En asociación con empresas de otros países, el gobierno venezolano explota el Arco Minero del Orinoco, una vasta región rica en minerales. Las graves consecuencias sociales y ambientales de estas actividades han pasado mayormente desapercibidas. La devastación de Venezuela es también ecológica.
El régimen de Nicolás Maduro, siguiendo los pasos de su predecesor Hugo Chávez, quien ya lo había anunciado en 2011, abrió las compuertas al apocalipsis ambiental cuando puso en marcha en 2016 el llamado Arco Minero del Orinoco:
una vasta extensión de 111 mil 846 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 12,2 % del territorio venezolano, que atraviesa selvas del sur como la sierra de Imataca, La Paragua y El Caura y las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, todos sistemas ecológicos frágiles, habitados por comunidades indígenas.
La voracidad del gobierno chavista, escaso de divisas petroleras debido a su propia incapacidad y corrupción en el manejo de PDVSA, ha hecho que Maduro y sus cómplices se vuelquen hacia la explotación de recursos mineros. El Arco cuenta con grandes reservas de coltán (mineral codiciado por la industria de la electrónica), bauxita, diamantes y oro que algunos cálculos valoran en unos 2 trillones de dólares. Bajo un esquema de asociaciones estratégicas, el gobierno venezolano ha dado concesiones de explotación minera a diversas empresas chinas, rusas, canadienses, surafricanas, australianas y de otros países. Una de las empresas concesionarias es la llamada Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la porción del “pastel” que le ha tocado a la casta militar, soporte principal del régimen.
Las comunidades de pueblos indígenas han sido una de las principales víctimas de la participación militar en las regiones mineras. Esto ha resultado en enfrentamientos con fuerzas militares, en crímenes contra representantes de esos pueblos, y en una red de manejos oscuros de un negocio que pudre el tejido social, sanitario y moral de esas regiones. En un extenso y muy documentado reportaje, el periodista Edgar López relata los horrores asociados con la exploración del Arco Minero, un cóctel destructor que mezcla “crimen, corrupción y cianuro”.
La migración de personas hacia las zonas selváticas para trabajar en la minería es una de las razones (no la única) que explican un incremento de los casos de malaria en Venezuela. Estos movimientos de población hacia los campos mineros también han resultado en un incremento de la prostitución, el tráfico de seres humanos (especialmente en tiempos de crisis humanitaria), y la explotación de los trabajadores. Todo esto en un país donde no existe el Estado de derecho, y el sistema judicial y de protección de los derechos humanos, incluyendo a la Fiscalía de la República y el Defensor del Pueblo (ombudsman), están al servicio del régimen de Maduro.
Algunos chavistas han denunciado la devastación del Arco Minero del Orinoco. Antiguos ministros y funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, incluyendo al Mayor General Clíver Alcalá Cordones, introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano para detener la explotación minera en esa zona, pero la máxima instancia judicial la declaró improcedente. Varias organizaciones no gubernamentales venezolanas, entre las que está la Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) también han alertado contra los efectos nefastos del Arco Minero. Pero el gobierno venezolano ha hecho caso omiso a todas estas denuncias. Recientemente anunció que un primer cargamento del mineral coltán había sido despachado a Italia, noticia que no aparece confirmada por ninguna fuente independiente.
En el plano internacional también se han escuchado algunas voces de alerta. Sin embargo, llama la atención el silencio de los grandes del ecologismo, como Greenpeace (un grupo llamado Greenpeace Venezuela, que no parece representar oficialmente a Greenpeace, hizo una tímida denuncia en su página Facebook) o el WWF. También resulta curioso que un vocero del ecologismo como el canadiense David Suzuki haya aceptado participar en una conferencia organizada en 2015 por la Embajada de Venezuela en Canadá bajo el título IV Encuentro de Saberes, pero que en la misma no haya mencionado el bien documentado impacto ecológico de la explotación petrolera en Venezuela, y particularmente del petróleo extra pesado de la Faja del Orinoco.
Para la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua (Copuda), los decretos de reserva de agua recientemente publicados por el gobierno federal, son una traición a México.
“Es un despojo a los pueblos originarios”, señaló Job Manuel Juárez Díaz, representante de COPUDA, organización que desde hace 13 años enfrenta una lucha legal por levantar el decreto de veda que restringe el uso del vital líquido en los Valles Centrales.
