El diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pavel Meléndez Cruz afirmó que es necesario que los poderes ejecutivo y legislativo firmen un nuevo memorándum de entendimiento con las empresas eólicas y las autoridades municipales que tienen parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, porque a pesar de sus ganancias no contribuyen al desarrollo social de las comunidades oaxaqueñas.
Manifestó además que empresas como Iberdrola pretenden la privatización del servicio de energía eléctrica y el estrangulamiento de la industria nacional energética. Informó que ya ha presentado ante la 64 legislatura un punto de acuerdo para que todas las empresas ubicadas en el Istmo sean solidarias con los habitantes de las comunidades en esta pandemia de COVID-19. Pero falta un acuerdo en como específicamente ellos se va a se va a contribuir al desarrollo social de las comunidades del Istmo.
Los parques eólicos generan una contaminación silenciosa. “Primero, la contaminación que producen a nuestras tierras los aceites que utilizan los aerogeneradores y, segundo, por el cambio que han producido en el ciclo de lluvias en el Istmo de Tehuantepec. Al crecer de manera exponencial los parques eólicos hemos tenido cambios de ciclos de lluvias, en donde las tierras de temporal han visto afectada su producción agrícola y este también es un impacto económico a la región y a la autosuficiencia alimentaria de sus habitantes”.
OAXACA, Oax. 9 de junio de 2020.- El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa dijo que la construcción del corredor interoceánico va a cambiar para siempre la realidad de Oaxaca y del sureste en México. El mandatario estatal informó que de los 5 tramos que comprenden el proyecto, con una inversión de 3,166 millones de pesos, 3 están en Oaxaca e impactará de manera positiva en el mediano y largo plazo, en beneficio de nueve municipios. Murat Hinojosa recordó que se realizan los trabajos de la escollera en Salina Cruz con una inversión de más de 1,500 millones de pesos. El Gobierno de Oaxaca espera que en septiembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncie la rehabilitación de las vías del tren interoceánico y de la escollera, así como de las 10 zonas francas o de bienestar. De acuerdo con las proyecciones de la empresa que realiza el plan de inversión, el gobernador de Oaxaca aseguró que del 2020 al 2050 se generarán más de medio millón de empleos, con inversiones que superarán los 20 mil millones de dólares. Las obras, continuó, generarán casi dos puntos del Producto Interno Bruto del país, lo que significa que será uno de los proyectos más importantes para el desarrollo de México; un motor de crecimiento y una oportunidad a más de un siglo de que lo proyectara el oaxaqueño Porfirio Díaz. “Es un proyecto incluyente que parte de abajo hacia arriba, de incorporar a los pueblos originarios, a los más desprotegidos y a todos los sectores de la sociedad oaxaqueña y mexicana”, destacó. El Istmo, dijo, tendrá un papel muy interesante, especialmente en el bloque de América del Norte con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio el próximo 1 de julio. “Son buenas noticias para Oaxaca, para la reactivación económica que es tan importante a raíz de la pandemia”, enfatizó.
Los habitantes de Santo Domingo Ixcatlán se constituyeron en asamblea permanente para la defensa de su territorio y los recursos minerales en especial de los pueblos indígenas mixtecos que son acechados por las empresas mineras, informó el presidente municipal, Bertoldo Bernabé García. Su preocupación parte de que durante los años 2006, 2007 y 2008, una empresa minera canadiense efectuó estudios en el suelo y subsuelo del territorio de Santo Domingo Ixcatlán, y que su base de operaciones es la comunidad de Yosondúa, contando con un grupo de técnicos que viajaban constantemente a territorio de Ixcatlán en un helicóptero.
Por tal razón, este domingo siete de junio la asamblea comunitaria decidió mantenerse en alerta al tiempo que se pronunciaron “en defensa de nuestra Madre Tierra, especialmente del territorio comunal de Santo Domingo Ixcatlán, que ya fue determinada legalmente en sentencia del Tribunal Unitario Agrario de Huajuapam de León, Oaxaca, en el expediente 3/1995 con fecha 3 de agosto de 1998”.
De igual forma, determinaron desconocer “cualquier acto, convenio, acuerdo” realizado por la familia de Freddy Eucario Morales y políticos del PRI. Durante 15 años, la familia Morales Arias ha generado diferentes problemas en la comunidad, que se incluye destituyó a las autoridades agrarias sin tener atribuciones y llegó a acuerdos turbios con empresas mineras, mismos que ahora son desconocidos.
