Integrantes del Grupo Ecologista Zanatepec, estudiantes, padres de familia y sociedad civil de la localidad de Zanatepec en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec celebraron el séptimo festival infantil que en esta ocasión llevó el lema “sí a la vida, no a la mina”.
Los estudiantes y organizaciones civiles participantes desfilaron por las principales calles de la ciudad portando carteles y pancartas privilegiando el amor a la vida y al medio ambiente.
En el 2008, la Secretaria de Economía entregó tres concesiones mineras “Aurena, Santa Martha y la Ventosa” que abarcan 19 mil 795 hectáreas en terrenos colindantes de San Miguel Chimalapa y Zanatepec con la finalidad de extraer cobre, plata y oro, por lo que desde entonces se ha emprendido una resistencia en la comunidad.
Alejandro García, presidente del Grupo Ecologista Zanatepec quién puntualizó que desde el 2014 ellos tuvieron accesos a los permisos de las mineras que intentan ubicarse en su localidad sin embargo y por fortuna se cuenta con el apoyo y respaldo de la autoridad municipal para estar en resistencia.
Explicó que este evento es para recordar a las autoridades federales y de Oaxaca que en Zanatepec se rechaza la actividad minera por que la consideran que implica matar los recursos naturales como ríos, arroyos y también cultivos de sorgo, maíz, camote, ajonjolí, mango entre otros.
Por no respetar el gobierno federal su derecho a la consulta libre, previa e informada durante la asignación de las concesiones a compañías canadienses y estadunidenses, al menos 40 comunidades indígenas de los Valles Centrales, Sierra Sur, Mixteca y el Istmo de Tehuantepec han declarado sus territorios libres de minería.
En algunos casos, esa disposición ha surgido de la decisión de la organización comunitaria, pero en otros, producto de la determinación del Cabildo o de los comisariados de bienes comunales, como en el caso de Ciudad Ixtepec, Santo Domingo Zanatepec, San Miguel Chimalapa, región del Istmo de Tehuantepec, así como en Santa María Zaniza, Santo Domingo Teojomulco, San Lorenzo Texmelucan, San Jacinto Tlacotepec, Santiago Minas, Santa Cruz Zenzontepec, San Mateo Yucutindoo, Santiago Textitlán y Santiago Amoltepec, región de la Sierra Sur.
Así como en San Jerónimo Silacayoapilla, San Juan Mixtepec y Buena Vista, Cañada de Galicia, Vergel, Primavera, Santa Catarina Cuanana, Huanacaxtle y Los Cuajilotes, perteneciente a Santiago Yosondúa, región de la Mixteca.
Además, en Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche y Cerro de las Huertas, correspondiente a Ejutla de Crespo, en Magdalena Teitipac y en San Matías Chilazoa, Ejutla de Crespo; Asunción Ocotlán; San Felipe Apóstol, Tejas de Morelos y San Jacinto, agencias municipales de Ocotlán de Morelos; San Antonino Catillo Velasco; El Porvenir y Maguey Largo, agencias del municipio de San José del Progreso; San Martín Tilcajete; San Pedro Apóstol; San Pedro Mártir; San Isidro Zegache, agencia municipal de Santa Ana Zegache; La Barda Paso de Piedra, agencia de Santa Gertrudis; San Sebastián Ocotlán y Santiago Apóstol, agencias del municipio de Santiago Apóstol Ocotlán –estas últimas, integrantes de la a Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), en la región de Valles Centrales.
Derivado de juicios de amparo interpuestos con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, obtuvo suspensiones provisionales para efectos de que no se continúe el Procedimiento de Consulta indígena sobre el proyecto central eólica GunaaSicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. –×lial de la transnacional francesa EDF EN-, ni se inicie la construcción y operación de dicho parque eólico. Así lo informó a través de un comunicado ProDESC, quien explica que de manera histórica y creando un precedente favorable a la defensa de los derechos de comunidades indígenas, un Juzgado de Distrito en el estado de Oaxaca resolvió que “no existen condiciones naturales (dado el sismo ocurrido en septiembre de 2017), ni condiciones sociales por los conØictos internos que pudieran surgir en la propia comunidad, dados los próximos plebiscitos electorales a nivel municipal, así como eventos culturales por ×estas patronales, ya que esos aspectos podrían inØuir en la decisión que en su caso, adopte la comunidad indígena; así como para que no se inicie la construcción y operación del proyecto central eólica GunaaSicarú”
Habitantes de las comunidades Coyotes, Cerro Gordo, Guarumbo, Mozomboa, El Jícaro, Villa Rica, El Porvenir, Los Baños, entre otras del municipio de Actopan y comunidades de Alto Lucero marcharon hasta llegar a la bodega de la minera Almadex Minerals –quien a través de su filial Gavilán S..A de C.V. y Minera Alondra S.A. de C.V. han perforado 100 barrenos– en donde hicieron una clausura simbólica para exigir se retire y frene los trabajos de exploración y explotación de cobre y oro, en lo que será la mina El Cobre I, II, III IV, V y VI.
Con pancartas, los habitantes expresaban su rechazo a la instalación de las minas en el municipio de Actopan, proyectos que denominan de «destrucción y muerte». El punto de reunión fue en la explanada central de Tinajitas, lugar en donde la empresa tiene su bodega en donde guarda la maquinaria que está utilizando para realizar los barrenos.
En medio de la lluvia, los gritos alentaban a pobladores para que no permanezcan en silencio, «Fuera mina» «Súmate a ti también te va a perjudicar». Caminaron un kilómetro hasta llegar al lugar indicado, «el mensaje es que la empresa vea que la mayor parte de la población está inconforme, que no nos chupamos el dedo cuando dicen que va a haber empleos, que nos va a ir bien, esos son engaños», dijo un poblador, que no se escribe su nombre porque algunos tienen miedo a la empresa y al gobierno.