Existe -dijo- un trato diferenciado de parte del gobierno federal que privilegia a los empresarios por sobre la ciudadanía.
Recordó que desde 1967, por decreto presidencial se estableció una veda en el Valle de Ocotlán y Zimatlán. Al paso de los años, pobladores de 12 comunidades empezaron a organizarse para establecer acciones articuladas para el mantenimiento y fortaleza a los mantos freático con el objetivo de tener acceso al agua.
Alimentos contra minería
Indicó que mientras que en las comunidades requieren de agua para la producción de alimentos en el trabajo de agricultura, las grandes empresas la utilizan para acciones de minería y fracking.
La Copuda presentó en distintos momento peticiones a la Conagua para que revisara una posible modificación del decreto de veda de 1967 debido a que fueron ignorados recurrió a un amparo ante el juzgado de distrito por incumplir el derecho de petición.
En 2012 la Copuda ganó un amparo directo y en abril de 2013 la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente 9216/11-17-01-5, dictó sentencia a favor de los pueblos.
La exploración y explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ha causado graves impactos en el medio ambiente en San José del Progreso y en sus alrededores, pero también el rompimiento del tejido social y el homicidio de dos opositores que aún siguen sin castigo.
De acuerdo con el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, la preparación del proyecto incluyó desmonte, remoción de suelo, nivelación, compactación y creación de nuevos caminos, que han originado en consecuencia, impactos permanentes al ambiente, como alteración de la geoforma y de la profundidad del suelo, así como erosión y pérdida de suelo natural.
Otros daños
Además, el ruido y vibraciones en suelo que causan la detonación de explosivos para la extracción de los minerales, se perciben hasta ocho kilómetros de distancia, en las comunidades aledañas Monte del Toro, Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa y la Noria de Ortiz.
Aparte de esto, la explotación de la mina tiene un impacto sobre la fauna local debido a la luminosidad por trabajo nocturno en las áreas de extracción y operación.
Independientemente de esto, el consumo de agua de la mina es de mil 500 metros cúbicos por día, lo que equivale a un millón 500 mil litros, que corresponde a 150 tinacos de 10 mil litros por día.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró que no otorgarán ni una sola concesión de agua potable para la industria minera y de hidrocarburos, como se advierte que sucederá con los diez Decretos de Reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación.
En conferencia de prensa transmitida a través de plataformas digitales, el director General de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, aseguró que el agua disponible estará reservada para cuidar el abastecimiento de la población y las necesidades medioambientales.
“No estamos quitándole el agua a nadie. No afectan los derechos actuales que tiene nadie. Las reservas de agua es sobre el excedente que no está concesionado”, sostuvo.
Aseveró que el cambio de status de las cuencas sólo permitirá el abastecimiento de tipo urbano y doméstico, así como la conservación de áreas naturales protegidas. Incluso calificó a la iniciativa como “la más importante de toda la administración” en materia de agua.
Vecinos de la agencia Boca del Río, en Salina Cruz del Istmo de Tehuantepec, denunciaron que la tarde de este martes se registró un nuevo derrame de crudo sobre sus terrenos ejidales, lo que agrava la contaminación en la zona.
Información vertida ante el medio local, RCP Noticias, señala que fue cerca de las 14:00 horas que vecinos de la zona, sobre la carretera que conduce a la agencia que comenzó a filtrarse el olor a combustible a los hogares y fue que dieron aviso al presidente del ejido, Sergio Martínez.
El hidrocarburo también afectamanglares en al menos 100 metros y sigue avanzando.
Según el presidente ejidal, no es la primera vez que un derrame contamina incluso los afluentes cercanos, pues ya el año pasado se registraron dos fugas y pese a haber hecho la denuncia, incluso ante la Secretaria de Gobernación, las autoridades han hecho caso omiso.
Fue el Consejo de Vigilancia de Petróleos Mexicanos quien llegó a la zona y comenzaron a colocar mamparas.
Los ciudadanos están alertando sobre que la fuga alcance la laguna cerca a la zona.
