En México las oportunidades de desarrollo deben estar al alcance de todos los ciudadanos, “no puede haber dos Méxicos”, y ese es el propósito de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, afirmó este martes el presidente Enrique Peña Nieto.
“(Es) una iniciativa de gran alcance que busca revertir siglos de rezago”, declaró el mandatario en Michoacán.
Peña Nieto afirmó que en México aún conviven la prosperidad y la marginación, así como la vanguardia y el rezago.
Sin embargo, el mandatario aseveró que su gobierno está decidido a cambiar la historia de desigualdad con esfuerzos adicionales para detonar la productividad de todas las zonas del país, especialmente la región sur.
En la promulgación de la ley, el Ejecutivo giró instrucciones a la Secretaría de Hacienda, como la creación de un órgano desconcentrado encargado del establecimiento de las zonas, y que en junio se complete la legislación secundaria de la ley, así como acelerar el inventario de obras prioritarias para cada región, entre otras.
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) serán prioritarias para el desarrollo nacional y se espera que a más tardar en 2018 se logre el establecimiento de al menos una empresa “ancla” o tractora en cada una de las zonas propuestas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refirió que el 29 de septiembre de 2015, fue enviada al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley Federal de ZEE, para crear por primera vez en México esta figura e instrumentarla en los estados más rezagados del país.
Tras un proceso de amplia discusión y enriquecimiento en ambas Cámaras, el pasado 27 de abril el Congreso de la Unión aprobó el proyecto de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, el cual fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación.
En el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia federal refirió que el pasado 31 de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la promulgación de dicha Ley en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Explicó que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son áreas delimitadas geográficamente en donde se establecen condiciones preferenciales, estímulos y facilidades para consolidar un entorno favorable para la inversión.
El día 6 de mayo de 2009, aproximadamente 1200 elementos de la policía federal y estatal realizaron un operativo paradesalojar a las y los manifestantes de San José del Progreso en el perímetro del proyecto minero “San José” con armas, perros, camionetas, helicópteros y gases lacrimógenos. A 7 años del brutal desalojo en el cual integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) comunica que “fuimos golpeados y encarcelados, continuamos exigiendo la salida inmediata de la empresa minera Fortuna Silver Mines. Por tal motivo el pueblo de San José del Progreso, en el marco de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio ha determinado hacer una toma simbólica en la entrada principal de las instalaciones del proyecto minero” y exige “la cancelación inmediata del proyecto San José, así como su expansión en municipios y ejidos vecinos”.
Ademas la CPUVO hace “un reconocimiento a las comunidades que han fortalecido su resistencia en las regiones de Valles Centrales, Sierra Sur, Sierra Norte, Mixteca e Istmo contra los proyectos mineros de muerte”.
Oaxaca.-La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió este 5 de mayo una alerta temprana dirigida al ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, y al poder Ejecutivo del estado a fin de que garanticen la libre manifestación de las ideas, derecho de reunión y asociación de las y los habitantes de esa comunidad y quienes participen en las actividades convocadas para esa fecha por la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), frente a las instalaciones de la Minera Cuzcatlán.
El organismo defensor tuvo conocimiento que el 6 de mayo defensoras y defensores de derechos humanos de la CPUVO realizarán una serie de actividades frente a las instalaciones de la Minera Cuzcatlán, ubicada en el municipio de San José del Progreso, en conmemoración del desalojo que dicha organización sufrió en ese lugar el 6 de mayo de 2009.
La medida fue tomada por la Defensoría ante los antecedentes reiterados de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos en ese municipio y, específicamente, en relación con el activismo de integrantes del CPUVO.
Ante ello, la institución autónoma expresa su preocupación por la posibilidad de la reaparición de violencia en San José del Progreso, que pudiera vulnerar de manera grave los derechos humanos de las y los participantes a dicho manifestación, así como también de las y los habitantes de dicha población.