El 28 de noviembre SEMARNAT publicó el resolutivo emitido el 13 de noviembre donde niega la autorización solicitada para el proyecto denominado «Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán», promovido por la empresa Suman SAPI de CV., la cual pretendía instalar un parque solar de 150 MW y dos líneas de transmisión, deforestando de 310 hectáreas de selva sumamente bien conservada con presencia de al menos siete especies amenazadas de extinción. La energía producida hubiera sido entregada a la planta de la Cervecería Modelo ubicada en Hunucmá, que está generando serios impactos ambientales por la sobreexplotación del acuífero y la deficiente gestión de residuos.
De acuerdo con la dependencia, la empresa Suman SAPI de CV., que promueve el proyecto, no presentó evidencias técnicas y/o científicas para demostrar que en el área donde se construiría el parque solar no hay ecosistemas excepcionales o relevantes. Varias dependencias federales y estatales tienen opiniones negativas sobre el proyecto incluyendo la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Dirección General de Vida Silvestre, el Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico del estado de Yucatán entre más. Recogen una serie de omisiones, incumplimientos, metodologías limitadas, subvaloraciones de impactos y medidas de mitigación insuficientes e inconsistentes, entre otros.
Diversas organizaciones comunitarias y ambientalistas denunciaron el proyecto y solicitaron a SEMARNAT la denegación del permiso. El 8 de agosto el Consejo Maya del Poniente de Yucatán «Chik’in Já», la Red Ciudadana por la Sostenibilidad en Yucatán, el Colectivo Energía Sostenible Mérida y otras organizaciones celebraron una conferencia de prensa en la que describieron detalladamente los graves impactos ambientales que ocasionaría el proyecto y señalaron la violación de diversas disposiciones legales que supondría su autorización.
En menos de dos meses el Congreso local prevé aprobar la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos Indígenas y Afromexicano del estado de Oaxaca. Cuestionados ante la celeridad que mantienen los legisladores, pues este viernes y sábado se realizarán ocho foros consultivos para la elaboración de dicha Ley (uno en cada región del estado). El diputado morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio, se escudó en que desde el 14 de octubre se realizó un foro estatal para dar a conocer la propuesta de protocolo que se llevará a las comunidades. Por su parte la diputada Gloria Sánchez aseguró que sí hay garantías de representatividad pues según ella, se espera en cada foro aproximadamente 300 representantes de las diferentes etnias del estado. Sin embargo, cabe recordar que Oaxaca tiene más de 417 municipios de sistemas normativos indígenas y fue apenas en la primera semana de este noviembre que les fue enviado a las autoridades de las comunidades la convocatoria y el protocolo.
Al hombre más rico de México, Carlos Slim Helú no le gustó la idea de desarrollar el Corredor Transístmico, como lo propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Al participar en el 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, el presidente vitalicio de Grupo Carso lanzó:
“La idea del Transístmico, la idea me parece que no es buena. Pensar que llegue un barco de China grandote, descargue y se transporte y hay otro barco esperando para transportar a Estados Unidos es una mala idea. Lo que hay que hacer es que esas inversiones y ese tren es utilizarlo para el desarrollo de la zona y lo que sería ideal es que más allá del tratado de libre comercio con Estados Unidos, se tenga un tratado especial, para que todo lo que se produzca en esa franja, vaya en automático al mercado norteamericano”.
Fuera de ahí, para el presidente vitalicio de Grupo Carso, el Acuerdo Nacional para la Infraestructura es una oportunidad para empujar a la economía mexicana de su nulo crecimiento a lo largo del 2019.
“Hay un fenómeno interesante, el crecimiento va a ser cero, menor o mayor, ya es un hecho, ya basta de quejidos y quejidos, eso no resuelve nada. Lo importante es que hay expectativas en que a través de la inversión en infraestructura, se pueda tener crecimiento económico”.
Abundó:
“En el pasado, era interesante ver como la infraestructura era derivada del crecimiento económico. Había crecimiento económico, había mucho dinero, entonces se hacía infraestructura. Dependiendo del crecimiento del PIB, la construcción tenía un crecimiento económico y si era negativo su comportamiento, pegaba más duro en la construcción”, dijo Slim.