El Gobierno mexicano emitió en total una decena de decretos para suprimir vedas existentes en más de la mitad de las cuencas hidrológicas del país, por ello, investigadores y académicos en temas de agua y medio ambiente urgieron al Presidente Enrique Peña Nieto a abrogarlos, pues prevén que el vital líquido podría ser entregado a distintas industrias entre las que incluyen mineras, inmobiliarias, fracking, cerveceras, refresqueras, entre otras.
De inicio, ¿qué es una zona de veda? De acuerdo con el propio Gobierno federal son “áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos”.
Pero el pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el mandatario mexicano firmó diez decretos para eliminar las vedas de 300 cuencas y la acción fue presumida como una “reserva hídrica para uso ambiental”, incluso hoy, un día después de que medios de comunicación nacionales dieran a conocer la noticia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un comunicado en el que aseguró que “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”.
Ante el desacato de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, al acuerdo de la asamblea ejidal para prohibir la minería en su territorio, los campesinos de esta comunidad están molestos porque vulnera su derecho a la libre determinación, pero también están más decididos a no permitir su ingreso y el desarrollo de cualquier actividad en su jurisdicción.
Por mayoría, la asamblea ejidal convino, el 13 de octubre de 2016, rechazar alguna autorización en favor de personas, dependencias, empresas, organizaciones civiles, investigadores y a cualquier instancia de gobierno, para realizar estudios de prospección, exploración y explotación de minerales en su territorio, al descubrir que la Secretaría de Economía (SE) había otorgado la concesión Progreso II a la compañía canadiense en su territorio y en otras comunidades vecinas, para expandir las operaciones de la mina La Trinidad, localizada en San José del Progreso.
Sin embargo, los campesinos se percataron el 30 de junio de 2017, que la empresa canadiense había hecho excavaciones en sus tierras, en los límites con San José del Progreso, a pesar del acuerdo de la asamblea ejidal, que fue presentado en el Registro Agrario Nacional (RAN).
Los ejidatarios se opusieron a la ampliación de Fortuna Silver Mines, porque la concesión Progreso II contaminará un área eminentemente agrícola y forestal, ubicada en el paraje Las Marías, donde se encuentran las presas Bordo Vallito y Yoguvene, en jurisdicción de San José del Progreso y San Martín de los Cansecos, que se utilizan para el consumo humano y el campo.
Además, el paraje Las Marías tiene una gran importancia para las comunidades, por ser una de las zonas principales para la recarga de mantos acuíferos y como consecuencia, la minería se convertirá en una grave amenaza ambiental.
El ingreso al Tratado de Libre Comercio (TLC) detonó la grave contaminación de los ríos mexicanos, que en números, significa el 70% de los ríos mexicanos.
Agua para Todos publicó en su página de internet un artículo en que se señala que especialistas en diversas disciplinas en Ciencias de la UNAM, así como el Relator de la ONU sobre el Manejo de Sustancias Peligrosas coincidieron en que fue a partir de 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en México detonó la proliferación de industrias extractivas.
Señalaron que “con ello se instauró también la laxitud de la normatividad para permitirles operar con impunidad, lo que ha puestos sus recursos naturales, principalmente el agua, en un verdadero riesgo”.
Raúl García Barrios, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, alertó que el 70 por ciento de los ríos mexicanos está contaminado gravemente por las industrias extractivas, privadas y también por parte de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, lo que tiene al país en una “catástrofe”, indicó Agua para Todos.
Las industrias extractivas son aquellas que se dedican a extraer y explotar los recursos del subsuelo: minerales, gas y petróleo; aclaró.
Las industrias extractivas en México, tanto las que administra el Estado como las privadas, han provocado una situación “catastrófica” en los cuerpos de agua, ya que alrededor del 70 por ciento de los ríos presenta contaminación grave, denunciaron especialistas en materia y organizaciones civiles.
“Además, todo ese deterioro lo han realizado con el permiso y la omisión de funcionarios del Gobierno federal y de las autoridades estatales y municipales, explicaron”, se detalla en el artículo.