Algunos de los manifestantes ya están integrados en la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica, otros a Lavida y otros más están ahí en una «lucha para que nos dejen en paz, hoy vivimos bien».
En Mozomboa «nosotros queremos que todos los seres vivos estén bien, los árboles, animales, no queremos que nada de eso, además tenemos hijos, aún tendremos nietos y que les depara con la contaminación, por eso no estamos de acuerdo», dijo Maribel Álvarez.
Las mineras a cielo abierto pueden traer graves problemas, afectando a los sistemas, a los habitantes no es sustentable estos tipos de proyectos para la zona , porque nos van a dejar una deuda ecológica que con ningún tipo de mitigación. Tememos porque aquí empieza el Sotavento y en el caso que haya una mucha evaporación cuando existan las lagunas que tienen agua con cianuro va a impactar la zona por los eventos del norte que pueden llegar hasta el Cofre de Perote, sostuvo Jesús Blanco de la comunidad Arroyo de Piedra.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), son «ciegas y sordas» ante las denuncias de contaminación por hidrocarburo hechas por los pescadores de Salina Cruz.
Tras insistir en un nuevo derrame de petróleo que estuvo a punto de llegar a las costas de Huatulco, el presidente de la Unión de Productores y Organizaciones de la Industria Pesquera del Estado de Oaxaca, Anselmo López Villalobos, indicó que los daños cada vez son más constantes porque “gran parte de las instalaciones ya rebasaron su periodo de vida”.
“Siempre niegan cada uno de los hechos, recuerden que el año pasado, con las lluvias torrenciales hubo contaminación. La ASEA siempre dijo que no, a pesar de que estaban las evidencias, circuló en todas las redes sociales, pero la ASEA nunca lo vio. Presentamos la denuncia y no tuvimos respuesta”, declaró.
El líder de los pescadores aseguró que la semana pasada observaron tortugas bañadas por la mancha de hidrocarburo cercano a las costas de Huatulco.
Sigue sin resolverse la titularidad del contrato colectivo del trabajo de quienes laboraban en la mina San Martín, en Sombrerete, luego de que tras casi 11 años de huelga se hiciera un recuento de votos y éste fuera impugnado.
Fue en febrero de 2018 cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, perdió ante el Sindicato de Exploración de Minas de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.
Sin embargo, este martes en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mixta, un juez federal concedió la suspensión definitiva para que no se dicte el laudo-resolución dentro de la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.
Esto significa que la empresa y el sindicato del beneficio no pueden tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo mientras está este amparo, promovido por el líder sindical J.Jesús Jiménez, explicó Nahir Velasco, representante legal del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.
Dijo que Grupo México, propietario de la Mina, ha generado una campaña agresiva en contra del sindicato, de su líder y de todos los mineros de la Sección 201 en el sentido de que daba por perdida la huelga y todas las luchas que se han hecho.
Cuando un integrante del Comité de Cuenca del río Los Perros llevó un oficio a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el refuerzo de bordos del río de Las Nutrias, el funcionario que lo recibió le dijo que ya no tenía caso, que con la construcción de la presa Tablón de Primavera, de todos modos ya no tendría agua.
El proyecto hidroeléctrico Tablón de Primavera, que se pretende construir en la zona en donde comienza el afluente del río Los Perros, es un proyecto que se concibió hace varias décadas.
El tema de su construcción se planteó en el municipio de Ixtepec, cuando integrantes del Comité Ixtepecano en Defensa de la Tierra y el Territorio, en una de sus asambleas, consideraron que su construcción estaría relacionada con el proyecto de las minas de esta zona.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), indicó que no existe reporte alguno por fuga de hidrocarburo en Salina Cruz, reportada por pescadores a mediados de la semana pasada.
Mauricio Suárez, vocero de ASEA señaló que la única información que tienen es que no fue un derrame sino una mancha de hidrocarburo de aproximadamente dos metros de ancho.
En un comunicado, Pemex detalló que el día miércoles 18 de abril se detectó en las inmediaciones, costa fuera, de las instalaciones de la Terminal Marítima de Pemex, “una mancha pequeña color oscuro con características parecidas al hidrocarburo”.
Como parte del protocolo, fue activada una verificación en la Refinería y Terminal Marítima en Salina Cruz. El equipo se encontraba operando “de forma segura y confiable, sin presencia de fugas”, asentó.
La noche del mismo miércoles, pescadores de Salina Cruz reportaron la presencia de hidrocarburo en el mar, el cual -aseguraron- que afectó parte de su equipo de pesca, según lo denunciaron a través del dirigente de la Unión de Pesqueros, Anselmo Villalobos.
La minería no puede ser considerada sustentable, ya que además de quitarle sus tierras y el servicio de agua potable a las comunidades, en ocasiones se convierten en una amenaza mortal para los habitantes y generan ecocidio por los componentes que utilizan, confirmó la arqueóloga Silvia Garza Tarazona, ante las declaraciones que en días pasados realizó el candidato a la presidencia de la República por la coalición «Todos por México», José Antonio Meade Kuribreña, donde confirmó que los proyectos mineros valen la pena porque generan empleos, son compatibles con el medio ambiente y pueden brindar beneficios directos o indirectos a las comunidades.
Garza Tarazona mencionó que las minas a tajo abierto no pueden considerarse ecológicas, ya que la piedra que sacan la muelen e introducen en ácidos para quitarle los minerales que buscan, la cual vuelven a esparcir posteriormente dentro de la mina, lo que provoca que no pueda utilizarse como cultivo. Asimismo, el agua que es derramada con los ácidos llega a fugarse y contamina los ríos de diferentes entidades. «Les están quitando sus tierras a los habitantes de la región y les quitan el agua», señaló.
