La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca vigila el proceso de consulta a 16 pueblos indígenas zapotecos del valle de Ocotlán y Zimatlán respecto a la modificación del decreto de veda del acuífero de la zona, emitido por la presidencia de la República en 1967, para que dicha consulta se realice con pleno respeto a los derechos de las comunidades y puedan decidir de forma informada y libre sobre el empleo del líquido.
Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano realizada este martes 29 de septiembre último, el responsable de la Defensoría Especializada en Pueblos Indígenas, Vidal Antonio Agapito, informó que la Defensoría participa con el compromiso de vigilar que se reconozcan plenamente los derechos colectivos de los pueblos originarios, ignorados históricamente, y así protegerlos para prevenir algún tipo de violación a sus prerrogativas.
Los consorcios mineros que operan en México exigieron a los gobiernos local y federal garantías para que sus impuestos sean aplicados con transparencia en obras realizadas a costos razonables, que se fiscalicen y se reconozca públicamente a las empresas que aportaron el dinero vía impuestos.
Lo anterior, al instalarse el primer comité regional que decidirá qué proyectos públicos se construirán con el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los Estados y Municipios Mineros del país (fondo minero).
En el comité están representadas autoridades de los tres niveles, el sector minero y las comunidades agrarias de la entidad donde hay explotación del subsuelo.
El fondo tiene una bolsa general acumulada de 3 mil millones de pesos, que serán distribuidos y aplicados en obras de infraestructura social en los 24 estados de la República con actividad minera, informó Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano –que por ley administrará el fondo minero en coordinación con la Secretaría de Economía y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (Bansefi).
El Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell presentó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), documento de referencia y consulta en materia de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que permitirá orientar la inversión productiva en infraestructura para satisfacer la demanda de este sector y que de acuerdo con lo establecido en la nueva Ley de la Industria Eléctrica y en su Reglamento, su elaboración está a cargo de la Secretaría de Energía (SENER).
El PRODESEN determinó para el ciclo 2015-2029 inversiones por 62 mil 271 millones de dólares (mdd). Ya se lanzaron las licitaciones para construir cuatro centrales eléctricas en Michoacán, Baja California Sur, San Luis Potosí y Oaxaca equivalentes a una inversión de 2 mil 111 mdd.
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