Con la concesión Monte Albán IV de unas 10 mil hectáreas, que ha solicitado al gobierno federal, la empresa canadiense Fortuna Silver Mines pretende ampliar su zona de explotación en territorio de los municipios de Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y Asunción Ocotlán, ante el total rechazo de las comunidades del Valle de Ejutla, colindantes a San José del Progreso, donde funciona la mina La Trinidad.Una de ellas, fue esta comunidad y su anexo Los Ocotes, quienes dieron un rotundo no y declararon su territorio libre de minería, a pesar de las presiones y amenazas de la compañía, debido a los conocidos efectos nocivos del modelo extractivista en el medio ambiente.
Pero también, porque el gobierno federal no respetó el derecho al territorio, ni convocó a una consulta libre, previa e informada en las comunidades de los Valles de Ocotlán y de Ejutla de Crespo, al otorgar la concesión a la compañía canadiense.
Pues, al no conocer su parecer sobre el proyecto en San José del Progreso, quebrantó la Constitución Política federal, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Además, la empresa canadiense, a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán, que se encarga de las operaciones de La Trinidad, realizó estudios hidrogeológicos en el ejido de la comunidad y su anexo, sin informar o dar parte a sus órganos de decisión interna.
Por esta razón, los habitantes del ejido El Vergel y su anexo Los Ocotes se mantienen organizados y en resistencia ante otra eventual ofensiva de Fortuna Silver Mines, por el rechazo que se empieza a dar en Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y Asunción Ocotlán.
Una vez que se ha corrido la voz de alerta sobre la intención de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, de obtener una nueva concesión minera en el Valle de Ocotlán, los habitantes de esta comunidad ya empezaron a compartir información y a coordinarse, para evitar su emplazamiento.
Muchas son las causas de su desacuerdo, pero es fundamentalmente, la eventual contaminación al medioambiente, por las experiencias conocidas en el vecino San José del Progreso, donde la empresa canadiense opera la mina La Trinidad, a través de su filial Cuzcatlán.
Además, como comunidad dedicada completamente al campo, no tiene ningún interés en el desarrollo promovido por la actividad minera, por su gran respeto a la madre tierra y al agua.
«Solamente trae muerte»
“Como campesinos, no queremos ese desarrollo, porque la minería solamente trae muerte”, aseguró el presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), Ángel Ruiz Méndez.
Ante la intención de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines de obtener una nueva concesión, esta comunidad zapoteca del Valle de Ocotlán ha comenzado a informarse y a organizarse para impedir cualquier trabajo de exploración y explotación minera en su territorio.
Pues una gran parte de su superficie, donde se encuentran grandes extensiones de tierra dedicadas a la agricultura, quedaría dentro del polígono de la mina.
Además, afectaría todas las obras de captación de agua de lluvia que ha desarrollado la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) durante más de una década, para mantener el nivel de los mantos acuíferos y con esto, poder enfrentar la sequía registrada en los últimos años.
Las afectaciones
“Después de conocer la información, empezamos a organizarnos porque no vamos a permitir la entrada de la minera. Las minas solamente causan muertes”, aseveró la representante de la Copuda en la comunidad, María de los Ángeles Santiago Sánchez.
La activista dijo que los detalles de la nueva concesión de Fortuna Silver Mines, especialmente el plano del polígono de la mina, ha causado una enorme preocupación en la comunidad, porque una gran parte del casco quedaría en su interior.
Ante la eventual entrega de una nueva concesión a la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, esta comunidades y otras del Valle de Ocotlán se declararon en alerta para evitar el ingreso a su territorio de personal de esa compañía a desarrollar trabajos de exploración.
“Esa es la decisión del pueblo, no queremos ese tipo de desarrollo por todas las consecuencias que origina la explotación de una mina”, aseguró Román Cruz Varela, representante del Equipo Kruz, un colectivo que se ha dedicado a documentar los alcances de la nueva concesión a la empresa canadiense.
A principios de este año, Fortuna Silver Mines requirió a la Secretaría de Economía (SE) el otorgamiento de la concesión denominada Monte Albán IV –en las inmediaciones de la mina en explotación La Trinidad, ubicada en San José del Progreso–, que abarca una superficie de 10 mil hectáreas, sobre los cuatro municipios más grandes del Valle de Ocotlán, entre estos, Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y Asunción Ocotlán.
Aunque, también ocupa alguna parte del territorio de los municipios de San Juan Chilateca, Santa Ana Zegache, Santa Lucía Ocotlán, San Pedro Apóstol y Magdalena Ocotlán.