Asimismo, puntualizó que en el caso de Morelos tiene información de que los mineros pagan cinco pesos con 80 centavos por hectárea al año, «y yo me pregunto, ¿cuántos agricultores tiene una hectárea y cuántos agricultores pueden vivir con 5.80 al año; ese el gran beneficio que tenemos?», agregó.
La investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recordó que un ejemplo de estas afirmaciones es el proyecto minero de Huautla, el cual tiene en el centro la zona arqueológica de Xochicalco, donde en caso de empezar a utilizar bombas para explotar más la mina, se pueden ocasionar daños graves en la zona considerada patrimonio cultural de la humanidad.
Los llamados proyectos de muerte, entre los que destacan mineras a cielo abierto, el fracking e hidroeléctricas contaminan severamente los ríos y desplazan comunidades enteras, subrayó Gerardo Pérez Muñoz, integrante de la Asamblea Social del Agua(ASA) y de la Asamblea de Afectados por las mineras.
En rueda de prensa para anunciar un foro ambientalista que se realizará el domingo 22 de abril en el mercado Hidalgo, el activista social afirmó que en Puebla ya operan más de mil mineras y hay más de 26 permisos de mineras a cielo abierto.
Ya son mil las mineras en Puebla
Pérez Muñoz sostuvo que las mineras en el estado aumentaron de manera exponencial en los últimos años por las facilidades otorgadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, además de que los permisos para una concesión no superan los 100 mil pesos.
Agregó que al tener México leyes muy laxas las mineras se llevan todo el oro en breña para procesarlo en su país pero dejan su tiradero en la Sierra Norte.
Adicionalmente, como en el caso de la minera canadiense Almaden Minerals ocultan información a la población, al gobierno y a la opinión pública respecto a la cantidad de agua que utilizan para operar y extraer los minerales que se llevan a sus países.
Al respecto, cuestionó que estas firmas realicen prácticas que no les son permitidas en sus países por la corrupción que hay en México.
“Corren” a la población
Manifestó que tanto las mineras, como el fracking y otros proyectos de muerte en la región literalmente “corren” a los pobladores, por lo que ya se puede hablar de comunidades desplazadas.
Gerardo Pérez agregó que las empresas cuentan con un manual de ingeniería social, a través del cual dividen a la población.
Mariano Vicente, regidor de Ecología del gobierno municipal, indicó que la constante contaminación que genera Petróloeos Mexicanos se ha incrementado el número de afectaciones a la salud, y sobresalen enfermedades de la piel, nariz y garganta.
El galeno reiteró la necesidad de establecer un mecanismo o control por parte de Pemex, para que monitoree la calidad del aire en el puerto, como lo hay en la ciudad de México, toda vez que dichos contaminantes pudieran desencadenar hasta algún tipo de cáncer en la piel y sistema respiratorio por las constantes exposiciones de la población.
Pemex, dijo, entrega empleo temporal, dinero en efectivo y otros beneficios, de esa forma, la empresa únicamente contiene la inconformidad social, que lejos de enmendar la contaminación, la hacen cada vez más permanente y quienes en realidad pierden son los afectados, puntualizó.
En el último lustro, la Secretaría de Economía (SE) liberó 827 concesiones para la explotación minera en Puebla, lo cual ubica al estado en el tercer lugar nacional.
Actualmente, la industria minera en Puebla posee, a través de sus concesiones, el 28.5 por ciento del territorio de la entidad federativa.
Las empresas transnacionales que acaparan el territorio en Puebla son la canadiense Almaden Minerals, con el 6.9 por ciento; y la Mexicana Industria Peñoles SA de CV, con el 4.9 por ciento.
Tan solo en 2016, la SE reportó 236 permisos para el estado de Puebla, mientras que en 2017 se elevó a 310, lo cual significa que el año pasado se emitieron 74 concesiones más. Esto representa un incremento del 30 por ciento.
Sin embargo, el estudio “Industria extractiva en Puebla, panorama del sector minero” indica que hay nueve países con injerencia en el subsuelo de la entidad. Se destacan tres: Canadá tiene concesionadas el 7.7 por ciento de hectáreas (263 mil 957 has); México el 5.7 por ciento (194 mil 568 has); y Estados Unidos el 1.5 por ciento (51 mil 550 has).
Asimismo, reveló que Puebla es un territorio estratégico, que forma parte del corredor industrial Ciudad de México-Puebla-Veracruz, lo cual despierta el interés para la industria extractiva. Hasta el año 2016 hay registradas 753 concesiones mineras que compiten con la población por la tierra y el agua.
Empresas mineras extraen más de mil millones de litros de agua al año en la entidad. Con este líquido se podrían satisfacer las necesidades de higiene y consumo de alrededor de 18 mil oaxaqueños. Esta cifra rebasa lo permitido a los concesionarios ganaderos y el uso domestico.
Destacan los grupos mineros Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), y Penta Cal, entre otras con concesiones para el uso y extracción de agua en las regiones de la Costa y la Sierra Mixe respectivamente, según los datos obtenidos por el grupo de investigación Carto Crítica.
La empresa ICA tiene bajo su poder tres concesiones de las que extrae 35 mil 020 m3 anuales en cada una, en total su volumen de extracción al año asciende a 10 mil 060 m3; La empresa Penta Cal extrae anualmente 13 mil 365 m3 y una empresa cementera 1 millón 151 mil 815 m3 en el mismo periodo. Cada metro cúbico equivale a mil litros de agua.
La cantidad de agua que extraen estas compañías al año en conjunto alcanza 1 millón 256 mil 875 metros cúbicos, con este volumen se podía satisfacer la necesidad de hidratación e higiene de al menos 17 mil 955 habitantes, tomando en cuenta que el Banco Mundial asegura que un ser humano necesita aproximadamente 73 metros cúbicos anuales para ello.