“La infraestructura es ahora un detonador del crecimiento económico. Creo que estamos en las mejores circunstancias, es lo que se está dando, y lo tiene claro el gobierno, porque es donde se puede invertir hoy, grandes montos a largo plazo en una infraestructura muy rezagada y donde puede haber grandes cantidades de inversión”, añadió.
El empresario consideró que México está ante una gran oportunidad de captar inversiones, en un contexto internacional en donde hay bajas tasas de interés y mucha incertidumbre.
Tres de los principales proyectos de infraestructura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrán trato diferenciado en el presupuesto de 2020. Mientras el Tren Maya sufrirá un recorte de 59%, la Refinería de Tres Bocas Tabasco tendrá 17.49% menos y el Proyecto del Istmo ejercerá 808% más presupuesto el próximo año.
De acuerdo con un análisis de la Cámara de Diputados de las tres obras prioritarias del sexenio, el principal beneficiado será el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo es convertir a la región en un corredor de comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico.
En 2020 tendrá 8 mil 468 millones de pesos, esto significa ocho veces más de los 900 millones que tuvo en 2019. Constará de 300 kilómetros de largo. Iría desde los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, a Coatzacoalcos, en Veracruz, a través de la modernización de la infraestructura ferrocarrilera, portuaria, aeroportuaria y carretera.
Para grandes obras como esta, el presidente López Obrador prometió hacer una consulta ciudadana. En este caso, lo hizo durante una gira por Juchitán, Oaxaca, entre los asistentes a uno de sus eventos en abril pasado… y fue a mano alzada.
“Bueno, ¿por qué no hacemos aquí una consulta?, ¿por qué no la hacemos? A ver, que levanten la mano los que están en contra que se lleve a cabo el proyecto de Desarrollo del Istmo. A ver, que levanten la mano los que estén a favor del Proyecto del Istmo”, dijo. Y según lo observado en la transmisión oficial del evento, la gente levantó la mano a favor del proyecto, en su mayoría.
En esa ocasión también aseguró que la inversión sería totalmente mexicana.
“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del Istmo. Mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública, y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos, no va a haber extranjeros. Para que quede claro”.
Sin embargo, en la conferencia de prensa del pasado 19 de noviembre informó que Singapur podría ser un país inversor y, de hecho, a eso se debía la visita del visita oficial del primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, y lo primero fue hacer un acuerdo de colaboración.
“Debe de haber más inversión nacional, inversión de México por tratarse del Istmo, sin descartar que participe un país como Singapur, que de acuerdo a la información que tenemos lleva buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con China. Si hay un tercer país que lleva buenas relaciones con todos, aunque no es parte de una hegemonía o de otra, nos facilita las cosas, siempre tomando en cuenta que en el Istmo va a predominar la inversión nacional”, dijo.
El recorte más significativo estará en el Tren Maya, que será un transporte de carga, pasajeros y turístico en la zona sur sureste del país en 1,460 km, y cuyo inicio de operaciones se prevé para 2024. De acuerdo con la página de la obra, el próximo año iniciará la construcción de los tramos de Selva y Caribe II.
Sin embargo, aunque se preveía tener 6 mil millones de pesos para el próximo año, sólo tendrá 2 mil 500 millones de pesos, lo que significa 59% menos presupuesto, de acuerdo a lo aprobado por los diputados la semana pasada.
Para esta obra, el empresario más rico de México, Carlos Slim, anunció su interés de participar en la licitación del Tren Maya en el tramo Coatzacoalcos, Veracruz, y prevé invertir 100 mil millones de pesos para obras del gobierno de López Obrador.
En tanto, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, tendrá 41 mil 256 millones de pesos para 2020, lo que significa 17.49% menos de los 50 mil millones de pesos presupuestados en 2019.
Se trata de uno de los proyectos emblemáticos de la administración que requerirá una inversión de 6 mil millones de dólares y se planeó concluir en tres años, es decir, en 2021. Este proyecto arrancó el 18 de marzo. Con él se prevé tener capacidad de producción de 340 mil barriles de petróleo por día.