El activista dijo que el pueblo de San Juan Chilateca se opone a la explotación de la minería porque provocará una severa contaminación en la tierra, el aire y el agua de su comunidad, así como por los riesgos en la salud de sus habitantes.
La mina en San José del Progreso –aseveró–, fue el mejor ejemplo para San Juan Chilateca y demás comunidades, por el rompimiento del tejido social, la contaminación en el medio ambiente y las enfermedades provocadas en trabajadores y pobladores.
La producción industrial de México bajó 0.4% en abril comparado con el mes previo debido al desplome de la industria manufacturera, que se redujo 2.3%, y al tropiezo de la construcción, que cayó 0.6%.
En contraste, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final aumentaron 4.9% y la minería subió 1.4% en el cuarto mes de 2018 frente a marzo.
En la comparación interanual, la producción industrial registró un alza de 0.2%, de acuerdo con cifras desestacionalizadas reportadas este lunes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Por sectores, la construcción se incrementó 3.8%, la generación y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor crecieron 2.8% y las industrias manufactureras avanzaron 0.1%.
(retomado de mineria en linea https://mineriaenlinea.com/2018/06/mineria-en-mexico-subio-1-4-en-el-cuarto-mes-de-2018/)
Habitantes de San Juan Mixtepec corrieron a personeros de una empresa que pretende reabrir la mina de antimonio que existe ese municipio y que fue explotada por más de 30 años para hacer material bélico en la Segunda Guerra Mundial, denunció el ex presidente municipal, Adolfo Gómez Hernández.
Y adelantó que San Juan Mixtepec también está en la mira porque está comprobado que a un kilómetro de la cabecera municipal hay un yacimiento de carbón y más delante otro de uranio; pero el pueblo ya despertó, se organizó y la gente tiene un nivel de conciencia mayor como para impedir más daños a los pueblos originarios.
Gómez Hernández mencionó que hace más de 20 días llegó un grupo de personas que dijeron que iban en nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa porque quiere la reapertura de la mina para generar trabajo, pero la gente cansada de tantos engaños decidó correrlos.
Por causa de los derrames de la presa de jales de la Mina Río Tinto , en la comunidad de “La Cieneguita”, en Urique, la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios (Coespris) de Sinaloa, recomendó a los habitantes de las comunidades de Tabonitas, Nuevo Techobampo y Las Cruces del municipio de Choix, no consumir agua de la presa Luis Donaldo Colosio (Huites).
El comisionado Jorge Alán Urbina, señaló que a pesar de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) manifestó que no hay riesgo, acordaron tomar esa medida de prevención, “ya que es mejor no hacerlo (usar esa agua) hasta que se tengan resultados contundentes”.
Indicó que esta medida tendrá vigencia por lo menos durante ocho días, que es el tiempo estimado por Conagua para emitir los resultados de los muestreos realizados en la región. Urbina Vidales insistió en que las personas no consuman el agua de la presa hasta no contar con los análisis correspondientes de la Comisión Nacional del Agua y constatar que no existe contaminación.
Informó que las acciones de prevención son recomendadas por la Coespris para reforzar la seguridad y salud de los habitantes de las poblaciones que se abastecen del agua de la presa.
El derrame de la presa de jales en la mina Río Tinto, en Urique, Chihuahua, ya llegó al río Fuerte. Los jales salieron entre El Realito y Tubares, en el municipio de Chihuahua, informó el comandante de Protección Civil de Choix, Lucio Berrelleza.
Ayer, después de verificar que ya los desechos se habían incorporado al río, personal de Protección Civil de Choix informó que los llamados jales llevarían unos cinco kilómetros recorridos.
“Conagua y la Profepa dicen que no hay riesgo, pero debemos informar a la población que los jales ya llegaron al río”, explicó el funcionario municipal, quien trabajó durante años en la mina El Sauzal y tiene amplio conocimiento en el tema minero.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente determinó que se derramaron 249 mil metros cúbicos de jales mineros y 190 mil metros de material de construcción de la presa de la mina La Cieneguita, todo lo cual se esparció a lo largo de 29 kilómetros, sin embargo descartó que los residuos sean peligrosos.