Fortuna Silver Mines difundió hoy los resultados del primer trimestre del 2018 de la producción de sus dos minas operativas en Latinoamérica, la mina San José en México y la mina Caylloma en Perú.
Durante los tres primeros meses del año, la minera canadiense produjo 2.4 millones de onzas de plata y 15,041 onzas de oro o 3.4 millones de onzas Ag Eq, más subproductos de metales básicos.
Fortuna, con sede en Vancouver, está en camino de cumplir con el pronóstico de producción anual de 8.3 millones de onzas de plata y 48,300 onzas de oro o 11.4 millones de onzas Ag Eq en el 2018.
Aspectos destacados de la producción del primer trimestre:
Mina San José, México
La Mina San José produjo 2,185,913 onzas de plata y 14,882 onzas de oro en el primer trimestre, 19% y 22% por encima del presupuesto, respectivamente. Las leyes promedio de cabeza para plata y oro fueron 284 g / t y 1.94 g / t, 18% y 22% por encima del presupuesto, respectivamente. La mayor producción de plata y oro se debió principalmente a un cambio en la secuencia de explotación planificada para el trimestre y a leyes más altas de lo esperado en el nivel 1000.
La secuencia de minería de la mina se modificó para mejorar la eficiencia y la productividad, aprovechando la flexibilidad de tener múltiples rebajes en el inventario. Los rebajes planificados con leyes más bajas en los niveles 1200 y 1000 fueron reprogramados para producción más adelante en el año y reemplazados con mineral de rebajes en el nivel 1100, con grados más altos programados.
La planta de procesamiento trató 3,011 tpd.
Mina Caylloma, Perú
La mina Caylloma en Arequipa produjo 215,545 onzas de plata en el primer trimestre, 5% por encima de lo presupuestado, con un grado de contenido en plata promedio de 61 g / t, 6% por encima del presupuesto.
La producción de zinc y plomo fue de 11’028,463 libras y 7’039,703 libras respectivamente, 3% y 10% por encima del pronóstico. Los grados de contenido promedio de zinc y plomo fueron 4.31% y 2.72%, 5% y 12% superiores a lo presupuestado, respectivamente. La planta de procesamiento trató 1,473 toneladas por día.
La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.
La actividad minera provoca daños a la salud que incluso propicia distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.
En el tema medioambiental, los problemas se esparcen por suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. El cianuro utilizado para la extracción de algunos minerales contamina fuentes hídricas y tierras que llegan a perder fertilidad.
Los impactos sociales que surgen en las zonas de extracción se centran en el desplazamiento y migración local, así como en conflictos que incluyen la resistencia y la división en la comunidad entre las personas que están de acuerdo contra quienes se oponen a los proyectos.
n palabras de Isabel Clavijo, investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), “las empresas tienen patrones y tácticas que contribuyen a la generación de conflictos sociales, ya que buscan desestimar y eliminar cualquier proceso de resistencia organizativa por parte de las comunidades, la mayoría indígenas y pobres, que estén en contra de los proyectos”.
La minería es un sector industrial sumamente privilegiado en el país. Por un lado, goza de una laxitud en la aplicación de regímenes fiscales pocas veces visto en otras industrias, y por otro, una batería de leyes la protegen y privilegian.
Contrario a lo que pueda suponerse, la minería no es ese motor de desarrollo económico para el país. Es una industria que ha incumplido con obligaciones fiscales importantes como es el pago de derechos mineros a los que está sujeta desde 2014, de acuerdo con los informes que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para los años 2015 y 2016 sobre el pago de derechos. Los documentos revelan que apenas un 0.8 por ciento de los titulares de concesiones mineras en México realizó el pago del derecho especial sobre minería y tan sólo el 32.4 por ciento realizó el pago del derecho extraordinario. Sobre el derecho adicional, el SAT no contó con información para determinar cuántos concesionarios estaban obligados al pago correspondiente. Ojalá fuese así de bondadoso con el resto de los mexicanos.
Aunque la situación mejoró ligeramente para 2016, de nueva cuenta la ASF encontró más irregularidades en la entrega de los informes sobre la producción, beneficio y destino de minerales o sustancias y en los informes de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación a los que están obligados. La entrega de estos informes es importante, puesto que es un paso previo a la identificación de las empresas mineras que deben pagar derechos sobre minería, al no contar con esta información, tampoco es posible la exigencia de sus pagos.
Integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda) señalaron a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Conagua de poner en riesgo el protocolo de consulta indígena. Provenientes de 16 comunidades zapotecas pertenecientes a los distritos de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla de Crespo informaron en conferencia de prensa que autoridades de ambas dependencias federales no han acudido a las reuniones para aplicar la consulta en relación a un proyecto que se pretende construir en una zona reglamentada comunitaria. Uno de sus representantes, Conrado Sánchez Aguilar dijo que el pasado 4 de abril habían acordado una reunión para que les entregaran un documento con los términos y conceptos de la propuesta de obra pero las autoridades de gobierno no acudieron y hasta el momento no se han comunicado con ellos.
Con este tipo de irregularidades, agregó, se violenta el derecho a la consulta pues no tienen acceso a la información detallada del proyecto y menos les han explicado los pormenores.
La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.
La actividad minera provoca daños a la salud que incluso propicia distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.
En el tema medioambiental, los problemas se esparcen por suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. El cianuro utilizado para la extracción de algunos minerales contamina fuentes hídricas y tierras que llegan a perder fertilidad.