Los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca y Veracruz, así como organizaciones, activistas y artistas, rechazaron la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para inaugurar y dar el “banderazo” a las obras del Corredor Transístmico, la cual está programada del 5 al 7 de junio, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. En un comunicado, 15 articulaciones istmeñas de Veracruz y Oaxaca, 79 organizaciones de todo el país, así como espacios internacionales y personalidades destacaron las irregularidades en torno al megaproyecto del Corredor Transístmico, como la falta de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, como lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la violación al derecho de la libre autodeterminación. Además, repudiaron que López Obrador “está aprovechando el confinamiento en casa por la pandemia” para imponer la militarización del país “y su propio concepto de proyectos esenciales para la nación, como el megaproyecto del Corredor Interoceánico, entre otros”. Por otra parte, denunciaron las consecuencias negativas que los megaproyectos y el exctractivismo han dejado en los territorios indígenas, como el incremento del crimen organizado, la violencia de género y los feminicidios, la devastación de los recursos naturales, empleos precarizados y pobreza. Por ello, llamaron a López Obrador “a realmente poner primero las necesidades de los pueblos y de los más pobres” y detener los megaproyectos en la región del Istmo.
Un nuevo informe acusa a compañías mineras de todo el mundo de aprovechar la pandemia de COVID-19 para avanzar en sus intereses, reprimir a comunidades opuestas a proyectos y presionar a legisladores y gobiernos. El informe, realizado por varias organizaciones no gubernamentales de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, señala que numerosas explotaciones mineras en todo el mundo están afectadas por brotes epidémicos del coronavirus, que afectan no sólo a los trabajadores, sino a comunidades indígenas y rurales. El informe se centra en cuatro «patrones para lucrarse» del COVID-19. Primero, ignorando el peligro que la enfermedad representa para trabajadores y habitantes de las comunidades. Segundo, reprimiendo las protestas y promocionando la expansión de las actividades mineras. Tercero, utilizando la pandemia para lavar la imagen de sus operaciones. Y finalmente, presionando a las administraciones públicas para que se produzcan cambios en las regulaciones. El informe incluye la situación actual reportada en México y cita casos de represión de protestas en Filipinas, Honduras, Turquía y Ecuador. El documento también señala un video distribuido en Brasil por órdenes del Tribunal Supremo del país en el que el ministro del Medio Ambiente describe la pandemia “como una oportunidad para eliminar regulaciones de política medioambiental”.
En México, a pesar de que la minería no se consideró una actividad esencial hasta el 1n
de mayo, las principales empresas mineras mexicanas, Grupo Frisco, Fresnillo e Industrias Peñoles, nunca suspendieron sus operaciones. Por ejemplo, en Zacatecas, donde opera Ocampo Mining Tayahua, una filial del Grupo Frisco y propiedad de Carlos Slim, las organizaciones campesinas y sindicales denunciaron a la empresa por continuar operando en la mina subterránea, prefiriendo pagar una multa antes que dejar de trabajar. Al menos dos trabajadores de la mina han dado positivo en la prueba de COVID-19. Los mineros también han estado protestando por los bajos salarios. (pag 10 de reporte)
Ni siquiera en el escenario de la crisis pandémica las transnacionales sacian su apetito leonino. Muchas de ellas preparan ya procesos contra algunos de los Estados que aplicaron leyes de emergencia para confrontar al COVID-19. Argumentan que sus intereses económicos se vieron perjudicados por medidas de protección social. Esas demandas a los Estados por parte de las multinacionales cuentan con un soporte jurídico: el mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS, en sus siglas inglesas). Dicho instrumento, presente en todos los tratados de protección de inversiones, permite demandar a los Estados que dicten leyes o decretos que afectan de una u otra forma las actividades comerciales de las multinacionales. No importa si dichas medidas fueron tomadas en condiciones de emergencia como la actual y en el marco, por ejemplo, del cataclismo sanitario más violento que haya padecido el planeta en su historia reciente.
Actualmente, preparan una avalancha de demandas contra los Estados apelando a los tratados de inversión, según un informe de CEO y TNI. Según la UNCTAD, existen actualmente más de 1000 demandas inversor-Estado a nivel mundial. Número que podría explotar a raíz de la pandemia. La organización ISDS Impactos publica un extenso estudio que afirma que Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, México y Perú son pasibles de 206 demandas -el 73% del total continental- de parte de grandes empresas. Algunos sectores que van a aprovechar de este media durante la pandemia son el secto r del agua (países como El Salvador o Bolivia, el Gobierno han dado acceso a agua corriente gratis a familias contagiadas) o el de la sanidad, con el control temporal de hospitales privados (como en España o Irlanda), lo que Quinn Emanuel (animando empresas usar el ISDS) consideran una expropiación indirecta, “incluso aunque los Gobiernos hayan costeado el uso de las instalaciones”. Juristas progresistas plantean una pregunta clave: “¿Por qué los agravios de los inversionistas frente a los Estados merecen una protección más sólida que la obligación de garantizar un nivel de vida adecuado a la población en general?”. Mientras, expertos de la ONU llaman a una moratoria de estas controversias.