Representantes de los pueblos ikoots (huaves) de San Dionisio y San Mateo del Mar y binnizá (zapotecas) de Alvaro Obregón denunciaron que el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) sin consultarlos quiere construir una carretera en la Barra Santa Teresa, supuestamente para brindar acceso terrestre a la comunidad de Santa María del Mar, que desde hace 10 años solo tiene acceso vía marítima, sin embargo aseguran es para beneficiar la entrada de megaproyectos eólicos a esta zona de Oaxaca. En conferencia de prensa, los representantes de los pueblos recordaron que viven en resistencia desde el 2012 cuando la empresa “Mareña Renovables” pretendió construir un parque eólico llamado “Santa Teresa” y que afortunadamente lograron detenerlo. Señalaron que en una asamblea de pueblos celebrada el pasado 17 de noviembre acordaron su rechazo total a esta obra vial que les pretenden imponer. Pedro López, de la asamblea de Alvaro Obregón dijo que lamentan la situación que viven los pobladores de Santa María del Mar respecto a que por conflicto de tierras con San Mateo del Mar no tienen camino terrestre, pero dijo que es necesario buscar otra solución a través del diálogo. “La tendencia del sistema es borrarnos del mapa, sabemos que algo quieren hacer, lo único que decimos es que vamos a defender esta zona porque no podemos dañar el medio ambiente”.
El día 14 de Noviembre, autoridades y pobladores de la comunidad de Juba Wajiín, en la montaña de Guerrero, anunciaron su tercera victoria sobre las concesiones mineras en su territorio, concluyendo un proceso jurídico de nueve años. Juba Wajiín deja un precedente importante para otras comunidades que resisten el model extractivo a lo largo del país. En el 2010, la población de San Miguel del Progreso se percató de la presencia de helicópteros sobrevolando su comunidad y con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan se supo que 80% de su territorio estaba concesionado a la empresa peruana de capital inglés Hochschild. En asamblea, la población decidió emprender el camino de la lucha jurídica para defender a su territorio. Se ganó en el 2014 un primer amparo que canceló las concesiones mineras. Sin embargo, el juez no entró al fondo del análisis de la inconstitucionalidad de la Ley Minera, que establece la actividad minera como preferente sobre cualquier otra. Por ello, se llevó el caso a la Suprema Corte. Aunque las empresas decidieron renunciar a sus concesiones, a la vez la se emitió una declaratoria de libertad de terreno que abrió de nuevo las puertas a la entrada de cualquier otra empresa extractiva. En 2017 la comunidad de San Miguel volvió a ganar un amparo por la violación de su derecho a la consulta. La SE impugnó la sentencia, pero, el 17 de octubre de 2019, el poder judicial la confirmó, dejándola firme. Frente a esta victoria, comuneros y expertos señalaron que, aunque el actual gobierno ha señalado que no se otorgarán más concesiones a empresas mineras para “saquear” territorios indígenas, es necesario garantizar esa voluntad con modificaciones a la ley minera y revisar los permisos que se dieron en administraciones pasadas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador canceló oficialmente a las Zonas Económicas Especiales (ZEE), con lo que Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas-La Unión, Progreso, Salina Cruz, Campeche y Tabasco pierden dicha distinción a partir de hoy. Ahora, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda deberá realizar las acciones necesarias para dar por concluidas las obligaciones y compromisos que contrajo el gobierno en razón de las Zonas Económicas Especiales. La cancelación se da bajo el argumento de que las Zonas Económicas Especiales no han podido operar y que las entidades y municipios, «no han reportado inversiones públicas productivas y de equipamiento urbano para el desarrollo» de las mismas y de sus áreas de influencia. https://www.milenio.com/negocios/amlo-cancela-oficialmente-zonas-economicas-especiales-pena-nieto
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Singapur tendrá participación en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que tiene en marcha el gobierno de México.
En su conferencia matutina, indicó que la visita oficial que hace el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, tiene como objetivo establecer un convenio comercial y aprovechar la experiencia del país asiático en materia de manejo de puertos.
“Vamos a recibir hoy al ministro, el objetivo es establecer un convenio de coordinación, sobre todo en materia comercial. Ellos son expertos en el manejo de puertos, administran puertos de manera exitosa y han ayudado en la concepción para el manejo de los puertos de Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos (Veracruz) en el Istmo por el proyecto que tenemos, en eso gira el encuentro de hoy”, explicó López Obrador.
Aseguró que, pese a esta participación, la mayor inversión será mexicana y con respeto a las comunidades de la región, además destacó que Singapur mantiene buenas relaciones con Estados Unidos y China, pues “no quería meterse en problemas” con otros gobiernos.