Los impactos sociales que surgen en las zonas de extracción se centran en el desplazamiento y migración local, así como en conflictos que incluyen la resistencia y la división en la comunidad entre las personas que están de acuerdo contra quienes se oponen a los proyectos.
El proceso de consulta para validar el derecho de 16 comunidades de los distritos de Ocotlán-Zimatlán a administrar los recursos hídricos que han renovado y conservado desde 2008, dio un paso vital ayer, cuando representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH), realizaron un recorrido de observación, en el que expresaron su respaldo y admiración por este proyecto. A pesar de las constantes violaciones al derecho a la consulta cometidas por las dependencias federales vinculadas al proceso –la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)-, con esta misión el trabajo de las comunidades integradas en la Comisión de Pueblos Unidos para la Defensa del Agua (Copuda), alcanza un nivel de atención internacional. De avanzar la consulta y ser avalado el proyecto, la Conagua dejaría de tener el control sobre el uso del agua, cuya administración pasaría a mano de las comunidades.
Ante la amenaza que representa la construcción de una presa hidroeléctrica, las comunidades indígenas Paso de la Reyna y San Lucas Atoyaquillo elaboraron un reglamento interno ejidal, donde establecen disposiciones para la protección de su territorio y de sus bienes naturales, así como el fortalecimiento de su organización interna.
La coordinadora del Área de Derechos Territoriales de la organización civil Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Ana María García Arreola explicó que el estatuto fue hecho de acuerdo al reconocimiento de la otorgado por propia Constitución a la autonomía de los pueblos indígenas sobre el control de sus territorios y sus recursos naturales existentes.
Ambos ejidos forman parte del proceso de organización territorial en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), para enfrentar la imposición del proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina, añadió.
Detalló que el reglamento interno ejidal de cada comunidad surgió de reuniones mensuales durante dos años de trabajo, porque se cuestionaron las necesidades y preocupaciones en torno al cuidado y protección del río Verde, las plantas, los animales y el entorno comunitario.
Este trabajo fue asesorado por Educa y Tequio Jurídico, quienes también acompañaron el proceso de inscripción del estatuto en el Registro Agrario Nacional (RAN), órgano que valida el control de la tenencia de la tierra en el país, agregó.
Mencionó que el reglamento interno ejidal fue entregado por las autoridades agrarias a sus integrantes en cada una de las comunidades, durante las Jornadas de Diálogos Interculturales por el Territorio, efectuadas en marzo pasado.
La adquisición de la megaempresa transgénica Monsanto por la vieja fabricante de venenos y farmacéuticos Bayer fue aprobada en marzo de este año por la Dirección General de Competencia de la Unión Europea y la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Aunque falta la aprobación de otros países, estas decisiones marcan la consolidación de la última de las megafusiones de las industria de semillas y agrotóxicos que comenzó en 2015. Las otras fueron la de las trasnacionales estadunidenses Dow y DuPont, que formaron una nueva división agrícola para sus negocios de semillas y agrotóxicos llamada Corteva Agrisciences y la de la trasnacional de origen suizo Syngenta con la empresa nacional de ChemChina, que planea fusionarse además con Sinochem, otra estatal china.
Las oficinas de competencia consideraron que las tres fusiones eran problemáticas, pero especialmente la de Monsanto-Bayer. Para aprobar las fusiones, plantearon a todas que debían deshacerse de parte de sus negocios para evitar el dominio del mercado
, una expresión a todas luces retórica y sin sentido real.
Por octavo año consecutivo, México se ubicó como líder productor mundial de plata con un volumen de 196.4 millones de onzas en 2017, informó Johann Wiebe, analista principal de demanda de metales de GFMS Thomson Reuters, al presentar la Encuesta Mundial de Plata 2018 (World Silver Survey 2018).
En el evento organizado por la Cámara Minera de México (Camimex) e Industrias Peñoles, el representante de GFMS Thomson Reuters precisó que el volumen de producción en México creció 10.1 millones de onzas debido a un incremento en las minas de San Julián, de la empresa Fresnillo plc y Peñasquito de la compañía Goldcorp.
Indicó que, después de México, los países que más produjeron plata en 2017 fueron Perú, China, Rusia y Chile, con 147.5, 112.6, 42 y 40.5 millones de onzas, respectivamente.
Johann Wiebe dio a conocer que la producción mundial de plata se ubicó en 852.1 millones de onzas en 2017, lo que significó una caída de 4.1 por ciento equivalente a 36.5 millones de onzas equivalentes.
Sin embargo, la demanda aumentó especialmente en el sector industrial y para aplicaciones en equipos para la generación de energía fotovoltaica en China, Japón y Estados Unidos, así como la fabricación de joyas.
El actual proceso electoral representa un factor de riesgo en la comunidad de Unión Hidalgo, pues sus pobladores están siendo presionados para avalar un nuevo proyecto eólico, denunció la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC). Elena Villafuerte, integrante del Área de Justicia Transnacional de la asociación que ha dado asesoría legal a los pobladores de este municipio istmeño desde 2013, señaló que uno de los principales responsables de esta situación es el presidente municipal, Wilson Sánchez Chevez, quien busca la reelección y pretende que el proyecto se autorice antes de las elecciones. “Hay una preocupación de los comuneros por lo que va a implicar para su seguridad el proceso electoral, en donde el presidente municipal, que forma parte del comité técnico interinstitucional encargado del desarrollo de la consulta, es juez y parte, en distintos momentos ha promocionado los bene×cios o posibles bene×cios del proyecto”, aseguró Villafuerte.
