades solo tuvieron tres dias de anticipacion. También, los oficiales solo les compartieron generalidades sobre el proyecto porque ni ellos saben en qué consiste. Todavía no existe un plan maestro ni un estudio de impacto ambiental.
La Comunidad Nahua de Tecoltemi, en Ixtacamaxtitlan, Puebla, ganó un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado dos concesiones ilegales. El juez determina que las concesiones violaron el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
La empresa, la canadiense Almaden Mineral, discutió en el juicio que en el municipio afectado por las dos concesiones, Ixtacamaxtitlan, no hay población indígena y por eso no tiene la protección de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT de consulta y consentimiento. Pero el juez rechaza estas afirmaciones y mantiene que la comunidad se auto adscribe al Pueblo Nahua.
El juez ordenó que “la Secretaría de Economía declararlas insubsistentes y dar una nueva respuesta a la empresa respecto de su solicitud original de concesiones, teniendo presente que se trata de territorio indígena.” También, el juez estableció que la Ley Minera falta incluyir el derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado. Eso refleja que el Congreso de la Unión ha incumplido con su obligación de adecuar los derechos a la Ley Minera. Las organizaciones involucrados continuarán con su lucha sobre este tema, para asegurar que la Ley Minera está de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales y que no permite que las autoridades pueden entregar a las empresas sus territorios sin avisar las comunidades.
Singapur aportará el proyecto del desarrollo en el Istmo de Tehuantepec. Los gobiernos de Oaxaca y Veracruz juntos con el gobierno nacional firmaron un acuerdo con Singapur para empezar un estudio de factibilidad que permitirá Singapur a traer inversiones. Con respeto a la conectividad de los puertos de Salinas Cruz y Coatzacoalcos, Singapur compartirá sus conocimientos y estrategias sobre la infraestructura de los puertos para que el proyecto salga lo mejor que puede.
El gobierno quiere aprovechar del ubicación geográfica del Istmo para mejorar comercial internacional entre asia y europa. Espera que se convierta en una alternativa del Canal de Panamá que ayude con el desarrollo del sur del país. Con el acuerdo firmado, empezará el segundo fase del proyecto, el estudio de factibilidad, para que el tercer frase de ejecutar la obra, pueden empezar lo más pronto que puede.
El objetivo del Fondo Minero, es mejorar la calidad de las personas que viven en zonas mineras pero de 2014-2017 mil 500 millones de pesos estaban extraviados. El programa está encargada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Revisando las cuentas de los 27 estados beneficiados revelaron irregularidades entre el dinero recibido y las obras realizadas. Estos mil 500 millones de pesos representa cerca del 15 por ciento del capital destinado a municipios. Pero en algunos estados este porcentaje está mucho más alta.
En Nuevo Leon, tuvieron 24 millones 329 mil pesos del Fondo pero solo realizaron obras por 3 millones 637 mil pesos, que significa que 85 por ciento del dinero no se contabiliza. Lo paso algo similar en Guanajuato donde no se aplicó 66% de los fondos y Baja California (63.4%), Puebla (61%), Yucatán (57.5%), Veracruz (55%), Hidalgo (45%), Jalisco y Colima (ambos con el 44%).
Por eso, AMLO pido la Secretaria de Economia a investigar el Fondo para descubrir como se ocuparon estos recursos. “Tenemos que entregar un informe de cómo se ha manejado el fondo minero en estos cuatro años que se han transferido recursos a estados y municipios. (Checar) si llegaron los recursos, si se ejercieron en lo que se contempló originalmente, si no se desviaron a otros fines”, le dijo.
Se adicionaron a la Ley Federal de Derechos en 2013, El Fondo usaron los impuestos aplicables a las empresas de minería para generar dinero para la inversión física con impacto social, ambiental, y de desarrollo urbano. Se dividieron el dinero entre los municipios y los estados con los municipios recibiendo 6 de cada 10 pesos y el otro cuatro para los estados. Se crearon comités para supervisar la aplicación de los recursos que estaban integrado de uno representante federal (de la Sedatu), otro estatal, y otros del municipio, empresa minera, y comunidad indígena o agraria involucrada. Pero ahora, el gobierno federal quiere cambiar las reglas en las cuales autoridades locales son excluidas del manejo. Hay muchos gobiernos estatales en contra de esta controversia, y en marzo Javier Corral de Chihuahua presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El diputado Feliciano Anguiano Flores (Morena), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento anunció que se llevará a cabo el foro “Rumbo a la Construcción de una nueva Ley de Aguas Nacionales.” Participarán el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas entre otros invitados. En total, serán 18 foros de diferentes temas de regulación del agua hasta contaminacion.
En todos ellas participarán expertos que compartan sus observaciones para construir una nueva ley en materia de aguas, que busca en primera instancia rescatar y mantener el vital líquido. El objetivo del nueva ley es que todas las personas tengan el derecho al acceso, disponibilidad, y saneamiento para consumo personal y doméstico en forma suficiente.
La diputada Lorena del Socorro Jiménez (Morena) reconoció que existen diversos problemas en la parte de concesiones y asignaciones de contratos, por lo que los diputados integrantes de la Comisión, solicitaron a la titular de Conagua que informe del estatus de dichas licencias autorizadas en los últimos dos años.
La delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinó que los elementos localizados en el arroyo El Coyote están dentro de los límites máximos permisibles y por eso no requiere remediación. Si encuentro que está contaminado por coliformes fecales pero esos no son atribuibles a la unidad minera San José, aunque la empresa se compromete a evaluar la posibilidad de limpiarlos del arroyo.
La contaminación entró el Coyote cuando, en el 8 de octubre de 2018, fuertes lluvias excedieron la capacidad de bombero y agua con sedimentos y finos de jal fluyeron entre el arroyo. Por eso, la Compañía Minera Cuzcatlan pagará una multa de 806 pesos. Luiz Camargo, Director de Finanzas y Asuntos Corporativos informó que la compañía ha acatado todos las acciones ordenadas por la autoridad.
Durante un bloqueo en el acceso al parque eólico “El Retiro”, diez ejidatarios fueron detenidos y desalojados con violencia por la policía estatal. Ellos rentan sus tierras a la empresa eólica “Grupo México”, propietaria del parque eólico. Con más de 35 propietarios empezaron un bloqueo para exigir una reunión con altos mandos de “Grupo México” porque la empresa no ha respetado los acuerdos del contrato firmado hace 5 años. Específicamente, que, “La promesa más importante era que daría empleo a nuestros hijos, pero no cumplió. Lo que pedimos es lo que dice el contrato, y ahora con violencia se aprovechan de nosotros, los dueños de las tierras” dijo un representativo de la comunidad.
Las familias no saben dónde están sus familiares. Los elementos de la policía estatal llegaron lunes en la mañana y, sin una orden de aprehensión, se llevaron a los manifestantes a un lugar desconocido. Los propietarios suponen que “Grupo México” solicitó ayuda ante las autoridades para el desalojo por la toma del parque eólico. Los manifestantes retuvieron una pipa de gas y una unidad propiedad de la empresa Gamesa la cual es la que se encarga de dar el mantenimiento a este parque eólico. Además, ellos mantendrán bloqueado la carretera federal Panamericana hasta que regresen sus compañeros y puedan negociar con la empresa.