PROFEPA: NO HAY CIANURO,
SÓLO METALES PESADOS
Tras dos días de inspección en el lugar, la Profepa aseguró que el proceso de beneficio de los minerales de oro, plata, plomo y zinc se realiza mediante flotación, por lo que no se emplea cianuro de sodio, “con lo que se puede presumir que los jales derramados no son peligrosos”.
Un cargamento de mil 900 toneladas de trigo, fue el primer traslado que realizó Ferromex -luego de 30 años de inactividad- desde el Puerto de Salina Cruz hasta el de Coatzacoalcos, como parte del proyecto de reactivación de la red ferroviaria que contribuya a generar condiciones de conectividad para la industria, comercio y el desarrollo de la Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Este hecho marca el inicio del servicio ferroviario con el que se reactiva el corredor transístmico y se estima que en los primeros 10 días de junio el trasiego de granos básico llegue a las 430 toneladas.
Como se informó en trabajo especial de NOTICIAS, en febrero pasado, se recibió en el Puerto de Salina Cruz el primer buque que transportó trigo después de 10 años de ausencia, como resultado de los acuerdos entre el gobierno estatal, la concesionaria Ferromex-Ferrosur, la comercializadora Glencore de México y la empresa maniobrista Terminal Especializada del Istmo.
La integración del servicio ferroviario en la logística de distribución de granos, fue condición esencial para el desembarque de las 11 mil toneladas de trigo canadiense a bordo del Mv Rigi Venture, y en dos servicios 5 mil 947 toneladas de trigo fueron transportadas hacia su destino en el estado de Puebla; el restante de trigo se movilizó en autotransporte a Arriaga, Chiapas.
“Es pleito de minas”. De esta forma, un poblador de Potrerillos define la causa de la violencia que ha dejado una estela de muertes y de desplazamientos forzados en la sierra del municipio de Concordia, desde hace un año.
Ya no es la producción de drogas ilegales, lo que produce la violencia en la zona montañosa de Concordia es la disputa de grupos armados por el control del territorio ligado a la minería, en el distrito minero de Pánuco-Copala, una región rica en yacimientos de oro y plata, sobre todo plata.
El miedo y el silencio dominan en esa región, enclavada en la Sierra Madre Occidental sobre una gran riqueza, que parece ser el motivo de su infortunio.
Mientras las víctimas relatan cómo tuvieron que salir de sus comunidades para dejar sus casas, sus animales y sus huertos, dos bandas de gavilleros pelean por el “derecho” de extorsionar.
No se limitan a los mineros. Van por otros empresarios: de la madera, agricultores, comerciantes, transportistas… En Potrerillos extorsionan a los madereros, también de eso se ha mermado el trabajo, comenta el entrevistado. Pero lo que más parece interesar a los maleantes, advierte, son las minas.
Tiene 51 años y salió de esta localidad luego de que el 28 de julio de 2017, asesinaron a ocho personas, de las cuales cinco fueron decapitadas.
Francisco Javier Méndez Santos, secretario del ayuntamiento, informó que la empresa Goldcorp suspendió el suministro de agua potable a 15 comunidades y sólo es posible abastecer con pipas a Cedros, Vergel y Sabana Grande.
Esto obliga al ayuntamiento a dotar de agua con pipas a las comunidades afectadas, “pues la empresa ha condicionado la reconexión del servicio hasta que los trabajadores retiren el bloqueo que mantienen desde el viernes”.
Reiteró que “el suministro de agua se suspendió desde que inició la toma y nosotros hemos estado al pendiente para dotarlos de agua. A algunas comunidades afectadas las abastecemos con pipas del Municipio”.
Advirtió que, de las 25 localidades que dependen del agua de la mina, a 15 se les suspendió el suministro de agua y sólo a tres se les puede apoyar.
Estas comunidades son el Vergel y Sabana Grande que tienen mil 600 habitantes entre ambas, mientras que Cedros rebasa los 3 mil.
Asimismo, dijo que desde hace 15 años Peñasquito no cumplió con los compromisos sociales y de generación de empleo, acuerdos a los que están obligados, ya que los ejidatarios les rentaron por 30 años hasta un metro cuadrado de sus tierras por un único pago de 50 centavos.