El Istmo de Tehuantepec resultó severamente afectado por los sismos del 7 y 23 de septiembre de 2017 y aun no se ha podido recuperar. La comunidad de Unión Hidalgo es la segunda comunidad más afectada de la región. Sobre este escenario la Secretaría de Energía (Sener), autoridades gubernamentales municipales, estatales y federales llevaron a cabo en la noche del miércoles (11) la primera asamblea de la consulta indígena en esta comunidad, donde se pretende instalar un nuevo parque eólico de la empresa Eólica de Oaxaca, filial de la transnacional francesa EDF. La empresa ya cuenta con los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano de la Sener, para la producción de energía.
Al desastre natural, le acompaña el proceso electoral municipal y federal. “Por eso no hay condiciones de iniciar un proceso de consulta en estos momentos. Nuestra prioridad es la reconstrucción de nuestra comunidad”, explica la indígena zapoteca Guadalupe Ramírez, vecina de la comunidad y representante del grupo de mujeres indígenas defensoras de la Vida de Unión Hidalgo.
La Sener llevó a cabo la primera asamblea de la consulta desconsiderando las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de suspender el proceso hasta que se verifiquen las condiciones adecuadas de seguridad para realizarla. Rodolfo Salazar, director de Impacto Social y Ocupación Superficial de Sener, dio lectura al oficio que le había enviado la CNDH en la noche anterior, tres horas después de dialogo con los asistentes, al final de la asamblea. En dicho documento se le comunica al funcionario que la CNDH habían emitido medidas cautelares justamente recomendando la suspensión de la consulta hasta que se verificara las condiciones de seguridad.
La comunidad de Unión Hidalgo con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), interpuso la queja ante la CNDH, en la que solicitó las medidas cautelares y un amparo para solicitar la protección de la justicia federal, ante los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca.
A petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Energía federal (Sener) informó la suspensión de la consulta indígena en Unión Hidalgo, en la que se sometería a la aprobación de la comunidad la instalación del proyecto eólico GunaaSicarú, promovido por la empresa Eólica de Francia. Tras aproximadamente cinco horas de asamblea, el representante de la secretaría, Rodolfo Salazar, informó a los aproximadamente 500 pobladores asistentes la solicitud de la comisión. La consulta del proyecto, que constará de 116 aerogeneradores de 2 mil 625 megawatts cada uno -89 a instalarse en Unión Hidalgo- ha sido cuestionado al promoverse en un momento en el que la reconstrucción de este municipio cuenta con muy pocos avances. La asamblea de comuneros rechazó la realización de esta consulta indígena “hasta que todas las viviendas afectadas, así como instalaciones públicas estén de nuevo en pie”.
En la asamblea de acuerdos previos ayer estuvieron presentes Juan José Moreno Sada, subsecretario de Energía estatal, Rodolfo Salazar, director de Impacto Social de la Sener federal, y el presidente municipal de Unión Hidalgo, Wilson Sánchez Chevez. Ayer mismo pobladores denunciaron que autoridades pretenden manipular la consulta entregando información falsa sobre los bene×cios para la población que traería la instalación de este proyecto. En un folleto sin ×rma ni sellos o×ciales, se menciona que con este proyecto se entregarán desde becas para estudiantes, se construirá un fraccionamiento de viviendas de interés social para familias de escasos recursos y apoyo a productos para el campo. En el folleto se usa además la imagen de uno de los murales realizados por el colectivo de arte BinniCubi, cuyo proyecto de retratar a los héroes cotidianos de la comunidad ha sido reconocido mundialmente.
Las comunidades jaliscienses de Temacapulín, Acasico y Palmarejo exigieron una vez más el desmantelamiento de la presa El Zapotillo y alternativas sostenibles que garanticen agua para todos.
“Ahora, nuevamente en tiempos electorales, volvemos a escuchar las mismas promesas por parte de todos los candidat@s, y les decimos que ya no les creemos, el agua no es un botín político, no es panfleto de campaña”, subrayaron en comunicado.
Añadieron: “Somos comunidades que hemos resistido durante 13 años los embates de los tres niveles de gobierno, demostrando nuestra capacidad de organización por la defensa del territorio, y gracias a esto hemos evitado que los gobiernos traidores del PRI y del PAN de Jalisco y Guanajuato dejaran sin agua a los Altos de Jalisco y desaparecieran nuestras comunidades”.
Luego de precisar que el proyecto El Zapotillo ha generado afectaciones sociales, ambientales y económicas, destacaron que éstas son cuantiosas y van en aumento: “pérdida de casas, desplazamientos forzosos, más de 3 mil hectáreas de tierra cultivable, corrupción y derroche de dinero público, violación a nuestros derechos humanos, 6 mil familias productoras de Los Altos que verían afectadas su fuente de trabajo, pérdida de biodiversidad y daño al abastecimiento de agua subterránea”, entre otros.
La Comisión para el Gobierno Comunitario del Municipio de Chilón, representa la voluntad de más de 400 comunidades Tseltales que buscan renovar el sistema político a través del ejercicio del derecho a la libre determinación y con ello nombrar a sus autoridades municipales desde su sistema normativo indígena.
En noviembre pasado ingresaron una solicitud ante el IEPC de Chiapas para exigir se les reconozca este derecho. Por muchas situaciones, largas y requerimientos inconstitucionales, se llevó el caso ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.
Comunidad zapoteca de Unión Hidalgo presenta Queja ante Comisión Nacional de Derechos Humanos y Amparo ante Juzgado de Distrito de Salina Cruz, por violaciones a su derecho a la Consulta y al consentimiento previo, libre e informado
La Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de SENER, autoridades gubernamentales municipales, estatales y federales, convocaron a la primera Asamblea de Consulta para el 11 de abril de 2018 a las 17:00hrs. (en la Fase de Acuerdos Previos), sobre el parque eólico de la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V.–filial de la transnacional francesa EDF EN- a pesar de que no existen condiciones adecuadas y su realización generaría afectaciones contra la comunidad y en específico contra las personas defensoras de la tierra y el territorio.