“Tiene que ser un acuerdo primero con respeto a las comunidades del Istmo y también considerando que debe haber más inversión nacional de México, sin descartar que participe un país como Singapur.
Este martes, el Ejecutivo federal recibirá al primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong. En Palacio Nacional habrá una ceremonia de bienvenida y después un encuentro entre el presidente y el representante del país asiático.
En conferencia de prensa el representante de Fundar, Edmundo del Pozo, destacó que se requiere modificar la ley minera otorga carácter preferente a la actividad minera, por lo que es necesario hacer cambios “más allá de una declaración política”. Dicen que es necesario para garantizar la promesa de AMLO para no otorgar más concesiones a empresas mineras. También quieren revisar los permisos que se dieron en administraciones pasadas.
Con el Tratado de Libre Comercio, así como con la implementación de la ley minera en los años 90, hubo apertura y se entregó el territorio a las empresas, por lo que actualmente existen más de 25 mil permisos, es decir un tercio del país está concesionado a la minería. De acuerdo con datos recabados en Fundar, en 2012 se habrían registrado 801 proyectos mineros, mientras en 2018 la cifra fue de mil 531.
“El nuevo gobierno ha dicho que no va a dar más concesiones, pero todo lo que ya se tocó en violación de los derechos de los pueblos indígenas ¿qué pasa con relación a eso?”, cuestionó Del Pozo Martínez.
Además, desde que los comuneros de San Miguel iniciaron su lucha no se centró en el derecho a una consulta, “lo centró en la defensa de su territorio y en la revisión de la inconstitucionalidad de la ley minera”, detalló.
Ciudad de México. San Mateo del Mar, un pueblo indígena ikoots, está situado en una península en el Golfo de Tehuantepec. Sus habitantes, las y los últimos en preservar los usos y costumbres y los rituales del pueblo ikoots, de solamente unos 14 mil hablantes que quedan en México, han tenido que enfrentar muchos desafíos. Este pueblo pescador no solamente fue afectado severamente por el terremoto del 7 de septiembre del 2017, también se manifestó en contra de un convenio con una empresa eólica, lo que agudizó el conflicto con un pueblo vecino, Santa María del Mar, localizado en la punta de la península y que ha votado a favor de un parque eólico. Dos defensoras de la tierra y el territorio, Laura Fiallo y Beatriz Gutierrez Ruiz, pertenecientes a la Asociación “Monopaküy” narraron en una entrevista colectiva a Cimacnoticias y otros periodistas su situación.
San Mateo del Mar tiene una posición geográfica muy especial. ¿Cuál es?
Laura Fiallo (LF): Estamos ubicados en el litoral del Golfo de Tehuantepec, en una península. Tenemos mar interior, estamos rodeados de mar por todos lados. Tenemos un solo acceso, y somos uno de los cinco pueblos que estamos ubicados en el Istmo de Tehuantepec. Somos un pueblo de pescadores, somos ikoots, hablamos ombeayiuts (lengua de las y los ikoots).
¿Cuántos hablantes hay de ombeayiuts hay?
LF: Bueno, según Inegi, sus datos de 2010, están hablando de 14 mil 252 habitantes. Hasta 2010, son cifras que obviamente ya se movieron.
“Nuestra lengua está en peligro de extinción”
BEATRIZ
¿Sólo estas cinco comunidades ikoots existen en el mundo?
LF: No, los que formamos parte del pueblo ikoots somos San Francisco del Mar, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, y Santa María del Mar, aunque ellos se autoidentifican como pueblo zapoteco, de hecho por eso ellos pidieron adscribirse al municipio de Juchitán, que es un municipio zapoteco. Pero originalmente son personas de aquí de la comunidad que se fueron mezclando con gente zapoteca.
Pero eso sí, de los que formamos parte del pueblo Ikoots, San Mateo del Mar es el único que aún conserva sus instituciones comunitarias, que aún se rige por Asamblea, que aún tiene sus fiestas, danzas, tradiciones, gastronomía, vestimenta… somos los únicos que estamos conservando aún. Y la lengua, claro.