A quienes también el ayuntamiento apoya son a comerciantes de la región que decidieron abandonar sus negocios porque no obtienen ingresos para ellos y sus familias, un compromiso para impulsarlos que directivos de la mina y la Secretaría de Economía (Sezac) habían hecho de manera formal, pero hasta la fecha “no han ni empezado.
La empresa Megastar Development anunció que tras firmar un acuerdo de opción definitivo para adquirir el proyecto Rama de Oro, ubicado en Oaxaca, ha celebrado dos contratos adicionales para adquirir los proyectos Yautepec y Magdalena, situados en la misma entidad.
Las tres opciones en cuestión fueron acordadas con Paradex y Minera Zalamera, propietarias actuales de los proyectos, que cederían a Megastar el 100% de los derechos, títulos y participación, según lo convenido.
El proyecto Yautepec abarca 4,861 hectáreas de rocas volcánicas terciarias altamente prospectivas para alojar mineralización epitermal de metales preciosos. Para adquirirlo Megastar debe pagar US$5,000 y emitir 1,550,000 acciones ordinarias para Minera Zalamera, además de ejercer US$310,000 en gastos de obras.
El proyecto Magdalena abarca 480 hectáreas y se ubica a 20 kilómetros de los depósitos de metales preciosos y base de Gold Resource. Para adquirirlo, Megastar debe pagar US$5,000 y emitir 1,550,000 acciones ordinarias para Minera Zalamera, además de gastar US$230,000 en obras.
“En línea con nuestro acuerdo anunciado previamente, Megastar ha consolidado un fuerte portafolio de activos prospectivos para exploración ubicados entre dos minas actualmente en producción. Así mismo, trabajar con David Jones, un geólogo con una gran historia de éxito en México, nos brinda una fuerte base técnica sobre las cuales podemos iniciar nuestras actividades en la región”, declaró Dusan Berka, CEO de Megastar Development.
Tanto Conagua como la Profepa descartaron el riesgo de que el jales de la presa que se derrumbó en Urique, pueda llegar a las presas y contaminar el agua que llega a las potabilizadoras de Los Mochis.
Conagua emitió un comunicado donde informa que no existen riesgos el accidente en la mina La Cieneguita hacia la cuenca del río Fuerte.
Ramón Loo, Directivo de la empresa Minera Río Tinto, informó que la mina La Cieneguita produce oro mediante el método de flotación con uso de espumantes biodegradables, es decir, que no usan cianuro.
La presa de jales está sobre un arroyo que no presenta escurrimiento y es afluente del río Fuerte.
La distancia entre la presa y el río es de 30 kilómetros, mientras que el material cayó 6 kilómetros por el cauce del arroyo.
El desbordamiento de la presa de jales en la mina Río Tinto, en el poblado de Cieneguita, del municipio de Urique, ayer por la mañana, cobró la vida de tres personas, además de dos heridas y una cifra desconocida de desaparecidas que oscila entre ocho y 23 personas, y que podrían estar sepultadas en el lugar.
Según se estableció, el accidente ocurrió a las 10:40 horas al momento en que se derrumbó el muro de contención del presón de los jales –donde se acumulan residuos y materiales extraídos de la mina— y arrastró todo a su paso.
Horas más tarde, se logró rescatar a dos trabajadores, quienes resultaron policontundidos y fueron trasladados en un taxi aéreo a la capital del estado, a donde arribaron por la tarde. Se trata de José Enrique Bustamante Aguirre, de 37 años, y Jesús Antonio Vega Trasviña, de 36, ambos trabajadores de la mina, quienes fueron hospitalizados.
De acuerdo con el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentran estables y al parecer no presentan severos daños neurológicos.
Aun cuando la Fiscalía General del Estado no proporcionó información oficial, personal del gobierno municipal de Urique dio a conocer que al menos tres personas habían fallecido. Uno de ellos identificado como Óscar Castellón, otro como Óscar Minjares y del tercero aún no se establecía su identidad.
Testimonios de familiares de los afectados y pobladores destacaron que la corriente de desechos cobró tal fuerza que arrastró maquinaria pesada y a las personas que laboraban en la parte baja del cerro de la mina de cielo abierto dedicada a la extracción de oro y plata.