El Protocolo propuesto por la Secretaría de Energía para el proceso de consulta no contempla ningún tipo de medida para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de las y los participantes en el proceso, así como tampoco una participación libre y efectiva en condiciones de seguridad, paz y confianza a una comunidad que es vulnerable y que ya tiene Medidas Cautelares desde el 2013 por la defensoría de su tierra y territorio.
La Comunidad de Unión Hidalgo con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), por tal situación interpuso Queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que se solicitó nuevamente las medidas cautelares y un Amparo para solicitar la protección de la justicia federal, ante Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca; y el hecho se suma a las acciones realizadas desde julio de 2017, contra del permiso de generación de energía eléctrica respecto del parque eólico Gunaa Sicarú, por haber sido otorgado sin consulta, violentando el principio previo de este derecho y el debido proceso antes de su otorgamiento.
El Istmo de Tehuantepec, resultó severamente afectado por los sismos del 7 y 23 de septiembre de 2017 y –la Comunidad Unión Hidalgo es la segunda comunidad más afectada de la región-, por tal motivo no existen condiciones de normalidad pues del total de viviendas de la comunidad al menos el 70% del total de viviendas se encuentran dañadas y al menos 300 viviendas familiares se desplomaron completamente.
A pesar de que la comunidad fue incluida en la Declaratoria de Emergencia correspondiente, a la fecha las necesidades de salud, educación, vivienda y vida digna no han se han restablecido y ha prevalecido la entrega irregular de los apoyos correspondientes.
Junto con otros hombres de su comunidad zapoteca de Unión Hidalgo , Laureano Toledo conocido como “El palmerito” se ha convertido en un defensor comunitario de la reserva natural “El palmar”, un espacio de 829 hectáreas que recientemente sobrevive ante la amenaza de empresas eólicas como la trasnacional Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) y dos empresas eólicas más que no definen su razón social pero buscan instalar aerogeneradores en sus tierras.
La defensa de este lugar para Laureano y los palmeros es valiosa por que aquí crecieron y vivieron su niñez y ha sido el sustento para sus familias, por eso se oponen a donar 20 hectáreas que la autoridad municipal actual encabezada por Wilson Sánchez Chévez les solicitó para instalar 4 torres eólicas.
La oposición de ceder las 20 hectáreas para un proyecto eólico se debe a que los palmeros lo consideran el pulmón natural de la comunidad y el sustento económico de cientos de personas, el alcalde desconoció al comité de los palmeros encabezado por Laureano y nombró a otras personas que nunca se han dedicado a la palma como forma de vida.
“Nos oponemos a que nuestro palmar, un espacio natural que con tanto orgullo hemos conservado ahora se le siembre torres eólicas, no queremos donarle las 20 hectáreas por que no se trata de un pastel que puedan ocupar a su antojo, pedimos a las autoridades y a las organizaciones defensoras de la vida y el territorio a que nos apoyen en esta lucha, porque nosotros estamos listos como siempre para defenderla”, expresó Laureano.
Hoy a las 16:00 horas la Secretaria Nacional de Energía (SENER) convoca a la población para una asamblea de información, aunque los comuneros de la localidad denuncian que desde hace algunos días operadores del presidente municipal Wilson Sánchez Chevez y de la SENER recorren la población y pueblos circunvecinos convocándolos para participar en esta reunión informativa, la intención es abarrotar el recinto, con el que pretenden dar por hecho la Consulta Indígena, para la instalación del nuevo proyecto eólico en esta localidad.
Esta acción crea inestabilidad social, pues por otra parte, los comuneros convocan a una reunión a las 15:00 horas frente al palacio municipal, en donde se prevé que habrán de participar la totalidad de la población.
De acuerdo a la información recabada, la SENER ante la conclusión de su periodo de funciones (1º de diciembre), tiene la urgencia de que el proyecto eólico sea aprobado, de manera pronta, sin importar cumplir con los estándares internacionales que los obliga realizar la consulta a sus pobladores.
Por su parte los comuneros señalaron que en estos momentos la comunidad no se encuentra en condiciones para la consulta, debido al terremoto que daño seriamente casi la totalidad del municipio y que sus habitantes se encuentran en la reconstrucción de sus viviendas, por ello demandaron la presencia de observadores internacionales para frenar este atropello a sus derechos constitucionales.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) invertirá 22 mil 80 millones de pesos en la construcción y modernización de la línea de transmisión de corriente directa Yautepec- Ciudad Ixtepec.
Con esta nueva línea se podrán transportar 3,000 megawatts, para desahogar la energía eólica que se genera en el Istmo de Tehuantepec.
La inversión estimada para esta obra se dividirá en dos partes con dos tipos de asociación: la primera será un contrato en un esquema similar a los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas), mediante pagos condicionados realizados al ganador de la subasta a precio mínimo por cada entrega de obras.
Es decir, por la obra la CFE realiza pagos periódicos al constructor condicionados a la conclusión exitosa en la corriente directa; mientras en el caso de la corriente alterna el contratista mantiene la propiedad hasta que las obras hayan sido pagadas y otorga derechos de posesión, uso y explotación.
De acuerdo al proyecto registrado en el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), la obra tiene por objetivo la construcción, modernización, operación y mantenimiento de 1 mil 221 kilómetros de circuitos de línea de transmisión eléctrica que correrán a un voltaje de 500 kilovolts desde Ixtepec, Oaxaca, hasta Yautepec, Morelos.
Con esta nueva línea se podrán transportar 3,000 megawatts, para desahogar la energía eólica que se genera en el Istmo de Tehuantepec.
La inversión estimada para esta obra se dividirá en dos partes con dos tipos de asociación: la primera será un contrato en un esquema similar a los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas), mediante pagos condicionados realizados al ganador de la subasta a precio mínimo por cada entrega de obras.