Beatriz Gutierrez Ruiz (BGR): Quisiera agregar esto de que sí nos regimos por asamblea comunitaria porque nosotros tenemos una forma de elección tradicional ancestral que es un sistema de rotación. Al igual que nuestra lengua ombeayiuts, es única en el mundo. Como lengua, está en peligro de extinción. Y en el municipio donde más se conserva la lengua, es aquí en San Mateo del Mar. Hay niños desde chiquitos, su primera lengua es el ombeyets. También hay niños que desde chicos, su primera lengua es el español, pero en menor grado.
Y en el caso de nuestra forma de elección tradicional, tenemos documentos de 1890, que nuestra forma de elección tradicional de autoridades, es de manera rotativa. Estamos nosotros divididos por secciones. Entonces, si a una sección le toca en un año la presidencia, al próximo año le toca a otra sección. Y se van rotando los cargos. No es como en otras comunidades que se rigen, solamente una asamblea, y de la asamblea sale el que va a ocupar el cargo. Y si se pierde esta forma de elección que tenemos, es un etnocidio. Etnocidio porque está atentando en contra de nuestra autonomía nuestro derecho a la libre determinación. En ese sentido nosotras defendemos también no nada más nosotras, sino la comunidad como asamblea.
Porque un presidente municipal va más allá de cuestiones administrativas, porque la autoridad, aquí el presidente municipal, se le entrega un bastón de mando que tiene que ver con toda la vida ritual de la comunidad. Y esta forma de vida ritual que tenemos nosotros es lo que va determinar si vamos a tener camarones, si vamos a tener pescados para nuestra propia vida. Si una autoridad comunitaria electa en la forma en la que ahorita se está haciendo, o como hace dos años, en el 2017, se eligió una autoridad que despachó desde Huazantlán del Río, y que no cumplió con los rituales de nuestra comunidad. El bastón de mando se entrega en un ritual especial que dura de la una de la mañana o las dos de la mañana, hasta las seis de la mañana. Y que llega la comunidad a tomar una bebida tradicional como símbolo de que la autoridad ya está sentada, ya recibió el bastón de mando. Entonces, no es nada más ser una autoridad administrativa, que solamente se va encargar de los recursos tal como pasó en esos dos años. Lo que estamos defendiendo, va más allá del manejo de recursos económicos.
Al poner los aerogeneradores a la orilla de la laguna, con la experiencia que tienen las otras comunidades, que les ponen malla y que no pueden entrar a sus terrenos, estamos pensando que a nosotros también nos van a poner malla, y que no vamos a poder entrar. Y al poner una base de concreto, de cemento, de 20 por 20, va evitar la filtración de las aguas de lluvia hacia la laguna, y prácticamente nos condenan a un exterminio como comunidad.
Quisiera saber si una parte del conflicto por el paso y después el tema agrario, y ahora administrativo que les quieren imponer una elección por partidos políticos, ¿ustedes lo enlazan, lo ven como algo que no está aislado, que son una misma estrategia para dividirlos, para despojarlos? ¿Esta lectura mía es correcta?
LF: Considero que el conflicto agrario tiene mucho que ver con el tema de los aerogeneradores. Porque nos quieren forzar a celebrar un convenio con empresas para instalar a qui los aerogeneradores y para que nosotros como pueblo podemos aceptar eso. Por supuesto que las empresas y el gobierno están ayudando para que Santa María del Mar pueda llevar a cabo eso, y también forzándonos como pueblo, a aceptar ese convenio. Por otro lado, el tema administrativo del que habla Betty, claro que es una invasión. Claro que están sobre nosotros, a lo mejor no directamente de las empresas eólicas, pero sí están viendo a San Mateo del Mar como si nosotros… están acabando con nuestra identidad, con nuestros recursos.