Aun cuando la superficie concesionada a la minería aumentó 16.4 mil hectáreas de 2016 a 2017, Mazapil, uno de los municipios donde se desarrolla con mayor medida la actividad minera, se posiciona a nivel nacional como uno de los más pobres, a pesar de que reciba recursos del Fondo Minero.
Según el informe Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio, creado por la organización Fundar, Mazapil y Fresnillo concentran 50 por ciento del recurso del Fondo Minero. Son los primeros lugares en la recepción de recurso del fondo federal, es decir, como estado se recibe 80 por ciento del dinero.
En el informe correspondiente a 2016 y 2017 se da a conocer el caso específico de Mazapil. A pesar de ser uno de los municipios que ha recibido la mayor cantidad de recursos del Fondo Minero, de 2014 al 2016, 60 por ciento de los habitantes del municipio vive en la pobreza y 13 por ciento en pobreza extrema.
Dentro del estudio realizado por Fundar se especifica que no sólo la actividad minera en los municipios deja pobreza, sino también el desplazamiento forzado. Alude el caso de Salaverna, Mazapil, donde desde 2012 los habitantes se han empeñado en visibilizar dicho problema.
Otros estragos son: violencia sexual forzada por parte de trabajadores de la mina en contra de las habitantes del municipio; afectaciones a la salud porque los habitantes presentan problemas en la piel y en los ojos, producto del polvo que proviene de la planta de lixiviados, ya que el oro se obtiene mediante el uso de cianuro; asimismo, las afectaciones económicas son mayores en mujeres que en hombres.
El secretario del Ayuntamiento capitalino, Carlos Torres, dijo que analizan la queja de los habitantes de la comunidad de El Cedro desde aspectos jurídicos, para determinar de qué manera procederá el Municipio en favor de los afectados.
El lunes, correo publicó que habitantes de la comunidad de El Cedro viven entre el temor y la incertidumbre, ya que la empresa minera Fresnillo PLC –encargada de los trabajos en la Mina Las Torres— pretende desalojarlos para explotar el mineral que se encuentra debajo de sus viviendas.
Precisó que el primer posicionamiento del gobierno municipal fue lo que dijo el titular de Desarrollo Rural, Serafín Sandoval, sobre el hecho de que si la minera no se acerca a las autoridades para tratar el tema, cosa que a la fecha no ha ocurrido, entonces el Municipio lo propiciará.
“Ya el director hizo un pronunciamiento. Ahí está planteado el tema, seguiremos haciendo una revisión del asunto a efecto de obtener más elementos de juicio para poder opinar y formular un pronunciamiento concreto (…) el gobierno actuará en términos de su competencia, de eso no quepa duda”.
Cuestionado sobre la jurisdicción que tiene el municipio para atender la queja directamente con la empresa minera, por tratarse de asuntos de carácter federal, Carlos Torres no supo decir con exactitud el alcance que tiene gobierno municipal, simplemente aseguró que atenderán la queja, aunque no dio a conocer la fecha concreta.
El secretario del Ayuntamiento apuntó que la minería es parte esencial de la historia y evolución de la capital guanajuatense, por lo que la ciudadanía debería estar acostumbrada a lo que se desarrolla en torno a esta actividad.
Ante la advertencia que hicieran las mineras Candelaria Mining y Gold Corp de reanudar trabajos de exploración pasando las elecciones, pobladores y organizaciones ambientalistas se manifestarán en la ciudad de Actopan en protesta de la actividad minera.
Lo anterior lo dio a conocer el integrante de Pobladores A.C., Guillermo Rodríguez Curiel quien dijo que ese 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el alcalde de Actopan, Paulino Domínguez Sánchez entregará un acta de Cabildo donde declara al municipio libre de minería metálica y tóxica.
“Vamos a seguir firmes en contra de las empresas mineras Candelaria Mining y Gold Corp para que desistan de sus intenciones de explorar y explotar la zona, vamos a seguir firmes por más de 50 años”, afirmó.
Recordó que las citadas mineras se ubican en los municipios de Alto Lucero y Actopan, y tienen los enclaves mineros de Caballo Blanco, La Paila, El Cobre, Banderas Norte y Sur, entre otros, que abarcan un total de 80 mil hectáreas.