A pesar de que las empresas mineras provocan diversos daños sociales, medioambientales y de salud, en México tienen la puerta abierta para operar con total impunidad, ya que tanto el Gobierno federal como los locales favorecen los intereses de las compañías y no los de la población, denunciaron especialistas en materia.
La semana pasada, Primero Empresa Minera SA de CV, perteneciente al grupo canadiense Primero Mining Corporation, vertió 200 litros de solución cianurada al río Piaxtla, ubicado en el municipio de San Dimas, Durango, localidad donde se extrae oro y plata.
A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el derrame se dio a causa “de un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba remanente de solución cianurada, la cual se quedó sin combustible en un terreno con pendiente, ocasionando que drenara la solución hacia el río Piaxtla”.
Ante este panorama, el doctor Rodolfo García Zamora, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y Gustavo Lozano, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), alertaron que la impunidad juega un papel importante en el tema de los desastres ambientales que provocan las mineras en el país, ya que, las empresas –la mayoría de procedencia extranjera–, al no hacerse acreedoras a sanciones justas, continúan con la destrucción.
Defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente, así como académicos, alertaron sobre la privatización de los recursos naturales en México, a través de aprobación de la Ley General de Biodiversidad, promovida por diputados del Verde y del PRI.
En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad (LGB) demandaron una consulta pública antes de aprobar en el pleno de la Cámara de Diputados la minuta, misma que fue avalada el 22 de marzo.
Adelita San Vicente, de la organización Semillas de Vida, denunció que la aprobación del proyecto “no cumplió con el quórum necesario, se realizó a puerta cerrada, sin grabación de la misma y pasando por alto el tiempo reglamentario de 30 minutos para integrar el mencionado quórum”.
Más aún, acotó, a la reunión sólo llegaron 15 legisladores de 30 que integran la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados (Comarnat), cuando por normatividad se requiere la presencia de 16 integrantes.
San Vicente advirtió que, tras este proyecto de ley, habría intereses económicos muy fuertes de las industrias de generación de energía, extractiva, farmacéutica, cosmética y de alimentos.
La activista identificó como uno de los conglomerados implicados al “Grupo Salinas Pliego, que tiene intereses no sólo en televisoras sino en la generación de energía, en las mineras; la minera de Baja California la están explotando ellos encima de la defensa que se ha hecho por parte de la población, y ahora presumen intereses en el acceso a los recursos genéticos”.
Los integrantes del Movimiento Civil del Municipio de Chalchihuites (MCMC), conformado por habitantes del lugar y los integrantes del Cabildo, lanzaron un llamado para que la empresa canadiense First Majestic “no opere más en Chalchihuites”, por lo que “exigimos al gobierno federal cancele de inmediato las concesiones otorgadas a dicha empresa”.
En el año 2007, señalaron los integrantes del MCMC, la compañía canadiense fundó la Unidad Minera El Toro, tras haber adquirido los derechos de tres minas del lugar: San Juan, San Nicolás y Dolores, “y empezó a operar sin que los habitantes ni el cabildo fuésemos consultados”.
“A lo largo de este tiempo hemos sufrido diferentes afectaciones; empezamos a ver cómo desaparecía el cerro y nuestro paisaje, comenzó el desabasto de agua, miramos cómo nuestras casas se han ido cuarteando y debilitando por las explosiones y la operación minera”.
La operación de la mina de capital canadiense El Toro, acusan los integrantes del MCMC, ha significado un problema comunitario, pues “nuestras tierras han sido devastadas por la empresa y poco a poco sentimos en nuestros cuerpos el inicio de diferentes manifestaciones de daños a la salud, asociados a la actividad minera”.
El MCMC señala que ante esta problemática, desde hace más de una década, “ni la empresa ni el gobierno quieren reconocer estos daños, y en consecuencia nos encontramos en total indefensión, sin atención médica adecuada y sin dinero para poder atender el tamaño de los problemas que actualmente tenemos y que nunca nos mencionaron como parte del supuesto ‘progreso’ y ‘desarrollo’ que la mina traería”.
Las y los sembradores de agua se dieron cita este Miércoles 4 de abril en la comunidad de Santiago Apóstol, al igual que algunas de las instituciones públicas participantes en el proceso de Consulta Indígena, con el propósito de discutir y acordar un glosario común que será la base para la elaboración de una propuesta de administración del acuífero de los Valles Centrales, a dicha reunión también asistiría la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), quien fungiría como moderador del encuentro.
Debido a su inasistencia y al no avisarle al resto de las instituciones Federales la CDI violentó el protocolo de consulta, poniendo en riesgo el proceso de consulta, calentando los ánimos de los miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) “Ya llevan rato haciendo esto, no llegan uno, no llegan dos, ya llevamos muchos años con esto, ¿Por qué son tan irresponsables los servidores públicos?” demandaron.
La Lic. Luz Vergara, de la Subsecretaria de Derechos Humanos, de la Secretaria de Gobernación (SEGOB) exhortó a la CDI a actuar con responsabilidad y comunicar a las dependencias Federales la realización de las reuniones “Hablamos a CONAGUA Nacional y no sabían de esta reunión, ¡Si se va a cancelar que avisen!, por respeto al tiempo de vida de todos los que estamos aquí”.
“Durante gran parte del proceso de Consulta Indígena la CDI ha incurrido en este tipo de prácticas, sembrando en los miembros de la COPUDA y en las personas que siguen de cerca este proceso, una estrategia por parte del gobierno para frenar o debilitar esta lucha por el agua, que lleva 13 años y sigue aún sin resolverse debido a estas inasistencias” comentó Carmen Santiago Alonso, Directora del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A.C.