Las organizaciones Fundar, Poder, Oxfam México y CartoCrítica alertaron sobre la centralización de la asignación de recursos, la falta de transparencia y nula participación de comunidades y autoridades locales a partir de las modificaciones aprobadas al Fondo Minero. Con las modificaciones al fondo y la nueva Ley de Derechos se asignan los ingresos un 85% a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para financiar infraestructura educativa principalmente, 5% a la Secretaría de Economía para acciones de fortalecimiento del sector minero, y 10% al Gobierno Federal para programas de infraestructura. Para las organizaciones, el nuevo modelo desdibuja la figura del Fondo Minero y desaparece el objetivo original de elevar la calidad de vida de los habitantes de las zonas mineras, pues centraliza la asignación de fondos a presupuestos del gobierno, no se crean espacios para transparentar la información ni procurar la participación de las comunidades a las que destinan proyectos. “En el nuevo esquema no habría cómo mitigar ni resarcir los daños a las comunidades en donde tuvo lugar la actividad extractiva, pero además la propuesta favorece la centralización y discrecionalidad”, además, califican de inaceptable que las decisiones sobre los proyectos financiados del fondo surjan directa y exclusivamente de la SEP. Las organizaciones exhortaron al Ejecutivo y al Congreso a reconsiderar mecanismos que garanticen los derechos y necesidades de comunidades y a transparentar los recursos y proyectos financiados por el fondo hasta ahora, así como incorporar mecanismos para asegurar la participación ciudadana y de las comunidades afectadas por la minería.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) desmintió a la minera canadiense Almaden Minerals, que de manera sistemática negaba la existencia de población indígena en Ixtacamaxtitlán y que era su argumento principal para no consultar sobre el proyecto minero a cielo abierto en Puebla. A través de un oficio (CGPE/2019/OF/0477) el INPI informó a las organizaciones Fundar y al Consejo Tiyat Tlali, representantes legales de la comunidad Tecoltemi en su juicio de amparo contra las concesiones mineras, de la existencia de 71 localidades indígenas, nueve de ellas en el área de influencia directa del Proyecto Minero Ixtaca. “Derivado de una nueva revisión de la información estadística disponible en esta Coordinación se identificó población indígena o personas indígenas náhuatl tanto en el municipio como en el área de interés del proyecto”, señaló el INPI. En una nota técnica el INPI añadió que en 2015 había en Ixtacamaxtitlán 4 mil 841 personas (19.7%) de población indígena y 7 mil 608 personas (31%) de población indígena por autoadscripción, 50.7% de la población total del municipio. De las 71 localidades indígenas identificadas por el INPI, Santa María Zotoltepec, Zacatepec, Loma Larga, Almonamique, La Vega, Tuligtic (San Miguel), Ahuateno, Cruz de Ocote e Ixtacamaxtitlán (San Francisco), se ubican dentro del área del proyecto minero. Además advirtió que “un mayor número de localidades de población indígena podrían ser impactadas por las condiciones del Río Apulco que se encuentra cerca del área del proyecto”. Cabe recordar que desde 2015 la minera negaba la existencia de población indígena ante sus inversionistas y frente autoridades mexicanas para no realizar ninguna consulta, pero a partir de 2018 avalaba ese dicho con un oficio entregado por la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Hace poco más de cuatro meses el Gobierno Federal liberó la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para la mina de Samalayuca. La mina será para la explotación y beneficios de minerales en yacimientos de cobre a cielo abierto en el tajo la Gloria. El permiso fue autorizado por Semarnat este año, es decir, por la actual administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Se otorgó el 21 de junio, a la empresa Samalayuca Cobre S.A. de CV, representante en México de la canadiense VVC Exploration Corporation.
“Sí hubo un cambio de suelo otorgado por la delegación, pero fue solo para unas 70 hectáreas, no para toda la superficie que contempla el proyecto”, dijo uno de los funcionarios de Semarnat que pidió no ser identificado porque no tiene autorización para hablar de manera pública sobre el tema. La empresa minera informó que el área de explotación total es de mil 622 hectáreas.
“Tenemos adelantado algunas áreas necesitamos que el gobierno venga a apoyarnos para hacer la mediación entre nosotros y las comunidades. Dependemos de la agenda de los gobiernos estatal como federal para que nos ayuden a formalizar estos acuerdos”. Dijo Luiz Camargo, director país de Compañía Minera Cuzcatlán y representante de la canadiense Fortuna Silver Mines.
Este cuarto proyecto de que hizo referencia podría estar ubicado 40 km de la operación de San José del Progreso. “Hay anomalías, evidencias según geólogos que esa área pudiera ser muy importante para nosotros, en otro y plata. Por la formación de los yacimientos, pudiera ser similar a lo que tenemos hoy plata y otro”, expresó.
La empresa espera tomar la decisión en el año próximo, y si no logran el permiso de las comunidades amenazó que podría invertir en Perú o Argentina donde tiene otros proyectos.